El vicepresidente primero y portavoz del Gobierno regional, Fernando Lamata, consideró ayer «una buena noticia para Castilla-La Mancha» el anuncio del encarecimiento de los precios del agua por parte de la Unión Europea. «El agua no es gratis y a veces se ha subvencionado por determinadas decisiones históricas para determinar al Levante español, que gracias a esa aportación de agua a bajo precio ha podido conseguir un desarrollo muy importante», explicó tras participar en una reunión preparativa de los actos conmemorativos del Día de la Guardia Civil en Albacete.
El vicepresidente insistió en que toda producción «tiene un coste», que en los casos en los que el agua se convierte en «materia prima tendrá que ser abonada de forma razonable y justa». Asimismo, también hizo hincapié en la afirmación de que «el trasvase Tajo-Segura tiene fecha de caducidad, no porque lo digamos los castellano-manchegos, sino porque lo dicen directivas europeas, normativas españolas y la ley vigente del Plan Hidrológico Nacional». «Y no cabe duda –continuó– que Castilla-La Mancha ha perdido algunas oportunidades de desarrollo porque se nos quitó ese agua y se llevó gratis y subvencionada a otros territorios».

Infraestructuras
Preguntado por los periodistas, Lamata afirmó que «nos cuadran los números» al valorar el estudio que ayer publicó un diario nacional y que pone de manifiesto que el Gobierno español gasta en infraestructuras para Castilla-La Mancha seis veces más que en otras comunidades como Madrid. «El presidente Barreda firmó un buen acuerdo con el Plan de Infraestructuras y Transportes», resaltó el vicepresidente regional, «para que tengamos nuestras capitales comunicadas por AVE y unas redes de alta capacidad para que comuniquen este territorio antes vertebrado».
Lamata se congratuló de que esas inversiones «no hayan quedado sólo en el papel» y destacó la «coordinación» de todas las consejerías del Gobierno «para que todas las inversiones puedan ejecutarse en la región».

Mientras todo el mundo estaba pendiente del gran argumento informativo de la OCM del vino, hará un par de semanas, en concreto el día 7, el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicaba el Real Decreto 907/2007, «por el que se aprueba el Reglamento de la Planificación Hidrológica».

Según fuentes consultadas por este periódico, detrás de este R.D. y de su nombre, aparentemente inofensivo, se encuentran unas cuantas «cargas de profundidad» que entran de lleno en cuestiones especialmente importantes para la provincia de Albacete y que, además, ha sido intensamente debatidas en el seno del Consejo Nacional del Agua, durante la tramitación de la Ley de Aguas.

Entre estos aspectos, se encuentran la relación entre aguas subterráneas y superficiales, la insistencia de la administración en mantener las transferencias entre demarcaciones hidrográficas -algo a lo que se opuso el Supremo en su célebre sentencia de octubre de 2004- y una novedad de gran calado, la vinculación de la asignación de recursos hídricos a la evolución de los sectores y mercados agrarios.

SUBORDINACIÓN. En lo tocante a la relación de las aguas subterráneas y las superficiales, destaca el artículo 3 del R.D. 907/2007, que da una definición de «buena estado de las masas de aguas subterráneas» que las subordina a las aguas superficiales.

Literalmente, la definición dice que «el estado cuantitativo alcanzado por una masa de agua subterránea cuando la tasa media anual de extracción a largo plazo no rebasa los recursos disponibles de agua y no está sujeta a alteraciones antropogénicas que puedan impedir alcanzar los objetivos medioambientales para las aguas superficiales asociadas, que puedan ocasionar perjuicios significativos a ecosistemas terrestres asociados o que puedan causar una alteración del flujo que genere salinización u otras intrusiones».

Las fuentes consultadas por este periódico señalan que, por ejemplo, esta definición tan compleja significaría que «en el ámbito del Júcar, la gestión de las aguas subterráneas quedaría subordinada a la de las superficiales e, incluso se podría derivar agua del acuífero 18 -Mancha Oriental- para garantizar el mantenimiento de la Albufera de Valencia».

TRANSFERENCIAS. Otra cuestión especialmente llamativa tiene que ver con las transferencias de agua entre demarcaciones. El artículo 67.c de este Real Decreto dice que el Plan Hidrológico Nacional deberá contener, entre otros asuntos, «la previsión y las condiciones de las transferencias de recursos hidráulicos entre ámbitos territoriales de distintos planes hidrológicos de cuenca».

Por otra parte, el artículo 69.1 señala que «en la redacción del Plan Hidrológico Nacional se contemplarán y especificarán las transferencias de recursos entre distintas demarcaciones hidrográficas, estableciendo las condiciones a que han de ajustarse».

«Esto significa que, sin dejar de cumplir la sentencia del Supremo, que obliga a segregar las cuencas internas valencianas del ámbito de la Confederación del Júcar -indican las fuentes- se abre, en la práctica, la puerta a seguir transfiriendo agua a esas cuencas internas» de forma que la sentencia de octubre de 2004 quedaría, en la práctica, en papel mojado «y casi todo seguiría como antes».

Durante la tarde de ayer, alcaldes y representantes del PP de varios municipios del Alto Vinalopó mantuvieron una reunión en Villena para tratar, entre otros asuntos, del trasvase del Júcar-Vinalopó.

El encuentro fue impulsado por la alcaldesa de Villena, Celia Lledó, quien pretende liderar un plan de acción conjunto para tratar de contrarrestar algunas de las decisiones tomadas por la Administración socialista y que afectan a localidades como Villena, Biar, Beneixama, Cañada, Campo de Mirra, Salinas o Sax.

Los representantes del PP presentarán tanto en los municipios que gobierna (Villena, Biar y Cañada) como en los que son gestionados por el PSOE (Beneixama, Sax, Campo de Mirra y Salinas, éste último en coalición con el PP), una moción en la que expresarán su negativa a convertirse en receptores de caudales de agua procedente del Azud de la Marquesa.

Esta propuesta fue tratada ayer por la Corporación villenense en la comisión informativa de Urbanismo y será aprobada en el pleno que se celebra la próxima semana. De esta forma, el Ayuntamiento de Villena será el primero en revocar el acuerdo suscrito por los anteriores gobiernos socialistas de la comarca, solicitando agua del Júcar para el baldeo de calles.

Primera piedra
Esta reunión coincide con el acto que se celebra hoy en Llosa de Ranes, donde se va a proceder a la colocación de la primera piedra de uno de los tramos de la nueva conducción Júcar-Vinalopó, con la presencia de destacados representantes de las instituciones gobernadas por el PSPV, como el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Juan José Moragues o el consejero delegado de AcuaJúcar, José María Marugán.

A la misma hora en que se coloca la primera piedra en Llosa de Ranes, los representantes de la Junta Central de Usuarios del Vinalopó, L’Alacantì y Consorcio de la Marina Baixa, encabezados por su presidente Andrés Martínez, tienen previsto visitar la sede de la Confederación Hidrográfica del Júcar en Valencia para hacer entrega de una extensa documentación en la que, entre otras cosas, se aportan informes contrarios a la toma desde el Azud de la Marquesa, elaborados por diferentes expertos de universidades españolas y valencianas. Esta postura es la que ha venido manteniendo la Junta desde que se conoció el nuevo trazado.

La sequía no ha terminado, pero la situación «es razonablemente mejor que el año pasado», explicó ayer el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Juan José Moragues, quien garantizó el suministro. También destacó que la «gestión integral de recursos» ha permitido ahorrar agua de los ríos al aumentar los caudales reciclados y el uso de pozos. No obstante, hay depuradoras que sólo reutilizan el 50% del agua depurada, lo que revela el potencial de recursos.

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El organismo celebró la reunión mensual de la comisión de la sequía con un «repaso importante» al estado medioambiental de los acuíferos y de L’Albufera, en niveles aceptables. Moragues explicó que desde marzo ningún sistema de la CHJ ha superado los indicadores de emergencia. No obstante, la cuenca del Júcar seguirá en estado de emergencia algunos meses más, hasta que se confirme la recuperación del sistema tras la fuerte sequía.

En un año de lluvias por encima de la media en la zona del Mijares, las Marinas y el norte de Castellón, aunque por debajo en el Júcar, Turia y Serpis, la Confederación dispone de mayores reservas en los embalses. Los datos de aportaciones al Júcar son «claramente superiores» a ejercicios anteriores, pero éste será aún «el décimo» por la cola en los últimos 60 años. Los acuíferos se han recargado, lo que permite una mayor extracción de los pozos. Además, las obras en depuradoras han permitido incrementar el uso de aguas recicladas, de forma que desde octubre del año pasado las instalaciones de Pinedo, Carraixet, Paterna y Quart-Benàger han aportado más de 48 hectómetros al riego y caudales ecológicos. Sin embargo, ese caudal sólo supone el 50% del agua depurada, resaltó Moragues, por lo que hay recursos pendientes de explotar. Así, los regantes del Turia han pedido que la Generalitat agilice las obras en la depuradora de Pobla de Farnals.

El regadío sigue sometido a importantes restricciones, que en parte se compensan con agua de pozos y de depuradoras. El uso de estos recursos alternativos ha permitido ahorrar caudales superficiales, de forma que se ha usado «menos agua que nunca del río».

Preguntado sobre una moción del PP de Villena que rechaza el agua del futuro trasvase Júcar-Vinalopó para baldeo de calles, Moragues denunció la «incongruencia» de los populares porque los acuíferos están sobreexplotados.

El precio final del agua que paga el usuario deberá ajustarse al máximo a su coste real en toda la UE. Esta es una de las ideas centrales de una comunicación de la Comisión Europea presentada ayer en Bruselas para hacer frente a las sequías cada vez más frecuentes a intensas en todo el continente.

La adopción de una política estricta en materia tarifaria tendría un fuerte impacto en los países donde obtener el metro cúbico de agua sale más caro. Entre ellos, los del frente mediterráneo de la UE, España incluida y, dentro de España, la zona Sudeste, donde se encuentran dos cuencas hidrográficas en peor situación, las del Júcar y la del Segura.

La medida, no obstante, también tendría una consecuencia positiva para Castilla-La Mancha: si los regantes del Trasvase Tajo-Segura pagasen el coste real del agua que les llega desde Entrepeñas y Buendía, su uso dejaría de ser rentable para muchos de ellos.

PARA 2008. No obstante, no conviene olvidar que estamos hablando de una propuesta de la Comisión Europea que, en el mejor de los casos, debería entrar en vigor para 2008, suponiendo que se cumplan todos los plazos y que tanto el Consejo como el Parlamento Europeo -que tiene plenas competencias en medio ambiente- den su visto bueno.

Aún así, el primer punto de esta propuesta de la Comisión a la hora de desarrollar una política europea en materia de aguas es «poner la correcta etiqueta de precio al agua» promoviendo activamente «el uso de instrumentos basados en el mercado» en un «contexto medioambiental».

Para conseguirlo, se plantean varias medidas y, de ellas, la primera sería «poner en vigor tarifas del agua basadas en un cálculo económico de los usos y del valor del agua, con incentivos adecuados a su uso eficiente y a una adecuada contribución de los diferentes usos del agua a la recuperación del coste de sus servicios, de acuerdo con lo establecido en la Directiva Marco del Agua».

Este párrafo, entresacado literalmente de la comunicación presentada ayer por la Comisión, alude al principio de recuperación integral de los costes del agua, según se establece en la Directiva Marco del Agua (Directiva 2000/60/EC).

Para hacerse una idea del impacto de la aplicación de este principio, señalar que, según datos del Instituto Nacional de Estadística, el valor medio del agua en España es de 0,96 euros/metro cúbico. Sin embargo, el precio medio que se paga por el agua en nuestro país es de 0’66 euros/metro cúbico, esto es, hay una diferencia del 37,5 por ciento.

EFICIENCIA. En el caso concreto del agua para regadío, la diferencia es aún mayor. Según datos aportados por la Federación Nacional de Comunidades de Regantes (Fenacore) y citados por el Círculo de Empresarios (El Agua en España: Un Mayor Énfasis en la Política de la Demanda. Madrid, junio 2007), el precio del agua para regadío oscila entre los 0,03 euros/metro cúbico y los 0,24 euros/metro cúbico.

No obstante, hay que hacer dos importantes salvedades. La primera, que la ciudad de Albacete es una de las capitales de provincia donde el precio del agua se aproxima más al coste medio nacional (0,94 euros/metro cúbico, según la Unión de Consumidores-UCE).

La segunda, que los regantes de la Mancha Oriental son una ‘rara avis’ en España ya que, al depender en buena medida de sondeos individuales, el precio que pagan por el agua se aproxima bastante al coste real, ya que pagan sobre todo por la energía que gastan al bombear del acuífero.

Sin embargo, los regantes del Tajo-Segura pagan tarifas establecidas por el estado que, conforme a lo pretendido por la UE, dejarían de existir.

El vicepresidente primero de Castilla-La Mancha, Fernando Lamata, dijo ayer que las compra-ventas de agua desde distintos lugares de una determinada cuenca hidrográfica afectan al medio ambiente y con el fin de protegerlo el Gobierno regional ha regulado por ley procedimientos de evaluación ambiental.

Lamata durante la rueda de prensa en la que informó de los acuerdos del Consejo de Gobierno manifestó, a preguntas de los periodistas sobre la petición del PP de Murcia de que el Gobierno central o el Defensor del Pueblo recurran la ley de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, que «lo que quiere el Gobierno regional es defender el medio ambiente, y el uso, la distribución, la ubicación y la calidad del agua tiene mucho que ver con el medio ambiente».

Lamata afirmó que el agua «es fundamental para la vida, para el desarrollo económico y para el medio ambiente, y conservarla es esencial».

Problema

Señaló que, «cuando se establecen compra-ventas de agua desde distintos lugares de una determinada cuenca, eso afecta a la cuenca y al medio ambiente», por lo que «entendemos que tiene que ser regulado y protegido ese medio ambiente, y para eso desarrollamos ese concepto en nuestra ley».

Añadió que, si otra comunidad autónoma o el Gobierno de España entienden que no es así, pueden recurrir ante las instancias de justicia, «pero lo que no cambiará es la voluntad del Gobierno de defender por todos los medios el agua y el medio ambiente en Castilla-La Mancha». Lamata dijo que «la cuenca del Tajo desde luego la vamos a defender y vamos a recuperarla mediomabientalmente para que podamos en el 2015 bañarnos en el Tajo a su paso por Toledo».

El grupo parlamentario del PP en la Asamblea de Murcia ha presentado una moción instando al Gobierno central y al Defensor del Pueblo a recurrir la Ley de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, aprobada el pasado 8 de marzo.

En opinión del PP murciano, la normativa dificulta la aprobación de trasvases a la cuenca del Segura desde los embalses de la cabecera del Tajo.

La situación en la que se encuentra la cuenca del Júcar es «razonablemente mejor que el año pasado», por lo que el suministro de agua está garantizado durante todo el verano, según afirmó ayer el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Juan José Moragues.

Tras la reunión de la comisión de sequía, Moragues señaló que las previsiones realizadas en los meses de febrero y marzo se están cumpliendo y que la situación es de normalidad dentro de un período de sequía, de manera se puede garantizar el suministro, tanto para el consumo humano, como para la industria y la agricultura.

Menos superficiales

Asimismo, destacó que aunque este año se está suministrando «menos agua superficial que nunca» a los agricultores, éstos están recibiendo mayor cantidad de recursos gracias a una mayor extracción en acuíferos y pozos, y a la depuración y reutilización. El presidente de la CHJ explicó que en la actualidad se reutiliza el 50 por ciento del agua que depuran las plantas de Pinedo, Carraixet, Paterna, Xirivella, Benagéber, Andarella, Faitanar y Favara, lo que, a su juicio, permite que la agricultura funcione «razonablemente bien».

Moragues se refirió a las aportaciones que realiza el Júcar, que atraviesa su décimo peor año, aunque «poco a poco», dijo, se va recuperando, gracias a las lluvias caídas esta primavera, que han permitido superar los niveles de caudal del año pasado, que hasta marzo se mantenían por debajo.

En concreto, destacó que entre el 1 de octubre y el 16 de julio, la cuenca del Júcar ha recogido una precipitación media de 423 milímetros, lo que está por encima de los niveles del año pasado, que fueron 360 milímetros, y de la media de los últimos 17 años, que es de 357 milímetros, aunque dijo que no en todos los ríos ha llovido por encima de lo normal.

Respecto al sistema del Turia, indicó que se encuentra «más o menos igual» que el año pasado, al no haberse «recuperado mucho» y destacó que esta cuenca atraviesa el «undécimo peor año» en cuanto su caudal.

Otros asuntos

En la comisión también se trató la situación de la Albufera, cuyo nivel de agua en junio estaba ligeramente por debajo del registrado el año pasado, pero durante este mes, se está recuperando y se mantiene «igual o mejor» que en el mismo mes de 2006.

La CHJ también trató la ejecución de una serie de obras de emergencia en el entorno de Valencia, por valor de 15,35 millones, para mejorar la captación de recursos del Júcar y el Turia y ampliar la fuentes alternativas de suministro.

Preguntado por una moción presentada por el PP de Villena para que no se utilice el agua procedente del trasvase Júcar-Vinalopó, el presidente de la CHJ consideró la decisión «incongruente» con la demanda que hacían los populares, quienes, según dijo, aseguraban que sus acuíferos «no pueden esperar».

El presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura, José Salvador Fuentes Zorita, ha convocado para hoy al Consejo del Agua con el fin de iniciar el proceso de planificación hidrográfica, según comunicado del organismo de cuenca. Las medidas administrativas que serán tratadas por el Consejo fueron aprobadas el pasado 6 de julio por el Consejo de Ministros en un real decreto, y se someterán a consulta pública por un periodo de seis meses tras la reunión.

El objetivo de estas medidas es el acondicionamiento de la calidad biológica y química de los ecosistemas ligados a aguas superficiales y subterráneas, la caracterización económica del uso del agua para la recuperación de costes y la participación pública activa de los usuarios.