«La aprobación del Estatuto de Castilla-La Mancha será nuestra prioridad absoluta». Así lo aseguró ayer la diputada regional por Albacete electa, Encarnación Naharro, que ayer ofreció una rueda de prensa para valorar los acuerdos alcanzados por el grupo parlamentario popular y que ha designado al número dos de la lista albaceteña, Marcial Marín, como viceportavoz.

Naharro también tuvo palabras de agradecimiento a los parlamentarios del PP por Albacete en la anterior legislatura, Carmen Bayod, Lucrecio Serrano, Pilar Martínez y Manuela Parras en la negociación del Estatuto en la que hubo consenso con el PSOE.

La diputada popular, aseguró que el Estatuto se sustenta en «pilares fundamentales» como que «reconoce que Castilla-La Mancha es una autonomía dentro de la indisoluble unidad de España», pero también que pide que se modifiquen las reglas de explotación del trasvase p ara dar prioridad absoluta de uso a los castellano-manchegos, que se garantice la libre elección de los padres a la formación religiosa y moral de sus hijos, a la multilateralidad en la financiación y en la necesidad de inversión añadida para Castilla-La Mancha «porque llevamos un retraso de 25 años».

También reivindicó una mayor agilidad para lograr las transferencias de Justicia. Naharro abogó por consensuar con el PSOE el desarrollo de grandes proyectos y recordó alguna de las medidas estrella del PP, que llevarán a las Cortes, como la pensión de jubilación para las amas de casa o la conexión por autovía de todas las grandes ciudades de la Región.

Por su parte, el recién elegido viceportavoz del grupo parlamentario popular en las Cortes de Castilla-La Mancha, Marcial Marín, se mostró satisfecho por su elección, confió en no defraudar a nadie y se comprometió a «sudar la camiseta» apostando por el trabajo en equipo del grupo parlamentario popular, pero también con el PSOE, «porque 47 diputados hacen mucho más que 26».

El Gobierno de Murcia y el sindicato central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats) hicieron ayer las paces tras las desavenencias entre sus máximos responsables.

Esta fueron causadas cuando se supo que fue el portavoz del PP en el Congreso, Eduardo Zaplana, quien pidió un trasvase para las Tablas de Daimiel. Tras reunirse en la sede del Gobierno, el jefe del Ejecutivo, Ramón Luis Valcárcel; el consejero de Agricultura y Agua, Antonio Cerdá, y Francisco del Amor, presidente del Scrats, que había pedido la dimisión de Zaplana.

Todos dieron por zanjadas sus diferencias y se comprometieron a luchar juntos en la reclamación del agua que palíe el déficit hídrico de la cuenca del Segura. Según Cerdá, se ha «reafirmado la unidad» entre el Gobierno y los regantes, y el Ejecutivo pondrá a su disposición todos sus servicios jurídicos para recurrir ante el Tribunal Constitucional los estatutos de autonomía de Aragón (antes del 23 de julio) y de Castilla-la Mancha, que limitan las posibilidades de que llegue agua a la cuenca del Segura desde el Ebro y el Tajo, respectivamente.

Además, el consejero, ahora en funciones, se comprometió a apoyar a los regantes con su presencia en la convocatoria de protesta del Scrats ante el ministerio.

La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA), tras las negociaciones mantenidas con el Gobierno, ha valorado el esfuerzo y la sensibilidad mostrada por los Ministerios de Industria y de Agricultura en la moratoria sobre tarifas eléctricas, ya que según ha señalado la organización en un comunicado, «un cambio como el que se proponía en el régimen tarifario de la electricidad para riego hubiera supuesto un elemento definitivo para el abandono de miles de explotaciones familiares agrarias, por inviabilidad económica para seguir en la actividad».

A juicio de UPA, se ha conseguido transmitir a la Administración «lo injusto de la medida que se proponía y que hubiera supuesto el encarecimiento de las tarifas en un 300% lo que hubiera representado un freno al proceso de modernización y cambio introducido en los sistemas de riego de miles de explotaciones agrarias». Igualmente, la organización trasladó las consecuencias socioeconómicas que una medida como la planteada podría haber tenido sobre amplias zonas de España. Por otro lado, UPA también utilizó un argumento contundente en el sentido de que esta petición en términos económicos globales no suponía ninguna dificultad para el Gobierno, ya que la facturación que se realiza por el régimen especial de riegos no supone nada más que el 1,03% de la facturación total eléctrica.

El presidente de la Federación Nacional de Comunidades de Regantes (Fenacore), Andrés del Campo, ha señalado que la decisión del Ministerio de Industria de aplazar hasta julio de 2008 la entrada en vigor de las nuevas tarifas eléctricas para regadío es un «aliciente» que la Administración puede ofrecer a los regantes como recompensa al esfuerzo económico que están realizando para modernizar sus regadíos.

El responsable de Fenacore destacó la «buena voluntad política» del secretario general de Energía del Ministerio de Industria, Ignasi Nieto, quien en su reunión del pasado 24 de mayo con Fenacore y las distintas organizaciones agrarias, se comprometió a estudiar su propuesta de aplazar la entrada en vigor de esta medida al menos hasta que la liberalización del mercado energético fuera realmente efectiva.

Del Campo aseguró que el mantenimiento de las tarifas específicas de riegos de alta y baja tensión alentará el proceso de modernización y transformación de los sistemas de riego de superficie o gravedad -de coste energético casi despreciable- a otros sistemas de riego por presión (aspersión o localizado), que, aunque presentan un coste energético mucho mayor, no se verá incrementado adicionalmente gracias a esta nueva prórroga.

Las nuevas tarifas eléctricas, que deberían haber entrado en vigor el próximo 1 de julio tras la prórroga de seis meses concedida por la Administración, supondrían un incremento de costes para los agricultores del orden del 400% en términos de potencia instalada, lo que podría poner en peligro la sostenibilidad de la agricultura. En la actualidad, el 25% del regadío español tiene contratadas tarifas de baja tensión.

Grupos de trabajo

Por otro lado, Andrés del Campo mostró su confianza en que esta nueva prórroga permita disponer del tiempo necesario para constituir grupos de trabajo -integrados por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y los sectores eléctrico y agrario- que estudien las modificaciones específicas propuestas y planteen alternativas que faciliten la adaptación gradual de las explotaciones agrarias al mercado liberalizado.

Entre estas alternativas, Fenacore propone que se permita una discriminación mensual de la potencia a contratar por los regantes, de tal modo que el coste por este concepto se ajuste a las necesidades reales del regadío, dando facilidades para efectuar la contratación y establecer medidas de transición.

Según Del Campo, «un ejemplo práctico del efecto perverso que podría producirse si se aplicaran las tarifas de manera indiscriminada sería el de los pozos de sequía que, durante muchos meses e incluso años, no se usan o se usan esporádicamente. Con la tarifa especial de riego, el coste de mantener en servicio estos pozos o bombeos es oneroso, pero con su eliminación, el coste que puede suponer mantener conectados estos pozos a la red eléctrica pasaría a ser prohibitivo».

Fenacore agrupa a las entidades dedicadas a la administración del agua para riego, tanto superficial como subterránea, con el fin de defender sus intereses y derechos de uso del agua.

El inminente comienzo de legislatura tendrá a las nuevas Cortes regionales pendientes de la resolución por el Congreso del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, cuya reforma plantea la caducidad del Trasvase Tajo-Segura en 2015, tras el acuerdo de la comisión negociadora PSOE-PP ratificado por el Parlamento presidido por José María Barreda. Es lo que algún inteligente diputado, reacio a la medida, se permitió llamar «esa manía que tienen ustedes con el agua». Es verdad, fuimos tan maniáticos en su tiempo que, después de tentativas inútiles, frustraciones y proyectos en la papelera, no logramos llevarla a nuestros grifos hasta que pasaron ochenta años.Pese a lo cual, aun tuvimos arrestos para dedicarle monumentos como el que el alcalde Pérez Castell, cada vez menos en funciones, acaba de colocar en una encrucijada urbana.

Digo la Fuente de las Ranas por la que fluyen unos hilos de agua, como si los batracios, sedientos tantos años, se la devolvieran al pequeño estanque, donde el circuito le da vueltas en este juego de ir y venir para que no falte. La fuente perdió su remate primitivo, una pieza barroca del maestro Tejados y ahora se queda también sin una falsa y horrible peineta metálica que maldita la falta que le hacía. No vamos a repetir tantas cosas que dijimos, en mucho tiempo, sobre este monumento, desalojado de su emplazamiento en la entonces Plaza de Canalejas por la denuncia de un ilustre vecino que la juzgó maloliente, acusación que le dio la puntilla en un primer traslado hasta ser desmontada, seguramente a la espera de un nuevo jardín donde quedarse otra temporada. Se reconstruyó para su instalación en el Parque Lineal, donde hasta hace poco ha sido el sombrero pétreo de un refrescante que ahora, según dicen, se convertirá en un restaurante al aire libre. Su destino actual, bien lavá y recién peiná, nos deja verla en todo su gracejo ornamental, como fue concebida por la Sociedad de Aguas de Albacete, en aquellos tiempos del quinqué, como homenaje a uno de sus principales promotores, un hombre llamado Dionisio Guardiola, a quien también se dedicaría una calle, todavía vigente, a costa de Carlos IV, que se cayó del cartel, lo que son las cosas, el hombre que salvó a la villa, después de un viaje en 1802 al comprobar sus gravísimas circunstancias de insalubridad, dando lugar a la construcción del que sería Canal de María Cristina. En un par de años se creó el cauce principal y sus ramales. Precisamente sobre esta obra, recientemente se publicó una edición del libro de Cano Manuel, donde se describe el desarrollo de las obras. La publicación reproduce también un croquis de los Ojos del Arquillo y un plano de la evolución de la ejecución del Canal. Es curioso que en algún momento se pensó en hacerlo navegable.Sería por nuestras manías irresistibles.

Y es que las cosas del agua nos han entretenido una barbaridaz, como las ciencias que cantaban en la castiza zarzuela y que adelantaban lo suyo. La misma agua que la famosa Sociedad, y sin necesidad de que hubiera elecciones, ofrecía después de constituirse, invitando a la gente a que suscribiese acciones para consolidar el proyecto de abastecimiento. En su compromiso figuraba la construcción de tres fuentes públicas donde se vendería el caudal a tres céntimos el cántaro, siendo la distribución sin cargo para el matadero, los mercados, las cárceles y las escuelas. Y es que vino otro rey, Alfonso XIII, para protagonizar la escena del balcón, cuando en el Ayuntamiento del Altozano pulsó un botón y empezó a salir un chorrito que venía del manantial de los Ojos de San Jorge, cedido por aquel santo republicano llamado Saturnino López, otro que se quedó sin calle, la actual de Zapateros, como ya ocurrió con el Corregidor Godino, activo impulsor de proyectos acuáticos, también desaparecido del callejero.

Así que más vale no extrañarse demasiado si lo que nos traemos entre manos ahora es el rescate del Tajo, y del uso que prácticamente nos margina cada vez que hectómetro arriba o abajo, se desliza cruzando nuestra tierra donde lo vemos pasar sin que deje aquí una gota. La reforma se explica por la necesidad objetiva de agua que tiene esta región, entre otras cosas por el crecimiento poblacional y urbanístico, aparte de que los regantes la necesitan para subsistir. Estos y otros argumentos conocidos -nuestras manías- sin vuelta de hoja.

El presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), José Salvador Fuentes Zorita, aseguró ayer que los regantes del Trasvase Tajo-Segura tendrían un “enfado mayor” si hubieran conocido que el portavoz del Partido Popular en el Congreso de los Diputados, Eduardo Zaplana, “presentó la iniciativa para enviar agua a las Tablas de Daimiel desde la cabecera del Tajo hace más de tres meses, cuando los embalses de Entrepeñas y Buendía tenían más de 100 hectómetros cúbicos menos que ahora”.

Para el presidente de la CHS, el PP presentó la iniciativa parlamentaria “con el objetivo de favorecer a su candidata en Castilla la Mancha”, en “plena precampaña electoral y cuando sabían que era imposible enviar una sola gota a las Tablas porque el cauce del río Cigüela estaba reseco”.

Por otra parte, Fuentes Zorita también se refirió a las declaraciones hechas por el presidente del Gobierno murciano, Ramón Luis Valcárcel, y al presidente de la Confederación Regional de Organizaciones Empresariales de Murcia (CROEM), Miguel del Toro, en las que el presidente de la CHS recordó que “una cosa es el agua de la cabecera del Tajo y otra distinta, cómo se puede utilizar, que está determinado por unas reglas de explotación que estableció el Partido Popular en 1997”.

Por ello, Fuentes Zorita señaló que “si el señor Valcárcel o el señor presidente de la CROEM dicen que no les gusta el Plan Hidrológico de la Cuenca del Tajo o las reglas de explotación del Trasvase que estableció en su día el Partido Popular, por cierto con el señor Rajoy sentado en la mesa del Consejo de Ministros, pues que lo digan claramente y de paso pues que nos digan por qué no se opusieron en su día o por qué han sufrido en silencio durante más de 6 años sin decir ni pío mientras gobernó el PP”.

Restricciones para el regadío

El director general del Agua del Ministerio de Medio Ambiente, Jaime Palop, afirmó ayer que este verano está garantizada el agua para consumo humano en todo el territorio nacional aunque anunció que habrá restricciones para el regadío de cultivos aledaños a las Cuencas del Guadalquivir, Júcar y Segura ante la posibilidad de escasez de lluvias en otoño.

Palop se pronunció en estos términos en la presentación del Foro Internacional sobre la Sequía en Madrid, que se celebrará en la ciudad de Sevilla del 17 al 20 de este mes de junio donde expertos de todo el mundo debatirán sobre la gestión del agua en situaciones de escasez y la implicación de la sociedad y las instituciones públicas.

El Gobierno de Castilla-La Mancha consideró ayer positiva la reforma de la Organización Común de Mercado (OCM) de Frutas y Hortalizas, aprobada el martes por unanimidad por el Consejo de Ministros de Agricultura de la Unión Europea, ya que se han aceptado la mayoría de las peticiones planteadas por la comunidad autónoma.

Según informó ayer la Junta de Comunidades en una nota de prensa, este acuerdo será satisfactorio para el sector hortofrutícola de Castilla-La Mancha y afectará a cultivos de gran importancia para la región, como el melón, el ajo, la cebolla, el champiñón, el albaricoque, la almendra y el azafrán.

El Gobierno regional cree que la reforma mejorará la competitividad y la orientación al mercado del sector, reducirá las fluctuaciones de la renta derivadas de las crisis, fomentará el consumo y aumentará la protección del medio ambiente.

El acuerdo contempla que el núcleo de la reforma sean las organizaciones de productores de frutas y hortalizas (OPFH), así como la flexibilización de su reconocimiento, postura planteada por Castilla-La Mancha, que ya en los presupuestos de 2007 incrementó en un 200 por ciento la partida destinada a la creación y mejora de estas estructuras.

Además, se aumenta el porcentaje de financiación del fondo operativo, con el que las OPFH financian su plan de acciones, que pasa del 4,1 al 4,6 por ciento del valor de la producción comercializada por las mismas, un incremento que, según el Ejecutivo regional, deberá destinarse a la prevención y gestión de crisis.

También se reduce al 10 por ciento la exigencia de dedicar el 20 por ciento del fondo operativo a medidas medioambientales.

El Gobierno regional también valora que se incentive el incremento de dimensión de las OPFH mediante la mayor participación en la financiación del fondo operativo (60 por ciento), que se fomente la comercialización en OPFH de la producción ecológica y la promoción con fondos del programa operativo, que se prevea la promoción de las frutas y hortalizas como alimento saludable en los centros escolares y que se de mayor libertad a las OPFH en la gestión de crisis.

También considera positivo para la Región que se contemple un período transitorio y voluntario de cuatro años (hasta 2011) para el desacoplamiento total de las ayudas a los productos transformados, que los productos importados de terceros países cumplan requisitos similares a los exigidos a los productos europeos y que no se puedan activar derechos de pago único en superficies de cultivos hortícolas al menos durante tres años.

Satisfacción en Coag

También la Coordinadora de Agricultores y Ganaderos-Iniciativa Rural (COAG-IR) de Castilla-La Mancha mostró su satisfacción «moderada» por la reforma de la OCM de Frutas y Hortalizas, pues «se partía de una nefasta propuesta de la Comisión», aunque aún hay «conceptos a los que nos oponemos frontalmente».

En una nota de prensa, COAG-IR cita entre los puntos con los que está en desacuerdo el desacoplamiento, la renacionalización de las ayudas y la liberalización comercial.

No obstante, valora la inclusión del azafrán como producto elegible dentro de la OCM, reivindicación que ha venido reclamando la organización agraria.

COAG-IR pide mantener la prudencia hasta que no se conozca el alcance de la reforma en la región, ya que es muy importante saber cuáles serán las opciones a desarrollar por los estados miembros, como la gestión de crisis a los no socios de las organizaciones profesionales de frutas y hortalizas (OPFH).

Los afectados por las tormentas que asolaron varios municipios de La Mancha el pasado mes de mayo pueden solicitar ya las ayudas económicas que el Gobierno regional aprobó días después mediante Decreto. El Diario Oficial de Castilla-La Mancha publicó ayer cuatro órdenes que desarrollan esta normativa dónde se explica la cuantía y el procedimiento administrativo a seguir para solicitar las subvenciones.

Así lo avanzó ayer el vicepresidente primero, Fernando Lamata, antes de informar sobre los acuerdos alcanzados por el Consejo de Gobierno el pasado martes.

La primera de las órdenes, explicó Lamata, depende de la Consejería de Bienestar Social que convoca ayudas de emergencia social destinadas a paliar los daños materiales en viviendas y enseres ocasionados por las inundaciones.

La Consejería de Industria y Tecnología ha sacado también una Orden de ayudas destinadas a las pequeñas y medianas empresas y a las microempresas afectadas para «fomentar la inversión empresarial». Según Lamata, el temporal afectó gravemente a muchos talleres y comercios que ahora necesitan ayuda para relanzar su actividad.

La tercera de las órdenes es de la Consejería de Trabajo y Empleo, que concede ayudas a trabajadores autónomos, cooperativas y sociedades laborales para la financiación de las inversiones necesarias en las instalaciones dañadas por el agua.

Por último, la Consejería de Administraciones Públicas ha realizado una convocatoria extraordinaria de ayudas del Fondo Regional de Cooperación Local (Forcol) para la reparación o restitución de infraestructuras, equipamientos e instalaciones y servicios de titularidad municipal dañados por los distintos fenómenos meteorológicos adversos.

Además de este «importante bloque de ayudas», Lamata recordó que ya está funcionando la actuación de emergencia que se puso en marcha de forma inmediata tras la catástrofe atmosférica para limpiar y reparar escuelas y centros sanitarios con el objetivo de que no se detuviera la acción de este tipo de servicios públicos.

Asimismo, apuntó que el Gobierno de CLM está trabajando y, espera que «se pueda completar ya esta semana», en la redacción de la orden de ayudas destinadas a los agricultores, tras mantener una serie de reuniones y negociaciones con las organizaciones profesionales agrarias.

El vicepresidente primero señaló que la cuantía económica total del paquete de medidas se ha determinado en 300 millones de euros, aunque esta cantidad, dijo, puede ser ampliada en función de las necesidades que vayan surgiendo.

Indicó que también se están valorando otros daños provocados en las provincias de Albacete y Cuenca por otras tormentas que se produjeron en los últimos días de mayo, y resaltó que con estas primeras respuestas el Gobierno de CLM da cumplimiento al compromiso adoptado por su presidente, José María Barreda, de contribuir a recuperar los daños que se produjeron hace unas semanas en estos municipios de la región.

Preguntado por la cuantía económica de las ayudas comprometidas por el Estado, Lamata reconoció desconocer aún la cifra exacta, aunque afirmó que se trabaja conjuntamente con la Delegación del Gobierno de España y con varias de sus instituciones para gestionar dichas subvenciones una vez se haya terminado la peritación de los daños, que es lo que se está llevando a cabo en estos momentos, comentó.

Por último, afirmó que la Junta intentará obtener más información sobre la situación de dos familias de Villarrubia de los Ojos (Ciudad Real), una de las localidades más afectadas por las lluvias, que han hecho saber al concejal de Agricultura que sus hijos tendrán que abandonar los estudios para poder salir del bache en el que les metió las tormentas.

Lamata cree que Pardo y Moreno harán de las Cortes el foro de debate que necesita CLM

Salvo imprevistos de última hora, el Congreso de los Diputados aprueba hoy los porcentajes obligatorios de biocarburantes que se deberán usar a partir de 2008 en los vehículos, mezclados con las gasolinas y gasóleos convencionales.

Uno de los parlamentarios que ha seguido este asunto más de cerca es Alejandro Alonso, diputado nacional, portavoz de la Comisión de Agricultura del Congreso y ex-consejero de Agricultura de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

Alonso es, por tanto, una voz autorizada a la hora de opinar sobre esta nueva normativa y sobre sus consecuencias en el sector agrario, especialmente en el de nuestracomunidad autónoma, donde los cultivos energéticos se presentan como una propuesta de futuro para el campo.

¿Por qué tenemos establecer porcentajes obligatorios en el uso de biocombustibles?

Pues porque el sector está creciendo, y mucho, a causa del marco de apoyo a esta clase de productos, tanto en España como en toda la UE, pero este crecimiento no se traducía en un mayor uso de los biocombustibles en el sector de la automoción en nuestro país, que es el responsable de la mayor parte de las emisiones de gases de efecto invernadero, sino en un aumento de las exportaciones de biocombustibles españolas al extranjero. Sirva de ejemplo que, durante el año pasado, el 80 por ciento de la producción de bioetanol de nuestro país se exportó.

¿A qué se debe?

A un cuello de botella en la distribución. Las grandes compañías que se dedican a la distribución de biocombustibles han sido muy reticentes, hasta la fecha, a comercializar estos productos en nuestro país, de forma que el gran potencial que tenemos en este terreno se iba, al final, hacia otros países. Por eso, este jueves, el Congreso aprobará una enmienda introducida por el Senado en el que se marca un tanto por ciento obligatorio, una proporción obligatoria de biocarburantes en las gasolinas y gasóleos que se utilizan habitualmente en los vehículos.

¿En qué consiste la enmienda que se aprobará hoy?

En primer lugar, define qué es y qué no es biocombustible. Y, a continuación, marca unos porcentajes de contenido de biocarburantes para los años 2008, 2009 y 2010. Para el 2008, será del 1’9%; el 2009, del 3’4% y el 2010, un 5’83% para ser exactos. Con una salvedad, y es que el objetivo que se fija para el año que viene es indicativo, mientras que los del 2009 y los del 2010 serán obligatorios, las distribuidoras tendrán que cumplirlos por ley.

¿Por qué aprobarlos por ley? ¿No es un procedimiento más complicado?

Pero es más efectivo. Una ley contempla, entre otras cosas, un régimen sancionador, lo que significa que tiene una fuerza normativa que, por ejemplo, no tiene un decreto. Nos dará la capacidad de multar, si llegase el caso, a las empresas que incumpliesen los porcentajes esitulados.

Usted es presidente de la Comisión de Agricultura del Congreso y fue consejero de Agricultura de Castilla-La Mancha. ¿Cuál es el potencial de la región en cultivos energéticos?

Es enorme. Aunque hay que valorarlos en su justa medida, los cultivos energéticos son una realidad de futuro en nuestra región. En primer lugar, porque nos estamos situando en la vanguardia tecnológica del sector, tanto para producir bioetanol como biodiesel. En segundo, porque algunos de los cultivos con mayor potencial bioenergético, como la colza o el girasol, son viejos conocidos de los agricultores manchegos, estamos hablando de que su implantación no supone un problema, entre otras cosas, porque ya están aquí.

Dice usted que hay que valorarlos «en su justa medida»¿Están justificadas todas las expectativas de negocio que se están levantando?

Hombre, vamos a ver, todo tiene su justo término. Los cultivos energéticos para la producción de biocombustibles son una posibilidad más que se abre entre muchas, esto es, que además de destinar un cultivo, pongamos un herbáceo, para consumo humano o alimentación animal, hay un tercer mercado que se abre para el agricultor, que es vender su producción a las industrias energéticas. Pero ciertas exageraciones, como presentarlos como la panacea del futuro, o ciertos miedos, pensando que la industria energética va a quitarle materia prima a la fabricación de piensos y que el precio de éstos se va a disparar, pues no me parece que estén muy justificados, la verdad.

¿A que se debe ese miedo?

Creo que es un problema de información. Es cierto que los precios del cereal han subido, pero no es sólo por la demanda del sector de la energía. También es que este año hay varios grandes productores mundiales que han fallado. Australia, por ejemplo, que es uno de los mayores productores de grano del mundo, padece una sequía tan grave que sus cultivos se han quedado en la mitad y no es el único caso. Si a eso le juntamos la demanda de materias primas de todo tipo, cereales incluidos, que hay desde los países asiáticos, pues tenemos un escenario muy complicado donde se juntan una fuerte subida de la demanda y un bajón inesperado de la oferta donde los biocombustibles son un factor. Pero no justifica ciertos miedos y que, por ejemplo, un fabricante de piensos tema que llegue una petrolera y lo deje sin materia prima, eso no tiene por qué pasar si las cosas se planifican bien.