Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF/Adena dedican este año el «Día Mundial de Lucha contra la Desertificación y la Sequía» a denunciar el Plan Especial del Alto Guadiana (PEAG), por ser un paradigma de cómo las Administraciones pueden diseñar una política que llevará a desertificar un área rica en humedales de importancia Internacional.   Según Naciones Unidas, España es el país más árido de Europa. Un tercio de su superficie sufre una tasa muy elevada de desertificación y un 6% ya se ha degradado de forma irreversible. Las zonas más afectadas hasta ahora son la vertiente mediterránea y las islas Canarias.   La desertificación es un proceso de degradación de tierras por efecto directo de la acción humana. Las principales causas de este proceso son la sobre explotación de los recursos hídricos, la agricultura intensiva, la tala indiscriminada de bosques, el sobre pastoreo, los incendios y la ocupación del suelo por el negocio inmobiliario.   Los ecologistas denuncian hoy que el PEAG fomentará un incremento significativo de la desertificación en la mayor área de humedales del centro de la península, unos ecosistemas imprescindibles para el equilibrio del clima y la conservación de los cada vez más escasos recursos hídricos y la biodiversidad que albergan.   Para las organizaciones ecologistas, el PEAG no sólo no corregirá el desastre ecológico de sobreexplotación y de falta de gestión hídrica, sino que promoverá un proyecto medioambiental ineficaz con la excusa de recuperar las Tablas de Daimiel y otros humedales de la zona. Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF/Adena piden la profunda rectificación modelo de consumo de agua del PEAG y exponen alternativas para la elaboración de un nuevo plan para la recuperación hídrica de la zona, entre otras razones, porque:   –       Otorga a Castilla-La Mancha más de 3.900 millones de euros, el presupuesto más alto que se ha dado jamás a un proyecto «ambiental». Sin embargo, el dinero, en su mayor cuantía, no se utilizará en la recuperación del Parque Nacional de las Tablas de Daimiel ni del resto de humedales, sino en mantener una agricultura insostenible y la sobreexplotación ilegal del agua de los acuíferos disfrazado en forma de «reconversión agrícola». Las ONG ambientales proponen que la  mayor parte del presupuesto se dirija a reconvertir el regadío y sus servicios hacia otro tipo de desarrollo económico, industrial y social, y a la recuperación del patrimonio natural.   –        No cumple la Directiva Marco del Agua (DMA) y consolida el alarmante déficit de los acuíferos sobre explotados. Por exigencia de Castilla-La Mancha, el PEAG mantendrá una extracción legal de 200 Hm3/año en el acuífero 23 (según el PEAG, actualmente se consumen hasta 400 Hm3/año por las extracciones ilegales). Pero este volumen no reduce la sobreexplotación, pues es el mismo que ya exige en la actualidad la Confederación Hidrográfica del Guadiana a los regantes legales en su Régimen anual de explotación. Esta falta de compromiso real y de falta de transparencia en la toma de decisiones para cambiar la situación llevará a que no se cumplan las obligaciones que exige la DMA ni en su segunda prórroga de 2027. Conseguir la recuperación mediante el PEAG nos llevaría en el mejor de los casos hasta 2042. Por ello, se debería realizar un esfuerzo conjunto de todas las partes implicadas, y la Junta y los regantes tendrían que bajar de 130 Hm3/año su pretensión de consumo si se quieren cumplir realmente los objetivos pretendidos en el Plan.   –       Subvenciona la consolidación de usos ilegales del agua en el Guadiana. El Plan prevé comprar derechos de riego a los que los poseen legalmente. Pero al incluir al mismo tiempo la exigencia de Castilla-La Mancha de mantener la misma superficie de regadío, implicará que se siga usando la misma cantidad de agua que hasta ahora y en buena parte por los regantes ilegales, que no serán eliminados por el proceso de compra. Para las ONG, el Ministerio de Medio Ambiente debería prioritariamente comprar derechos sin admitir la superficie regada que reconoce Castilla-La Mancha y que ha fomentado con su política agraria (i.e. viñedo en espaldera).   –       Es una amnistía de facto para los pozos ilegales. Las medidas del  PEAG para la sanción de los regantes ilegales no son creíbles pues son similares a las actuales. La Confederación Hidrográfica del Guadiana no realiza ningún tipo de medida eficaz contra los 60.000 pozos ilegales. Si la Confederación admite que los 2.000 expedientes que ha abierto están paralizados y que sólo han cerrado 6 pozos en el último año, ¿Dónde está el resto?. Las ONG solicitan que el Gobierno incremente los mecanismos de sanción, pero ello pasa porque La Junta cree un entorno socioeconómico propicio activando de inmediato las alternativas de reconversión.   –       Encubre y paga un nuevo trasvase desde el Acueducto Tajo-Segura (ATS) a la Llanura Manchega que afectaría negativamente a las provincias de Toledo y Guadalajara, a Extremadura y Portugal. Con la pérdida de caudal empeorará la sequía en el alto Tajo y secará el cauce en La Sagra y Talavera. También, aumentará la contaminación del agua de los embalses que ya están bastante eutrofizados aguas abajo de Toledo. Las ONG consideran que no puede justificarse el aumento de la oferta de agua a la zona, pues el trasvase reactivará el consumo de agua.   –        Provocará una contaminación irreversible de las aguas subterráneas. El PEAG no introduce medidas que ayuden a disminuir el vertido continuado de nitratos, fosfatos y pesticidas procedentes de las aguas de retorno de la agricultura intensiva, que está contaminando los acuíferos. (nuestras reservas estratégicas de agua). Los acuíferos 23 y 24 están seriamente afectados y los niveles de nitratos ya superan en algunos puntos los 50mg/l, el límite establecido por la legislación (Directiva 91/676, Real Decreto 261/96).   –        No reducirá suficientemente el consumo de agua. Los regadíos de la zona de los acuíferos sobre explotados del Alto Guadiana son en estos momentos los mayores consumidores de agua de España en proporción a sus recursos, pues utilizan más del 93% del agua disponible.   –       No tiene en cuenta suficientemente los efectos del cambio climático. En la cabecera del Tajo las aportaciones medias naturales se han reducido desde finales de los años setenta a la actualidad en un 50,16%. La situación en el Alto Guadiana es similar.   –       Castilla-La Mancha quiere usar el PEAG con fines políticos para reivindicar el agua del Acueducto Tajo-Segura y dar un paso adelante hacia la declaración de su caducidad. El PEAG esconde la pretensión del Gobierno de Castilla-La Mancha de que el Alto Guadiana sea considerada una cuenca con déficit hídrico en 2008. De conseguir esta clasificación podría utilizarse como argumento para restar derechos del trasvase a Murcia.

Cristina Narbona, pidió ayer a los ciudadanos mantener el consumo responsable de agua y “no cambiar los hábitos”, pese a considerar que la sequía de 2005 está superada.

No obstante, en el Día Mundial de Lucha contra la Desertización y la Sequía, la ONG de WWF/ADENA ha alertado de que España es el país de Europa con más riesgo de desertización, con un 30 por ciento de su superficie en riesgo.

Narbona consideró que ya se puede dar por superada la sequía de hace dos años y que la situación prevista para 2007, desde el punto de vista de disponibilidad de agua, es “muy buena”. Pero recordó que no debemos “cambiar de hábitos” en el uso y almacenamiento responsable del agua.

La ministra, quien recordó que el Gobierno está trabajando para que se utilice el agua con la “máxima eficacia”, precisó que Murcia la Comunidad Valenciana o Castilla-La Mancha “todavía presentan una situación de escasa capacidad de agua almacenada”.
“No habrá ningún problema para el abastecimiento de toda la población española, pero seguirá habiendo restricciones para el regadío donde se consume más del 70 por ciento del total del agua en algunas zona”, afirmó.

Aniversario del trasvase
Por su parte, el consejero de Agricultura y Agua, Antonio Cerdá, señaló ayer en una nota que el programa AGUA “sólo cubre el 18 por ciento de las necesidades hídricas de la región de Murcia”, y que de los fondos europeos Feder destinados a ese plan del Gobierno central “sólo se ha ejecutado el 0,01 por ciento”.

Con motivo del cumplimiento, hoy, del tercer aniversario de la derogación del trasvase del Ebro por parte del Ejecutivo central, Cerdá señala que “no es casualidad que esa fecha coincida con el día mundial de la sequía, porque es lo único que ha conseguido el Gobierno socialista, que se tengan que arrancar miles de frutales”.

En su opinión, el programa AGUA «cercena el futuro económico y medioambiental de la Región, ya que la desalinización masiva, alternativa que se ofrece, es muy costosa y de mala calidad para la agricultura murciana, y contamina el litoral».

Con datos de los ministerios de Economía y Hacienda y de Medio Ambiente del pasado 16 de marzo, el consejero indica que «tan sólo se ha ejecutado el 0,01 por ciento de los fondos europeos de desarrollo regional (Feder) para abastecimiento y regadío del programa AGUA».

El portavoz de los socialistas murcianos, José Ramón Jara, salió ayer al paso de las declaraciones del consejero de Agricultura y Agua que el grado de ejecución de los fondos europeos de desarrollo regional (Feder) en Murcia es de entre el 65 y el 82 por ciento, no del 0,01 por ciento, como afirma el representante del Gobierno autonómico.

Jara sostiene que, el pasado 30 de abril, de una de las medidas la ejecución es del 65,15 por ciento, y de otra, del 82,64 por ciento, mientras que de esas mismas medidas, en la época en la que presidía el Gobierno central José María Aznar, la ejecución era del 4,97 por ciento y del 3,12 por ciento, respectivamente.

La Junta Central de Usuarios de Aguas del Valle del Almanzora, en la provincia de Almería, ha recogido más de 3.000 firmas contra los puntos de la reforma del Estatuto de Castilla-La Mancha que promueven el traspaso de la gestión del agua a esta comunidad autónoma, sin la intervención del Gobierno central.

El portavoz de la Junta de usuarios, Fernando Rubio, manifestó a Europa Press el «peligro» que esta medida supone para el trasvase Tajo-Segura y anunció que la campaña de recogida de firmas continuará durante las próximas semanas, como se está haciendo también en Murcia y en la Comunidad Valenciana.

Los regantes almerienses se suman así a las diversas campañas de firmas, protestas y movilizaciones que se están llevando a cabo en los últimos meses desde el Levante contra el Estatuto castellano-manchego, pactado, como se sabe, por el presidente de la Junta, el socialista José María Barreda, y la presidenta regional del PP, María Dolores de Cospedal, y aprobado por unanimidad en las Cortes regionales de Toledo.

Quieren más trasvases

Fernando Rubio calificó de «insuficientes» para los regantes del Levante almeriense los 0,7 hectómetros cúbicos que le corresponden a Almería -con una participación del 13,75% en el trasvase Tajo-Segura- de los 20 hectómetros cúbicos aprobados recientemente por el Consejo de Ministros hasta el 30 de septiembre.

A su juicio, la cantidad necesaria para abastecer a los regantes almerienses sería de 15 hectómetros cúbicos, de manera que la reivindicación de más agua se mantiene intacta por parte de este colectivo.

El portavoz de los regantes apuntó que el Comité de Crisis por la Sequía, del que forma parte esta junta, está pendiente de una reunión con la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, para tratar las cuestiones aplazados en mayo ante la proximidad de las elecciones, tal como ha venido informando EL DIGITAL.

Protesta en Madrid

Asímismo, señaló que de los resultados de este encuentro dependerá la concentración de protesta convocada por el Comité de Crisis por la Sequía el próximo 24 de julio frente al Ministerio de Medio Ambiente en defensa del trasvase Tajo-Segura, para la cual consultarán a los agricultores su adhesión.

No obstante, el Comité de Crisis ha anunciado, por su parte, que esta protesta convocada en la capital de España se mantendrá al margen de los resultados del encuentro con la vicepresidenta De la Vega. La concentración tiene como objetivo reivindicar el trasvase Tajo-Segura y rechazar el Estatuto de Castilla-La Mancha.

La Junta Central de Usuarios de Aguas del Valle del Almanzora abarca 36.000 hectáreas de riego y está integrada por unos 10.000 regantes de la comarca homónima.

El Ministerio de Medio Ambiente, cuya titular es Cristina Narbona, acaba de licitar la mayor obra hidráulica de la historia del trasvase Tajo-Segura, con una inversión de más de 313 millones de euros y complejo proyecto que permitirá garantizar el mantenimiento del trasvase, pese a la oposición unánime del Gobierno y las Cortes de Castilla-La Mancha.

Según publica este domingo el diario ABC en su edición nacional, el proyecto consiste en la construcción de un túnel de seis kilómetros, un acueducto con tres ramales que suman 145 kilómetros de tuberías, una macropotabilizadora y varios depósitos para que no se pierda ni una gota de agua procedente de la cabecera del Tajo.

Con este proyecto, el Ministerio, dice ABC, apuesta claramente por mantener el trasvase Tajo-Segura, al menos para garantizar los abastecimientos a una población de más de 2,5 millones de personas, lo que va contra las previsiones de Castilla-La Mancha de cerrar el trasvase en 2015, como refleja el nuevo Estatuto de Autonomía, en fase de tramitación en las Cortes Generales.

Además, de este gran proyecto, el Ministerio de Medio Ambiente está construyendo el túnel Talave-Cenajo para canalizar las aguas de la cabecera del Tajo, con una inversión de 35 millones de euros, y se invierten otros 20 millones de euros en la modernización de los canales del postrasvase, para los regadíos.

Para Murcia y Valencia, estos proyectos garantizan el futuro del trasvase Tajo-Segura, ya que de lo contrario no tendría sentido hacer estas fuertes inversiones económicas, al menos para el abastecimiento humano, aunque no está claro qué pasará con los trasvases para regadíos.

«La aprobación del Estatuto de Castilla-La Mancha será nuestra prioridad absoluta». Así lo aseguró ayer la diputada regional por Albacete electa, Encarnación Naharro, que ayer ofreció una rueda de prensa para valorar los acuerdos alcanzados por el grupo parlamentario popular y que ha designado al número dos de la lista albaceteña, Marcial Marín, como viceportavoz.

Naharro también tuvo palabras de agradecimiento a los parlamentarios del PP por Albacete en la anterior legislatura, Carmen Bayod, Lucrecio Serrano, Pilar Martínez y Manuela Parras en la negociación del Estatuto en la que hubo consenso con el PSOE.

La diputada popular, aseguró que el Estatuto se sustenta en «pilares fundamentales» como que «reconoce que Castilla-La Mancha es una autonomía dentro de la indisoluble unidad de España», pero también que pide que se modifiquen las reglas de explotación del trasvase p ara dar prioridad absoluta de uso a los castellano-manchegos, que se garantice la libre elección de los padres a la formación religiosa y moral de sus hijos, a la multilateralidad en la financiación y en la necesidad de inversión añadida para Castilla-La Mancha «porque llevamos un retraso de 25 años».

También reivindicó una mayor agilidad para lograr las transferencias de Justicia. Naharro abogó por consensuar con el PSOE el desarrollo de grandes proyectos y recordó alguna de las medidas estrella del PP, que llevarán a las Cortes, como la pensión de jubilación para las amas de casa o la conexión por autovía de todas las grandes ciudades de la Región.

Por su parte, el recién elegido viceportavoz del grupo parlamentario popular en las Cortes de Castilla-La Mancha, Marcial Marín, se mostró satisfecho por su elección, confió en no defraudar a nadie y se comprometió a «sudar la camiseta» apostando por el trabajo en equipo del grupo parlamentario popular, pero también con el PSOE, «porque 47 diputados hacen mucho más que 26».

El Gobierno de Murcia y el sindicato central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats) hicieron ayer las paces tras las desavenencias entre sus máximos responsables.

Esta fueron causadas cuando se supo que fue el portavoz del PP en el Congreso, Eduardo Zaplana, quien pidió un trasvase para las Tablas de Daimiel. Tras reunirse en la sede del Gobierno, el jefe del Ejecutivo, Ramón Luis Valcárcel; el consejero de Agricultura y Agua, Antonio Cerdá, y Francisco del Amor, presidente del Scrats, que había pedido la dimisión de Zaplana.

Todos dieron por zanjadas sus diferencias y se comprometieron a luchar juntos en la reclamación del agua que palíe el déficit hídrico de la cuenca del Segura. Según Cerdá, se ha «reafirmado la unidad» entre el Gobierno y los regantes, y el Ejecutivo pondrá a su disposición todos sus servicios jurídicos para recurrir ante el Tribunal Constitucional los estatutos de autonomía de Aragón (antes del 23 de julio) y de Castilla-la Mancha, que limitan las posibilidades de que llegue agua a la cuenca del Segura desde el Ebro y el Tajo, respectivamente.

Además, el consejero, ahora en funciones, se comprometió a apoyar a los regantes con su presencia en la convocatoria de protesta del Scrats ante el ministerio.

La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA), tras las negociaciones mantenidas con el Gobierno, ha valorado el esfuerzo y la sensibilidad mostrada por los Ministerios de Industria y de Agricultura en la moratoria sobre tarifas eléctricas, ya que según ha señalado la organización en un comunicado, «un cambio como el que se proponía en el régimen tarifario de la electricidad para riego hubiera supuesto un elemento definitivo para el abandono de miles de explotaciones familiares agrarias, por inviabilidad económica para seguir en la actividad».

A juicio de UPA, se ha conseguido transmitir a la Administración «lo injusto de la medida que se proponía y que hubiera supuesto el encarecimiento de las tarifas en un 300% lo que hubiera representado un freno al proceso de modernización y cambio introducido en los sistemas de riego de miles de explotaciones agrarias». Igualmente, la organización trasladó las consecuencias socioeconómicas que una medida como la planteada podría haber tenido sobre amplias zonas de España. Por otro lado, UPA también utilizó un argumento contundente en el sentido de que esta petición en términos económicos globales no suponía ninguna dificultad para el Gobierno, ya que la facturación que se realiza por el régimen especial de riegos no supone nada más que el 1,03% de la facturación total eléctrica.

El presidente de la Federación Nacional de Comunidades de Regantes (Fenacore), Andrés del Campo, ha señalado que la decisión del Ministerio de Industria de aplazar hasta julio de 2008 la entrada en vigor de las nuevas tarifas eléctricas para regadío es un «aliciente» que la Administración puede ofrecer a los regantes como recompensa al esfuerzo económico que están realizando para modernizar sus regadíos.

El responsable de Fenacore destacó la «buena voluntad política» del secretario general de Energía del Ministerio de Industria, Ignasi Nieto, quien en su reunión del pasado 24 de mayo con Fenacore y las distintas organizaciones agrarias, se comprometió a estudiar su propuesta de aplazar la entrada en vigor de esta medida al menos hasta que la liberalización del mercado energético fuera realmente efectiva.

Del Campo aseguró que el mantenimiento de las tarifas específicas de riegos de alta y baja tensión alentará el proceso de modernización y transformación de los sistemas de riego de superficie o gravedad -de coste energético casi despreciable- a otros sistemas de riego por presión (aspersión o localizado), que, aunque presentan un coste energético mucho mayor, no se verá incrementado adicionalmente gracias a esta nueva prórroga.

Las nuevas tarifas eléctricas, que deberían haber entrado en vigor el próximo 1 de julio tras la prórroga de seis meses concedida por la Administración, supondrían un incremento de costes para los agricultores del orden del 400% en términos de potencia instalada, lo que podría poner en peligro la sostenibilidad de la agricultura. En la actualidad, el 25% del regadío español tiene contratadas tarifas de baja tensión.

Grupos de trabajo

Por otro lado, Andrés del Campo mostró su confianza en que esta nueva prórroga permita disponer del tiempo necesario para constituir grupos de trabajo -integrados por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y los sectores eléctrico y agrario- que estudien las modificaciones específicas propuestas y planteen alternativas que faciliten la adaptación gradual de las explotaciones agrarias al mercado liberalizado.

Entre estas alternativas, Fenacore propone que se permita una discriminación mensual de la potencia a contratar por los regantes, de tal modo que el coste por este concepto se ajuste a las necesidades reales del regadío, dando facilidades para efectuar la contratación y establecer medidas de transición.

Según Del Campo, «un ejemplo práctico del efecto perverso que podría producirse si se aplicaran las tarifas de manera indiscriminada sería el de los pozos de sequía que, durante muchos meses e incluso años, no se usan o se usan esporádicamente. Con la tarifa especial de riego, el coste de mantener en servicio estos pozos o bombeos es oneroso, pero con su eliminación, el coste que puede suponer mantener conectados estos pozos a la red eléctrica pasaría a ser prohibitivo».

Fenacore agrupa a las entidades dedicadas a la administración del agua para riego, tanto superficial como subterránea, con el fin de defender sus intereses y derechos de uso del agua.

El inminente comienzo de legislatura tendrá a las nuevas Cortes regionales pendientes de la resolución por el Congreso del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, cuya reforma plantea la caducidad del Trasvase Tajo-Segura en 2015, tras el acuerdo de la comisión negociadora PSOE-PP ratificado por el Parlamento presidido por José María Barreda. Es lo que algún inteligente diputado, reacio a la medida, se permitió llamar «esa manía que tienen ustedes con el agua». Es verdad, fuimos tan maniáticos en su tiempo que, después de tentativas inútiles, frustraciones y proyectos en la papelera, no logramos llevarla a nuestros grifos hasta que pasaron ochenta años.Pese a lo cual, aun tuvimos arrestos para dedicarle monumentos como el que el alcalde Pérez Castell, cada vez menos en funciones, acaba de colocar en una encrucijada urbana.

Digo la Fuente de las Ranas por la que fluyen unos hilos de agua, como si los batracios, sedientos tantos años, se la devolvieran al pequeño estanque, donde el circuito le da vueltas en este juego de ir y venir para que no falte. La fuente perdió su remate primitivo, una pieza barroca del maestro Tejados y ahora se queda también sin una falsa y horrible peineta metálica que maldita la falta que le hacía. No vamos a repetir tantas cosas que dijimos, en mucho tiempo, sobre este monumento, desalojado de su emplazamiento en la entonces Plaza de Canalejas por la denuncia de un ilustre vecino que la juzgó maloliente, acusación que le dio la puntilla en un primer traslado hasta ser desmontada, seguramente a la espera de un nuevo jardín donde quedarse otra temporada. Se reconstruyó para su instalación en el Parque Lineal, donde hasta hace poco ha sido el sombrero pétreo de un refrescante que ahora, según dicen, se convertirá en un restaurante al aire libre. Su destino actual, bien lavá y recién peiná, nos deja verla en todo su gracejo ornamental, como fue concebida por la Sociedad de Aguas de Albacete, en aquellos tiempos del quinqué, como homenaje a uno de sus principales promotores, un hombre llamado Dionisio Guardiola, a quien también se dedicaría una calle, todavía vigente, a costa de Carlos IV, que se cayó del cartel, lo que son las cosas, el hombre que salvó a la villa, después de un viaje en 1802 al comprobar sus gravísimas circunstancias de insalubridad, dando lugar a la construcción del que sería Canal de María Cristina. En un par de años se creó el cauce principal y sus ramales. Precisamente sobre esta obra, recientemente se publicó una edición del libro de Cano Manuel, donde se describe el desarrollo de las obras. La publicación reproduce también un croquis de los Ojos del Arquillo y un plano de la evolución de la ejecución del Canal. Es curioso que en algún momento se pensó en hacerlo navegable.Sería por nuestras manías irresistibles.

Y es que las cosas del agua nos han entretenido una barbaridaz, como las ciencias que cantaban en la castiza zarzuela y que adelantaban lo suyo. La misma agua que la famosa Sociedad, y sin necesidad de que hubiera elecciones, ofrecía después de constituirse, invitando a la gente a que suscribiese acciones para consolidar el proyecto de abastecimiento. En su compromiso figuraba la construcción de tres fuentes públicas donde se vendería el caudal a tres céntimos el cántaro, siendo la distribución sin cargo para el matadero, los mercados, las cárceles y las escuelas. Y es que vino otro rey, Alfonso XIII, para protagonizar la escena del balcón, cuando en el Ayuntamiento del Altozano pulsó un botón y empezó a salir un chorrito que venía del manantial de los Ojos de San Jorge, cedido por aquel santo republicano llamado Saturnino López, otro que se quedó sin calle, la actual de Zapateros, como ya ocurrió con el Corregidor Godino, activo impulsor de proyectos acuáticos, también desaparecido del callejero.

Así que más vale no extrañarse demasiado si lo que nos traemos entre manos ahora es el rescate del Tajo, y del uso que prácticamente nos margina cada vez que hectómetro arriba o abajo, se desliza cruzando nuestra tierra donde lo vemos pasar sin que deje aquí una gota. La reforma se explica por la necesidad objetiva de agua que tiene esta región, entre otras cosas por el crecimiento poblacional y urbanístico, aparte de que los regantes la necesitan para subsistir. Estos y otros argumentos conocidos -nuestras manías- sin vuelta de hoja.