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Los catorce consejeros del nuevo gobierno tomarán hoy posesión

El presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, aseguró que ha hecho un Gobierno para «cumplir de la mejor manera posible los compromisos adquiridos con los ciudadanos» a lo largo de la campaña electoral, así como en el Debate de Investidura.

Barreda realizó ayer estas declaraciones momentos antes de la constitución de la Diputación de Ciudad Real, y apenas 24 horas después de haber hecho público su nuevo Gabinete.

En este contexto, explicó que ha reforzado «mucho» el área económica, con la creación de una Vicepresidencia, que ocupará María Luisa Araújo, y que se mantiene el tronco de las políticas sociales: educación, sanidad y bienestar social, pues, según puntualizó, «lo que hemos hecho durante estos tres años, inmediatamente anteriores, ha sido un esfuerzo gigantesco que ahora debemos continuar».

En estas consejerías no hay novedades, pues José Valverde seguirá al frente de Educación; Roberto Sabrido en Sanidad; y Tomás Mañas, en Bienestar Social. Mercedes Gómez se mantiene en Agricultura; José Manuel Díaz Salazar, en Industria y José Luis Martínez Guijarro, en Medio Ambiente.

Nuevas consejerías

El nuevo Gobierno de Castilla-La Mancha es paritario en las consejerías y en las dos vicepresidencias. Se crean dos nuevas consejerías: Justicia y Protección Ciudadana, ocupada por Angelina Martínez, de cara a la asunción de esta competencia, y Turismo y Artesanía, que presidirá Magdalena Valerio, para potenciar este sector cada vez más relevante en la región.

Los asuntos relacionados con el agua, un recurso trascendental para Castilla-La Mancha, quedan bajo la tutela de la denominada Consejería de Ordenación del Territorio y Vivienda, que dirigirá Julián Sánchez Pingarrón.

Soledad Herrero debuta en la Consejería de Cultura, María Luz Rodríguez en la de Trabajo y Empleo y Sonia Lozano se estrena en Administraciones Públicas.

«Soy de los que creen que las cosas que se dicen se deben cumplir y esa es la finalidad de este Gobierno, ya tenemos ejemplos de algunos gobiernos que se olvidan de sus compromisos cuando son elegidos. En mi caso no va a ser así», subrayó.

Barreda ya explicó que su objetivo de cara a la próxima Legislatura es «mantener el crecimiento económico, conseguir un desarrollo sostenible y construir, entre todos, una verdadera sociedad del bienestar».

Los integrantes del nuevo Gobierno tomarán posesión de sus cargos hoy lunes, en un acto en el Palacio de Fuensalida de Toledo.

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Apenas 2 de cada 10 hectáreas son de regadío en Albacete

Adaptar los cultivos a la habitual escasez de agua ha sido una de los retos a los que tradicionalmente se han enfrentado los agricultores albaceteños. Conscientes de esa necesidad el campo albaceteño ha ido tendiendo a buscar cultivos que precisen un menor consumo de agua.

En la actualidad sólo el 19,2% de la superficie cultivada de la provincia está dedicada al regadío. Así de las 806.000 hectáreas que suma la agricultura albaceteña, sólo 155.029 se encuentran en régimen de regadío, según los datos facilitados desde la Delegación Provincial de Agricultura.

Del total de hectáreas en regadío, son los cultivos herbáceos los que predomina que suman 80.509. Le siguen en importancia los leñosos con 31.960 hectáreas en regadío. Completan el mapa hídrico las tierras en barbecho y retiradas y otros tipos de cultivos herbáceos.

Esfuerzo

Pero si la adecuación de cultivos ha sido primordial, no menos importante ha sido el esfuerzo realizado por comunidades de regantes y organizaciones agrarias para mejorar y avanzar en la gestión de los recursos hídricos en Albacete.

Otra de las cuestiones esenciales ha sido la adaptación de las infraestructuras. En este sentido, el delegado de Agricultura, Manuel Miranda, destacó el gran avance que se ha producido en esta materia.Así indicó que en estos momentos la modernización de los sistemas de regadío en la provincia supera ya el 94% del total existente. En cuanto al porcentaje restante aseguró que se trata de regadíos que se encuentran en zonas de montaña en los que se siguen usando los riesgos tradicionales.

No obstante, se refirió a un caso aislado que se está produciendo en Hellín, concretamente en la Comunidad de Regantes Martínez Parras dónde una parte de sus infraestructuras de riego aún no se han adaptado. En este sentido Miranda afirmó que se está intentando sin mucho éxito que la Comunidad de Regantes lleve a cabo esta modernización. Así lamentó la falta de colaboración de la junta directiva.

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Los regantes del Vinalopó critican las obras del trasvase del Júcar

Los regantes del Vinalopó no cambian de opinión y ante el anuncio del inminente inicio de las obras del trasvase del Júcar, la Junta Central de Usuarios del Vinalopó, Alacantí y Consorcio de Aguas de la Marina Baja criticó ayer en un comunicado al Ministerio de Medio Ambiente por «imponer» un trasvase «en contra de la ciudadanía».

      Los regantes recuerdan el resultado electoral del pasado 27 de mayo en el que «de forma clara y contundente», los ciudadanos «y en especial los de provincia de Alicante castigaron a todos los cargos electos que defendieron el trazado impuesto el Gobierno desde el Azud de la Marquesa, confirmándose que la ciudadanía no quiere esta toma de agua». En cuanto al trazado, recordaron que después de casi dos años, sigue sin contar con el apoyo de los usuarios. «Es una carrera frenética por la búsqueda de usuarios inexistentes para este trazado y con la utilización de malas artes de negociación».

      Para los usuarios, los responsables del ministerio «ha culminado un proceso surrealista y que roza el esperpento», donde «pretenden presentarse con unos usuarios, como los de Elche, que no cuentan ni con un solo metro cúbico de derecho sobre aguas subterráneas».

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      El Director General del Agua dice que Valencia no aprovecha bien sus caudales

      El director general del Agua del Ministerio de Medio Ambiente, Jaime Palop, no dudó en responsabilizar ayer a Valencia de no utilizar al máximo los caudales de que dispone. A renglón seguido indicó que, antes de pedir agua de otros territorios, habrá que sacar el mayor partido posible a la que se dispone. Así que la exigencia de la Comunidad Valenciana de que se retome el proyecto de trasvase del Ebro es algo que, a juicio de Palop, no se puede sostener hoy por hoy, a tenor del agua que en el Levante se pierde por una incorrecta gestión de los recursos hídricos.

      Todo esto lo dijo Palop ayer en Zaragoza, un enclave geográfico proclive a aplaudir lo que suponga de negativa al trasvase del Ebro. «el hecho de que Valencia y su área metropolitana esté echando al mar más de cien hectómetros cúbicos de agua de la depuradora de Pinedo sin reutilizarse da una idea del esfuerzo que hay que hacer todavía, internamente, antes de pedir la solidaridad de los demás».

      Por si no hubiera quedado suficientemente claro, Palop remachó en otro momento de sus declaraciones a los medios de comunicación zaragozanos: «antes de solicitar la solidaridad de nadie, mucho antes, mucho antes de crear tensiones sociales y territoriales, es fundamental agotar los recursos propios». En una frase, el director general del Agua fundió varios mensajes dirigidos a Valencia. Uno, el reproche por, a su juicio, no utilizar al máximo los recursos hídricos de que dispone esa Comunidad autónoma. Y, otro, en tono también de reproche, acusar de «crear tensiones» a quienes defienden el trasvase del Ebro.

      Y en este reproche no dudó en incluir a los socialistas valencianos. Palop, preguntado por la nueva reclamación del trasvase del Ebro que ha hecho el PSOE de Valencia, afirmó que lo que ocurre es que hay «un poco de desenfoque de la cuestión» por el impacto que en este partido ha tenido la derrota en las últimas elecciones autonómicas.

      Los «problemas» del campo

      A juicio del director general del Agua, la Comunidad valenciana parte de un error a la hora de reclamar el trasvase para beneficiar a la agricultura. Y es que, en su opinión, lo que le ocurre a la agricultura valenciana es que tiene otros problemas de fondo: «el hecho de que lleven campañas enteras con los cítricos colgados en los árboles sin recoger tiene muy poco que ver con que si hay agua en el Ebro o no hay agua en el Ebro», declaró.

      Palop pidió a todas las regiones, incluida la Comunidad Valenciana, que se aplique el criterio en el que insiste el Ministerio de Medio Ambiente: «primero hay que acabar con los recursos propios y demostrar que no se tienen recursos suficientes para poder seguir ejerciendo actividades económicas» y «sólo en ese caso, y como última posibilidad, es cuando se debe pedir agua a otros».

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      La gestión avanza en la eficiencia del uso del agua, mientras Murcia retrocede

      La Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha ha avanzado en los últimos años en la eficiencia del uso del agua, mientras que Murcia ha perdido posiciones «claramente», ganando cuotas de «ineficiencia», y la Comunidad Valenciana se ha mantenido estable, según los primeros datos provisionales obtenidos del proyecto «Eficiencia y rentabilidad en el uso económico del agua: comparativa entre las regiones de Murcia, Valencia y Castilla-La Mancha».
      En declaraciones a Europa Press, el doctor Europeo en Economía y profesor Titular de Economía, Sociología y Política Agraria de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), a su vez investigador principal del proyecto, Juan Sebastián Castillo Valero, quiso dejar claro que estos primeros datos son sólo un avance del estudio que comenzó en mayo de 2006 pero que finalizará el 31 de diciembre de 2007, aunque con seguridad será prorrorogado.
      Manifestó que el hecho de que la Comunidad castellano-manchega haya contenido «mucho» la utilización cuantitativa del recurso es debido a que los acuíferos cada vez han estado «más bajos» con lo que ha costado más extraer el agua. La región ha sufrido en los últimos diez años una importante bajada del nivel de los acuíferos, lo que ha contenido «bastante» la utilización unitaria del recurso.
      El estudio, en el que participan ocho investigadores, está financiado por el Gobierno de Castilla-La Mancha a través de una convocatoria pública y será evaluado por la Agencia Nacional de Evaluación. El proyecto se crea tras el debate surgido en muchos organismos respecto a la demanda de incorporar el verdadero coste del agua en la agricultura para que haya un ahorro «efectivo».
      Al hilo de este debate, este grupo de investigadores decidió comenzar analizar si todo este tipo de debates tenía alguna viabilidad. Así, a través de una serie de variables o factores intentan averiguar cómo han evolucionado los datos macroeconómicos de la agricultura en cada una de las tres regiones y relacionándolo con la utilización del agua.
      El objetivo es saber cuál es la situación de la agricultura en las tres regiones. Para ello se base en tres factores: eficiencia de agua mediante requerimientos medios del recurso por hectárea, requerimientos de trabajo por unidad de agua (es decir por cada 1.000 metros cúbicos utilizados cuántos puestos de trabajo se crean), y la productividad de unidad de trabajo y coeficiente de proceso técnico.
      Los primeros datos indican que Castilla-La Mancha presenta unos ratios intermedios en la utilización de la función social, pero sin embargo «ha mejorado sustancialmente» en términos de generación de empleo por hectárea puesto que se ha ido a un sector que utiliza más manos de obra: el viñedo. Este hecho posee un riesgo «importante» ya que dicho sector lleva años con precios bajos y la comercialización se ha resentido mucho, afirmó Juan Sebastián Castillo Valero.
      En cuanto a los aspectos productivos y comerciales, es donde mayor «deficiencia» presentan las tres regiones. En el caso de Castilla-La Mancha se debe a que gran parte del regadío se ha vinculado al viñedo –sector que está en crisis de precios–, Valencia porque ha sufrido problemas con los cítricos y Murcia porque no ha tenido una salida «clara» para su producción hortícola.
      El doctor Europeo en Economía y profesor Titular de Economía, Sociología y Política Agraria afirmó que Castilla-La Mancha posee una agricultura «menos» intensiva que Murcia y Valencia, pero sin embargo presenta ratios de creación de empleo por metro cúbico utilizado de agua similares a Murcia y por debajo de la Comunidad Valenciana, que es la que presenta los mejores ratios.
      Murcia presenta una mejora en rendimientos «importante» pero lo hace con uso «ineficiente» del agua, mientras que Valencia mantiene unos ratios muy elevados en la función de utilidad social, generando por hectárea más empleo que ninguna de las otras regiones, pero sin embargo se ha quedado «muy atrás» en el índice de balance técnico ya que «no ha alterado sus coeficientes de eficiencia en el uso del agua y no ha mejorado sus datos de comercialización».
      Estos primeros datos corresponderían a la primera fase del proyecto. Una vez contrastados, se podrá observar cómo evolucionaría la situación futura de la agricultura si se incorpora el coste efectivo del agua como coste para la agricultura y la viabilidad que tiene en cada una de las regiones el aumento de los costes del agua.

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      Zapatero defiende algo que a barreda no le hace ninguna gracia

      El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha asegurado que se frenará el Estatuto de Castilla-La Mancha si no respeta la Constitución respecto al futuro del trasvase Tajo-Segura. Y lo ha hecho por carta.

      La carta refleja lo más a lo que puede comprometerse el Gobierno central en este debate territorial. En declaraciones que recoge el diario La Verdad, el presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura, Francisco del Amor, explicó este fin de semana que la comunicación que ha recibido del gabinete de la Presidencia del Gobierno contesta a la petición que le hicieron al presidente el pasado 4 de marzo, con motivo de la visita de Rodríguez Zapatero a Lorca.

      Que no estén preocupados

      «Nos ha comunicado que no estemos preocupados; que si el Estatuto de Castilla-La Mancha no es constitucional, no irá hacia adelante», precisó del Amor. El Estatuto de Castilla-La Mancha, consensuado por el PSOE y PP, propone la caducidad del acueducto Tajo-Segura en el año 2015. El presidente les recuerda en la misma carta que el Ministerio de Medio Ambiente está desarrollando el programa Agua para tratar de resolver el déficit en las cuencas mediterráneas.

      Éste es un pronunciamiento más del Ejecutivo de la nación hacia el trasvase Tajo-Segura; una infraestructura que trata de optimizar, según palabras de la ministra Cristina Narbona. La carta tiene ahora una importancia añadida, ya que llega a pocos días de celebrarse el debate sobre el estado de la nación, y en mitad de la campaña de recogida de firmas de los regantes murcianos a favor del mantenimiento del acueducto.

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      Entrevista a Francisco del Amor

      El presidente del Sindicato Central de Regantes dice que «es inviable que el campo dependa de decisiones mensuales o trimestrales»

       
      “Nosotros convocamos las manifestaciones y los partidos se apuntan o no”
      “Dicen que hay un segundo‘Programa Agua’: que lo destapen”

      Si no se hubiera enviado agua del Tajo a las Tablas de Daimiel, ¿habría venido a Murcia?

      Esa posibilidad existía. Otras veces que no se podía enviar agua a las Tablas, porque el río en el que llega estaba seco, nos hemos aprovechado de esos diez hectómetros cúbicos que iban quedando. Somos solidarios con las Tablas, pero es que se han recuperado: estaban en 15 hectáreas y, con las últimas lluvias, han pasado a 80. Además sabemos que allí hay una cantidad de pozos ilegales de los que se hacen extracciones. Somos solidarios, pero el trasvase Tajo-Segura tiene sus leyes desde el año 71, y las Tablas de Daimiel desde el 95. Tenemos un dictamen de un abogado muy prestigioso que dice que si en una sequía hubiera que tomar medidas para las Tablas de Daimiel habría que indemnizar a los regadíos del Segura. La petición de algún diputado a la Comisión del Congreso de Medio Ambiente de enviar agua a las Tablas de Daimiel ha sido desafortunada, porque no le hubiera costado nada añadir un rengloncito diciendo que nuestras condiciones también son extremas. Con eso se hubiera demostrado buena voluntad.

      Parece que se refiere a Zaplana. ¿Sienten una pérdida de apoyo del PP nacional?

      Siempre nos están diciendo que apoyan a los regantes en todo, y hasta ahora ha sido verdad. Pero hay una contradicción con el PP de Castilla-La Mancha. Está bien que cada región defienda sus intereses, pero a nivel nacional tanto Gobierno como oposición deberían llegar a un consenso. El Gobierno debe ponerse serio, ponernos serios a todos y ejercer su autoridad.

      ¿Hay ahora más enfrentamientos territoriales que políticos en el debate del agua?

      Exacto, sí. El Estado de las autonomías, que creemos que es una gran cosa, en algunos asuntos está transmitiendo a la sociedad que no hay por qué dar recursos a otras comunidades. Encima aparece el estatuto manchego, que, poco menos que dice que cualquier cosa que pase por la región es suya.

      ¿Han perdido un cierto apoyo político?

      No. El Sindicato Central de Regantes es quien toma las decisiones para defender los intereses comunes. En Castilla-La Mancha han votado todos los partidos a favor de su estatuto en las condiciones que he comentado, que es barrer todo lo que pillan. Entonces la obligación nuestra como sindicato es defender Alicante, Almería y Murcia.

      A esa división territorial se suma la petición de dimisión. Vuelvo a preguntarle: ¿están perdiendo apoyo del PP nacional?

      Si observa nuestra trayectoria anterior verás que hemos tenido problemas estando el PP en el Gobierno central y se pidió la dimisión de Juan Manuel Aragonés, que no daba el agua. Luego pedimos la de Narbona. El Sindicato pide dimisiones cuando se afecta a sus intereses, sean de un partido u otro. Tenemos una independencia política total.

      ¿Han obtenido resultados de la tregua del agua que dieron en la campaña electoral?

      Se nos achaca que somos muy blandos y que el Gobierno nos toma el pelo. Aquí ha habido una gran manifestación, concentraciones, petición de dimisiones, etcétera. El Sindicato ha hecho las reivindicaciones que creía oportunas en su momento, pero se nos echa la culpa de todo. Hay otras fuerzas sociales que también podrían tirar del carro, sin embargo todo recae sobre las espaldas del Sindicato, y el Sindicato actúa cuando lo cree conveniente.

      ¿No se arrepienten de esa tregua?

      No. En la segunda reunión con la vicepresidenta se nos pidió que dejásemos tres asuntos con influencias políticas (las concesiones, el estatuto manchego y la redotación del Segura) para una segunda reunión en julio. La opinión de algunos en el comité de crisis fue que teníamos que habernos levantado y marcharnos, pero la verdad es que todo el mundo se puso de acuerdo en no hablar de esos temas, pero sí de otros. De ese modo se ha conseguido que la tarifa eléctrica no aumente para los regantes hasta 2008, la continuación de las obras en el trasvase y postrasvase para reducir las pérdidas… Vas arañando lo que puedes. Quizá es mejor no ir a ningún lado, pero yo no lo veo así. Inmediatamente, el comité de crisis pidió la reunión urgente con la vicepresidenta para hablar de esos temas pendientes y ahora pedimos que se adelante esa reunión, y, si no, haremos una manifestación en Madrid. Hay quien dice que se le ha hecho el juego al gobierno de Castilla-La Mancha, parece ser que no, porque han bajado diputados. A cada uno le tocará lo que le toque y en los distintos momentos que le toque. Yo creo que dialogando también se consiguen cosas.

      ¿Es bueno que el agua centre buena parte del debate político?

      No, nada. Fíjate: hace dos años, con el visto bueno del Ministerio, llegamos a un acuerdo con los regantes de Estremera para que nos cedieran derechos de agua. Con los del Ebro también habíamos llegado a un acuerdo con el trasvase. Si nos dejan a los regantes solos nos ponemos de acuerdo. Sacas el tema de ese contexto y lo metes en política y ya tenemos la lucha de un partido con el otro y se intoxica a la sociedad. No puede ser que se esté intoxicando continuamente diciendo que te están quitando el agua cuando estás cumpliendo perfectamente con lo que marca la ley. Llevamos pasados a Castilla-La Mancha, Extremadura y Madrid 200 millones de euros. Por ejemplo, los alcaldes de Entrepeñas y Buendía están diciendo que no tienen agua ni para beber, que no se les han hecho ni infraestructuras, cuando ese dinero tenía que haber ido a esa zona para hacer infraestructuras de abastecimiento y carreteras. Estoy en la comisión permanente de la federación nacional, y allí escuchas por ejemplo a los extremeños que dicen que ojalá tuvieran conexión con nosotros para cedernos derechos. Si nos dejaran llegar a acuerdos y llevar las conclusiones al Ministerio para que le diera forma… Si tuviéramos interconexión de cuencas haríamos más transferencias. Pero ahora está así, por lo visto el tema del agua da muchos votos.

      ¿Se sienten utilizados?

      No. A veces dicen que nos utilizan para las manifestaciones, pero las hemos convocado nosotros y los partidos se apuntan o no. Insisto en que queremos seguir manteniendo la independencia. Los regantes quieren estabilidad y no meterse en guerras políticas

      Estos años, con el apoyo del PP regional, han estado pidiendo al Gobierno un agua que, o bien no les ha llegado o consideraban escasa. ¿Continuará esta dinámica en los próximos cuatro años de legislatura?

      Que el campo esté pendiente de decisiones mensuales o trimestrales para ver si puede hacer plantaciones es inviable y se está empezando ya a notar en nuestras exportaciones e industria. Que traigan agua de donde quieran. Dicen que hay un segundo Programa Agua, pues que lo destapen.

      ¿Tienen esperanzas de que ese segundo programa Agua les plantee soluciones?

      Hay que tener perspectivas de futuro. La desalación está ahí, pero que a mí no me toquen las dotaciones del trasvase, que no van a ir, por ejemplo, a los campos de golf, con los que puede haber un desarrollo compartido. Con desalación no se resuelve el problema, su precio es muy elevado (algunas comunidades de regantes sí pueden pagarlo, no toda la agricultura es igual) y con 50 hectómetros cúbicos no me resuelven el problema. Tienen que venir aguas superficiales de donde quieran, pero el déficit estructural hay que resolverlo. También deberían dar unas directrices, permitir que se cultive sólo la mitad y dar indemnizaciones, por ejemplo. Pero que nos digan cuál es la solución de la cuenca del Segura.

      ¿La situación se desbloquearía dentro de un año con un eventual gobierno del PP?

      El PP propuso el plan del Ebro, eso no se puede olvidar. No sé si lo incluirán en el programa de las próximas elecciones generales, supongo que mantendrán la misma política.

      Pero ahora hay una división territorial interna en los temas del agua.

      Cuando llegue la hora de intereses nacionales hay que defenderlos y dejarse del tema autonómico. Lo hizo Aznar y se callaron todos. Si Rajoy también dice que son intereses nacionales hay que dejarse de egoísmos autonómicos y seguir para adelante. Lo que está claro es que el Gobierno central actual está obligado a resolvernos los problemas.

      ¿Esta legislatura será más fácil llegar a un pacto del agua en la Asamblea regional?

      Creo que sí. No tiene sentido que los regantes seamos capaces de llegar a acuerdos y que los partidos políticos no puedan. Si mi junta de gobierno tuviera una discusión tan seria, bocadillos que te crió y aquí no sale nadie hasta que no se llegue a un acuerdo. Eso es lo que deberían hacer en la Asamblea.

      ¿Debe limitarse de algún modo el suministro para atender la deuda de la Mancomu-nidad del Taibilla con los regantes?

      A veces lo he pedido, por ejemplo de tres a cinco de la mañana, que no supone ningún altercado para nadie. Se tiene la impresión de que los regantes siempre estamos llorando y quejándonos. A nivel nacional no se acaba de concienciar lo que está pasando en la cuenca del Segura. La sociedad no vive lo que viven los regantes, hay agua cuando se abre un grifo. No quieren restricciones porque sería indirectamente apoyar a los regantes en ese déficit de agua. Dicen que se resolverá cuando estén las plantas desaladoras, pero llevamos años esperando y no ocurre.

      ¿Cómo es que el agua merma producciones y a la vez esas producciones mermadas tengan problemas para venderse?

      Son dos cosas distintas. Sin materia prima se pierde mercado. Hay problemas porque asistimos a una globalización total. Se necesita una planificación agrícola y otra hidráulica. La falta de agua también merma la calidad. Por un lado se ha de contar con una cantidad segura de agua, y por el otro no puedes pasarte de una determinada producción o se hunden los precios.

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      Moragues afrima que el trasvase del Ebro es incompatible con el Programa Agua

      Los trasvases deben ser la última solución de la planificación hídrica para cubrir el déficit de agua. El presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Juan José Moragues, reafirmó ayer su apuesta por el Programa Agua frente a la propuesta de debatir en torno a un trasvase del Ebro hasta Sagunto, lanzada el pasado lunes por el secretario general de los socialistas valencianos, Joan Ignasi Pla, en el debate de investidura en las Cortes Valencianas. Moragues afirmó que la idea de transferir agua del Ebro «choca totalmente» con la política actual del Ministerio de Medio Ambiente de aprovechar el potencial de los recursos alternativos, como es el caso de las aguas subterráneas en Castellón.

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          El movimiento social contra la transferencia critica la propuesta de Pla de abrir un debate

          El presidente de la CHJ, no obstante, quiso evitar polémicas y se remitió a las declaraciones realizadas el martes por la ministra Cristina Narbona en Valencia. La responsable de Medio Ambiente evitó descartar cualquier trasvase -de hecho, en breve comenzarán las obras del canal Júcar-Vinalopó-, pero enfatizó que primero deben agotarse otras soluciones para ganar agua, como la reutilización, las desaladoras y la racionalización del uso de los recursos disponibles.

          La propuesta de Pla se enmarcaría dentro de un pacto que busca alejar el debate del agua de la confrontación política. Un trasvase del Ebro exigiría, no obstante, el consenso de todas las partes implicadas, como han remarcado tanto el líder socialista como la ministra. Sin embargo, en la cuenca cedente, la oferta de debate de Pla ha caído como un jarro de agua fría. Así, el movimiento social que lideró la oposición al derogado trasvase del Ebro arremetió ayer contra la idea de entablar un diálogo con los gobiernos de Aragón, Cataluña y central sobre una transferencia «razonable y aceptable». «Estamos sorprendidos de la respuesta del PSPV», dijo el portavoz de la Plataforma en Defensa del Ebro (PDE), Manolo Tomàs, quien acusó a los socialistas valencianos de tratar de esquivar la oposición social y política que despertó la política hídrica del último ejecutivo de Aznar a través de proyectos menores y de menor coste que, a su juicio, continuarían poniendo en peligro el futuro ecológico del río. «La postura oficial del PSOE es la modificación del Plan Hidrológico, la derogación del trasvase del Ebro y las alternativas del programa Agua», recordó.

          La PDE ve en el canal Xerta-Sènia, una infraestructura nunca usada de finales de la dictadura, el trazado de un hipotético trasvase hacia Castellón. La Generalitat de Cataluña impulsa ahora este canal y lo quiere destinar a regadío, aunque ningún regante participa en la financiación y la PDE cree que generará agua sobrante, susceptible de ser trasvasada. La plataforma recogerá firmas para presentar al parlamento catalán una resolución que defienda el caudal medioambiental del Ebro. «Lo mejor es situar este debate en el entorno científico. No nos interesa un rifirrafe político», dijo Tomàs.

          Por otro lado, la CHJ firmó ayer un convenio con el Instituto Geológico y Minero de España para la vigilancia de los acuíferos en los sistemas del Júcar y del Turia. Moragues destacó la necesidad de controlar las extracciones de los pozos de sequía para garantizar la sostenibilidad medioambiental de las aguas subterráneas, que componen el 75% de los recursos del territorio de la CHJ. A través de una red de puntos de medición, el organismo vigila la evolución de los acuíferos, cuya recarga por las lluvias permitirá este año una mayor extracción a los agricultores del Júcar. Moragues reiteró que la CHJ ya no está en emergencia por la sequía, pero que esta situación aún no se ha consolidado y exige mantener restricciones al regadío.

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          Opinión: Agoreros y videntes

          Por un lado, el relator especial de la ONU para la Vivienda, Miloon Kothari, recomienda al Gobierno central que alerte a ciudadanos e inversores de la inminencia de una crisis inmobiliaria, que afectará a gran parte de la población. Las hipotecas son una losa que cada año será más pesada, y que, a juicio de Kothari, no sólo tendrá efectos negativos en educación, alimentación y vestido, sino que ya está causando que la tasa de violencia doméstica que se registra en España sea una de las más altas de Europa. Considera fundamental que la Administración fomente las viviendas de protección oficial y los alquileres a precios asequibles.

          En la misma línea de denuncia de la situación inmobiliaria, un informe de Greenpeace, presentado por su director en España, López de Uralde, descubre que en todo el litoral español se producen agresiones y que en la Comunidad Valenciana los planes urbanísticos en marcha prevén la construcción de medio millón de viviendas en el litoral, así como 15 nuevos campos de golf y más de 2.000 amarres en puertos deportivos. Pero la denuncia más grave afecta a Galicia, donde asegura que está previsto construir 800.000 viviendas a lo largo de este año 2007.

          Otra organización ecologista, WWF-Adena, a la vez que castiga a Narbona por el exceso de desalinizadoras en construcción y en proyecto, apoya a la ministra en su tesis antitrasvasista y en buscar nuevas fórmulas para la mejor gestión de los recursos hídricos. Incluso se permite aventurar que valencianos y murcianos quieren el agua para desarrollar más urbanizaciones. Narbona no se arredra y anuncia una nueva desalinizadora en Guardamar para abastecer a Riegos de Levante-Margen Izquierda, la organización de regantes ilicitanos que se quejan de haber sido ignorados por las Confederaciones Hidrográficas del Júcar y del Segura. A ver cómo les sale de precio el metro cúbico.

          Demasiados factores se unen para dificultar una política hídrica que permita a la Comunidad Valenciana disponer del agua que precisa para un crecimiento sostenible en todos los sectores económicos. Hay excesivos agoreros insoportables y algunos videntes del Consell que se empeñan en pintarnos el futuro de color de rosa. Ni tanto, ni tan calvo.

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          Análisis de los trasvases más polémicos de España

          El informe de la organización mundial de conservación define a los trasvases entre cuencas como iniciativas muy costosas con elevados impactos ambientales que ponen en peligro la capacidad de los ríos para proporcionar alimentos y agua. El informe analiza casos de trasvases realizados en Australia, España y Sudáfrica, así como otros proyectos en Brasil, China, Grecia y Perú. Existen cientos de otros proyectos de trasvases en todo el mundo, algunos de ellos ocultados al público debido a su conflictividad.

          La casi totalidad de los casos manifiestan los mismos fallos: costes disparados, falta de transparencia, daños irreversibles a los ríos, falta de implicación de los afectados, desplazamientos de comunidades, fracaso de los beneficios esperados y falta de estudio de alternativas sostenibles.

          Jaime Pittock, Director del Programa Internacional de Aguas de WWF/Adena, explicó: «En muchos casos, los proyectos de trasvases son simples ‘acueductos de sueños’, reflejo de un pensamiento simplista de que la transferencia de agua de un río a otro va a resolver los problemas de escasez de agua, sin producir otros nuevos. La clave para resolver realmente esta crisis es la conservación de los ríos y acuíferos, conjuntamente con una correcta evaluación y gestión de la demanda». La Unión Europea considera también que los trasvases sólo pueden ser la ‘última solución’ a los problemas del agua, tras analizar primero las posibilidades de ahorro y mejora de la gestión.

          Trasvase Tajo-Segura (Castilla-La Mancha, Valencia, Murcia, Almería)

          El Tajo-Segura trasvasa desde 1978 hasta 600 hm3/agua anuales por sus 286 kilómetros desde el Sistema Ibérico hacia el Levante. Oficialmente, transfiere agua para 147.000 hectáreas de regadío y 76 abastecimientos urbanos. El trasvase ha causado impactos severos, como la reducción de caudales ambientales en el río Tajo, el traslado de especies de peces entre cuencas (que afecta por ejemplo a la loina del Júcar) y la destrucción de ecosistemas y la promoción de una agricultura insostenible en Murcia y Almería.

          A pesar del trasvase, el déficit del agua en la zona beneficiada está aumentando, y existe un mercado negro del agua. Varios informes estiman que existen 65-100.000 hectáreas de regadíos ilegales en la cuenca del Segura, y Murcia y Almería continúan en el boom urbanístico, con más de 50 nuevos campos de golf y 115.000 nuevas viviendas en un plazo de 8 años. «El caso del trasvase Tajo-Segura ilustra una gestión del agua que prioriza a aquellos usuarios que no son preferentes según la Ley de Aguas: en vez de asegurar los abastecimientos y los caudales ambientales en los ríos, se amplían campos de golf, urbanizaciones y regadíos», critica Guido Schmidt.

          Proyecto de trasvase del Ebro (Cataluña, Valencia, Murcia, Almería)

          La Ley del Plan Hidrológico Nacional (PHN) aprobó en el año 2001 un nuevo trasvase de 1.050 hm3/año desde el Ebro a otras zonas de la costa mediterránea. WWF/Adena se opuso a la ejecución de este proyecto, porque lo consideraba obsoleto. El proyecto no consideraba ni los efectos del cambio climático sobre la disponibilidad del agua, ni los impactos ambientales, vulnerando así a la legislación europea. Sus cálculos económicos eran incorrectos y WWF/Adena estimó que las pérdidas totales ascendían a 3.500 millones de euros, siendo el coste medio del agua de 0,72 €/m3 agua, muy superior al coste del agua desalinizada (0,45-0,60 €/m3). Tras numerosas manifestaciones y reuniones técnicas, la Comisión Europea asumió los mismos argumentos económicos y ambientales para no asignar los 8.000 millones de euros de los fondos europeos de cohesión y desarrollo regional a este proyecto.

          WWF/Adena apoyó la derogación del proyecto de trasvase del Ebro por el Gobierno en el año 2004 y su sustitución por el programa A.G.U.A. del Ministerio de Medio Ambiente y sus desalinizadoras, si bien considera que «las Comunidades Autónomas y el Gobierno siguen sin apostar por el ahorro del agua y el desarrollo territorial sostenible», según explica Guido Schmidt, responsable del programa de aguas de WWF/Adena. Y añade: «El crecimiento sin límite del regadío y de las urbanizaciones impiden una buena gestión del agua y son los principales responsables de los abusos del agua, como los más de 500.000 pozos ilegales».

          Trasvase Guadiana-Doñana (Andalucía), en proyecto

          La Junta de Andalucía promueve el trasvase de agua del Guadiana a Doñana, apoyando un desarrollo insostenible de la provincia de Huelva, tanto en lo que se refiere al urbanismo en los núcleos costeros, como a la transformación de más de 25.000 hectáreas de montes y cultivos de secano hacia nuevos regadíos. En mayo de 2007, la Agencia Andaluza del Agua solicitó al Ministerio de Medio Ambiente un trasvase de 5 hm3 anuales para el riego del fresón en Doñana. Ahora mismo, un tercio de estos campos de fresón ocupan ilegalmente montes públicos y espacios protegidos y se abastecen de pozos ilegales.

          WWF/Adena critica que la Junta de Andalucía ni siquiera haya contemplado las alternativas de ahorro y reciclaje que esta organización propuso hace tres años como parte de la solución. Guido Schmidt, Responsable del Programa de Aguas de WWF/Adena, explica: «Se trata de otro trasvase que beneficia a agricultores ilegales y que es más caro que otras alternativas de ahorro. La Junta de Andalucía sigue sin apostar por la buena gestión del agua en Huelva», explica.

          Las alternativas propuestas por WWF/Adena suponen el ahorro de 10-13 hm3/año con un coste de 18-25 millones de euros. Incluyen las siguientes medidas: Modernización de regadíos (4,5 hm3/año, con un coste de 9 millones de Euro), promoción de cultivos hidropónicos (2,8 hm3/año), ahorro urbano (2,8 hm3, con un coste de 0,8 millones de Euro), mejora de redes urbanas (0,8 hm3), reutilización de aguas depuradas (4 hm3/año, con un coste de 8,3 millones de euros) y revisión de regadíos subvencionados (3,5 hm3/año).

          Trasvase Tajo-Llanura Manchega (Castilla-La Mancha), en construcción

          La Junta de Castilla-La Mancha y el Ministerio de Medio Ambiente son los principales promotores del trasvase entre el río Tajo y la Llanura Manchega, con el objetivo de asegurar el abastecimiento en esta última cuenca, fuertemente sobreexplotada y con problemas de contaminación en los acuíferos 23 y 24, donde los niveles de nitratos ya superan en algunos puntos los 50mg/l, límite establecido por la legislación (Directiva 91/676, Real Decreto 261/96).

          WWF/Adena considera que este trasvase afectará negativamente al río Tajo en las provincias de Toledo y Guadalajara y a Extremadura y Portugal. Con la pérdida de caudal empeorará la sequía en el Tajo Medio (ya hay periodos del año en el que el cauce se queda seco en La Sagra y en Talavera). También afectará a la calidad del agua, aumentando la contaminación de los embalses aguas abajo de Toledo, que ya están muy eutrofizados.

          Para Alberto Fernández-Lop, del programa de aguas de WWF/Adena: «Los responsables políticos han entrado en una huida hacia delante que se manifiesta en este trasvase. En vez de apostar por una buena gestión del agua, cerrar los más de 60.000 pozos ilegales y promover una agricultura que no dependa del agua, la Junta de Castilla-La Mancha sigue subvencionando al regadío y construye costosas infraestructuras». WWF/Adena alerta también ante la posibilidad de que este trasvase sea inviable por la falta de agua en el Alto Tajo.

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