La Generalitat mantiene abierto un conflicto legal con el Gobierno a cuenta del Real Decreto 125/2007 por el que se fija el ámbito territorial de las Demarcaciones Hidrográficas que ha sido recientemente admitido a trámite por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo. Fuentes próximas a la Conselleria de Infraestructuras, que en teoría es la destinada a gestionar en el futuro los ríos exclusivamente valencianos, dijeron que una de las razones por las que se había presentado el recurso era la certeza de que se había abandonado «una regla general» para aplicar algunas excepciones que solo afectan-perjudicándola- a la Comunitat.

El recurso cuestiona la distribución territorial de la nueva demarcación-que debe sustituir a la actual Confederación Hidrográfica del Júcar- y que teóricamente es deudora de la Sentencia del Tribunal Supremo de 20 de octubre de 2004, que anula algunos preceptos del Plan Hidrológico del Júcar. En el fondo del conflicto subyace un enfrentamiento más o menos larvado entre la Comunitat Valenciana y la región de Castilla-La Mancha por tener el máximo número de representantes en los organismos donde se gestionan y planifican los usos hidráulicos de las aguas del Júcar. El Real Decreto 125/2007 establece que la demarcación hidrográfica Júcar incluye el territorio de las cuencas hidrográficas que vierten al mar mediterráneo entre la margen izquierda de la Gola del Segura en su desembocadura y la desembocadura del río Cenia. «Quedan excluidas -dice el decreto- las cuencas intracomunitarias de la Comunidad Valenciana, así como las aguas de transición asociadas a ellas». En su recurso, la Generalitat entiende que la delimitación que hace el decreto puede «impedir un uso integral de todos los recursos y suponer, por tanto, un perjuicio para el interés general». Dicho de otro modo: si se considera individualmente cada cuenca hidrográfica intercomunitaria: Júcar, Turia,Mijares, Cenia y Vinalopó y se obliga a la Generalitat Valenciana a asumir las competencias sobre todos los ríos y barrancos que restan, cualquier intercambio de recursos entre una cuenca y otra -algunas ya están interconectadas-sería técnica y legalmente un trasvase, lo que complica extraordinariamente cualquier posibilidad de transferencia de recursos.
Además, la Generalitat entiende que en la redacción actual del decreto se excluyen muchos pequeños cauces y barrancos- y con ellos sus cuencas- que sin embargo si permanecen en la demarcación Júcar cuando se trata de Castilla-La Mancha, lo que le otorgará al final más votos en los órganos de dirección de la futura Demarcación Júcar. «Si se hubiera hecho un cumplimiento estricto de la sentencia del Tribunal Supremo tendrían que haber sacado de la demarcación Júcar la cuenca endorreica de Pozo Hondo – una amplia comarca en torno a esta población donde no existen cauces definidos y el agua se infiltra en el terreno al no tener salida- y no lo han hecho pese a estar citada expresamente en dicha sentencia» , dijeron.

La reivindicación manchega

En la configuración actual de la Confederación Hidrográfica del Júcar la población castellano-manchega supone menos de una décima parte del total y su territorio no llega al 40%. Este reparto provoca que mayoría de los miembros que componenla junta de Gobierno de la CHJ-26- pertenezcan a la Comunitat y solo 3 sean de Castilla-La Mancha. En el Consejo del Agua 46 tienen su domicilio en la Comunitat y solo 8 son castellanos manchegos.
En la Mancha se afirma que si se respetara «lo previsto por la Constitución y los Estatutos» y se extrajeran del territorio de la CHJ las cuencas intercomunitarias valencianas se produciría un aumento de la cuota de participación castellano-manchega en la medida en la que la Comunitat lo perdería. Eso es lo que está en juego y de ahí el recurso de la Generalitat contra un Real Decreto que ofrece algunas lagunas y que ni siquiera interpreta correctamente, según fuentes de la conselleria, la Sentencia del Tribunal Supremo en la que se fundamenta.

El portavoz del Partido Socialista de la Región de Murcia (PSRM-PSOE), José Ramón Jara, ha criticado el «cinismo» del Partido Popular por defender un riego de socorro y, a la vez, un trasvase a las Tablas de Daimiel, según informaron fuentes del Partido Socialista en nota de prensa.

En este sentido, Jara indicó que «esta actitud del PP demuestra la realidad que a los ´populares´ murcianos no les preocupa realmente nuestro regadío, y que su discurso sobre el agua es muy distinto a sus hechos», ya que especificó que «la moción de Zaplana, exigiendo 20 hectómetros cúbicos para las Tablas de Daimiel, perjudica gravemente a los regantes murcianos».

Es decir, que los socialistas murcianos estiman que el agua del Tajo no se debe utilizar en Castilla-La Mancha porque la necesitan ellos.

Críticas al Gobierno de España

En efecto, el PSRM-PSOE ha manifestado su apoyo al Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura, en sus críticas a la moción del PP, que exigió al Gobierno de España el envío urgente de 20 hectómetros cúbicos de la cabecera del río Tajo a las Tablas de Daimiel, en Ciudad Real.

Así pues, Jara recordó que «hace ya veinte días, comuniqué en rueda de prensa la moción presentada por Eduardo Zaplana, que ponía en peligro los regadíos murcianos al detraer recursos de cabecera que son imprescindibles para el regadío murciano», según el comunicado.

Igualmente, Jara opinó que «el Gobierno de España no debe tomar ahora en consideración una propuesta del Congreso, porque, de hacerlo, no podrían enviarse más de diez hectómetros cúbicos del Tajo al campo murciano durante todo el verano».

Aportación mínima

Así, recordó que «fue el Gobierno de José María Aznar el que puso la limitación de no poder enviar por el trasvase Tajo-Segura más de 23 hectómetros cúbicos mensuales», y señaló que «teniendo en cuenta la prioridad del consumo humano, y los 20 hectómetros cúbicos que el PP pide para las Tablas, la posible aportación para el campo murciano es mínima».

Al respecto, Jara afirmó que «Garre, intentando salvar la cara del PP por el desaguisado que acaban de provocar, quiere presentar otra moción para enviar 70 hectómetros cúbicos de agua al regadío murciano cuando sabe que esa moción no tiene ningún valor», y explicó que «las reglas de explotación impedirán, si el Gobierno de España le hace caso al PP, enviar más de diez hectómetros cúbicos este verano, tal y como ha denunciado Francisco del Amor«.

La Estación Regional de Avisos Agrícolas y el Instituto de la Vid y del Vino de Castilla-La Mancha (Ivicam), ha publicado un boletín extraordinario para informar a los agricultores sobre los tratamientos a realizar en los cultivos afectados por las lluvias torrenciales y el pedrisco del pasado mes de mayo en la región.

Los tratamientos que se realicen en el viñedo de las zonas afectadas recibirán ayudas por parte del Gobierno de Castilla-La Mancha.

El boletín informativo puede consultarse en la página web de la Junta, en las cooperativas y bodegas, en las agrupaciones de Sanidad Vegetal, en las entidades locales y en las oficinas comarcales agrarias. La publicación distingue entre tres tipos de situaciones en el caso del viñedo, los que han perdido totalmente los brotes verdes, los que han perdido todo el follaje y la cosecha quedando solamente la parte basal de los brotes y los viñedos con distintos porcentajes de daños por pedrisco pero que conservan parte del follaje y de la cosecha.

Olivar y hortícolas

En cuanto al olivar, para evitar la penetración por las heridas provocadas por el granizo de bacteriosis del tipo de pseudomonas, que producen la tuberculosis del olivo, es conveniente cubrir dichas heridas con un producto cúprico.

Además, es muy importante eliminar el agua de las parcelas, ya que el olivar es muy sensible al encharcamiento.

En hortícolas, en aquellas plantaciones donde los daños de pedrisco no hayan comprometido la viabilidad del cultivo, será conveniente prevenir la aparición de enfermedades criptogámicas y bacterianas, realizando los tratamientos preventivos correspondientes en cada caso.

La Confederación Hidrográfica del Segura ha autorizado, mediante la ampliación del convenio que tiene con el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura, la apertura de nuevos pozos de sequía en el término municipal de Hellín, que se sumarán a los más de treinta ya existentes en este y en otros pueblos de la cuenca hidrográfica.

La gestión de estos pozos de sequía, que vierten su agua al río Segura o a sus afluentes, se encomendó al Sindicato Central de Regantes en el año 2005, y se prorrogó ese acuerdo en octubre del 2006. Esta entidad se encarga de gestionar los sondeos, hacer las obras necesarias para su vertido al río y distribuir las aguas proporcionalmente entre sus integrantes. De todos los pozos abiertos, 14 se encuentran en el término de Hellín y uno en Socovos, y el resto a pueblos de la vecina región de Murcia.

Ahora se ha acordado ampliar el convenio de encomienda de gestión, para incluir tres pozos más en Hellín, uno en la Herrada de las Higuericas, otro en Tavizna y el tercero en el Bancal de Tafalla; a cada uno de ellos se le estima un caudal de 50 litros por segundo.

Sin perjuicios

El acuerdo incluye un punto en el que se establece de que si la explotación de estos sondeos afectase al caudal del río Mundo o a pozos legalizados preexistentes, o provocase perjuicios a terceros, la Confederación paralizaría estos sondeos. La apertura de pozos de sequía provocó tensiones desde su apertura; el alcalde de Hellín, Diego García Caro, llegó a decretar el precinto de algunos, si bien se vio obligado a consentir su funcionamiento tras la reclamación judicial de los afectados, a quienes los juzgados dieron la razón.

En todo caso, los llamados pozos de sequía, según el Real Decreto que regula esta cuestión, tienen siempre carácter provisional, y según afirma esta norma «serán clausurados cuando desaparezcan las condiciones de escasez, y, en ningún caso generarán nuevos derechos concesionales».

El acuerdo por el que la Confederación Hidrográfica del Segura y los regantes del trasvase ampliaban su convenio se ha publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Albacete el 30 de mayo.

E l Ministerio de Medio Ambiente justificó ayer el tercer retraso que se ha producido en el comienzo de las obras del trasvase Júcar-Vinalopó -los trabajos en el municipio valenciano de Llanera de Ranes debían haber empezado hace dos semanas- en el celo con el que los técnicos están examinando toda la documentación del nuevo trazado para evitar situaciones como la que se produjo hace un par de meses con la desalinizadora de Torrevieja. La sociedad estatal Acuamed comenzó la obras junto al parque natural de las Lagunas sin tener completo el informe de impacto ambiental, argumento en el que se basó la Conselleria de Territorio para paralizarlas.

Un portavoz autorizado de Aguas del Júcar admitió ayer que la ejecución del nuevo trazado entre Cullera y Villena acumula «cierto retraso» apuntando, además, que el estudio de las alegaciones presentadas, algunas fuera de plazo como las del Consell, es otra de las circunstancias que explican la lentitud de la ejecución de un trasvase cuyos plazos de ejecución oscilan entre los dieciocho y los veinte meses. «No queremos que pueda haber ninguna complicación administrativa y una vez se inicien las obras éstas puedan sufrir algún retraso. Se trata de un proceso complejo que lleva su tiempo», subrayó el portavoz. Al parecer, la falta de la firma de los proyectos constructivos en la sede del Ministerio en Madrid es el último trámite que queda por solucionar. En un principio, las obras del polémico proyecto debían haber comenzado el pasado febrero.

Por otro lado y en relación a la llamada a la reflexión del presidente de la Junta Central de Usuarios del Trasvase Júcar-Vinalopó, Andrés Martínez, para volver a estudiar el traslado de la toma del agua al Azud de Antella -el caudal sirve también para consumo urbano- veinticinco kilómetros aguas arriba de Cullera, el Ministerio de Medio Ambiente rechaza contemplar la opción. El presidente de los usuarios lanzó la propuesta el pasado martes apoyado en la debacle electoral sufrida por el PSOE en las comarcas del Vinalopó, donde debe llegar el agua del Júcar. Fuentes el Ministerio reiteraron ayer que «en principio no hay ninguna posibilidad de dar marcha atrás. La decisión del cambio de trazado fue técnica, ha sido apoyada en dos ocasiones por la Unión Europea y como no fue un tema político no tiene sentido retomarlo», sentenciaron las mismas fuentes.

Aguas del Júcar celebró su último consejo de administración en Alicante el pasado 11 de mayo, reunión en el que se anunció que el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) había presentado la mejor oferta de financiación de los 35 millones de euros que faltaban por reunir para tener garantizados los fondos para construir el trasvase. En el mismo consejo, el presidente de la sociedad estatal, Juan José Moragues, anunció la incorporación como consejero de Jaurés Vidal, presidente de la Comunidad de Regantes de la Virgen de la Paz de Agost, que había solicitado 6 hm 3 del trasvase desde Cullera. Durante el consejo fueron designados los directores de obra del tramo del nuevo trazado y todo quedó listo, según apuntó la sociedad en un comunicado, para que las obras comenzaran en la semana del 14 al 20 de mayo. Dos semanas después, el Ministerio de Medio Ambiente sigue sin firmar los proyectos constructivos y se ha ralentizado también el inicio de una campaña publicitaria para informar sobre el nuevo trazado.

Por su parte, la Junta Central de Usuarios celebró hace una semana en Villena una asamblea ordinaria en la que se felicitó a Jaurés Mira por su nombramiento como consejero en Aguas del Júcar – el presidente de la Junta, Andrés Martínez, fue relevado a finales de 2005 – . Sin embargo, los miembros de la junta directiva comunicaron al presidente de la comunidad de regantes de Agost, miembro de la Junta Central, que su representación en el consejo de la sociedad estatal se limitaba a su propia persona. «Representa a sus hectáreas, le hemos dejado claro que la opiniones que vierta en el consejo de Aguas del Júcar serán las suyas, no es el interlocutor del resto de los agricultores del Vinalopó como se ha trasladado a la opinión pública desde la empresa pública», aseveraron ayer fuentes de la Junta Central.

Por otro lado, y a pesar de la negativa oficial de Aguas del Júcar a renegociar el trazado del trasvase trasladando la toma del agua a Antella, tal como proponen futuros usuarios, el rechazo electoral cosechado por el PSPV en el Vinalopó ha desatado un gran malestar en el propio Ministerio de Medio Ambiente. Tras la integración de Aguas del Júcar en Acuamed – la empresa con la que el Gobierno desarrolla el Programa Agua – , ayer tomó fuerza la posibilidad de que los directivos ésta última tomen el control de la sociedad con sede en Valencia.

La sociedad estatal Acuajúcar e Iberdrola firmaron ayer un convenio gracias al cual esta última garantiza el suministro eléctrico del nuevo trazado del trasvase Júcar-Vinalopó y se compromete a que esté disponible a mediados de octubre del 2008, según fuentes de Acuajúcar.

En función de este acuerdo, Iberdrola, distribuidor eléctrico de la zona, garantizará el fluido eléctrico de las estaciones de bombeo del nuevo trazado, que elevarán el agua desde el Azud de la Marquesa, en el curso bajo del Júcar, hasta la Balsa de San Diego, en Villena, a través de las conducciones de impulsión proyectadas.

El convenio, suscrito por el presidente de Acuajúcar, Juan José Moragues, y el representante de Iberdrola, Francisco Raga, recoge que la eléctrica se compromete a que el suministro del trasvase esté disponible en octubre del 2008, para que la misma empresa pueda hacer las pruebas de funcionamiento de las estaciones de bombeo antes de la entrada en servicio.

Iberdrola extenderá su red eléctrica en la zona, que será financiada en su mayor parte por Acuajúcar, lo que supondrá una inversión de 2,8 millones de euros por parte de la sociedad estatal encargada de las obras del trasvase.

En concreto, las estaciones de bombeo del trasvase, que deberá abastecer la compañía eléctrica son las del Azud de la Marquesa y El Panser, desde la futura subestación de El Brosquil, en Cullera; la de Llanera de Ranes, desde la línea eléctrica Alcúdia-Alcoi; y la de Moixent, desde la línea Urrutia-Alcoi.

Según las mismas fuentes, esta ampliación de la red eléctrica de Iberdrola permitirá a la compañía abastecer a otros puntos de consumo en los municipios de la zona, lo que «minimizará actuaciones posteriores y, en consecuencia, el impacto ambiental y paisajístico».

Calidad del agua

Por otra parte, la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) va a potenciar el departamento del Área de Calidad de Aguas de la Comisaría de Aguas para intensificar la explotación de las redes de control de la calidad de las aguas en la Cuenca del Segura, que han mejorado en los últimos años y que necesitan un mayor esfuerzo presupuestario y material para seguir en esa línea.

La CHS aprobó invertir 622.063,46 euros en la asistencia técnica para el apoyo a las tareas de protección y seguimiento de la calidad de las aguas continentales en el organismo de cuenca, cuya empresa adjudicataria ha sido Intecsa-Inarsa y cuyo plazo de ejecución es de 24 meses.

Los nuevos trabajadores del departamento realizarán tareas tales como la explotación de las redes de control de la calidad de las aguas, es decir, gestionar tanto la toma de muestras como los datos obtenidos de las distintas redes de control del organismo de cuenca.

Los regantes murcianos y alicantinos del trasvase Tajo-Segura no ocultan su enfado con el PP, ya que consideran que este partido ha puesto en peligro el riego de socorro para este verano con caudales de la cabecera del Tajo, como publicó ABC. Si el Consejo de Ministros atiende la petición del Congreso de los Diputados de enviar 20 hectómetros al parque nacional de Las Tablas de Daimiel -como ha pedido el PP en una proposición no de ley recién aprobada- los cultivos del Sureste sólo tendrían 10 hectómetros para los cuatro próximos meses.

El Partido Popular se apresuró ayer a presentar otra iniciativa en el Congreso para que se envíe 70 hectómetros a los regantes del Segura, según anunció el parlamentario murciano Alberto Garre. Los populares tratan de enmendar el error cometido al dejar de lado a los regantes, pero las cuentas siguen sin salir si hay que derivar agua a Las Tablas.

La iniciativa, firmada por el portavoz del PP en la Cámara Baja, Eduardo Zaplana, argumenta que las lluvias registradas en los últimos días han propiciado una «mejora significativa» en la mayoría de los embalses, de manera que «la reserva hidráulica se sitúa en el 65,4 por ciento de su capacidad total». Resalta, además, que aunque «no todas las cuencas han registrado comportamientos similares», la del Tajo «ha sido la más beneficiada por estas lluvias», hasta el punto de que ha aumentado, según datos del PP, 139 hectómetros cúbicos en relación a la semana previa.

A estudio

El Ministerio de Medio Ambiente y la Confederación del Segura están estudiando el alcance de la proposición no de ley aprobada en el Congreso, para saber hasta qué punto obliga al Consejo de Ministros para enviar los 20 hectómetros a las Tablas de Daimiel, en menoscabo de los caudales para los regadíos.

La propuesta auspiciada por el Partido Popular se ha aprobado justo cuando Castilla- a Mancha ha recibido las últimas lluvias, lo que se interpreta como bueno o malo: por un lado el cauce natural que conduce el agua del Tajo a Daimiel está húmedo y puede facilitar el transporte con pocas pérdidas; pero por otro la zona podría sobrevivir unos meses gracias a esas precipitaciones.

El presidente del Sindicato Central de Regantes del Tajo-Segura, Francisco del Amor, trata de averiguar qué postura va a tomar el Ministerio, que ha retrasado la reunión de la Comisión del Tajo a la próxima semana.

Según las reglas de explotación del acueducto, en la situación actual se pueden desembalsar 23 hectómetros por mes. El Consejo de Ministros estudia autorizar un envío para cuatro meses, con el fin de no volver a reunirse en agosto. Esto supone que habrá 92 hectómetros trasvasables, de los que hay que restar los abastecimientos y probablemente Daimiel.

Del Amor no oculta su preocupación con la situación que ha creado el Partido Popular. «Nos ha sentado muy mal. No entendemos por qué han presentado esta propuesta ahora, cuando llevamos muchos meses esperando un riego de socorro. Estamos muy preocupados, ya que si se envía agua para la población y para Daimiel, sólo quedarían 10 hectómetros para los cultivos. A ver qué decide el Consejo de Ministros».

El diputado del Partido Popular por Murcia, Alberto Garre, que es secretario de la Comisión de Medio Ambiente, no asistió ese día a la reunión porque atendió otro frente con el Estatuto de RTVE. Anunció ayer que su grupo ha presentado en el Congreso una iniciativa urgente para instar al Consejo de Ministros a que envíe 70 hectómetros para los regadíos del Sureste. Niega que el Partido Popular haya hecho un flaco favor a los regantes, ya que a su juicio el Gobierno central «no se ve obligado» a enviar agua a Las Tablas de Daimiel, pese a la decisión de la Comisión.

No es el mejor momento

Admite que «no se ha presentado en el momento más oportuno. Esa propuesta venía desde marzo -apoyada por Eduardo Zaplana- y se ha visto ahora, pero no tiene por qué ejecutarse, puesto que ha llovido en la zona».

En contra del parecer de los regantes, el diputado Alberto Garre insiste en que no se perjudica el riego de socorro solicitado.

La Unión Europea ha decidido archivar la denuncia de la Generalitat Valenciana contra la derogación del trasvase del Ebro. Así lo aseguró ayer la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, antes de comparecer en la Comisión de Medio Ambiente del Congreso para informar de la situación medioambiental en España.

«Hemos tenido desencuentros con algunos gobiernos autonómicos en esta materia, que deberían ser interpretados por los ciudadanos y por los gobiernos con el mayor respeto posible a las instituciones europeas», señaló la máxima responsable en materia medioambiental.

Tras una reunión del Colegio de Comisarios, la Comisión Europea decidió el pasado 21 de marzo archivar la denuncia del gobierno valenciano contra la derogación del trasvase. El ejecutivo levantino presentó dicha queja en julio del año 2004 en la que se oponía al decreto ley que modificaba el Plan Hidrológico Nacional y derogaba el trasvase, alegando un posible incumplimiento del derecho comunitario.

Según la ministra, el texto que acompaña el archivo de esta denuncia es «muy esclarecedor». Además, añadió que la Comisión Europea no tiene «ninguna duda» de que el Gobierno de España está actuando dentro de lo que exige la legislación europea en materia de agua.

La responsable del Ministerio de Medio Ambiente hizo hincapié en que el archivo de la denuncia hace patente que en España no se ha incumplido ninguna directiva comunitaria al derogar el trasvase del Ebro, ya que la Comisión Europea no ha apreciado vulneración alguna de la normativa de la UE.

CONFLICTO DE INTERESES «En política de agua, cuando comenzó esta legislatura», destacó la ministra, «España era objeto por parte de la Comisión Europea de un gravísimo conflicto de intereses porque el anterior Gobierno se empeñaba en solicitar 1.200 millones euros para el trasvase del Ebro».

Recordó que la Comisión Europea no llegó a financiar ese trasvase, y según Narbona, hay informes «contrarios a su financiación, que se conocieron antes de que se iniciase la presente legislatura»; de ese dinero, añadió, «no se obtuvo ni un euro».

Sin embargo, continuó, todas y cada una de las actuaciones del Programa A.G.U.A. (Actuaciones para la Gestión y Utilización del Agua) en las cuencas mediterráneas han recibido financiación europea. «Este programa se sometió a un proceso de evaluación estratégica y cumple las exigencias de las normativas medioambientales», indicó.

Por otra parte, la Comisión Europea dictaminó ayer que los proyectos de plantas desalinizadoras respetan la normativa medioambiental comunitaria, en concreto la directiva sobre Conservación de los Hábitat Naturales y de la Fauna y Flora Silvestre y en lo que respecta a posibles impactos sobre las praderas de posidonia oceá

Los ríos Júcar a su paso por las provincias de Cuenca y Albacete y el río Alberche a su paso por la provincia de Toledo incumplen, en alguno de sus tramos, los criterios de calidad establecidos por las autoridades comunitarias.

Así lo revela el informe anual de la Comisión Europea sobre la calidad de las aguas de baño en la UE, realizado a partir del estudio de 1.863 playas y 171 ríos y lagos en España.

El informe de la Comisión Europea se refiere al río Júcar a su paso por Cuenca, mientras que en Albacete no cumplieron las normas las aguas de algún tramo del río Júcar en Alcalá del Júcar.

En Toledo, el documento recoge que la misma situación se produjo en un tramo del río Alberche.

Por otra parte, el informe recuerda que la Comisión abrió un procedimiento de infracción contra España el pasado año por haber eliminado sin justificación entre 1991 y 2006 de su lista oficial de zonas de baño unos 700 lugares.

Esta es la situación de falta de datos para decidir la calidad que existe al menos en tres lugares de las Lagunas de Ruidera, en el término de Ossa de Montiel.

La CE explicó que en la actualidad está examinando la respuesta enviada por las autoridades españolas.

El documento revela que en la UE el 96,1% de las zonas costeras y el 88,6% de los ríos y lagos cumplieron las normas de calidad de las aguas de baño.

Aunque en las playas la calidad de las aguas decreció ligeramente, la Comisión considera que se trata de una situación «estable, dado que el porcentaje es casi idéntico al de 2005», explicaron fuentes comunitarias.

El documento pone de manifiesto que en España no se prohibió el baño en 2006 en ninguna playa, ni siquiera en las que incumplieron los estándares de calidad.

Las mismas fuentes explicaron que «el verdadero reto» para España está en mejorar la situación de ríos y lagos, con un mayor control del vertido de aguas residuales.