Si hiciéramos una encuesta en Castilla-La Mancha, en Aragón, en la Comunidad Valenciana o en Murcia, estoy seguro de que la inmensa mayoría de los entrevistados estarían a favor de un pacto de Estado para el reparto del agua. Sin embargo, esos mismos ciudadanos siguen respaldando abrumadoramente a líderes que va a ser muy difícil que se pongan de acuerdo porque defienden posturas casi irreconciliables. Y es que hay pocos políticos más antitrasvasistas que el aragonés Marcelino Iglesias o que el castellano-manchego José María Barreda, ni dirigentes más entusiastas de los trasvases que el murciano Ramón Luis Valcárcel o que el valenciano Francisco Camps. Como quiera que estos cuatro señores de la guerra (del agua) salieron reforzados de la votación del 27-M, todo hace pensar que tendremos guerra (del agua) para rato. Es lo que han querido los votantes. Y los votantes, como los clientes, siempre llevan razón, incluso cuando se equivocan.

Si el pueblo pide guerra, va a tener guerra. Habrá guerra en los parlamentos, guerra ante los micrófonos y guerra, por supuesto, también en los tribunales. El Constitucional tendrá que resolver en los próximos meses los recursos que han presentado, todos contra todos, contra las reformas de los estatutos de Cataluña, Comunidad Valenciana, Andalucía, Castilla y León, Aragón y Castilla-La Mancha. Lo más surrealista es que, a excepción del catalán, el resto han sido pactados por PSOE y PP, y que los mismos partidos defienden justo lo contrario en unas y otras comunidades. Hasta Juan Carlos Rodríguez Ibarra, antes de marcharse, ha dejado recurrido el estatuto de Manuel Chaves, que en materia hídrica está más de acuerdo con Javier Arenas que con su histórico compañero de partido en Extremadura. Ver para creer.

Jamás la política había hecho tantos y tan extraños compañeros de viaje como en esta guerra (del agua). Con tal de salvar cada uno su poltrona, no sólo perjudican los intereses generales de los españoles, sino que están dispuestos a dañar la integridad de sus propios partidos políticos.

La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, destacó ayer que «los debates» en materia hídrica «están siempre abiertos», pero que su obligación es desarrollar el programa AGUA -que entre otras medidas promueve la desalación de agua de mar- y resolver «lo antes posible» las carencias que existen en la Valencia y Murcia. Además, subrayó que la actual política del agua cuenta con una financiación europea «que nunca tuvo el trasvase del Ebro».

Narbona respondió así a preguntas de los periodistas sobre la oferta que el dia anterior planteó el portavoz socialista en las Cortes de Valencia, Joan Ignasi Pla, al reelegido presidente de esta Comunidad, el popular Francisco Camps, de apoyar «un trasvase razonable» del Ebro. La relativa coincidencia trasvasista de Pla y Camps fue resaltada ayer por la prensa regional como el renacer de un trasvase derogado por el actual Gobierno socialista.

«Como ministra, mi obligación es desarrollar el programa AGUA y resolver lo antes posible las carencias de agua de calidad que tienen la Comunitat Valenciana y la Región de Murcia con actuaciones concretas y con inversión concreta», sostuvo Narbona. «Los debates están siempre abiertos, pero mi obligación es hacer lo que estamos haciendo», añadió la ministra tras presidir en Elche la firma de un acuerdo entre Acuamed y la Comunidad de Riegos de Levante para construir una nueva desalinizadora en Alicante.

Posteriormente, en Calpe, la ministra puntualizó que Pla rechazó públicamente el trasvase del Ebro incluido en el anterior Plan Hidrológico Nacional y planteó condiciones «en la aproximación a ese debate. «Pero, como ministra, no estoy en los debates, sino en la respuesta concreta», agregó.

El debate en materia hídrica es «un debate libre sobre el que todo el mundo puede tener sus posiciones», indicó Narbona , quien recordó que la Comisión Europea «ha avalado de manera reiterada la política del agua» que desarrolla el Gobierno español.

«Contamos con financiación europea que nunca tuvo el trasvase del Ebro y con su apoyo ante todo tipo de denuncias por parte de la Generalitat Valenciana» que «se han lanzado ante la instituciones europeas y que éstas han rechazado de manera reiterada».

Narbona dijo que el programa AGUA abarca «todas las formas diferentes de obtención de agua, desde la modernización de los regadíos hasta la gestión de los trasvases del Tajo-Segura y el Júcar-Vinalopó», cyo inicio de otras (de este último) se aprobará este viernes, según anunció. Pero sobre todo insistió en que la desalación de agua de mar es «una tecnología que cada vez ofrece mejores resultados y sobre todo es la única que que garantiza agua llueva o no». Por eso tachó de «lamentable que alguna vez se quiera criminalizar la desalación».

Mientras el PP de Alicante criticaba que Narbona «ha renunciiado a comprometerse con la llegada de agua a la Comunidad Valenciana», la organización ecologista WWF/Adena publicaba ayer un informe donde descarta los trasvases por su «elevado coste económico y ambiental» y mostraba su preocupación por la política de varias Comunidades, en especial Andalucía, Castilla-La Mancha, Valencia y Murcia, «que pretenden utilizar nuevos trasvases para promover regadíos y urbanizaciones insostenibles».

El «trasvase razonable» del Ebro con el que el síndic socialista, Ignasi Pla, desmontó el andamiaje político del presidente Camps y sorprendió a no pocos diputados socialistas es, en realidad, el minitrasvase a Castelló, que en determinadas circunstancias, «llegaría como máximo a Sagunt» . Lo explicaron ayer en declaraciones a este diario el propio Pla y el portavoz de Territorio, Medio Ambiente y Vivienda del grupo socialista, Francesc Signes, quien destacó que el «auténtico valor» de la iniciativa de Pla estriba en haber apostado por un «pacto del agua que saque este asunto de una vez del debate político» . El líder socialista había repetido mil veces que el trasvase del PHN era imposible porque nunca contaría con la financiación de la Unión Europea ni con el aval político de las comunidades de la cuenca cedente.

La novedad es que ahora, al calor de la derrota electoral, animó a Camps a hacer causa común y trabajar por ese consenso de los gobiernos de España, Aragón y Cataluña para hacer viable un trasvase «razonable desde el punto de vista social, económico y ambiental» . Y «razonable» significa, según explicó el secretario general del PSPV, que en ningún caso se estaría hablando de los 350 hectómetros de la transferencia hídrica del Ebro del PHN ni magnitudes parecidas. El pacto del agua propuesto por Pla incluiría un compromiso del Consell de no poner más palos en las ruedas del Programa Agua. «Desbloquear las diferencias es que Camps se olvide de hacer política y de poner trabas a proyectos que generan grandes beneficios sociales como la desaladora de Torrevieja» , agregó el dirigente socialista.
El acuerdo para el que Pla tendió la mano serviría para «garantizar el caudal del Júcar» combatiendo los pozos ilegales de La Mancha oriental y La Manchuela, cuestión para la que habría que negociar con el gobierno vecino del socialista José María Barreda. «En la historia de la humanidad no ha habido un trasvase sin el vistobueno de las cuencas cedentes y eso lo tiene que saber Camps, pero su problema es que antepone los intereses electorales del PP a los de la Comunitat Valenciana» , afirmó Signes. «Piensa que cuanto peor les va a los valencianos en el agua, mejor le va a él y por eso en vez de aceptar ya nuestra propuesta de diálogo y ganar ocho meses de cara al consenso, prefiere ganar más votos estos ocho meses hasta las generales» , concluyó el portavoz de medio ambiente.
La oferta de Pla provocó ayer un aluvión de reacciones. La ministra Narbona se limitó a afirmar que los «debates» en materia hídrica «están siempre abiertos», pero que su «obligación» es desarrollar el programa Agua y resolver «lo antes posible» las carencias que existen, dijo, en la Comunitat Valenciana y en Murcia. «Con actuaciones concretas y con inversiones concretas, eso es lo que me corresponde» , concluyó la responsable de Medio Ambiente para evitar el choque frontal con el PSPV.

Las reservas hídricas de los embalses de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) han disminuido 13,92 hectómetros cúbicos durante la última semana y se han situado en 757,12 hectómetros cúbicos, lo que supone un 22,62 % de los 3.346,6 hectómetros cúbicos que tienen de capacidad total.

No obstante, la situación es notablemente mejor que la del pasado año por estas fechas, cuando los embalses tenían 100 hectómetros cúbicos- el equivalente al consumo de Valencia- menos que en en la actualidad.
Según informaron ayer fuentes de la CHJ, todos los sistemas fluviales han perdido recursos en esta semana en la que se aprecia ya una incremento de las necesidades hídricas para el regadío.
Los únicos embalses de regadío que han ganado recursos son los de Sichar (0,79 hectómetros cúbicos), Loriguilla (0,22 hectómetros cúbicos) y de Ulldecona, con 0,02 hectómetros cúbicos.
Los descensos más significativos han sido los del embalse de Tous-La Ribera, que ha perdido 6,06 hectómetros cúbicos; el embalse de Alarcón, con 3,08 hectómetros cúbicos menos; y el de Arenós, cuyas reservas han descendido 1,35 hectómetros cúbicos.
Por sistemas, el de La Marina Baja/Serpis está al 65,70% de su capacidad; el del Júcar al 16,99 %; el del Turís al 39,22 %; y el del Palancia/Mijares/Cenia al 57,16 %.

Según los datos facilitados hoy a EFE por la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT), el embalse de Buendía, en la provincia de Cuenca, tiene un hectómetro cúbico más que hace siete días y tiene almacenados 257 hectómetros cúbicos, el 15,68 por ciento de su capacidad total, que es de 1.639 hectómetros cúbicos.

El pantano de Entrepeñas, en la provincia de Guadalajara, tiene otro hectómetro cúbicos más que la semana anterior y embalsa ahora 218 hectómetros cúbicos, el 26,11 por ciento de su capacidad, que es de 835 hectómetros cúbicos.

El Consejo de Ministros autorizó a principios de mes un trasvase durante los meses de verano de 92 hectómetros cúbicos desde la cabecera del Tajo, de los que 62 serán para consumo humano y veinte para regadío en la cuenca del Segura, mientras que el Parque Nacional de las Tablas de Daimiel recibirá diez.

Si la reserva de agua en los dos embalses de la cabecera del Tajo descendiese hasta 240 hectómetros cúbicos, por ley, quedarían prohibidos nuevas autorizaciones de trasvase de agua a través del acueducto Tajo-Segura.

El verano pasado la reserva conjunta de los embalses de Buendía y Entrepeñas descendió hasta los 241 hectómetros cúbicos.

El consejero en funciones de Agricultura y Agua de la Región de Murcia, Antonio Cerdá, asegura que «el programa AGUA de Narbona se desmonta», y lamentó que, mientras esto ocurre, «se siguen negando los trasvases para un sector estratégico en la Región como es la agricultura», según informó la Secretaría General de la Presidencia y Relaciones Externas en un comunicado.

Asimismo, Cerdá aseguró que «el tiempo está dando la razón al Gobierno regional», y precisó que «vemos cómo el Gobierno central está agotando su legislatura sin dar soluciones al déficit hídrico estructural que padece la Comunidad de Murcia».

Impacto negativo

En este sentido, criticó que «la desalación masiva contamina por tierra, mar y aire», y argumentó que se trata de una situación que «ha alertado un informe del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF/Adena) que se publicó esta semana, bajo el título ´Fabricando agua, desalinización, ¿alternativa o distracción para un mundo sediento?´, en el que criticó el impacto negativo de las plantas desalinizadoras en España», según el comunicado.

Así pues, Cerdá indicó que «las desalinizadoras que contempla el Programa AGUA del Ejecutivo socialista harán que se emitan 2,4 millones de toneladas anuales de Dióxido de Carbono a la atmósfera», de ejecutarse al 100 por ciento del Programa Agua del Ministerio, «según publicó hoy el diario La Verdad».

Al respecto, señaló que «la energía que se gasta para desalar un metro cúbico de agua es tres veces y media superior de la que se necesita para trasvasar».
Técnica complementaria

En este sentido, insistió en que la desalación «siempre ha sido defendida por el Gobierno murciano como una técnica complementaria, pero no como una solución definitiva para corregir el déficit estructural que padece la agricultura murciana, solución que sólo puede venir por los trasvases».

Igualmente, apostilló que «estamos viendo que el programa AGUA, alternativo al trasvase del Ebro, se está derrumbando».

Precisó que «estamos terminando la legislatura y no ha habido modificación de la Ley de Aguas ni de las Confederaciones», y agregó que «no se ha realizado ninguna de las promesas que estaban previstas en el Programa Electoral, ni las que se hicieron cuando se derogó el trasvase del Ebro», por lo que consideró que ésta «ha sido una legislatura perdida».

Durante su intervención en el debate de investidura como presidente de la Comunidad, Valcárcel resaltó que el agua «es un recurso que debe ser administrado con un criterio sensato; que no puede estar sometido a guerras territoriales con el afán único de alcanzar determinados objetivos políticos».

El presidente murciano indicó en la Asamblea Regional que «no se nos puede pedir que renunciemos a la demanda de actuaciones en cada una de las Cuencas Hidrográficas de España para un mejor aprovechamiento de los recursos disponibles; y no se puede pedir -añadió- porque es una barbaridad, que renunciemos a que los excedentes sean compartidos, tal y como acertadamente refleja el lema con el que actualmente la Organización de Naciones Unidas aborda el problema de la escasez de recursos hídricos».

Valcárcel afirmó que Murcia debe seguir reclamando la llegada de agua excedente desde otras cuencas, «como única forma de resolver nuestro déficit hídrico estructural, que es una pesadísima losa de la que debemos liberarnos para poder seguir creciendo».

En su discurso, añadió que «no caben limitaciones estatutarias ni apropiaciones regionales; sólo cabe la vertebración de España, la solidaridad, el aprovechamiento inteligente y sostenible de los recursos y el apoyo entre todos».

Valcárcel aseveró que la Región de Murcia no debe conformarse con los complementos «porque lo que debemos exigir es una Política Hídrica de Estado. Debemos saber que, si hay agua para todos -y la hay-, no podemos sino pedir lo que nos corresponde, porque eso no va en contra de nadie, sino en beneficio de todos».

El jefe del Ejecutivo en funciones también destacó que la Región de Murcia depura, reutiliza y ahorra más agua que nadie en toda Europa. «Frente a los manipuladores que señalan a Murcia como una comunidad donde se despilfarra el agua, -dijo Valcárcel- se encuentra el hecho de que la Región reutiliza más de 110 hectómetros cúbicos de agua al año, una cifra que representa la cuarta parte del total nacional, gracias al casi medio centenar de depuradoras que hemos puesto en marcha en toda la Región».

El presidente murciano también se comprometió en su discurso a potenciar la comercialización de los productos agrícolas de la Región, la mejora en los canales de distribución y la investigación, el desarrollo y la aplicación de las nuevas tecnologías, «para generar mayor valor añadido».

Asimismo, el programa de Gobierno del Partido Popular para la región contempla, según recordó Valcárcel la protección de la agricultura tradicional «y de quienes la hacen posible, auténticos agentes medioambientales frente al proceso de desertización que amenaza a la Región».

Valcárcel también afirmó que garantizará las producciones agrarias con la implantación generalizada de los seguros agrarios, «un objetivo básico -dijo- para mantener la renta de los agricultores, de cuyas capacidades para adaptarse a los retos de la reforma de la OCM de frutas y hortalizas estoy plenamente convencido».

Por otra parte, confirmó que se extenderá a la mayoría de los cultivos el programa de “agricultura limpia”, mediante la implantación de la lucha biológica y los métodos necesarios para conseguir producciones de alta calidad y libres de residuos químicos.

Además, Valcárcel subrayó que el futuro Gobierno regional perfeccionará los “Planes de vigilancia fitosanitaria” para conseguir asegurar la calidad y la seguridad alimentaria en los productos hortofrutícolas, «objetivo que se extenderá a la ganadería y la pesca. En estos sectores -añadió- pondremos en marcha un nuevo Plan de Alerta Regional en Sanidad animal, programas de saneamiento del ganado, controles sobre seguridad alimentaria en las granjas y el ecoetiquetado».

Por último, para el sector pesquero, Ramón Luis Valcárcel comprometió la creación de un servicio de vigilancia e inspección de pesca en el litoral que garantice el respeto al equilibrio medioambiental y la explotación adecuada de los recursos.

La Asociación Agraria Jóvenes Agricultores (Asaja) de Castilla-La Mancha ha estimado que la producción de cereales de invierno (trigo, cebada, avena y centeno) en 2007 superará los 4 millones de toneladas, lo que supone un incremento del 40% respecto al año pasado, en que se recogieron 3,1 millones de toneladas. En una nota de prensa, la organización agraria dice que, no obstante, las excelentes previsiones de principios del mes de mayo se han visto mermadas por las condiciones climatológicas adversas que se sucedieron durante los últimos días de mayo y primeros de junio.

De los 4,1 millones de toneladas de cereales que está previsto se cosechen en Castilla-La Mancha, 3 millones corresponderían a cebada, 700.000 toneladas a trigo y 300.000 a avena. Asaja prevé un ligero ascenso de los precios por la demanda norteamericana para la producción de combustibles y la sequía de los países del norte de Europa.

Esta cotización al alza de los precios de los cereales se dejará notar negativamente en el sector ganadero, que tendrá que soportar mayores costes de producción al tener que pagar mayores precios por la alimentación animal, según indicó la organización agraria.