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La gestión avanza en la eficiencia del uso del agua, mientras Murcia retrocede

La Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha ha avanzado en los últimos años en la eficiencia del uso del agua, mientras que Murcia ha perdido posiciones «claramente», ganando cuotas de «ineficiencia», y la Comunidad Valenciana se ha mantenido estable, según los primeros datos provisionales obtenidos del proyecto «Eficiencia y rentabilidad en el uso económico del agua: comparativa entre las regiones de Murcia, Valencia y Castilla-La Mancha».
En declaraciones a Europa Press, el doctor Europeo en Economía y profesor Titular de Economía, Sociología y Política Agraria de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), a su vez investigador principal del proyecto, Juan Sebastián Castillo Valero, quiso dejar claro que estos primeros datos son sólo un avance del estudio que comenzó en mayo de 2006 pero que finalizará el 31 de diciembre de 2007, aunque con seguridad será prorrorogado.
Manifestó que el hecho de que la Comunidad castellano-manchega haya contenido «mucho» la utilización cuantitativa del recurso es debido a que los acuíferos cada vez han estado «más bajos» con lo que ha costado más extraer el agua. La región ha sufrido en los últimos diez años una importante bajada del nivel de los acuíferos, lo que ha contenido «bastante» la utilización unitaria del recurso.
El estudio, en el que participan ocho investigadores, está financiado por el Gobierno de Castilla-La Mancha a través de una convocatoria pública y será evaluado por la Agencia Nacional de Evaluación. El proyecto se crea tras el debate surgido en muchos organismos respecto a la demanda de incorporar el verdadero coste del agua en la agricultura para que haya un ahorro «efectivo».
Al hilo de este debate, este grupo de investigadores decidió comenzar analizar si todo este tipo de debates tenía alguna viabilidad. Así, a través de una serie de variables o factores intentan averiguar cómo han evolucionado los datos macroeconómicos de la agricultura en cada una de las tres regiones y relacionándolo con la utilización del agua.
El objetivo es saber cuál es la situación de la agricultura en las tres regiones. Para ello se base en tres factores: eficiencia de agua mediante requerimientos medios del recurso por hectárea, requerimientos de trabajo por unidad de agua (es decir por cada 1.000 metros cúbicos utilizados cuántos puestos de trabajo se crean), y la productividad de unidad de trabajo y coeficiente de proceso técnico.
Los primeros datos indican que Castilla-La Mancha presenta unos ratios intermedios en la utilización de la función social, pero sin embargo «ha mejorado sustancialmente» en términos de generación de empleo por hectárea puesto que se ha ido a un sector que utiliza más manos de obra: el viñedo. Este hecho posee un riesgo «importante» ya que dicho sector lleva años con precios bajos y la comercialización se ha resentido mucho, afirmó Juan Sebastián Castillo Valero.
En cuanto a los aspectos productivos y comerciales, es donde mayor «deficiencia» presentan las tres regiones. En el caso de Castilla-La Mancha se debe a que gran parte del regadío se ha vinculado al viñedo –sector que está en crisis de precios–, Valencia porque ha sufrido problemas con los cítricos y Murcia porque no ha tenido una salida «clara» para su producción hortícola.
El doctor Europeo en Economía y profesor Titular de Economía, Sociología y Política Agraria afirmó que Castilla-La Mancha posee una agricultura «menos» intensiva que Murcia y Valencia, pero sin embargo presenta ratios de creación de empleo por metro cúbico utilizado de agua similares a Murcia y por debajo de la Comunidad Valenciana, que es la que presenta los mejores ratios.
Murcia presenta una mejora en rendimientos «importante» pero lo hace con uso «ineficiente» del agua, mientras que Valencia mantiene unos ratios muy elevados en la función de utilidad social, generando por hectárea más empleo que ninguna de las otras regiones, pero sin embargo se ha quedado «muy atrás» en el índice de balance técnico ya que «no ha alterado sus coeficientes de eficiencia en el uso del agua y no ha mejorado sus datos de comercialización».
Estos primeros datos corresponderían a la primera fase del proyecto. Una vez contrastados, se podrá observar cómo evolucionaría la situación futura de la agricultura si se incorpora el coste efectivo del agua como coste para la agricultura y la viabilidad que tiene en cada una de las regiones el aumento de los costes del agua.

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Zapatero defiende algo que a barreda no le hace ninguna gracia

El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha asegurado que se frenará el Estatuto de Castilla-La Mancha si no respeta la Constitución respecto al futuro del trasvase Tajo-Segura. Y lo ha hecho por carta.

La carta refleja lo más a lo que puede comprometerse el Gobierno central en este debate territorial. En declaraciones que recoge el diario La Verdad, el presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura, Francisco del Amor, explicó este fin de semana que la comunicación que ha recibido del gabinete de la Presidencia del Gobierno contesta a la petición que le hicieron al presidente el pasado 4 de marzo, con motivo de la visita de Rodríguez Zapatero a Lorca.

Que no estén preocupados

«Nos ha comunicado que no estemos preocupados; que si el Estatuto de Castilla-La Mancha no es constitucional, no irá hacia adelante», precisó del Amor. El Estatuto de Castilla-La Mancha, consensuado por el PSOE y PP, propone la caducidad del acueducto Tajo-Segura en el año 2015. El presidente les recuerda en la misma carta que el Ministerio de Medio Ambiente está desarrollando el programa Agua para tratar de resolver el déficit en las cuencas mediterráneas.

Éste es un pronunciamiento más del Ejecutivo de la nación hacia el trasvase Tajo-Segura; una infraestructura que trata de optimizar, según palabras de la ministra Cristina Narbona. La carta tiene ahora una importancia añadida, ya que llega a pocos días de celebrarse el debate sobre el estado de la nación, y en mitad de la campaña de recogida de firmas de los regantes murcianos a favor del mantenimiento del acueducto.

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Entrevista a Francisco del Amor

El presidente del Sindicato Central de Regantes dice que «es inviable que el campo dependa de decisiones mensuales o trimestrales»

 
“Nosotros convocamos las manifestaciones y los partidos se apuntan o no”
“Dicen que hay un segundo‘Programa Agua’: que lo destapen”

Si no se hubiera enviado agua del Tajo a las Tablas de Daimiel, ¿habría venido a Murcia?

Esa posibilidad existía. Otras veces que no se podía enviar agua a las Tablas, porque el río en el que llega estaba seco, nos hemos aprovechado de esos diez hectómetros cúbicos que iban quedando. Somos solidarios con las Tablas, pero es que se han recuperado: estaban en 15 hectáreas y, con las últimas lluvias, han pasado a 80. Además sabemos que allí hay una cantidad de pozos ilegales de los que se hacen extracciones. Somos solidarios, pero el trasvase Tajo-Segura tiene sus leyes desde el año 71, y las Tablas de Daimiel desde el 95. Tenemos un dictamen de un abogado muy prestigioso que dice que si en una sequía hubiera que tomar medidas para las Tablas de Daimiel habría que indemnizar a los regadíos del Segura. La petición de algún diputado a la Comisión del Congreso de Medio Ambiente de enviar agua a las Tablas de Daimiel ha sido desafortunada, porque no le hubiera costado nada añadir un rengloncito diciendo que nuestras condiciones también son extremas. Con eso se hubiera demostrado buena voluntad.

Parece que se refiere a Zaplana. ¿Sienten una pérdida de apoyo del PP nacional?

Siempre nos están diciendo que apoyan a los regantes en todo, y hasta ahora ha sido verdad. Pero hay una contradicción con el PP de Castilla-La Mancha. Está bien que cada región defienda sus intereses, pero a nivel nacional tanto Gobierno como oposición deberían llegar a un consenso. El Gobierno debe ponerse serio, ponernos serios a todos y ejercer su autoridad.

¿Hay ahora más enfrentamientos territoriales que políticos en el debate del agua?

Exacto, sí. El Estado de las autonomías, que creemos que es una gran cosa, en algunos asuntos está transmitiendo a la sociedad que no hay por qué dar recursos a otras comunidades. Encima aparece el estatuto manchego, que, poco menos que dice que cualquier cosa que pase por la región es suya.

¿Han perdido un cierto apoyo político?

No. El Sindicato Central de Regantes es quien toma las decisiones para defender los intereses comunes. En Castilla-La Mancha han votado todos los partidos a favor de su estatuto en las condiciones que he comentado, que es barrer todo lo que pillan. Entonces la obligación nuestra como sindicato es defender Alicante, Almería y Murcia.

A esa división territorial se suma la petición de dimisión. Vuelvo a preguntarle: ¿están perdiendo apoyo del PP nacional?

Si observa nuestra trayectoria anterior verás que hemos tenido problemas estando el PP en el Gobierno central y se pidió la dimisión de Juan Manuel Aragonés, que no daba el agua. Luego pedimos la de Narbona. El Sindicato pide dimisiones cuando se afecta a sus intereses, sean de un partido u otro. Tenemos una independencia política total.

¿Han obtenido resultados de la tregua del agua que dieron en la campaña electoral?

Se nos achaca que somos muy blandos y que el Gobierno nos toma el pelo. Aquí ha habido una gran manifestación, concentraciones, petición de dimisiones, etcétera. El Sindicato ha hecho las reivindicaciones que creía oportunas en su momento, pero se nos echa la culpa de todo. Hay otras fuerzas sociales que también podrían tirar del carro, sin embargo todo recae sobre las espaldas del Sindicato, y el Sindicato actúa cuando lo cree conveniente.

¿No se arrepienten de esa tregua?

No. En la segunda reunión con la vicepresidenta se nos pidió que dejásemos tres asuntos con influencias políticas (las concesiones, el estatuto manchego y la redotación del Segura) para una segunda reunión en julio. La opinión de algunos en el comité de crisis fue que teníamos que habernos levantado y marcharnos, pero la verdad es que todo el mundo se puso de acuerdo en no hablar de esos temas, pero sí de otros. De ese modo se ha conseguido que la tarifa eléctrica no aumente para los regantes hasta 2008, la continuación de las obras en el trasvase y postrasvase para reducir las pérdidas… Vas arañando lo que puedes. Quizá es mejor no ir a ningún lado, pero yo no lo veo así. Inmediatamente, el comité de crisis pidió la reunión urgente con la vicepresidenta para hablar de esos temas pendientes y ahora pedimos que se adelante esa reunión, y, si no, haremos una manifestación en Madrid. Hay quien dice que se le ha hecho el juego al gobierno de Castilla-La Mancha, parece ser que no, porque han bajado diputados. A cada uno le tocará lo que le toque y en los distintos momentos que le toque. Yo creo que dialogando también se consiguen cosas.

¿Es bueno que el agua centre buena parte del debate político?

No, nada. Fíjate: hace dos años, con el visto bueno del Ministerio, llegamos a un acuerdo con los regantes de Estremera para que nos cedieran derechos de agua. Con los del Ebro también habíamos llegado a un acuerdo con el trasvase. Si nos dejan a los regantes solos nos ponemos de acuerdo. Sacas el tema de ese contexto y lo metes en política y ya tenemos la lucha de un partido con el otro y se intoxica a la sociedad. No puede ser que se esté intoxicando continuamente diciendo que te están quitando el agua cuando estás cumpliendo perfectamente con lo que marca la ley. Llevamos pasados a Castilla-La Mancha, Extremadura y Madrid 200 millones de euros. Por ejemplo, los alcaldes de Entrepeñas y Buendía están diciendo que no tienen agua ni para beber, que no se les han hecho ni infraestructuras, cuando ese dinero tenía que haber ido a esa zona para hacer infraestructuras de abastecimiento y carreteras. Estoy en la comisión permanente de la federación nacional, y allí escuchas por ejemplo a los extremeños que dicen que ojalá tuvieran conexión con nosotros para cedernos derechos. Si nos dejaran llegar a acuerdos y llevar las conclusiones al Ministerio para que le diera forma… Si tuviéramos interconexión de cuencas haríamos más transferencias. Pero ahora está así, por lo visto el tema del agua da muchos votos.

¿Se sienten utilizados?

No. A veces dicen que nos utilizan para las manifestaciones, pero las hemos convocado nosotros y los partidos se apuntan o no. Insisto en que queremos seguir manteniendo la independencia. Los regantes quieren estabilidad y no meterse en guerras políticas

Estos años, con el apoyo del PP regional, han estado pidiendo al Gobierno un agua que, o bien no les ha llegado o consideraban escasa. ¿Continuará esta dinámica en los próximos cuatro años de legislatura?

Que el campo esté pendiente de decisiones mensuales o trimestrales para ver si puede hacer plantaciones es inviable y se está empezando ya a notar en nuestras exportaciones e industria. Que traigan agua de donde quieran. Dicen que hay un segundo Programa Agua, pues que lo destapen.

¿Tienen esperanzas de que ese segundo programa Agua les plantee soluciones?

Hay que tener perspectivas de futuro. La desalación está ahí, pero que a mí no me toquen las dotaciones del trasvase, que no van a ir, por ejemplo, a los campos de golf, con los que puede haber un desarrollo compartido. Con desalación no se resuelve el problema, su precio es muy elevado (algunas comunidades de regantes sí pueden pagarlo, no toda la agricultura es igual) y con 50 hectómetros cúbicos no me resuelven el problema. Tienen que venir aguas superficiales de donde quieran, pero el déficit estructural hay que resolverlo. También deberían dar unas directrices, permitir que se cultive sólo la mitad y dar indemnizaciones, por ejemplo. Pero que nos digan cuál es la solución de la cuenca del Segura.

¿La situación se desbloquearía dentro de un año con un eventual gobierno del PP?

El PP propuso el plan del Ebro, eso no se puede olvidar. No sé si lo incluirán en el programa de las próximas elecciones generales, supongo que mantendrán la misma política.

Pero ahora hay una división territorial interna en los temas del agua.

Cuando llegue la hora de intereses nacionales hay que defenderlos y dejarse del tema autonómico. Lo hizo Aznar y se callaron todos. Si Rajoy también dice que son intereses nacionales hay que dejarse de egoísmos autonómicos y seguir para adelante. Lo que está claro es que el Gobierno central actual está obligado a resolvernos los problemas.

¿Esta legislatura será más fácil llegar a un pacto del agua en la Asamblea regional?

Creo que sí. No tiene sentido que los regantes seamos capaces de llegar a acuerdos y que los partidos políticos no puedan. Si mi junta de gobierno tuviera una discusión tan seria, bocadillos que te crió y aquí no sale nadie hasta que no se llegue a un acuerdo. Eso es lo que deberían hacer en la Asamblea.

¿Debe limitarse de algún modo el suministro para atender la deuda de la Mancomu-nidad del Taibilla con los regantes?

A veces lo he pedido, por ejemplo de tres a cinco de la mañana, que no supone ningún altercado para nadie. Se tiene la impresión de que los regantes siempre estamos llorando y quejándonos. A nivel nacional no se acaba de concienciar lo que está pasando en la cuenca del Segura. La sociedad no vive lo que viven los regantes, hay agua cuando se abre un grifo. No quieren restricciones porque sería indirectamente apoyar a los regantes en ese déficit de agua. Dicen que se resolverá cuando estén las plantas desaladoras, pero llevamos años esperando y no ocurre.

¿Cómo es que el agua merma producciones y a la vez esas producciones mermadas tengan problemas para venderse?

Son dos cosas distintas. Sin materia prima se pierde mercado. Hay problemas porque asistimos a una globalización total. Se necesita una planificación agrícola y otra hidráulica. La falta de agua también merma la calidad. Por un lado se ha de contar con una cantidad segura de agua, y por el otro no puedes pasarte de una determinada producción o se hunden los precios.

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Moragues afrima que el trasvase del Ebro es incompatible con el Programa Agua

Los trasvases deben ser la última solución de la planificación hídrica para cubrir el déficit de agua. El presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Juan José Moragues, reafirmó ayer su apuesta por el Programa Agua frente a la propuesta de debatir en torno a un trasvase del Ebro hasta Sagunto, lanzada el pasado lunes por el secretario general de los socialistas valencianos, Joan Ignasi Pla, en el debate de investidura en las Cortes Valencianas. Moragues afirmó que la idea de transferir agua del Ebro «choca totalmente» con la política actual del Ministerio de Medio Ambiente de aprovechar el potencial de los recursos alternativos, como es el caso de las aguas subterráneas en Castellón.

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      El movimiento social contra la transferencia critica la propuesta de Pla de abrir un debate

      El presidente de la CHJ, no obstante, quiso evitar polémicas y se remitió a las declaraciones realizadas el martes por la ministra Cristina Narbona en Valencia. La responsable de Medio Ambiente evitó descartar cualquier trasvase -de hecho, en breve comenzarán las obras del canal Júcar-Vinalopó-, pero enfatizó que primero deben agotarse otras soluciones para ganar agua, como la reutilización, las desaladoras y la racionalización del uso de los recursos disponibles.

      La propuesta de Pla se enmarcaría dentro de un pacto que busca alejar el debate del agua de la confrontación política. Un trasvase del Ebro exigiría, no obstante, el consenso de todas las partes implicadas, como han remarcado tanto el líder socialista como la ministra. Sin embargo, en la cuenca cedente, la oferta de debate de Pla ha caído como un jarro de agua fría. Así, el movimiento social que lideró la oposición al derogado trasvase del Ebro arremetió ayer contra la idea de entablar un diálogo con los gobiernos de Aragón, Cataluña y central sobre una transferencia «razonable y aceptable». «Estamos sorprendidos de la respuesta del PSPV», dijo el portavoz de la Plataforma en Defensa del Ebro (PDE), Manolo Tomàs, quien acusó a los socialistas valencianos de tratar de esquivar la oposición social y política que despertó la política hídrica del último ejecutivo de Aznar a través de proyectos menores y de menor coste que, a su juicio, continuarían poniendo en peligro el futuro ecológico del río. «La postura oficial del PSOE es la modificación del Plan Hidrológico, la derogación del trasvase del Ebro y las alternativas del programa Agua», recordó.

      La PDE ve en el canal Xerta-Sènia, una infraestructura nunca usada de finales de la dictadura, el trazado de un hipotético trasvase hacia Castellón. La Generalitat de Cataluña impulsa ahora este canal y lo quiere destinar a regadío, aunque ningún regante participa en la financiación y la PDE cree que generará agua sobrante, susceptible de ser trasvasada. La plataforma recogerá firmas para presentar al parlamento catalán una resolución que defienda el caudal medioambiental del Ebro. «Lo mejor es situar este debate en el entorno científico. No nos interesa un rifirrafe político», dijo Tomàs.

      Por otro lado, la CHJ firmó ayer un convenio con el Instituto Geológico y Minero de España para la vigilancia de los acuíferos en los sistemas del Júcar y del Turia. Moragues destacó la necesidad de controlar las extracciones de los pozos de sequía para garantizar la sostenibilidad medioambiental de las aguas subterráneas, que componen el 75% de los recursos del territorio de la CHJ. A través de una red de puntos de medición, el organismo vigila la evolución de los acuíferos, cuya recarga por las lluvias permitirá este año una mayor extracción a los agricultores del Júcar. Moragues reiteró que la CHJ ya no está en emergencia por la sequía, pero que esta situación aún no se ha consolidado y exige mantener restricciones al regadío.

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      Opinión: Agoreros y videntes

      Por un lado, el relator especial de la ONU para la Vivienda, Miloon Kothari, recomienda al Gobierno central que alerte a ciudadanos e inversores de la inminencia de una crisis inmobiliaria, que afectará a gran parte de la población. Las hipotecas son una losa que cada año será más pesada, y que, a juicio de Kothari, no sólo tendrá efectos negativos en educación, alimentación y vestido, sino que ya está causando que la tasa de violencia doméstica que se registra en España sea una de las más altas de Europa. Considera fundamental que la Administración fomente las viviendas de protección oficial y los alquileres a precios asequibles.

      En la misma línea de denuncia de la situación inmobiliaria, un informe de Greenpeace, presentado por su director en España, López de Uralde, descubre que en todo el litoral español se producen agresiones y que en la Comunidad Valenciana los planes urbanísticos en marcha prevén la construcción de medio millón de viviendas en el litoral, así como 15 nuevos campos de golf y más de 2.000 amarres en puertos deportivos. Pero la denuncia más grave afecta a Galicia, donde asegura que está previsto construir 800.000 viviendas a lo largo de este año 2007.

      Otra organización ecologista, WWF-Adena, a la vez que castiga a Narbona por el exceso de desalinizadoras en construcción y en proyecto, apoya a la ministra en su tesis antitrasvasista y en buscar nuevas fórmulas para la mejor gestión de los recursos hídricos. Incluso se permite aventurar que valencianos y murcianos quieren el agua para desarrollar más urbanizaciones. Narbona no se arredra y anuncia una nueva desalinizadora en Guardamar para abastecer a Riegos de Levante-Margen Izquierda, la organización de regantes ilicitanos que se quejan de haber sido ignorados por las Confederaciones Hidrográficas del Júcar y del Segura. A ver cómo les sale de precio el metro cúbico.

      Demasiados factores se unen para dificultar una política hídrica que permita a la Comunidad Valenciana disponer del agua que precisa para un crecimiento sostenible en todos los sectores económicos. Hay excesivos agoreros insoportables y algunos videntes del Consell que se empeñan en pintarnos el futuro de color de rosa. Ni tanto, ni tan calvo.

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      Análisis de los trasvases más polémicos de España

      El informe de la organización mundial de conservación define a los trasvases entre cuencas como iniciativas muy costosas con elevados impactos ambientales que ponen en peligro la capacidad de los ríos para proporcionar alimentos y agua. El informe analiza casos de trasvases realizados en Australia, España y Sudáfrica, así como otros proyectos en Brasil, China, Grecia y Perú. Existen cientos de otros proyectos de trasvases en todo el mundo, algunos de ellos ocultados al público debido a su conflictividad.

      La casi totalidad de los casos manifiestan los mismos fallos: costes disparados, falta de transparencia, daños irreversibles a los ríos, falta de implicación de los afectados, desplazamientos de comunidades, fracaso de los beneficios esperados y falta de estudio de alternativas sostenibles.

      Jaime Pittock, Director del Programa Internacional de Aguas de WWF/Adena, explicó: «En muchos casos, los proyectos de trasvases son simples ‘acueductos de sueños’, reflejo de un pensamiento simplista de que la transferencia de agua de un río a otro va a resolver los problemas de escasez de agua, sin producir otros nuevos. La clave para resolver realmente esta crisis es la conservación de los ríos y acuíferos, conjuntamente con una correcta evaluación y gestión de la demanda». La Unión Europea considera también que los trasvases sólo pueden ser la ‘última solución’ a los problemas del agua, tras analizar primero las posibilidades de ahorro y mejora de la gestión.

      Trasvase Tajo-Segura (Castilla-La Mancha, Valencia, Murcia, Almería)

      El Tajo-Segura trasvasa desde 1978 hasta 600 hm3/agua anuales por sus 286 kilómetros desde el Sistema Ibérico hacia el Levante. Oficialmente, transfiere agua para 147.000 hectáreas de regadío y 76 abastecimientos urbanos. El trasvase ha causado impactos severos, como la reducción de caudales ambientales en el río Tajo, el traslado de especies de peces entre cuencas (que afecta por ejemplo a la loina del Júcar) y la destrucción de ecosistemas y la promoción de una agricultura insostenible en Murcia y Almería.

      A pesar del trasvase, el déficit del agua en la zona beneficiada está aumentando, y existe un mercado negro del agua. Varios informes estiman que existen 65-100.000 hectáreas de regadíos ilegales en la cuenca del Segura, y Murcia y Almería continúan en el boom urbanístico, con más de 50 nuevos campos de golf y 115.000 nuevas viviendas en un plazo de 8 años. «El caso del trasvase Tajo-Segura ilustra una gestión del agua que prioriza a aquellos usuarios que no son preferentes según la Ley de Aguas: en vez de asegurar los abastecimientos y los caudales ambientales en los ríos, se amplían campos de golf, urbanizaciones y regadíos», critica Guido Schmidt.

      Proyecto de trasvase del Ebro (Cataluña, Valencia, Murcia, Almería)

      La Ley del Plan Hidrológico Nacional (PHN) aprobó en el año 2001 un nuevo trasvase de 1.050 hm3/año desde el Ebro a otras zonas de la costa mediterránea. WWF/Adena se opuso a la ejecución de este proyecto, porque lo consideraba obsoleto. El proyecto no consideraba ni los efectos del cambio climático sobre la disponibilidad del agua, ni los impactos ambientales, vulnerando así a la legislación europea. Sus cálculos económicos eran incorrectos y WWF/Adena estimó que las pérdidas totales ascendían a 3.500 millones de euros, siendo el coste medio del agua de 0,72 €/m3 agua, muy superior al coste del agua desalinizada (0,45-0,60 €/m3). Tras numerosas manifestaciones y reuniones técnicas, la Comisión Europea asumió los mismos argumentos económicos y ambientales para no asignar los 8.000 millones de euros de los fondos europeos de cohesión y desarrollo regional a este proyecto.

      WWF/Adena apoyó la derogación del proyecto de trasvase del Ebro por el Gobierno en el año 2004 y su sustitución por el programa A.G.U.A. del Ministerio de Medio Ambiente y sus desalinizadoras, si bien considera que «las Comunidades Autónomas y el Gobierno siguen sin apostar por el ahorro del agua y el desarrollo territorial sostenible», según explica Guido Schmidt, responsable del programa de aguas de WWF/Adena. Y añade: «El crecimiento sin límite del regadío y de las urbanizaciones impiden una buena gestión del agua y son los principales responsables de los abusos del agua, como los más de 500.000 pozos ilegales».

      Trasvase Guadiana-Doñana (Andalucía), en proyecto

      La Junta de Andalucía promueve el trasvase de agua del Guadiana a Doñana, apoyando un desarrollo insostenible de la provincia de Huelva, tanto en lo que se refiere al urbanismo en los núcleos costeros, como a la transformación de más de 25.000 hectáreas de montes y cultivos de secano hacia nuevos regadíos. En mayo de 2007, la Agencia Andaluza del Agua solicitó al Ministerio de Medio Ambiente un trasvase de 5 hm3 anuales para el riego del fresón en Doñana. Ahora mismo, un tercio de estos campos de fresón ocupan ilegalmente montes públicos y espacios protegidos y se abastecen de pozos ilegales.

      WWF/Adena critica que la Junta de Andalucía ni siquiera haya contemplado las alternativas de ahorro y reciclaje que esta organización propuso hace tres años como parte de la solución. Guido Schmidt, Responsable del Programa de Aguas de WWF/Adena, explica: «Se trata de otro trasvase que beneficia a agricultores ilegales y que es más caro que otras alternativas de ahorro. La Junta de Andalucía sigue sin apostar por la buena gestión del agua en Huelva», explica.

      Las alternativas propuestas por WWF/Adena suponen el ahorro de 10-13 hm3/año con un coste de 18-25 millones de euros. Incluyen las siguientes medidas: Modernización de regadíos (4,5 hm3/año, con un coste de 9 millones de Euro), promoción de cultivos hidropónicos (2,8 hm3/año), ahorro urbano (2,8 hm3, con un coste de 0,8 millones de Euro), mejora de redes urbanas (0,8 hm3), reutilización de aguas depuradas (4 hm3/año, con un coste de 8,3 millones de euros) y revisión de regadíos subvencionados (3,5 hm3/año).

      Trasvase Tajo-Llanura Manchega (Castilla-La Mancha), en construcción

      La Junta de Castilla-La Mancha y el Ministerio de Medio Ambiente son los principales promotores del trasvase entre el río Tajo y la Llanura Manchega, con el objetivo de asegurar el abastecimiento en esta última cuenca, fuertemente sobreexplotada y con problemas de contaminación en los acuíferos 23 y 24, donde los niveles de nitratos ya superan en algunos puntos los 50mg/l, límite establecido por la legislación (Directiva 91/676, Real Decreto 261/96).

      WWF/Adena considera que este trasvase afectará negativamente al río Tajo en las provincias de Toledo y Guadalajara y a Extremadura y Portugal. Con la pérdida de caudal empeorará la sequía en el Tajo Medio (ya hay periodos del año en el que el cauce se queda seco en La Sagra y en Talavera). También afectará a la calidad del agua, aumentando la contaminación de los embalses aguas abajo de Toledo, que ya están muy eutrofizados.

      Para Alberto Fernández-Lop, del programa de aguas de WWF/Adena: «Los responsables políticos han entrado en una huida hacia delante que se manifiesta en este trasvase. En vez de apostar por una buena gestión del agua, cerrar los más de 60.000 pozos ilegales y promover una agricultura que no dependa del agua, la Junta de Castilla-La Mancha sigue subvencionando al regadío y construye costosas infraestructuras». WWF/Adena alerta también ante la posibilidad de que este trasvase sea inviable por la falta de agua en el Alto Tajo.

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      La CHJ sostiene que ningún indicador está en situación de emergencia

      Moragues se expresó este miércoles en estos términos en rueda de prensa al ser preguntado por su posición tras las declaraciones de la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, en las que aseguraba que la sequía había acabado y las del director general del Agua, Jaime Palop, que posteriormente dijo lo contrario.

      En este sentido, Moragues consideró que «la ministra se refería a que los indicadores ya no dan ningún número de emergencia y a que, por lo tanto, la situación está evolucionando favorablemente», subrayó.

      Asimismo, apuntó que «algo similar» al lo que ocurre en el Júcar pasa en el sistema del Túria «pero quizá en un grado menor», matizó. Según dijo, los indicadores del Túria «no son de emergencia», de hecho, «el Túria no ha estado tanto tiempo de emergencia y por tanto, no está en situación de emergencia sino que está en situación de alerta al igual que el Serpis», apostilló.

      Además, estimó que en las palabras de la ministra llevaban «implícita o incluso explícitamente, que de esta situación se va saliendo gracias a la medida de reducción de suministro de agua a la agricultura», que según recordó, «fueron del orden del 50 por ciento o más de las dotaciones normales». A su juicio, «hay que seguir así, ya que es lo que permite ir remontando» la situación.

      No obstante, Moragues afirmó que si al estudiar los acuíferos se observa que «tienen capacidad para que se pueda extraer más agua que el pasado año de ellos y así aliviar la situación de riego de los agricultores, se hará». Eso sí, siempre y cuando los informes garanticen que estas reservas «no correrán riesgos en cuanto a calidad, cantidad u otros parámetros medioambientales» y las extracciones se realicen «de forma sostenible», manifestó.

      De hecho, dijo, el año pasado se extrajeron 38 hectómetros cúbicos de aguas subterráneas y «para este este año se prevén más», aseguró, puesto que, si «el agua está ahí medioambientalmente y económicamente disponible, se informará a los agricultores y ellos podrán solicitar o no la extracción de cada pozo con su volumen adecuado».

      Por otra parte, preguntado por la posibilidad de aumentar los puntos de extracción en situaciones de sequía tras las declaraciones de Narbona en las que consideraba que que hay margen suficiente para obtener recursos hídricos de formas distintas al trasvase del Ebro, Moragues especificó que «la ministra se refería fundamentalmente a la provincia de Castellón, donde Acuamed y la CHJ están llevando a cabo actuaciones con las que están poniendo en el sistema aguas subterráneas de forma continua y constante».

      Sin embargo, fuera de Castellón, el agua que se está sacando de los acuíferos «es un agua de pozos de sequía» que se extrae «en unas cantidades para situaciones de sequía» y en el Plan Espacial para Situaciones de Sequía del Júcar «no se admite más que esta situación, que es en las que se está trabajando en estos momentos», apostilló. Según dijo, «la ministra se refería fundamentalmente a la provincia de Castellón y no estaba hablando de estos casos en los que se habilita el agua en situaciones de sequía», concluyó.

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      El Tajo-Segura está entre los trasvases que peor funcionan del mundo

      El pasado martes, la organización WWF/Adena presentaba en Ginebra (Suíza) un informe titulado Pipedreams? -un juego de palabras entre pipeline (conducción) y dreams (sueños)- que se mostraba, en general, muy crítico con la utilidad de los trasvases de agua.

      Entre sus páginas, esta organización destaca tres ejemplos de trasvases, entre todos los que hay en funcionamiento o en proyecto de todo el mundo. Tres trasvases que, lejos de fomentar el uso racional del agua, han promovido su despilfarro.

      Este trío lo forman el Trasvase de Snowy River, en Australia; el de las Tierras Altas de Lesotho, en Sudáfrica y el Trasvase Tajo-Segura, en España. De hecho, el primer ejemplo de trasvase mal gestionado, el número uno de la lista es, precisamente, este viejo conocido de los albaceteños.

      «Más que resolver una escasez de agua en la cuenca del Segura -indica el informe entregado a la prensa internacional- esta extensa infraestructura hidráulica se ha convertido en un motor del uso insotenible del agua, promoviendo el aumento incontrolado de superficies de riego y los desarrollos urbanísticos en la costa».

      De hecho, WWF/Adena lo pone como un claro ejemplo de su tesis principal contra los trasvases, pues considera que «aumentar la disponibilidad de agua con un trasvase puede inducir a un consumo insostenible en la región receptora».

      Es más, como consecuencia de esta tesis, la organización ecologista llega a una conclusión: que este trasvase ha dañado no sólo a la región donante, a Castilla-La Mancha, sino también a Murcia, cuya economía está «prisionera» del acueducto Tajo-Segura.

      La explicación que da el informe a las consecuencias dañinas del ATS es sencilla: las cifras que se usaron para planificar su construcción y las que ha impuesto la realidad no tienen nada qué ver.

      Cuando se puso en servicio, en 1978, «su principal objetivo era cubrir un déficit hídricos estimado en 0’5 kilómetro cúbico por año en el área receptora y asegurar el suministro de agua para 147.000 hectáreas de regadío y 76 ayuntamientos en el sudeste de España».

      WWF/Adena recuerda que el acueducto comienza en dos presas en el Alto Tajo, con una capacidad de almacenamiento de 2’4 kilómetros cúbicos, y sus 268 kilómetros de longitud permiten en teoría una transferencia de un kilómetro cúbico por año hacia la presa del Talave.

      Pero una cosa es la teoría y otra bien distinta la práctica, porque a la hora de la verdad «las actuales derivaciones de agua son variables y dependen de la existencia de recursos en la cuenca del Tajo. Habitualmente, se transfieren entre 0,2 y 0,4 kilómetros cúbicos por año. Sólo en unos pocos años se ha llegado a transferir el máximo legal permitido de 0,6 kilómetros cúbicos».

      Es más, subraya que «en épocas de sequía, siempre que el agua almacenada en embalses de cabecera se ponga por debajo de los 0,24 kilómetros, la derivación se acerca a cero».

      Paralelamente -recuerda- en la cuenca cedente, se ha producido un aumento de la demanda, muy por encima de unas previsiones iniciales a las que nunca se ha llegado.

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      La Administración central estudiará el nivel de explotación sostenible de los acuíferos del Júcar y Turia

      La Administración central estudiará la situación de los acuíferos en los sistemas del Júcar y del Turia y emitirá informes mensuales en los que analizará la incidencia de las extracciones que se realicen en los acuíferos y pozos de sequía con el fin de establecer cuál es el grado de explotación sostenible.


      Así lo anunció hoy el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Juan José Moragues, durante la firma de un convenio con el director del Instituto Geológico y Minero de España (IGME), José Pedro Calvo Sorando, un organismo autónomo adscrito al Ministerio de Educación y Ciencia.

      El objetivo fundamental es controlar las extracciones que se realizan en los acuíferos, para lo que se instaurará un plan de vigilancia que controlará los niveles del agua en cerca de 70 puntos, así como la calidad de ese agua y las extracciones que se realicen en cada pozo.

      Los datos obtenidos sobre el estado y evolución de los acuíferos contribuirán a la toma de decisiones de las Comisiones de la Sequía de la CHJ, que fueron creadas en diciembre de 2005 para asesorar sobre las actuaciones a realizar en ese ámbito.

      Ese acuerdo, que cuenta con un presupuesto de 243.000 euros, amplía la colaboración que desde 2005 mantenían ambas entidades públicas e introduce dos modificaciones: los estudios no sólo se referirán al Júcar, sino también al Turia; y la denominación de ‘unidades hidrogeológicas’ se sustituye por la de ‘masas de agua’.

      Ese cambio de terminología supone una adaptación a la Directiva Marco relativa al agua y, con ello, un aumento de las unidades de estudio, ya que las 52 unidades hidrogeológicas anteriores se desglosan en 79 masas de agua subterráneas.

      Las áreas de control son las unidades hidrogeológicas de Liria-Casinos, Buñol-Cheste, Plana de Valencia Norte, Plana de Valencia Sur y Caroch Norte, aunque el estudio también se extenderá a los ‘ullals’ de la Albufera.

      Los recursos que administra la CHJ suman un total de 3.200 hectómetros cúbicos entre aguas superficiales y subterráneas, de los que en torno al 75 por ciento o están en los acuíferos o han pasado por ellos y han llegado a los ríos.

      De esos recursos subterráneos, en la pasada campaña se extrajeron 38,7 hectómetros cúbicos de agua en la cuenca del Júcar, mientras que este año la CHJ ha autorizado hasta 85 hectómetros cúbicos de ese río, aunque las lluvias de marzo y abril han permitido que, hasta el 15 de junio, sólo se hayan extraído cerca de seis.

      El Júcar se encuentra aún en una situación de emergencia y saldrá de ella cuando los últimos indicadores, que ya no son de emergencia, se estabilicen y se mantengan durante varios meses, según explicó Moragues.

      En cambio, la situación del río Turia es de alerta, y para esta zona el organismo dependiente del Ministerio de Medio Ambiente prevé autorizar la extracción de hasta cinco o seis hectómetros cúbicos en esta campaña.

      Moragues señaló que el incremento de las extracciones refleja la mejora en esas cuencas y permitirá aliviar la situación de sequedad en el campo valenciano.

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      Denuncian el bajo nivel del río Cabriel a causa de una central eléctrica

      El Ayuntamiento de Enguídanos (Cuenca) espera contar pronto con elementos que permitan comprobar, con exactitud, que se mantiene el caudal ecológico del río Cabriel, ante el bajo nivel de agua que lleva a veces debido a la actividad de una central hidroeléctrica situada aguas arriba.

      El alcalde de Enguídanos, José Vicente Antón, explicó que el Ayuntamiento espera disponer de elementos fiables de medición, una vez que termine el estudio de caudales que está realizando la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) y el que va a hacer la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Montes de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM).

      Según Antón, el problema del río Cabriel «es que no se respeta el caudal ecológico», porque hay una central hidroeléctrica aguas arriba «que lleva un poco el caudal a su libre albedrío y no siempre aparece el caudal ecológico». Aseguró que «cuando la central turbina, evidentemente baja mucha agua, pero cuando no turbina el nivel del agua es muy bajo».

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