El director general del Agua del Ministerio de Medio Ambiente, Jaime Palop, censura la política urbanística del Consell de Francisco Camps y afirma que su apuesta en favor del desarrollo urbanístico en la Comunidad Valenciana, perjudica a la agricultura a la hora de asignar al campo valenciano una prioridad en los recursos hídricos. En ese sentido, Jaime Palop, dice que el Consell carace de política agraria y pide que exista una mayor colaboración entre la administración autronómica y el Ministerio de Medio Ambiente, para adecuar las nuevas actuaciones urbanísticas a la dotación de agua.

El último trasvase aprobado por el Consejo de Ministros, el pasado 8 de junio, está produciendo ahora una fortísima reducción de las reservas de agua en los dos embalses de la cabecera del Tajo. La medición de hoy lunes registra que Entrepreñas ha perdido seis hectómetros, y Buendía cinco, en los últimos siete días: un total de 11, que hace que en las últimas dos semanas el complejo haya perdido 25.

Así las cosas, Entrepeñas cae por debajo del 25% de su capacidad, y con 204 hectómetros embalsados, se pone en un 24’4 por ciento. Mientras, Buendía almacena ahora 246 hectómetros cúbicos de agua, un 15 por ciento de lo que puede llegar a embalsar.

El resto de los embalses de la provincia sufren también ligeras bajadas debido a la época estival. Así, El Vado pierde cuatro hectómetros; Alcorlo cae 3 hectómetros y se queda con 98 (54’4 por ciento), y Beleña baja uno, aunque en este caso, la excelente primavera hídrica hace que la presa que abastece a toda la Mancomunidad de Aguas del Sorbe se mantenga prácticamente llena: al 85 por ciento, con 45 hectómetros de los 53 de su capacidad.

Según informaron hoy fuentes de la CHJ, de los veintisiete embalses adscritos a la Confederación, cuatro han aumentado el nivel de agua almacenada -aunque dos no han alcanzado el hectómetro cúbico de crecimiento-, tres han mantenido el caudal, y en los veinte restantes ha disminuido.

El embalse que ha registrado el incremento mas importante ha sido el de La Muela, que ha crecido 4,10 hectómetros cúbicos, con lo que se sitúa al 87,14 por ciento de su capacidad, cifrada en 20 hectómetros.

También han aumentado los niveles en el embalse de El Naranjero (1,43 hectómetros cúbicos), en el de Sichar (0,45 hectómetros cúbicos) y en Loriguilla (0,25 hectómetros cúbicos).

Los descensos más significativos han sido los del embalse de Tous-La Ribera, que ha perdido 7,84 hectómetros cúbicos; el embalse de Alarcón, con 5,72 hectómetros cúbicos menos; y el de Cortes II, cuyas reservas han descendido 4,79 hectómetros cúbicos.

Los embalses que no han sufrido variados han sido el de Alcora, que está al 69,80 por ciento de su capacidad; Almansa, que se encuentra al 11,50 por ciento y el de Algar, que sigue completamente seco.

Por sistemas, el de la Marina Baja/Serpis está al 62,77 por ciento de su capacidad; el del Júcar al 15,93 por ciento; el de Turia que se encuentra al 38,11 por ciento y el del Palancia/Mijares/Cenia al 55,78 por ciento.

E l presidente de la Junta Central de Usuarios del Trasvase Júcar-Vinalopó, Andrés Martínez, dio ayer un nuevo golpe de efecto en la batalla que mantienen los usuarios contra el Ministerio de Medio Ambiente en forma de una nueva demanda judicial contra el departamento que dirige la ministra Cristina Narbona, al que van a reclamar en los tribunales unos cien millones de euros -más de dieciséis mil millones de las antiguas pesetas- en concepto de indemnización por los presuntos daños y perjuicios ocasionados por la paralización de las obras en 2005 y por el posterior cambio del proyecto. Los servicios jurídicos de la Junta Central tienen ya preparada una primera demanda en la que reclaman 752.283 euros pagados por los usuarios entre 2003 y 2006 por diferentes conceptos, entre los que destacan, la comisión de apertura del fallido crédito sindicado de 75 millones de euros que acordaron con la Caja del Mediterráneo y otras entidades de ahorro para aportar su participación económica en las obras del proyecto original Cortes-Villena. Martínez, entiende, por otro lado, que la deuda de 43 millones de euros a 30 de septiembre de 2005 que en su día les reclamó Aguas del Júcar por certificaciones del proyecto «no tiene ningún sentido cuando la sociedad estatal cambió el trazado de forma unilateral y sin contar para nosotros. Incluso nos expulsaron del consejo de administración con lo que sólo faltaba ahora que tuviéramos que pagar por una obra que no nos hacen, sería surrealista». Recordar, además, que Aguas del Júcar había llegado a un acuerdo con los usuarios para que la deuda se pagara vía tarifas cuando llegara el agua. La ruptura de relaciones entre la Junta y la sociedad estatal dio al traste con los acuerdos y anunció el comienzo de la guerra del agua que ha llevado el proyecto a los juzgados.

Andrés Martínez considera que la Junta Central tiene argumentos legales suficientes para plantear la demanda «desde el 22 de junio cuando la ministra firmó la autorización para el comienzo de las obras en el tramo «C» del nuevo trazado y, por lo tanto, existe ya un documento oficial para reclamar daños y perjuicios a Patrimonio del Estado. Todavía no tenemos la cantidad exacta que nos correspondería de indemnización pero calculamos unos cien millones de euros», subrayó ayer el presidente de la Junta Central quien apoyó su reivindicación en dos argumentos para él irrefutables: el proyecto inicial preveía que el trasvase Júcar-Vinalopó fuera una realidad el pasado mes de mayo y el retraso está provocando un daño irreversible a los acuíferos del Vinalopó cuyo nivel desciendo, en algunos casos, a razón de diez metros al año.

La Junta Central ha intentado acercar posturas con el Ministerio de Medio Ambiente en los últimos meses renunciando incluso a la toma en Cortes de Pallás si Aguas del Júcar trasladaba la captación del agua desde el Azud de la Marquesa al de Antella. No ha habido respuesta ni de Madrid ni de Valencia al insistir el Ministerio en que la decisión del cambio de trazado fue técnica. La Junta Central continúa rechazando el agua del Júcar y Aguas del Júcar sólo tiene respaldo a su proyecto de dos comunidades de regantes – Agosto y Monóvar – y una agrupación de propietarios de Elche que, según la Junta, no forma parte del colectivo al no tener derechos sobre el agua subterránea.

Por otro lado, han pasado ya cinco meses desde que Aguas del Júcar presentara en febrero el tramo «C» – Barxeta-Xátiva – ante la Confederación Hidrográfica del Júcar anunciando para marzo el comienzo de las obras. La empresa asegura que este mismo mes pondrá la primera piedra pero sigue tramitando los otros cuatro tramos que no tienen fecha de inicio. La canalización Azud de la Marquesa-Villena tiene una longitud de 93 kilómetros, con un caudal contínuo de 2,6 m 3 por segundo y punta de 3,5 m 3 y capacidad para trasvasar 80 hm 3 al año.

La reunión entre el comité de crisis de la cuenca Segura y la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, prevista para mañana, se ha aplazado a las 11.30 horas de mañana miércoles, en el palacio de La Moncloa, donde estarán las ministras de Medio Ambiente, Cristina Narbona, y Agricultura, Elena Espinosa.

Así lo confirmaron tanto Francisco del Amor, presidente del sindicato central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura y portavoz del comité, como el ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación por medio de un comunicado.

El comité, formado por los regantes y CC OO, UGT, Asaja, Coag-Ir, UPA, la patronal murciana, la confederación hidrográfica del Segura, exportadores de frutas y hortalizas y cooperativistas agrarios, pedirá a los miembros del Gobierno central compromisos concretos de su rechazo en las Cortes del estatuto de autonomía de Castilla-La Mancha, que fija la caducidad del trasvase Tajo-Segura en el 2015.

Además, les solicitarán que se comprometan a reconocer por ley las concesiones de agua de ese trasvase a las que tiene derecho la cuenca del Segura y que les adelante los términos en los que se llevará a cabo la redotación de caudales al sureste español con el segundo plan de Actuaciones para la Gestión y la Utilización del Agua (Agua).

Del Amor señaló la pasada semana en la reunión del comité que les pedirán también la devolución de los 43 hectómetros cúbicos de agua que los regantes cedieron en el 2002 para el consumo de los habitantes de 77 localidades de Murcia, Alicante , Albacete y Almería abastecidas por la mancomunidad de Canales del Taibilla, puesto que el Gobierno se comprometió a hacerla efectiva antes del 2008.

Riego de socorro

Por último, el comité solicitará un riego de socorro de entre 20 y 25 hm3 y la devolución de entre 10 y 15 de los prestados para consumo humano.

Por otro lado, las reservas hídricas de los embalses de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) han disminuido 20,24 hectómetros cúbicos durante la última semana y se han situado en 719,55 hectómetros cúbicos, lo que supone un 21,50 por ciento de los 3.346,6 hectómetros cúbicos que tienen de capacidad total. De los veintisiete embalses adscritos a la Confederación, cuatro han aumentado el nivel de agua almacenada -aunque dos no han alcanzado el hectómetro cúbico de crecimiento-, tres han mantenido el caudal, y en los veinte restantes ha disminuido.

La reserva de agua en los pantanos de la cabecera del Tajo (Buendía y Entrepeñas), por su parte, disminuyó en once hectómetros cúbicos en la última semana y quedó en 450 hectómetros cúbicos, el 18,18% de su capacidad total. El embalse de Buendía, en la provincia de Cuenca, embalsa cinco hectómetros cúbicos menos que hace siete días y almacena 246 hectómetros cúbicos, el 15,00 por ciento de su capacitad total.

La modernización de los regadíos y la desaparición de grandes superficies de cultivo debido al avance de las urbanizaciones hará probablemente que los agricultores de la cuenca del Segura necesiten menos agua. Asimismo, su dependencia de las aportaciones de la cabecera del Tajo se verá complementada en los años de escasez con la producción de agua desalinizada.

La demanda oficial de los regadíos, establecida en 1.660 hectómetros cúbicos anuales, puede experimentar un descenso en el nuevo plan de cuenca que empieza elaborarse este mes con la convocatoria, el día 19, del Consejo del Agua de la Cuenca que dará la señal de salida al proceso. Este plan, junto con el de las demás cuencas hidrográficas, debe estar aprobado en el año 2009. No estará exento de conflictos, por cuanto el déficit oficial del Segura, establecido en 460 hectómetros anuales, también puede verse reducido. Asimismo, hay otro aspecto de vital importancia, ya que se fijará de nuevo el volumen de aportaciones externas que precisan Murcia, Alicante y Almería. El Ministerio de Medio Ambiente y la Administración socialista no se plantearán nuevos trasvases hasta que estos planes estén aprobados, eso suponiendo que para entonces mantenga abierta la opción de las transferencias entre ríos.

Necesidades a 20 años vista

En la elaboración del nuevo plan de cuenca tendrán que participar activamente todos los ayuntamientos, sobre todo los de Murcia, Alicante y Albacete que están dentro del territorio del Segura. la Confederación Hidrográfica se dirigirá a todos los alcaldes para que aporten los datos de sus necesidades futuras de agua, al menos a 20 años vista, acorde con los incrementos de población previstos y la actividad urbanística. La Confederación da por hecho que la demanda urbana aumentará sensiblemente. En el año 1996 se estableció en 217 hectómetros cúbicos anuales, la mayoría procedentes de la cabecera del Tajo -máximo 131 por año, en destino-. El antiguo plan apuntaba que para el 2006 esa demanda subiría hasta los 255 hm3. mientras que en el horizonte del 2016 se incrementará hasta los 260. La desalinización podrá aportar unos 160, ampliables a 200, y el resto tendrá que seguir llegando del Tajo.

Este Reglamento da cumplimiento a los mandatos contenidos en la Ley de Aguas y en la Directiva Marco del Agua.

La Planificación se realizará mediante los Planes Hidrológicos de Cuenca y el Plan Hidrológico Nacional.

En la elaboración de este Reglamento han participado las Comunidades Autónomas y los demás miembros del Consejo Nacional del Agua.

09. Julio ´07 – El Consejo de Ministros ha aprobado, en su reunión del viernes, el Real Decreto por el que se aprueba el Reglamento de Planificación Hidrológica, que da cumplimiento a los mandatos contenidos en la Ley de Aguas y en la Directiva Marco del Agua.

La planificación se realizará mediante los Planes Hidrológicos de Cuenca y el Plan Hidrológico Nacional. El ámbito territorial de cada Plan Hidrológico de Cuenca será el que corresponda con cada Demarcación Hidrográfica.

Las principales novedades del nuevo proceso de planificación son: la integración de las aguas continentales, de transición y costeras; la importancia que adquieren los objetivos medioambientales (el buen estado de las aguas); los análisis económicos coste-eficacia en los programas de medidas; el establecimiento de una política de precios en los servicios del agua que incentive la gestión racional y sostenible de los recursos; y la participación pública y la coordinación y cooperación entre la administraciones competentes en las Demarcaciones Hidrográficas. Además, los planes hidrológicos serán objeto del procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica.

Los objetivos generales de la planificación hidrológica son: conseguir el buen estado y la adecuada protección del Dominio Público Hidráulico y de las aguas objeto de la Ley de Aguas; la satisfacción de las demandas de agua y el equilibrio y armonización del desarrollo regional y sectorial, incrementando las disponibilidades del recurso, protegiendo su calidad, economizando su empleo y racionalizando sus usos en armonía con el medio ambiente y los demás recursos naturales.

Para ello, la planificación hidrológica sigue criterios de sostenibilidad en el uso del agua mediante la gestión integrada y la protección a largo plazo de los recursos hídricos, la prevención del deterioro del estado de las aguas, la protección y mejora del medio acuático y de los ecosistemas acuáticos y la reducción de la contaminación. Además, contribuirá a paliar los efectos de las inundaciones y las sequías.

CONTENIDO DEL REAL DECRETO

El Real Decreto por el que se aprueba el Reglamento de Planificación Hidrológica está estructurado en cuatro títulos y cinco anexos.

El primer título explica el contenido de los planes. En lo que se refiere a los planes hidrológicos de cuenca hace referencia a los siguientes aspectos: su contenido obligatorio; descripción general de la Demarcación Hidrográfica; descripción general de los usos, presiones e incidencias; zonas protegidas; evaluación del estado de las aguas y redes de control; objetivos medioambientales; análisis económico del uso del agua; programas de medidas; contenidos obligatorios, y previsiones de los planes hidrológicos de cuenca. En cuanto al Plan Hidrológico Nacional, este título primero se refiere a sus contenidos que son fundamentalmente la coordinación de los planes hidrológicos de cuenca, las condiciones de las transferencias y las modificaciones en la planificación.

El título segundo trata de la elaboración y aprobación de los planes hidrológicos, tanto de los planes hidrológicos de cuenca como del Plan Hidrológico Nacional.

El título tercero habla de su seguimiento y revisión. Así, establece que el Ministerio de Medio Ambiente publicará cada cuatro años un informe de seguimiento sobre la aplicación de los planes hidrológicos de cuenca y del Plan Hidrológico Nacional, que será sometido a la consideración del Consejo Nacional del Agua. Además, según establece la Directiva Marco del Agua, los ciclos de planificación serán de seis años.

El título cuarto se refiere a los efectos de los planes hidrológicos y prevé que éstos sean públicos y vinculantes. Tras su aprobación, todos los trabajos de investigación, estudios, proyectos y obras previstos en el Plan pasan a ser declarados de utilidad pública.

Por último, el Real Decreto recoge cinco anexos en los que contemplan los siguientes aspectos: regiones ecológicas y descriptores para la clasificación en tipos de masas de agua superficial; factores obligatorios u optativos para la clasificación en los tipos de las masas de agua superficial; normativa comunitaria sobre protección de las aguas; listado de sustancias peligrosas, y definiciones normativas de las clasificaciones del estado ecológico.

El Gobierno regional ha decidido realizar un completo estudio hidrobiológico de la cuenca del río Cabriel a su paso por las provincias de Albacete y Cuenca, mediante el que se pretende tener un conocimiento completo de la evolución de la población piscícola.

Con esta finalidad se ha convocado un concurso público, con un presupuesto máximo de 90.000 euros, de los que 30.000 corresponden al año 2007, y el resto al 2008. La empresa que se encargue de este trabajo colocará una serie de puntos de muestreo, cada tres o cuatro kilómetros, a lo largo de todo el río, y estudiará la situación del cauce y de la población de peces en distintos momentos del año. Se harán campañas específicas antes y después de cada temporada de pesca.

Además del estudio de los peces, los encargados de este trabajo realizarán un estudio del río, su situación ambiental, actividad pesquera (tanto la legal como, en la medida de lo posible, la furtiva), y podrán hacer las sugerencias que a su juicio puedan contribuir a mejorar la gestión piscícola de este río. Los puntos de muestreo serán seleccionados según las características del río en cada punto; sin embargo, se establece que habrá al menos uno en cada coto, en cada zona vedada y en cada zona libre entre cotos de pesca.

Captura eléctrica

El estudio del cauce, además de su configuración topográfica, incluirá en cada punto el estudio sobre el caudal del río, las características del agua y de la vegetación, tanto de la propia del río como de sus riberas. La captura de peces se realizará mediante pesca eléctrica, que permite aturdir a los animales para su estudio y devolverlos más tarde al río.

Se tomarán además medidas para impedir que el uso de los equipos o las embarcaciones pueda extender la plaga del mejillón cebra por este cauce. En algunos casos está previsto el uso de equipos de buceo para realizar las tareas de este estudio.

Paralelamente, el estudio incluirá datos sobre la fauna de las zonas a estudio, así como de las actividades humanas (como tomas de agua o vertidos) que incluyen en la vida del río.

La apertura de las ofertas presentadas para realizar este trabajo está prevista para el próximo día 20 de julio, en la Consejería de Medio Ambiente.

Posteriormente, la Administración regional tiene previsto realizar este mismo tipo de estudios piscícolas en dos cuencas más de Castilla-La Mancha: las de los ríos Júcar y Tajuña.

La propuesta de reforma del sector del vino que la Comisión Europea presentó el 4 de julio incluye finalmente la eliminación, desde la entrada en vigor de las nuevas normas, de todos los mecanismos de gestión del mercado, como las diversas modalidades de destilación o las ayudas a los mostos. Se trata de una de las medidas que más afectarían a los viticultores españoles, y en particular a los de Castilla-La Mancha, si finalmente los ministros de Agricultura de la Unión Europea la aprueban.

El conjunto de mecanismos de gestión del mercado que se suprimirían de forma inmediata son, en concreto, los siguientes: destilación de crisis, apoyo a la destilación de subproductos, destilación de alcohol de boca, destilación de uvas de doble uso, ayuda al almacenamiento privado, restituciones a la exportación y ayuda al mosto para el aumento del grado alcohólico del vino. En conjunto, las medidas de eliminación de excedentes representan un gasto anual de unos 500 millones de euros para el presupuesto comunitario, según la Comisión Europea. En el caso de España, el montante procedente de Bruselas destinado a financiar las destilaciones alcanzó una media anual de 186 millones de euros durante el periodo 2001-2006. Si se consideran el conjunto de medidas, la media anual ronda los 250 millones de euros. Según responsables del Ministerio de Agricultura, la aprobación de esta medida supondría dejar en el mercado alrededor de 12 millones de hectolitros de vino, que no tendrían salida.

POTENCIAL DE PRODUCCIÓN. Otras medidas destacables de la propuesta de la Comisión del miércoles son las relativas al potencial de producción. Por un lado, busca favorecer la salida del sector de los agricultores menos eficientes mediante un programa de ayudas por arranque de viñedo, cuyo objetivo es el abandono de 200.000 hectáreas a nivel comunitario durante un período de cinco años. Los productores que voluntariamente deseen acogerse a este régimen de arranque recibirán una prima por hectárea de viñedo abandonado, cuyo importe se calculará en función de los rendimientos. Para incentivar su utilización desde la entrada en vigor de la reforma, ese importe será más elevado al principio e irá disminuyendo progresivamente. Según la Comisión Europea, la prima media será el primer año de 7.174 euros por hectárea y el último de 2.939 euros. Para una explotación con un rendimiento de entre 30 y 40 hectolitros por hectárea, la prima será de unos 5.600 euros por hectárea el primer año, según fuentes de la Comisión.

Por otro lado, ésta propone mantener hasta el 31 de diciembre de 2013 el actual sistema de derechos de plantación. A partir de 2014 se liberalizarían las plantaciones. Las organizaciones agrarias consideran una incoherencia que una vez completado el programa de arranque se abra la posibilidad de plantar viñedo sin ningún tipo de restricción.

En cuanto al fenómeno de las plantaciones irregulares e ilegales, la Comisión propone que se dé una última posibilidad de regularización durante un corto período de tiempo. Después, será obligatorio arrancarlas. Una parte del presupuesto comunitario destinado al sector del vino se asignará a los países productores para hacer frente a sus necesidades específicas y para financiar las medidas que consideren adecuadas dentro de un menú dado. El presupuesto global oscilará entre 623 millones de euros en 2009 y 830 millones de euros a partir de 2015. El sobre asignado a cada país productor en este nuevo borrador de reforma de la OCM vitivinícola se calculará en función de la superficie de viñedo, la producción y el gasto histórico. Las medidas que podrán financiar los Estados miembros en esta propuesta con su dotación nacional pasan por una posible reestructuración y reconversión del viñedo, un apoyo a la comercialización y promoción de los vinos en países terceros, nuevas medidas más eficaces para la gestión de crisis (seguro contra posibles catástrofes y gastos administrativos derivados de la creación de fondos de mutualidades) y apoyo a la vendimia en verde.

PAGO ÚNICO. Las superficies arrancadas tendrán automáticamente derecho al pago único por explotación, con lo que se garantizará su mantenimiento en buenas condiciones agrarias y medioambientales. La ayuda que se pagará a esa superficie será equivalente al pago desacoplado medio de la región y no superará los 350 euros por hectárea. Además, todas las superficies cultivadas de vid podrán optar a los derechos de obtención del pago único por explotación. La Comisión considera que muchas de las medidas del Reglamento de desarrollo rural podrían ser interesantes para el sector vitivinícola. Entre ellas señala la instalación de jóvenes agricultores, la mejora de la comercialización, la formación profesional, el apoyo a las organizaciones de productores, el apoyo para hacer frente a los gastos adicionales generados por el mantenimiento de los paisajes culturales y la renta perdida y la jubilación anticipada.