La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, aseguró ayer en Pilar de la Horadada que la Ley de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha no presenta indicios de inconstitucionalidad ni supone un riesgo adicional desde el punto de vista de la cuenca del Segura . Según Narbona, la normativa no va a mermar ni bloquear el trasvase de agua del Tajo al Segura.

La ministra hizo estas declaraciones durante la puesta en marcha de la conexión de las desalinizadoras de San Pedro del Pinatar (Murcia) con La Vega Baja del Segura. La nueva red abastecerá a 18 municipios del sur de Alicante con una población estable de 200.000 habitantes, el doble en verano. La presencia de Narbona en Pilar de la Horadada motivó la protesta de un grupo de vecinos que portaban carteles con el lema Agua para todos y gritaban consignas en contra de la política hídrica del Gobierno de desalar agua del mar. A la protesta también se sumaron los ediles del PP que exhibieron idénticos carteles que los vecinos.

La nueva conexión, que ha supuesto una inversión de 24 millones de euros, incluye una estación de bombeo, con caudal máximo de 1.500 litros por segundo, una tubería metálica de 30 kilómetros y un nuevo depósito de regulación de 65.000 metros cúbicos de capacidad, que según el Ministerio de Medio Ambiente está en avanzado estado de ejecución . Narbona dijo que esta actuación se enmarca dentro del compromiso del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, con la cuenca del Segura y señaló que todavía se puede hacer más . Aseguró que la puesta en marcha de estas infraestructuras hídricas, así como la gestión del trasvase Tajo-Segura en el periodo de sequía más grave que sufre el país, han permitido que en todo el litoral no haya restricciones en el abastecimiento de los ciudadanos .

En el apartado del trasvase Júcar-Vinalopó la ministra aseguró que varias comunidades de regantes y algunos ayuntamientos ya han mostrado su interés en utilizar el agua del futuro trasvase y pidió a los que lo han rechazado que expliquen por qué no quieren ese agua.

Desnitrificadora de L Eliana

La Junta de Gobierno de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) ha acordado enviar con «carácter extraordinario» un volumen de 6,1 hectómetros cúbicos desde el embalse de Alarcón para atender el abastecimiento urbano de los municipios de Alicante, Elx, Santa Pola, San Vicente del Raspeig y Aspe, situados en el ámbito territorial de este organismo. El envío se efectúa a la Mancomunidad de Canales del Taibilla que después se encarga de su distribución, según informó en un comunicado.

Hay una situación de escasez de agua que se ha visto agravada en los últimos años por la sequía

La Mancomunidad de Canales del Taibilla es la responsable del suministro de agua de boca a una población de cerca de dos millones de habitantes. Según la CHJ, la zona correspondiente a Alicante, Elx, Santa Pola, San Vicente del Raspeig y Aspe «padece una situación de escasez de agua, que se ha visto agravada en los últimos años por la extraordinaria sequía que padece el río Taibilla cuyas aportaciones han experimentado en los últimos años un fuerte descenso». Esta situación ha requerido la aportación con «carácter excepcional y de emergencia» de recursos procedentes de la cuenca del Júcar.

Según el Plan Hidrológico del Júcar, las necesidades de estos abastecimientos «no cubiertas por las diferentes fuentes de suministro de la Mancomunidad de Canales del Taibilla (río Taibilla, trasvase desde el Tajo y desalación) deben ser cubiertas con aportaciones del río Júcar».

La medida, que es «similar a las contempladas por la CHJ en los años anteriores», se «compensa» con recursos adicionales de origen subterráneo «a extraer en la zona regable de la ribera del Júcar en Valencia, para no reducir así la disponibilidad de agua del sistema Alarcón-Contreras-Tous, regulador de las aguas del Júcar». Además, el acuerdo alcanzado en la Junta contempla «la compensación económica que deberán percibir los regantes del Júcar por la cesión».

El volumen de agua enviado equivale al abastecimiento anual de una población estable de 90.000 habitantes, o de una población estacional –principalmente por el incremento de los meses de verano– de 350.000 habitantes. La cantidad enviada a la Mancomunidad de Canales de Taibilla desde el embalse de Alarcón servirá para cubrir el déficit previsto.

El abastecimiento de agua es necesario al incrementarse la población en verano en 350.000 habitantes más

Respecto a las aportaciones del río Taibilla, según la CHJ, «la práctica ausencia de precipitaciones en los últimos meses hacen prever un nuevo mínimo histórico anual de aportaciones, lo que ha llevado a considerar un 3 por ciento inferior al año pasado«. El organismo subrayó que la Mancomunidad de Canales de Taibilla «lleva recibiendo recursos extraordinarios del embalse de Alarcón desde septiembre de 2000».

Según la CHJ, desde el año 2000 se han transferido volúmenes de dos hectómetros cúbicos; 4,5 en 2001; 10,9 en 2002; 11,2 en 2003; 9,3 en 2004; 15,1 en 2005; 6,3 en 2006 y 6,1 este año, lo que hacen un total de 65,4 hectómetros.

Se ha convertido en todo un negocio. Eso sí ilegal. Se trata del robo y venta de hilo y otros materiales de cobre. Un elemento muy codiciado por los amigos de lo ajeno, según explicó ayer el delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, Máximo Díaz Cano.

Sólo en lo que va de año en la provincia se han detenido a 25 personas acusadas de este delito, ocho de ellas en más de una ocasión. Además, según Díaz Cano, la Guardia Civil tiene localizados a nueve vehículos «de los que se tiene información de que merodean y pueden estar detrás del robo de cobre en instalaciones agrícolas,. pero también en infraestructuras como las catenarias o en aerogeneradores».

Además el pasado 16 de julio eran detenidas en Cuenca por robo de este material otras ocho personas, que operaban tanto en la vecina provincia como en Albacete.

Pero no sólo los ladrones están en el punto de mira de los cuerpos de seguridad del Estado en Albacete. En este sentido, el delegado del Gobierno apuntó que también se están investigando a potenciales receptores de este material. En concreto Díaz Cano afirmó que en estos momentos hay ocho desgüaces que están siendo investigados por la Guardia Civil.

Dificultades

Díaz Cano indicó que una de las principales dificultades a la hora de prevenir este tipo de vehículos es la gran extensión de la provincia y de la Región. El otro problema añadido es que una vez que se produce el robo y se destruye el cable que rodea al hilo de cobre es muy difícil determinar la procedencia del mismo. «Es muy difícil entonces demostrar legalmente la imputación a esas personas», señaló Díaz Cano.

El representante del Ejecutivo central manifestó que próximamente el subdelegado del Gobierno en Albacete, José Herrero Arcas, se reunirá con las organizaciones agrarias para darles cuenta de los avances que se están produciendo y de los esfuerzos realizados.

Y es que los agricultores están siendo uno de los colectivos más afectados por este tipo de delitos. Fundamentalmente los están sufriendo en sus instalaciones de riego.

De hecho recientemente desde la Junta Central de Regantes de la Mancha Oriental (JCRMO) han trasladado al subdelegado del Gobierno su preocupación en torno a la oleada de robos que están sufriendo muchos de estos agricultores en sus explotaciones y que deja inservibles en la mayoría de las ocasiones a las instalaciones de riego.

Tras aquel primer encuentro Herrero recomendó a los regantes, según aseguraron desde la JCRMO, que se denuncie siempre que se sufra un robo de estas características.

El alto valor que ha alcanzado el cobre se encuentra tras estos delitos que en los últimos tiempos están viéndose incrementados no sólo en Albacete y en el resto de Castilla-La Mancha.

Díaz Cano recordó que se trata de un problema muy importante que no entiende de fronteras. De hecho se refirió a la reciente celebración en el ámbito de la UE de un día destinado a concienciar y perseguir este delito.

Grandes máquinas apisonadoras están ya trabajando. Han empezado por la Cañada Real de Pozo Rubio, acondicionando esta vereda y preparando el terreno por el que discurrirá parte de la senda de 60 kilómetros que se está habilitando para que ciclistas y senderistas vuelvan a disfrutar de la ribera del río Júcar.

Esta ruta es una de las principales actuaciones del Plan de Recuperación de la Ribera del Júcar. Una viejo plan, del que se lleva hablando más de una década, y que por fin ha empezado a hacerse realidad. Los operarios de la empresa Entorno y Vegetación S.A., adjudicataria de la obra, empezaron a trabajar en los últimos días del mes de mayo.

Las actuaciones previstas van encaminadas a la «rehabilitación natural» de la ribera del Júcar a su paso por La Gineta, Madrigueras, Motilleja, Albacete, Mahora y Valdeganga y a la creación de esta ruta de senderismo y cicloturismo que unirá la capital con el río, a través del carril bici de la Carretera de la Cuchillería y la Cañada de Pozo Rubio.

El jefe de Medio Natural, José Luis Fernández, confía en que las obras y plantaciones previstas estén listas para que el verano próximo los albaceteños puedan disfrutar algo más de su río, el Júcar.

Ahora, los operarios andan inmersos en el movimiento de tierras, pero pronto empezarán a trabajar en los descansaderos, donde se instalarán aparcabicicletas, porches de madera y mobiliario de recreo, que está previsto crear a lo largo del recorrido. En total, se habilitarán cinco áreas re- creativas y tres descansaderos.

La plantación, sin embargo, no empezará a hacerse hasta el otoño, una vez superados los rigores climatológicos del verano.

Junto al río

Precisamente, en el cruce de estas dos vías, del carril bici y de la cañada real, arranca la senda de 60 kilómetros, de los que unos 40 discurrirán junto al río siempre por la margen derecha aguas abajo.

El carril, de unos 3 metros de anchura, se está habilitando para ciclistas y senderistas aprovechando la vereda agropecuaria. Siguiendo la Cañada Real de Pozo Rubio, y después de cruzar la N-322 y la carretera de los Pinares, la senda conducirá a los paseantes al paraje de La Marmota, donde se harán algunas actuaciones de mejora como son unas barbacoas adecuadas en el paraje San Isidro y actuaciones de reforestación.

Recorridos los primeros 20 kilómetros del trayecto, y una vez se alcanza La Marmota, la ruta enlazará con la ribera del Júcar.

Río abajo, se abrirá una senda aprovechando los caminos públicos que existen y abriendo los nuevos tramos que sean necesarios. Desde La Marmota se podrá llegar a Valdeganga, pasando por Cuasiermas, El Torcío, Las Mariquillas o el Charco Azul.

El plan puesto en marcha contempla, además, la creación de descansaderos a lo largo de la ruta y de otros zonas más amplias para el ocio. Con ello se persigue ordenar los usos, para evitar que aquellos que visitan el río en su tiempo de ocio, dañen los parajes naturales, algunos ya degradados.

Las Mariquillas

En Las Mariquillas, paraje ubicado en el término municipal de Valdeganga, muy conocido y visitado por los albaceteños, se hará la actuación principal.

Aprovechando una explanada que se abre debajo del bar que hay en este paraje, se habilitará una zona de estacionamiento limitado para vehículos, desde donde partirá una senda de 400 metros especialmente adaptada para personas discapacitadas o con problemas de movilidad, que podrán así acercarse al río. En este lugar, se construirá una noria de agua, que será el eje de una especie de parque fluvial, pues a través de paneles se explicará a los visitantes cuáles eran los usos tradicionales del río Júcar o qué tipo de vegetación es la más frecuente en la ribera. A los pescadores, se les mejorarán los pasos de río que usan con más frecuencia, en este coto de Las Mariquillas.

Una paraje de alto valor

Desde Las Mariquillas, y pasando la zona de huertas de Valdeganga, se llegará a el Charco Azul, quizá el paraje natural de más alto valor de todo el recorrido, apenas conocido por los albaceteños, «salvo por los pescadores», pero de una gran belleza. En el Charco Azul, donde confluyen los ríos Júcar y Valdemembra, se habilitará una pasarela para acercarse al agua.

La noticia que ayer adelantaba La Tribuna de Albacete sobre las serias intenciones de la Unión Europea de forzar el ahorro en el consumo del agua mediante una fuerte subida de precios, no ha pasado desapercibida para la Administración regional que ayer mismo hizo una valoración sobre las repercusiones que traería consigo. Precisamente, uno de los grandes caballos de batalla que mantienen los regantes de Murcia con la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, es el precio del agua que se utiliza en la industria agroalimentaria del sureste español pues, aseguran, que si la única fuente de alimentación fuera la que procede de las máquinas desaladoras del litoral mediterráneo, el precio resultante haría inviable cualquier explotación agrícola.

Algo parecido podría desencadenarse con una subida de precios que afectara a la utilización del trasvase Tajo-Segura. Aplicar políticas tarifarias basadas en el coste real que supone llevar agua artificialmente desde la cabecera del río Tajo, en los embalses de Entrepeñas y Buendía, a la cuenca del Segura, supondría suprimir el actual régimen económico del trasvase y desalentar su uso por falta de rentabilidad de las explotaciones agrícolas. De hecho, el propio vicepresidente de la Junta, Fernando Lamata, argumentaba ayer en su visita a Albacete que la revisión al alza de las tarifas del agua serviría «para cuidar este patrimonio y utilizarlo responsablemente tanto en casa como en la agricultura y la industria».

Por otro lado, para los consumidores españoles la noticia ha caído como un jarro de agua fría. Desde el punto de vista del abastecimiento humano, otra vuelta de tuerca al precio de un servicio básico para el normal desenvolvimiento de una población instalada en el estado del bienestar, acarrearía reacciones muy adversas. Quizás no todos los sectores sociales debieran ser tratados de la misma manera a la hora de una revisión tarifaria aunque, eso sí, se hace imprescindible mantener en vilo las campañas que nos inducen al ahorro de un bien escaso como el agua, todavía hoy, no suficientemente valorado por cuanto su coste está por debajo de lo que nos cuesta un litro de combustible, por ejemplo.

Bruselas entiende que sólo con una política de castigo al bolsillo del ciudadano español seremos capaces de aplicar medidas correctoras. Es cierto que nos falta un grado de concienciación para hacer un uso responsable del líquido elemento, pero no lo es menos que los agricultores españoles -también los levantinos- están haciendo inversiones importantes para modernizar los sistema de riego y de canalización del agua. Todos debemos hacer un esfuerzo para hacer ver a la Unión Europea que España puede y debe aprender la lección a corto plazo.

Las obras del trasvase Júcar-Vinalopó arrancaron ayer con más de un tercio del agua ya comprometida por los futuros usuarios. La infraestructura llevará a las comarcas alicantinas hasta 80 hectómetros cúbicos de agua anualmente y estará operativa a finales de 2008. En el acto de colocación de la primera piedra, el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Juan José Moragues, destacó que el trasvase beneficia al Vinalopó sin perjudicar al Júcar. La Generalitat y la Junta Central de Usuarios insisten en que se retome el proyecto original que inició el PP.

Bernabé afirma que el plan Agua da este año en ahorro 335 hectómetros cúbicos

El cambio de trazado de la transferencia decidido por el Gobierno socialista en 2005 desencadenó uno de los ataques más duros del PP en la guerra del agua, que ayer encontró su reflejo en los parlamentos del acto celebrado en Llanera de Ranes y en la lista de asistentes y ausentes. «Este trasvase no va contra nadie», afirmó Moragues, «porque es una obra que parte desde el respeto a un río, a unos derechos históricos, y desde ese respeto se van a resolver los problemas del Vinalopó». El presidente de la CHJ defendió de esta forma que el nuevo trasvase permite enviar agua sobrante al Vinalopó sin dañar el difícil equilibrio medioambiental del Júcar y del parque natural de L’Albufera. Además, el cambio de la toma al final del río, frente al proyecto del anterior Ejecutivo del PP de derivar los recursos desde aguas arriba en Cortes de Pallás, salvaguarda los derechos de los regantes históricos del Júcar y cumplirá con la exigencia europea de establecer un caudal ecológico. Los recursos que se envíen al Vinalopó cumplirán el objetivo principal de sustituir las extracciones del acuífero, que está sobreexplotado.

El trasvase se convertirá «en un lazo físico y medioambiental entre Valencia y Alicante», enfatizó Moragues, quien citó expresamente el apoyo recibido por el Gobierno para modificar la obra de la plataforma cívica Xúquer Viu, de la Fundación Nueva Cultura del Agua y de los regantes del Júcar. Entre el público, además de alcaldes de la provincia de Alicante, diputados, representantes de las constructoras y de la sociedad estatal Acuajúcar -que ejecuta el proyecto-, se encontraban el presidente de los regantes de Sueca, José Pascual Fortea, y el secretario general de la Unió de Llauradors, Joan Brusca, que fueron blanco de las críticas del PP porque apostaron por el cambio del trazado. También acudieron miembros de las organizaciones agrícolas y de una decena de ayuntamientos, entre ellos Elche que han pedido agua del trasvase. Alrededor de 32 hectómetros cúbicos del máximo de 80 que llevará la canalización tienen ya destinatario y Acuajúcar se muestra confiada en que no faltarán clientes en una comarca que busca agua a cientos de metros de profundidad. El Ayuntamiento de Villena, ahora en manos del PP, ha revocado su solicitud tras las elecciones.

La Generalitat no acudió al inicio de las obras -tres consejeros se excusaron por problemas de agenda-, pero no faltó su crítica. Así, el responsable de Medio Ambiente, José Ramón García Antón, calificó de «provocación» el nuevo trazado y pidió al Ejecutivo que renuncie a su plan y hable con los usuarios. El consejero se refería a la Junta Central de Usuarios del Vinalopó, cuyo presidente, Andrés Martínez, entregó ayer mismo en la CHJ una petición de paralización de la obra y anunció una demanda millonaria por supuestos perjuicios, entre ellos el retraso del proyecto. Martínez exigió de nuevo diálogo a la Administración para buscar otra solución. Los tribunales han rechazado de momento los recursos contra el nuevo trasvase.

La Unión Europea ha aumentado su aportación financiera a una obra que Bruselas y los expertos considera «más sostenible», destacó el delegado del Gobierno, Antoni Bernabé, quien insistió una vez más en que es necesaria la «máxima colaboración» de la Generalitat para ganar agua. Por ello, pidió al Consell «que abandone su obstruccionismo» y se sume al «esfuerzo» del Gobierno para resolver el déficit hídrico. En ese sentido, Bernabé resaltó que a través del programa Agua ya se han invertido 1.500 millones de euros de los 3.000 previstos en la modernización del regadío, obras hidráulicas y desaladoras. El ahorro a través de estas obras y las nuevas aportaciones permitirán disponer a finales de año de al menos 335 hectómetros cúbicos de agua nuevos, la cantidad de un trasvase del Ebro, aseguró Bernabé.

NUEVO TRAZADO DEL TRASVASE

-La inversión en la infraestructura alcanzará los 303 millones de euros, de los cuales 148,2 los aporta el Gobierno a través de Acuajúcar, 120 la Unión Europea con fondos Feder y 35 los futuros usuarios. Una operación de crédito adjudicada ayer al BBVA adelantará ese dinero que los regantes devolverán a lo largo de los años a través de las tarifas del trasvase. El antiguo proyecto exigía la aportación económica de los usuarios durante las obras.

-El trazado del trasvase mide 93,9 kilómetros y arranca en el Azud de la Marquesa (Cullera). Aprovecha los últimos tramos del proyecto desechado y concluye cerca de Villena, desde donde se repartirá el agua en el llamado postrasvase, una obra que está pendiente de que la ejecute la Generalitat.

-La construcción del trasvase, con importantes tramos en túnel, terminará a finales de 2008, según las previsiones de la empresa estatal Acuajúcar.

-La Comisión Europea ha unido su apoyo financiero a nueve condiciones medioambientales que se centran en la regeneración de los acuíferos del Vinalopó, el ahorro de agua con la modernización de regadíos, el control de vertidos y la

El vicepresidente primero y portavoz del Gobierno regional, Fernando Lamata, consideró ayer «una buena noticia para Castilla-La Mancha» el anuncio del encarecimiento de los precios del agua por parte de la Unión Europea. «El agua no es gratis y a veces se ha subvencionado por determinadas decisiones históricas para determinar al Levante español, que gracias a esa aportación de agua a bajo precio ha podido conseguir un desarrollo muy importante», explicó tras participar en una reunión preparativa de los actos conmemorativos del Día de la Guardia Civil en Albacete.
El vicepresidente insistió en que toda producción «tiene un coste», que en los casos en los que el agua se convierte en «materia prima tendrá que ser abonada de forma razonable y justa». Asimismo, también hizo hincapié en la afirmación de que «el trasvase Tajo-Segura tiene fecha de caducidad, no porque lo digamos los castellano-manchegos, sino porque lo dicen directivas europeas, normativas españolas y la ley vigente del Plan Hidrológico Nacional». «Y no cabe duda –continuó– que Castilla-La Mancha ha perdido algunas oportunidades de desarrollo porque se nos quitó ese agua y se llevó gratis y subvencionada a otros territorios».

Infraestructuras
Preguntado por los periodistas, Lamata afirmó que «nos cuadran los números» al valorar el estudio que ayer publicó un diario nacional y que pone de manifiesto que el Gobierno español gasta en infraestructuras para Castilla-La Mancha seis veces más que en otras comunidades como Madrid. «El presidente Barreda firmó un buen acuerdo con el Plan de Infraestructuras y Transportes», resaltó el vicepresidente regional, «para que tengamos nuestras capitales comunicadas por AVE y unas redes de alta capacidad para que comuniquen este territorio antes vertebrado».
Lamata se congratuló de que esas inversiones «no hayan quedado sólo en el papel» y destacó la «coordinación» de todas las consejerías del Gobierno «para que todas las inversiones puedan ejecutarse en la región».

Mientras todo el mundo estaba pendiente del gran argumento informativo de la OCM del vino, hará un par de semanas, en concreto el día 7, el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicaba el Real Decreto 907/2007, «por el que se aprueba el Reglamento de la Planificación Hidrológica».

Según fuentes consultadas por este periódico, detrás de este R.D. y de su nombre, aparentemente inofensivo, se encuentran unas cuantas «cargas de profundidad» que entran de lleno en cuestiones especialmente importantes para la provincia de Albacete y que, además, ha sido intensamente debatidas en el seno del Consejo Nacional del Agua, durante la tramitación de la Ley de Aguas.

Entre estos aspectos, se encuentran la relación entre aguas subterráneas y superficiales, la insistencia de la administración en mantener las transferencias entre demarcaciones hidrográficas -algo a lo que se opuso el Supremo en su célebre sentencia de octubre de 2004- y una novedad de gran calado, la vinculación de la asignación de recursos hídricos a la evolución de los sectores y mercados agrarios.

SUBORDINACIÓN. En lo tocante a la relación de las aguas subterráneas y las superficiales, destaca el artículo 3 del R.D. 907/2007, que da una definición de «buena estado de las masas de aguas subterráneas» que las subordina a las aguas superficiales.

Literalmente, la definición dice que «el estado cuantitativo alcanzado por una masa de agua subterránea cuando la tasa media anual de extracción a largo plazo no rebasa los recursos disponibles de agua y no está sujeta a alteraciones antropogénicas que puedan impedir alcanzar los objetivos medioambientales para las aguas superficiales asociadas, que puedan ocasionar perjuicios significativos a ecosistemas terrestres asociados o que puedan causar una alteración del flujo que genere salinización u otras intrusiones».

Las fuentes consultadas por este periódico señalan que, por ejemplo, esta definición tan compleja significaría que «en el ámbito del Júcar, la gestión de las aguas subterráneas quedaría subordinada a la de las superficiales e, incluso se podría derivar agua del acuífero 18 -Mancha Oriental- para garantizar el mantenimiento de la Albufera de Valencia».

TRANSFERENCIAS. Otra cuestión especialmente llamativa tiene que ver con las transferencias de agua entre demarcaciones. El artículo 67.c de este Real Decreto dice que el Plan Hidrológico Nacional deberá contener, entre otros asuntos, «la previsión y las condiciones de las transferencias de recursos hidráulicos entre ámbitos territoriales de distintos planes hidrológicos de cuenca».

Por otra parte, el artículo 69.1 señala que «en la redacción del Plan Hidrológico Nacional se contemplarán y especificarán las transferencias de recursos entre distintas demarcaciones hidrográficas, estableciendo las condiciones a que han de ajustarse».

«Esto significa que, sin dejar de cumplir la sentencia del Supremo, que obliga a segregar las cuencas internas valencianas del ámbito de la Confederación del Júcar -indican las fuentes- se abre, en la práctica, la puerta a seguir transfiriendo agua a esas cuencas internas» de forma que la sentencia de octubre de 2004 quedaría, en la práctica, en papel mojado «y casi todo seguiría como antes».

Durante la tarde de ayer, alcaldes y representantes del PP de varios municipios del Alto Vinalopó mantuvieron una reunión en Villena para tratar, entre otros asuntos, del trasvase del Júcar-Vinalopó.

El encuentro fue impulsado por la alcaldesa de Villena, Celia Lledó, quien pretende liderar un plan de acción conjunto para tratar de contrarrestar algunas de las decisiones tomadas por la Administración socialista y que afectan a localidades como Villena, Biar, Beneixama, Cañada, Campo de Mirra, Salinas o Sax.

Los representantes del PP presentarán tanto en los municipios que gobierna (Villena, Biar y Cañada) como en los que son gestionados por el PSOE (Beneixama, Sax, Campo de Mirra y Salinas, éste último en coalición con el PP), una moción en la que expresarán su negativa a convertirse en receptores de caudales de agua procedente del Azud de la Marquesa.

Esta propuesta fue tratada ayer por la Corporación villenense en la comisión informativa de Urbanismo y será aprobada en el pleno que se celebra la próxima semana. De esta forma, el Ayuntamiento de Villena será el primero en revocar el acuerdo suscrito por los anteriores gobiernos socialistas de la comarca, solicitando agua del Júcar para el baldeo de calles.

Primera piedra
Esta reunión coincide con el acto que se celebra hoy en Llosa de Ranes, donde se va a proceder a la colocación de la primera piedra de uno de los tramos de la nueva conducción Júcar-Vinalopó, con la presencia de destacados representantes de las instituciones gobernadas por el PSPV, como el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Juan José Moragues o el consejero delegado de AcuaJúcar, José María Marugán.

A la misma hora en que se coloca la primera piedra en Llosa de Ranes, los representantes de la Junta Central de Usuarios del Vinalopó, L’Alacantì y Consorcio de la Marina Baixa, encabezados por su presidente Andrés Martínez, tienen previsto visitar la sede de la Confederación Hidrográfica del Júcar en Valencia para hacer entrega de una extensa documentación en la que, entre otras cosas, se aportan informes contrarios a la toma desde el Azud de la Marquesa, elaborados por diferentes expertos de universidades españolas y valencianas. Esta postura es la que ha venido manteniendo la Junta desde que se conoció el nuevo trazado.

La sequía no ha terminado, pero la situación «es razonablemente mejor que el año pasado», explicó ayer el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Juan José Moragues, quien garantizó el suministro. También destacó que la «gestión integral de recursos» ha permitido ahorrar agua de los ríos al aumentar los caudales reciclados y el uso de pozos. No obstante, hay depuradoras que sólo reutilizan el 50% del agua depurada, lo que revela el potencial de recursos.

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El organismo celebró la reunión mensual de la comisión de la sequía con un «repaso importante» al estado medioambiental de los acuíferos y de L’Albufera, en niveles aceptables. Moragues explicó que desde marzo ningún sistema de la CHJ ha superado los indicadores de emergencia. No obstante, la cuenca del Júcar seguirá en estado de emergencia algunos meses más, hasta que se confirme la recuperación del sistema tras la fuerte sequía.

En un año de lluvias por encima de la media en la zona del Mijares, las Marinas y el norte de Castellón, aunque por debajo en el Júcar, Turia y Serpis, la Confederación dispone de mayores reservas en los embalses. Los datos de aportaciones al Júcar son «claramente superiores» a ejercicios anteriores, pero éste será aún «el décimo» por la cola en los últimos 60 años. Los acuíferos se han recargado, lo que permite una mayor extracción de los pozos. Además, las obras en depuradoras han permitido incrementar el uso de aguas recicladas, de forma que desde octubre del año pasado las instalaciones de Pinedo, Carraixet, Paterna y Quart-Benàger han aportado más de 48 hectómetros al riego y caudales ecológicos. Sin embargo, ese caudal sólo supone el 50% del agua depurada, resaltó Moragues, por lo que hay recursos pendientes de explotar. Así, los regantes del Turia han pedido que la Generalitat agilice las obras en la depuradora de Pobla de Farnals.

El regadío sigue sometido a importantes restricciones, que en parte se compensan con agua de pozos y de depuradoras. El uso de estos recursos alternativos ha permitido ahorrar caudales superficiales, de forma que se ha usado «menos agua que nunca del río».

Preguntado sobre una moción del PP de Villena que rechaza el agua del futuro trasvase Júcar-Vinalopó para baldeo de calles, Moragues denunció la «incongruencia» de los populares porque los acuíferos están sobreexplotados.