Los embalses de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) se encuentran al 23,04 por ciento de su capacidad y almacenan 9,97 hectómetros cúbicos (hm3) de agua menos que la semana anterior, ya que en total albergan 771,05 hectómetros cúbicos de los 3.346,6 de que disponen, según los datos facilitados hoy por este organismo.

Por sistemas, los embalses del Júcar se encuentran al 17,40 por ciento de su capacidad; los del Túria tienen un 39,62 por ciento de agua embalsada; en Alicante, el sistema de la Marina Baja/Serpis dispone del 69,93 por ciento de agua, mientras que en Castellón, el sistema Palancia/Mijares/Cenia se encuentra al 57,57 por ciento de su capacidad.

En el sistema de la Marina Baja, el embalse de Amadorio tiene un 66,52 por ciento de agua almacenada, mientras que el de Guadalest está al 83,23 por ciento. En el Serpis, el pantano de Beniarrés tiene el 59,33 por ciento de su capacidad cubierta. En el sistema Júcar-Turia, La Toba está en el 76,47 por ciento, el de Alarcón un 12,18 por ciento y el de Contreras en 8,00 por ciento.

En el complejo de Cortes, El Molinar está en un 76,30 por ciento de su capacidad, Cortes II en un 91,26 por ciento, La Muela en un 87,71 por ciento, y El Naranjero al 59,03 por ciento. En el Bajo Júcar, el de Tous-La Ribera se encuentra al 26,56 por ciento; Escalona al 4,52 por ciento; y Bellus, al 11,38 por ciento. En el sistema del Magro, el pantano de Forata está al 15,31 por ciento de su capacidad.

En el Túria, el embalse de El Arquillo de San Blas está al 87,08 por ciento, Benagéber al 42,51 por ciento, Loriguilla al 16,77 por ciento y Buseo al 43,99 por ciento. En el sistema del Palancia, el de Regajo se encuentra al 90,78 por ciento de su capacidad y el Algar, al 0,00 por ciento.

En el sistema de Mijares, el de Alcora tiene almacenado un 69,95 por ciento; Arenós un 46,63 por ciento; María Cristina un 29,74 por ciento y Sichar el 86,37 por ciento. En el Cenia, el de Ulldecona está al 90,84 por ciento de su capacidad, mientras que en otros sistemas, el embalse de Almansa está al 11,50 por ciento y el de Onda al 82,96 por ciento

Dos días han transcurrido desde que la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, diera por concluida la sequía hasta que el director general del Agua, Jaime Palop, cargo que se sitúa en el segundo escalón del Ministerio, le haya desmentido.

En su intervención en la segunda jornada del Foro Internacional de la Sequía que se celebra estos días en Sevilla, Palop dijo que, a pesar de que en determinadas zonas ha llovido en abundancia, asegurar que el periodo de sequía ha terminado “puede lesionar la sensibilidad de sectores que lo están pasando mal”. En este sentido, hizo referencia a los agricultores de las cuencas del Júcar, Segura y Guadalquivir, que han tenido que ver reducidas las dotaciones de agua”, tal y como recoge Europa Press.

Su propio subordinado tuvo que salir al paso de las declaraciones de la ministra, que dijo el domingo que se podía dar por superada la sequía de hace dos años y que la situación prevista para 2007, desde el punto de vista de la disponibilidad de agua, es “muy buena”. A pesar de que Narbona sí hizo referencia a que autonomías como la Comunitat Valenciana, además de Murcia y Castilla–La Mancha, “todavía presentan una situación de escasa capacidad de agua almacenada”.

Hace escasamente un mes, justamente antes de las elecciones del 27 de mayo, el presidente de la Confederación del Júcar, Juan José Moragues, anunció que la cuenca del Júcar había salido de la situación de emergencia en la que se encontraba y pasaba a situación de alerta. Estas declaraciones coincidieron con un descenso de las reservas en los embalses situados en este río.

En esta ocasión, desde el propio Ministerio se ha contradicho y Palop expuso que tanto la cuenca del Júcar como la del Guadalquivir y el Segura se encuentran en una situación “delicada”. Previó incluso que en otoño “habrá que mirar de nuevo al cielo y esperar que llueva y en abundancia”.

El descenso de las reservas almacenadas en los embalses de la Confederación Hidrográfica del Júcar vienen a confirmar las declaraciones del director general del Agua. En la última semana, los pantanos almacenan 10 hectómetros cúbicos menos que hace siete días. El embalse que mayor descenso ha experimentado ha sido el de Tous, debido a que los agricultores se encuentran en la campaña de riego. Las reservas de los embalses competencia de la Confederación están al 23% con 771 hectómetros almacenados.

No obstante, Palop se enorgulleció de que por primera vez en España la sequía no ha sido tan dura gracias a las políticas adoptadas que han permitido no tener que restringir el abastecimiento a la población.

El director general del Agua también hizo referencia al informe de Adena que critica la apuesta del Gobierno por las desalinizadoras por su impacto y el coste del agua. Palop recordó que cuentan todas ellas con declaración de impacto ambiental.

Garantizar agua de calidad para el abastecimiento de la población de Alicante es el objetivo de una nueva propuesta que ayer formuló el conseller de Infraestructuras, José Ramón García Antón. Tras una reunión con el presidente de la Junta Central de Usuarios del Vinalopó, Andrés Martínez, García Antón propuso ejecutar una segunda toma en el trasvase Júcar-Vinalopó, compatible con la de Azud de la Marquesa. Las obras tendrían un coste de entre 20 y 30 millones de euros y serían sufragadas por la Generalitat.

García Antón se reunió con el presidente de la Junta Central de Usuarios del Vinalopó, Andrés Martínez, que se mostró dispuesto a “renunciar a Cortes de Pallás, a retirar contenciosos y a trabajar de forma constructiva con el Ministerio de Medio Ambiente”.

El conseller condicionó incluso las obras del post-trasvase, competencia de la Generalitat, que tienen como objetivo conectar el canal principal del trasvase con las ciudades, con la realización de la segunda toma. Incluso está dispuesto a “poner la máquina a toda marcha si se accede a esta propuesta”.

La respuesta del Ejecutivo no se hizo esperar. El delegado del Gobierno, Antoni Bernabé, le contestó que en vez de hablar de segundas tomas, “el conseller debería ponerse a trabajar en las obras del post-trasvase”.

Ayer, 18 de junio, se cumplió el tercer aniversario de la derogación del trasvase del Ebro por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. García Antón calificó este periodo como “tres años perdidos para solucionar los problemas hídricos de la Comunitat”. Por su parte, Bernabé replicó que en ocho años de Gobierno de Aznar el PP “no ha sido capaz de traer una gota de agua”.

El Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF, por sus siglas en inglés) critica en un informe la «frenética construcción» de desalinizadoras en España y su impacto negativo en el medio ambiente y el cambio climático.

Según el informe Haciendo agua, desalinización: ¿opción o distracción para un mundo sediento?, España es el país con «mayor capacidad de desalinización del mundo occidental», aunque para el WWF esa no es la mejor solución para garantizar el suministro de agua.

«Desalinizar el mar es una forma cara y de gran coste energético para conseguir agua», indicó el director del Programa Mundial para el Agua Dulce del WWF, Jamie Pittock, quien explicó que la desalinización lleva a la emisión de gases de efecto invernadero y a la destrucción de las costas, lo que agrava el cambio climático. Para la organización ecologista, la «frenética» construcción de plantas desalinizadoras tiene su origen en la cancelación en el 2004 del proyecto del trasvase del Ebro, que era una de las piezas centrales del Plan Hidrológico Nacional, y en «su tradicional intento de garantizar el agua en uno de los países más secos de Europa».

El informe critica «la transformación de la árida Almería en la mayor concentración de invernaderos de horticultura de Europa entre 1987 y 2004» y la planta desalinizadora de Carboneras, construida en esa región y que es la más grande de Europa.

Además, el aumento del turismo en España ha llevado igualmente a un mayor consumo de agua debido a la constante construcción de residencias secundarias en urbanizaciones levantadas en las proximidades de campos de golf, como el Desert Springs (norte de Carboneras), según el estudio. En ese mismo sentido, el WWF recuerda que «España estableció un nuevo récord al construir 800.000 nuevas propiedades en el 2005, principalmente en la costa sur» y asegura que esa cifra supera las edificaciones realizadas en Francia, Alemania y el Reino Unido juntos.

Por todo ello, la organización de defensa del medio ambiente se hace eco de «las voces que sostienen que el problema real del agua en España está más vinculado a expectativas poco realistas y a una pobre gestión del agua». Por otra parte, el estudio se refiere a la importancia que tiene la industria desalinizadora española a nivel mundial, ya que las empresas del país «participan en el desarrollo desalinización de EE UU, el Reino Unido y Oriente Medio.

España está consiguiendo «un uso del agua cada vez más eficiente», aseguró ayer la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, en la primera jornada del Foro Internacional sobre la Sequía que se celebra estos días en Sevilla. Los ecologistas, participantes en el encuentro, reclamaron, no obstante, un cambio en la gestión hídrica y en la política agraria que deje de primar a los regantes y a los cultivos de regadío por encima de los consumidores urbanos y el medio ambiente.

Durante su intervención, Narbona consideró que «afortunadamente, no falta agua» en nuestro país. Así, subrayó que, gracias a la planificación y la legislación impulsadas por el actual Gobierno «que prima el abastecimiento a las poblaciones frente a otros usos», en el último periodo de sequía no se han producido restricciones de agua para los consumidores como a principios de los años 90.

La ministra apuntó que cada vez se registra una gestión más eficiente del agua para «atender más usos utilizando menos agua», como corroboró Francisco Cubillo, miembro del Grupo de Especialistas en Gestión Eficiente del Agua de la Asociación Internacional del Agua y co-miembro del Comité de Expertos en Sequía del Ministerio de Medio Ambiente. Cubillo valoró que «el nivel es aceptable en cuanto a la capacidad para prevenir y mitigar los efectos de la sequía», y señaló que «en cuanto a lo que se puede hacer, España está en situación destacada».

Narbona alertó de la «ignorancia» que rodea el tema de la sequía, y la confusión, a veces interesada, entre «el uso responsable del agua» y un «retroceso en nuestro nivel de bienestar». El agua, dijo, «es el elemento común» a los principales desafíos ambientales de nuestro tiempo, como el cambio climático, el avance de la desertificación o la pérdida de la biodiversidad. Es un fenómeno que hay que abordar desde una escala «internacional» y con criterios de sostenibilidad ambiental.

La responsable de Medio Ambiente reclamó además la colaboración de administraciones, empresas y organizaciones para ayudar a los países con menos recursos para favorecer un desarrollo «duradero». Vivimos «en un mundo muy desigual, donde 1,8 millones de niños mueren cada año por enfermedades relacionadas con escasez de agua y la falta de saneamiento».

Depuración

Sin embargo, reconoció que aún quedan cuestiones pendientes en la mejora de la gestión hídrica, como la depuración de aguas residuales. En la actualidad se depura el 77 por ciento de éstas (frente al 44 por ciento de 1994), pero apenas el 13 por ciento se reutiliza para riego agrícola o de campos de golf. Narbona instó a las distintas administraciones a autorizar la apertura de estas instalaciones deportivas sólo si usan agua depurada para el riego.

Destacó el «avance sustancial» que se ha producido en los últimos años para un uso racional del agua en la agricultura, asegurando que el 2007 será «el primer año de la historia de España» en el que habrá un mayor número de hectáreas cultivadas por riego localizado que por riego por inundación.

La asociación ecologista WWF/Adena, asesora del foro, niega la mayor. Así, el responsable de agua de la asociación, Guido Schmidt, lamentó que la disponibilidad de agua para regadío y el precio que se cobra a los agricultores no se corresponda con la realidad hidrológica española, pese a lo que se están creando 30.000 hectáreas más de regadío. «Si hay en una situación crítica, lo es para todos y si hay un plan de sequía, es para cumplirlo», añadió.

El 30 de junio se cierra el plazo para solicitar la devolución del Impuesto Especial de Hidrocarburo del Gasóleo Agrícola. A día de hoy, un total de 37.532 agricultores de la región han realizado su solicitud por un importe de devolución de 17,3 millones de euros. En Albacete, casi 6.300 agricultores han pedido que se les devuelvan 3,2 millones de euros.

El presidente de la Federación Nacional de Comunidades de Regantes, Andrés del Campo, que los planes de sequía del Gobierno alivian el problema de la falta de lluvias que atraviesa España, «pero no solucionan este problema endémico». Así, reclamó la construcción de nuevos embalses y trasvases para luchar contra el cambio climático.

La reserva de agua en los pantanos de la cabecera del Tajo, Buendía y Entrepeñas, aumentó en seis hectómetros cúbicos la última semana y alcanzó los 473 hectómetros cúbicos de agua embalsada, el 19,11 por ciento de su capacidad total.

El Consejo de Ministros autorizó hace diez días un trasvase durante los meses de verano de 92 hectómetros cúbicos desde la cabecera del Tajo, de los que 62 serán para consumo humano y veinte para regadío en la cuenca del Segura, mientras que las Tablas de Daimiel recibirán diez.

La Junta Central de Usuarios de Aguas del Valle del Almanzora, en la provincia de Almería, ha recogido más de 3.000 firmas contra los puntos de la reforma del Estatuto de Castilla-La Mancha que recogen el traspaso de la gestión del agua a esta Comunidad Autónoma, sin la intervención del Gobierno central.

El portavoz de la Junta, Fernando Rubio, manifestó el «peligro» que esta medida supone para el trasvase Tajo-Segura y anunció que la campaña de recogida de firmas continuará durante las próximas semanas, como se está haciendo también en Murcia y en la Comunidad Valenciana. Rubio calificó de «insuficientes» para los regantes del Levante almeriense los 0,7 hectómetros cúbicos que le corresponden a Almería -con una participación del 13,75 por ciento en el trasvase Tajo-Segura- de los 20 hectómetros cúbicos aprobados por el Consejo de Ministros hasta el 30 de septiembre. A su juicio, la cantidad necesaria para abastecer a los regantes almeriense sería de 15 hectómetros cúbicos.

El portavoz anunció que están estudiando realizar una concentración el próximo 24 de julio frente al Ministerio de Medio Ambiente en defensa del trasvase Tajo-Segura.

Las organizaciones agrarias de Castilla-La Mancha han acogido con «satisfacción» la eventual decisión del Ministerio de Industria de aplazar hasta julio de 2008 la entrada en vigor de las nuevas tarifas eléctricas para regadío, pero consideran que esta no es la solución definitiva y que este sector debe mantener un tratamiento preferencial.

Así lo expresó el secretario provincial de Asaja Ciudad Real, Florencio Rey, quien aseguró que seguirán reivindicando ante el Gobierno central para que tengan en cuenta la situación de crisis que atraviesa el sector agrario, las inversiones que se han realizado en la modernización de regadíos, y los beneficios medioambientales de esta aplicación tecnológica.

«La situación del sector agrario es crítica, fruto del incremento de los costes de producción, de la congelación de los precios, y de la falta de rentabilidad de los productos. Por ello es importante que mantengamos esta tarifa especial para el riego, y esta prorroga nos viene bien, pero no es la solución definitiva».

ACCIONES SINDICALES. Por su parte, Rafael Juárez, de los servicios técnicos de COAG, explicó a Europa Press que esta eliminación de tarifas especiales, sería la última fase de un proceso por el que el Gobierno central pretende liberalizar la energía, acogiéndose a las orientaciones expuestas por la Comisión Europea.

«Nuestra organización está radicalmente en contra de la eliminación de estas tarifas especiales de riego porque el sector agrario no se encuentra en estos momentos en una situación como para afrontar el nuevo incremento de costes, que en función del tipo de tarifas al que se acoja el agricultor puede estar en torno al 20 por ciento», alertó.

Desde COAG dudan de que la liberalización del mercado, que afectaría sobre todo a las explotaciones familiares de carácter profesional, «vaya a beneficiar al consumidor, pues en el pasado hemos sufrido liberalizaciones parecidas y la experiencia nos dice que nunca ha representado una rebaja de los precios al consumidor, sino todo lo contrario».

Esto, unido a otros motivos, como el hecho de que la facturación eléctrica para regadío sea una mínima parte de la facturación eléctrica total (apenas un 1 %) y las ventajas medioambientales que supone la electrificación del regadío frente a los motores de combustión, justificaría plenamente, en opinión de COAG-IR, el que se suspenda ‘sine die’ la desaparición de estas tarifas.

«Esperamos que el Gobierno entre en razones y de marcha atrás, porque a nivel estatal la organización pretende agotar todas las vías de negociación, y llegado el caso tomaremos las acciones de carácter sindical que estimásemos oportunas» advirtió.

UPA. En términos parecidos se expresaron desde UPA, que en boca de su responsable regional de Agricultura, Elena Escobar, dijeron estar «muy contentos» por la moratoria conseguida hasta julio del 2008. «A pesar de que hemos conseguido su aplazamiento un año más, el objetivo no está conseguido porque la subida contempla este Real Decreto podría suponer un 300 por cien en algunos casos», indicó la representante de UPA, quien lo calificó de «autentica barbaridad».

Escobar manifestó que la subida «de un plumazo» de las tarifas del regadío, «un recurso cada vez más necesario», junto con la «crítica» situación de los precios, y la sequía, «harán que muchas explotaciones cierren porque van a ser inviables» alertó.

De otro lado defendió que esta subida frenaría en seco la modernización de los regadíos en bajo consumo, una medida imprescindible en el ahorro de agua «ante la escasez de recursos que vivimos». «Y por ello –anunció– durante este año seguiremos negociando, porque hemos ganado una batalla pero no la guerra».

Actualmente, de los 4,2 millones de hectáreas de cultivo que existen en la región, 417.100 son de regadío, suponiendo el 10 por ciento. Así en Albacete hay 124’6 miles de hectárea de regadío; en Ciudad Real 167,4; en Cuenca, 27,8; en Guadalajara 17,7 y en Toledo 79,6

Esta medida provocaría una subida del entorno 22 por ciento para el precio de la energía eléctrica para regadío en alta tensión y del 28 por ciento para baja tensión, siendo los cultivos más afectados el maíz, el olivar, los viñedos y la remolacha.