El Comité de Expertos en Sequía, un equipo interdisciplinar que el Ministerio de Medio Ambiente nombró en 2005, presentó ayer en Sevilla, en la clausura del I Foro Internacional sobre la Sequía, las conclusiones de su estudio. Los expertos desaconsejan los trasvases y los cortes en el abastecimiento urbano; mientras que apuestan por recuperar los costes con unas tarifas más elevadas y «respetar la lógica de las cuencas hidrográficas, cuya unidad no podemos cuestionar por una miopía autonomista», precisó Pedro Arrojo, miembro del comité.

«El planeta no se va a secar y dentro de 1.000 años tendremos los mismos recursos hídricos que hoy, lo que ocurre es que la distribución del agua será diferente. En el Mediterráneo está aumentando la temperatura media y disminuyendo la pluviometría, pero no se puede luchar contra la sequía construyendo más embalses y haciendo trasvases; hay que asumir la sequía como parte de nuestra climatología», aseguró ayer Pedro Arrojo, profesor de Análisis Económico de la Universidad de Zaragoza y uno de los diez miembros del comité de expertos que ha coordinado Enrique Cabrera, de la Universidad Politécnica de Valencia.

Aunque los expertos, que han elaborado el documento La sequía en España. Directrices para minimizar su impacto, no han tratado el tema de las transferencias de las competencias de las cuencas hidrográficas a las autonomías, consideran que hay que respetar su unidad. «España ha sido la primera en crear el modelo de gestión de las cuencas sin tener en cuenta limites provinciales, ni regionales; un modelo que ha funcionado y que estamos exportando a otros países. El énfasis autonomista no puede acabar con la lógica de la unidad de la cuenca», apuntó ayer Abel Lacalle, otro de los miembros del comité y profesor de Derecho Ambiental Europeo de la Universidad de Almería.

El tema surge después de que el pasado lunes la Ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, anunciase en el foro que las transferencias a la Junta de Andalucía se realizarán antes del final de la legislatura. En este sentido, el director técnico de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y miembro del comité, Juan Saura, precisó ayer que es «posible compatibilizar el ejercicio de las aspiraciones autonómicas en la gestión de las cuencas, con el principio de unidad de cuenca».

Los expertos insistieron en que algunos sectores tienen una visión «compartimentada» de los recursos hídricos y se plantean cuestiones absurdas como que el caudal de los ríos que desemboca en el mar es agua que se malgasta. «Las personas que ven los ríos como depósitos de agua tendrán que cambiar esa visión, porque los aspectos medioambientales son importantísimos y la calidad y la cantidad de agua costera es un ecosistema del que dependen otras especies como por ejemplo lo fauna marina», precisó María Fernández Pita, catedrática de Geografía de la Universidad de Sevilla y también parte del comité.

«Si en la mitad de los cuatro millones de hectáreas de regadío que hay en España se ahorraran 1.500 metros cúbicos de agua al año, algo bastante factible, tendríamos 3.000 hectómetros cúbicos de agua más cada año, lo que supone tres veces el trasvase del Ebro que se planteaba el anterior Gobierno», concluye Arrojo.

E l secretario de Estado para la Biodiversidad, Antonio Serrano, anunció ayer en el Congreso que el Gobierno ha aprobado un plan para tratar de acabar con la expansión del mejillón-cebra tras confirmarse que está presente ya en las cuencas del Júcar y Segura y puede seguir su colonización por toda España. Un problema que, de no erradicarse, podría provocar pérdidas de 40 millones de euros en 2025.

El mejillón cebra, una especie invasora procedente del centro de Europa, se ha detectado ya en aguas de las cuencas del Júcar y del Segura y es muy probable que en el futuro afecte a muchos cauces en todo el territorio nacional. Así lo aseguró ayer en el Congreso Antonio Serrano, quien respondió en la Comisión de Medio Ambiente una pregunta de la diputada socialista María Luisa Lizárraga sobre las medidas que se han puesto en marcha para frenar la colonización de esta especie. Lizárraga se refirió a la rápida colonización y de la expansión del mejillón cebra durante los últimos cinco años, y recordó que su presencia se ha detectado ya aguas abajo del Ebro, en Lérida, La Rioja y Burgos. La diputada socialista advirtió del impacto de esta especie en las redes de abastecimiento de agua potable o para riego, de los efectos negativos que tiene en el sector energético y turístico, y cifró en 40 millones de euros las pérdidas que puede ocasionar hasta el año 2025.

Antonio Serrano explicó que la Comisión Nacional de Protección de la Naturaleza ha aprobado ya una estrategia de lucha contra la especie, que será revisada y aprobada en la próxima Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, que incluye un paquete de medidas para combatirla.

Serrano precisó que las medidas se orientan al tratamiento de las aguas ya afectadas, las aguas no afectadas y otras dirigidas a zonas especialmente sensibles, pero insistió en que de momento no cabe ser muy optimistas, y se refirió las experiencias conocidas de lucha contra el mejillón en Estados Unidos y el centro de Europa. Las medidas incluidas en la estrategia, explicó Serrano, se orientan a la desaparición del mejillón, y prevé, desde la extracción del molusco, hasta la variación de la temperatura del agua que coloniza, la utilización de toxinas selectivas o productos químicos para su erradicación.

El representante del Ministerio de Medio Ambiente explicó que el paquete de medidas que se va a poner en marcha pretende estrechar el seguimiento de esta invasión, detener su expansión y proceder a su erradicación.

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha decidido no recurrir el Estatuto de Andalucía, al considerar que tras su paso por las Cortes Generales se ajusta en materia de gestión de agua al marco constitucional y que no colisiona con los intereses de Castilla-La Mancha.

Así lo indicó hoy el vicepresidente en funciones de la Junta de Castilla-La Mancha, Fernando Lamata, durante la rueda de prensa para informar de los acuerdos del Consejo de Gobierno.

Lamata manifestó que después de analizar el texto de la reforma estatutaria andaluza, en la que se atribuye a esa comunidad autónoma competencias sobre la gestión de la cuenca del Guadalquivir -un 7,13 por ciento de la cual discurre por Castilla-La Mancha-, se ha entendido que no procede presentar recurso de inconstitucionalidad contra el Estatuto andaluz, como ha hecho Extremadura y va a hacer la Comunidad Valenciana.

Fernando Lamata dijo que es verdad que cuando la reforma estatutaria andaluza entró en las Cortes Generales «tenía una redacción que podía bordear la constitucionalidad y podía estar en ese límite», pero debatido el proyecto en el Congreso de los Diputados y una vez modificado se reconoce mayor capacidad de gobierno a Andalucía en materia de agua, pero dentro del marco de la Constitución.

En este sentido, apuntó que «así lo dice explícitamente» el nuevo Estatuto andaluz, que hace referencia a los artículos que dan al Estado español y al Gobierno de España «la capacidad de gobernar esta materia».

Por ello, cree que esa «mayor voluntad de decidir» estará «sometida siempre a la Constitución y a las decisiones en materia de agua del Gobierno de España».

Además, Lamata dijo que el Estatuto de Andalucía «se refiere a competencias siempre definidas dentro de la comunidad de Andalucía y entendemos que no colisiona con nuestros intereses», al tiempo que valoró que se exprese «voluntad de acuerdo siempre que haya algún asunto que pudiera afectar a las dos comunidades autónomas».

El vicepresidente de Castilla-La Mancha también destacó que en el Estatuto de Andalucía se asuma la «línea que en política del agua» ha venido marcando durante los últimos tres años el presidente castellanomanchego, José María Barreda, que recordó ha reclamado más presencia de las comunidades autónomas en los órganos de gestión del agua.

Explicó que la postura que defiende Castilla-La Mancha es la de tener «más voz» en materia de agua, pero «no la única decisión».

En este sentido, Lamata dijo que «no planteamos gobernar desde Castilla-La Mancha o desde las comunidades autónomas la política del agua, pero sí codecidir» y tener más capacidad de influir dentro del marco establecido por la Constitución.

A pesar de no formularse un recurso de inconstitucionalidad al estatuto andaluz, Lamata afirmó que «cualquier decisión de una comunidad autónoma que pudiera afectar a los intereses de Castilla-La Mancha puede ser objeto puntualmente en su momento de un recurso ante los tribunales que corresponda», incluso ante el Tribunal Constitucional si incurrieran en alguna cuestión de inconstitucionalidad.

Por ello, dijo que «no se cierra en ningún momento la capacidad de que ante futuras decisiones pudiera plantearse esa acción judicial».

El vicepresidente primero y Portavoz del Gobierno regional, Fernando Lamata, aseguró ayer que el Ejecutivo castellano-manchego mantiene su preocupación por la situación de sequía que persiste en Castilla-La Mancha, a pesar de las lluvias registradas en otoño o del ciclo de tormentas que cayeron en buena parte de la Comunidad Autónoma durante el pasado mes de mayo. Lamata subrayó, durante la rueda de prensa para informar de los acuerdos del Consejo de Gobierno, que el Ejecutivo autonómico “ve aún con preocupación la situación de las cuencas hidrográficas de los ríos que transcurren por Castilla-La Mancha”, pese a que el actual año hidrológico ha experimentado una mayor pluviometría que otros años anteriores.Según dijo, en todas las cuencas hidrográficas de Castilla-La Mancha “la situación es aún crítica”, y recordó, a modo de ejemplo, que el agua embalsada en los embalses de la cabecera del Tajo se encuentra a unos 250 hectómetros cúbicos de la media habitual de años anteriores.El vicepresidente primero indicó que “estamos empezando el verano y cualquier precaución es poca”, y, con respecto a las restricciones de agua en las cuencas hidrográficas, dijo que se irán determinando y analizando en cada momento. Asimismo, hizo un llamamiento a la prudencia en el uso del agua y subrayó que se seguirá haciendo “una gestión responsable y prudente de este importante recurso”Nueva Legislatura El vicepresidente primero mostró el deseo del Gobierno castellano-manchego de que la VII legislatura sea “fructífera y traiga beneficios a los intereses de Castilla-La Mancha”. Asimismo, ofreció la colaboración leal del Ejecutivo autonómico al Parlamento regional para conseguir las más altas cuotas de bienestar para los ciudadanos. Lamata aprovechó la ocasión para felicitar al nuevo presidente del Parlamento de Castilla-La Mancha, Francisco Pardo, así como a los miembros de la Mesa de las Cortes y los diputados y diputadas que ayer tomaron posesión de sus escaños. También fueron “bienvenidas” por el vicepresidente primero las manifestaciones realizadas desde el Grupo Parlamentario Popular para colaborar y defender la reforma del Estatuto de Castilla-La Mancha, un proyecto, señaló, liderado por el presidente Barreda para conseguir mayores competencias, mejor financiación y una mayor capacidad de influir en asuntos como el agua. “Es una herramienta para poder transformar la realidad y conseguir mayor bienestar”, agregó. Lamata mostró sus deseos de que el Congreso de los Diputados “tenga un trato comprensivo y tramite los más rápidamente posible la reforma del Estatuto de Castilla-La Mancha”, al igual que otros estatutos, y remarcó la plena colaboración del Gobierno regional, tanto con el Congreso como con el Parlamento autonómico, para conseguir “una tramitación con éxito para Castilla-La Mancha”. No habrá recurso contra el Estatuto de AndalucíaDe otro lado, el vicepresidente primero afirmó que el Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha consideró el martes no presentar ningún recurso ante el Tribunal Constitucional contra el Estatuto de Andalucía, tras analizar y deliberar con expertos y el gabinete jurídico de la Junta de Comunidades. Lamata explicó que el Estatuto de Andalucía, en lo que respecta a la política hidráulica, “está asumiendo la línea marcada por el presidente Barreda hace tres años para que las comunidades autónomas tengan cada vez más peso en los órganos de gestión del agua”. El portavoz del Gobierno castellano-manchego recordó que Barreda ha reclamado al Gobierno de España una mayor presencia de las comunidades autónomas en las confederaciones hidrográficas o en otros órganos estatales competentes en materia de gestión del agua. “En el nuevo marco de las autonomías, las comunidades autónomas deben tener más presencia, mayor voz y más voto en materia de agua”, aseveró, añadiendo que hay otras regiones, como Aragón o Andalucía, que han aceptado la filosofía defendida por el presidente Barreda, al igual que ha ocurrido con el Gobierno de España, para que haya “cogestión de las comunidades autónomas en materia de agua”.El vicepresidente primero recordó que cuando la reforma estatutaria andaluza entró en el Congreso de los Diputados “tenía una redacción que podía bordear o estar al límite de la constitucionalidad”, sin embargo, una vez modificada, “se ajusta al marco de la Constitución, y no colisiona intereses que puedan afectar a las dos comunidades autónomas al delimitar perfectamente las competencias”. En cualquier caso, el vicepresidente primero no rechazó la capacidad que tiene el Gobierno regional de acudir a la Justicia o al Tribunal Constitucional en el caso de futuras colisiones con los intereses de Castilla-La Mancha.

La Confederación Hidrográfica del Júcar ha sacado a información pública las tarifas de utilización del agua que afectan a diversos municipios de Albacete, Alicante y Cuenca, por las obras de mejora de abastecimiento de agua potable. Para este año, las tarifas son de 187 euros para La Gineta; 443 euros para Higueruela; 251 euros para Aguas Nuevas; 478 para Motilleja; 372 para San Pedro; 824 euros para Casas de Juan Núñez; 198 euros para Chinchilla, y 262 euros para Peñas de San Pedro.

Son 360 días. Eso es lo que marca el reloj de agua instalado en el auditorio del Palacio de Congresos de Zaragoza. Y eso es lo que falta para que arranque esta exposición internacional el 14 de junio de 2008. En una comunidad cuyo desarrollo está marcado por el Ebro y en una ciudad, Zaragoza, que hasta hace bien poco vivía de espaldas al curso del río, el tema central de la muestra no podía ser otro: el agua.

Esa agua que vertebra, a veces también lo contrario, territorios, pero que aquí aflorará como «agua para la vida», un alegato a favor del ser humano como parte integrante de la naturaleza.

En el meandro de Ranillas, en la margen izquierda del imponente Ebro -que compartirá pabellón propio junto a otros grandes ríos (Nilo, Mekong, Amazonas y Murriadarling)-, se trabaja estos días a toda máquina con el objetivo de que las obras estén terminadas a finales de este año y el 6 de enero de 2008 puedan entregarse las llaves de los pabellones a los países, comunidades autónomas, organismos internacionales y algunos grupos empresariales. Por ahora han confirmado su presencia en la muestra 93 países de todas las regiones biogeográficas del planeta.

El símbolo de la muestra será la Torre del Agua, que se convertirá en el faro de la nueva ciudad, a la que la Expo «quiere colocar en el centro del mundo», según dijo el presidente de Aragón, Marcelino Iglesias.

El presidente de la Generalitat, Francisco Camps, ha sido elegido por unanimidad en el Comité de las Regiones como ponente del informe sobre sequía y escasez de agua con que este organismo contribuirá a la Comunicación que, sobre esta misma materia, la Comisión Europea prepara actualmente. El informe, que se denominará Informe Camps , es, según fuentes de la Generalitat, «una gran oportunidad para la Comunitat Valenciana ya que le permitirá encabezar y representar la voz de las regiones y poderes locales europeos en esta cuestión fundamental». La elección, según fuentes del Consell, tuvo lugar la noche del miércoles.

El Secretario Autonómico de Relaciones con la Unión Europea y Cooperación al Desarrollo, Rafael Ripoll, que ha viajado a Bruselas junto co n la consellera de Cooperación, Gema Amor, explicó que el Informe Camps tendrá como elementos fundamentales «el debate sobre el uso racional y la reutilización del agua y de todas las infraestructuras adyacentes, así como toda la gestión y valor añadido que se puede aportar desde las regiones europeas sobre el régimen y tratamiento de los fenómenos y efectos de la sequía». La Comunitat Valenciana ha participado activamente en las reuniones de expertos convocadas por la Comisión Europea, como representante de la Red Europea del Agua que agrupa a las regiones mediterráneas en situación de escasez hídrica.
En un primer momento, el President presentará el texto, con un debate entre los miembros de la Comisión, que después presentarán enmiendas. La Generalitat informó también del apoyo de la Región de Murcia y de su Presidente, Ramón Luis Valcárcel, que ha puesto de relieve su deseo de colaborar activamente con la Comunitat.
Fuentes de la Generalitat destacaron «la experiencia de la Comunitat en la Red Europea del Agua, constituida por 10 regiones de España, Italia, Grecia y Croacia».

La escasez de agua puede seguir dando problemas en España. El director general del Agua del Ministerio de Medio Ambiente, Jaime Palop, aseguró ayer que la sequía «no se ha acabado aún», y matizó que aunque es improbable que se produzcan restricciones de agua para consumo doméstico este verano, no se descartan en los regadíos de las cuencas hidrográficas más afectadas, como Júcar, Segura o Guadalquivir.

Durante su intervención en el Foro Internacional de la Sequía, que se celebra estos días en Sevilla, Palop lamentó que pese a las últimas lluvias, afirmaciones sobre el fin de los problemas de escasez de agua «no son ciertas y afectan a la sensibilidad de los ciudadanos», algunos de los cuales «lo están pasando mal y van a tener importantes restricciones en el abastecimiento para sus recursos económicos este verano». En concreto, se refirió a cuencas como las del Júcar, del Segura y del Guadalquivir, que están en una situación delicada en esos momentos «porque se encuentran en emergencia o prealerta», por lo que auguró que en otoño «habrá que mirar de nuevo al cielo y esperar que llueva y en abundancia».

Tras recordar que estas restricciones para el regadío se han logrado consensuar entre los agentes «sin tensiones sociales ni territoriales importantes», el responsable de Medio Ambiente destacó la gestión llevada a cabo desde el ministerio para planificar y actuar con antelación, acometiendo obras de emergencia que paliasen la falta de agua y que han equiparado a nuestro país con regiones como California o Australia, con sistemas que permiten conocer la situación de cada región y decidir qué intervención llevar a cabo.

Así, la actual es la primera sequía que se afronta en España sin que se produzcan restricciones significativas para el consumo urbano, y alabó la «madurez» de la sociedad española, que ha logrado ser capaz de ahorrar más de un 10% de su consumo urbano de agua al concienciarse de la existencia de una situación de sequía.

El portavoz del PSRM-PSOE, José Ramón Jara, dijo ayer en un comunicado de prensa en respuesta a las críticas del PP a la desalación que «la economía murciana no puede vivir permanentemente bajo la incertidumbre del agua que dispondrá, por lo que la desalación es un sistema idóneo para asegurar estabilidad».»No se trata de depender, ni mucho menos, de la desalación como única fuente de agua dulce -afirmó José Ramón Jara- pero sí de un sistema complementario que puede asegurar los recursos incluso cuando no llueva y sea imposible abastecerse con agua de la propia cuenca o del trasvase Tajo-Segura».Jara ha recordado que las sequías periódicas que España introducen un factor de incertidumbre dañino para la economía murciana, y que «este factor no puede eliminarse ni aún con trasvases, porque frecuentemente la sequía en Murcia coincide con la sequía en la cuenca cedente».»La única manera de asegurar agua siempre a nuestras empresas y nuestros regantes es contar con una fuente, como la desalación, no supeditada a la climatología», agrega Jara.El dirigente socialista ha recordado que «la desalación no tiene por qué tener mayor impacto medioambiental que los trasvases, puesto que éstos provocan graves problemas relacionados con la disminución de cauce o la intrusión de agua marina en las desembocaduras».»De hecho, los mismos ecologistas que ponen reparos a la desalación suelen ponerlos, y mucho mayores, a los trasvases», añade.»Para algunos de ellos la alternativa a la desalación no es otra que reducir el consumo de agua, y esa opción no puede ser asumida por una economía como la murciana que depende en gran medida del agua», afirmó.En cuanto al precio del agua desalada, Jara asegura que «existen varios estudios que avalan unos precios similares y a la baja» respecto a los de un trasvase desde la desembocadura.»Aportar recursos hídricos adicionales tiene siempre un coste, tanto económico como medioambiental, y el Estado debe estar dispuesto a pagarlo, siempre que se minimicen los riesgos y la rentabilidad social y económica para el conjunto del país esté asegurada», añadió.Para Jara, la solución debe obtenerse desde un conjunto de medidas complementarias y en absoluto excluyentes, entre las que citó el uso racional de los recursos propios de la cuenca, la aportación de caudales externos desde otras cuencas y la desalación como fuente inagotable y no fluctuante de agua dulce.»Los que se empeñan en demonizar la desalación quieren que Murcia renuncie a una de las fuentes más seguras de agua de las que podemos disponer hoy en día», apostilló.Jara apuntó que «gracias a la desalación no hubo ni un minuto de cortes de agua en el verano de 2006, ni los habrá este próximo verano».Afirmó que «en el futuro ya no habrá cortes de agua, sea cual sea la sequía, en la Región, por lo que la economía regional está de enhorabuena».A su juicio, «la agricultura aún puede pasarlo mal mientras el programa AGUA no esté finalizado, pero también ella verá resuelto su problema en breve plazo, mientras estemos hablando de una agricultura racional y sostenible».

La reserva hidráulica está al 64,7% de su capacidad total, con 35.013 Hm3 de agua embalsada, lo que representa una disminución de 119 hm3 (el 0,2%) con respecto a los niveles de la semana anterior. En la última semana, la cuenca del Tajo ha aumentado 46 hm3 con relación a la semana pasada, mientras que el Júcar se encuentra al 22,9% de su capacidad.