La recuperación del río Júcar permitirá que los ciudadanos de la capital puedan dejar de beber agua de los pozos y recuperar el agua superficial para el abastecimiento humano. Hasta ahora la sequía obligaba a que el agua superficial del río se mezclara con la de los pozos en una proporción de dos tercios de agua del Júcar y el resto de los pozos. Así lo destacó ayer la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) que resaltó la «positiva» y «significativa» recuperación del río Júcar, debido al ahorro en el consumo, las lluvias de finales de abril y el uso conjunto de agua reutilizada y subterránea, que ha permitido que el indicador de sequía «deje de estar en valores de emergencia».

En un comunicado, la CHJ indicó que la situación de sequía se califica en función de unos indicadores que tienen en cuenta los volúmenes de agua de los embalses, los caudales circulantes por los ríos, los niveles piezométricos de los acuíferos y las propias precipitaciones.

«Se calculan periódicamente y, en función de su resultado, se definen las situaciones de normalidad, prealerta, alerta y emergencia», según la CHJ, que agregó que los indicadores del río Júcar llevaban en valores de emergencia desde septiembre de 2005, «año desde el que estamos sufriendo la mayor sequía de la historia reciente del río Júcar».

Según esta institución, con el último análisis de estos indicadores «no se han obtenido valores de emergencia en ningún río de la Confederación Hidrográfica del Júcar», y señala que es «especialmente significativa y positiva la recuperación del río Júcar».

Ahorros en agricultura

La Confederación achaca esta recuperación a los ahorros producidos en el consumo, especialmente en la agricultura; y las lluvias de finales de abril, cuyas escorrentías y filtraciones han permitido mejorar los caudales circulantes, incrementar las reservas de los embalses y mejorar los niveles del agua subterránea.

También atribuye esta mejora al uso conjunto de los recursos, tanto de agua reutilizada como de agua subterránea, especialmente a través de pozos de sequía y actuaciones de emergencia.

En este sentido, la Confederación Hidrográfica del Júcar recordó que el Ministerio de Medio Ambiente ha invertido más de 92 millones de euros para habilitar estos recursos.

Según la CHJ, con esta situación «se confirma que la ciudad de Albacete cierre sus pozos y se abastezca de agua del río Júcar y la ciudad de Valencia aplique su régimen concesional, es decir, se abastezca con un 75% del Júcar y un 25% del Turia».

Explicó que el Plan Especial de actuación en situación de alerta y eventual sequía aprobado por el Consejo del Agua de la CHJ en marzo de 2007 señala que cuando el indicador de sequía deje de estar en valores de emergencia se «deberá continuar con la situación de emergencia».

Esto, según la Confederación, supone seguir «manteniendo todas las medidas y acciones emprendidas, durante un periodo de seis o tres meses, en función de si el indicador es de alerta o de prealerta».

Por último, indicó que la Comisión Permanente de la Sequía seguirá sus reuniones periódicas para gestionar adecuadamente la evolución de la situación, manteniendo todas las actuaciones programadas hasta el momento, tanto de carácter medioambiental como de suministro de usuarios.

El profesor de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), Alfonso Calera, ha sido galardonado con el premio a la calidad I+D+I por el Colegio de Ingenieros de Informática y la Federación de Empresas de Tecnología por su labor en el proyecto Demeter de control de riegos por satélite.

Las razones de la organización para otorgar este reconocimiento al catedrático e investigador del IDR -Instituto de Desarrollo Regional- Alfonso Calera se fundamentan en su trabajo de integración de las tecnologías de Observación de la Tierra a través de satélite para ofrecer asesoramiento al agricultor y ayudarle a conseguir más eficiencia en el uso del agua para riego.

Este trabajo se materializa en el proyecto europeo Demeter, que se ha desarrollado en zonas piloto en España, Portugal e Italia. «Queremos destacar que este premio tiene el reconocimiento de un equipo amplio de investigadores y del grupo de Teledetección del IDR y a todos los socios del proyecto Demeter. Este premio nos hace una ilusión especial, que se une además al reconocimiento que hemos tenido en el diario italiano La República, que ponen en valor añadido el trabajo que hemos realizado».

Calera explicó que este premio viene después de terminar el proyecto «y ahora hemos conseguido continuarlo y expandirlo a través del proyecto Pleyades, en el que seguimos con el objetivo general de una combinación de herramientas basadas en tecnologías de observación de la Tierra mediante satélites completadas con tecnologías de la Información para diseñar herramientas útiles en la gestión del agua».

«El proyecto Demeter fue más dirigido al regante y ahora sin perder este punto de vista nos queremos acercar a las necesidades de los gestores, es decir las autoridades con competencias en el uso del agua, como comunidades de regantes, Confederaciones Hidrográficas, Ministerio de Medioambiente y Ministerio de Agricultura», expuso el profesor Alfonso Calera.

El nuevo proyecto de investigación se puede considerar global pues abarca el estudio de toda la zona Mediterránea y todo el norte de África. «Este nuevo proyecto abarca zonas de España, Italia, Portugal, Grecia, Turquía y Marruecos y al otro lado del Atlántico países como México, Perú y Brasil«, dijo, añadiendo que «la iniciativa, que acaba de echar a andar, tiene ya un amplio trabajo, intentando construir una serie de herramientas de actuación para ser utilizadas en cada una de las zonas pilotos del proyecto y conectadas entre sí a través de internet como plataforma».

Objetivos

Indicó que el objetivo es que la información pueda ser compartida entre todos los países participantes para diseñar actuaciones. «Seguimos utilizando el satélite, la información de campo y tecnologías de la comunicación para visualizar aquellos datos, que sean aprovechables para todos para su aplicación por el resto de los países participantes para tomar decisiones. El desarrollo del prototipo de sistema de información y apoyo a la decisión se está haciendo en Albacete con la circunstancia de que la primera versión ya está realizada y está siendo distribuida para su instalación en la diferentes zonas», afirmó Alfonso Calera.

El Ayuntamiento ha cedido el uso de un solar de 1.700 metros cuadrados a la Junta Central de Regantes para la construcción de su nueva sede. El solar, cuya cesión fue firmada ayer por el alcalde Manuel Pérez Castell, está situado en una de las zonas de expansión de la ciudad junto a la rotonda elíptica que da acceso a la carretera de Ayora y al lado de las nuevas infraestructuras de la Casa de la Cultura y la Escuela de Artes.

Los embalses de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) se encuentran al 23,84 por ciento de su capacidad y almacenan 4,93 hectómetros cúbicos (hm3) de agua menos que la semana anterior, ya que en total albergan 797,83 hectómetros cúbicos de los 3.346,6 de que disponen, según los datos facilitados hoy por este organismo.

Por sistemas, los embalses del Júcar se encuentran al 18,40 por ciento de su capacidad; los del Túria tienen un 39,86 por ciento de agua embalsada; en Alicante, el sistema de la Marina Baja/Serpis dispone del 69,63 por ciento de agua, mientras que en Castellón, el sistema Palancia/Mijares/Cenia se encuentra al 56,20 por ciento de su capacidad.

En el sistema de la Marina Baja, el embalse de Amadorio tiene un 66,91 por ciento de agua almacenada, mientras que el de Guadalest está al 87,93 por ciento. En el Serpis, el pantano de Beniarrés tiene el 62,41 por ciento de su capacidad cubierta. En el sistema Júcar-Turia, La Toba está en el 66,18 por ciento, el de Alarcón un 12,85 por ciento y el de Contreras en 8,33 por ciento.

En el complejo de Cortes, El Molinar está en un 93,08 por ciento de su capacidad, Cortes II en un 91,30 por ciento, La Muela en un 80,72 por ciento, y El Naranjero al 60,35 por ciento. En el Bajo Júcar, el de Tous-La Ribera se encuentra al 31,36 por ciento; Escalona al 4,56 por ciento; y Bellus, al 11,96 por ciento. En el sistema del Magro, el pantano de Forata está al 15,22 por ciento de su capacidad.

En el Túria, el embalse de El Arquillo de San Blas está al 82,45 por ciento, Benagéber al 42,40 por ciento, Loriguilla al 19,43 por ciento y Buseo al 45,07 por ciento. En el sistema del Palancia, el de Regajo se encuentra al 90,92 por ciento de su capacidad y el Algar, al 0,00 por ciento.

En el sistema de Mijares, el de Alcora tiene almacenado un 70,19 por ciento; Arenós un 45,46 por ciento; María Cristina un 37,10 por ciento y Sichar el 80,64 por ciento. En el Cenia, el de Ulldecona está al 90,62 por ciento de su capacidad, mientras que en otros sistemas, el embalse de Almansa está al 11,50 por ciento y el de Onda al 83,14 por ciento.

La candidata a la Junta dice que la región lleva veinticinco años sin dar palo al agua, casticismo de mi cosecha pero que hay que tomar al pie de la letra, porque a ese recurso se refiere. Qué ignorancia, o qué perversión, si se admite, que ya es admitir, que la aspirante tiene una mínima idea de lo que ha pasado aquí desde que existe Castilla-La Mancha como realidad comunitaria en la España de las autonomías.Una afirmación tan frívola no resiste un juicio serio y se puede contrastar fácilmente con datos, que son elocuentes, y que responden a una de las constantes de gobierno más características de Fuensalida en defensa del agua, con obras, acuerdos y reivindicaciones, hasta llegar a la decisión sublime del pleno de las Cortes, en el marco del VII Debate sobre el Estado de la Región, de ponerle fecha de caducidad al trasvase Tajo-Segura.Quiero recordar que durante la discusión de la propuesta de resolución socialista, fue el presidente del Gobierno regional, José María Barreda quien instó al Partido Popular regional, «para ser capaces de elevarnos por encima de los rifirrafes para defender los intereses de nuestra tierra como son el agua y el Estatuto, como han hecho en otras comunidades autónomas como Valencia o Aragón». Ignorar las demandas sobre la participación en la gestión de las cuencas hidrográficas de nuestro territorio, es olvidar un aspecto de una lucha tenaz que mantiene el presidente, de quien se sabe que el Trasvase le quita el sueño. El agua política jamás calmó la sed de nadie, sobre todo de los que Bono -un precursor de la defensa de los caudales lugareños- aguatenientes, auténticos corsarios fluviales.. Las disputas sobre el agua son históricas, y lo seguirán siendo. El agua, en poder del hombre siempre dispuesto a meterse en camisa de once varas, inspiró el trasvase Tajo-Segura, un proyecto colosalista, calificado en su tiempo de faraónico, que a quién se le ocurre torcer la voluntad de un río, que lleva su camino, como muchos otros, y hacerle una geografía nueva, sin juncos en sus orillas -primera y extravagante contrariedad natural- y con una profunda cicatriz para un viaje nuevo. Por si alguien lo ha olvidado, la cosa empezó en 1979, pero venía de lejos, de un plan de Obras Hidráulicas elaborado en 1933 bajo la dirección del ingeniero de caminos Manuel Lorenzo Pardo. La tentativa era acabar con el «desequilibrio hidrológico» del país y el objetivo, el sureste; por cierto, de aquel tiempo es también la idea de hacer lo mismo desde el Ebro: El ministro de Obras Públicas, que era Indalecio Prieto, en una asamblea celebrada en Alicante que sería histórica, acarició las dos posibilidades. Descartado el Ebro y desde hace poco otra vez en candelabro, la china le tocó al otro, asunto que se tragó una guerra y una posguerra, pero que acabó siendo franquista en 1966, que pasaba por allí un plan de desarrollo, vio luz y subió. Se supo entonces que iba a costar 14.500 millones -como ahora dicen, de las antiguas pesetas- pero la cifra sobrepasó los 43.000. Y todo aquello, que daría lugar al llamado aprovechamiento conjunto, empezó a moverse. De aquella operación aun existen secuelas, el río, como los dineros de la copla, se perdía a ojos vistas por filtraciones cuya compensación es -si se prefiere decirlo castizamente, como mear y no echar gota. Invitados de secano, aquí nos quedamos a verlas venir, en una orilla de cardenchas. Y, lo pero de todo, sin arte ni parte en tan formidable cuestión, manejada por organizaciones poderosas donde nunca nos dieron ni un suspiro. Muchos años después, el siglo XXI nos ha cogido en bragas, el control lo siguen teniendo otros y, entretanto, la llamada guerra del agua está en su apogeo, como debe ser. Ni para unos ni para otros se cumplieron jamás las previsiones a que todo dios parecía tener derecho. En las cuencas, como hemos dicho alguna vez, pintamos menos que Cagaestacas en la Audiencia, personaje que existió sin catarlo ni beberlo. Y a todo esto en un panorama desolador, con un déficit hídrico que se sube por las paredes. Muchos, en Toledo, se han dejado la piel en esta pugna tradicional, y no reconocer eso es de ingenuos, o de voluntarios desmemoriados, o de ignorantes.Era raro que el tema no aflorase en la campaña electoral, y ha salido, con un oportunismo locuaz de una candidata, que si se queda aquí después del 27-M como diputada en San Gil, cosa que se duda, podrá saber lo que vale un peine.

La consejera de Obras Públicas, María Encina Álvarez, aseguró hoy que «la mejor huerta con que contará España estará en la provincia de Albacete, porque los agricultores de la región son eficientes en el uso del agua».

La consejera de Obras Públicas inauguró hoy la XXVII edición de la Feria Agrícola y Ganadera de Castilla La Mancha, Expovicamán, junto al alcalde de Albacete, Manuel Pérez Castell, el presidente de la Diputación, Pedro Antonio Ruiz, y el de la Cámara de Comercio, Artemio Pérez.

Álvarez afirmó que la provincia de Albacete dispone de 15.000 hectáreas agrícolas y hortícolas y explicó que la producción de la huerta levantina se está desplazando a Albacete debido a la presión urbanística que está haciendo «inviable» la producción hortícola.

La consejera agregó que los agricultores albaceteños trabajan con «criterios de eficacia» en unas 100.000 hectáreas entorno a la Mancha Oriental, de las que sólo 2.000 están pendientes de modernizar, mientras que «el resto de los regadíos de la zona están modernizados».

María Encina Álvarez señaló que el Gobierno Regional apoya a los agricultores de la provincia de Albacete a través de las ayudas, de 3,6 millones de euros, aprobadas ayer mediante dos órdenes para agricultores y cooperativistas perjudicados por las heladas del invierno de 2006.

Por su parte, Pedro Antonio Ruiz precisó que Expovicamán cuenta en esta edición con 120 expositores sobre 46.000 metros cuadrados en dos pabellones en los que se expone ganado y maquinaria agrícola, y dijo que en los 87 municipios de la provincia «la mejor industria es la cooperativa del pueblo».

Por su parte, Artemio Pérez explicó que en la provincia conviven 32.500 explotaciones agrarias en 800.000 hectáreas, de las que 150.000 son de regadío, y los ganaderos cuentan con 600.000 cabezas de ganado ovino, un sector que ofrece el 15 por ciento del empleo total y el 13 por ciento del PIB de la provincia de Albacete.

Pérez manifestó también que no es partidario «de vender los derechos del agua porque hay mucha industria detrás» y afirmó que el agua se necesita en la región para abastecimiento y uso agrícola.

El alcalde de Albacete se refirió también al agua y apuntó que «no tendremos más existencia si no cuidamos bien el agua y si es imprescindible, debemos reivindicar que Castilla La Mancha tiene ríos y son para esta región».

Según Pérez Castell, los agricultores de Albacete «son quienes más cuidan el agua del acuífero y del río Júcar: hacen productiva cada gota de agua» y aprovechó la ocasión para pedir el uso de las energías renovables, «es una alternativa para el campo producir biocombustibles».

Añadió que «en Albacete cuanta energía consumamos debe ser energía limpia en un cien por cien» y señaló como reto el uso «de biocombustibles y de la luz del sol».

Cuando José María Barreda planteó, en el transcurso del debate de investidura celebrado durante el mes de abril del año 2004, la necesidad de poner fecha de caducidad al trasvase Tajo-Segura, muy pocos eran los que se podían imaginar que ahora, tres años después, prácticamente el 74 por ciento de los ciudadanos de la Región apoyan esa postura, que además se ha incluido por unanimidad en el texto de la Reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha.

El problema del agua, el de la necesidad de aprovechar los recursos hídricos para desarrollar económicamente nuestra tierra, y para tener voz y sobre todo voto en los órganos de gestión del agua, ha calado entre los castellano-manchegos, y lo más importante es que ha calado entre todos los segmentos de la población: tanto entre mujeres como entre hombres; entre mayores y entre jóvenes, entre los votantes de un partido y los de otros, y mayoritariamente entre los habitantes de las cinco provincias de la Comunidad Autónoma.

El agua del río Tajo debe servir, debe utilizarse prioritariamente, para promover el crecimiento y desarrollo de nuestra tierra, según se desprende de las repuestas de los ciudadanos de la Comunidad Autónoma a una pregunta concreta: Hay que acabar con el trasvase Tajo-Segura y aprovechar ese agua en beneficio de Castilla-La Mancha: y la respuesta mayoritaria es Si, y sin ambages.

Esta es la conclusión más obvia que se extrae del sondeo de TNS-Demoscopia para La Tribuna.

Sin discusión ninguna, mayoritariamente. Así que diga lo que diga el Gobierno central o las comunidades de Valencia y especialmente Murcia, el agua del Tajo se debe utilizar aquí.

Y por ello, la reforma del texto del Estatuto de Autonomía, que aprobaron las Cortes regionales el pasado 29 de enero tiene, al menos en este punto, el apoyo mayoritario de los ciudadanos, y esta encuesta servirá para que cuando se decida en el Congreso de los Diputados si se admite ese texto, y si se acepta el texto tal y como llegó al Parlamento nacional, los representantes de las Cortes de CLM y del Gobierno regional tengan argumentos de peso para defender que debe respetarse el sentir mayoritario de la Región a la hora de fijar la fecha de caducidad del trasvase.

RESUMEN DE LA ENCUESTA. Todos los castellano-manchegos encuestados fueron preguntados por la cuestión del trasvase, para conocer, desde su perspectiva, si debería acabarse o no con el mismo y utilizar esa agua en beneficio de la Comunidad.

Los datos aportados por el sondeo no dejan lugar a dudas. Una amplia mayoría de los ciudadanos, casi 3 de cada 4, creen que, efectivamente, debería ponerse fin a esa derivación de agua frente a un 14,4 por ciento (una séptima parte de la población) que piensa que debería continuar existiendo, y un 11,7 por ciento restante sin una opinión formada al respecto.

En todos los segmentos de la población, la proporción de los que piensan que debería acabarse con el trasvase es ampliamente mayoritaria, especialmente, según sexo, entre las mujeres (79 por ciento); según edad, entre los menores de 35 años (77 por ciento); según provincia, en Cuenca (casi el 76%) y Guadalajara (75,5 por ciento) y, según el comportamiento electoral en los comicios autonómicos municipales celebrados en el año 2003, entre los votantes del Partido Socialista Obrero Español (78 por ciento), aunque en todos los casos con porcentajes tan altos que no admite discusión la necesidad de poner fecha de caducidad.

Un convenio de hidrogeología, por valor de 103.000 euros, permitirá confeccionar un modelo de flujo subterráneo de los acuíferos de la Mancha Oriental y su relación con los ríos Júcar y Cabriel, para saber cómo gestionar el agua «de modo que esta relación sea lo más eficiente posible».

El convenio lo suscribieron ayer en Albacete el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Juan José Moragues, el presidente de la Junta Central de Regantes de la Mancha Oriental (JCRMO), Agustín González, y representantes de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) y la Politécnica de Valencia. Precisamente, serán dos grupos de investigadores especialistas los que elaboren el estudio: uno procedente del Instituto de Ingeniería Hidrológica de Valencia, y el otro de la UCLM, el equipo de Teledetección.

El presidente de la JCRMO explicó que el modelo resultante «será un instrumento para tomar decisiones», decidirá sobre la gestión del acuífero de la Mancha Oriental y su relación con el río Júcar, y contemplará diversos trabajos de los que destacó dos.

Uno, dijo González, se refiere a qué recarga del acuífero se produce por la lluvia; y sobre los retornos y aportaciones superficiales al acuífero procedentes, por ejemplo, del Canal de María Cristina y del río Balazote.

Otro trabajo de interés, dijo el representante de los regantes, es el que estudia la relación acuífero-río en el Júcar que se trabajará en el tramo «más sensible», el de Alarcón-Molinar, y el Cabriel, que se trabajará en el tramo Contreras-Cofrentes.

Según González, el objetivo es también conseguir con los desembalses del pantano de Alarcón «un río ecológicamente soportable, un río vivo». Por su parte, Juan José Moragues, explicó que el convenio supondrá 103.000 euros, 98.000 aportados por la CHJ y 5.000 euros por parte de la Junta Central de Regantes.

Moragues destacó que a finales de este año «esperamos tener ya los primeros resultados» del estudio, y añadió que»es un caso muy claro de lo que llamamos I+D+i aplicado a la gestión del agua y del Júcar, de vital importancia tanto en Albacete como en Valencia».

El presidente de la CHJ aseguró que en la Confederación «necesitamos estos conocimientos para que nos acerque a unas normas de explotación del sistema Júcar que permita integrar las aguas superficiales, las subterráneas y, más adelante, permita integrar también lo que llamamos recursos no convencionales como son aguas de reutilización o de desalación».

Por su parte, el vicerrector de Investigación de la UCLM, Francisco José Quiles, precisó que el proyecto señala las tareas de cada grupo de investigación, y dijo que se ha apostado por dos universidades ya que por razón de ubicación geográfica, «anulan cualquier susceptibilidad sobre el perfil del informe».

Restricciones

Por otra parte, el presidente de la JCRMO afirmó que en el acuífero de la Mancha Oriental persisten las restricciones para riego, ya que, a pesar de las lluvias de los últimos meses, «no se ha salido de la situación de sequía».

Explicó que en los cuatro o cinco últimos meses «han caído unos 240 milímetros de lluvia que tampoco es para tirar cohetes, no hemos llegado de ni siquiera a la media histórica de precipitaciones en esta zona». No obstante, dichas lluvias y la recarga del acuífero por la falta de uso de esas aguas subterráneas sí han contribuido a la recarga, en un porcentaje que no precisó.

«Tenemos que ser realistas», indicó, ya que «la recarga de los embalses está sólo un diez por ciento por encima de lo que estaba el año pasado».

«Se han encendido ya todas las luces rojas de alarma», advierten las conclusiones del diagnóstico de sostenibilidad medioambiental que Comisiones Obreras del País Valenciano se dispone a publicar como continuación del que vio la luz hace cinco años. El grupo de expertos autores del estudio, que actualiza indicadores sobre la interrelación de la sociedad valenciana y su medio ambiente, señala que es imposible mantener el ritmo que ha elevado en 20 años un 100% la generación de residuos, un 150% los requerimientos de energía y las emisiones de CO2, un 200% el empleo de electricidad y un 250% el consumo de cemento.

«El 98% de la energía primaria precisada por el sistema económico procede del exterior»

«Estamos muy próximos a un punto de no retorno, traspasado el cual, la actual crisis crónica aflorará en múltiples manifestaciones agudas con profundas implicaciones económicas, sociales, políticas e institucionales», señala el estudio titulado Un diagnòstic de la sostenibilitat mediambiental del País Valencià, que ha dirigido el profesor Ernest Garcia y en el que han participado, entre otros, Ricardo Almenar, Emèrit Bono y Maria Diago. El trabajo, que cada cinco años revisa los indicadores generales de la interrelación entre la sociedad valenciana y su medio ambiente, aborda aspectos como la evolución de la densidad de población, la generación de producto económico, el volumen de residuos, los requerimientos de agua y la presión antrópica sobre el medio ambiente.

El apartado de conclusiones del estudio, al que ha tenido acceso este periódico, revela que, en el decenio comprendido entre 1995 y 2005, ha sido mucho mayor el crecimiento del uso de recursos que el aumento demográfico, ya que el modelo de desarrollo causa crecimientos exponenciales en la explotación del medio natural. Así, el aumento de energía final ha sido del 73%; el de agua final urbana, del 69%, y el de recursos minerales para la fabricación de cemento, del 133%. Sin embargo, en ese periodo, el incremento demográfico ha sido del 18% (aunque, como advierte el estudio, muy desequilibrado en la relación entre la zona litoral y el interior, lo que hace más agudos los problemas) y el del producto económico, del 46%.

«No sólo el País Valenciano presentaba a mediados de la pasada década unas densidades de población y de actividad económica manifiestamente elevadas», explica el estudio, «sino que han crecido sustancialmente desde entonces y más rápidamente de lo que lo han hecho las de otros ámbitos territoriales, como el español, el europeo o el mundial. Y peor aún: ese incremento ha precisado de incrementos aún mayores en muchos de los recursos y residuos más significativos, desde la energía o los recursos minerales hasta las emisiones de CO2 o los residuos sólidos urbanos».

El informe pone énfasis en la «marcada inadaptabilidad a la presión humana» de los sistemas ambientales valencianos, que los hace muy vulnerables, y en la pobre productividad biológica de las tierras y los mares. Como ejemplo, explica que, en verano, el 80% de la masa de aire existente tarda entre seis y ocho días en renovarse (un orden inferior al de las Islas Británicas). La baja renovación atmosférica y la alta radiación solar hacen que densidades de vertidos que en otros lugares causarían contaminación leve o moderada provoquen contaminación grave o muy grave.

Otro elemento fundamental es que la utilización de energía se ha disparado, de manera que «el 98% de la energía primaria precisada en 2005 por el sistema económico valenciano procede del exterior», frente al 85% del conjunto de España o el 56% de la media de la Unión Europea de 25 países. Asumir un grado de dependencia energética tan abultado, según los autores del estudio, «implica asumir alegremente un alto riesgo de estancamiento económico o de colapso».

Por lo que se refiere a las emisiones de dióxido de carbono, el informe recuerda que el del cambio climático es un problema global cuya incidencia puede resultar especialmente aguda en el ámbito valenciano, ya que el 90% del territorio posee un clima que va de subhúmedo a seco o semiárido acentuado y un aumento de las temperaturas incidirá negativamente sobre la densidad de la cubierta vegetal, la intensidad de los incendios forestales, la erosión y salinización de los suelos y la disponibilidad de recursos hídricos. En relación con este último apartado, el estudio indica que, en el marco de las reducciones esperables para mediados del siglo XXI en las cuencas hidrográficas de la Península Ibérica, los mayores descensos de recursos hídricos se darán en las del Segura y del Júcar, con una disminución del 28% y el 22%, respectivamente.

En conjunto, los autores de la investigación señalan que las conclusiones no pueden ser optimistas, ya que «se han encendido todas las luces rojas de alarma». El resultado puede ser «un país muy diferente al que ahora conocemos y al que -pese a los rápidos cambios de los últimos años- todavía reconocemos». Por ello, hacen un llamamiento a que la sociedad supere su actitud «autista» frente a lo que consideran una «deriva traumática».