El presidente de la Comunitat Valenciana, Francisco Camps, y su homólogo en la Región de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, se reunieron ayer en Alicante en la denominada Cumbre bilateral, para hacer de sus reivindicaciones en cuatro materias fundamentales: agua, infraestructuras, seguridad y financiación, «una nueva idea de España» donde todas las autonomías salgan beneficiadas por igual.
   El presidente Camps fue el primero en dar cuenta de las conclusiones extraídas de la reunión con su compañero de partido y amigo, Valcárcel, con el que dijo «vuelvo con las mismas reivindicaciones que hace cuatro años». Camps diferenció en todo momento la posición de «convergencia» adoptada por las dos Comunidades para exigir la cobertura de unas «necesidades básicas» como son los cuatro temas tratados, de la postura de «divergencia e incertidumbre» que enarbola el Gobierno del presidente José Luis Rodríguez Zapatero.
   Cuatro grandes áreas
   Respecto al problema del agua, «el mayor para ambas Comunidades», el presidente del Gobierno valenciano responsabilizó al Ejecutivo socialista de haber creado una «situación de incertidumbre» en la política hídrica nacional, gracias a la cual, por muchas inversiones hechas desde la Comunitat Valenciana para modernización, ahorro y reutilización de los recursos, «el excedente del río Ebro se sigue tirando al mar». Recordó que el trasvase del Ebro fue derogado con la llegada de Zapatero a La Moncloa mediante un decreto que acompañó de «vanas promesas de más y mejor agua, y de un modo más económico». A pesar de esas expectativas creadas, «a la Comunitat y a Murcia no ha llegado ni un hectómetro cúbico de agua procedente de algún proyecto socialista».
   En el turno de la financiación, Camps reiteró el «espectacular» crecimiento experimentado por la Comunitat Valenciana en los últimos años y recordó que «hay un millón de valencianos más, que no constan de cara a la partida presupuestaria territorial» y por los que la Comunitat ha dejado de percibir 1.600 millones de euros; la Región de Murcia 567. En este sentido, el presidente insistió en la idea de que, a pesar del déficit de financiación que sufre la Comunitat Valenciana, su Gobierno ha garantizado los servicios sanitarios y educativos a decenas de miles de personas que trabajan, viven o la visitan. En cuanto a la seguridad y a las infraestructuras, Camps abogó por la posibilidad de que el Gobierno de Zapatero concierte la inversión de los cuarteles de Policía Nacional y Guardia Civil, y apostó por la integración de la Policía Nacional en el sistema de emergencias del 112. En el caso de las infraestructuras, destacó el «gran esfuerzo» hecho por la Región de Murcia y por la Comunitat Valenciana para vertebrar su territorios y aprovechó la cumbre bilateral para reivindicar la alta velocidad para pasajeros y mercancías, y la creación de Corredor Mediterráneo y su conexión con el centro de España.
   En su turno, el presidente de Murcia, Ramón Luis Valcárcel lamentó la temática de la Cumbre con Camps, porque «hablar de agua, financiación, infraestructuras y seguridad es grave síntoma de que existen carencias en estas necesidades».
   Con un tono más moderado que el del presidente Camps- que puso más énfasis en sus reivindicaciones- se centró en la política hídrica como eje central de su exposición ante los medios y arremetió contra Zapatero y su programa AGUA, del que dijo «ha supuesto un fracaso porque no ha sido capaz de dar respuesta a los problemas de recursos de los que adolecen las dos Comunidades». De Zapatero, Valcárcel destacó el hecho de que se aferrara a la idea de «acabar» con el Plan Hidrológico Nacional (PHN) pese a la negativa generalizada de políticos y expertos en la materia. Incidió en que el programa AGUA «no ha traído recursos hídricos pero sí incertidumbre, inseguridad y enfrentamiento entre Comunidades Autónomas». Arropó a Camps en su demanda del trasvase del Ebro, añadió el Júcar -Vinalopó y el mantenimiento del Tajo-Segura, y espetó que «el Ebro es un río español y los murcianos y los valencianos somos España, no Lituania» .
   Ambos presidentes coincidieron en que sus demandas no se basan en «caprichos ni privilegios» sino en necesidades básicas para sus ciudadanos «de justicia y que nos pertenecen». Finalmente, Camps y Valcárcel aununciaron que el programa electoral del PP nacional también incluirá estas cuatro reivindicaciones.

La reivindicación del Trasvase del Ebro no estaba en la agenda de la reunión. Según las ministras Cristina Narbona y Elena Espinosa, ninguno de los miembros del Comité de Crisis ha planteado esta opción en el encuentro de ayer ni en los anteriores. La titular de Agricultura indicó al respecto que el Gobierno trata de dar solución «a problemas concretos con medidas y plazos establecidos».

Espinosa contestó, por otra parte, que el Gobierno murciano no le ha transmitido que se estaba dejando morir al regadío del Sureste por la falta de agua, como se ha publicado en varias ocasiones por boca de miembros del Ejecutivo y del PP. La ministra apuntó que a su juicio sí se han recibido favorablemente por los regantes las inversiones de su departamento en el plan de modernización de regadíos. Espinoso abogó por reducir las pérdidas de agua en las conducciones agrícolas.

Cristina Narbona, por su parte, criticó la actitud del presidente valenciano Francisco Camps y señaló que «no es el Gobierno de España el que paraliza inversiones en la cuenca del Segura». Puso como ejemplo la desalinizadora de Torrevieja, que ha tratado de paralizar Francisco Camps, y cuyo objetivo es proporcionar agua a los regadíos y a toda la población de la zona.

Narbona también quiso dejar claro en la rueda de prensa que el Gobierno de Ramón Luis Valcárcel «no ha hecho ninguna petición» para que se concedieran los 20 hectómetros cúbicos que pedían los regantes; y que sí lo ha hecho la Administración central para dar respuesta al grave problema que tenían.

El consejero de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, José Luis Martínez, destacó ayer la unanimidad con la que el Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha entró en el Congreso de los Diputados y que, a su juicio, debe ser tenida en cuenta por los parlamentarios que tienen que tramitarlo.

El consejero calificó de «respetables» las opiniones vertidas sobre el Estatuto, aunque dejó muy claro que quienes deciden son los diputados del Congreso, subrayó en alusión al compromiso del Gobierno central de garantizar a los regantes murcianos que el texto estatutario se ajustará «estrictamente» al ordenamiento constitucional y que éste no implicará ningún recorte de derechos.

Enmiendas

«Habrá enmiendas relacionadas con el agua y con otros temas cuya resolución compete a los grupos parlamentarios», señaló Martínez Guijarro, quien explicó que no es el Gobierno el que aprueba el Estatuto, sino el Congreso de los Diputados.

El titular de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, se refirió también al compromiso del Gobierno de adelantar veinte hectómetros cúbicos durante los meses de julio y agosto para satisfacer una parte de la «deuda» de 43 hectómetros cúbicos de los regantes del Segura desde que en el 2002 cedieran esa cantidad de agua para cubrir el abastecimiento en 77 localidades de Murcia.

En este sentido, el consejero manifestó que el trasvase de socorro solicitado por los regantes murcianos será cedido por la Mancomunidad de los Canales del Taibilla, que no es lo mismo que del trasvase Tajo-Segura, matizó.

De cualquier forma, el consejero subrayó que las decisiones en materia del trasvase Tajo-Segura «se deben tomar con mucha prudencia», porque, la situación de los embalses de la cabecera sigue siendo «crítica».

La Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) ha destacado el incremento sufrido en la recepción de fondos europeos desde el año 2004 en un 11%.

Según indicaron desde la Confederación la participación de los fondos europeos tiene como principal objetivo «renaturalizar» la cuenca del Segura a través de 62 actuaciones que serán financiadas con una inversión de 58,9 millones de euros.

A fecha de 31 de mayo de este año la ejecución del programa Feder 2000 se encuentra al 70% con un total de 41.224.325 euros. Desde la Confederación se prevé que se cumpla con el objetivo de ejecutar más del 100% de las ayudas asignadas en febrero del 2008, 10 meses antes del plazo límite.

Entre las 62 actuaciones, de las cuales ya se han finalizado un total de 30, desde la CHS destacaron el llamado Corredor Verde de la Vega Baja del Segura. Además se han llevado a cabo correcciones hidrológicas, reforestaciones y actuaciones de lucha contra la erosión en Albacete, Almería y Murcia. También se han realizado importantes mejoras en la infraestructura del post trasvase Tajo Segura.

A buen ritmo avanzan las obras de limpieza del pantano de Almansa. Así lo afirmaba el concejal de Medio Natural, Pascual Blanco, que explicaba que se ha dejado ya totalmente abierta la botana y se ha preparado un sistema para facilitar la evacuación de aguas en caso de lluvias importantes.

La primera actuación de Pascual Blanco como concejal de Desarrollo Natural fue ponerse en contacto con la Dirección de Obras del Pantano y la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) para ver de qué manera había influido la recomendación de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha de proteger la Laguna del Vínculo.

Explicaba Blanco que sí se hubiese tratado de discutir esta decisión, por su dilatación en el tiempo, hubiese supuesto un grave peligro para la continuidad de las obras. Es por ello que se decidía respetar este humedal y actuar en la cabecera del pantano acercando el dique de contención. Una medida que supone una restricción pequeña, según el edil, de la capacidad de almacenamiento de agua de la presa.

El temor que se tiene con respecto a la Laguna y según informes técnicos es que pueda llegar a secarse si en algún momento disminuyen considerablemente los aportes de agua naturales procedentes de las lluvias, ya que, mantenía el Concejal, ésta no dispone de nacimiento natural de aguas y se abastece de las torrenteras de las precipitaciones. Es por ello que estas torrenteras «se van a proteger y se pondrán en valor para que siga habiendo aportaciones pluviales».

Salida

Afirmaba el concejal de Medio Natural que en el pantano se está trabajando con criterio lógico y a buen ritmo.

Explicaba que «la máxima urgencia que registraba la empresa adjudicataria de las obras está solucionada. Se trataba de, una vez evacuada toda el agua almacenada en el interior del pantano, poder actuar cuanto antes en la botana para evitar que posibles lluvias torrenciales obligasen a paralizar las obras».

Ahora ya se ha conseguido y se ha dejado el camino totalmente abierto para que estas posibles aguas no queden estancadas, ya que los trabajos obligan a extraer los lodos lo más secos posibles. También se ha puesto en marcha ya la comisión permanente del Pantano formada por el técnico municipal de Medio Ambiente, el concejal Pascual Blanco, dos técnicos de la Confederación y uno de la Junta de Comunidades.

Un paso obligatorio según se especifica en el convenio firmado para la limpieza y dragado de la presa que controlará y seguirá todo el proceso.

Los regantes del campo del Júcar, en cuyo nombre -entre otros argumentos esgrimidos por el PSPV y la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona- se modificó en 2005 el trazado original del trasvase por el que actualmente se encuentra en ejecución, no se opondrían a la construcción de una toma intermedia al margen de la que se ejecuta en la desembocadura.

Según fuentes del sector consultadas por ABC, el colectivo de regantes del Júcar vería con buenos ojos la construcción de esta toma, también en el cauce bajo del río pero a una altura suficiente como para evitar la contaminación del azud de la Marquesa. Asimismo, esta toma reduciría considerablemente otros problemas derivados del nuevo trazado, como superar la elevación del terreno, entre otros.

Durante el verano de 2005, en pleno debate sobre un recién planteado cambio de trazado, el PSPV logró romper la unidad de acción de los regantes, y el campo valenciano se posicionó a favor de la toma en Cullera, en lugar de en Cortes de Pallás, bajo la premisa de que cauce arriba «no había sobrantes que trasvasar».

Sin embargo, según las mismas fuentes, los regantes del Júcar avalarían la construcción de una toma intermedia, deseada tanto por la Junta Central de Usuarios del Vinalopó como por el Consell, con lo que se eliminaría de un plumazo la oposición de los donantes y de los supuestos receptores.

El azud de Antella

Una vez constatada la firmeza de la postura del Ejecutivo, reforzada con el aumento de financiación de fondos europeos para la infraestructura, el Consell se ofreció al Gobierno hace apenas unas semanas para construir, con financiación autonómica, una segunda toma compatible con la primera, en el azud de Antella.

El entonces conseller de Infraestructuras, José Ramón García Antón, indicó que el Ejecutivo valenciano estaría dispuesto a construir esta toma intermedia -sin modificar el resto del trazado finalmente aprobado-, para garantizar la calidad de los caudales a trasvasar. En este sentido, García Antón aseguró que el agua del azud de Antella sería incluso aprovechable para el asbatecimiento urbano, algo que no sucede en la desembocadura del Júcar debido a su elevada conductividad y contaminación.

No obstante, la respuesta socialista fue inmediata, y desde el PSPV se acusó al Consell de «abrir nuevos frentes» a costa del trasvase, mientras el PPCV replicó que la toma propuesta por el Gobierno autonómico era la única que garantizaba la superación del problema endémico de carencia de recursos hídricos en el campo de Alicante.

Bacterias

En este sentido, conviene recordar que según un estudio elaborado por la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), dependiente del Ministerio que dirige Narbona, el agua que se pretende trasvasar desde el azud de la Marquesa no podrá utilizarse ni siquiera para riego, por su elevado contenido en bacterias y fitosanitarios. Asimismo, el actual proyecto de trasvase no contempla ningún tipo de tratamiento para desinfectar el agua.

Pese a ello, las obras del tramo C, en la desembocadura del Júcar, se dieron por iniciados a finales del pasado mes, tras sucesivas licitaciones y adjudicaciones. Precisamente, la Junta de Usuarios del Vinalopó -que aglutina a los destinatarios de un trasvase al que se oponen frontalmente- ha iniciado la preparación de una reclamación patrimonial a Medio Ambiente, por valor de los más de 750.000 euros de gastos derivados de la apertura del crédito sindicado -de 75 millones de euros- para pagar su parte del trazado original, a los que cabría sumar los costes derivados del retraso en las obras. Si el Gobierno no responde, lo llevarán a los tribunales

El ‘Big Jump 2007’ (Gran salto 2007) es un acto ‘reivindicativo a escala europea que pretende llamar la atención sobre el estado de nuestros ríos, pidiendo una mayor protección y gestión de los mismos y defendiendo el regreso de los usos tradicionales’, dijo WWF/Adena en un comunicado difundido hoy.

El ‘chapuzón’ se llevará a cabo en el río Júcar, en la zona de baño de ‘El Tablazo’, de Villalba de la Sierra (Cuenca), y en el Tajo, en el paraje de El Empalme a su paso por Trillo (Guadalajara).

Además, WWF/Adena Barcelona se unirá a otras organizaciones catalanas para dar el ‘gran salto’ en el Alto Besós.

WWF/Adena organizará para los asistentes diferentes actividades para conocer el río, su flora y fauna asociada, y se realizarán limpiezas de residuos para mejorar su estado, en el que participarán voluntarios del organismos y los ciudadanos que quieran sumarse.

Actividades similares se llevarán a cabo en los ríos Algar (Alicante), Muniellos (Asturias), Sil (León) Manzanares (Madrid), Segura (Murcia) y Guadalquivir a su paso por Sevilla.

En su comunicado, WWF/Adena explica que esta iniciativa se debe a que la Unión Europea ‘obliga a recuperar el buen estado ecológico en todos los ríos europeos’ para el año 2015.

‘Para entonces -agrega- tendríamos que poder bañarnos en las aguas de nuestros ríos’.

El ‘chapuzón’ se basa en la idea que inspiró al ecologista Roberto Epple cuando en 1995 convocó a un baño reivindicativo en diferentes localidades del río Loira (Francia).

Desde entonces, la iniciativa ha concentrado a miles de personas en cientos de ríos de Europa.

En la última convocatoria, en julio de 2005, unas 250.000 personas de 22 países se lanzaron a las aguas de sus ríos, lagos y lagunas para exigir el buen estado ecológico de estos ecosistemas.

La presidenta del PP castellanomanchego, María Dolores de Cospedal, manifestó ayer que mientras no exista un Plan Hidrológico Nacional (PHN) de verdad el Gobierno no podrá garantizar agua a los regantes murcianos ni a Castilla-La Mancha.

Cospedal hizo estas consideraciones al ser preguntada por la reunión mantenida ayer por la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, y las ministras de Medio Ambiente y de Agricultura, Cristina Narbona y Elena Espinosa, con el comité de crisis de la cuenca del Segura, que integra a regantes, sindicatos, organizaciones agrarias, exportadores y cooperativistas.

La presidenta regional del PP insistió en que cualquier solución que no pase por un Plan Hidrológico «de verdad» no servirá, sino que serán «las políticas del PSOE de poner parches, de decir en una región una cosa y en la región contraria una cosa distinta». «Mientras no tengamos un PHN ni pueden asegurar a los regantes murcianos que van a tener agua ni pueden asegurar a los castellanomanchegos que vamos a tener el agua que necesitamos», dijo Cospedal.

A su juicio, la actual situación es responsabilidad del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, por lo que en las próximas elecciones «todos los agricultores de este país van a tener bien claro a quien tienen que votar».

El presidente del sindicato central de regantes del acueducto Tajo-Segura, Francisco del Amor, anunció ayer la desconvocatoria de la concentración del próximo día 24 debido al compromiso del Gobierno de devolver parte de la deuda de los canales del Taibilla, que abastecen a un tercio de la población de la provincia de Alicante.

Serán 20 hectómetros cúbicos los que recibirán los regantes de esta mancomunidad murciana, casi la mitad de los 43 que les corresponde a causa de la cesión que hace cuatro años efectuaron para el abastecimiento de 80 localidades de Murcia, Almería, Alicante y Albacete.

El Gobierno aseguró ayer a los miembros del Comité de Crisis de la Cuenca del Segura –regantes, empresarios y sindicatos– que trabajará para que el futuro Estatuto de Castilla-La Mancha, como en el resto de estatutos autonómicos, tenga en cuenta “el interés general de todos los ciudadanos”. Esta norma fija una caducidad del trasvase Tajo-Segura en 2015.

La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, recordó que las propuestas iniciales de los estatutos de Andalucía, Aragón, Cataluña y Valencia se modificaron para mantener en la política del agua el ordenamiento constitucional, que establece “que las decisiones sobre los ríos que transcurren por más de una comunidad autónoma corresponden al Gobierno de la Nación”.

Así se lo hizo llegar la vicepresidenta, María Teresa Fernández de la Vega, a los miembros de este comité en una reunión celebrada ayer.