El agua para las nuevas viviendas, según se encargó de recordar Miguel Ángel Hernández, uno de los redactores del informe de Ecologistas en Acción, procederá de los ríos Tajo y Júcar y de los acuíferos de la Mancha, que no se encuentran en buen estado tras los últimos años de sequía.

El propio Hernández reconoció a LAS PROVINCIAS que no es ajeno a los intereses políticos que se esconden detrás de la fiebre constructora que se ha desatado en Castilla-La Mancha durante estos últimos años.

El trasvase Tajo-Segura tiene fecha de caducidad. El nuevo estatuto manchego dice que se acabará en 2015. Pero si no se consigue aprobar este texto legal, los socialistas manchegos, según se desprende del informe ecologista, están dispuestos a aplicar la política de hechos consumados.

El trasvase entre los dos ríos únicamente se producirá si existen excedentes. Pero la política de expansión urbanística generará una importante demanda de recursos hídricos que se sumarán a la del aumento de regadíos en la Mancha Oriental. De esta forma, por mucho que las leyes permitan trasvasar, la política emprendida por la Junta de Castilla-La Mancha va dirigida a que no haya excedentes.

Al menos así lo sostienen los ecologistas de Castilla-La Mancha que, aunque no se posicionan sobre el trasvase, reconocen la política de hechos consumados que está llevando a cabo la Junta para evitar llevar agua a la Comunitat y Murcia.

El Grupo Popular en el Ayuntamiento de Albacete aseguró ayer «respetar» la sentencia del Tribunal Supremo que anula el pliego de condiciones que sirvió en 1997 para la adjudicación del servicio de distribución de agua potable de la capital, si bien subrayó que la gestión del mismo continúa siendo «indirecta y privada», pues el Ayuntamiento sólo tiene un 26% del capital de la empresa mixta Aguas de Albacete, mientras que el 74% restante pertenece a Aquagest.

En rueda de prensa para exponer su criterio en torno a la sentencia que se hacía pública la pasada semana, el concejal Juan Carlos López Garrido indicó que este fallo judicial entiende que no se puede aplicar la experiencia como criterio de puntuación para la adjudicación «y si los tribunales dicen que esto no está bien, llevarán razón, pero lo que es innegable es que en el proceso hubo pública concurrencia, algo que no sucedió en la constitución de Aguas de Albacete», recriminó el edil popular.

Garrido criticó que el alcalde de Albacete dijera que sabía que el Supremo iba a anular esta concesión porque el criterio de experiencia es ilegal y, sin embargo, «este mismo criterio se valora en otros concursos públicos de adjudicación hasta marzo de 2004; si el alcalde sabía que era ilegal, ¿por qué lo mantiene hasta ese año?», se preguntó el concejal del PP que consideró pues que «tan ilegales son los contratos que ha consentido el alcalde como la adjudicación del agua en 1997».

El concejal popular indicó que, a pesar de que los socialistas criticaron la privatización de la gestión del ciclo integral del agua, hoy por hoy esta gestión sigue siendo «indirecta» y corre a cargo de una empresa mixta, de la cual el Ayuntamiento sólo tiene el 26% de su capital, es decir, que el servicio «no es municipal», con la diferencia además de que a Aquagest «se le ha ampliado la adjudicación durante 25 años sin pública concurrencia».

Planta de ósmosis

Garrido, que en varias ocasiones acusó al alcalde de ser un «mentiroso profesional», se refirió también al retraso de la construcción de la planta de ósmosis inversa que mejorará la calidad del agua, una planta que todavía no está construida pero, a pesar de ello y según el concejal del PP, «en el recibo del agua estamos pagando el mantenimiento de una planta que no existe».

Por último, dijo no creer que una sentencia judicial no se pueda cumplir y consideró que es Pérez Castell a quien le corresponde ejecutarla.

Beber, sí, pero regar, más bien poco’. Esa es la conclusión de un informe sobre la cara y la cruz de los usos y aprovechamientos en varias zonas críticas de la Península, entre ellas las cuencas de Júcar y Segura. Informe que estudió el Consejo de Ministros en su última reunión, celebrada justo antes del Puente del 1º de Mayo.

Al término del Consejo, la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, afirmaba que la prioridad del gobierno ante la actual sequía era y es «el abastecimiento a la población» ya que, a pesar de lo crítico de la situación actual, se garantiza el suministro humano, al revés de lo ocurrido a mediados de los 90, cuando 12 millones de personas debieron afrontar restricciones.

Esa fue la cara de la moneda, mientras que la cruz se la llevaron los regadíos. Para ser exactos, De la Vega dijo que la previsión del gobierno es que, en el Júcar, sólo se podrá abastecer al 40 por ciento de los regadíos, mientras que en la del Segura, sólo habrá agua para el 50 por ciento de los riegos.

La vicepresidenta reconoció que en ambas cuencas se ha dado un cierta mejoría de la situación -ambas han logrado situarse levemente por encima del 20 por ciento de sus reservas, pero, pese a todo, ambas padecen un ‘déficit acumulado’ de precipitaciones que se remontan al año 2004, por lo que no queda más remedio que mantener las restricciones al riego, dando prioridad al suministro a las principales aglomeraciones humanas de dichas cuencas.

Este estudio resulta de especial relevancia para Albacete ya que, prácticamente, dos tercios de la superficie de la provincia pertecenen a la Cuenca del Júcar, mientras que el tercio restante quedan dentro del ámbito territorial de la cuenca del Segura. De hecho, los regantes de ambas zonas ya afrontan severas restricciones, tanto en la zona de la Mancha Oriental como el Segura Manchego.

Según informa el organismo de cuenca, las reservas hídricas de los embalses de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) han aumentado en la última semana 34,28 hectómetros cúbicos (hm3), con lo que el agua almacenada en los pantanos se sitúa en 757,41 hm3, lo que representa el 22,63% de sus 3.346,6 hectómetros de capacidad total.

De los veintisiete embalses pertenecientes a la Confederación, veinticuatro han aumentado sus reservas en la última semana, uno la ha disminuido y otros dos no han variado su nivel.

El embalse que ha registrado un mayor incremento ha sido el de Sichar, que ha aumentado 7,74 hectómetros y se sitúa al 64,73 por ciento de su capacidad. También han aumentado sus reservas los pantanos de Alarcón, con 5,53 hectómetros cúbicos; el de Contreras, con 4,52 hectómetros, y el de Benageber, con 3,20 hectómetros.

Por otra parte, el embalse que ha reducido sus reservas es el de Escalona, que ha perdido 0,01 hectómetros cúbicos. Los embalses que no han variado su nivel son los de Algar que sigue seco y, por último, el de Almansa, que sigue con 11,50 por ciento de su capacidad.

Las reservas de los embalses de la cuenca del Júcar-Alarcón, Contreras y Tous- se encontraban ayer al 18,12%, casi un punto por encima de los niveles del pasado año por estas fechas. Las ultimas lluvias, sumadas a la humedad remanente de anteriores temporales han obrado el milagro de invertir una situación que parecía enquistada hasta hace tan solo dos semanas.

Por cuencas, el Júcar está al 18,12% frente al 17,69% del 1 de mayo del pasado año. En Alicante (Marina baja-Serpis) la situación actual es del 66,14% frente al 64,32 de 2006 y en el Mijares al 45,69 % frente a 39,01% del pasado año, gracias, en parte, a las actuaciones acometidas en el embalse de Arenos. Sólo el Turia, con el 37,60% de agua embalsada frente al 54,23% del pasado año permanece por detrás y ajeno a la notoria recuperación de los embalses valencianos.
En el conjunto de la confederación hidrográfica, el agua embalsada ascendía ayer a 780,88 Hm 3 (23,42%)frente a los 757,41 (22,63%)de 2006 , aunque la situación podría evolucionar con rapidez a favor de los intereses agrícolas valencianos.
Las lluvias registradas entre el viernes y el lunes han tenido la virtud de incrementar espectacularmente el caudal de los ríos debido, en parte, a que el terreno se encuentra saturado.La lluvia viene, además, en un momento clave que coincide con el llenado del arrozal.
Según la CHJ, que todavía no ha hecho balance del agua caída pero si mantiene un férreo control sobre la lluvia registrada desde el Sistema de Información Hidrológica (SAIH), el río Júcar aportó entre las 8 horas del domingo y las 8 horas de ayer lunes una media de 22 metros cúbicos por segundo en Alarcón. En Contreras, el flujo que llegaba al embalse ayer era de 12,65 m 3 , lo que permitió almacenar más de 1 hectómetro cúbico en un solo día.
En la parte baja, Tous recibía 9,6 m 3 y en el Turia, pese a la delicada situación de Benagéber, que está soportando toda la demanda del Turia, el agua embalsada subió ayer 0.69 hm 3 y el caudal del río en la cola del embalse superaba los 10,050 m 3 /segundo.
Espectaculares fueron también las entradas en el embalse de Sitjar, que absorbió una pequeña riada de 27.75 m 3 /segundo de media diaria y ganó en 24 horas 2,35 hectómetros cúbicos de agua.También en Ulldecona se ganaron casi 2 hm3 en 24 horas hasta dejar el embalse en el 87% de su capacidad.
En el pantano del Regajo, en el Palancia, hubo que soltar agua para evitar que se se llenara totalmente este embalse que alcanza ya el 92,1% de su capacidad total. total.

Los regantes del Júcar creen que las abundantes precipitaciones del mes de abril permiten incrementar las dotaciones de agua para riego y reducir así las restricciones impuestas por la Confederación Hidrográfica del Júcar debido a la sequía.

Los embalses han recuperado los niveles de 2006, a pesar de que todavía se encuentran en situación de emergencia. Alarcón, Contreras y Tous han sumado en las últimas cuatro semanas 72 hectómetros cúbicos, casi un tercio de las reservas que tenían a finales de marzo.

Según explicó el secretario de la Unidad Sindical de Usuarios del Júcar, Juan Valero de Palma, a pesar de que ya se están produciendo desembalses de Alarcón para regar los campos de arroz, las aportaciones son mayores y el pantano incrementa sus reservas.

Las restricciones impuestas por la Confederación Hidrográfica del Júcar preveían para este verano 250 hectómetros cúbicos de agua superficial para regar, cuando las asignaciones son de 725 hectómetros. “Habíamos previsto incrementar esa cantidad con recursos provenientes de pozos y agua depurada, pero creemos que es necesario reducir las restricciones porque no tenemos suficiente”.

Valero de Palma espera que la Confederación del Júcar decida en las próximas semanas incrementar la dotación de agua para riego. Sin embargo, habló de “prudencia” debido a que a pesar del incremento de caudales, las aportaciones todavía no son demasiado importantes y no permiten hablar, “ni mucho menos, del fin de la sequía” en la cuenca del Júcar.

Si las predicciones del Centro Meteorológico de Valencia se cumplen, se pueden registrar más precipitaciones en la cuenca que permitan incrementar el volumen de reservas. “Las lluvias han sido muy beneficiosas y en un mes excelente para la agricultura”, aseguró Valero de Palma

Paralelamente a todos los anuncios relativos al agua del Júcar -relacionados directa o indirectamente-, Pérez Castell también mencionó el depósito de 20.000 metros cúbicos que se va a construir junto a la depuradora de Albacete y que va a servir para recoger todas las aguas pluviales antes de que entren en ésta. Un depósito que va a suponer una inversión de 4,3 millones de euros, que se ha conveniado con la Confederación Hidrográfica del Júcar.

La novedad de este proyecto es que el pasado 24 de abril se reunió la Mesa de Contratación, en la Confederación, para abrir el periodo de presentación de ofertas de las empresas que opten a construirla.

La Sala Tercera del Tribunal Supremo acaba de ratificar la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha del año 2000, por la que se anulaba el pliego de condiciones que el Pleno del Ayuntamiento utilizó en el año 1997 para la adjudicación a Aquagest del sistema de gestión, mediante concesión administrativa, de la gestión integral del agua en Albacete. Una gestión que incluía la captación, distribución y suministro domiciliario de agua potable, evacuación y tratamiento de aguas residuales y recaudación de las tasas por prestación de dichos servicios.

Se vuelve a dar la razón al Grupo Municipal de Izquierda Unida, que fue quien votó, en aquel entonces a través de su portavoz, José Eduardo Martínez Valero, en contra del acuerdo plenario que desestimó las alegaciones que se habían presentado y que dio la concesión a Aguagest. Un Pleno que en 1997 estaba presidido por el alcalde del PP, Juan Garrido.

Entre otras cuestiones, en los Fundamentos de Derecho de la sentencia se recoge que, ante el expediente de adjudicación de la gestión del agua a Aquagest se presentaron 9.044 alegaciones y que éstas fueron estudiadas por la propia empresa mercantil del proyecto, que «hizo un informe rechazando cualquier incidencia de las mismas y proponiendo su desestimación por el Pleno», que, en efecto, el 29 de abril de 1997 desestimó todas estas reclamaciones formuladas. Contra esta actuación votó en contra Izquierda Unida cuestionando tanto la legalidad del procedimiento, como el hecho de que el informe de las alegaciones lo hubiera realizado la empresa redactora del proyecto y no los técnicos municipales.

Experiencia, sí o no

El Supremo considera, por otra parte, y en relación al pliego de condiciones que sirvió para adjudicar el suministro a Aquagest, que «la impugnación del meritado pliego por un miembro de la Corporación que votó el correspondiente acuerdo aprobatorio conduce a que se tenga por cuestionada, aunque no lo hubiera sido por ninguno de los partícipes en el concurso convocado». Es decir, aunque las empresas que concurrían al concurso de adjudicación no mostraron su disconformidad con el procedimiento seguido y el pliego, como sí lo hizo IU a través de su portavoz votando en contra, la validez de este voto para tener en cuenta la impugnación del acuerdo es la misma.

En ese sentido, IU alegó que se tuvo en cuenta como criterio para la adjudicación del contrato la experiencia, cuando en el pliego de condiciones, entre todos los criterios a los que se hacía referencia como puntuables, precisamente la experiencia no aparecía.

Por todo ello, la sentencia del Supremo estima parcialmente el recurso contencioso-administrativo que en su día interpuso IU contra el acuerdo plenario del 29 de abril de 1997 y anula el apartado a) del pliego de condiciones, el referido a los criterios de adjudicación.

Ante esta sentencia del Supremo, Izquierda Unida expresaba ayer su satisfacción porque «se confirma la nulidad del pliego de condiciones que sirvió de base para adjudicar el contrato del servicio de agua y saneamiento de Albacete, ya que se tuvo en cuenta un factor, el de la experiencia, que en estos casos, tal y como establece la sentencia no es un criterio de adjudicación».

IU añadió que sus servicios jurídicos están estudiando con detenimiento la totalidad de la sentencia. En todo caso, según Rosario Gualda, portavoz de la formación, «se confirma no sólo que la privatización de un servicio tan esencial como es el del agua fue perjudicial para Albacete, sino que además se hizo de manera incorrecta desde un punto de vista contractual».

Finalmente, Rosario Gualda recordó que fue su grupo municipal quien recurrió esta sentencia y señaló que seguirá trabajando para que el Ayuntamiento recupere la gestión pública del ciclo integral del agua.

Aguas de Albacete

Por su parte, el alcalde de Albacete, Manuel Pérez Castell, manifestaba ayer que «la creación, en 2006, de la empresa mixta Aguas de Albacete, por la que el Ayuntamiento recuperaba el control público sobre el abastecimiento de agua potable a la ciudad evitará que ahora tengamos que sufrir las consecuencias de la mala gestión que llevó a cabo el PP para privatizar el agua de Albacete y que reiteradamente ha sido condenada por los tribunales, incluido el Tribunal Supremo como establece una esta sentencia».

«Política y administrativamente -dijo Pérez Castell- el Ayuntamiento ha subsanado la mala gestión que en este tema hizo el PP y ahora el abastecimiento de agua potable a la ciudad vuelve a estar bajo control público».

El equipo de gobierno municipal ha esquivado, de momento, el ‘mazazo’ que suponía para el Ayuntamiento de Albacete y para las arcas municipales la sentencia del Tribunal Supremo que salía a la luz la semana pasada. Una sentencia que viene a dar la razón a la que ya dictó en el año 2000 el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, dando la razón a un recurso contencioso-administrativo interpuesto por Izquierda Unida.

El Supremo vuelve a ahora anular -como ya hizo el TSJ- el primer punto del pliego de condiciones por el que, en 1997, se adjudicó a Aquagest la gestión del ciclo del agua. Al anularse ese punto del pliego, supondría consecuentemente la anulación de todo el pliego y, por tanto, invalidar la adjudicación a aquella empresa.

Y eso, como reconoció ayer el alcalde de la ciudad, Manuel Pérez Castell, al admitir que «el pliego de condiciones elaborado por el PP para la concesión de la gestión a una empresa fue ilegal y la concesión estuvo mal hecha». Añadió, además, Pérez Castell, que compareció ante una multitud de periodistas, «hubiera supuesto para el Ayuntamiento pagar 36 millones de pesetas». Una cantidad procedente de la devolución del canon de 12 millones de euros que se pagó en su momento (los dos mil millones de pesetas famosos que tantas veces han utilizado los representantes políticos municipales en sus debates) y otros 24 millones de euros de indemnización.

Solución a tiempo

«De no haber constituido inteligentemente la sociedad mixta ‘Aguas de Albacete’ tendríamos que haber indemnizado a Aquagest con 36 millones de euros», insistió Pérez Castell, que estuvo acompañado en su comparecencia por los concejales de Hacienda, Antonio Martínez, y de Sostenibilidad, Ramón Sotos.

Según contó el máximo responsable municipal, el equipo de gobierno socialista «era consciente» de que el tribunal Supremo podía dictar este auto, como así ha hecho, y «por ello creamos ‘Aguas de Albacete’ y así el municipio se ha ahorrado» esa cantidad millonaria.

Y es que desde el equipo de gobierno consideran que, cuando se creó Aguas de Albacete (donde el Ayuntamiento tiene el 26% de las acciones), se acabó con la adjudicación a una empresa privada (Aquagest) y se comenzó una nueva etapa con un sistema de gestión a través de una empresa mixta. Al no existir ya la adjudicación que se llevó a cabo en el año 1997, cuando gobernaba el Ayuntamiento el PP, no hay posibilidad de aplicar la sentencia. «Lo que dice el Tribunal Supremo es inejecutable porque tal empresa ya no gestiona el agua de Albacete», aseguró Pérez Castell.

De aquella adjudicación, insistió el alcalde, «no queda nada y hemos sido liberados de aquellos perjuicios que habríamos tenido que afrontar».

De momento, con esta solución el Ayuntamiento esquiva un grave problema económico que habría tenido que afrontar de continuar siendo Aquagest la adjudicataria. «La ciudad le ha ganado al PP en esto del agua», sentenció Manuel Pérez Castell, que acusó al PP de «haber actuado de un modo esquizofrénico» en materia hídrica, primero con la adjudicación a Aquagest en el año 1997 y más tarde con el intento de que los tribunales anularan la sociedad mixta ‘Aguas de Albacete’.

Por último, dentro de la batería de novedades ofrecidas ayer por Pérez Castell, ofreció dos más, fruto de una reunión mantenida el pasado 24 de abril entre el alcalde, el concejal de Hacienda, Antonio Martínez, y responsables del Ministerio de Medio Ambiente en Madrid. «Hemos conseguido que el 100% de la obra de construcción de la planta de ósmosis será financiado por el Ministerio de Medio Ambiente», dio a conocer Pérez Castell. Una planta que costará algo más de 9 millones de euros, de cuya construcción se encargará Lubasa (empresa que ha construido ya en Albacete los tres aparcamientos subterráneos) y que la previsión de que esté acabada sea en la primavera de 2009.

«Objetivo conseguido», subrayó el alcalde, que añadió que «en esto, el PP tampoco tiene nada de qué presumir sino más bien que arrepentirse» porque «en numerosas ocasiones» ha defendido que esta planta no era necesaria o que «un poco de colesterol o sulfatos en el agua» no eran perjudiciales.

Petición plenaria

En aquella reunión ministerial se abordó otra posibilidad, que se va a solicitar formalmente a través del Pleno municipal del próximo 10 de mayo: pedir al Ministerio de Medio Ambiente que ‘Aguas de Albacete’ se encargue también de la gestión del tramo donde se capta el agua del Trasvase Tajo-Segura para, de ahí abastecer a la capital, y de la planta de tratamiento y potabilización, dos cuestiones de las que aún se encarga Aguas del Júcar y que, de lograrse, «la ciudad tendría realmente la gestión del ciclo integral del agua». Al parecer, Aguas del Júcar acaba su concesión sobre estas dos cuestiones el próximo mes de junio aunque, de no concedérsele la solicitud todavía al Ayuntamiento, podría prorrogarse hasta la primavera de 2009, cuando esté finalizada la planta de ósmosis porque, para el alcalde, «ésa sería la solución ideal».

El Ayuntamiento de Albacete gestionará el ciclo integral del agua de consumo humano a partir de la primavera de 2005 cuando entre en funcionamiento la planta de ósmosis que dará «máxima» calidad al agua de abastecimiento, aunque las tarifas no sufrirán variación en los próximos 25 años.

Así lo anunció en rueda de prensa el alcalde de Albacete, Manuel Pérez Castell, quien señaló que mantuvo una reunión el día 24 de abril con representantes del Ministerio de Medio Ambiente a los que solicitó que sea el Consistorio el encargado de administrar todo el ciclo del agua de abastecimiento a la ciudad.

En concreto, Pérez Castell explicó que el Ayuntamiento no gestiona la captación de agua desde el trasvase Tajo-Segura, así como la planta de tratamiento que administra la empresa Aguas del Júcar, de modo que «sea público todo el ciclo del agua», y dijo que lo solicitará en el mes de mayo.

Asimismo, el alcalde informó de que será el Ministerio de Medio Ambiente el que financie «al cien por cien» la planta de ósmosis que ya está adjudicada a la empresa Lubasa y que costará aproximadamente nueve millones de euros, «entrará a funcionar en la primavera de 2009 y lo hemos conseguido a pesar de la oposición del PP».

Respecto al partido de la oposición, Pérez Castell afirmó que el grupo popular «debe arrepentirse de su actuación obstruccionista para conseguir para Albacete agua de la máxima calidad».

Además, el alcalde adelantó que ha firmado con la Confederación Hidrográfica del Júcar un convenio para la construcción, por 4,3 millones de euros, de un depósito de pluviales con capacidad para 20 millones de litros de agua, que recogerá el agua de lluvia antes de que pase a la depuradora «para conseguir una depuración más y mejor», y que estará en funcionamiento en la primavera de 2008.

Por otro lado, Pérez Castell mostró su satisfacción porque el Tribunal Supremo ha emitido una sentencia por la que anula la privatización del servicio de agua que realizó el PP en favor de la empresa Aquagest y que recurrió IU.

El alcalde destacó que si el Tribunal Supremo hubiera dado la razón al PP, «el Ayuntamiento habría tenido que pagar 36 millones de euros de indemnización a la empresa Aquagest», y señaló que la sentencia declara ilegal el pliego de condiciones del PP por el que se cedía la gestión del agua a Aquagest.

«El Ayuntamiento consciente de que el pliego de condiciones podría ser ilegal, creó la sociedad mixta Aguas de Albacete para la gestión del agua, y se ha ahorrado 36 millones de euros» y agregó que el PP «ha actuado de modo esquizofrénico en el tema del agua».