El cabeza de lista por el PSOE de Albacete a las elecciones autonómicas, Francisco Pardo,abogó ayer por «priorizar los intereses de Castilla-La Mancha en el uso del agua» y «aumentar el peso de la Región» en las cuencas que se ubican en la comunidad autónoma, como es el caso de las de Segura y el Júcar en la provincia albaceteña.

Pardo mantuvo sendos encuentros en Albacete con representantes de las organizaciones agrarias Asaja y UPA, a las que transmitió el compromiso de los socialistas de seguir apoyando a los profesionales del sector agrario. En este sentido, recordó que el Gobierno regional ha destinado, en la última legislatura, más de 3.600 millones de euros a mantener la renta de los agricultores de la Región, con ayudas a más de 6.000 empresas del sector agroalimentario para mejorar la calidad y los procesos productivos.

Igualmente, detalló que «en los últimos años» más de 9.000 agricultores de la provincia de Albacete se han beneficiado de las ayudas a la reestructuración del viñedo, subrayando la importancia del sector vitivinícola para la economía castellano-manchega y recordando, además, la labor del Ejecutivo regional en el proceso de reforma de la OCM del Vino.

Durante su visita a la sede de Asaja -donde compareció junto al presidente provincial de esta entidad, José Pérez Cuenca-, el candidato socialista afirmó que «juntos estamos protagonizando un trabajo intenso en la lucha por el agua que necesita nuestra agricultura para tener un mejor futuro». En este contexto, manifestó que en la última década se han modernizado, en la provincia albaceteña, 65.000 hectáreas de regadío.

«Hay que hacer un esfuerzo para que los agricultores y ganaderos de Castilla-La Mancha cada vez tengan explotaciones más viables, más modernas y que, por tanto, tengan un futuro mejor», aseguró.

Pardo, que dijo sentirse «vitalmente vinculado a los problemas de los agricultores», se entrevistó también con el secretario general de UPA Albacete, Julián Morcillo, reiterando su compromiso con los agricultores y ganaderos que son «verdaderos profesionales» y que «dedican todo su esfuerzo a seguir adelante», por lo que, según añadió, deben recibir «todo nuestro apoyo y esfuerzo». Por otro lado y a preguntas de los periodistas, Pardo se refirió a las propuestas electorales presentadas ayer por la candidata popular María Dolores de Cospedal, indicando que ha querido que Albacete «sea de nuevo un segundo plato» y que sus propuestas son las propias «de quien ya ha asumido que va a perder las elecciones; de una candidata que ni conoce a nuestra tierra ni la valora».

«Todos tenemos que arrimar el hombro para que las explotaciones de Castilla-La Mancha sean cada vez más viables y más modernas», dijo ayer Francisco Pardo, cabeza de lista socialista por la provincia de Albacete en las elecciones regionales del 27 de mayo, en su encuentro con los responsables de la asociación empresarial agraria Asaja.

Pardo dijo que los problemas de los agricultores «están siempre en la mente de los responsables de la región, y más concretamente en la mía, siendo hijo y hermano de agricultor, por lo que mi vida a estado siempre ligada al campo, por lo que me siento vinculado a sus problemas».

El candidato socialista informó que durante la última legislatura los agricultores castellano-manchegos han recibido más de 3.670 millones de euros para mantener sus regadíos; además de haberse entregado más de 6.000 ayudas para empresas del sector agroalimentario, y más de 9.000 han recibido ayudas para la reestructuración de sus viñedos.

Paco Pardo dijo que «todos tenemos que arrimar el hombro para que las explotaciones sean cada vez más viables», del mismo modo, dijo, que «uno de nuestros mayores esfuerzos actuales es para que se prioricen los usos del agua, sobre todo en lo que tiene que ver con la defensa de nuestros derechos», así como seguir muy de cerca las negociaciones de la OCM del Vino, que tanto nos afecta, pues no en vano recordó que en Castilla-La Mancha está más de la mitad del viñedo de toda España, esfuerzos que también se realizar para el olivar, y la ganadería».

producción sostenible. Por su parte el presidente de Asaja, José Pérez Cuenca, dijo estar encantado con la reunión con el candidato Pardo, a petición de este último, «para poderle contar de primera mano, que como agricultores que somos nos gusta hablar de producción sostenible».

Por eso, dijo, «todo pasa por el agua», y aunque este año la cosa ha mejorado ligeramente, «hay que pensar en el futuro, y en plantear infraestructuras hidráulicas, para los años de sequía, ya sean entre cuencas o dentro de una misma cuenca». Agua, apuntaba «para progresar, para hacer cosas nuevas, y que sin duda es el principio de fijar la población en nuestros pueblos».

Asimismo, señaló, «entre todos tenemos que conseguir que Castilla-La Mancha esté en los foros donde se debate sobre el agua; no podemos consentir que a pesar de que los ríos más importantes de este país nazcan en nuestra región, sigan teniendo las sedes de las confederaciones fuera de la región, y además sin presencia castellano manchega. Esa es una asignatura pendiente».

Cuenca dijo además que ha llegado el tiempo de plantearse un apoyo decidido por las industrias del biocarburante y biomasa; así como un verdadero proyecto de reforestación en toda la región, «más amplio y ambicioso».

El subdirector general de Planificación y Uso Sostenible del Agua del Ministerio de Medio Ambiente, Teodoro Estrela, y el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Juan José Moragues, han mantenido una reunión en Valencia para coordinar los trabajos para determinar los caudales ecológicos de los ríos.

Fuentes del Ministerio informaron que esta actuación es uno de los principales objetivos de la Directiva Marco del Agua y no de los elementos sustantivos a definir en los nuevos Planes Hidrológicos de cuenca del 2008. La complejidad del proceso, según precisan las mismas fuentes, ha aconsejado incluir criterios metodológicos en el actual borrador de Instrucción de Planificación que se está desarrollando por parte de la Subdirección General de Planificación y Uso sostenible del Agua (SGPUSA) del Ministerio de Medio Ambiente.

Especies

Los estudios propuestos son hidrológicos y biológicos para cuantificar la relación entre los caudales mínimos a mantener y el hábitat útil de determinadas especies piscícolas seleccionadas.

En el año 2006 ya se describieron los métodos de determinación de caudales medioambientales y se obtuvieron datos por métodos hidrológicos, según las mismas fuentes.

Se realizaron entonces trabajos de campo (reconocimiento integral de la zona e identificación de las curvas de preferencia del hábitat de especies de referencia) para la construcción de modelos de simulación hidráulica en aproximadamente 37 tramos de la cuenca. Durante este año se pretende calcular los rangos de los regímenes de caudales medioambientales por métodos hidrobiológicos.

Las lluvias de las últimas semanas no han logrado acabar técnicamente con la sequía- el Júcar sigue formalmente en situación de emergencia y el Turia ha pasado a estar en alerta, un grado por debajo según los parámetros utilizados en los planes de sequía- sin embargo han provocado ya una situación incómoda para la Confederación Hidrográfica del Júcar, que se ha encontrado en un plazo relativamente corto de tiempo con 4 embalses técnicamente llenos en los que no cabe almacenar más agua y en los que no existe, aguas abajo, un reservorio en el que depositar los caudales.

En la última semana los pantanos han ganado 37,88 hectómetros cúbicos, una cantidad similar a la de la última semana pero que debe ser interpretada en el contexto de una suelta masiva de agua con destino al arrozal, especialmente desde los pantanos de Alarcón, Tous, y Contreras. Así, la ganancia de 6,18 hm 3 en Alarcón , 3,95 hm 3 en Contreras y 6,52 hm 3 en Tous hay que interpretarla en el contexto de la liberación de caudales de 8 m 3 /segundo, 5 m 3 /segundo y 10,028 m 3 /segundo respectivamente en los citados tres embalses y que han tenido como destino el llenado del arrozal de la Albufera.
El presidente de la CHJ, Juan José Moragues, admitía ayer un «cambio de ciclo» y se resistía a hablar del fin de la sequía. Al mismo tiempo destacaba el papel jugado por el embalse de Arenós, cuyas obras de modernización, visita hoy, que almacena casi 55 hectómetros cúbicos después de que finalizaran los trabajos de consolidación de la las laderas de la Puebla de Arenós cuya inestabilidad impedía hasta hace unos meses utilizar plenamente el embalse. Aguas abajo, el embalse de Sichar es el gran beneficiado.
Las obras de consolidación de las laderas de Arenós han costado 17 millones de euros y todavía deben ser complementadas por la modernización de las compuertas y elementos interiores de la presa.

Embalses llenos

Más difícil resulta dar una solución al embalse de Guadalest (ayer estaba al 90,36%) o Ulldecona (89,91%). Ambos se encuentran técnicamente llenos, sin capacidad para almacenar más agua sin violar los parámetros de seguridad que obligan a mantener un ligera reserva de capacidad en primavera para absorber una posible riada.
Además, y por razones de orden geográfico y/o geológico no existe aguas abajo de estos embalses un lugar idóneo en el que construir otro embalse que recoja los excedentes, lo que impide un aprovechamiento pleno de estos ríos en situaciones de lluvias abundantes como la actual.
Otro embalse completamente lleno es el del Regajo en la cuenca del río Palancia. Su escasa capacidad -apenas 6 hectómetros cúbicos- hace que se llene con gran rapidez. Aguas abajo, el Ministerio de Medio Ambiente construyó el polémico embalse del Algar, destinado a laminar avenidas y a favorecer la infiltración del agua en los acuíferos del Camp de Morvedre más afectados por la sequía.
Tras más de cinco años terminado y sin compuertas capaces de retener el agua, el Ministerio de Medio Ambiente decidió en 2004 acometer la colocación de las compuertas finalmente terminada hace unos meses. Sin embargo, la acequia mayor de Sagunto sigue pasando por el interior de la presa, lo que impide, hasta que se construya una derivación, retener los caudales.
Ayer, el Regajo liberaba casi 1,2 metros cúbicos por segundo que no podían ser retenidos en el Algar y que circulaban libremente por la Acequia Mayor de Sagunt.

Una reunión extensa, profunda y de máximo nivel permitió ayer a los miembros del Comité de Crisis de la cuenca del Segura alcanzar nuevos acuerdos económicos con el Gobierno de la nación para paliar las pérdidas de los tres años de sequía. A cambio, ambas partes decidieron dejar para después de las elecciones todo lo referente al Trasvase Tajo-Segura y, en concreto, Al nuevo desembalse de socorro de 170 hectómetros cúbicos que pedían los regantes. Esta solicitud se tratará en la reunión periódica y ordinaria de la Comisión de Explotación del Acueducto prevista para la primera semana de junio, según informaron ayer fuentes del Ministerio de Medio ambiente y de los regantes.

Esta decisión se tomó en plena campaña, tras meses de reproches del Levante al Gobierno, y se eludió el trasvase para evitar una explosión de indignación en La Mancha, según fuentes bien informadas.

El encuentro en La Moncloa contó con la vicepresidenta primera, Fernández de la Vega; las ministras de Medio Ambiente, Cristina Narbona, y de Agricultura, Elena Espinosa, y el presidente de la Confederación del Segura. Enfrente estaban los miembros del Comité de Crisis que representan a regantes, empresarios y sindicatos de Murcia, Alicante y Almería.

Excedentes por lluvias

Dejar para después de las elecciones el nuevo desembalse del Tajo al Segura no representa un contratiempo, puesto que las últimas lluvias han dado un pequeño respiro y porque, además, la Comisión de Explotación debe reunirse dentro de un mes para estudiar qué caudales se pueden derivar, toda vez que los pantanos de la cabecera del Tajo almacenan 185 hectómetros excedentarios. De igual forma se dejó aparcada la petición de los regantes de anular la parte del Estatuto de Castilla-La Mancha que postula liquidar el trasvase en el año 2015, y forzar a su vez un pronunciamiento inequívoco del Gobierno que garantice su continuidad del acueducto.

Con el Tajo al margen, De la Vega sí atendió el resto de peticiones del Comité de Crisis que ya fueron planteadas en septiembre y que se traducen en más ayudas económicas, exención de cánones e inversiones. Se empezarán a devolver los 40 hectómetros de deuda que reclaman los regadíos. Esta devolución será gradual.

Asimismo, se prorrogará el decreto de sequía, que mantiene la compra de derechos de agua a otras cuencas y la condonación de una parte importante de la tarifa del acueducto Tajo-Segura. Otro de los compromisos apunta a una tarifa eléctrica específica y más barata para los regadíos, que consumen mucha energía con los bombeos de agua. También aumentarán las inversiones para las obras de mejora de los canales del trasvase, con el fin de reducir las pérdidas durante el transporte de caudales. Los proyectos y cultivos que se han visto anulados por falta de caudales en los dos últimos años serán estudiados también para ver compensaciones económicas.

Precio del agua

Más indefinido quedó el compromiso para rebajar el precio del agua desalinizada para los cultivos. El Ministerio la oferta ahora a 39 céntimos el metro cúbico. Una comisión técnica se encargará de buscar una fórmula para rebajar ese precio, ajustada al principio de recuperación de costes de la Directiva Marco de Agua. Narbona anunció un segundo Programa Agua para la cuenca del Segura basado en más inversiones para modernizar regadíos y más producción de agua desalinizada, aunque no concretó.

JOSÉ MIGUEL GONZÁLEZ MORAGA

Si uno busca modelos de gestión en los ayuntamientos, encontrará de todas clases, independientemente del color político de quien gobierne. Hay ayuntamientos del PP que optan por la gestión municipal, como los hay del PSOE que optan por la gestión indirecta. Igual pasa con los pocos de IU. No es cuestión de ideología, sino de decisión.

En 1997, un gobierno del PP optó por una concesión administrativa para el servicio del ciclo integral del agua. Años antes, otro gobierno municipal, esta vez del PSOE, había optado por este tipo de gestión en la lectura, cobro y facturación de los recibos del agua. Era una decisión legítima y enmarcada en lo que viene siendo habitual en la mayoría de ayuntamientos de España, tanto de un color como de otro.

Se redactó un pliego de condiciones y se sacó a concurso, garantizando la publicidad y libre concurrencia. Acudieron cinco empresas, se valoraron sus ofertas y se adjudicó a Aquagest. Ninguna empresa reclamó. Sí lo hicieron en el PSOE, a los que no se les dio la razón, y los tránsfugas de IU, no porque el servicio no podía o debía ser gestionado indirectamente, sino argumentando que se valoraba la experiencia y no debería hacerse. Los tribunales primero fallaron a su favor y el Supremo ahora lo ha confirmado. No se puede valorar la experiencia en un pliego de condiciones y por lo tanto la concesión adjudicada en su día queda anulada.

Sorprende la alegría del Alcalde, como si la sentencia la hubiera ganado su grupo. Como sorprende que el Ayuntamiento por él gobernado haya seguido incluyendo la experiencia como concepto a valorar en numerosos concursos, con la ventaja de que a nadie se le ha ocurrido acudir a los Tribunales por ello. Pero más llamativo es que IU no pida la ejecución de la sentencia «por responsabilidad política», a buenas horas mangas verdes. Aunque esa decisión tiene poca importancia ahora, ya que el PP tiene actualmente en los Tribunales un procedimiento contra la prórroga de la concesión del ciclo integral del agua por veinticinco años más, a partir de que finalice la actual (dentro de quince años), la cual acaba de ser anulada. Seguramente muchos se preguntarán: ¿Cómo se puede prorrogar una concesión anulada por el Supremo?

Igualmente, desde el PP hemos recurrido la creación de una empresa mixta, que no municipal (Aguas de Albacete), a la que se ha traspasado la concesión anulada por la citada sentencia del Supremo, donde el Ayuntamiento ha comprado con dinero de todos, el 26% de su capital con dos únicos objetivos. El primero hacer presidente de dicha empresa a Pérez Castell (otro cargo más en su currículum).

El segundo objetivo es el de engañar a los albaceteños, vendiéndoles que el Ayuntamiento ha recuperado el control público del agua. En todo caso cabría hacerse otra pregunta parecida a la anterior: ¿Cómo se puede traspasar una concesión anulada por sentencia del Supremo?

En noviembre de 2004 el Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana publicaba un documento muy crítico sobre la situación del urbanismo en la autonomía. Ahora, el último informe la defensora del Pueblo manchega, Henar Merino, dedica un capítulo especial a abordar esta cuestión que cada vez tiene más importancia en esta región ante el fuerte desarrollo que experimenta.

La expansión urbanística no se ha quedado sólo en la costa, sino que afecta ya a la práctica totalidad de regiones españolas. Según un informe de Ecologistas en Acción, que no ha sido negado por la Junta de Castilla-La Mancha, pese a que LAS PROVINCIAS trató de conocer en varias ocasiones sus puntos de vista, en el horizonte de 2030 se habrán construido un millón de viviendas más en esta autonomía, el doble de las que existen en estos momentos. Además, están proyectados unos 25 campos de golf, una cifra que la asociación ecologista llega a situar en 50.

Este notable desarrollo urbanístico tiene una directa incidencia en la Comunitat Valenciana, ya que estas viviendas van a ser abastecidas con el agua de los ríos Tajo y Júcar, con lo que disminuirán los cauces que aportan a Valencia. También terminarán de sobreexplotar los dos principales acuíferos de la región, ya en peligro.

Informe
El informe de la defensora del Pueblo no utiliza términos tan tajantes como el del Síndic de Greuges de 2004, pero describe una situación muy similar. El Síndic de Greuges, entonces Bernardo del Rosal, advirtió de que la Administración no suministraba información suficiente a los vecinos sobre las actuaciones urbanísticas.

Además, resaltó la escasa participación de los vecinos en la planificación urbanística. Pero, sobre todo, hizo hincapié en la “pasividad municipal y autonómica ante la comisión de infracciones urbanísticas”.

El informe de la defensora del Pueblo manchega podría considerarse una copia de las líneas básicas expuestas por Del Rosal en 2004. Merino denuncia, en primer lugar, la “pasividad de las entidades locales” ante las presuntas infracciones denunciadas y señala que no se están tomando las medidas correctoras adecuadas por parte de las autoridades pertinentes.

Además, recuerda las conclusiones de las Jornadas de Coordinación de Defensores del Pueblo celebradas en octubre de 2006 en las que se conminaba a las Administraciones autonómicas a aplicar sus competencias sancionadoras para acabar con las infracciones, algo que parece no se está haciendo en Castilla-La Mancha.

Merino llama la atención sobre el número de quejas planteadas por los ciudadanos ante las dificultades de acceso a la información, que llega a calificar de “opacidad informativa” lo que, en su opinión, genera “una acusada sensación de indefensión”. Una queja muy similar a la planteada por el Síndic contra muchos ayuntamientos y la Generalitat.

Es más, también critica a la Junta, presidida por el socialista José María Barreda, y a los ayuntamientos por permitir que modificaciones del planeamiento general “que implican importantes cambios demográficos en los municipios” se hagan al margen de los planes generales. Esta es una de los principales argumentos utilizados por el PSPV para criticar el urbanismo valenciano, mientras que sus compañeros de partido lo permiten en una región vecina.

El informe de Merino reconoce que hay ayuntamientos que han otorgado licencias indebidamente tanto de construcción como de urbanización.

La comparación entre ambos informes pone en evidencia que la situación del urbanismo en estas dos comunidades no es tan diferente. Pero la Comunitat Valenciana ha sido objeto de tres visitas de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, mientras que Castilla-La Mancha no ha recibido ni una sola crítica y su fuerte desarrollo constructivo está pasando prácticamente inadvertido.

Esta situación ha sido criticada por el PP que acusó a la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, de tener una “doble vara de medir”. El vicesecretario regional del PP, Ricardo Costa, lamentó que Cristina Narbona “dé la callada por respuesta para denunciar actuaciones que se desarrollan en comunidades socialistas y que afectan a la valenciana”.

Estamos en mayo, y seguimos sin Ley de Aguas. El Ministerio de Medio Ambiente había prometido que llegaría al Consejo de Ministros en abril, pero lo cierto es que la ley sigue negociándose entre administraciones y usuarios. De momento, de fechas, nada se sabe.

Uno de los mayores escollos que han retrasado su aprobación tiene que ver con el régimen económico del agua. La intención del ejecutivo es incoporar tasas que garanticen la recuperación de los costes en obras y servicios.

Esta idea se procede de la Directiva Marco del Agua de la UE (2000/60/CE) que establece el principio de recuperación íntegra de los costes del agua, conforme al principio de que «quien contamina, paga» (artículo 9).

El problema es que la traslación de este principio a la realidad es muy complicada. Fuentes de los usuarios profesionales del agua de nuestra provincia explicaban recientemente que «la Directiva Marco del Agua está muy bien diseñada para el norte de Europa, donde el principal problema del agua es la contaminación, pero aquí el problema es la escasez».

Dicho de otra forma, que en los países mediterráneos de la UE, el coste de traer un metro cúbico de agua al grifo del usuario, sea particular o profesional, es bastante más elevado, de partida, que el mismo coste para un país nórdico, donde sequías como las que padece el Sudeste de España son, literalmente, inconcebibles.

Por este motivo, la aplicación literal, y sin mecanismos compensatorios, del principio de recuperación íntegra de los costes relacionados con el agua habría provocado un incremento masivo y desmesurado del precio del agua en buena parte de España.

La propia Directiva Marco, y el borrador de modificación de la Ley de Aguas presentado al Consejo Nacional del Agua, prevén, no obstante, «tener en cuenta» los condicionantes sociales, ambientales y geográficos a la hora de diseñar un nuevo régimen económico del agua.

Pero el problema es el ‘como’. La semana pasada, hubo una reunión en Madrid para tratar este asunto entre representantes del Ministerio de Medio Ambiente, organizaciones agrarias y organizaciones de regantes.

La postura del ministerio, según reza en el borrador, era introducir un régimen económico del agua basado en cuatro conceptos. Dos de ellos ya existen y proceden de la ley actual sin modificaciones. Son el canon por la utilización de los bienes del dominio público hidráulico y el canon de vertidos.

El tercero también existe, aunque se han introducido diversas modificaciones y adiciones en el mismo. Se trata del canon que se paga por la regulación y como tarifa de utilización del agua.

El cuarto es de nueva creación y ha resultado ser el punto más polémico, la «tasa por prestación de servicios, registro, control e inspección de los usos del agua» pues ha sido visto por los usuarios como una «ecotasa» que penalizaría el consumo de agua, especialmente para regadío.

Y el principal resultado de la reunión es que no ha habido resultado. Seguimos sin ley, y la prensa nacional especula con la posibilidad de ‘congelar’ la tramitación de la norma hasta que pasen las elecciones generales del 2008.

Las reservas hídricas de los embalses de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) han aumentado en la última semana 37,88 hectómetros cúbicos (hm3), con lo que el agua almacenada en los pantanos se sitúa en 796,34 hm3, lo que representa el 23,80 por ciento de sus 3.346,6 hectómetros de capacidad total.

De los veintisiete embalses de la CHJ, veinticuatro han aumentado sus reservas en la última semana, siete la han disminuido y otros dos no han variado su nivel, según informaron hoy fuentes de esa entidad.

El embalse que ha registrado un mayor incremento ha sido el de Sichar, que ha aumentado 7,31 hectómetros y se sitúa al 79,56 por ciento de su capacidad.

También han aumentado sus reservas los pantanos de Tous-La Ribera, con 6,52 hectómetros cúbicos; el de Alarcón, con 6,18, y el de Arenos, con 4,90 hectómetros.

Por otra parte, los embalses que han reducido sus reservas son el de Cortes II, que ha perdido 5,11 hectómetros cúbicos; el de Onda, que pierde 0,27; el embalse de Regajo, con una perdida de 0,08 hectómetros cúbicos; La Toba, que pierde 0,08 hectómetros cúbicos; el de Escalona, que pierde 0,03 hectómetros cúbicos y el embalse de El Naranjero y Alcora que han perdido 0,01 hectómetros cúbicos cada uno.

Los embalses que no han variado su nivel son los de Algar que sigue seco y el de Almansa, que sigue con 11,50 por ciento de su capacidad.

El consejero de Agricultura y Agua de Murcia, Antonio Cerdá, aseguró ayer que la vicepresidenta primera del Gobiern, María Teresa Fernández de la Vega, «podría autorizar al menos el envío de 83 hectómetros del trasvase Tajo-Segura si emplea la fórmula electoralista que utilizó hace un año para remojar la proclamación del candidato socialista en la Región, y más del doble si aplica la Ley». De esta forma se refirió el consejero murciano a la reunión que De la Vega mantendrá hoy, en La Moncloa, con los miembros del Comité de Crisis de la Sequía de Murcia, Alicante y Almería.

Así, Cerdá recordó que, en mayo de 2006, los pantanos de la cabecera del Tajo acumulaban cerca de 350 hectómetros y el Gobierno de Zapatero «autorizó un «chorrico» de 20 hectómetros el mismo día en que se celebró el mitin Pepiño Blanco-Saura». Un año después -explicó-, los embalses de Entrepeñas y Buendía almacenan 63 hectómetros más, «por lo que si aplican su propia receta deberían autorizar 83 hectómetros, los 20 autorizados en 2006 más los 63 adicionales que hay en estos momentos».

El responsable de Agua de Murcia insistió en que en la actualidad hay 413 hectómetros en los embalses de cabecera del Tajo, de los que 173 son excedentes, por encima de la línea roja de los 240 hectómetros que marca la Ley para poder trasvasar, por lo que -según Cerdá- la vicepresidenta «debe atender las demandas de los agricultores murcianos para asegurar las plantaciones y los riegos de verano, sin ningún tipo de cortapisa legal ni política». Además, se preguntó «por qué el Gobierno central no ha aprobado mucho antes un riego de socorro para la agricultura murciana, pese a haber excedentes más que suficientes para no comprometer en absoluto el abastecimiento humano».

Garantía para el Tajo-Segura

El consejero del Gobierno presidido por Ramón Luis Valcárcel instó a la vicepresidenta del Gobierno a que «abandone la ambigüedad que existe en el Ejecutivo socialista respecto al futuro del acueducto» y que «diga, y escuchemos en público, que el trasvase Tajo-Segura no se toca».

Por otra parte, criticó las declaraciones realizadas el sábado por Rodríguez Zapatero, en el mitin que ofreció en Talavera de la Reina, donde dijo que el Gobierno central no tomará ninguna decisión en materia de agua sin contar con el Gobierno de Castilla-La Mancha.