Conseguir que los residuos que producen las depuradoras de aguas residuales de las ciudades y pueblos de la Comunidad tengan alguna utilidad en el terreno agrícola e incluso energético. Ese es el objetivo que persigue el Plan de Lodos de Castilla-La Mancha que se aprobó el pasado mes de abril y que estará en vigor hasta el año 2013.

Con el objetivo de homogeneizar y regular la utilización de los lodos en la Comunidad se ha desarrollado el plan «que es muy ambicioso», aclaró el jefe de Servicio de Planificación y Gestión Ambiental de la delegación de Medio Ambiente en Albacete, Francisco José Fuentes.

El plan persigue la valoración de los lodos y para ello, el Gobierno regional prevé la construcción de centros de tratamientos en los que se gestionarán todos los lodos que se hayan generado en las depuradoras de la provincia. Aunque en teoría los lodos que actualmente salen de las depuradoras de aguas residuales de Castilla-La Mancha deben estar tratados, el objetivo es centralizar toda la gestión de los lodos en estos centros de tratamiento para comprobar que es así y distribuirlos para su utilización agrícola o energética.

Se busca así reducir el impacto ambiental y sobre la salud que puedan tener los residuos que se obtienen de la depuración de aguas residuales en Castilla-La Mancha. Por ello se potenciará la reducción de su producción, reutilizando y reciclando al máximo, evitando que los residuos acaben en el vertedero.

El plan definirá por completo el modelo de gestión de lodos en las estaciones depuradoras de aguas residuales de Castilla-La Mancha estableciendo las competencias que corresponden a cada uno y las obligaciones que tendrán los productores y gestores. Su puesta en marcha conllevará también la creación del Registro de Productores de EDAR (Estación Depuradora de Aguas Residuales), que dependerá de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural.

Alta calidad de nutrientes

Con todo ello se potenciará que las depuradoras produzcan un compost de alta calidad en nutrientes que se pueda utilizar como abono en el campo.

Con las depuradoras que hay actualmente en marcha en la Región se producen en torno a 43.000 toneladas de lodo anuales de las que casi 6.400 provienen de la depuración de aguas en la provincia de Albacete.

El plan prevé que para el horizonte 2012 se alcancen las 60.000 toneladas de lodos anuales, teniendo en cuenta que para entonces estarán operativas el 85% de las depuradoras. Y ello pese a que se estima que en la primera fase del plan (que se extenderá hasta el 2009) se reducirá su producción un 10%, y hasta el 2012 será un 20% el descenso previsto.

El plan reconoce que la Región puede ser un buen yacimiento para la implantación y crecimiento de empresas gestoras de lodos ya que las empresas que gestionan las depuradoras están cada vez más especializadas en la línea del agua, aunque reconoce que hay pocas infraestructuras para la utilización de lodos y el escaso interés por parte de los agricultores.

Tres categorías

El plan establece tres categorías de lodos los aptos, los aptos con condiciones y los que no son aptos. Los primeros serán aquellos cuya concentración de metales pesados están por debajo de los límites legales por lo que no necesitarán ningún tratamiento al margen de la mezcla o compostajes y se podrán aplicar directamente al suelo. Los lodos que serán aptos pero con condiciones son aquellos que tienen las concentraciones de metales en el límite por lo que requerirán de un tratamiento de compostaje, secado o biometanización tras el cual se podrán aplicar en el suelo.

Los lodos no aptos serán aquellos que superen los límites por lo que tendrán que someterse a un proceso de biometanización, secado y acondicionamiento y en el último caso la incineración. Su destino será por tanto la ecocerámica o un vertedero.

¿Qué se hará con los lodos que finalmente sean aptos con tratamiento o sin él? El plan establece que el 75% de los lodos (compostados o estabilizados) tengan una utilización agraria o forestal, mientras que menos de un 20% está previsto que se destine a la utilización energética y que sólo el 5% se destine a vertederos tras no poder recuperarlos.

Los lodos que se puedan aplicar directamente al suelo se podrán utilizar como abono tanto en terrenos agrícolas como en la reforestación o recuperación de tierras degradadas, en los parques y jardines de las zonas urbanas y también en los campos de golf y en las grandes urbanizaciones.

Además, el lodo que no se puede depositar directamente sobre el suelo tiene otros usos como los de generación de energía eléctrica a través de la biometanización, proceso tras el cual el lodo se puede utilizar para la agricultura. Con el secado y la cogeneración ocurre algo similar ya que además de generar energía eléctrica posteriormente se puede utilizar como abono.

También se puede utilizar en la fabricación de productos cerámicos o incinerar también para su uso como mortero en el sector de la construcción.

El lodo restante, que se estima en menos de un 5%, se tendrá que depositar en los vertederos autorizados. Para poder llevar a cabo todo este plan la Junta ha establecido la construcción de los denominados Centros de Recogida y Almacenamiento Intermedio con Compostaje (CRAI-C), diez en toda la Comunidad y que supondrán una inversión que supere los diez millones de euros. En la provincia de Albacete, se ha previsto la construcción de dos centros, uno de ellos en la capital que dará servicio a la zona centro y sur de la provincia y otro en Villarrobledo que atenderá la demanda de la zona norte de la provincia y del sur de Cuenca. El objetivo de estos centros será que todos los lodos que salen tanto para uso agrícola o energético tengan las mismas características, tal y como explicó Fuentes.

Según consta en el propio plan, el centro de Albacete supondrá una inversión superior a un millón de euros, tendrá un coste de explotación anual de 435.000 euros y podrá gestionar 7.500 toneladas de lodo al año.

Mientras, el de Villarrobledo costará 870.000 euros podrá gestionar 6.000 toneladas de lodos al año y tendrá un coste de explotación anual de 348.000 euros.

La capacidad de gestión de lodos, cuando estén en marcha los diez centros, en la Comunidad superará las 66.000 toneladas y tendrá un coste anual de explotación cercano a los 4 millones de euros.

En manos privadas

Eso sí, aunque de promoción pública, la Junta pretende dejar en manos de empresas privadas la gestión de los lodos de la Comunidad a través de estos centros, ya que estima que el 90% de la financiación del plan llegará de manos privadas y sólo el 10% lo aportará la administración. En cuanto a las instalaciones de deshidratación, secado y biometanización afirma que se determinará en función de las necesidades que se identifiquen.

El plan persigue también que se fomenten los convenios con las entidades que gestionen los centros de tratamiento de residuos sólidos urbanos para el suministro de materia orgánica que permita compostar en los CRAI. Igualmente establece que se promocionen los sistemas para minimizar y valorizar los lodos generados en las urbanizaciones mediante el impulso de tratamiento por parte de gestores autorizados.

Además, apuesta por fomentar la investigación hacia la creación de nuevos mercados para los productos que se obtengan de todo el proceso que se desarrolle.

El vicepresidente primero y portavoz de la Junta de Castilla-La Mancha, Fernando Lamata, aseguró ayer que la elaboración del Plan Especial del Alto Guadiana (PEAG) avanza «en la buena dirección» y recalcó que el Gobierno regional ha apoyado al Gobierno de España y a la Confederación Hidrográfica del Guadiana.

Lamata indicó que el PEAG ha conseguido incorporar nuevos puntos de vista favorables a los intereses de Castilla-La Mancha, informó la Junta en una nota de prensa.

Acerca de la aprobación del PEAG en el Consejo del Agua de la cuenca del Guadiana, Lamata dijo que si bien anteriores proyectos se basaban únicamente en un plan de ahorro de agua, ahora se ha apostado por un plan integral que incluye medidas de recuperación ambiental y también para el desarrollo socio económico de la cuenca alta del Guadiana.

Del mismo modo, Lamata señaló que se ha pasado mucho tiempo hablando de la necesidad de grandes infraestructuras de abastecimiento como la tubería que conducirá agua a la Llanura Manchega, y dijo que ha sido el Gobierno regional el que ha conseguido que por fin hayan comenzado esas obras.

El vicepresidente primero y portavoz del Gobierno de Castilla La-Mancha, Fernando Lamata, que mostró ayer el rechazo «con rotundidad» a la nueva petición realizada por los regantes de Murcia de un trasvase de socorro de la cabecera del Tajo, insistió en pedir al Gobierno central que actúe «con la prudencia y el rigor exigible» para garantizar el abastecimiento de agua a la población, «lo más importante».

Así lo indicó en la rueda de prensa para dar cuenta de los acuerdos del primer Consejo del nuevo Gobierno, donde Lamata resaltó que lo esencial es garantizar que «quien necesite agua para beber, la tenga» en los próximos meses porque «no se ha superado la situación de sequía».

Por eso, Fernando Lamata recalcó que el Levante «tiene que mirar hacia otro lado» y buscar su futuro en el desarrollo de sus infraestructuras, mirando «al mar, que lo tiene al lado», y «no cuesta nada» desalar los 25 hectómetros cúbicos que pide el Sindicato Central de Regantes (SCRATS) «y tenerlo a disposición, llueva o no llueva».

Imponer la razón

Señaló el vicepresidente primero del Gobierno regional que harían mejor entendiendo «de una vez» que el futuro no pasa por continuar con el trasvase Tajo-Segura sino por exigir que se acelere la construcción de las desaladoras y en este sentido, antes o después, continuó diciendo, «se impondrá la razón». En este sentido, Fernando Lamata pidió por tanto «cautela y prudencia» porque está el verano por delante y «no suele llover» y además, se consume más agua. No hay «razón», recalcó, para el riego de socorro salvo para situaciones excepcionales y no para que «se produzcan lechugas o tomates».

Los embalses de cabecera de Entrepeñas y Buendía mantienen un volumen embalsado de 461 hectómetros cúbicos, unos «200 menos de la media que venían recogiendo» por lo que, a juicio del portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha «seguimos estando en situación crítica».

Murcia insiste

Mientras en Castilla-La Mancha cierran filas en defensa del agua del Tajo, en Murcia, desde el Gobierno regional, insisten en seguir reivindicando el trasvase. El consejero de Agricultura y Agua, Antonio Cerdá, animó ayer a los regantes murcianos a reivindicar «lo justo», y exigió una «solución definitiva» a los problemas de agua de la Región, después de conocer la decisión adoptada el martes por los regantes murcianos de mantener la convocatoria de concentración de protesta ante el Ministerio de Medio Ambiente. Cerdá exigió también «mayor contundencia y claridad» al Ejecutivo central para defender «una infraestructura vital para la supervivencia de la agricultura, más allá de las buenas intenciones que se puedan manifestar en una carta», en referencia al trasvase Tajo-Segura y la última misiva remitida al Sindicato Central de Regantes del Acueducto sobre este asunto desde Moncloa.

También pidió al Gobierno socialista de Castilla-La Mancha que «abandone la mentira, el engaño y la manipulación», porque dijo, «por ese camino no garantizan el abastecimiento de agua en su Región».

Cerdá aseguró que el Ejecutivo murciano «siempre actuará con lealtad con el Gobierno de España para defender los intereses de los agricultores, y para garantizar la continuidad de una infraestructura vital para la economía murciana», y subrayó: «no abandonaremos la reivindicación de lo justo, que no es otra, que el derecho que tenemos como murcianos y españoles a disponer de agua que otros no necesitan».

Tienen más agua

Asimismo, Cerdá remarcó que «los embalses de cabecera tienen más agua que el año pasado», y pidió al Gobierno central que «en función de su responsabilidad atienda la petición de un riego de socorro para culminar el año hidrológico demostrando que acueducto Tajo-Segura existe».

Actualmente los embalses del Tajo almacenan 7.199 hectómetros cúbicos, 1.542 más que el año pasado, y en concreto los embalses de Entrepeñas y Buendía acumulan 461 hectómetros cúbicos de agua, 221 más por encima de la línea roja permitida para poder trasvasar, «luego hay excedentes», insistió el consejero.

Cerdá recordó que «más de 100.000 familias dependen de los aportes de agua procedentes del Tajo-Segura», y remarcó que estos recursos hídricos son «vitales e imprescindibles» para el sector agrícola murciano, cuyos beneficios «repercuten notablemente en el PIB nacional».

El presidente de la Junta Central de Usuarios del Vinalopó-l’Alacantí, Andrés Martínez, manifestó ayer que en las comarcas del sur de Alicante son «conocedores del grave problema de la falta de agua» y que la solución «definitiva» para esta carencia de recursos hídricos es el trasvase del Ebro a la Comunitat Valenciana. «Quien no pueda verlo es porque es ignorante o está ciego», agregó Martínez.
Andrés Martínez, que hizo estas declaraciones durante su intervención en el congreso sobre «Insuficiencias hídricas y trasvases en la región mediterránea» que se desarrolla en la Universidad Jaime I convocado por la Fundación Agua y Progreso.
Por otro lado, el catedrático de Análisis Geográfico de la Universidad de Alicante, Antonio Rico, indicó en relación al trasvase Júcar-Vinalopó que «el cambio de toma no está justificado». En este sentido, explicó que desde el Azud de la Marquesa, «el recorrido es mucho mayor que desde la toma en Cortes de Pallás y, en consecuencia, también es mayor el coste de bombeo y el consumo energético». El coste total del trasvase, dijo, «es de 500 millones de euros desde la Marquesa, frente a los 240 millones de la toma en Cortes».
Por su parte, el catedrático de Análisis Geográfico de la Universidad de Alicante Jorge Olcina destacó que la sociedad valenciana es «líder» en la depuración y reutilización de aguas residuales.

El Consejo del Agua de la Cuenca del Guadiana, reunido ayer en Ciudad Real, dio el visto bueno al borrador del Plan Especial del Alto Guadiana, un documento que contó con los votos a favor de 28 miembros del Consejo, con 12 abstenciones y con un «no», el de los grupos ecologistas.

El borrador del plan fue presentado a los distintos agentes sociales a principios de octubre y sometido a la consideración del Consejo el pasado 26 de junio, cuando se acordó el aplazamiento de la votación debido a «la complejidad y extensión del documento y a la vista de las peticiones formuladas por diversos miembros», según recoge una nota de prensa remitida por la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG).

Así pues, el borrador será remitido al Ministerio de Medio Ambiente, ya que debe ser aprobado en próximas fechas por el Consejo Nacional del Agua para su posterior sometimiento al Consejo de Ministros, donde se debe ratificar el resultado favorable que ayer emitió la Cuenca del Guadiana y el que se espera también del Consejo Nacional, de manera que sea aprobado en forma de Real Decreto.

En la reunión celebrada ayer en la capital se trató un único punto: someter a conformidad el PEAG, un trámite que, según la CHG fue «aprobado por amplia mayoría» y que supone una muestra de «la participación y la corresponsabilidad de las administraciones territoriales y los agentes sociales». De igual forma, la institución de la Cuenca destacó el respaldo recibido por parte de la Administración General del Estado, de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, de las organizaciones profesionales presentes en el encuentro y «de las principales comunidades de regantes».

No obstante, el plan contó con el voto en contra de los grupos ecologistas, en concreto, de Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO-BirdLife y WWF/Adena. El resultado de este «no» se encuentra en el hecho de que los 200 hectómetros cúbicos que se establece el PEAG para regadío no permiten, según estos grupos, el cumplimiento de la Directiva Marco del Agua, de manera que la recuperación de los acuífero se podría retrasar de forma considerable, hasta 2040, tal y como indicó después de la reunión el responsable de Ecologistas en Acción de Castilla-La Mancha, José Manuel Hernández.

Otra de las razones por las que los ecologistas emitieron un voto desfavorable es el hecho de que considera que no existe el consenso social necesario para pasar por alto la Directiva Marco del Agua.

De igual forma, consideran que el plan «ha evitado fijar criterios e indicadores objetivos que permitan evaluar el proceso de recuperación de los acuíferos y no ha reflejado tampoco mecanismos de reversión de los cuantiosos fondos con los que se pretende subvencionar a los regantes en el caso de que no cumplan las medidas de reducción de consumo de agua», tal y como indican en un comunicado de prensa.

Asimismo, los ecologistas consideran que «aún peor sigue la impunidad ante el uso ilegal del agua» y se refirieron a los seis pozos ilegales cerrados en el último año por la Cuenca frente a la existencia de los más de 60.000 que existen en esta zona de La Mancha.

De este modo, el representante de Ecologistas en Acción comentó la posibilidad de recurrir a Europa el incumplimiento de la Directiva Marco del Agua, aunque señaló la necesidad del trámite previo del Consejo Nacional del Agua. Por último, afirmó que la alternativa del plan es cumplir la ley vigente.

Una nueva polémica está servida. Comunidades de regantes dependientes del trasvase Tajo-Segura han denunciado que el Ministerio de Medio Ambiente está anulando concesiones de agua «en amplias superficies» de la cuenca porque no han sido regadas en los tres últimos años. Juan Sánchez, presidente de la Comunidad de Regantes de la zona V, que comprende los municipios de Las Torres de Cotillas, Ceutí, Lorquí y parte de Archena, ha planteado su queja ante el comité de crisis de la sequía y la junta de gobierno del sindicato central para impedir que la confederación hidrográfica del Segura siga adelante con sus planes.

Todo parte de una disposición de la Ley de Aguas de hace 27 años que antes no se aplicaba, según los regantes. Algunos de ellos creen ver un intento de reducir el déficit real de la cuenca del Segura aprovechando la revisión del plan de cuenca. Según el comisario de Aguas, Manuel Aldeguer, se están limitando a cumplir la ley de Aguas mediante el llamado «programa Alberca», que trata de detectar las superficies que realmente se riegan y anular las concesiones de agua de terrenos que llevan «muchos años» sin cultivar.

Más de 400 hectáreas

Las hectáreas que se han quedado sin concesiones por este motivo pueden superar las 400, según fuentes del Sindicato Central de Regantes. Su pesidente, Francisco del Amor, confirmó ayer la denuncia planteada el pasado lunes por los regantes de esta zona, y anunció que piensa solicitar una reunión con el comisario de Aguas, Manuel Aldeguer, «para pedir aclaraciones».

Los regantes no están de acuerdo con la interpretación que se hace de la Ley de Aguas de 1985, en la que se basa la Confederación para declarar la caducidad de las concesiones. El secretario general del sindicato, José Manuel Claver, pide que se arroje luz sobre este punto de la ley. Considera que las tierras regables incluidas dentro de una comunidad de regantes no se pueden declarar no regables. «Una cosa es la concesión y otra distinta una zona regable perfectamente delimitada. Si esta última hubiera estado tres años sin regar, por diversas circunstancias que todos conocemos, no se puede quedar fuera por este motivo».

Según el sindicato, técnicos de la Confederación Hidrográfica del Segura y de empresas auxiliares están inspeccionando diversas zonas y abriendo expedientes que pueden terminar con la pérdida de la concesión de agua.

Derechos «confiscados»

El presidente de la Comunidad de Regantes de la zona V, Juan Sánchez Sánchez, apunta que la supresión de concesiones de agua se está aplicando en zonas de riego incluidas dentro de los perímetros aprobados previamente por la propia Confederación Hidrográfica del Segura. Cree que se ha actuado bajo el amparo de un artículo de la Ley de Aguas de 1985 que nadie había aplicado hasta ahora «por ser injusto». «En la práctica significa que quienes han tenido que dejar de regar parte de sus tierras por falta de agua, y han destinado el caudal que les correspondía a otra parte de sus parcelas, pierden sus derechos de riego sobre las zonas que no han podido regar», señala.

Sánchez cree que la Administración central es la responsable del abandono involuntario de tierras por no aportar el agua necesaria. «Si poco a poco se reducen los regadíos, nuestra región será un desierto. Le habrá servido al Gobierno como excusa para reducir el déficit real que existe».

«El déficit hídrico valenciano supone un grave problema para los próximos años. Así se explicaba ayer el director del curso « Insuficiencias hídricas y trasvases en la región mediterránea» , José Quereda, quien añadió además que « con la incorporación del incremento de los consumos de agua y de la exigible recuperación de los acuíferos, la situación se tornará más deficitaria, e incluso podría ser dramática ante la hipótesis de un cambio climático, que conllevará una reducción de los recursos hídricos, tanto por la disminución de las precipitaciones como por el aumento de las evapotranspiraciones».

Para Quereda, responsable de un curso que se celebra esta semana en el edificio del Centro de Posgrado y Consejo Social de la Universitat Jaume I, «s i ya es grave el problema, es más si lo contemplamos con la perspectiva de una posible reducción de recursos hídricos que podría ser bastante importante» , agregando que «no sólo estamos hablando de que llovería menos, sino de que esa lluvia ya escasa vendría dilapidada por una evaporación creciente basada en el aumento de las temperaturas» .
El director explicó que estos cambios conllevan un incremento de las temperaturas que en la Península Ibérica y especialmente en la Comunitat Valenciana se hallarían sensiblemente afectadas con un calentamiento general de la zona entre 1,5 ºC y 2 ºC como el previsto en la mayor parte de los modelos para el año 2050. En síntesis, en toda la región mediterránea durante el siglo XXI se podría asistir a una sensible readaptación de su escenario biogeográfico.

Trasvases de agua intercuencas

El también director del Laboratorio de Clima de la Jaume I destacó que «la hipótesis del cambio climático hace necesarios los trasvases de agua intercuencas, como el derogado trasvase del Ebro» y advirtió de las «peligrosas» consecuencias que provocará este fenómeno en la región mediterránea, según informaron en un comunicado fuentes de la Fundación Agua y Progreso. El catedrático recordó que la región mediterránea es «la más vulnerable de Europa ante un posible cambio climático» . Explicó que esto produciría una notable reducción de los recursos hídricos en la Comunitat Valenciana y Murcia, «lo que agravaría la escasez actual de los mismos en estas regiones».

El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, aseguró que “pronto” se multiplicará por seis la capacidad de desalinización existente en el año 2004, después de que se hayan puesto en servicio seis desalinizadoras, se estén construyendo otras once y haya nueve en proyecto.

En su discurso en el debate sobre el estado de la Nación, Zapatero subrayó que su Gobierno ha “redefinido” la política del agua para hacerla “más ambiciosa, más sostenible y viable”, porque “si importa para hoy la disponibilidad de recursos suficientes y a un precio asequible, importa tanto o más cambiar la conciencia y la orientación”.

Destacó la preocupación por garantizar el mejor suministro “aun en las condiciones de una fuerte sequía”, que ha inspirado una política de agua basada en el equilibrio territorial, el ahorro y la búsqueda de nuevas fuentes de suministro.

Recordó los 5.500 millones de euros destinados al programa AGUA, a los que se añaden otros 1.200 millones de financiación europea, así como los más de 650 millones invertidos en actuaciones urgentes para hacer frente a la sequía.

Críticas del PP murciano
Además, el Plan Nacional de Calidad de las Aguas 2007-2015, recientemente aprobado, supondrá inversiones por 19.000 millones a cargo de todas las Administraciones públicas.

Desde el Partido Popular, el diputado nacional por Murcia, Alberto Garre respondió a Zapatero que todo lo que el presidente del Gobierno “ha previsto para resolver el problema de la falta de agua en España ya se practica en la Región de Murcia desde hace años”.

El diputado del PP criticó que Zapatero “ha dedicado menos de un minuto en su discurso al asunto que más preocupa a los murcianos, el agua”.

Por su parte, el portavoz de ERC en el Congreso se mostró, durante su intervención en el pleno, orgulloso de que su grupo ayudara a la derogación del trasvase del Ebro, pues ellos no creen en el ‘Agua para todos’ si no en el “agua para siempre”.

El Comité de Crisis y la Junta de Gobierno del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats) acordó hoy el envío de una carta a la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, en la que se solicita un «riego de necesidad de 20 ó 25 hm3 dadas las condiciones extremas en las que se encuentra la cuenca del Segura». Además acordaron enviar una carta al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, para pedir aclaración sobre la caducidad del trasvase que establece el Estatuto de Castilla-La Mancha.

Así lo expresó el presidente del sindicato, Francisco del Amor, quien adelantó que «a falta de confirmación oficial, la anunciada reunión con la vicepresidencia, María Teresa Fernández de la Vega, será el día 10, a las 17.00 horas, en la Moncloa».

En lo que respecta a ese riego de socorro, Del Amor consideró que «no pedimos una exageración, sino algo asequible totalmente y que se nos pueda dar».

Sobre la reunión, Del Amor precisó que «me llamaron y me dijeron que ese día se celebraría en la Moncloa y que me mandarían los papeles oficiales», a lo que añadió que «si mañana no los recibimos, llamaré solicitando confirmación oficial», aunque todo «parece ser que sí» habrá un encuentro en el que, por el momento, se desconoce si asistirán las ministras de Agricultura y Medio Ambiente, Elena Espinosa y Cristina Narbona, respectivamente.

Lo tienen claro

Del Amor, quien compareció en rueda de prensa tras reunirse esta mañana el Comité de Crisis, explicó que los puntos que se acordaron para exponerle a De la Vega «son muy claros», y consisten en el Estatuto de Castilla-La Mancha, la redotación de la cuenca del Segura, las concesiones del trasvase Tajo-Segura y la devolución de los 45 hm3 del Taibilla, de los que «se pedirán calendarios prefijados».

Otro de los acuerdos a los que se llegó es el envío de una carta al jefe de gabinete del presidente del Gobierno central, José Luis Rodríguez Zapatero, «para pedir una aclaración a la carta en la que se nos decía que no estuviéramos inquietos y que si el Estatuto de Castilla-La Mancha era inconstitucional, no se llevaría a cabo».

El motivo de esta carta, que también irá dirigida a De la Vega, es trasladar «la necesidad de que nos aclare la caducidad de los 15 años que fija el Estatuto castellano-manchego», ya que existe «una inquietud en ese tema, porque lo que demandamos es conocer la postura concreta del Gobierno de España con respecto a la continuidad del trasvase Tajo-Segura».

Protesta en Madrid

Sobre la concentración que tienen previsto celebrar el próximo 24 de julio en Madrid, a las puertas del Ministerio de Medio Ambiente, advirtió que «se mantiene», al tiempo que adelantó que «esta tarde se solicitará a la Delegación de Gobierno de Madrid» su permiso, «con el horario de 11.00 a 14.00 horas». «En caso de que las respuestas de De la Vega no sean las que estamos pidiendo y las adecuadas a este tema, a partir del día 10 tendremos juntas de gobierno y reuniones del Comité de Crisis», apostilló.

Por último, puso de manifiesto que ya se han recabado 40.000 firmas en contra del Estatuto de Castilla-La Mancha «sólo en Murcia», aunque mostró su pretensión de «seguir prorrogando el tema, ya que hemos visto que el Estatuto parece ser que se retrasará a septiembre o posterior».

La empresa Aquadeus, perteneciente al Grupo Fuertes, ha respondido a las críticas de Ecologistas en Acción y a la denuncia de la Asociación de Amigos del Arquillo. «La empresa siempre ha velado por el mantenimiento del caudal del río Arquillo, para lo que se han instalado dos estaciones de control mediante limnígrafos del tipo Parshall y de los que se dispone de lectura diaria, estando estos datos a disposición de la Administración», expresan a La Tribuna de Albacete.

Asimismo, indican que el aprovechamiento realizado por Aquadeus «no está en ningún caso perjudicando al río Arquillo ya que su caudal actual está muy por encima, en concreto, tres veces más del mínimo acordado con la Confederación Hidrológica del Júcar».

«La empresa ha sido también pionera dentro del sector de aguas en la obtención de dos de las certificaciones más exigentes a nivel internacional, en gestión medioambiental, ISO 14001 así como la ISO 9001 en Calidad Total, que garantiza la trazabilidad en el proceso productivo de la compañía».

La consecución de estas certificaciones concedidas por SGS y controladas por la empresa nacional ENAC ratifican su «firme apuesta por llevar a cabo una actividad productiva respetuosa con el medio ambiente y ofrecer a los consumidores un aseguramiento total de sus productos», explican.

En la actualidad, existe un sondeo, del que se extrae el agua destinada a ser embotellada, que se encuentra autorizado desde hace más de ocho años. De igual modo, y con la finalidad de asegurar el suministro de agua a la planta de embotellado, «Aquadeus solicitó en su momento al departamento de Minas de la Consejería de Industria y Tecnología de la Junta de Comunidades, un sondeo alternativo al que ya tenía autorizado, lo que fue concedido tras la correspondiente tramitación administrativa. En todo caso, ambos sondeos disponen de un perímetro de protección dentro del cual queda prohibida cualquier actuación que pueda alterar las características ambientales del entorno».

En consecuencia, «Aquadeus siempre ha cumplido con la legislación vigente en todas sus actuaciones y ha velado en pro de la preservación del entorno en el que desarrolla sus actividades por lo que desmiente categóricamente cualquier acusación en falso que se le pueda hacer en otro sentido».