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El ayuntamiento de Valencia denuncia que el Estado cobra un 300% más cara el agua

Desde 2004 el Estado cobra un 300% más cara el agua a la ciudad de Valencia y su área metropolitana». Así lo criticó ayer el concejal delegado del Ciclo Integral del Agua del Ayuntamiento de Valencia, Ramón Isidro Sanchís, ante el anuncio de que el Ministerio de Medio Ambiente ha decidido aumentar de nuevo el canon estatal que cobra a la ciudad y que va incluido en el recibo del agua.

Isidro Sanchís cifró el aumentó total de lo que deberán pagar los valencianos por el agua en un millón de euros «por la nefasta gestión en los recursos hídricos» y subrayó que «desde la llegada de la señora Narbona se ha pasado de pagar 2,1 céntimos por metro cúbico consumido a 6,4 céntimos, lo que supone un 300% de subida repercutida al ciudadano».

«La ministra Narbona cuando derogó el trasvase del Ebro aseguró que a Valencia llegaría más agua, de mejor calidad y más barata, pero hoy tenemos justo lo contrario y todos los valencianos estamos pagando su ruinosa gestión», denunció el delegado del ciclo integral.

El anuncio del Ministerio de Medio Ambiente se ha conocido esta semana cuando informó de la subida de los cánones de regulación que se cargan a los usuarios de agua potable de Valencia y de su área metropolitana, así como a los usuarios agrícolas. El objeto de estos cánones es cubrir los gastos de explotación y conservación de las obras de regulación de las aguas (pantanos y otras obras hidráulicas) y se repercuten a los beneficiados por dichas obras. Las subidas son de un 121,6% para el subsistema de los pantanos Benagéber-Loriguilla, un 83,12% para Contreras y un 58,12% para el pantano de Tous durante el presente ejercicio.

«La mala gestión de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) ha conllevado a que el agua del Júcar (embalse de Alarcón) escasee y se incrementen los costes de la misma en cuanto a las indemnizaciones que han de pagarse», aseguró el concejal quien respecto a la calidad del agua constató que «desde el Ayuntamiento de Valencia llevamos un año denunciando la falta de calidad del agua servida por la CHJ, que ha provocado nada menos que 21 paradas de la planta potabilizadora de la ciudad debido a la turbidez y contaminación del agua procedentes del Júcar y del Turia donde la CHJ está obligada a realizar el mantenimiento y la vigilancia de posibles vertidos».

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Recomiendan un envío de 10 hectómetros a las Tablas de Daimiel

La Comisión de Explotación del Trasvase Tajo Segura recomendó ayer que el próximo Consejo de Ministros autorice un desembalse desde la cabecera del Tajo de 62 hectómetros cúbicos para el abastecimiento durante los próximos cuatro meses de más de 2,5 millones de personas.

Además, aconsejan que se trasvasen otros 10 hectómetros para las Tablas de Daimiel, en Ciudad Real, y otros 20, que podrían llegar a 30, para el regadío de las cuencas del Júcar y Segura.

Así lo anunció el director general del Agua, Jaime Palop, que consideró este envío de agua como «prioritario». En el caso del Parque Nacional, donde dijo que es «inviable» enviar los 20 hectómetros que había pedido el Gobierno de Castilla-La Mancha, apuntó que se va «a intentar» mandar los 10 hectómetros «lo antes posible», en un mes y medio, para aprovechar que los cauces de ríos como el Cigüela actualmente no están secos, al contrario de lo que ha ocurrido en los últimos meses.

En cuanto al trasvase para regadío, Palop manifestó que se pide que sea de 20 hectómetros cúbicos, ampliable a 30, cantidad necesarios para el «mantenimiento del arbolado y evitar la salinización del suelo», aunque la Dirección General de Agricultura había solicitado 40.

Indicó Palop que las predicciones de volumen embalsado para octubre en la cabecera del Tajo serían de 386 a 319 hectómetros, siempre por encima de los 240 que impedirían un trasvase de agua a la cuenca del Segura. Destacó que el año pasado por estas fechas la cabecera del Tajo almacenaba 340 hectómetros cúbicos, mientras que ahora hay 464.

La consejera en funciones de Obras Públicas de Castilla-La Mancha, María Encina Álvarez, señaló que si se justifica esa petición de 62 hectómetros para consumo «nosotros no tenemos nada más que decir», si bien pidió a la Confederación Hidrográfica que «debe velar por que se haga un uso adecuado de ese agua».

Felicitó a la Comisión por el envío de aguas a las Tablas y lamentó «profundamente» que «las presiones irresponsables e imprudentes» de regantes y del Gobierno de Murcia, así como del PP, de solicitar un riego de socorro, «hayan derivado en que unos 20 hectómetros cúbicos se transfieran», que «pueden poner en riesgo el abastecimiento de sus conciudadanos».

Por otra parte, censuró las «presiones imprudentes» por parte del Gobierno de Murcia y del PP a nivel nacional para trasvasar agua por cantidades muy superiores a las aconsejadas. Afirmó que, de haber atendido su demanda de trasvasar 70 hectómetros para los cultivos de Murcia, «hoy no habría agua para 2,5 millones de personas». Dicho esto, pidió «prudencia y responsabilidad» al Consejo de Ministros a la hora de aprobar la cantidad de agua destinada a riego de socorro para los cultivos del Segura e hizo hincapié en la importancia de que sus necesidades «estén realmente justificadas».

Por su parte, el presidente de la Asociación de Municipios Ribereños de los Pantanos de Entrepeñas y Buendía, Vicente Obispo, del PSOE dijo estar en «total desacuerdo» con este envío.

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Peligran los 120 millomes de la UE si sigue bloqueado el trasvase al Vinalopó

Los 120 millones de euros que la Comisión Europea, a través de la Dirección General de Política Regional de la Unión Europea, concedió en el mes de diciembre pasado al trasvase Júcar-Vinalopó peligran. Y muy seriamente. La concesión de la financiación europea para la nueva conducción de agua, con toma en Cullera, en la cola del río Júcar, estaba ligada al cumplimiento de unos plazos que, de no ser agilizados ya, se antojan casi imposibles. «O empieza la obra ya o hay riesgo en la recepción y certificación de los 120 millones de euros», explicaron ayer desde la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), cuyo presidente, Juan José Moragues, preside a su vez la sociedad estatal Acuajúcar, que gestiona la construcción del proyecto.

En el consejo de administración de la sociedad Acuajúcar, en la que se dio a conocer el acceso de los usuarios al nuevo trasvase y la participación del BBVA para financiar los 30 millones de euros pendientes, se puso fecha fija al inicio de la obra: entre el 20 y el 26 de mayo, en plena campaña electoral. Al final, el candidato socialista a la Generalitat, Joan Ignasi Pla, no pudo rentabilizar el inicio formal, que no inauguración, de las obras.

El proyecto sigue bloqueado. Fuentes de la CHJ y de Acuajúcar eluden extenderse en explicaciones sobre el estado real de la tramitación administrativa. El acto, que en todo caso ha impedido que se acuse al Gobierno central socialista de electoralista, estaba pendiente de una firma de la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, que no acaba de llegar. La rúbrica debería producirse sobre el proyecto constructivo del tramo, en el término de Llanera de Ranes, en la provincia de Valencia. «Se tiene que mirar con lupa todo, para que no ocurra como con la desalinizadora de Torrevieja», afirman desde la CHJ. El Consell logró detener la desalinizadora, tras acudir a los tribunales, y no oculta su oposición a este proyecto para el Vinalopó sin toma en Cortes de Pallás. El Gobierno valenciano no ha pestañeado a la hora de acudir a Bruselas para que le retire la financiación, aunque no ha tenido éxito su iniciativa, como tampoco las alegaciones «extemporáneas», que fueron rechazadas a mediados de abril por la dirección general de Calidad Ambiental del Ministerio.

Los responsables de que la actuación esté en marcha no ocultan su preocupación ante el riesgo de incumplir los tiempos con arreglo al sistema financiero europeo, que liga la recepción del dinero a la certificación de las obras en determinados plazos prefijados. «Si antes del 1 de agosto no está todo en marcha, podría peligrar la ayuda de 120 millones de euros», indican desde la Confederación del Júcar.

No sólo no ocultan su preocupación ante el evidente bloqueo que sufre el proyecto. Tampoco esconden sus críticas veladas hacia el departamento que dirige la ministra Cristina Narbona, que está dejando en evidencia demasiadas veces al presidente de la Confederación, Juan José Moragues, y al consejero delegado de Aguas del Júcar, José María Marugán. Este último ha llegado a poner fecha fija en enero, febrero, marzo, abril y mayo a las obras. Ayer, y pese a los reiterados intentos de este diario, el Ministerio de Medio Ambiente no acertó a aclarar cuándo estará en marcha el nuevo trasvase, ni por qué se retrasa la tramitación.

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Narbona rehúsa revelar su gasto en gas, luz y agua en el Día del Medio Ambiente

La idea empezó como una anécdota, durante una conferencia de BT con motivo del Día del Medio Ambiente. Se invitó a la ministra a someterse al test de consumo energético que la operadora ha diseñado para sus empleados, dentro de una innovadora política de responsabilidad medioambiental. LIBERTAD DIGITAL recogió el guante y preguntó a Cristina Narbona si revelaría su gasto en electricidad, combustible y agua. La ministra rehusó, «por falta de tiempo», pero se comprometió a hacerlo «próximamente» y a hacer público el resultado.La ministra de Medio Ambiente impartió este martes, Día Mundial el Medio Ambiente, una serie de prescripciones para el consumo eficiente de energía y agua.

«Podemos ahorrar, por ejemplo, si usamos eficientemente el aire acondicionado, ya que por cada grado de aire acondicionado, se emite un 7 por ciento más de gases tóxicos a la atmósfera», dijo la ministra, advirtiendo con gestos que los directivos de British Telecom quizá habían puesto muy alta la refrigeración de sus oficinas, en un tórrido día de junio en Madrid.

Otras recomendaciones de la ministra son «usar la lavadora y el lavaplatos sólo cuando estén llenos» y apagar todos los electrodomésticos por la noche, «incluso esas lucecitas rojas que a veces se quedan encendidas, un consumo absurdo de energía que también causa emisiones tóxicas a la atmósfera».

Una periodista de La Jornada (Méjico) le había preguntado, desde su país, y por medio de la plataforma que BT habilitó para seguir en vivo la conferencia por Internet, qué más puede hacer cada uno para frenar el calentamiento global.

La ministra española no dejó pasar las habituales críticas al uso privado del coche. «Tendemos a utilizarlo más de lo imprescindible, somos el país que más lo usa en trayectos de menos de dos kilómetros», indicó sin precisar su fuente estadística.

Narbona censuró algunas prácticas en la compra de coches, como la de «elegirlo fijándonos en si corre mucho o si es más hermoso y grande, y no en cuánto CO2 emite».

Como consejo culminante para un uso eficiente de los recursos, la ministra recomendó a la población la utilización del transporte público colectivo. «Es menos contaminante», recordó Cristina Narbona, que llegó a la sede de BT en su coche oficial.

Un test de responsabilidad medioambiental

La Dirección de BT en España le explicó que disponen de un innovador test para que los empleados, voluntariamente, conozcan su perfil de consumo energético y puedan mejorar su grado de eficiencia en el uso de los recursos.

Un software recoge datos de la factura del gas, la luz, el agua y el gasto en gasolina o gasoil del coche, y traza un perfil del usuario, según explicó un directivo de la operadora que hizo de anfitrión de la ministra, durante su visita a la sede de BT en Madrid.

Medio en broma, la ministra fue invitada a someterse al test, lo que la ministra dejó correr entre sonrisas. Durante el turno de preguntas, LIBERTAD DIGITAL insistió en la iniciativa y preguntó a la ministra si estaría dispuesta a dar ejemplo y someterse al novedoso test de responsabilidad medioambiental en un día tan señalado como el Día Mundial del Medioambiente.

La ministra, ya en serio, rehusó hacerlo en el Día Mundial del Medio ambiente, pero se comprometió a someterse al cuestionario «próximamente» y a hacer públicos los resultados. «Me he sometido a pruebas más raras, como análisis para conocer el nivel de DDT en la sangre», comentó.

«Consumir menos energía es rentable»

Narbona citó algunas de las conclusiones del Informe Stern, encargado por el Gobierno británico, sobre el supuesto cambio climático.  «Con un 1 por ciento del PIB», recordó, «podemos llevar a cabo a escala mundial los cambios energéticos que se necesitan para frenar el cambio climático y, con ello, evitar la pérdida del 20 por ciento del PIB».

El eje de su política de responsabilidad medioambiental es convencer a la gente, mediante campañas publicitarias e incentivos, o a la fuerza, mediante leyes, de que consumir menos energía y agua es rentable para las empresas y los hogares.

«Reducir la contaminación significa ahorro para todo tipo de empresas. Porque estamos combatiendo la impunidad y la tolerancia hacia quienes han contaminado, desde el pasado año existe una Fiscalía especial y eso significa que contaminar ya no va a salir gratis», advirtió Narbona en el marco de la conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente.

La ministra defendió la subida de la tarifa eléctrica como una eficaz medida de disuasión del consumo «no eficiente» o irresponsable.

Reiteró la apuesta del Gobierno por la implantación de las tecnologías renovables, en particular la energía solar, eólica y fotovoltáica, mediante la inversión en modernas combinaciones, como la producción de hidrógeno mediante energía eólica o la instalación de parques eólicos off-shore, en el mar, «donde es más fácil aprovechar al máximo la energía del viento».

Freno a la energía nuclear

En cambio, se mostró en contra del desarrollo de la energía nuclear, como alternativa a la producción de electricidad mediante el uso de combustibles fósiles.

«El Gobierno de España está comprometido con la reducción gradual en el uso de la energía nuclear», señaló, subrayando que ésa «es la posición de Alemania, Suecia, Bélgica y de muchos países que nunca han tenido centrales nucleares y no quieren tenerlas».

La ministra sostuvo que la energía nuclear no es ni barata, ni limpia, ni renovable.

«Cuando decimos que es barata no estamos contemplando el coste de convertir una energía que fue pensada para la destrucción, en una energía productiva. Por otra parte, está la cuestión de los residuos, su tratamiento, que exige grandes inversiones, o el uranio, que no es inagotable y cuyo precio está subiendo en los mercados», aseguró Narbona.

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El desarrollo sostenible prioridad en la agenda del Gobierno

En Zaragoza, “la ciudad de los ríos”, confluirán en 2008 dos términos ligados al hombre de este tiempo: agua y desarrollo sostenible. El avance hacia un desarrollo más sostenible compromete a todos los ciudadanos y, en particular, a los poderes públicos que deben liderar la transición hacia un modelo de producción y de consumo más eficiente y menos contaminante. Todos los países, ricos y en desarrollo, se enfrentan a problemas relacionados con los recursos hídricos; en la mayor parte de los casos no se deben a un déficit de tecnologías o de infraestructuras sino a deficiencias en la gestión.

En España persisten graves carencias relacionadas con el control público del uso de agua, de su calidad, la garantía de agua potable para abastecimiento (en particular, en el medio rural)…, así como carencias en cuanto a la eficiencia en su uso, especialmente en la agricultura, el sector al que se destina el 70% de los recursos hídricos disponibles.
La evidencia creciente del cambio climático obliga a revisar algunas “certidumbres”: el tópico de la “España seca” y la “España húmeda” va quedan-do en entredicho a medida que aparecen dificultades para garantizar agua en el País Vasco o en Cantabria.
El Gobierno, conforme al compromi-so del presidente Zapatero en su discur-so de investidura, ha emprendido una profunda reorientación de la política del agua valorando su triple dimensión económica, social y ambiental, con el objetivo de garantizar su disponibilidad y calidad a partir de un consumo más eficiente y más responsable, prestando especial atención a la protección de los ecosistemas asociados.

Para ello, la política del agua en España debe adaptarse a las exigencias europeas, en particular, a la Directiva Marco del Agua en cuanto a su necesaria gestión integral, introduciendo mayores exigencias de sostenibilidad, racionalidad económica y de participación pública. El Programa AGUA (Actuaciones para la Gestión y la Utilización del Agua) materializa esta reorientación que, entre otras cosas, supone una mayor garantía de acceso  a fondos europeos. La Comisión Europea es cada vez más exigente respecto de los requisitos ambientales de los proyectos nacionales que optan a financiación comunitaria. Desde el inicio de esta legislatura, la UE no ha rechazado ningún proyecto de política del agua. Así, están ya asegurados los 1.200 millones de euros de ayudas europeas que el anterior Gobierno pidió para el trasvase del Ebro y que no obtuvo, a la vista de  los informes negativos de diferentes instancias de la UE, y que se destinarán a proyectos del Programa AGUA en las cuencas mediterráneas.

La inversión ejecutada del ministerio en política del agua se ha incrementado respecto de la anterior legislatura en unos 800 millones de euros anuales. La licitación, a lo largo de 2006, se ha situado en 3.500 millones de euros, el doble de la media del período 2001-2003, como consecuencia del impulso a las obras del Programa AGUA, incluidos numerosos proyectos del Plan Hidrológico Nacional cuya ejecución no se había iniciado al finalizar la anterior legislatura. En 2007 se mantendrán los niveles de licitación y de adjudicación de 2006 y la inversión ejecutada se acercará a los 3.000 millones de euros.
Los 140 hectómetros cúbicos de agua potable que se obtenían en 2004 a partir de la desalinización de agua de mar se han duplicado en dos años y, con las inversiones en ejecución, se multiplicarán por cinco en cuatro años. Han entrado en funcionamiento seis plantas desalinizadoras que aportan 176 hectómetros cúbicos, evitando cortes en el abastecimiento a ciudades, en el tercer año de la peor sequía registrada nunca en el sureste español. Están en construcción seis plantas que aportarán casi 130 hectómetros cúbicos más de agua y se han adjudicado otras siete plantas, que aportarán 242 hectómetros cúbicos hacia 2008. Otras 11 plantas se encuentran en fase de tramitación.

El ministerio contempla varios proyectos de ley, como es el caso de la reforma de la Ley de Aguas. En 2008, el desarrollo del Programa AGUA permitirá debatir con rigor sobre la viabilidad de una nueva política del agua. Y también será posible intensificar la colaboración de España con los países de América Latina y del Mediterráneo, gracias al avance espectacular de las tecnologías de ahorro y eficiencia en el consumo de agua, así como de la depuración, reutilización y desalinización.

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El Plan de Calidad del Agua multiplica por seis el caudal que se recicla

Depurar agua no sólo es bueno para los ríos, los lagos y los acuíferos, sino que servirá para reutilizar más agua en riego. Esto es imprescindible en un país con fuertes sequías y que sólo reutiliza el 13% del agua, explicó ayer la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, después de que el Gobierno aprobase el Plan Nacional de Calidad de Aguas 2007-2015, que multiplicará por seis la cantidad de agua reciclada. Ésta llegará a los 3.000 hectómetros cúbicos al año (el equivalente a tres veces el derogado trasvase del Ebro).

      El proyecto prevé la inversión de 19.007 millones, de los que el Gobierno pondrá 4.843 millones y se ofrece a financiar otros 1.430 si en 45 años recupera la inversión con cargo al canon de saneamiento que pagan consumidores e industrias. Gran parte de estas obras, que incluyen un millar de nuevas depuradoras que se suman a las 2.500 existentes, tendrán que pagarse con cargo al canon de depuración. Así lo exige la normativa europea. Las constructoras afirman que eso supondrá elevar el precio del agua al menos un 15%. Medio Ambiente firmará convenios con cada comunidad autónoma para financiar las obras.

      Narbona resaltó que la depuración «es una competencia autonómica y estatal», pero que desde 1995 la impulsa el Gobierno central con inversiones millonarias. La Comisión Europea está muy encima del cumplimiento de estas obligaciones, ya que España incumple los límites que Bruselas fijó para 2005 y los de 2015 son aún más exigentes. Aunque España ha hecho desde 1995 un gran esfuerzo inversor, ahora queda lo más costoso: dotar de depuradora a municipios muy pequeños y dispersos.

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      La reserva hidráulica se encuentra al 65,4% de su capacidad total

      La reserva hidráulica está al 65,4% de su capacidad total. Actualmente hay 35.395 hm³ de agua embalsada, lo que representa un aumento de 1 hm3 con respecto a los niveles de la semana anterior.

      Esta semana, la cuenca del Duero ha aumentado 35 hm3 con relación a la semana pasada, mientras que la cuenca del Ebro ha disminuido 28 hm³.

      La reserva por ámbitos es la siguiente:

      Galicia Costa se encuentra al 78,4%

      Norte I (sur de Galicia y norte de León) al 84,1%

      Norte II (Asturias y Cantabria) al 88,8%

      Norte III (País Vasco excepto sus cuencas internas) al 90,1%

      Cuencas internas del País Vasco al 95,2

      Duero al 90,9%

      Tajo al 65,8 %

      Guadiana (Castilla-La Mancha y Extremadura) al 66,1%

      Cuenca Atlántica Andaluza al 51,7%

      Guadalquivir al 48,2%

      Cuenca Mediterránea Andaluza al 35,4%

      Segura al 21,3%

      Júcar al 23,4%

      Ebro al 79,1%

      Cuencas internas de Cataluña al 52,6%

      Las precipitaciones han sido escasas en todo el territorio nacional. La máxima se ha producido en Donosita-San Sebastián con 25,7 litros por metro cuadrado.

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      Los ususarios deberán pagar el IBI de rústica de las presas y embalses

      La Junta de Explotación de la Confederación del Júcar informó a los usuarios de la cuenca de una sentencia «con la que nadie contaba, porque se suponía que era un asunto cerrado»E.F.

      Sin comerlo ni beberlo, los regantes y usuarios del Júcar se encontraron con una desagradable sorpresa durante la última Junta de Explotación de la Confederación, celebrada el pasado lunes en Valencia. Tendrán que pagar de golpe el IBI de rústica de los últimos cinco años generado por presas y embalses de la cuenca.

      La medida supondrá un incremento leve en sus costes, equivalente a un peseta el metro cúbico, según los primeros cálculos y sólo por este año, a razón de 20-30 céntimos de euro por año. Según comentaban fuentes de los usuarios de la provincia de Albacete, «ha escocido, y ha escocido mucho» ya que en un escenario de costes crecientes, especialmente para los usuarios agrícolas, precios menguantes y, encima, intentando superar la sequía más dura que se recuerda, ésta ha sido la enésima ‘chinita’ en su zapato.

      Curiosamente, y según las fuentes consultadas, ésta ha sido una situación de la que nadie tenía noticia y con la que, literalmente, se han topado todas las partes «porque se suponía que éste era un asunto que estaba solucionado; se habló de él cuando gobernaba el PP en Madrid y se llegó a un acuerdo para arreglarlo, de forma que el estado se hacía cargo del pago de este IBI».

      Como existía este acuerdo, explicaron, nadie se volvió a preocupar de él «pero parece ser que nadie dio la contraorden, y la maquinaria de la administración siguió su marcha, hasta tal punto que esto derivó en un pleito y, finalmente, en una sentencia, que es lo que nos hemos topado en la Junta de Explotación». Esta situación afecta por igual a todas las cuencas.

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      El PSPV califica al PP de irresponsable por dificultar un trasvase del Tajo al Segura

      El portavoz socialista en la Diputación Provincial de Alicante, Antonio Amorós, criticó ayer la « irresponsabilidad del PP » al dificultar un trasvase de la cabecera del Tajo al río Segura, «gracias a una moción de los populares a favor de un envío de agua a Ciudad Real» , según informó el PSPV en un comunicado.

      En este sentido, Amorós señaló que la moción de Eduardo Zaplana en el Congreso de los Diputados «confirma la mentira del PP en materia de agua, porque demuestra que no tienen política hídrica, pero sí desvergüenza y oportunismo electoral» . «El PP ha mentido a los alicantinos, a los murcianos y a todos los agricultores» , añadió.
      Así, según señaló Amorós, el portavoz popular en el Congreso, Eduardo Zaplana, planteó el envío urgente de veinte hectómetros cúbicos de agua a las Tablas de Daimiel (Ciudad Real), «en un gesto extemporáneo que no venía a cuento después de las fuertes lluvias producidas en la región y que imposibilita muy mucho el envío de agua para el riego de emergencia que vienen demandando los agricultores de Alicante y Murcia».
      De igual modo, el diputado provincial recordó que fue el gobierno de José María Aznar quien estableció la limitación de no poder enviar por el trasvase Tajo-Segura más de 23 hectómetros cúbicos mensuales. Esta condición, según indicó, más la prioridad que se establece para consumo humano y la demanda del PP para Ciudad Real «hace que el agua que se pueda trasvasar para regadío sea testimonial» . «No es casualidad que la petición del PP, olvidándose de los agricultores de Alicante y Murcia, se produzca después de las elecciones, cuando ya han hecho su campaña de mentiras, se han aprovechado de los agricultores y han logrado lo único que le interesan: los votos» agregó, al tiempo que opinó, que «la única política seria que está dando resultados, por encima incluso de las mentiras e impedimentos del PP, es la impulsada por Rodríguez Zapatero».
      Igualmente, el portavoz socialista consideró que en materia de agua « son los datos técnicos y no los votos quienes deciden la disponibilidad de recursos» . De este modo, afirmó que «en los casos del trasvase del Tajo-Segura como del Júcar-Vinalopó, los votos ni quitan ni dan razones. Cuando no llueve no hay agua, se vote lo que se vote» .
      Al respecto, apuntó que «las desaladoras, la racionalización de los trasvases y las políticas de ahorro y reutilización son las que generarán el agua que España necesita» . Finalmente, expuso que en los gobiernos del PP «no se aportó una gota de agua para ninguna de las regiones afectadas por la escasez de lluvias, mientras que el gobierno socialista ha salvado la situación de extrema sequía de varios veranos seguidos» .

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      CLM reclama al Gobierno un trasvase hacia las Tablas de Daimiel

      El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha acordó ayer solicitar al Gobierno central un trasvase de agua desde la cabecera del Tajo para el parque nacional de las Tablas de Daimiel.

      El Ejecutivo regional, que considera el trasvase fundamental para mantener la biodiversidad de este parque nacional y para paliar el estrés hídrico en el que se encuentra su vegetación, pedirá un desembalse de entre diez y veinte hectómetros cúbicos.

      La petición del Gobierno castellanomanchego se suma a la de la Comisión de Medio Ambiente del Congreso de los Diputados que, por unanimidad, aprobó la iniciativa del Grupo Popular para reclamar 20 Hm3 para las Tablas.

      La Comisión de Explotación del Acueducto Tajo-Segura analizará hoy esta petición y estudiará la cantidad de agua que se trasvasa a la cuenca del Segura en el próximo trimestre hidrológico, aunque ambas decisiones dependen del Consejo de Ministros.

      El temporal de lluvia de finales de mayo ha hecho que el río Cigüela, seco en los últimos años, haya comenzado a aportar agua a las Tablas, que han pasado de 15 hectáreas encharcadas (menos del 1% del total) a unas 70.

      Por ello, la Junta considera que es el momento adecuado para hacer el trasvase pues las tormentas de las últimas semanas han saturado las capas freáticas superiores del Cigüela y el agua no se perdería en el camino.

      Por otra parte, el diputado socialista en las Cortes regionales José Manuel Caballero pidió ayer a la dirección del PP de Castilla-La Mancha que aclare si respalda la iniciativa de su grupo parlamentario en el Congreso de los Diputados que insta al Gobierno a autorizar un trasvase de 70 Hm3 desde la cabecera del Tajo al Levante.

      Caballero lamentóayer en rueda de prensa esta iniciativa, anunciada la semana pasada y que se ha registrado ya en la Cámara Baja, pues con ella el PP vuelve a dar «la espalda a los intereses de Castilla-La Mancha en materia de agua» y se pone «del lado de Murcia».

      «Siguen pintando poco»

      José Manuel Caballero manifestó que, después del acuerdo que alcanzaron PSOE y PP en Castilla-La Mancha para la reforma del Estatuto de Autonomía, en el que se fija la fecha de caducidad del trasvase en 2015, «entendimos que el PP nacional haría más caso a los intereses de Castilla-La Mancha y que el PP de Castilla-La Mancha se opondría» a iniciativas como la proposición no de ley que ha registrado el Grupo Popular en el Congreso.

      Indicó que los dirigentes del PP «siguen pintando muy poco» para la dirección nacional de su partido y añadió que ha quedado en evidencia que entre las direcciones regionales del PP a las que afecta el trasvase había un acuerdo para que no se hablara de él antes de las elecciones autonómicas.

      A juicio del diputado socialsita en las Cortes castellano-manchegas, con la petición del PP de un trasvase de 70 Hm3 para regadío ha quedado en evidencia «el desprecio que sienten por nuestra región» en la dirección nacional del PP «y desde luego el poco caso que hacen, si es que dicen algo, a los dirigentes del PP de Castilla-La Mancha».

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