La Confederación Hidrográfica del Segura ha autorizado, mediante la ampliación del convenio que tiene con el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura, la apertura de nuevos pozos de sequía en el término municipal de Hellín, que se sumarán a los más de treinta ya existentes en este y en otros pueblos de la cuenca hidrográfica.

La gestión de estos pozos de sequía, que vierten su agua al río Segura o a sus afluentes, se encomendó al Sindicato Central de Regantes en el año 2005, y se prorrogó ese acuerdo en octubre del 2006. Esta entidad se encarga de gestionar los sondeos, hacer las obras necesarias para su vertido al río y distribuir las aguas proporcionalmente entre sus integrantes. De todos los pozos abiertos, 14 se encuentran en el término de Hellín y uno en Socovos, y el resto a pueblos de la vecina región de Murcia.

Ahora se ha acordado ampliar el convenio de encomienda de gestión, para incluir tres pozos más en Hellín, uno en la Herrada de las Higuericas, otro en Tavizna y el tercero en el Bancal de Tafalla; a cada uno de ellos se le estima un caudal de 50 litros por segundo.

Sin perjuicios

El acuerdo incluye un punto en el que se establece de que si la explotación de estos sondeos afectase al caudal del río Mundo o a pozos legalizados preexistentes, o provocase perjuicios a terceros, la Confederación paralizaría estos sondeos. La apertura de pozos de sequía provocó tensiones desde su apertura; el alcalde de Hellín, Diego García Caro, llegó a decretar el precinto de algunos, si bien se vio obligado a consentir su funcionamiento tras la reclamación judicial de los afectados, a quienes los juzgados dieron la razón.

En todo caso, los llamados pozos de sequía, según el Real Decreto que regula esta cuestión, tienen siempre carácter provisional, y según afirma esta norma «serán clausurados cuando desaparezcan las condiciones de escasez, y, en ningún caso generarán nuevos derechos concesionales».

El acuerdo por el que la Confederación Hidrográfica del Segura y los regantes del trasvase ampliaban su convenio se ha publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Albacete el 30 de mayo.

E l Ministerio de Medio Ambiente justificó ayer el tercer retraso que se ha producido en el comienzo de las obras del trasvase Júcar-Vinalopó -los trabajos en el municipio valenciano de Llanera de Ranes debían haber empezado hace dos semanas- en el celo con el que los técnicos están examinando toda la documentación del nuevo trazado para evitar situaciones como la que se produjo hace un par de meses con la desalinizadora de Torrevieja. La sociedad estatal Acuamed comenzó la obras junto al parque natural de las Lagunas sin tener completo el informe de impacto ambiental, argumento en el que se basó la Conselleria de Territorio para paralizarlas.

Un portavoz autorizado de Aguas del Júcar admitió ayer que la ejecución del nuevo trazado entre Cullera y Villena acumula «cierto retraso» apuntando, además, que el estudio de las alegaciones presentadas, algunas fuera de plazo como las del Consell, es otra de las circunstancias que explican la lentitud de la ejecución de un trasvase cuyos plazos de ejecución oscilan entre los dieciocho y los veinte meses. «No queremos que pueda haber ninguna complicación administrativa y una vez se inicien las obras éstas puedan sufrir algún retraso. Se trata de un proceso complejo que lleva su tiempo», subrayó el portavoz. Al parecer, la falta de la firma de los proyectos constructivos en la sede del Ministerio en Madrid es el último trámite que queda por solucionar. En un principio, las obras del polémico proyecto debían haber comenzado el pasado febrero.

Por otro lado y en relación a la llamada a la reflexión del presidente de la Junta Central de Usuarios del Trasvase Júcar-Vinalopó, Andrés Martínez, para volver a estudiar el traslado de la toma del agua al Azud de Antella -el caudal sirve también para consumo urbano- veinticinco kilómetros aguas arriba de Cullera, el Ministerio de Medio Ambiente rechaza contemplar la opción. El presidente de los usuarios lanzó la propuesta el pasado martes apoyado en la debacle electoral sufrida por el PSOE en las comarcas del Vinalopó, donde debe llegar el agua del Júcar. Fuentes el Ministerio reiteraron ayer que «en principio no hay ninguna posibilidad de dar marcha atrás. La decisión del cambio de trazado fue técnica, ha sido apoyada en dos ocasiones por la Unión Europea y como no fue un tema político no tiene sentido retomarlo», sentenciaron las mismas fuentes.

Aguas del Júcar celebró su último consejo de administración en Alicante el pasado 11 de mayo, reunión en el que se anunció que el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) había presentado la mejor oferta de financiación de los 35 millones de euros que faltaban por reunir para tener garantizados los fondos para construir el trasvase. En el mismo consejo, el presidente de la sociedad estatal, Juan José Moragues, anunció la incorporación como consejero de Jaurés Vidal, presidente de la Comunidad de Regantes de la Virgen de la Paz de Agost, que había solicitado 6 hm 3 del trasvase desde Cullera. Durante el consejo fueron designados los directores de obra del tramo del nuevo trazado y todo quedó listo, según apuntó la sociedad en un comunicado, para que las obras comenzaran en la semana del 14 al 20 de mayo. Dos semanas después, el Ministerio de Medio Ambiente sigue sin firmar los proyectos constructivos y se ha ralentizado también el inicio de una campaña publicitaria para informar sobre el nuevo trazado.

Por su parte, la Junta Central de Usuarios celebró hace una semana en Villena una asamblea ordinaria en la que se felicitó a Jaurés Mira por su nombramiento como consejero en Aguas del Júcar – el presidente de la Junta, Andrés Martínez, fue relevado a finales de 2005 – . Sin embargo, los miembros de la junta directiva comunicaron al presidente de la comunidad de regantes de Agost, miembro de la Junta Central, que su representación en el consejo de la sociedad estatal se limitaba a su propia persona. «Representa a sus hectáreas, le hemos dejado claro que la opiniones que vierta en el consejo de Aguas del Júcar serán las suyas, no es el interlocutor del resto de los agricultores del Vinalopó como se ha trasladado a la opinión pública desde la empresa pública», aseveraron ayer fuentes de la Junta Central.

Por otro lado, y a pesar de la negativa oficial de Aguas del Júcar a renegociar el trazado del trasvase trasladando la toma del agua a Antella, tal como proponen futuros usuarios, el rechazo electoral cosechado por el PSPV en el Vinalopó ha desatado un gran malestar en el propio Ministerio de Medio Ambiente. Tras la integración de Aguas del Júcar en Acuamed – la empresa con la que el Gobierno desarrolla el Programa Agua – , ayer tomó fuerza la posibilidad de que los directivos ésta última tomen el control de la sociedad con sede en Valencia.

La sociedad estatal Acuajúcar e Iberdrola firmaron ayer un convenio gracias al cual esta última garantiza el suministro eléctrico del nuevo trazado del trasvase Júcar-Vinalopó y se compromete a que esté disponible a mediados de octubre del 2008, según fuentes de Acuajúcar.

En función de este acuerdo, Iberdrola, distribuidor eléctrico de la zona, garantizará el fluido eléctrico de las estaciones de bombeo del nuevo trazado, que elevarán el agua desde el Azud de la Marquesa, en el curso bajo del Júcar, hasta la Balsa de San Diego, en Villena, a través de las conducciones de impulsión proyectadas.

El convenio, suscrito por el presidente de Acuajúcar, Juan José Moragues, y el representante de Iberdrola, Francisco Raga, recoge que la eléctrica se compromete a que el suministro del trasvase esté disponible en octubre del 2008, para que la misma empresa pueda hacer las pruebas de funcionamiento de las estaciones de bombeo antes de la entrada en servicio.

Iberdrola extenderá su red eléctrica en la zona, que será financiada en su mayor parte por Acuajúcar, lo que supondrá una inversión de 2,8 millones de euros por parte de la sociedad estatal encargada de las obras del trasvase.

En concreto, las estaciones de bombeo del trasvase, que deberá abastecer la compañía eléctrica son las del Azud de la Marquesa y El Panser, desde la futura subestación de El Brosquil, en Cullera; la de Llanera de Ranes, desde la línea eléctrica Alcúdia-Alcoi; y la de Moixent, desde la línea Urrutia-Alcoi.

Según las mismas fuentes, esta ampliación de la red eléctrica de Iberdrola permitirá a la compañía abastecer a otros puntos de consumo en los municipios de la zona, lo que «minimizará actuaciones posteriores y, en consecuencia, el impacto ambiental y paisajístico».

Calidad del agua

Por otra parte, la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) va a potenciar el departamento del Área de Calidad de Aguas de la Comisaría de Aguas para intensificar la explotación de las redes de control de la calidad de las aguas en la Cuenca del Segura, que han mejorado en los últimos años y que necesitan un mayor esfuerzo presupuestario y material para seguir en esa línea.

La CHS aprobó invertir 622.063,46 euros en la asistencia técnica para el apoyo a las tareas de protección y seguimiento de la calidad de las aguas continentales en el organismo de cuenca, cuya empresa adjudicataria ha sido Intecsa-Inarsa y cuyo plazo de ejecución es de 24 meses.

Los nuevos trabajadores del departamento realizarán tareas tales como la explotación de las redes de control de la calidad de las aguas, es decir, gestionar tanto la toma de muestras como los datos obtenidos de las distintas redes de control del organismo de cuenca.

Los regantes murcianos y alicantinos del trasvase Tajo-Segura no ocultan su enfado con el PP, ya que consideran que este partido ha puesto en peligro el riego de socorro para este verano con caudales de la cabecera del Tajo, como publicó ABC. Si el Consejo de Ministros atiende la petición del Congreso de los Diputados de enviar 20 hectómetros al parque nacional de Las Tablas de Daimiel -como ha pedido el PP en una proposición no de ley recién aprobada- los cultivos del Sureste sólo tendrían 10 hectómetros para los cuatro próximos meses.

El Partido Popular se apresuró ayer a presentar otra iniciativa en el Congreso para que se envíe 70 hectómetros a los regantes del Segura, según anunció el parlamentario murciano Alberto Garre. Los populares tratan de enmendar el error cometido al dejar de lado a los regantes, pero las cuentas siguen sin salir si hay que derivar agua a Las Tablas.

La iniciativa, firmada por el portavoz del PP en la Cámara Baja, Eduardo Zaplana, argumenta que las lluvias registradas en los últimos días han propiciado una «mejora significativa» en la mayoría de los embalses, de manera que «la reserva hidráulica se sitúa en el 65,4 por ciento de su capacidad total». Resalta, además, que aunque «no todas las cuencas han registrado comportamientos similares», la del Tajo «ha sido la más beneficiada por estas lluvias», hasta el punto de que ha aumentado, según datos del PP, 139 hectómetros cúbicos en relación a la semana previa.

A estudio

El Ministerio de Medio Ambiente y la Confederación del Segura están estudiando el alcance de la proposición no de ley aprobada en el Congreso, para saber hasta qué punto obliga al Consejo de Ministros para enviar los 20 hectómetros a las Tablas de Daimiel, en menoscabo de los caudales para los regadíos.

La propuesta auspiciada por el Partido Popular se ha aprobado justo cuando Castilla- a Mancha ha recibido las últimas lluvias, lo que se interpreta como bueno o malo: por un lado el cauce natural que conduce el agua del Tajo a Daimiel está húmedo y puede facilitar el transporte con pocas pérdidas; pero por otro la zona podría sobrevivir unos meses gracias a esas precipitaciones.

El presidente del Sindicato Central de Regantes del Tajo-Segura, Francisco del Amor, trata de averiguar qué postura va a tomar el Ministerio, que ha retrasado la reunión de la Comisión del Tajo a la próxima semana.

Según las reglas de explotación del acueducto, en la situación actual se pueden desembalsar 23 hectómetros por mes. El Consejo de Ministros estudia autorizar un envío para cuatro meses, con el fin de no volver a reunirse en agosto. Esto supone que habrá 92 hectómetros trasvasables, de los que hay que restar los abastecimientos y probablemente Daimiel.

Del Amor no oculta su preocupación con la situación que ha creado el Partido Popular. «Nos ha sentado muy mal. No entendemos por qué han presentado esta propuesta ahora, cuando llevamos muchos meses esperando un riego de socorro. Estamos muy preocupados, ya que si se envía agua para la población y para Daimiel, sólo quedarían 10 hectómetros para los cultivos. A ver qué decide el Consejo de Ministros».

El diputado del Partido Popular por Murcia, Alberto Garre, que es secretario de la Comisión de Medio Ambiente, no asistió ese día a la reunión porque atendió otro frente con el Estatuto de RTVE. Anunció ayer que su grupo ha presentado en el Congreso una iniciativa urgente para instar al Consejo de Ministros a que envíe 70 hectómetros para los regadíos del Sureste. Niega que el Partido Popular haya hecho un flaco favor a los regantes, ya que a su juicio el Gobierno central «no se ve obligado» a enviar agua a Las Tablas de Daimiel, pese a la decisión de la Comisión.

No es el mejor momento

Admite que «no se ha presentado en el momento más oportuno. Esa propuesta venía desde marzo -apoyada por Eduardo Zaplana- y se ha visto ahora, pero no tiene por qué ejecutarse, puesto que ha llovido en la zona».

En contra del parecer de los regantes, el diputado Alberto Garre insiste en que no se perjudica el riego de socorro solicitado.

La Unión Europea ha decidido archivar la denuncia de la Generalitat Valenciana contra la derogación del trasvase del Ebro. Así lo aseguró ayer la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, antes de comparecer en la Comisión de Medio Ambiente del Congreso para informar de la situación medioambiental en España.

«Hemos tenido desencuentros con algunos gobiernos autonómicos en esta materia, que deberían ser interpretados por los ciudadanos y por los gobiernos con el mayor respeto posible a las instituciones europeas», señaló la máxima responsable en materia medioambiental.

Tras una reunión del Colegio de Comisarios, la Comisión Europea decidió el pasado 21 de marzo archivar la denuncia del gobierno valenciano contra la derogación del trasvase. El ejecutivo levantino presentó dicha queja en julio del año 2004 en la que se oponía al decreto ley que modificaba el Plan Hidrológico Nacional y derogaba el trasvase, alegando un posible incumplimiento del derecho comunitario.

Según la ministra, el texto que acompaña el archivo de esta denuncia es «muy esclarecedor». Además, añadió que la Comisión Europea no tiene «ninguna duda» de que el Gobierno de España está actuando dentro de lo que exige la legislación europea en materia de agua.

La responsable del Ministerio de Medio Ambiente hizo hincapié en que el archivo de la denuncia hace patente que en España no se ha incumplido ninguna directiva comunitaria al derogar el trasvase del Ebro, ya que la Comisión Europea no ha apreciado vulneración alguna de la normativa de la UE.

CONFLICTO DE INTERESES «En política de agua, cuando comenzó esta legislatura», destacó la ministra, «España era objeto por parte de la Comisión Europea de un gravísimo conflicto de intereses porque el anterior Gobierno se empeñaba en solicitar 1.200 millones euros para el trasvase del Ebro».

Recordó que la Comisión Europea no llegó a financiar ese trasvase, y según Narbona, hay informes «contrarios a su financiación, que se conocieron antes de que se iniciase la presente legislatura»; de ese dinero, añadió, «no se obtuvo ni un euro».

Sin embargo, continuó, todas y cada una de las actuaciones del Programa A.G.U.A. (Actuaciones para la Gestión y Utilización del Agua) en las cuencas mediterráneas han recibido financiación europea. «Este programa se sometió a un proceso de evaluación estratégica y cumple las exigencias de las normativas medioambientales», indicó.

Por otra parte, la Comisión Europea dictaminó ayer que los proyectos de plantas desalinizadoras respetan la normativa medioambiental comunitaria, en concreto la directiva sobre Conservación de los Hábitat Naturales y de la Fauna y Flora Silvestre y en lo que respecta a posibles impactos sobre las praderas de posidonia oceá

Los ríos Júcar a su paso por las provincias de Cuenca y Albacete y el río Alberche a su paso por la provincia de Toledo incumplen, en alguno de sus tramos, los criterios de calidad establecidos por las autoridades comunitarias.

Así lo revela el informe anual de la Comisión Europea sobre la calidad de las aguas de baño en la UE, realizado a partir del estudio de 1.863 playas y 171 ríos y lagos en España.

El informe de la Comisión Europea se refiere al río Júcar a su paso por Cuenca, mientras que en Albacete no cumplieron las normas las aguas de algún tramo del río Júcar en Alcalá del Júcar.

En Toledo, el documento recoge que la misma situación se produjo en un tramo del río Alberche.

Por otra parte, el informe recuerda que la Comisión abrió un procedimiento de infracción contra España el pasado año por haber eliminado sin justificación entre 1991 y 2006 de su lista oficial de zonas de baño unos 700 lugares.

Esta es la situación de falta de datos para decidir la calidad que existe al menos en tres lugares de las Lagunas de Ruidera, en el término de Ossa de Montiel.

La CE explicó que en la actualidad está examinando la respuesta enviada por las autoridades españolas.

El documento revela que en la UE el 96,1% de las zonas costeras y el 88,6% de los ríos y lagos cumplieron las normas de calidad de las aguas de baño.

Aunque en las playas la calidad de las aguas decreció ligeramente, la Comisión considera que se trata de una situación «estable, dado que el porcentaje es casi idéntico al de 2005», explicaron fuentes comunitarias.

El documento pone de manifiesto que en España no se prohibió el baño en 2006 en ninguna playa, ni siquiera en las que incumplieron los estándares de calidad.

Las mismas fuentes explicaron que «el verdadero reto» para España está en mejorar la situación de ríos y lagos, con un mayor control del vertido de aguas residuales.

El Senado secundó ayer la propuesta del Partido Popular para que el Gobierno apruebe cuanto antes un Plan Nacional destinado al control de las especies invasoras que empiezan a proliferar en España y que hacen peligrar los ecosistemas a los que se trasladan. El pleno de la Cámara Alta dio luz verde a una moción parlamentaria de siete puntos en la que los populares apuestan por programas de prevención, medidas regulatorias del comercio y tenencia de animales, campañas de sensibilización, más coordinación entre todas las administraciones y que se promueva una iniciativa a nivel europeo.

En la iniciativa parlamentaria, que ahora es de obligado cumplimiento para el Gobierno, los populares muestran su enorme preocupación por la llegada de especies foráneas a hábitats que no son los suyos, lo que provoca alteraciones en los ecosistemas en que se introducen, ya que compiten por el alimento y desplazan con ello a otras especies similares.

Esta iniciativa, que fue calificada por varios portavoces como muy oportuna, nada política y espacio para el consenso, contó sólo con el sorprendente voto en contra del PSOE, cuya marca tripartita en Cataluña, la Entesa, sin embargo se posicionó a favor. Antes de la votación, el Grupo Socialista propuso una enmienda de sustitución que descafeinaba la moción de PP, reduciendo sus siete puntos a uno muy imprecis que se estableciese una estrategia nacional de coordinación.

Según el portavoz de Medio Ambiente del PP, Javier Sopeña, el problema de la llamada “invasión biológica” supone una de las mayores amenazas a la biodiversidad autóctona, con consecuencias no sólo ecológicas, sino también socioeconómicas y sanitarias. De ello, recordó, están alertando organismos internacionales como la Unión Mundial por la Naturaleza, y sobre ello están trabajando ya asociaciones ecologistas y científicas. Sopeña destacó que en España ya se han celebrado dos congresos sobre esta materia, cuyas conclusiones el PP ha hecho suyas en esta moción parlamentaria.

El senador popular insistió también en las enormes pérdidas económicas que supone la proliferación de especies ajenas a nuestros hábitats. A falta de informes nacionales, dio un dato procedente de EEUU, donde se estima que este problema origina pérdidas superiores a los 2.000 millones de dólares.

En la exposición de motivos de la moción, el PP argumenta que en España existen más de 40 especies exóticas llegadas de distintos países del mundo y que se han instalado, a veces con gran perjuicio en la flora y fauna local, en suelo español. Se trata de peces, moluscos, aves, mamíferos y plantas, entre las que destaca el mejillón cebra, que ya ha colonizado la cuenca del Ebro y se ha extendido a la del Júcar. Esta especie ya ha causado tres efectos inesperados: ha dañado las centrales eléctricas que toman agua de estas cuencas, ha devorado el fitoplancton y ha reducido el nivel de oxígeno del agua.

En la iniciativa se cita también al siluro, un pez gigantesco devorador de peces pequeños que puede superar los dos metros de longitud y los 90 kilos de peso, y al visón americano, más peligroso que el europeo, ya que contagia enfermedades nuevas que pueden ser letales para el animal autóctono. Asimismo, el PP considera perjudiciales los efectos de que haya cada vez mayor presencia en España de ejemplares de cotorra argentina, malvasía canela, lucio-perca y cangrejo americano, entre otros.

Para paliar esta situación, la moción del PP contiene hasta siete medidas concretas que van desde la aprobación del Plan Nacional hasta el desarrollo de campañas de sensibilización y concienciación social dirigidas a que la sociedad perciba la gravedad del problema. El PP propone que se evite la proliferación de estas especies a través de medidas de control o erradicación de las mismas; que se ponga en marcha un programa de prevención, para que se frene la entrada de estas nuevas especies; que se regule el comercio y tenencia de especies exóticas; que se elabore un proyecto de Ley específico sobre la materia; que se creen mecanismos específicos de coordinación entre los distintos Ministerios afectados, las CC.AA. y los ayuntamientos, y, por último, que se promueva una iniciativa común a toda la Unión Europea para la elaboración de una directiva en materia de especies exóticas invasoras.

Los abastecimientos y regadíos del sureste tendrán que esperar al menos una semana más para recibir agua del Tajo, ya que el Ministerio de Medio Ambiente decidió ayer tarde aplazar la reunión de la Comisión Central de Explotación del Trasvase Tajo-Segura que estaba prevista para esta mañana en Madrid. El aplazamiento se produjo a media tarde, horas después de que el Ministerio informara oficialmente de la convocatoria. Los regantes han expresado su malestar por esta decisión y no alcanzan a entender los motivos. La nueva reunión se realizará probablemente el próximo miércoles 6 de junio.

Este retraso puede estar motivado por la decisión que tomó por la mañana la Comisión de Medio ambiente del Congreso de los Diputados de solicitar un envío de 20 hectómetros cúbicos de la cabecera del Tajo al parque nacional de Las Tablas de Daimiel, en Ciudad Real. Dicha propuesta ha salido de las filas del Partido Popular, en línea con la proposición no de ley firmada el pasado mes de febrero por el portavoz de esta formación, Eduardo Zaplana, tal como informó La Verdad. El PP, además, pretendía que las derivaciones de agua a Daimiel se ejecuten de forma permanente por parte del Gobierno central.

Zaplana no tuvo en cuenta las necesidades de los regadíos de Almería, Murcia y Alicante cuando presentó esta solicitud que ahora ha sido respaldada por el Congreso. Todo lo que se derive de la cabecera del Tajo para otro fines va en detrimento de los recursos disponibles para los abastecimientos y la agricultura. La propuesta del PP tiene por otra parte mal encaje técnico, ya que ha sido el Ministerio de Medio Ambiente el que se ha opuesto reiteradamente a derivar agua del Tajo a Las Tablas debido a que ese caudal se habría perdido por el camino, ya que el cauce natural por donde debe discurrir estaba muy seco. Las últimas lluvias pueden haber variado el estado del terreno.

Los regantes no se explican cómo el PP del Levante se erige en defensor de ellos y sin embargo proponen en el Congreso una derivación para Las Tablas, en lugar de pedir al menos otra para los cultivos.

La Comisión debía estudiar hoy la petición de unos 40 hectómetros cúbicos para los abastecimientos y de 170 para los regadíos. Para estos últimos, la cantidad que probablemente pensaba proponer el Ministerio de Agricultura, de acuerdo con el Plan de Cuenca del Segura, oscilaba entre los 50 y 60 hectómetros cúbicos, lo mínimo para atravesar el verano. Iba a decidir el Consejo de Ministros del viernes.

En los pantanos de la cabecera del Tajo existen ahora unos excedentes de más de 200 hectómetros cúbicos que son oficialmente trasvasables al Segura. Ayer, en el Congreso de los Diputados, todos los grupos apoyaron la proposición no de ley del PP, para que la Comisión de Explotación evaluara hoy la situación tras la últimas lluvias y proponga un envío a Las Tablas, «garantizando que no haya despilfarros». La propuesta fue enmendada por el Grupo Socialista, ya que se instaba al Gobierno a asegurar el carácter permanente de la derivación de agua del trasvase Tajo-Segura.

El presidente de la Junta Central de Usuarios del Trasvase Júcar-Vinalopó, Andrés Martínez, reclamó ayer a su homólogo en la sociedad estatal Aguas del Júcar, Juan José Moragues, que abra un periodo de reflexión sobre el proyecto del trasvase, al considerar que la debacle electoral del PSOE en los municipios del Vinalopó, donde debe llegar el agua del Júcar, ha reforzado la posición de la Junta en su oposición al cambio del proyecto.

Martínez identificó la derrota de los socialistas y la victoria del PP en ayuntamientos paradigmáticos como Villena y Aspe, como un movimiento claro de la provincia de Alicante contra la «imposición del Ministerio de Medio Ambiente de un trazado y una toma del agua alejada del sentido común. Las urnas han sido claras y ello debiera conducir a que se recuperara el diálogo, nosotros seguimos dispuestos a sentarnos y negociar el proyecto para que al Vinalopó llegue agua de calidad y la toma en Cullera no la garantiza». El presidente de la Junta Central abogó, de nuevo, porque Aguas del Júcar cambie el punto de la toma de caudales del Azud de la Marquesa al Azud de Antella, unos veinticinco kilómetros aguas arriba «donde el agua sirve tanto para el riego como el abastecimiento».

Martínez recordó, en este sentido, que «hasta el Azud de la Marquesa llega agua del mar y existe un informe de Greenpeace en el que se advierte de que la captación de caudales en Cullera podría provocar un avance de la cuña salina por el cauce del Júcar, lo que provocaría un problema grave».

La debacle electoral de los socialistas en el Vinalopó se ha producido en cinco -se incluye a Banyeres que no forma parte de la Junta Central pero se había incorporado al proyecto- de los ocho ayuntamientos que atendieron la llamada el consejero-delegado de Aguas del Júcar, José María Marugán, y aceptaron, algunos con acuerdos plenarios, firmar un convenio con la empresa estatal para recibir agua del Azud de la Marquesa, dirigida principalmente para el riego de jardines y el baldeo de calles.

Tras la consulta electoral del pasado domingo, municipios donde gobernaba el PSOE como Villena, Aspe y Elda han pasado directamente a manos de los populares y por mayoría absoluta. Emblemático es el caso de Aspe, ayuntamiento dirigido por los socialistas desde que retornó la democracia a España y uno de los fundadores de la Junta Central, donde el PP consigue la mayoría absoluta. Su todavía alcalde, Roberto Iglesias, llegó a actuar, incluso, como vicepresidente de la Junta Central al heredar de su predecesor, el fallecido Miguel Iborra, la representación de los denominados abastecimientos. Municipios y entidades que iban a recibir agua potable del Júcar-Vinalopó y que se quedaron fuera del trasvase tras el cambio del proyecto. Iglesias se ha ido a la oposición.

Por otro lado, otras poblaciones que se habían adherido al nuevo proyecto como Onil y Banyeres, donde el PSOE tenía la vara de mando, también pasan al PP. Aguas del Júcar sólo conserva el apoyo de Tibi -mayoría absoluta del PSOE- y queda por ver qué sucederá en Biar, donde los independientes pueden devolver también el poder al PP. Ninguno de los futuros alcaldes y alcaldesas populares ha anunciado oficialmente cual será su posición sobre el Júcar-Vinalopó, pero nadie duda de que habrá rectificación y, por lo tanto, Aguas del Júcar se quedará sin los socios que consiguió tras meses de lucha contra la Junta Central. La única futura primera edil que ya ha comentado en público que ya tiene tomada la decisión es Celia Lledó, virtual alcaldesa de Villena, quien en la noche del domingo llegó a proclamar que lo haría en el primer pleno.

Reforzado en sus tesis, el presidente de la Junta Central, Andrés Martínez, insistió ayer en «reclamar al Ministerio que reflexione y se dé cuenta de que el Vinalopó no quiere su trasvase. Estoy cansado de tender la mano y la vuelvo a tender. Como cambiar la toma el tema quedaría resuelto porque lo único que pedimos es agua de calidad».

Por otra parte, las cuencas del Júcar y del Segura son las únicas que no se han visto beneficiadas tras las últimas lluvias. Durante la pasada semana los embalses del Júcar y Segura perdieron 3 hm3.

La Comisión de Medio Ambiente del Congreso apoyó ayer por unanimidad que la Comisión de Explotación del Acueducto Tajo-Segura evalúe las nuevas circunstancias tras las últimas lluvias y autorice una derivación de 20 hectómetros cúbicos a las Tablas de Daimiel, garantizando que no haya despilfarros, informa Efe.

Todos los grupos apoyaron una Proposición No de Ley del PP, que fue enmendada por el Grupo Socialista, en la que se instaba al Gobierno a asegurar el carácter permanente de la derivación de agua del trasvase Tajo-Segura al Parque Nacional de las Tablas de Daimiel (Ciudad Real) para asegurar su conservación.

La diputada del grupo popular Carmen Quintanilla puso de relieve que dicho Parque Nacional atraviesa en la actualidad uno de los momentos más críticos de su historia y presenta tan sólo 15 hectáreas encharcadas de las 1.750 con las que cuenta la superficie total. Considerado uno de los más importantes humedales de España y de Europa, fue declarado Parque Nacional en 1973 y Reserva de la Biosfera en 1981, recordó.

Agregó que este entorno natural, que es elegido todos los años por cientos de especies de aves acuáticas como lugar de nidificación, corre el peligro de desaparecer sin que desde el Gobierno, «principal responsable de su mantenimiento y conservación, se haya hecho nada».

DESDE ENERO DE 2004. Quintanilla indicó que el último trasvase de agua que recibieron Las Tablas de Daimiel desde la cabecera del Tajo se produjo en enero de 2004, con el Partido Popular al frente del Gobierno de España, con la derivación de 15 hectómetros cúbicos. Por ello, consideró que es el momento idóneo para ese trasvase después de que las últimas precipitaciones hayan hecho posible que empiece a correr agua por el río Cigüela, aunque es aún insuficiente para poder encharcar en su totalidad el parque nacional.

El diputado socialista Alejandro Alonso, que defendió la enmienda de su grupo, destacó la importancia de los valores biológicos y ambientales de las Tablas y su influencia social y económica. Reconoció que desde hace tiempo atraviesa una situación difícil, que achacó a la sobreexplotación de los acuíferos sobre los que se asienta el parque, y defendió la adopción de medidas, entre las que incluyó los trasvases, siempre que se realicen con prudencia y en casos de urgencia. Aseguró que el Gobierno está ultimando un plan de sostenibilidad del Alto Guadiana, que resolverá de manera definitiva los problemas de sobreexplotación, a la vez que está llevando a cabo una política de adquisición de fincas en el entorno del parque para asegurar la no extracción de agua. El Ministerio de Medio Ambiente ha optado por comprar terrenos en la zona para liberarlos de la presión de los pozos y de las extracciones de agua.