Histórica. Los productores albaceteños de cereales de invierno están recogiendo este año la mayor cosecha de la última década. Según las estimaciones de la Delegación Provincial de Agricultura, la campaña se saldará con cerca de 867.000 toneladas, con un incremento en las cifras de secano del 51% respecto a la media de los diez años anteriores. La mayor cantidad de grano viene acompañada, además, de un alza en los precios que se pagan al agricultor, que se sitúa para la cebada en torno a los 15 céntimos el kilo.

«Sin hacer triunfalismo ni lanzar las campañas al vuelo, podemos decir respecto a la campaña cerealista de este año en Albacete que es la mejor de los últimos diez años, con una recuperación de los precios respecto a campañas anteriores», indicó ayer el delegado provincial de Agricultura, Manuel Miranda. Según recordó, la producción media de los últimos nueve años ha sido de 622.000 toneladas, por lo que estamos ante una cosecha que puede calificarse como «muy buena», con un aumento del 39,4% respecto a la media (incluyendo secano y regadío) y que supone, además, un 49% más sobre la campaña de 2006, que se cerró con 581.554 toneladas.

Precipitaciones

La causa fundamental de los buenos resultados en la provincia -con la excepción de las zonas afectadas por el pedrisco del pasado 5 de junio- es que se han registrado abundantes precipitaciones «justo en el periodo más propicio para la planta». De esta forma, a finales de marzo y primeros de abril se contabilizaron, aproximadamente, 120 litros por metro cuadrado coincidiendo con la fase del encañado y asegurando, así, un buen desarrollo vegetativo. En mayo, además, las temperaturas no fueron demasiado altas, evitándose el temido ‘asurado’ (o mal llenado del grano) en la mayor parte de las explotaciones.

La recolección se inició a primeros del mes de junio en las comarcas más tempranas, como la de Hellín, mientras que en otros lugares como la Sierra de Alcaraz aún no se ha generalizado la cosecha. En conjunto, en la provincia se ha recogido ya entre el 30-35% de la cebada, que es con diferencia el principal cereal de secano en Albacete, y entre un 20-25% del total de la producción de avena.

En cuanto al cereal de invierno de regadío, el delegado provincial de Agricultura señaló que «los trigos están ahora mismo en la fase de llenado del grano, esperándose el inicio de la cosecha para los primeros días de julio, mientras que la cebada se recolectará a finales del próximo mes». Las lluvias del año también han beneficiado a estas explotaciones, ya que los agricultores «han ahorrado muchos riegos, aunque al tratarse de cultivos más tardíos en estas fechas hay que aportar agua».

Las comarcas Centro y Mancha de Albacete concentran la mayor producción cerealista de la provincia, donde se están obteniendo rendimientos que, en el caso de la cebada de secano, se sitúan de media en 3.087 kilos por hectárea, con zonas que superan esa cifra como Mancha (3.125 kilos por hectárea) y La Manchuela (3.703 kilos por hectárea).

Respecto a esta última comarca, cabe recordar que la producción se ha perdido o se ha visto muy mermada por las tormentas de principios de junio en municipios como Navas de Jorquera, Mahora o Golosalvo, que figuran entre las 13 entidades locales de la provincia que la Consejería de Agricultura ha declarado, en la orden publicada el pasado miércoles, afectadas por un fenómeno climático adverso asimilable a «desastre natural».

En conjunto, la provincia cuenta con 216.500 hectáreas de cereales de invierno y 47.525 hectáreas de regadío.

Comercialización

emanda de cereales para biocombustibles el incremento actual de los precios, esto no parece ser para los expertos el principal desencadenante de la situación».En este sentido, añaden que «otros elementos como el descenso de los stocks al final de campaña de los principales cereales, el incremento de la demanda de carne, los accidentes climáticos (especialmente las sequías) o la entrada especulativa de los fondos de inversión en los mercados de futuros de materias primas como los cereales, explican un escenario de desequilibrio

oferta-demanda que acarrea el alza de precios en el que nos encontramos».

Por otra parte, el delegado provincial de Agricultura facilitó también las estimaciones en cuanto a la producción de leguminosas, que se prevé que alcancen casi las 15.000 toneladas en Albacete, con buenos rendimientos.

El Plan de Choque para la modernización de los regadíos nació con el objetivo de reducir el consumo de agua. Y mucho. Nada menos que 1.162 hectómetros cúbicos al año. Sin embargo, ha transcurrido ya más de un año desde su presentación y el ahorro no aparece. «A día de hoy el Gobierno no puede presentar ni un proyecto que demuestre un ahorro de agua», denunció ayer a este periódico Guido Schmidt, responsable de aguas continentales de WWF/Adena.
   El plan presentado en marzo de 2006 por los ministerios de Agricultura y Pesca y de Medio Ambiente pretendía actuar con carácter de urgencia sobre 866.989 hectáreas hasta finales de 2007. Para ello contó con una inversión total de 2.409 millones de euros, de los cuales «1.800 millones de euros provienen de financiación pública», recordó Schmidt.
   Hasta la fecha se han licitado «31 actuaciones de modernización de regadíos por valor de 328 millones de euros», explicó. Pero, «no se ha ahorrado -continúa- ni un hectómetro cúbico de agua y ambas ministras lo saben».
   Son varios los motivos. El primero de ellos es que «en donde se han modernizado los regadíos, los agricultores o bien han aumentado la superficie a cultivar o bien han cambiado de cultivo», explicó. Es decir, que, a pesar de que se hayan modernizado las instalaciones, no se ha rebajado el consumo de agua. Este hecho también ha provocado que «en Estremera (Madrid), los regantes estén vendiendo agua a Murcia, porque con la modernización del regadío no requieren tanta agua», denunció el responsable de WWF/Adena.
   Otro caso es el de La Hoya (Valencia), donde el Plan de Choque pretendía, según Schmidt, «ahorrar agua cambiando 629 hectáreas de cultivo de secano a regadío. El Gobierno ya rectificó, pero este ahorro continúa en el Plan». Un ejemplo similar es el proyecto de «El Fresno, en Huelva, donde se pretendían sustituir los bombeos subterráneos (pozos) por agua superficial; En el plan se lo apuntan como un ahorro cuando es una sustitución, no un ahorro», hizo hincapié Celsa Peiteado, responsable de Política Agraria de WWF/ Adena. Otro ejemplo es «el de Can Bossa (Mallorca) donde al objetivo de modernizar los regadíos le han salido otros proyectos como la creación de un campo de golf, aunque este proyecto está parado».
   

El mejillón cebra ya está en el Júcar y el Segura, aunque por el momento se desconoce hasta dónde ha remontado. La confirmación la daba ayer el secretario general para la Biodiversidad y el Territorio del Ministerio de Medio Ambiente, Antonio Serrano.

Serrano tomó parte ayer en la Comisión de Medio Ambiente del Congreso de los Diputados. Fue la diputada socialista, Maria Luisa Lizárraga, quien le preguntaba sobre las medidas que se han puesto en marcha para frenar el avance de esta especie.

Serrano recordó que el mejillón cebra se detectó por primera vez en el Ebro, en cantidades significativas, hace unos cinco años. Desde entonces, se ha extendido bajando por la vertiente Mediterránea, aprovechando un entorno de temperaturas inusualmente elevadas y aguas estancadas o con poca corriente, que está relacionado en buena medida con las sequías y la escasez crónica de agua en esta parte de la Península.

Desde entonces, se ha puesto en marcha una batería de medidas para atajar su extensión, como la extracción física de colonias, cambios en la temperatura y caudal de las aguas o el uso de productos químicos o toxinas. Sólo en la cuenca del Ebro, según cifras de su Confederación Hidrográfica, se llegan a gasta dos millones de euros anuales para atajar su expansión y sólo en la cuenca baja. En toda España, explicó Serrano en la Comisión, y hasta 2025, esta especie invasora puede llegar a producir daños por valor de 40 millones de euros.

En septiembre de 2006, se había confirmado la presencia de mejillón cebra en algunos cursos de agua pertenecientes a la Confederación del Júcar, como el Mijares, pero no en el propio río Júcar. También se habían hecho análisis en diversos puntos de la cuenca del Segura, como el Azud de Ojós.

Los técnicos de medio ambiente consultados por La Tribuna en esas fechas concedían especial importancia a evitar la expansión de esta especie invasora en el Segura ya que, a través del embalse del Talave, se llega al acueducto Tajo-Segura y, a través de él, se remonta hasta la la cuenca del Tajo y la vertiente atlántica de la Península.

Este molusco, cuyo nombre científico es dreissena polymorpha, es un caso clásico de especie invasora. Procede del área del Mar Caspio y el Mar Negro, su ámbito natural, y se cree que llegó a España en un carguero que limpió sentinas cerca de la costa, una práctica prohibida y sancionada por las autoridades marítimas.

No es una especie comestible, pues almacena gran número de toxinas. Alcanza densidades espectaculares – en el Ebro, han aparecido colonias con 200.000 individuos por metro cuadrado- y mata las especies autóctonas porque, simplemente, las sofoca y se come todo el plancton. Sus colonias pueden taponar canalizaciones, tuberías e incluso afecta a la capacidad de turbinación de presas.

El vicepresidente de Castilla-La Mancha, Fernando Lamata, afirmó hoy que la situación en la cabecera del Tajo y en las cuencas del Júcar y el Segura sigue siendo «crítica» y no se puede dar por terminada la sequía en la comunidad autónoma.

Lamata, durante la rueda de prensa para informar de los acuerdos del Consejo de Gobierno, manifestó que «el Gobierno de Castilla-La Mancha ve todavía con preocupación la situación de las cuencas de los ríos que transcurren por Castilla-La Mancha», en concreto la de la cabecera de Tajo, la de la cuenca del Júcar o la del Segura, en las que dijo «hay una situación muy delicada que sigue siendo crítica».

Explicó que la baja pluviometría de años anteriores provocaron una reducción del volumen de agua embalsada en los pantanos de esas cuencas «y por eso no podemos dar por terminada esa situación crítica, esa situación de sequía en nuestra región».

Reconoció que este año hidrológico la pluviometría ha sido algo mejor y ha llovido en primavera y en otoño, aunque los pantanos de la cabecera del Tajo siguen estando unos 250 hectómetros cúbicos por debajo de la media de los años con pluviometría normal y no se han recuperado los 650 ó 700 hectómetros que solía haber de media en los pantanos de cabecera.

Respecto a las restricciones, manifestó que «habrá que definirlas en cada momento», aunque dijo que no se está pudiendo regar como se haría si las circunstancias fueran normales.

En este sentido, Lamata recordó que hay una situación difícil en el Guadiana, donde hay restricciones al riego este año hidrológico y las habrá en el siguiente.

El director general del Agua del Ministerio de Medio Ambiente, Jaime Palop, recordó que «todavía no se conoce una sequía que se haya solucionado en primavera», y opinó que el actual periodo seco, que se prolonga desde hace tres años, sólo se superará si se registra un otoño muy húmedo.

Palop, quien ayer clausuró el Foro Internacional sobre la Sequía que se ha celebrado en Sevilla, señaló que la historia demuestra que las sequías “siempre se han superado con lluvias muy intensas, torrenciales, en otoño”.

Consideró “importantes” las precipitaciones de esta primavera, porque han aumentado el nivel de los embalses y han ahorrado desembalses para regadíos, pero matizó que “no han sido suficientes para invertir la inercia de un sistema que lleva tres años de sequía”.

El PP pide un acuerdo

El grupo parlamentario popular considera conveniente que antes de las elecciones generales se produzca en el Parlamento autonómico un nuevo intento de acuerdo sobre agua entre las fuerzas políticas. Los populares reprochan a la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, que de por terminada la sequía cuando la situación es “insostenible” en las explotaciones agrarias de la Región.

Así lo manifestó ayer el portavoz del grupo popular en la Asamblea regional, Juan Carlos Ruiz, quien dijo que las manifestaciones de la ministra se contradicen con las del director general del Agua, Jaime Palop, ya que éste incluso asegura que es posible que se produzcan restricciones en los regadíos.

El Comité de Expertos en Sequía, un equipo interdisciplinar que el Ministerio de Medio Ambiente nombró en 2005, presentó ayer en Sevilla, en la clausura del I Foro Internacional sobre la Sequía, las conclusiones de su estudio. Los expertos desaconsejan los trasvases y los cortes en el abastecimiento urbano; mientras que apuestan por recuperar los costes con unas tarifas más elevadas y «respetar la lógica de las cuencas hidrográficas, cuya unidad no podemos cuestionar por una miopía autonomista», precisó Pedro Arrojo, miembro del comité.

«El planeta no se va a secar y dentro de 1.000 años tendremos los mismos recursos hídricos que hoy, lo que ocurre es que la distribución del agua será diferente. En el Mediterráneo está aumentando la temperatura media y disminuyendo la pluviometría, pero no se puede luchar contra la sequía construyendo más embalses y haciendo trasvases; hay que asumir la sequía como parte de nuestra climatología», aseguró ayer Pedro Arrojo, profesor de Análisis Económico de la Universidad de Zaragoza y uno de los diez miembros del comité de expertos que ha coordinado Enrique Cabrera, de la Universidad Politécnica de Valencia.

Aunque los expertos, que han elaborado el documento La sequía en España. Directrices para minimizar su impacto, no han tratado el tema de las transferencias de las competencias de las cuencas hidrográficas a las autonomías, consideran que hay que respetar su unidad. «España ha sido la primera en crear el modelo de gestión de las cuencas sin tener en cuenta limites provinciales, ni regionales; un modelo que ha funcionado y que estamos exportando a otros países. El énfasis autonomista no puede acabar con la lógica de la unidad de la cuenca», apuntó ayer Abel Lacalle, otro de los miembros del comité y profesor de Derecho Ambiental Europeo de la Universidad de Almería.

El tema surge después de que el pasado lunes la Ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, anunciase en el foro que las transferencias a la Junta de Andalucía se realizarán antes del final de la legislatura. En este sentido, el director técnico de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y miembro del comité, Juan Saura, precisó ayer que es «posible compatibilizar el ejercicio de las aspiraciones autonómicas en la gestión de las cuencas, con el principio de unidad de cuenca».

Los expertos insistieron en que algunos sectores tienen una visión «compartimentada» de los recursos hídricos y se plantean cuestiones absurdas como que el caudal de los ríos que desemboca en el mar es agua que se malgasta. «Las personas que ven los ríos como depósitos de agua tendrán que cambiar esa visión, porque los aspectos medioambientales son importantísimos y la calidad y la cantidad de agua costera es un ecosistema del que dependen otras especies como por ejemplo lo fauna marina», precisó María Fernández Pita, catedrática de Geografía de la Universidad de Sevilla y también parte del comité.

«Si en la mitad de los cuatro millones de hectáreas de regadío que hay en España se ahorraran 1.500 metros cúbicos de agua al año, algo bastante factible, tendríamos 3.000 hectómetros cúbicos de agua más cada año, lo que supone tres veces el trasvase del Ebro que se planteaba el anterior Gobierno», concluye Arrojo.

E l secretario de Estado para la Biodiversidad, Antonio Serrano, anunció ayer en el Congreso que el Gobierno ha aprobado un plan para tratar de acabar con la expansión del mejillón-cebra tras confirmarse que está presente ya en las cuencas del Júcar y Segura y puede seguir su colonización por toda España. Un problema que, de no erradicarse, podría provocar pérdidas de 40 millones de euros en 2025.

El mejillón cebra, una especie invasora procedente del centro de Europa, se ha detectado ya en aguas de las cuencas del Júcar y del Segura y es muy probable que en el futuro afecte a muchos cauces en todo el territorio nacional. Así lo aseguró ayer en el Congreso Antonio Serrano, quien respondió en la Comisión de Medio Ambiente una pregunta de la diputada socialista María Luisa Lizárraga sobre las medidas que se han puesto en marcha para frenar la colonización de esta especie. Lizárraga se refirió a la rápida colonización y de la expansión del mejillón cebra durante los últimos cinco años, y recordó que su presencia se ha detectado ya aguas abajo del Ebro, en Lérida, La Rioja y Burgos. La diputada socialista advirtió del impacto de esta especie en las redes de abastecimiento de agua potable o para riego, de los efectos negativos que tiene en el sector energético y turístico, y cifró en 40 millones de euros las pérdidas que puede ocasionar hasta el año 2025.

Antonio Serrano explicó que la Comisión Nacional de Protección de la Naturaleza ha aprobado ya una estrategia de lucha contra la especie, que será revisada y aprobada en la próxima Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, que incluye un paquete de medidas para combatirla.

Serrano precisó que las medidas se orientan al tratamiento de las aguas ya afectadas, las aguas no afectadas y otras dirigidas a zonas especialmente sensibles, pero insistió en que de momento no cabe ser muy optimistas, y se refirió las experiencias conocidas de lucha contra el mejillón en Estados Unidos y el centro de Europa. Las medidas incluidas en la estrategia, explicó Serrano, se orientan a la desaparición del mejillón, y prevé, desde la extracción del molusco, hasta la variación de la temperatura del agua que coloniza, la utilización de toxinas selectivas o productos químicos para su erradicación.

El representante del Ministerio de Medio Ambiente explicó que el paquete de medidas que se va a poner en marcha pretende estrechar el seguimiento de esta invasión, detener su expansión y proceder a su erradicación.

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha decidido no recurrir el Estatuto de Andalucía, al considerar que tras su paso por las Cortes Generales se ajusta en materia de gestión de agua al marco constitucional y que no colisiona con los intereses de Castilla-La Mancha.

Así lo indicó hoy el vicepresidente en funciones de la Junta de Castilla-La Mancha, Fernando Lamata, durante la rueda de prensa para informar de los acuerdos del Consejo de Gobierno.

Lamata manifestó que después de analizar el texto de la reforma estatutaria andaluza, en la que se atribuye a esa comunidad autónoma competencias sobre la gestión de la cuenca del Guadalquivir -un 7,13 por ciento de la cual discurre por Castilla-La Mancha-, se ha entendido que no procede presentar recurso de inconstitucionalidad contra el Estatuto andaluz, como ha hecho Extremadura y va a hacer la Comunidad Valenciana.

Fernando Lamata dijo que es verdad que cuando la reforma estatutaria andaluza entró en las Cortes Generales «tenía una redacción que podía bordear la constitucionalidad y podía estar en ese límite», pero debatido el proyecto en el Congreso de los Diputados y una vez modificado se reconoce mayor capacidad de gobierno a Andalucía en materia de agua, pero dentro del marco de la Constitución.

En este sentido, apuntó que «así lo dice explícitamente» el nuevo Estatuto andaluz, que hace referencia a los artículos que dan al Estado español y al Gobierno de España «la capacidad de gobernar esta materia».

Por ello, cree que esa «mayor voluntad de decidir» estará «sometida siempre a la Constitución y a las decisiones en materia de agua del Gobierno de España».

Además, Lamata dijo que el Estatuto de Andalucía «se refiere a competencias siempre definidas dentro de la comunidad de Andalucía y entendemos que no colisiona con nuestros intereses», al tiempo que valoró que se exprese «voluntad de acuerdo siempre que haya algún asunto que pudiera afectar a las dos comunidades autónomas».

El vicepresidente de Castilla-La Mancha también destacó que en el Estatuto de Andalucía se asuma la «línea que en política del agua» ha venido marcando durante los últimos tres años el presidente castellanomanchego, José María Barreda, que recordó ha reclamado más presencia de las comunidades autónomas en los órganos de gestión del agua.

Explicó que la postura que defiende Castilla-La Mancha es la de tener «más voz» en materia de agua, pero «no la única decisión».

En este sentido, Lamata dijo que «no planteamos gobernar desde Castilla-La Mancha o desde las comunidades autónomas la política del agua, pero sí codecidir» y tener más capacidad de influir dentro del marco establecido por la Constitución.

A pesar de no formularse un recurso de inconstitucionalidad al estatuto andaluz, Lamata afirmó que «cualquier decisión de una comunidad autónoma que pudiera afectar a los intereses de Castilla-La Mancha puede ser objeto puntualmente en su momento de un recurso ante los tribunales que corresponda», incluso ante el Tribunal Constitucional si incurrieran en alguna cuestión de inconstitucionalidad.

Por ello, dijo que «no se cierra en ningún momento la capacidad de que ante futuras decisiones pudiera plantearse esa acción judicial».

El vicepresidente primero y Portavoz del Gobierno regional, Fernando Lamata, aseguró ayer que el Ejecutivo castellano-manchego mantiene su preocupación por la situación de sequía que persiste en Castilla-La Mancha, a pesar de las lluvias registradas en otoño o del ciclo de tormentas que cayeron en buena parte de la Comunidad Autónoma durante el pasado mes de mayo. Lamata subrayó, durante la rueda de prensa para informar de los acuerdos del Consejo de Gobierno, que el Ejecutivo autonómico “ve aún con preocupación la situación de las cuencas hidrográficas de los ríos que transcurren por Castilla-La Mancha”, pese a que el actual año hidrológico ha experimentado una mayor pluviometría que otros años anteriores.Según dijo, en todas las cuencas hidrográficas de Castilla-La Mancha “la situación es aún crítica”, y recordó, a modo de ejemplo, que el agua embalsada en los embalses de la cabecera del Tajo se encuentra a unos 250 hectómetros cúbicos de la media habitual de años anteriores.El vicepresidente primero indicó que “estamos empezando el verano y cualquier precaución es poca”, y, con respecto a las restricciones de agua en las cuencas hidrográficas, dijo que se irán determinando y analizando en cada momento. Asimismo, hizo un llamamiento a la prudencia en el uso del agua y subrayó que se seguirá haciendo “una gestión responsable y prudente de este importante recurso”Nueva Legislatura El vicepresidente primero mostró el deseo del Gobierno castellano-manchego de que la VII legislatura sea “fructífera y traiga beneficios a los intereses de Castilla-La Mancha”. Asimismo, ofreció la colaboración leal del Ejecutivo autonómico al Parlamento regional para conseguir las más altas cuotas de bienestar para los ciudadanos. Lamata aprovechó la ocasión para felicitar al nuevo presidente del Parlamento de Castilla-La Mancha, Francisco Pardo, así como a los miembros de la Mesa de las Cortes y los diputados y diputadas que ayer tomaron posesión de sus escaños. También fueron “bienvenidas” por el vicepresidente primero las manifestaciones realizadas desde el Grupo Parlamentario Popular para colaborar y defender la reforma del Estatuto de Castilla-La Mancha, un proyecto, señaló, liderado por el presidente Barreda para conseguir mayores competencias, mejor financiación y una mayor capacidad de influir en asuntos como el agua. “Es una herramienta para poder transformar la realidad y conseguir mayor bienestar”, agregó. Lamata mostró sus deseos de que el Congreso de los Diputados “tenga un trato comprensivo y tramite los más rápidamente posible la reforma del Estatuto de Castilla-La Mancha”, al igual que otros estatutos, y remarcó la plena colaboración del Gobierno regional, tanto con el Congreso como con el Parlamento autonómico, para conseguir “una tramitación con éxito para Castilla-La Mancha”. No habrá recurso contra el Estatuto de AndalucíaDe otro lado, el vicepresidente primero afirmó que el Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha consideró el martes no presentar ningún recurso ante el Tribunal Constitucional contra el Estatuto de Andalucía, tras analizar y deliberar con expertos y el gabinete jurídico de la Junta de Comunidades. Lamata explicó que el Estatuto de Andalucía, en lo que respecta a la política hidráulica, “está asumiendo la línea marcada por el presidente Barreda hace tres años para que las comunidades autónomas tengan cada vez más peso en los órganos de gestión del agua”. El portavoz del Gobierno castellano-manchego recordó que Barreda ha reclamado al Gobierno de España una mayor presencia de las comunidades autónomas en las confederaciones hidrográficas o en otros órganos estatales competentes en materia de gestión del agua. “En el nuevo marco de las autonomías, las comunidades autónomas deben tener más presencia, mayor voz y más voto en materia de agua”, aseveró, añadiendo que hay otras regiones, como Aragón o Andalucía, que han aceptado la filosofía defendida por el presidente Barreda, al igual que ha ocurrido con el Gobierno de España, para que haya “cogestión de las comunidades autónomas en materia de agua”.El vicepresidente primero recordó que cuando la reforma estatutaria andaluza entró en el Congreso de los Diputados “tenía una redacción que podía bordear o estar al límite de la constitucionalidad”, sin embargo, una vez modificada, “se ajusta al marco de la Constitución, y no colisiona intereses que puedan afectar a las dos comunidades autónomas al delimitar perfectamente las competencias”. En cualquier caso, el vicepresidente primero no rechazó la capacidad que tiene el Gobierno regional de acudir a la Justicia o al Tribunal Constitucional en el caso de futuras colisiones con los intereses de Castilla-La Mancha.