Una reunión extensa, profunda y de máximo nivel permitió ayer a los miembros del Comité de Crisis de la cuenca del Segura alcanzar nuevos acuerdos económicos con el Gobierno de la nación para paliar las pérdidas de los tres años de sequía. A cambio, ambas partes decidieron dejar para después de las elecciones todo lo referente al Trasvase Tajo-Segura y, en concreto, Al nuevo desembalse de socorro de 170 hectómetros cúbicos que pedían los regantes. Esta solicitud se tratará en la reunión periódica y ordinaria de la Comisión de Explotación del Acueducto prevista para la primera semana de junio, según informaron ayer fuentes del Ministerio de Medio ambiente y de los regantes.

Esta decisión se tomó en plena campaña, tras meses de reproches del Levante al Gobierno, y se eludió el trasvase para evitar una explosión de indignación en La Mancha, según fuentes bien informadas.

El encuentro en La Moncloa contó con la vicepresidenta primera, Fernández de la Vega; las ministras de Medio Ambiente, Cristina Narbona, y de Agricultura, Elena Espinosa, y el presidente de la Confederación del Segura. Enfrente estaban los miembros del Comité de Crisis que representan a regantes, empresarios y sindicatos de Murcia, Alicante y Almería.

Excedentes por lluvias

Dejar para después de las elecciones el nuevo desembalse del Tajo al Segura no representa un contratiempo, puesto que las últimas lluvias han dado un pequeño respiro y porque, además, la Comisión de Explotación debe reunirse dentro de un mes para estudiar qué caudales se pueden derivar, toda vez que los pantanos de la cabecera del Tajo almacenan 185 hectómetros excedentarios. De igual forma se dejó aparcada la petición de los regantes de anular la parte del Estatuto de Castilla-La Mancha que postula liquidar el trasvase en el año 2015, y forzar a su vez un pronunciamiento inequívoco del Gobierno que garantice su continuidad del acueducto.

Con el Tajo al margen, De la Vega sí atendió el resto de peticiones del Comité de Crisis que ya fueron planteadas en septiembre y que se traducen en más ayudas económicas, exención de cánones e inversiones. Se empezarán a devolver los 40 hectómetros de deuda que reclaman los regadíos. Esta devolución será gradual.

Asimismo, se prorrogará el decreto de sequía, que mantiene la compra de derechos de agua a otras cuencas y la condonación de una parte importante de la tarifa del acueducto Tajo-Segura. Otro de los compromisos apunta a una tarifa eléctrica específica y más barata para los regadíos, que consumen mucha energía con los bombeos de agua. También aumentarán las inversiones para las obras de mejora de los canales del trasvase, con el fin de reducir las pérdidas durante el transporte de caudales. Los proyectos y cultivos que se han visto anulados por falta de caudales en los dos últimos años serán estudiados también para ver compensaciones económicas.

Precio del agua

Más indefinido quedó el compromiso para rebajar el precio del agua desalinizada para los cultivos. El Ministerio la oferta ahora a 39 céntimos el metro cúbico. Una comisión técnica se encargará de buscar una fórmula para rebajar ese precio, ajustada al principio de recuperación de costes de la Directiva Marco de Agua. Narbona anunció un segundo Programa Agua para la cuenca del Segura basado en más inversiones para modernizar regadíos y más producción de agua desalinizada, aunque no concretó.

JOSÉ MIGUEL GONZÁLEZ MORAGA

Si uno busca modelos de gestión en los ayuntamientos, encontrará de todas clases, independientemente del color político de quien gobierne. Hay ayuntamientos del PP que optan por la gestión municipal, como los hay del PSOE que optan por la gestión indirecta. Igual pasa con los pocos de IU. No es cuestión de ideología, sino de decisión.

En 1997, un gobierno del PP optó por una concesión administrativa para el servicio del ciclo integral del agua. Años antes, otro gobierno municipal, esta vez del PSOE, había optado por este tipo de gestión en la lectura, cobro y facturación de los recibos del agua. Era una decisión legítima y enmarcada en lo que viene siendo habitual en la mayoría de ayuntamientos de España, tanto de un color como de otro.

Se redactó un pliego de condiciones y se sacó a concurso, garantizando la publicidad y libre concurrencia. Acudieron cinco empresas, se valoraron sus ofertas y se adjudicó a Aquagest. Ninguna empresa reclamó. Sí lo hicieron en el PSOE, a los que no se les dio la razón, y los tránsfugas de IU, no porque el servicio no podía o debía ser gestionado indirectamente, sino argumentando que se valoraba la experiencia y no debería hacerse. Los tribunales primero fallaron a su favor y el Supremo ahora lo ha confirmado. No se puede valorar la experiencia en un pliego de condiciones y por lo tanto la concesión adjudicada en su día queda anulada.

Sorprende la alegría del Alcalde, como si la sentencia la hubiera ganado su grupo. Como sorprende que el Ayuntamiento por él gobernado haya seguido incluyendo la experiencia como concepto a valorar en numerosos concursos, con la ventaja de que a nadie se le ha ocurrido acudir a los Tribunales por ello. Pero más llamativo es que IU no pida la ejecución de la sentencia «por responsabilidad política», a buenas horas mangas verdes. Aunque esa decisión tiene poca importancia ahora, ya que el PP tiene actualmente en los Tribunales un procedimiento contra la prórroga de la concesión del ciclo integral del agua por veinticinco años más, a partir de que finalice la actual (dentro de quince años), la cual acaba de ser anulada. Seguramente muchos se preguntarán: ¿Cómo se puede prorrogar una concesión anulada por el Supremo?

Igualmente, desde el PP hemos recurrido la creación de una empresa mixta, que no municipal (Aguas de Albacete), a la que se ha traspasado la concesión anulada por la citada sentencia del Supremo, donde el Ayuntamiento ha comprado con dinero de todos, el 26% de su capital con dos únicos objetivos. El primero hacer presidente de dicha empresa a Pérez Castell (otro cargo más en su currículum).

El segundo objetivo es el de engañar a los albaceteños, vendiéndoles que el Ayuntamiento ha recuperado el control público del agua. En todo caso cabría hacerse otra pregunta parecida a la anterior: ¿Cómo se puede traspasar una concesión anulada por sentencia del Supremo?

En noviembre de 2004 el Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana publicaba un documento muy crítico sobre la situación del urbanismo en la autonomía. Ahora, el último informe la defensora del Pueblo manchega, Henar Merino, dedica un capítulo especial a abordar esta cuestión que cada vez tiene más importancia en esta región ante el fuerte desarrollo que experimenta.

La expansión urbanística no se ha quedado sólo en la costa, sino que afecta ya a la práctica totalidad de regiones españolas. Según un informe de Ecologistas en Acción, que no ha sido negado por la Junta de Castilla-La Mancha, pese a que LAS PROVINCIAS trató de conocer en varias ocasiones sus puntos de vista, en el horizonte de 2030 se habrán construido un millón de viviendas más en esta autonomía, el doble de las que existen en estos momentos. Además, están proyectados unos 25 campos de golf, una cifra que la asociación ecologista llega a situar en 50.

Este notable desarrollo urbanístico tiene una directa incidencia en la Comunitat Valenciana, ya que estas viviendas van a ser abastecidas con el agua de los ríos Tajo y Júcar, con lo que disminuirán los cauces que aportan a Valencia. También terminarán de sobreexplotar los dos principales acuíferos de la región, ya en peligro.

Informe
El informe de la defensora del Pueblo no utiliza términos tan tajantes como el del Síndic de Greuges de 2004, pero describe una situación muy similar. El Síndic de Greuges, entonces Bernardo del Rosal, advirtió de que la Administración no suministraba información suficiente a los vecinos sobre las actuaciones urbanísticas.

Además, resaltó la escasa participación de los vecinos en la planificación urbanística. Pero, sobre todo, hizo hincapié en la “pasividad municipal y autonómica ante la comisión de infracciones urbanísticas”.

El informe de la defensora del Pueblo manchega podría considerarse una copia de las líneas básicas expuestas por Del Rosal en 2004. Merino denuncia, en primer lugar, la “pasividad de las entidades locales” ante las presuntas infracciones denunciadas y señala que no se están tomando las medidas correctoras adecuadas por parte de las autoridades pertinentes.

Además, recuerda las conclusiones de las Jornadas de Coordinación de Defensores del Pueblo celebradas en octubre de 2006 en las que se conminaba a las Administraciones autonómicas a aplicar sus competencias sancionadoras para acabar con las infracciones, algo que parece no se está haciendo en Castilla-La Mancha.

Merino llama la atención sobre el número de quejas planteadas por los ciudadanos ante las dificultades de acceso a la información, que llega a calificar de “opacidad informativa” lo que, en su opinión, genera “una acusada sensación de indefensión”. Una queja muy similar a la planteada por el Síndic contra muchos ayuntamientos y la Generalitat.

Es más, también critica a la Junta, presidida por el socialista José María Barreda, y a los ayuntamientos por permitir que modificaciones del planeamiento general “que implican importantes cambios demográficos en los municipios” se hagan al margen de los planes generales. Esta es una de los principales argumentos utilizados por el PSPV para criticar el urbanismo valenciano, mientras que sus compañeros de partido lo permiten en una región vecina.

El informe de Merino reconoce que hay ayuntamientos que han otorgado licencias indebidamente tanto de construcción como de urbanización.

La comparación entre ambos informes pone en evidencia que la situación del urbanismo en estas dos comunidades no es tan diferente. Pero la Comunitat Valenciana ha sido objeto de tres visitas de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, mientras que Castilla-La Mancha no ha recibido ni una sola crítica y su fuerte desarrollo constructivo está pasando prácticamente inadvertido.

Esta situación ha sido criticada por el PP que acusó a la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, de tener una “doble vara de medir”. El vicesecretario regional del PP, Ricardo Costa, lamentó que Cristina Narbona “dé la callada por respuesta para denunciar actuaciones que se desarrollan en comunidades socialistas y que afectan a la valenciana”.

Estamos en mayo, y seguimos sin Ley de Aguas. El Ministerio de Medio Ambiente había prometido que llegaría al Consejo de Ministros en abril, pero lo cierto es que la ley sigue negociándose entre administraciones y usuarios. De momento, de fechas, nada se sabe.

Uno de los mayores escollos que han retrasado su aprobación tiene que ver con el régimen económico del agua. La intención del ejecutivo es incoporar tasas que garanticen la recuperación de los costes en obras y servicios.

Esta idea se procede de la Directiva Marco del Agua de la UE (2000/60/CE) que establece el principio de recuperación íntegra de los costes del agua, conforme al principio de que «quien contamina, paga» (artículo 9).

El problema es que la traslación de este principio a la realidad es muy complicada. Fuentes de los usuarios profesionales del agua de nuestra provincia explicaban recientemente que «la Directiva Marco del Agua está muy bien diseñada para el norte de Europa, donde el principal problema del agua es la contaminación, pero aquí el problema es la escasez».

Dicho de otra forma, que en los países mediterráneos de la UE, el coste de traer un metro cúbico de agua al grifo del usuario, sea particular o profesional, es bastante más elevado, de partida, que el mismo coste para un país nórdico, donde sequías como las que padece el Sudeste de España son, literalmente, inconcebibles.

Por este motivo, la aplicación literal, y sin mecanismos compensatorios, del principio de recuperación íntegra de los costes relacionados con el agua habría provocado un incremento masivo y desmesurado del precio del agua en buena parte de España.

La propia Directiva Marco, y el borrador de modificación de la Ley de Aguas presentado al Consejo Nacional del Agua, prevén, no obstante, «tener en cuenta» los condicionantes sociales, ambientales y geográficos a la hora de diseñar un nuevo régimen económico del agua.

Pero el problema es el ‘como’. La semana pasada, hubo una reunión en Madrid para tratar este asunto entre representantes del Ministerio de Medio Ambiente, organizaciones agrarias y organizaciones de regantes.

La postura del ministerio, según reza en el borrador, era introducir un régimen económico del agua basado en cuatro conceptos. Dos de ellos ya existen y proceden de la ley actual sin modificaciones. Son el canon por la utilización de los bienes del dominio público hidráulico y el canon de vertidos.

El tercero también existe, aunque se han introducido diversas modificaciones y adiciones en el mismo. Se trata del canon que se paga por la regulación y como tarifa de utilización del agua.

El cuarto es de nueva creación y ha resultado ser el punto más polémico, la «tasa por prestación de servicios, registro, control e inspección de los usos del agua» pues ha sido visto por los usuarios como una «ecotasa» que penalizaría el consumo de agua, especialmente para regadío.

Y el principal resultado de la reunión es que no ha habido resultado. Seguimos sin ley, y la prensa nacional especula con la posibilidad de ‘congelar’ la tramitación de la norma hasta que pasen las elecciones generales del 2008.

Las reservas hídricas de los embalses de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) han aumentado en la última semana 37,88 hectómetros cúbicos (hm3), con lo que el agua almacenada en los pantanos se sitúa en 796,34 hm3, lo que representa el 23,80 por ciento de sus 3.346,6 hectómetros de capacidad total.

De los veintisiete embalses de la CHJ, veinticuatro han aumentado sus reservas en la última semana, siete la han disminuido y otros dos no han variado su nivel, según informaron hoy fuentes de esa entidad.

El embalse que ha registrado un mayor incremento ha sido el de Sichar, que ha aumentado 7,31 hectómetros y se sitúa al 79,56 por ciento de su capacidad.

También han aumentado sus reservas los pantanos de Tous-La Ribera, con 6,52 hectómetros cúbicos; el de Alarcón, con 6,18, y el de Arenos, con 4,90 hectómetros.

Por otra parte, los embalses que han reducido sus reservas son el de Cortes II, que ha perdido 5,11 hectómetros cúbicos; el de Onda, que pierde 0,27; el embalse de Regajo, con una perdida de 0,08 hectómetros cúbicos; La Toba, que pierde 0,08 hectómetros cúbicos; el de Escalona, que pierde 0,03 hectómetros cúbicos y el embalse de El Naranjero y Alcora que han perdido 0,01 hectómetros cúbicos cada uno.

Los embalses que no han variado su nivel son los de Algar que sigue seco y el de Almansa, que sigue con 11,50 por ciento de su capacidad.

El consejero de Agricultura y Agua de Murcia, Antonio Cerdá, aseguró ayer que la vicepresidenta primera del Gobiern, María Teresa Fernández de la Vega, «podría autorizar al menos el envío de 83 hectómetros del trasvase Tajo-Segura si emplea la fórmula electoralista que utilizó hace un año para remojar la proclamación del candidato socialista en la Región, y más del doble si aplica la Ley». De esta forma se refirió el consejero murciano a la reunión que De la Vega mantendrá hoy, en La Moncloa, con los miembros del Comité de Crisis de la Sequía de Murcia, Alicante y Almería.

Así, Cerdá recordó que, en mayo de 2006, los pantanos de la cabecera del Tajo acumulaban cerca de 350 hectómetros y el Gobierno de Zapatero «autorizó un «chorrico» de 20 hectómetros el mismo día en que se celebró el mitin Pepiño Blanco-Saura». Un año después -explicó-, los embalses de Entrepeñas y Buendía almacenan 63 hectómetros más, «por lo que si aplican su propia receta deberían autorizar 83 hectómetros, los 20 autorizados en 2006 más los 63 adicionales que hay en estos momentos».

El responsable de Agua de Murcia insistió en que en la actualidad hay 413 hectómetros en los embalses de cabecera del Tajo, de los que 173 son excedentes, por encima de la línea roja de los 240 hectómetros que marca la Ley para poder trasvasar, por lo que -según Cerdá- la vicepresidenta «debe atender las demandas de los agricultores murcianos para asegurar las plantaciones y los riegos de verano, sin ningún tipo de cortapisa legal ni política». Además, se preguntó «por qué el Gobierno central no ha aprobado mucho antes un riego de socorro para la agricultura murciana, pese a haber excedentes más que suficientes para no comprometer en absoluto el abastecimiento humano».

Garantía para el Tajo-Segura

El consejero del Gobierno presidido por Ramón Luis Valcárcel instó a la vicepresidenta del Gobierno a que «abandone la ambigüedad que existe en el Ejecutivo socialista respecto al futuro del acueducto» y que «diga, y escuchemos en público, que el trasvase Tajo-Segura no se toca».

Por otra parte, criticó las declaraciones realizadas el sábado por Rodríguez Zapatero, en el mitin que ofreció en Talavera de la Reina, donde dijo que el Gobierno central no tomará ninguna decisión en materia de agua sin contar con el Gobierno de Castilla-La Mancha.

El presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), José Salvador Fuentes Zorita, ha dado por terminada la sequía de tres años en la cuenca del Segura al constatar que en los siete primeros meses del año hidrológico se han recogido 300 litros por metro cuadrado, cuando en el mismo periodo del año anterior tan sólo se llevaban 190 litros.

«Sí se puede decir que por fin se ha acabado la sequía pluviométrica, ya que sólo en abril se ha recogido 70 litros por metro cuadrado, y en los primeros meses de mayo también ha habido precipitaciones, que han venido literalmente como agua de mayo» , explicó Fuentes Zorita.
No obstante, el presidente de la CHS quiso ser cauto, y recordó que la sequía hidrológica, en la que se tienen en cuenta los recursos de los que dispone la cuenca en la actualidad, «no se ha superado, ya que el agua disponible no nos sobra, pues los recursos que se incorporan al sistema fruto de las escorrentías, la que va a los embalses, son mínimos ».
Los datos que obran en la Confederación del Segura ponen de manifiesto que «hay una pequeña recuperación de los embalses de la cuenca, que la semana pasada registraban 15 o 20 hectómetros de agua más que el año anterior. Esta cifra, sumada a los recursos generados en las desalinizadoras, asegura que se llegará al verano y se completará el periodo hidrológico sin restricciones» , resaltó Fuentes Zorita, quien el viernes cumplía tres años al frente de la CHS tras la victoria del PSOE de José Luis Rodríguez Zapatero en 2004. En relación al agua para el riego, Fuentes Zorita aseguró que seguirán necesitándose los recursos del Tajo-Segura para evitar las restricciones.
Además, el presidente de la CHS expresó su deseo de que se cumplan las previsiones de que cuanto más llueve menos consumo se produce en la cuenca, «pues una parte del consumo, como por ejemplo el riego de jardines, disminuye con las lluvias, ya que una persona que ve que el jardín tiene agua suficiente no necesita recurrir al agua del grifo», especificó.

Agua sobrante del Júcar-Vinalopó

Asimismo, Fuentes Zorita anunció la intención de que el agua sobrante del trasvase entre el Júcar y el Vinalopó pueda inyectarse en el acuífero Jumilla-Villena, lo que acabará con su sobreexplotación.
Por otra parte, la CHS ha multiplicado por cuatro la producción de agua desalada en tres años, al pasar de 18 a 72 hectómetros cúbicos anuales.

El candidato a la Asamblea de Murcia por el Partido Popular y miembro del Gobierno murciano José Antonio Ruiz Vivo calificó de «ofensivas» las declaraciones de José Luis Rodríguez Zapatero en las que afirmó en su mitin de Talavera de la Reina que no va a tomar decisiones sobre agua sin antes contar con el presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda.

En este sentido, Ruiz Vivo denunció que «esta es una nueva ocasión en la que el que se supone que es el líder de la nación se inclina ante Barreda y confirma, como se temía el Partido Popular, la existencia de un pacto oculto entre Zapatero, Narbona y Barreda para perjudicar a la Región de Murcia y cambiar agua trasvasada por agua desalada».
 
Estas críticas desde Murcia se enmarcan en la fuerte polémica por el uso del agua y el trasvase Tajo-Segura que mantienen desde hace meses los líderes murcianos y castellano-manchegos, una «guerra» intensificada a raíz de la inclusión en el nuevo Estatuto de Castilla-La Mancha del fin del propio trasvase.

«Mientras tanto -aseveró Ruiz Vivo-, tal y como nos tiene acostumbrados, el secretario general del PSRM-PSOE, Pedro Saura, se mantiene mudo e inmóvil ante un nuevo ataque a la Región de Murcia». A lo que añadió que «quizás el socialista no es consciente de que estas nuevas declaraciones incendiarias de Zapatero vuelven a poner en peligro el trasvase del Tajo».

Así, el candidato a la Asamblea regional matizó que «a lo mejor el secretario general de los socialistas murcianos no valora lo suficiente el trasvase, desconocedor de que es el sustento de 250.000 familias murcianas que viven de la agricultura». Por lo que agregó que «se trata de una nueva bofetada del Partido Socialista, una nueva traición que ya se suma a la de la derogación del trasvase del Ebro, al bloqueo del Aeropuerto Internacional y de la alta Velocidad, entre otras muchas».

Para el candidato del Partido Popular, «Zapatero sigue demostrando su ineficacia en su política de agua dando alas a Barreda que, recordemos, ya admitió que la guerra del trasvase del Tajo había comenzado con la derogación del trasvase del Ebro».

El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, se comprometió ayer a no tomar ninguna decisión en política de agua «sin contar con el Gobierno de Castilla-La Mancha».

En un mitin de precampaña celebrado en Talavera de la Reina, Zapatero destacó la gestión socialista en estos veinticinco años, en los que «habéis conseguido -dijo- pasar del olvido al orgullo» y elogió de forma especial el trabajo por la comunidad autónoma y por España del «joven Bono», que como ex presidente castellano-manchego asistió al acto en primera fila y subió finalmente al escenario.

Zapatero, acompañado también del presidente regional, José María Barreda, y del alcalde talaverano y candidato a la reelección, José Francisco Rivas, destacó el liderazgo de Castilla-La Mancha en materia de política económica y social y en este contexto se refirió a que la región se sitúa entre las tres primeras en cuanto a «crecimiento económico y de empleo».

Garantizó que el Gobierno Central va cumplir sus compromisos sobre plazos en autovías y Alta Velocidad para con esta comunidad. Por su parte, el presidente de Castilla-La Mancha y secretario general del PSOE castellano-manchego, José María Barreda, garantizó el pago del alquiler de una casa a todos aquellos que cumplan los requisitos para tener una vivienda de protección oficial y no la reciban en un año, dijo ante un auditorio de unas 3.500 personas, según la cifra dada por los organizadores del mitin.

Compromisos de Barreda

En su intervención, que se prolongó durante veinte minutos, Barreda destacó que Castilla-Mancha vive «una primavera de progreso y desarrollo» por el trabajo y el «esfuerzo colectivo» de los ciudadanos que, según añadió, están logrando «una senda de bienestar».

Reiteró algunos compromisos, como que a todos los ciudadanos que cumplan los requisitos para ser adjudicatarios de una vivienda de protección oficial y lleven un año inscritos en el registro como demandantes sin haberlo conseguido, la Junta les pagará el alquiler de una vivienda. También garantizó plazas en residencias de mayores y en Centros de Atención a la Infancia (CAI) para todos los ancianos y niños que lo necesiten y agregó que «asumo estos compromisos porque ahora Castilla-La Mancha puede y nosotros queremos».

Barreda agradeció la colaboración del Gobierno Central en las infraestructuras de la región. En política hidrológica destacó que «por primera vez» se tienen en cuenta los intereses de Castilla-La Mancha y pidió un caudal ecológico para el río Tajo a su paso por ciudades como Talavera de la Reina y Toledo.

Arrancó aplausos del público cuando señaló que «cuanto más castellano-manchegos nos sentimos, más españoles nos encontramos» y cuando abogó por gobernar «para el interés general» porque así «tiene uno el respeto de todos, incluso, de los que no piensan como nosotros».

El Ayuntamiento de Valencia decidió ayer abrir un nuevo expediente a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) con motivo de la parada de la planta potabilizadora de La Presa que tuvo lugar el pasado 28 de abril como consecuencia de los altos niveles de contaminación y a la turbidez del agua. La parada, que según el consistorio hace la número 21, ha supuesto el que 25,2 millones de litros de agua se dejaran de depurar.

El concejal del Ciclo Integral del Agua, Ramón Isidro Sanchis, lamentó que « de nuevo se tenga que hablar de esta situación ante la falta de cuidado que está mostrando la CHJ con el curso del río. La confederación debe responsabilizarse del problema, no puede dejar pasar un minuto más sin solucionarlo porque el agua es un bien esencial que debemos cuidar al máximo» .
La duración de esta última parada fue de siete horas, según los técnicos municipales. La planta pudo funcionar durante ese tiempo gracias al Canal Júcar-Turia y a los pozos de emergencia por lo que el abastecimiento a la población se pudo mantener a pesar de las malas condiciones del agua en el rio Turia, según el ayuntamiento.
El responsable municipal recordó que « desde otros ayuntamientos también se le exige a la confederación que actúe y evite el que la contaminación del río vuelva a producir alguna parada más de la planta potabilizadora o de la mortandad de peces en el río.Uno de esos municipios es el de Paterna, también gobernando por el PSPV, que ha requerido a la entidad una mayor diligencia en la vigilancia, control y limpieza de las aguas que bajan del Turia y el Júcar» .
Por su parte, el edil afirma que cada año se usa menos agua procedente de los ríos.