El pasado martes, la organización WWF/Adena presentaba en Ginebra (Suíza) un informe titulado Pipedreams? -un juego de palabras entre pipeline (conducción) y dreams (sueños)- que se mostraba, en general, muy crítico con la utilidad de los trasvases de agua.

Entre sus páginas, esta organización destaca tres ejemplos de trasvases, entre todos los que hay en funcionamiento o en proyecto de todo el mundo. Tres trasvases que, lejos de fomentar el uso racional del agua, han promovido su despilfarro.

Este trío lo forman el Trasvase de Snowy River, en Australia; el de las Tierras Altas de Lesotho, en Sudáfrica y el Trasvase Tajo-Segura, en España. De hecho, el primer ejemplo de trasvase mal gestionado, el número uno de la lista es, precisamente, este viejo conocido de los albaceteños.

«Más que resolver una escasez de agua en la cuenca del Segura -indica el informe entregado a la prensa internacional- esta extensa infraestructura hidráulica se ha convertido en un motor del uso insotenible del agua, promoviendo el aumento incontrolado de superficies de riego y los desarrollos urbanísticos en la costa».

De hecho, WWF/Adena lo pone como un claro ejemplo de su tesis principal contra los trasvases, pues considera que «aumentar la disponibilidad de agua con un trasvase puede inducir a un consumo insostenible en la región receptora».

Es más, como consecuencia de esta tesis, la organización ecologista llega a una conclusión: que este trasvase ha dañado no sólo a la región donante, a Castilla-La Mancha, sino también a Murcia, cuya economía está «prisionera» del acueducto Tajo-Segura.

La explicación que da el informe a las consecuencias dañinas del ATS es sencilla: las cifras que se usaron para planificar su construcción y las que ha impuesto la realidad no tienen nada qué ver.

Cuando se puso en servicio, en 1978, «su principal objetivo era cubrir un déficit hídricos estimado en 0’5 kilómetro cúbico por año en el área receptora y asegurar el suministro de agua para 147.000 hectáreas de regadío y 76 ayuntamientos en el sudeste de España».

WWF/Adena recuerda que el acueducto comienza en dos presas en el Alto Tajo, con una capacidad de almacenamiento de 2’4 kilómetros cúbicos, y sus 268 kilómetros de longitud permiten en teoría una transferencia de un kilómetro cúbico por año hacia la presa del Talave.

Pero una cosa es la teoría y otra bien distinta la práctica, porque a la hora de la verdad «las actuales derivaciones de agua son variables y dependen de la existencia de recursos en la cuenca del Tajo. Habitualmente, se transfieren entre 0,2 y 0,4 kilómetros cúbicos por año. Sólo en unos pocos años se ha llegado a transferir el máximo legal permitido de 0,6 kilómetros cúbicos».

Es más, subraya que «en épocas de sequía, siempre que el agua almacenada en embalses de cabecera se ponga por debajo de los 0,24 kilómetros, la derivación se acerca a cero».

Paralelamente -recuerda- en la cuenca cedente, se ha producido un aumento de la demanda, muy por encima de unas previsiones iniciales a las que nunca se ha llegado.

El Ayuntamiento de Enguídanos (Cuenca) espera contar pronto con elementos que permitan comprobar, con exactitud, que se mantiene el caudal ecológico del río Cabriel, ante el bajo nivel de agua que lleva a veces debido a la actividad de una central hidroeléctrica situada aguas arriba.

El alcalde de Enguídanos, José Vicente Antón, explicó que el Ayuntamiento espera disponer de elementos fiables de medición, una vez que termine el estudio de caudales que está realizando la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) y el que va a hacer la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Montes de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM).

Según Antón, el problema del río Cabriel «es que no se respeta el caudal ecológico», porque hay una central hidroeléctrica aguas arriba «que lleva un poco el caudal a su libre albedrío y no siempre aparece el caudal ecológico». Aseguró que «cuando la central turbina, evidentemente baja mucha agua, pero cuando no turbina el nivel del agua es muy bajo».

Si hiciéramos una encuesta en Castilla-La Mancha, en Aragón, en la Comunidad Valenciana o en Murcia, estoy seguro de que la inmensa mayoría de los entrevistados estarían a favor de un pacto de Estado para el reparto del agua. Sin embargo, esos mismos ciudadanos siguen respaldando abrumadoramente a líderes que va a ser muy difícil que se pongan de acuerdo porque defienden posturas casi irreconciliables. Y es que hay pocos políticos más antitrasvasistas que el aragonés Marcelino Iglesias o que el castellano-manchego José María Barreda, ni dirigentes más entusiastas de los trasvases que el murciano Ramón Luis Valcárcel o que el valenciano Francisco Camps. Como quiera que estos cuatro señores de la guerra (del agua) salieron reforzados de la votación del 27-M, todo hace pensar que tendremos guerra (del agua) para rato. Es lo que han querido los votantes. Y los votantes, como los clientes, siempre llevan razón, incluso cuando se equivocan.

Si el pueblo pide guerra, va a tener guerra. Habrá guerra en los parlamentos, guerra ante los micrófonos y guerra, por supuesto, también en los tribunales. El Constitucional tendrá que resolver en los próximos meses los recursos que han presentado, todos contra todos, contra las reformas de los estatutos de Cataluña, Comunidad Valenciana, Andalucía, Castilla y León, Aragón y Castilla-La Mancha. Lo más surrealista es que, a excepción del catalán, el resto han sido pactados por PSOE y PP, y que los mismos partidos defienden justo lo contrario en unas y otras comunidades. Hasta Juan Carlos Rodríguez Ibarra, antes de marcharse, ha dejado recurrido el estatuto de Manuel Chaves, que en materia hídrica está más de acuerdo con Javier Arenas que con su histórico compañero de partido en Extremadura. Ver para creer.

Jamás la política había hecho tantos y tan extraños compañeros de viaje como en esta guerra (del agua). Con tal de salvar cada uno su poltrona, no sólo perjudican los intereses generales de los españoles, sino que están dispuestos a dañar la integridad de sus propios partidos políticos.

La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, destacó ayer que «los debates» en materia hídrica «están siempre abiertos», pero que su obligación es desarrollar el programa AGUA -que entre otras medidas promueve la desalación de agua de mar- y resolver «lo antes posible» las carencias que existen en la Valencia y Murcia. Además, subrayó que la actual política del agua cuenta con una financiación europea «que nunca tuvo el trasvase del Ebro».

Narbona respondió así a preguntas de los periodistas sobre la oferta que el dia anterior planteó el portavoz socialista en las Cortes de Valencia, Joan Ignasi Pla, al reelegido presidente de esta Comunidad, el popular Francisco Camps, de apoyar «un trasvase razonable» del Ebro. La relativa coincidencia trasvasista de Pla y Camps fue resaltada ayer por la prensa regional como el renacer de un trasvase derogado por el actual Gobierno socialista.

«Como ministra, mi obligación es desarrollar el programa AGUA y resolver lo antes posible las carencias de agua de calidad que tienen la Comunitat Valenciana y la Región de Murcia con actuaciones concretas y con inversión concreta», sostuvo Narbona. «Los debates están siempre abiertos, pero mi obligación es hacer lo que estamos haciendo», añadió la ministra tras presidir en Elche la firma de un acuerdo entre Acuamed y la Comunidad de Riegos de Levante para construir una nueva desalinizadora en Alicante.

Posteriormente, en Calpe, la ministra puntualizó que Pla rechazó públicamente el trasvase del Ebro incluido en el anterior Plan Hidrológico Nacional y planteó condiciones «en la aproximación a ese debate. «Pero, como ministra, no estoy en los debates, sino en la respuesta concreta», agregó.

El debate en materia hídrica es «un debate libre sobre el que todo el mundo puede tener sus posiciones», indicó Narbona , quien recordó que la Comisión Europea «ha avalado de manera reiterada la política del agua» que desarrolla el Gobierno español.

«Contamos con financiación europea que nunca tuvo el trasvase del Ebro y con su apoyo ante todo tipo de denuncias por parte de la Generalitat Valenciana» que «se han lanzado ante la instituciones europeas y que éstas han rechazado de manera reiterada».

Narbona dijo que el programa AGUA abarca «todas las formas diferentes de obtención de agua, desde la modernización de los regadíos hasta la gestión de los trasvases del Tajo-Segura y el Júcar-Vinalopó», cyo inicio de otras (de este último) se aprobará este viernes, según anunció. Pero sobre todo insistió en que la desalación de agua de mar es «una tecnología que cada vez ofrece mejores resultados y sobre todo es la única que que garantiza agua llueva o no». Por eso tachó de «lamentable que alguna vez se quiera criminalizar la desalación».

Mientras el PP de Alicante criticaba que Narbona «ha renunciiado a comprometerse con la llegada de agua a la Comunidad Valenciana», la organización ecologista WWF/Adena publicaba ayer un informe donde descarta los trasvases por su «elevado coste económico y ambiental» y mostraba su preocupación por la política de varias Comunidades, en especial Andalucía, Castilla-La Mancha, Valencia y Murcia, «que pretenden utilizar nuevos trasvases para promover regadíos y urbanizaciones insostenibles».

El «trasvase razonable» del Ebro con el que el síndic socialista, Ignasi Pla, desmontó el andamiaje político del presidente Camps y sorprendió a no pocos diputados socialistas es, en realidad, el minitrasvase a Castelló, que en determinadas circunstancias, «llegaría como máximo a Sagunt» . Lo explicaron ayer en declaraciones a este diario el propio Pla y el portavoz de Territorio, Medio Ambiente y Vivienda del grupo socialista, Francesc Signes, quien destacó que el «auténtico valor» de la iniciativa de Pla estriba en haber apostado por un «pacto del agua que saque este asunto de una vez del debate político» . El líder socialista había repetido mil veces que el trasvase del PHN era imposible porque nunca contaría con la financiación de la Unión Europea ni con el aval político de las comunidades de la cuenca cedente.

La novedad es que ahora, al calor de la derrota electoral, animó a Camps a hacer causa común y trabajar por ese consenso de los gobiernos de España, Aragón y Cataluña para hacer viable un trasvase «razonable desde el punto de vista social, económico y ambiental» . Y «razonable» significa, según explicó el secretario general del PSPV, que en ningún caso se estaría hablando de los 350 hectómetros de la transferencia hídrica del Ebro del PHN ni magnitudes parecidas. El pacto del agua propuesto por Pla incluiría un compromiso del Consell de no poner más palos en las ruedas del Programa Agua. «Desbloquear las diferencias es que Camps se olvide de hacer política y de poner trabas a proyectos que generan grandes beneficios sociales como la desaladora de Torrevieja» , agregó el dirigente socialista.
El acuerdo para el que Pla tendió la mano serviría para «garantizar el caudal del Júcar» combatiendo los pozos ilegales de La Mancha oriental y La Manchuela, cuestión para la que habría que negociar con el gobierno vecino del socialista José María Barreda. «En la historia de la humanidad no ha habido un trasvase sin el vistobueno de las cuencas cedentes y eso lo tiene que saber Camps, pero su problema es que antepone los intereses electorales del PP a los de la Comunitat Valenciana» , afirmó Signes. «Piensa que cuanto peor les va a los valencianos en el agua, mejor le va a él y por eso en vez de aceptar ya nuestra propuesta de diálogo y ganar ocho meses de cara al consenso, prefiere ganar más votos estos ocho meses hasta las generales» , concluyó el portavoz de medio ambiente.
La oferta de Pla provocó ayer un aluvión de reacciones. La ministra Narbona se limitó a afirmar que los «debates» en materia hídrica «están siempre abiertos», pero que su «obligación» es desarrollar el programa Agua y resolver «lo antes posible» las carencias que existen, dijo, en la Comunitat Valenciana y en Murcia. «Con actuaciones concretas y con inversiones concretas, eso es lo que me corresponde» , concluyó la responsable de Medio Ambiente para evitar el choque frontal con el PSPV.

Las reservas hídricas de los embalses de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) han disminuido 13,92 hectómetros cúbicos durante la última semana y se han situado en 757,12 hectómetros cúbicos, lo que supone un 22,62 % de los 3.346,6 hectómetros cúbicos que tienen de capacidad total.

No obstante, la situación es notablemente mejor que la del pasado año por estas fechas, cuando los embalses tenían 100 hectómetros cúbicos- el equivalente al consumo de Valencia- menos que en en la actualidad.
Según informaron ayer fuentes de la CHJ, todos los sistemas fluviales han perdido recursos en esta semana en la que se aprecia ya una incremento de las necesidades hídricas para el regadío.
Los únicos embalses de regadío que han ganado recursos son los de Sichar (0,79 hectómetros cúbicos), Loriguilla (0,22 hectómetros cúbicos) y de Ulldecona, con 0,02 hectómetros cúbicos.
Los descensos más significativos han sido los del embalse de Tous-La Ribera, que ha perdido 6,06 hectómetros cúbicos; el embalse de Alarcón, con 3,08 hectómetros cúbicos menos; y el de Arenós, cuyas reservas han descendido 1,35 hectómetros cúbicos.
Por sistemas, el de La Marina Baja/Serpis está al 65,70% de su capacidad; el del Júcar al 16,99 %; el del Turís al 39,22 %; y el del Palancia/Mijares/Cenia al 57,16 %.

Según los datos facilitados hoy a EFE por la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT), el embalse de Buendía, en la provincia de Cuenca, tiene un hectómetro cúbico más que hace siete días y tiene almacenados 257 hectómetros cúbicos, el 15,68 por ciento de su capacidad total, que es de 1.639 hectómetros cúbicos.

El pantano de Entrepeñas, en la provincia de Guadalajara, tiene otro hectómetro cúbicos más que la semana anterior y embalsa ahora 218 hectómetros cúbicos, el 26,11 por ciento de su capacidad, que es de 835 hectómetros cúbicos.

El Consejo de Ministros autorizó a principios de mes un trasvase durante los meses de verano de 92 hectómetros cúbicos desde la cabecera del Tajo, de los que 62 serán para consumo humano y veinte para regadío en la cuenca del Segura, mientras que el Parque Nacional de las Tablas de Daimiel recibirá diez.

Si la reserva de agua en los dos embalses de la cabecera del Tajo descendiese hasta 240 hectómetros cúbicos, por ley, quedarían prohibidos nuevas autorizaciones de trasvase de agua a través del acueducto Tajo-Segura.

El verano pasado la reserva conjunta de los embalses de Buendía y Entrepeñas descendió hasta los 241 hectómetros cúbicos.