El precio final del agua que paga el usuario deberá ajustarse al máximo a su coste real en toda la UE. Esta es una de las ideas centrales de una comunicación de la Comisión Europea presentada ayer en Bruselas para hacer frente a las sequías cada vez más frecuentes a intensas en todo el continente.

La adopción de una política estricta en materia tarifaria tendría un fuerte impacto en los países donde obtener el metro cúbico de agua sale más caro. Entre ellos, los del frente mediterráneo de la UE, España incluida y, dentro de España, la zona Sudeste, donde se encuentran dos cuencas hidrográficas en peor situación, las del Júcar y la del Segura.

La medida, no obstante, también tendría una consecuencia positiva para Castilla-La Mancha: si los regantes del Trasvase Tajo-Segura pagasen el coste real del agua que les llega desde Entrepeñas y Buendía, su uso dejaría de ser rentable para muchos de ellos.

PARA 2008. No obstante, no conviene olvidar que estamos hablando de una propuesta de la Comisión Europea que, en el mejor de los casos, debería entrar en vigor para 2008, suponiendo que se cumplan todos los plazos y que tanto el Consejo como el Parlamento Europeo -que tiene plenas competencias en medio ambiente- den su visto bueno.

Aún así, el primer punto de esta propuesta de la Comisión a la hora de desarrollar una política europea en materia de aguas es «poner la correcta etiqueta de precio al agua» promoviendo activamente «el uso de instrumentos basados en el mercado» en un «contexto medioambiental».

Para conseguirlo, se plantean varias medidas y, de ellas, la primera sería «poner en vigor tarifas del agua basadas en un cálculo económico de los usos y del valor del agua, con incentivos adecuados a su uso eficiente y a una adecuada contribución de los diferentes usos del agua a la recuperación del coste de sus servicios, de acuerdo con lo establecido en la Directiva Marco del Agua».

Este párrafo, entresacado literalmente de la comunicación presentada ayer por la Comisión, alude al principio de recuperación integral de los costes del agua, según se establece en la Directiva Marco del Agua (Directiva 2000/60/EC).

Para hacerse una idea del impacto de la aplicación de este principio, señalar que, según datos del Instituto Nacional de Estadística, el valor medio del agua en España es de 0,96 euros/metro cúbico. Sin embargo, el precio medio que se paga por el agua en nuestro país es de 0’66 euros/metro cúbico, esto es, hay una diferencia del 37,5 por ciento.

EFICIENCIA. En el caso concreto del agua para regadío, la diferencia es aún mayor. Según datos aportados por la Federación Nacional de Comunidades de Regantes (Fenacore) y citados por el Círculo de Empresarios (El Agua en España: Un Mayor Énfasis en la Política de la Demanda. Madrid, junio 2007), el precio del agua para regadío oscila entre los 0,03 euros/metro cúbico y los 0,24 euros/metro cúbico.

No obstante, hay que hacer dos importantes salvedades. La primera, que la ciudad de Albacete es una de las capitales de provincia donde el precio del agua se aproxima más al coste medio nacional (0,94 euros/metro cúbico, según la Unión de Consumidores-UCE).

La segunda, que los regantes de la Mancha Oriental son una ‘rara avis’ en España ya que, al depender en buena medida de sondeos individuales, el precio que pagan por el agua se aproxima bastante al coste real, ya que pagan sobre todo por la energía que gastan al bombear del acuífero.

Sin embargo, los regantes del Tajo-Segura pagan tarifas establecidas por el estado que, conforme a lo pretendido por la UE, dejarían de existir.

El vicepresidente primero de Castilla-La Mancha, Fernando Lamata, dijo ayer que las compra-ventas de agua desde distintos lugares de una determinada cuenca hidrográfica afectan al medio ambiente y con el fin de protegerlo el Gobierno regional ha regulado por ley procedimientos de evaluación ambiental.

Lamata durante la rueda de prensa en la que informó de los acuerdos del Consejo de Gobierno manifestó, a preguntas de los periodistas sobre la petición del PP de Murcia de que el Gobierno central o el Defensor del Pueblo recurran la ley de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, que «lo que quiere el Gobierno regional es defender el medio ambiente, y el uso, la distribución, la ubicación y la calidad del agua tiene mucho que ver con el medio ambiente».

Lamata afirmó que el agua «es fundamental para la vida, para el desarrollo económico y para el medio ambiente, y conservarla es esencial».

Problema

Señaló que, «cuando se establecen compra-ventas de agua desde distintos lugares de una determinada cuenca, eso afecta a la cuenca y al medio ambiente», por lo que «entendemos que tiene que ser regulado y protegido ese medio ambiente, y para eso desarrollamos ese concepto en nuestra ley».

Añadió que, si otra comunidad autónoma o el Gobierno de España entienden que no es así, pueden recurrir ante las instancias de justicia, «pero lo que no cambiará es la voluntad del Gobierno de defender por todos los medios el agua y el medio ambiente en Castilla-La Mancha». Lamata dijo que «la cuenca del Tajo desde luego la vamos a defender y vamos a recuperarla mediomabientalmente para que podamos en el 2015 bañarnos en el Tajo a su paso por Toledo».

El grupo parlamentario del PP en la Asamblea de Murcia ha presentado una moción instando al Gobierno central y al Defensor del Pueblo a recurrir la Ley de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, aprobada el pasado 8 de marzo.

En opinión del PP murciano, la normativa dificulta la aprobación de trasvases a la cuenca del Segura desde los embalses de la cabecera del Tajo.

La situación en la que se encuentra la cuenca del Júcar es «razonablemente mejor que el año pasado», por lo que el suministro de agua está garantizado durante todo el verano, según afirmó ayer el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Juan José Moragues.

Tras la reunión de la comisión de sequía, Moragues señaló que las previsiones realizadas en los meses de febrero y marzo se están cumpliendo y que la situación es de normalidad dentro de un período de sequía, de manera se puede garantizar el suministro, tanto para el consumo humano, como para la industria y la agricultura.

Menos superficiales

Asimismo, destacó que aunque este año se está suministrando «menos agua superficial que nunca» a los agricultores, éstos están recibiendo mayor cantidad de recursos gracias a una mayor extracción en acuíferos y pozos, y a la depuración y reutilización. El presidente de la CHJ explicó que en la actualidad se reutiliza el 50 por ciento del agua que depuran las plantas de Pinedo, Carraixet, Paterna, Xirivella, Benagéber, Andarella, Faitanar y Favara, lo que, a su juicio, permite que la agricultura funcione «razonablemente bien».

Moragues se refirió a las aportaciones que realiza el Júcar, que atraviesa su décimo peor año, aunque «poco a poco», dijo, se va recuperando, gracias a las lluvias caídas esta primavera, que han permitido superar los niveles de caudal del año pasado, que hasta marzo se mantenían por debajo.

En concreto, destacó que entre el 1 de octubre y el 16 de julio, la cuenca del Júcar ha recogido una precipitación media de 423 milímetros, lo que está por encima de los niveles del año pasado, que fueron 360 milímetros, y de la media de los últimos 17 años, que es de 357 milímetros, aunque dijo que no en todos los ríos ha llovido por encima de lo normal.

Respecto al sistema del Turia, indicó que se encuentra «más o menos igual» que el año pasado, al no haberse «recuperado mucho» y destacó que esta cuenca atraviesa el «undécimo peor año» en cuanto su caudal.

Otros asuntos

En la comisión también se trató la situación de la Albufera, cuyo nivel de agua en junio estaba ligeramente por debajo del registrado el año pasado, pero durante este mes, se está recuperando y se mantiene «igual o mejor» que en el mismo mes de 2006.

La CHJ también trató la ejecución de una serie de obras de emergencia en el entorno de Valencia, por valor de 15,35 millones, para mejorar la captación de recursos del Júcar y el Turia y ampliar la fuentes alternativas de suministro.

Preguntado por una moción presentada por el PP de Villena para que no se utilice el agua procedente del trasvase Júcar-Vinalopó, el presidente de la CHJ consideró la decisión «incongruente» con la demanda que hacían los populares, quienes, según dijo, aseguraban que sus acuíferos «no pueden esperar».

El presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura, José Salvador Fuentes Zorita, ha convocado para hoy al Consejo del Agua con el fin de iniciar el proceso de planificación hidrográfica, según comunicado del organismo de cuenca. Las medidas administrativas que serán tratadas por el Consejo fueron aprobadas el pasado 6 de julio por el Consejo de Ministros en un real decreto, y se someterán a consulta pública por un periodo de seis meses tras la reunión.

El objetivo de estas medidas es el acondicionamiento de la calidad biológica y química de los ecosistemas ligados a aguas superficiales y subterráneas, la caracterización económica del uso del agua para la recuperación de costes y la participación pública activa de los usuarios.

Las precipitaciones que cayeron en la pasada primavera -ciertamente insuficientes en el sureste español- no nos debe impedir dar cuenta de la situación crítica a la que nos encaminamos, con un recurso natural como el agua cada vez más escaso, y objeto de enfrentamiento entre diferentes comunidades autónomas que se disputan entre sí el aprovechamiento de los ríos. Las reservas en las distintas cuencas hidrográficas andan ya por el 60 por ciento, panorámica que se agrava en las cuencas que nos afectan directamente a Castilla-La Mancha y a Albacete, teniendo en cuenta que los embalses del Segura están al 18 por ciento y los del Júcar al 20,8 por ciento (el año pasado por estas mismas fechas estaban al 21,4 por ciento).

Esta situación preocupante, que no de alarma, ha llevado a la Confederación Hidrográfica del Júcar ha solicitar a los 56 municipios de más de 20.000 habitantes situados en la demarcación de la cuenca de este río que cumplan lo establecido en el Plan Hidrológico Nacional y que dispongan de un plan de emergencia ante situaciones de sequía. Hace unas fechas, en este mismo espacio editorial, advertíamos sobre la injusticia que supone el mantenimiento, tras más de un cuarto de siglo de vigencia, del trasvase Tajo-Segura, mientras muchos de los pueblos de nuestra provincia pasan sed literalmente, hasta el punto de que es la Diputación Provincial quien debe echar mano de camiones cisterna para abastecer las necesidades más básicas de abastecimiento de algunos pequeños municipios albacetenses durante el verano.

El problema de la sequía es grave en el sur peninsular, y se intensifica en las cuencas deficitarias y por extensión en aquellas que son cedentes como la cabecera del Tajo. Una política hidrológica nacional, respetuosa con las necesidades de cada territorio y basada en un reparto equitativo, sigue siendo la gran asignatura pendiente en nuestro país desde que se empezó a hablar de la pertinaz sequía, hace ya décadas. Técnicos y políticos debaten sobre cuál es la solución idónea, pues hay épocas en las que se defienden los trasvases y otras tantas en las que se opta por fórmulas alternativas como las desaladoras, que se siguen viendo más como un añadido a la mejora de los canales de distribución del agua, que como una solución. Tal es así, que a día de hoy, la política hidráulica en nuestro país se ha convertido en encarnizada batalla ideológica entre los dos grandes partidos políticos nacionales. Nada hay más triste que la división y el encono en problemas de gran calado social como es el de la falta de agua en España. Una vez más, la anunciada velocidad política va muy por detrás de una realidad cada vez más acuciante.

La adecuada tarificación será un requisito indispensable a la hora de ayudar a los Estados a construir nuevas infraestructuras. España, con los precios más bajos de la UE, será uno de los países más afectados.

La Comisión Europea se lanza a la acción: presentará hoy una importante comunicación sobre la estrategia para hacer frente a la falta de agua y los problemas que ocasiona la sequía en Europa. En su plan, al que ha tenido acceso EXPANSIÓN, Bruselas establece una jerarquía de medidas que no deja buenas noticias para la economía española.

En primer lugar, privilegia la tarificación del agua, prioridad que deberán tener en cuenta los Estados a la hora de planificar sus obras hídricas. Es decir, la Comisión Europea pide modificar las tarifas del agua como condición para financiar infraestructuras.

Para España, esto supone una subida de precios, pues la directiva marco del agua obliga a equiparar su coste real al que pagan los usuarios como muy tarde en 2010. En la actualidad, el recibo no refleja el coste real: el precio es un 45% superior a lo que están pagando los consumidores. Los 0,66 euros que desembolsan de media los españoles por metro cúbico quedan a mucha distancia de los 0,96 euros a los que asciende el coste real.

O, lo que es lo mismo: es un 45,5% inferior. Ésto es, la diferencia entre el valor unitario de abastecimiento y el importe unitario del agua (cociente entre ingresos por el servicio realizado y el volumen del agua gestionada) -los 96 céntimos-, que, además, escala a un ritmo del 11,6% anual.

Un contexto en el que España disfruta de uno de los precios más bajos de toda Europa, por lo que será uno de los países más afectados por el mandato europeo. Y por eso, sólo una vez que adecue su política de precios, Bruselas aceptaría la construcción de infraestructuras de aprovisionamiento. Esto se traduce en ayudas de financiación, muy importantes para España, sumida en la construcción de desaladoras y en movimientos de trasvases.

Detrás de todo este escenario está la sequía. En la comunicación que presentará el comisario de Medio Ambiente, Stavros Dimas, la Comisión subraya que la ausencia de recursos hídricos, junto al cambio climático que agravará este fenómeno, hacen que el acceso al agua de calidad y en cantidad, sea fundamental para los individuos y la actividad económica futura.

Preocupación por la sequía
En su análisis de la situación, la Comisión señala que la desertificación en la UE, el número de regiones y la población afectada por la sequía han aumentado un 20% entre 1976 y 2006. La ola de calor de 2003, que afectó a más de 100 millones de personas y a un tercio del territorio de la UE, causó un perjuicio económico evaluado en unos 8.700 millones de euros, y las sequías de los últimos treinta años han costado unos 100.000 millones de euros. El coste anual medio de esas sequías se ha cuadruplicado en este periodo.

Ante esta situación, Bruselas estima que la gestión del agua debe ser una estrategia prioritaria. La primera parte de esa táctica, “imperativa”, según la Comisión, es la puesta en marcha de la tarificación del agua, “hasta ahora ineficaz”. Según Bruselas, debe primar el principio: “El usuario es quien paga el precio”. Esto exige una tarificación fundada en el análisis económico de la utilización del agua y su valor, para incitar a una utilización adecuada y eficaz, a la vez que se prevé una contribución de los diferentes sectores económicos y la recuperación del coste de los servicios del agua.  
 
Bruselas señala que la UE tiene que hacer también mucho para favorecer la economía del agua. Se estima que se despilfarra un 20% de los recursos hídricos globales. Solucionados estos dos desafíos, y sólo entonces, se puede estudiar “la construcción de infraestructuras para el aprovisionamiento en agua”, dice la Comisión.

La reserva de agua en los pantanos de la cabecera del Tajo, Buendía y Entrepeñas, disminuyó en catorce hectómetros cúbicos en la última semana y quedó en 436 hectómetros cúbicos, el 17,62% de su capacidad. Según la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT), el embalse de Buendía embalsa siete hectómetros cúbicos menos que hace siete días y almacena 239 hectómetros cúbicos, el 14,58% de su capacitad total, y el pantano de Entrepeñas tiene siete hectómetros cúbicos menos y contiene ahora 197 hectómetros cúbicos de agua, el 23,59% de su capacidad total.

• En la Región, ya hay 45.000.

• Dicen que es insolidario.

• No quieren que se ponga fecha de caducidad al acueducto.

La comunidad de regantes de Lorca ha recogido unas 8.000 firmas para que no se admita a trámite en el Congreso la reforma del Estatuto de autonomía de Castilla-La Mancha, dentro de la campaña emprendida para ello por el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats) el pasado marzo.

Lo confirmó hoy el presidente de la comunidad de regantes lorquina, Manuel Soler, durante un nuevo acto de la campaña, al que también acudió el presidente del Scrats, Francisco del Amor.

La institución comunera instaló hoy en la puerta de su sede dos pancartas en las que puede leerse: «Ayúdanos con tu firma a defender el trasvase Tajo-Segura. No al estatuto de Castilla-La Mancha«.

Del Amor dijo que en Murcia ya se han recogido 45.000 firmas y que los regantes consideran que los artículos de la propuesta de Estatuto castellano-manchego relativos al trasvase Tajo-Segura son «contrarios a la Constitución Española«.

Los regantes consideran insolidario ese texto porque, a su juicio, invade las competencias exclusivas del Estado sobre agua, y en su reivindicación de que no se ponga fecha de caducidad al acueducto «no vamos a bajar -dijo- la guardia».

En el caso de Lorca, los regantes están recogiendo firmas en las oficinas centrales de la comunidad de regantes, en la calle Corredera, así como en las oficinas de la huerta situadas en las diputaciones lorquinas de Cazalla, Campillo, Marchena, Tercia, La Hoya, Torrecilla y Riberas.