Los regantes de Estremera (Madrid) que llevan dos años vendiendo sus concesiones de agua a los agricultores murcianos y alicantinos han dejado de recibir las ayudas económicas del Gobierno de Castilla-La Mancha, presidido por el socialista José María Barreda, para modernizar sus cultivos. El motivo, al parecer, es que el Ejecutivo de Barreda rechaza estos intercambios de derechos con aguas del Tajo. El presidente de la Comunidad de Regantes de Estremera, Saturnino Gómez, comentó ayer que la Junta había suprimido estas ayudas, de las cuales se ha hecho cargo el Gobierno de Madrid. Esta comunidad de regantes tiene parte de sus cultivos en territorio de Castilla-La Mancha.

Saturnino Gómez y cinco miembros de su junta directiva viajaron ayer a Murcia, como hicieron el año pasado, para recibir el cheque del Sindicato Central de Regantes del Tajo-Segura -por valor de 5.839.480 euros- como pago por la compra de 31 hectómetros cúbicos para este año. El precio estipulado es de 18 céntimos por metro cúbico (el agua del trasvase ronda los 12 céntimos).

El año próximo, más

En presencia del presidente del Sindicato Central, Francisco del Amor, el representante de los regantes madrileños aprovechó su visita para firmar también la iniciativa legislativa popular que los regantes murcianos quieren llevar al Congreso de los Diputados para rechazar el Estatuto de Castilla-La Mancha, que pretende eliminar el acueducto en el año 2015, informa Efe.

Sobre la retirada de las ayudas económicas por parte del Gobierno de Castilla-La Mancha, Gómez explicó que su canal empieza en la provincia de Guadalajara y termina en la de Toledo, por lo que hay una parte en esta comunidad. Asimismo, añadió que se han convertido en pioneros en esta fórmula habilitada por la Ley de Aguas y alentada por el Ministerio de Medio Ambiente para intercambiar temporalmente concesiones de caudales, como antesala a los bancos de agua, que aún no están aprobados. Saturnino Gómez indicó que «esto nos ha llevado muchas horas de antesala en los despachos del Ministerio de Medio Ambiente y de las confederaciones hidrográficas del Tajo y del Segura».

El intercambio se lleva a cabo desde el año 2006 debido a que la Comunidad de Regantes de Estremera ha emprendido unas obras de modernización de sus regadíos que supondrán un ahorro en el futuro del 50 por ciento de su dotación. «Estamos encantados de haber conocido a los regantes murcianos porque han cumplido fielmente con el compromiso adquirido», aseguró Saturnino Gómez.

El Gobierno de José María Barreda, al igual que los de Madrid y Extremadura, se han negado a condonar estos años de sequía parte de la tarifa del acueducto Tajo-Segura que deben pagar los regantes murcianos, y que repercute en las arcas de estas tres comunidades ribereñas del Tajo como compensación. Sí ha perdonado su parte de la tarifa el Ministerio. Además de Estremeras, la Comunidad de Regantes del Canal de las Aves (Aranjuez) también ha vendido sus concesiones para los abastecimientos del Sureste.

Trasvase en el aire

El Consejo de Ministros estudiará hoy la recomendación de la Comisión de Explotación del Acueducto Tajo-Segura de desembalsar 62 hectómetros cúbicos de agua para abastecimiento en Levante, 20 más para regadíos de las cuencas del Segura y el Júcar y otros 10 para las Tablas de Daimiel. Esta recomendación ha provocado la oposición del Gobierno de Castilla-La Mancha -que rechaza el trasvase para regadíos y exige prudencia al Consejo de Ministros ante la «crítica» situación de los embalses- y las críticas de los Ejecutivos de Murcia y de la Comunidad Valenciana, que consideran insuficientes los 20 hectómetros cúbicos para regadío y argumentan que en la cabecera hay agua suficiente para atender las demandas de los regantes, que pidieron 170 hectómetros cúbicos. Como informó ABC, los embalses de la cabecera del Tajo -Entrepeñas y Buendía- almacenaban el pasado lunes almacenaban 464 hectómetros cúbicos, el 18,75 por ciento de su capacidad total.

Se creían a salvo, pero todo fue un espejismo del que despertaron de la peor forma posible, perdiendo sus cosechas y cultivos más valiosos justo cuando eran más vulnerables, a muy pocos días del inicio de la cosecha y las primeras campañas de recolección.

Serían las seis y media de la tarde del martes, cuando una fuerte tormenta de lluvia y, sobre todo, granizo, entró en la comarca de La Manchuela, llegando desde la vecina Cuenca, a la altura de Quintanar. Cortó la provincia en dos, como un enorme cuchillo, arrojando piedras del tamaño de nueces a su paso, saliendo finalmente por la comarca de Almansa.

La lista de municipios donde se han confirmado daños es larga. Madrigueras, Navas de Jorquera, Golosalvo, Mahora, Cenizate, Bormate, Villavaliente, Valdeganga, Casa de Juan Núñez, Higueruela, Hoya Gonzalo, Almansa, Bonete, Montealegra del Castillo. Lo peor, a decir de los testigos y de los técnicos de Agricultura desplazados a las zonas dañadas, es el triángulo formado por tres términos municipales, Navas de Jorquera, Mahora y Golosalvo.

Juan Silvio Heras, es el alcalde de Navas de Jorquera: «Esto fue la zona cero,una catástrofe. Lo peor es que este año esperábamos una buena cosecha tanto en uva como en cereal, y se ha perdido. La uva está dañada en un 70-80 por ciento. El cereal, este año esperábamos un cosechón, de récord, lo nunca visto, y al final se nos ha quedado en un 20 o un 25 por ciento de un año normal, tirando a malo».

20 minutos infernales. La tormenta duró «20 minutos infernales» y, aunque no hubo daños personales, si hay pérdidas económicas que Heras cifró en «el menos» un millón de euros.

El relato del alcalde en funciones de Mahora, Antonio Martínez era desgraciadamente muy similar: «Durante 15 ó 20 minutos la tormenta descargó muchísimo granizo, en un principio prácticamente piedra sola, seguida de un intenso aguacero, lo que provocó daños devastadores en la agricultura, sobre todo en la viña, en el cereal, tanto de secano, trigo y cebada, como de regadío, principalmente maíz, y también en los cultivos de huerta. En algunos parajes concretos que hemos visitado la cosecha está totalmente arrasada, concretamente muchas zonas de vid, cuya campaña se preveía este año óptima».

«Los efectos del pedrisco suponen para muchas familias perder meses de trabajo -prosiguió Martínez- lo que en una población eminentemente agrícola como ésta provoca un sentimiento profundo de abatimiento».

Un sentimiento que la alcaldesa de Golosalvo, Teresa Piqueras, conocía y compartía en primera persona: «No me siento capaz de darle una valoración económica – admitía ayer a preguntas de La Tribuna- es temprano, los técnicos de la Junta han estado aquí por la mañana y mañana (por hoy) vendrán los de la Subdelegación. Pero es que tampoco me atrevo porque la gente está hecha polvo, la gente está muy deprimida, las cosechas se han perdido justo cuando todo el mundo estaba pensando en recogerlas. Algo se podrá recuperar en el cereal, porque estaba asegurado en parte, pero ahora no sabría decirle si las viñas estaban aseguradas o no».

Entre los profesionales, ayer se notaba un claro esfuerzo para mantener el temple. Hablamos con José Ángel Montero, secretario de la cooperativa ‘San Isidro’ de Mahora, con cerca de 300 socios: «Los daños en los cultivos son del 80 por ciento. La vid, lo peor; algo el cereal que se iba a cosechar; el maíz también sufrió daños pero como la planta está pequeña, es posible que se recupere, aunque con un parón, rindiendo menos».

En superficie, y dentro del ámbito de la cooperativa, los daños oscilan entre las 950 y las 1.000 hectáreas. «De media, son del 80 por ciento -aclaró Montero- pero varían según las zonas; lo que es la parte más cercana a Golosalvo y Navas, ahí hablamos del 90 por ciento o más. Hacia Madrigueras y Motilleja, del 50 al 60 por ciento».

En lo que si coincidían ayer todos los testigos consultados era que, al menos, no ha habido que lamentar desgracias personales o daños graves en edificios. Por el momento, los únicos problemas fueron algunos canalones atacascados, imbornales saurados, unas cuantas goteras y entradas de agua y mucho hielo acumulado en algunas cunetas. En cuanto al panorama económico, las primeras valoraciones fiables llegarán en algo más de una semana.

Ayudas. Además de hacer recuento de daños, las organizaciones agrarias hablaban ayer de solicitar una ampliación, un anexo para Albacete, de las órdenes de ayuda para los agricultores perjudicados por las tormentas que, recientemente, publicaba la Junta de Comunidades para otras provincias como la de Ciudad Real.

José Pérez Cuenca, de Asaja, señalaba ayer que «Todos los cultivos hna sufrido, todos. cereal, leguminosas, viñas que estaban muy tiernas, almendro, olivar, y encima en un momento en el que casi todo está muy vulnerable. En este sentido, lo peor, con diferencia, el cereal, que se empezaba a segar la semana que viene».

Por su parte, Julián Morcillo, de UPA, indicaba que «hay daños declarados por toda la provincia, pero lo peor está, sin duda alguna, en La Manchuela, nuestros técnicos nos han hablado de lugares que acumularon medio metro de granizo tras la tormenta».

La pregunta aún sigue en el aire y la incertidumbre se mantendrá hasta el último momento. Supuestamente el próximo 1 de julio tendría que entrar en vigor las nuevas tarifas eléctricas para riego que, según los regantes y las organizaciones agrarias, supondría un incremento en los costes de producción de hasta el 300 por ciento.

Las protestas y reuniones con los responsables del Ministerio de Industria se han sucedido en los últimos tiempos pero, hasta ahora, lo único que ha quedado claro es el compromiso del Gobierno de trasladar a los ministerios implicados la petición de nuevas moratorias. El sector agrario, por su parte, espera que la subida de las tarifas se retrasen hasta que la liberalización del mercado de la energía sea real y efectiva. De momento, habrá que esperar para conocer los resultados.

El secretario general de Energía del Ministerio de Industria, Ignasi Nieto, mantuvo una reunión, el pasado mes de mayo, para debatir la posible moratoria sobre la subida de las tarífas eléctricas para riego con los responsables nacionales de Fenacore, las principales organizaciones agrarias y de la Confederación de Cooperativas Agrarias de España, además de responsables de la patronal eléctrica Unesa, Pedro Rivero, así como de las distintas empresas suministradoras y distribuidoras de energía eléctrica.

Los portavoces del agro y los regantes solicitaron al Ministerio de Industria un aplazamiento de la desaparición de las tarifas específicas de riegos de alta y baja tensión para el regadío —que deberán entrar en vigor el próximo 1 de julio de acuerdo al Real Decreto 809/2006 de 30 de junio— al menos hasta que la liberalización del mercado energético se haga realmente efectiva.

En opinión del presidente de Fenacore, Andrés del Campo, la supresión de estas tarifas especiales que aplican los agricultores regantes podría suponer un incremento de costes para los agricultores del orden del 400 por ciento en términos de potencia instalada. En la actualidad, el 25 por ciento del regadío español tiene contratadas tarifas de baja tensión.

Asimismo, Del Campo propuso que se constituya un grupo de trabajo —integrado también por el Ministerio de Agricultura y los sectores eléctrico y agrario— con el fin de estudiar alternativas que faciliten la adaptación gradual de las explotaciones agrarias al mercado liberalizado.

Abaratar los costes

La Comisión de Energía de Fenacore, que reúne a representantes de comunidades de regantes de toda España (incluidas las insulares), acordó en su encuentro solicitar ofertas conjuntas de suministro eléctrico, de manera que actuando como “cliente único, y agrupando las necesidades de energía de todas las comunidades asociadas, pueda obtener un precio más asequible que permita la disminución del coste del kilowatio/hora”.

La Federación de Regantes considera que la aplicación de las nuevas tarifas eléctricas —que deberán entrar en vigor el próximo mes de julio si no se consigue la prórroga solicitada— puede frenar el proceso de modernización y transformación de regadíos —con el consiguiente ahorro de agua que éste conlleva— ya que supondrá un encarecimiento de la factura eléctrica de entre un 20 y un 40 por ciento en función de las distintas zonas regables.

Según datos de Fenacore, en los últimos años el precio de la electricidad para la agricultura de regadío se ha incrementado en un 30,3 por ciento para todos aquellos regantes que se han mantenido en el mercado regulado, mientras que para las comunidades que se han acogido a los precios del mercado, por la liberalización del sector eléctrico, el precio ha aumentado en torno a un 42 por ciento.

Argumentos de ASAJA y UPA

En la reunión celebrada en el Ministerio de Industria, la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores, ASAJA insistió en el mantenimiento de las actuales tarifas con distintos argumentos. En primer lugar, destacó que no existe normativa europea que establezca fecha alguna para la eliminación de las tarifas eléctricas. Las directivas europeas se refieren a la “apertura del mercado” pero ésta en ningún caso puede comenzar por la eliminación de tarifas sino por asegurar las condiciones de libre mercado (libre competencia, oferta suficiente…), explican los portavoces de la asociación agraria.

Asimismo, recuerdan que el sector del regadío, muy atomizado, está atravesando una mala coyuntura debido a las crisis de precios en origen y las reformas de OCMs, pese a todo, es el que mayores índices de exportación y empleo presenta. Una subida de las tarifas de riego que significa casi un 300 por ciento en términos de potencia en la factura eléctrica supondría, según ASAJA, una merma de competitividad inasumible para la agricultura de regadío en estos momentos.

Además, recordaron que tanto los planes y programas de desarrollo sostenible elaborados por el Ministerio de Agricultura como la propia Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética 2004-2012 abogan por un uso eficiente y sostenible de la energía.

La OPA advierte en este sentido que una subida de estas características llevaría al sector a recurrir a los generadores de gasoil, es decir, mayor contaminación y empleo de recursos fósiles. »La eliminación de las tarifas eléctricas es incongruente con los principios defendidos tanto en estos programas de desarrollo rural como en la propia Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética», aseguran.

La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) consideró »positiva» la reunión con el Ministerio de Industria, aunque no se haya conseguido de momento el objetivo de establecer una nueva moratoria para la entrada en vigor de las nuevas tarifas para riegos.

UPA estima que se ha producido un »cambio de actitud por parte de la Administración» que, según los portavoces de la organización agraria, »ha tomado conciencia» de la grave situación por la que atraviesa el sector agrario con un proceso de reestructuración en algunos sectores como la remolacha, el algodón, las frutas y hortalizas o el vino que hacen que un cambio como el que se propone en el régimen tarifario de la electricidad supusiera un elemento definitivo para el abandono de miles de explotaciones familiares agrarias, por inviabilidad económica para seguir en la actividad.

COAG convocará movilizaciones

La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos, COAG, no ha dudado a la hora de convocar movilizciones en todo el país si el Ministerio de Industria no aprueba la moratoria sobre la subida de las tarifas eléctricas para riego.

Entre tanto, la organización agraria ha pedido que se constituya una mesa de negociación con el fin de establecer unos precios reducidos para la electricidad utilizada para riego, »propuesta que ha aceptado el Ministerio», confirma COAG.

»Es indudable que los agricultores no podemos soportar un aumento más de los costes.

Tras las duras reformas de la PAC y el proceso de reconversión al que han forzado a muchos sectores, la caída de los precios en origen y el recorte de ayudas, el sector agrario no puede soportar un aumento de las tarifas elécticas para riego», subrayó el secretario general de COAG, Miguel López.

Con más recursos sobrantes en la cabecera del Tajo, los regantes murcianos recibirán este año menos agua para sus cultivos. El Ministerio de Medio Ambiente admite esta evidencia y la achaca a las reglas de explotación. Los agricultores del Segura regresaron ayer de Madrid con un jarro de agua fría y «con la moral por los suelos» tras conocer que la Comisión de Explotación del Tajo-Segura sólo recomienda un riego de 20 hectómetros para los próximos cuatro meses, ya que el parque nacional de Las Tablas de Daimiel recibirá otros 10. Los abastecimientos de más de 2,5 millones de habitantes de Murcia, Alicante y Almería obtendrán los 62 hectómetros restantes hasta alcanzar el máximo que permiten las reglas de explotación. El envío a Las Tablas se recomienda por «el mandato» del Congreso de los Diputados. El Consejo de Ministros tiene el viernes la última palabra.

Con peores condiciones en la cabecera del Tajo, los regantes recibieron 69 hectómetros el anterior año hidrológico. En el actual, con una mejoría en los pantanos, sólo llegarán a los 62 hectómetros. En junio del año pasado las reservas en Entrepeñas y Buendía alcanzaban los 325 hectómetros, mientras que ahora hay 465. El director general del Agua, Jaime Palop, apuntó la posibilidad de que la dotación para regar aumente hasta los 30 hectómetros si se consigue un ahorro de hasta el 10% en los abastecimientos, como el verano pasado. La realidad sin embargo apunta a que el consumo de la población subió un 4% en mayo.

Palop recordó que con estas previsiones quedarán 386 hectómetros en la cabecera del Tajo a principios de octubre, como publicó La verdad. Indicó que ahora se observa «una tendencia más optimista», a la vez que confía en «una recuperación del sistema».

El director general del Ministerio de Agricultura, Francisco Amarillo, señaló que su petición para los cultivos era de 40 hectómetros, si bien reconoció «la dificultad de llegar a esa cantidad. Son 20 hectómetros seguros y diez muy probables, necesarios para el mantenimiento del arbolado y para evitar la salinización del suelo», informa Efe.

La consejera de Obras Públicas de Castilla-La Mancha, María Encina Álvarez, que asistió en calidad de invitada, añadió que si se justifica el agua para consumo humano «no tenemos nada más que decir, aunque se debe velar por que se haga un uso adecuado de ese agua». Felicitó a la Comisión por el envío de aguas a las Tablas y calificó de «irresponsable se imprudentes» la presiones para enviar un riego de socorro. Cree que de esta forma se ponen en peligro los abastecimientos.

La apertura de las compuertas en los embalses de la cuenca del Segura para abastecer a las acequias de riego se ha dejado notar en las reservas hídricas de la Confederación Hidrográfica, que apenas superan ya el 21% cuando hace sólo dos semanas rozaban el 24%, su máximo nivel en los últimos dos años de sequía. Los pantanos de la cuenca almacenan en total 239,28 hectómetros cúbicos, siete menos que hace una semana.

En la Vega Baja se están desembalsando 1,7 metros cúbicos por segundo desde el desagüe de fondo del Embalse de La Pedrera y desde el sifón de Orihuela. La compuerta se abrió a principios de la semana pasada y se cerrará el próximo 15 de junio. Ese día se volverá a reunir el Comité Asesor de Riegos para estudiar la viabilidad de un nuevo desembalse entre el 15 de julio y el 15 de agosto.

En cualquier caso, no es en el tramo que discurre por la provincia de Alicante donde más agua se está desembalsando. Hasta tres metros cúbicos por segundo salen por el embalse del Cenajo para atención de las acequias arroceras en ese tramo, un caudal que para el río Segura se incrementa hasta 3,5 metros cúbicos por segundo desde el Azud de Ojós para atender las acequias que toman en la Vega Alta II y en la Vega Media.

La situación es muy similar en la cuenca del Júcar, donde los embalses de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) se encuentran al 23,55% de su capacidad y almacenan 5,92 hectómetros cúbicos (hm3) de agua menos que la semana anterior, ya que en total albergan 788,13 hectómetros cúbicos de los 3.346,6 de que disponen.

De esta forma suma ya tres semanas consecutivas de descensos, si bien, los pantanos de la provincia de Alicante casi no han sufrido variaciones en este periodo.

Desde 2004 el Estado cobra un 300% más cara el agua a la ciudad de Valencia y su área metropolitana». Así lo criticó ayer el concejal delegado del Ciclo Integral del Agua del Ayuntamiento de Valencia, Ramón Isidro Sanchís, ante el anuncio de que el Ministerio de Medio Ambiente ha decidido aumentar de nuevo el canon estatal que cobra a la ciudad y que va incluido en el recibo del agua.

Isidro Sanchís cifró el aumentó total de lo que deberán pagar los valencianos por el agua en un millón de euros «por la nefasta gestión en los recursos hídricos» y subrayó que «desde la llegada de la señora Narbona se ha pasado de pagar 2,1 céntimos por metro cúbico consumido a 6,4 céntimos, lo que supone un 300% de subida repercutida al ciudadano».

«La ministra Narbona cuando derogó el trasvase del Ebro aseguró que a Valencia llegaría más agua, de mejor calidad y más barata, pero hoy tenemos justo lo contrario y todos los valencianos estamos pagando su ruinosa gestión», denunció el delegado del ciclo integral.

El anuncio del Ministerio de Medio Ambiente se ha conocido esta semana cuando informó de la subida de los cánones de regulación que se cargan a los usuarios de agua potable de Valencia y de su área metropolitana, así como a los usuarios agrícolas. El objeto de estos cánones es cubrir los gastos de explotación y conservación de las obras de regulación de las aguas (pantanos y otras obras hidráulicas) y se repercuten a los beneficiados por dichas obras. Las subidas son de un 121,6% para el subsistema de los pantanos Benagéber-Loriguilla, un 83,12% para Contreras y un 58,12% para el pantano de Tous durante el presente ejercicio.

«La mala gestión de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) ha conllevado a que el agua del Júcar (embalse de Alarcón) escasee y se incrementen los costes de la misma en cuanto a las indemnizaciones que han de pagarse», aseguró el concejal quien respecto a la calidad del agua constató que «desde el Ayuntamiento de Valencia llevamos un año denunciando la falta de calidad del agua servida por la CHJ, que ha provocado nada menos que 21 paradas de la planta potabilizadora de la ciudad debido a la turbidez y contaminación del agua procedentes del Júcar y del Turia donde la CHJ está obligada a realizar el mantenimiento y la vigilancia de posibles vertidos».

La Comisión de Explotación del Trasvase Tajo Segura recomendó ayer que el próximo Consejo de Ministros autorice un desembalse desde la cabecera del Tajo de 62 hectómetros cúbicos para el abastecimiento durante los próximos cuatro meses de más de 2,5 millones de personas.

Además, aconsejan que se trasvasen otros 10 hectómetros para las Tablas de Daimiel, en Ciudad Real, y otros 20, que podrían llegar a 30, para el regadío de las cuencas del Júcar y Segura.

Así lo anunció el director general del Agua, Jaime Palop, que consideró este envío de agua como «prioritario». En el caso del Parque Nacional, donde dijo que es «inviable» enviar los 20 hectómetros que había pedido el Gobierno de Castilla-La Mancha, apuntó que se va «a intentar» mandar los 10 hectómetros «lo antes posible», en un mes y medio, para aprovechar que los cauces de ríos como el Cigüela actualmente no están secos, al contrario de lo que ha ocurrido en los últimos meses.

En cuanto al trasvase para regadío, Palop manifestó que se pide que sea de 20 hectómetros cúbicos, ampliable a 30, cantidad necesarios para el «mantenimiento del arbolado y evitar la salinización del suelo», aunque la Dirección General de Agricultura había solicitado 40.

Indicó Palop que las predicciones de volumen embalsado para octubre en la cabecera del Tajo serían de 386 a 319 hectómetros, siempre por encima de los 240 que impedirían un trasvase de agua a la cuenca del Segura. Destacó que el año pasado por estas fechas la cabecera del Tajo almacenaba 340 hectómetros cúbicos, mientras que ahora hay 464.

La consejera en funciones de Obras Públicas de Castilla-La Mancha, María Encina Álvarez, señaló que si se justifica esa petición de 62 hectómetros para consumo «nosotros no tenemos nada más que decir», si bien pidió a la Confederación Hidrográfica que «debe velar por que se haga un uso adecuado de ese agua».

Felicitó a la Comisión por el envío de aguas a las Tablas y lamentó «profundamente» que «las presiones irresponsables e imprudentes» de regantes y del Gobierno de Murcia, así como del PP, de solicitar un riego de socorro, «hayan derivado en que unos 20 hectómetros cúbicos se transfieran», que «pueden poner en riesgo el abastecimiento de sus conciudadanos».

Por otra parte, censuró las «presiones imprudentes» por parte del Gobierno de Murcia y del PP a nivel nacional para trasvasar agua por cantidades muy superiores a las aconsejadas. Afirmó que, de haber atendido su demanda de trasvasar 70 hectómetros para los cultivos de Murcia, «hoy no habría agua para 2,5 millones de personas». Dicho esto, pidió «prudencia y responsabilidad» al Consejo de Ministros a la hora de aprobar la cantidad de agua destinada a riego de socorro para los cultivos del Segura e hizo hincapié en la importancia de que sus necesidades «estén realmente justificadas».

Por su parte, el presidente de la Asociación de Municipios Ribereños de los Pantanos de Entrepeñas y Buendía, Vicente Obispo, del PSOE dijo estar en «total desacuerdo» con este envío.

Los 120 millones de euros que la Comisión Europea, a través de la Dirección General de Política Regional de la Unión Europea, concedió en el mes de diciembre pasado al trasvase Júcar-Vinalopó peligran. Y muy seriamente. La concesión de la financiación europea para la nueva conducción de agua, con toma en Cullera, en la cola del río Júcar, estaba ligada al cumplimiento de unos plazos que, de no ser agilizados ya, se antojan casi imposibles. «O empieza la obra ya o hay riesgo en la recepción y certificación de los 120 millones de euros», explicaron ayer desde la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), cuyo presidente, Juan José Moragues, preside a su vez la sociedad estatal Acuajúcar, que gestiona la construcción del proyecto.

En el consejo de administración de la sociedad Acuajúcar, en la que se dio a conocer el acceso de los usuarios al nuevo trasvase y la participación del BBVA para financiar los 30 millones de euros pendientes, se puso fecha fija al inicio de la obra: entre el 20 y el 26 de mayo, en plena campaña electoral. Al final, el candidato socialista a la Generalitat, Joan Ignasi Pla, no pudo rentabilizar el inicio formal, que no inauguración, de las obras.

El proyecto sigue bloqueado. Fuentes de la CHJ y de Acuajúcar eluden extenderse en explicaciones sobre el estado real de la tramitación administrativa. El acto, que en todo caso ha impedido que se acuse al Gobierno central socialista de electoralista, estaba pendiente de una firma de la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, que no acaba de llegar. La rúbrica debería producirse sobre el proyecto constructivo del tramo, en el término de Llanera de Ranes, en la provincia de Valencia. «Se tiene que mirar con lupa todo, para que no ocurra como con la desalinizadora de Torrevieja», afirman desde la CHJ. El Consell logró detener la desalinizadora, tras acudir a los tribunales, y no oculta su oposición a este proyecto para el Vinalopó sin toma en Cortes de Pallás. El Gobierno valenciano no ha pestañeado a la hora de acudir a Bruselas para que le retire la financiación, aunque no ha tenido éxito su iniciativa, como tampoco las alegaciones «extemporáneas», que fueron rechazadas a mediados de abril por la dirección general de Calidad Ambiental del Ministerio.

Los responsables de que la actuación esté en marcha no ocultan su preocupación ante el riesgo de incumplir los tiempos con arreglo al sistema financiero europeo, que liga la recepción del dinero a la certificación de las obras en determinados plazos prefijados. «Si antes del 1 de agosto no está todo en marcha, podría peligrar la ayuda de 120 millones de euros», indican desde la Confederación del Júcar.

No sólo no ocultan su preocupación ante el evidente bloqueo que sufre el proyecto. Tampoco esconden sus críticas veladas hacia el departamento que dirige la ministra Cristina Narbona, que está dejando en evidencia demasiadas veces al presidente de la Confederación, Juan José Moragues, y al consejero delegado de Aguas del Júcar, José María Marugán. Este último ha llegado a poner fecha fija en enero, febrero, marzo, abril y mayo a las obras. Ayer, y pese a los reiterados intentos de este diario, el Ministerio de Medio Ambiente no acertó a aclarar cuándo estará en marcha el nuevo trasvase, ni por qué se retrasa la tramitación.

La idea empezó como una anécdota, durante una conferencia de BT con motivo del Día del Medio Ambiente. Se invitó a la ministra a someterse al test de consumo energético que la operadora ha diseñado para sus empleados, dentro de una innovadora política de responsabilidad medioambiental. LIBERTAD DIGITAL recogió el guante y preguntó a Cristina Narbona si revelaría su gasto en electricidad, combustible y agua. La ministra rehusó, «por falta de tiempo», pero se comprometió a hacerlo «próximamente» y a hacer público el resultado.La ministra de Medio Ambiente impartió este martes, Día Mundial el Medio Ambiente, una serie de prescripciones para el consumo eficiente de energía y agua.

«Podemos ahorrar, por ejemplo, si usamos eficientemente el aire acondicionado, ya que por cada grado de aire acondicionado, se emite un 7 por ciento más de gases tóxicos a la atmósfera», dijo la ministra, advirtiendo con gestos que los directivos de British Telecom quizá habían puesto muy alta la refrigeración de sus oficinas, en un tórrido día de junio en Madrid.

Otras recomendaciones de la ministra son «usar la lavadora y el lavaplatos sólo cuando estén llenos» y apagar todos los electrodomésticos por la noche, «incluso esas lucecitas rojas que a veces se quedan encendidas, un consumo absurdo de energía que también causa emisiones tóxicas a la atmósfera».

Una periodista de La Jornada (Méjico) le había preguntado, desde su país, y por medio de la plataforma que BT habilitó para seguir en vivo la conferencia por Internet, qué más puede hacer cada uno para frenar el calentamiento global.

La ministra española no dejó pasar las habituales críticas al uso privado del coche. «Tendemos a utilizarlo más de lo imprescindible, somos el país que más lo usa en trayectos de menos de dos kilómetros», indicó sin precisar su fuente estadística.

Narbona censuró algunas prácticas en la compra de coches, como la de «elegirlo fijándonos en si corre mucho o si es más hermoso y grande, y no en cuánto CO2 emite».

Como consejo culminante para un uso eficiente de los recursos, la ministra recomendó a la población la utilización del transporte público colectivo. «Es menos contaminante», recordó Cristina Narbona, que llegó a la sede de BT en su coche oficial.

Un test de responsabilidad medioambiental

La Dirección de BT en España le explicó que disponen de un innovador test para que los empleados, voluntariamente, conozcan su perfil de consumo energético y puedan mejorar su grado de eficiencia en el uso de los recursos.

Un software recoge datos de la factura del gas, la luz, el agua y el gasto en gasolina o gasoil del coche, y traza un perfil del usuario, según explicó un directivo de la operadora que hizo de anfitrión de la ministra, durante su visita a la sede de BT en Madrid.

Medio en broma, la ministra fue invitada a someterse al test, lo que la ministra dejó correr entre sonrisas. Durante el turno de preguntas, LIBERTAD DIGITAL insistió en la iniciativa y preguntó a la ministra si estaría dispuesta a dar ejemplo y someterse al novedoso test de responsabilidad medioambiental en un día tan señalado como el Día Mundial del Medioambiente.

La ministra, ya en serio, rehusó hacerlo en el Día Mundial del Medio ambiente, pero se comprometió a someterse al cuestionario «próximamente» y a hacer públicos los resultados. «Me he sometido a pruebas más raras, como análisis para conocer el nivel de DDT en la sangre», comentó.

«Consumir menos energía es rentable»

Narbona citó algunas de las conclusiones del Informe Stern, encargado por el Gobierno británico, sobre el supuesto cambio climático.  «Con un 1 por ciento del PIB», recordó, «podemos llevar a cabo a escala mundial los cambios energéticos que se necesitan para frenar el cambio climático y, con ello, evitar la pérdida del 20 por ciento del PIB».

El eje de su política de responsabilidad medioambiental es convencer a la gente, mediante campañas publicitarias e incentivos, o a la fuerza, mediante leyes, de que consumir menos energía y agua es rentable para las empresas y los hogares.

«Reducir la contaminación significa ahorro para todo tipo de empresas. Porque estamos combatiendo la impunidad y la tolerancia hacia quienes han contaminado, desde el pasado año existe una Fiscalía especial y eso significa que contaminar ya no va a salir gratis», advirtió Narbona en el marco de la conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente.

La ministra defendió la subida de la tarifa eléctrica como una eficaz medida de disuasión del consumo «no eficiente» o irresponsable.

Reiteró la apuesta del Gobierno por la implantación de las tecnologías renovables, en particular la energía solar, eólica y fotovoltáica, mediante la inversión en modernas combinaciones, como la producción de hidrógeno mediante energía eólica o la instalación de parques eólicos off-shore, en el mar, «donde es más fácil aprovechar al máximo la energía del viento».

Freno a la energía nuclear

En cambio, se mostró en contra del desarrollo de la energía nuclear, como alternativa a la producción de electricidad mediante el uso de combustibles fósiles.

«El Gobierno de España está comprometido con la reducción gradual en el uso de la energía nuclear», señaló, subrayando que ésa «es la posición de Alemania, Suecia, Bélgica y de muchos países que nunca han tenido centrales nucleares y no quieren tenerlas».

La ministra sostuvo que la energía nuclear no es ni barata, ni limpia, ni renovable.

«Cuando decimos que es barata no estamos contemplando el coste de convertir una energía que fue pensada para la destrucción, en una energía productiva. Por otra parte, está la cuestión de los residuos, su tratamiento, que exige grandes inversiones, o el uranio, que no es inagotable y cuyo precio está subiendo en los mercados», aseguró Narbona.