El consejero de Agricultura y Agua de la Región de Murcia, Antonio Cerdá, denunció ayer que «los murcianos pagamos tarifa de isla con el agua por el capricho político de condenarnos a la desalinización». Cerdá contestó así tras ser preguntado sobre el descenso del consumo en Murcia que publican ABC y La Verdad.

Según las publicaciones, cuando se construyan todas las desalinizadoras programadas, la población de la cuenca del Segura estará pagando el agua más del doble que en 2004, «año en el que curiosamente se derogó el trasvase del Ebro», resaltó el consejero murciano.

Cerdá aseguró que «la Región de Murcia es la segunda Comunidad de España con el agua más cara, tan sólo por debajo de Canarias, e incluso se paga más que en las islas Baleares», señaló tras la presentación de la XXIV edición de la Feria Agrícola del Mediterráneo (FAME 2007).

El consejero murciano se basó en los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística que señalan que mientras que en el resto de España el precio medio del agua está en 0,96 euros el metro cúbico, en Murcia se paga el agua a 1,41 euros el metro cúbico, «casi el doble que un café de Rodríguez Zapatero», ironizó.

En cuanto al consumo, explicó que «mientras que la media española está en 171 litros por habitante y día, la media de la Comunidad de Murcia es de 161 litros por habitante y día. Unos datos que incluyen no sólo el agua de grifo, sino también el consumo de las industrias y las empresas».

Además, según los datos suministrados por las empresas distribuidoras Aguas de Murcia, en la capital de la Región el consumo medio bajó en diciembre a 120 litros por habitante y día, mientras que en el año 2006 fue de 124, «y eso que se ha incrementado la población», subrayó.

En este sentido, el consejero resaltó que «los murcianos somos los que más ahorramos y más cara pagamos el agua, por lo que nos penalizan nuestro poder adquisitivo», y se preguntó «por qué no se aplica la misma vara de medir a otras comunidades», porque, dijo, «Murcia está dentro de una realidad geográfica, la península Ibérica, en la que hay suficientes recursos disponibles, y somos conejillos de indias de la ineficacia socialista».

Izquierda Unida anunció ayer su intención de no pedir la ejecución de la sentencia del Supremo que anula la privatización del agua en la capital en 1997 por parte del Partido Popular, porque «una chapuza no se puede solucionar con una chapuza mayor, ya que supondrá un serio perjuicio para la ciudad».

Así se expresó ayer la portavoz municipal de IU, Rosario Gualda, que recordó en rueda de prensa que fue su grupo el que recurrió la adjudicación del agua a la empresa Aquagest y, por ello, mostró su satisfacción por el fallo judicial «que dice que el PP lo hizo fatal y que la adjudicación fue incorrecta».

Gualda calificó de «detestable» que el Partido Popular privatizara un bien básico como es el agua y que vendiera este servicio por 2.000 millones de las antiguas pesetas, «que fueron volatizados por el PP».

La portavoz izquierdista volvió a mostrar su apoyo firme a la recuperación de la gestión del agua potable y saneamiento de la ciudad y por este motivo, desde Izquierda Unida se impulsó la creación de Aguas de Albacete, si bien admitió que «no es nuestro modelo de gestión, pero era lo mejor que se podía hacer después de una privatización que nos mantenía amordazados y prisioneros».

La portavoz municipal de IU avanzó que desde su grupo seguirán luchando por recuperar al cien por cien la gestión del ciclo integral del agua y aplaudió que el alcalde haya anunciado su intención de reclamar la gestión de la planta de abastecimiento -hoy gestionada por Aqualia por un periodo de dos años-, así como la gestión de la futura planta de nanofiltración.

Derecho al agua gratuita

En este sentido, Gualda también resaltó su satisfacción porque el Ayuntamiento «no pague ni un sólo euro» para la citada planta de ósmosis e insistió en defender el derecho de Albacete de recibir de forma gratuita el agua del Júcar y no pagar el «peaje» que hoy repercute en el bolsillo de los albaceteño.

Finalmente y en cuanto al cierre de los pozos, la portavoz de IU aclaró que el alcalde «no es quien decide» que Albacete deje de beber agua de los pozos, sino que la decisión es de la Comisión de Sequía de la Confederación Hidrográfica del Júcar, en la que el Ayuntamiento «tiene voz, pero no voto».

Al respecto aseguró que es «mentira» que el agua superficial del Júcar fuera para las pedanías, como manifestó el alcalde, pues «estas aguas fueron para regar a manta en Valencia y Alicante».

La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo rechazó ayer la petición de la Generalitat de modificar el trayecto del trasvase del Júcar-Vinalopó, diseñado por el Gobierno de Rodríguez Zapatero.

“El debate ya no necesita ser reabierto, al estar encauzado el problema y existir un proyecto en marcha que resulta más satisfactorio que el anterior”, según consideró en su conclusión la Comisión de Peticiones de la Eurocámara.

El Consell, por el contrario, afirmó que dispone de nuevos informes científicos que desaconsejan el nuevo trazado, por considerarlo inviable, además de las peticiones de los usuarios y regantes, que a su juicio también lo rechazan.

El conseller de Infraestructuras y Transporte, José Ramón García Antón, anunció una batería de preguntas a la Comisión Europea pidiendo explicaciones. “Vamos a seguir dando la batalla, porque no entendemos que la Comisión se desentienda para dar satisfacción a un determinado grupo político”, manifestó García Antón.

“El grupo socialista está presionando para que no se vuelva a hablar del asunto, a pesar de que sabe que este proyecto no es viable”, agregó. Para el conseller, los socialistas aplicaron “el rodillo” para crear una mayoría de votos contrarios a que se reabra la denuncia que presentó el Consell contra el nuevo trazado.

Tanto el Parlamento Europeo como la Comisión manifestaron su apoyo al nuevo trazado elaborado por la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, y justificaron su apoyo porque entienden que respeta la normativa europea y disminuye el impacto ambiental.

“Aunque aún se deben cumplir algunas normativas comunitarias, consideramos que el nuevo proyecto limitará los daños medioambientales del trasvase al situar la toma en el estuario del río y no en la mitad de su curso, además de que evitará la sobreexplotación actual de los acuíferos”, señaló el representante de la Comisión, Giorgios Peroulakis.

Los regantes también mostraron su indignación. La Junta Central de Usuarios del Vinalopó, Alacantí y Consorcio de Aguas de La Marina Baja lamentó el rechazo del Parlamento Europeo y manifestó que su decisión se apoya en “argumentos única y exclusivamente demagógicos”. Explicaron que se ha comprobado “cómo las razones técnicas, económicas, medioambientales y sociales aportadas no han sido tenidas en cuenta”. La nueva documentación que ha aportado la Junta Central de Usuarios es un informe de más de 600 páginas elaborado por cuatro universidades y coordinadas por la de Alicante.

El secretario general del PSPV, Joan Ignasi Pla, calificó de “bofetón al PP” la decisión de la Eurocámara de no reabrir el examen sobre el trazado y dijo que esta resolución supone un “fracaso” para la Generalitat. Esta decisión es “la culminación del despropósito más grande en la historia de la Comunitat, que es intentar que la UE no financie el trasvase”, dijo.

El delegado del Gobierno en la Comunitat, Antoni Bernabé, manifestó que la UE “ha vuelto a apoyar el trasvase Júcar-Vinalopó y a respaldar la política hídrica del Gobierno de Rodríguez Zapatero”.

La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, dijo hace unos días que el problema del urbanismo no es sólo de la Comunitat . Los datos de un informe de Ecologistas en Acción de Castilla-La Mancha parecen confirmar las afirmaciones de la titular de Medio Ambiente.

Según esta asociación conservacionista, la comunidad castellano- manchega tiene previsto construir un millón de viviendas en el horizonte de 15 ó 20 años y doblar el parque actual que se sitúa en un millón. “Y creo que nos quedamos cortos”, según Miguel Ángel Hernández, uno de los redactores del informe.

El parque de viviendas de Castilla-La Mancha en 2005 era de 1.072.000. Los datos del propio gobierno manchego apuntan a que se producirá un crecimiento de 132.000 nuevos inmuebles hasta 2010, con una población, según el censo, de 1,9 millones de habitantes.

La asociación ecologista va mucho más allá y estima en el informe Urbanismo y depredación del territorio en Castilla-La Mancha que el crecimiento urbanístico seguirá a un ritmo imparable hasta 2030.

A estas previsiones hay que sumar los campos de golf que se van a construir asociados a las nuevas urbanizaciones. Hasta el momento se han presentado 25, aunque los ecologistas afirman que se superarán los 50.

Los ecologistas se preguntan de dónde saldrá el agua para abastecer a estos inmuebles. El Tajo y el Júcar son las dos fuentes principales de recursos. Ambos ríos han sufrido la sequía que azota España. Pero, además, Miguel Ángel Hernández explica que el principal acuífero subterráneo de La Mancha (que abastece las Tablas de Daimiel) está sin agua y el de la Mancha Oriental presenta fuerte presencia de nitratos.

Ante esta afirmación, la Junta ha optado por no dar una respuesta directa. El vicepresidente primero del Gobierno manchego, Fernando Lamata, se limitó a afirmar que el crecimiento en la autonomía se hará “con arreglo a las disponibilidades de suelo, agua y recursos naturales y con el respeto al medio ambiente”.

Frente a ello Ecologistas en Acción expone una larga lista de proyectos que se están presentando y tramitando en los diferentes ayuntamientos castellanos.

Ejes de crecimiento
Las principales causas de este crecimiento, según el informe, se deben al “desborde del crecimiento urbanístico de la Comunidad de Madrid” hacia las provincias aledañas. Otra de las razones que destaca el documento es el desplazamiento en las preferencias de la tipología de vivienda de plurifamiliar a unifamiliar y la apetencia por disponer de segundas residencias.

El informe destaca que una de las zonas de crecimiento ha sido y será el área inmediata de influencia de Madrid. El documento destaca que el Corredor de Henares alcanzará entre los 425.000 y 565.000 habitantes en el horizonte 2017-2030. Esta zona tiene 33 municipios de la provincia de Guadalajara donde se construirán, según las estimaciones, 175.000 nuevas viviendas.

En la comarca de La Sagra, también en la zona de influencia de la capital de España, se prevé llegar a los 624.000 habitantes. El área abarca 40 municipios de Toledo y se edificarán hasta 2030 unas 150.000 nuevas viviendas. Los ecologistas calculan que el consumo de agua en esta zona casi se triplicará al pasar de 23 a 70 hectómetros cúbicos.

Otro foco de crecimiento, según se encarga destacar el informe, será el entorno de las principales ciudades castellano-manchegas. Albacete está desarrollando en estos momentos un nuevo Plan de Ordenación Municipal (POM).

Ciudad Real también tiene previsto construir unas 20.000 nuevas viviendas. Según las mismas fuentes el objetivo de la nueva planificación es edificar 20.000 viviendas, con lo que se duplicará la población actual. Guadalajara tiene unas previsiones de crecimiento de 45.000 viviendas, el doble de la población actual.

El nuevo POM de Toledo prevé la construcción de 49.000 viviendas hasta 2030. Talavera de la Reina, un municipio de tamaño medio, estima que edificará 46.691 inmuebles hasta 2020.

Infraestructuras
Otras áreas susceptibles de sufrir un crecimiento urbanístico desmesurado, según Ecologistas en Acción, se sitúan alrededor de las nuevas grandes infraestructuras de transporte. Según los ecologistas afectan, en su mayor parte, a espacios incluidos en la Red Natura 2000, protegidos por la Unión Europea.

En estas zonas se estima que se construirán 240.000 nuevas viviendas. Entre estas infraestructuras se encuentran la Autovía de Castilla-La Mancha, el AVE a la Comunitat, la autovía La Alcarria-Madrid, la A-3, o la unión con Alicante, entre otras.

Según el Plan Especial de Infraestructuras Terrestres (PEIT), hay cuatro autopistas en proyecto, dos autovías y al menos una decena de carreteras de alta capacidad. También se pasará de 1.000 a 2.790 kilómetros de vías de alta capacidad y de 300 kilómetros a 1.000 kilómetros de líneas de alta velocidad.

Junto a ello, hay que unir las grandes actuaciones singulares entre las que se incluye la construcción, según los ecologistas, de al menos 25 campos de golf y 85.000 nuevas viviendas.

En La Losilla (Chinchilla) se van a construir 2.000 chalets y un campo de golf. Hay programado un campo de golf de 27 hoyos en La Roda; 2.500 viviendas y un campo de golf en Montealegre del Castillo; 9.000 viviendas, 4.000 plazas hoteleras, tres campos de golf y un casino en el parque temático Reino Don Quijote de Ciudad Real, según estos informes.

A estos proyectos se suman las 5.000 viviendas y un campo de golf en Puertollano. En Zarza del Tajo, junto a un Lugar de Interés Comunitario (LIC), se van a construir 3.000 viviendas y un campo de golf. En la localidad de Yebes hay previsto edificar 9.500 viviendas y un campo de golf o 13.000 viviendas en El Quiñón (Seseña).

La expansión urbanística en Castilla-La Mancha empezó hace unos años. El Observatorio Español para la Sostenibilidad (OSE), entidad dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, ya lo ha detectado. El informe de este organismo entre 1987-2000 resalta que de las 18.972 hectáreas nuevas ocupadas en la región en el área de influencia de Madrid, se ubican Guadalajara con un crecimiento del 94% y Toledo, del 67%.

La mayor parte de la expansión corresponde a zonas urbanas (el 93%). El informe de Ecologistas en Acción resalta que el OSE destaca que el crecimiento de las superficies urbanas no tiene relación con el aumento de población, ya que ésta ha crecido un 16% y la población un 3,5% entre 1987-2000.

La propia Consejería de Urbanismo reconoce que desde el año 2000 se están reclasificando como promedio 3.500 hectáreas al año, de los que 30 millones de metros cuadrados son para uso urbano.

Las viviendas nuevas construidas entre 2001 y 2005 rondan las 20.000 ó 30.000 al año. El ritmo se ha incrementado el último ejercicio donde se han reclasificado 60.000 millones de metros cuadrados, 35 de ellos para las 45.000 nuevas viviendas anuales que se han edificado.

Los ecologistas consideran, de esta forma, que el parque de viviendas se duplicará en el horizonte de 2030 hasta alcanzar los 2.000.000. Y se caracterizarán por ser unifamiliares, asociadas a proyectos de construcción de campos de golf “y muchas veces dentro o en el radio de influencia de espacios naturales de gran valor ecológico”. La fiebre constructora en la Comunitat ha sido denunciada ante la UE.

El agua para las nuevas viviendas, según se encargó de recordar Miguel Ángel Hernández, uno de los redactores del informe de Ecologistas en Acción, procederá de los ríos Tajo y Júcar y de los acuíferos de la Mancha, que no se encuentran en buen estado tras los últimos años de sequía.

El propio Hernández reconoció a LAS PROVINCIAS que no es ajeno a los intereses políticos que se esconden detrás de la fiebre constructora que se ha desatado en Castilla-La Mancha durante estos últimos años.

El trasvase Tajo-Segura tiene fecha de caducidad. El nuevo estatuto manchego dice que se acabará en 2015. Pero si no se consigue aprobar este texto legal, los socialistas manchegos, según se desprende del informe ecologista, están dispuestos a aplicar la política de hechos consumados.

El trasvase entre los dos ríos únicamente se producirá si existen excedentes. Pero la política de expansión urbanística generará una importante demanda de recursos hídricos que se sumarán a la del aumento de regadíos en la Mancha Oriental. De esta forma, por mucho que las leyes permitan trasvasar, la política emprendida por la Junta de Castilla-La Mancha va dirigida a que no haya excedentes.

Al menos así lo sostienen los ecologistas de Castilla-La Mancha que, aunque no se posicionan sobre el trasvase, reconocen la política de hechos consumados que está llevando a cabo la Junta para evitar llevar agua a la Comunitat y Murcia.

El Grupo Popular en el Ayuntamiento de Albacete aseguró ayer «respetar» la sentencia del Tribunal Supremo que anula el pliego de condiciones que sirvió en 1997 para la adjudicación del servicio de distribución de agua potable de la capital, si bien subrayó que la gestión del mismo continúa siendo «indirecta y privada», pues el Ayuntamiento sólo tiene un 26% del capital de la empresa mixta Aguas de Albacete, mientras que el 74% restante pertenece a Aquagest.

En rueda de prensa para exponer su criterio en torno a la sentencia que se hacía pública la pasada semana, el concejal Juan Carlos López Garrido indicó que este fallo judicial entiende que no se puede aplicar la experiencia como criterio de puntuación para la adjudicación «y si los tribunales dicen que esto no está bien, llevarán razón, pero lo que es innegable es que en el proceso hubo pública concurrencia, algo que no sucedió en la constitución de Aguas de Albacete», recriminó el edil popular.

Garrido criticó que el alcalde de Albacete dijera que sabía que el Supremo iba a anular esta concesión porque el criterio de experiencia es ilegal y, sin embargo, «este mismo criterio se valora en otros concursos públicos de adjudicación hasta marzo de 2004; si el alcalde sabía que era ilegal, ¿por qué lo mantiene hasta ese año?», se preguntó el concejal del PP que consideró pues que «tan ilegales son los contratos que ha consentido el alcalde como la adjudicación del agua en 1997».

El concejal popular indicó que, a pesar de que los socialistas criticaron la privatización de la gestión del ciclo integral del agua, hoy por hoy esta gestión sigue siendo «indirecta» y corre a cargo de una empresa mixta, de la cual el Ayuntamiento sólo tiene el 26% de su capital, es decir, que el servicio «no es municipal», con la diferencia además de que a Aquagest «se le ha ampliado la adjudicación durante 25 años sin pública concurrencia».

Planta de ósmosis

Garrido, que en varias ocasiones acusó al alcalde de ser un «mentiroso profesional», se refirió también al retraso de la construcción de la planta de ósmosis inversa que mejorará la calidad del agua, una planta que todavía no está construida pero, a pesar de ello y según el concejal del PP, «en el recibo del agua estamos pagando el mantenimiento de una planta que no existe».

Por último, dijo no creer que una sentencia judicial no se pueda cumplir y consideró que es Pérez Castell a quien le corresponde ejecutarla.

Beber, sí, pero regar, más bien poco’. Esa es la conclusión de un informe sobre la cara y la cruz de los usos y aprovechamientos en varias zonas críticas de la Península, entre ellas las cuencas de Júcar y Segura. Informe que estudió el Consejo de Ministros en su última reunión, celebrada justo antes del Puente del 1º de Mayo.

Al término del Consejo, la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, afirmaba que la prioridad del gobierno ante la actual sequía era y es «el abastecimiento a la población» ya que, a pesar de lo crítico de la situación actual, se garantiza el suministro humano, al revés de lo ocurrido a mediados de los 90, cuando 12 millones de personas debieron afrontar restricciones.

Esa fue la cara de la moneda, mientras que la cruz se la llevaron los regadíos. Para ser exactos, De la Vega dijo que la previsión del gobierno es que, en el Júcar, sólo se podrá abastecer al 40 por ciento de los regadíos, mientras que en la del Segura, sólo habrá agua para el 50 por ciento de los riegos.

La vicepresidenta reconoció que en ambas cuencas se ha dado un cierta mejoría de la situación -ambas han logrado situarse levemente por encima del 20 por ciento de sus reservas, pero, pese a todo, ambas padecen un ‘déficit acumulado’ de precipitaciones que se remontan al año 2004, por lo que no queda más remedio que mantener las restricciones al riego, dando prioridad al suministro a las principales aglomeraciones humanas de dichas cuencas.

Este estudio resulta de especial relevancia para Albacete ya que, prácticamente, dos tercios de la superficie de la provincia pertecenen a la Cuenca del Júcar, mientras que el tercio restante quedan dentro del ámbito territorial de la cuenca del Segura. De hecho, los regantes de ambas zonas ya afrontan severas restricciones, tanto en la zona de la Mancha Oriental como el Segura Manchego.

Según informa el organismo de cuenca, las reservas hídricas de los embalses de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) han aumentado en la última semana 34,28 hectómetros cúbicos (hm3), con lo que el agua almacenada en los pantanos se sitúa en 757,41 hm3, lo que representa el 22,63% de sus 3.346,6 hectómetros de capacidad total.

De los veintisiete embalses pertenecientes a la Confederación, veinticuatro han aumentado sus reservas en la última semana, uno la ha disminuido y otros dos no han variado su nivel.

El embalse que ha registrado un mayor incremento ha sido el de Sichar, que ha aumentado 7,74 hectómetros y se sitúa al 64,73 por ciento de su capacidad. También han aumentado sus reservas los pantanos de Alarcón, con 5,53 hectómetros cúbicos; el de Contreras, con 4,52 hectómetros, y el de Benageber, con 3,20 hectómetros.

Por otra parte, el embalse que ha reducido sus reservas es el de Escalona, que ha perdido 0,01 hectómetros cúbicos. Los embalses que no han variado su nivel son los de Algar que sigue seco y, por último, el de Almansa, que sigue con 11,50 por ciento de su capacidad.

Las reservas de los embalses de la cuenca del Júcar-Alarcón, Contreras y Tous- se encontraban ayer al 18,12%, casi un punto por encima de los niveles del pasado año por estas fechas. Las ultimas lluvias, sumadas a la humedad remanente de anteriores temporales han obrado el milagro de invertir una situación que parecía enquistada hasta hace tan solo dos semanas.

Por cuencas, el Júcar está al 18,12% frente al 17,69% del 1 de mayo del pasado año. En Alicante (Marina baja-Serpis) la situación actual es del 66,14% frente al 64,32 de 2006 y en el Mijares al 45,69 % frente a 39,01% del pasado año, gracias, en parte, a las actuaciones acometidas en el embalse de Arenos. Sólo el Turia, con el 37,60% de agua embalsada frente al 54,23% del pasado año permanece por detrás y ajeno a la notoria recuperación de los embalses valencianos.
En el conjunto de la confederación hidrográfica, el agua embalsada ascendía ayer a 780,88 Hm 3 (23,42%)frente a los 757,41 (22,63%)de 2006 , aunque la situación podría evolucionar con rapidez a favor de los intereses agrícolas valencianos.
Las lluvias registradas entre el viernes y el lunes han tenido la virtud de incrementar espectacularmente el caudal de los ríos debido, en parte, a que el terreno se encuentra saturado.La lluvia viene, además, en un momento clave que coincide con el llenado del arrozal.
Según la CHJ, que todavía no ha hecho balance del agua caída pero si mantiene un férreo control sobre la lluvia registrada desde el Sistema de Información Hidrológica (SAIH), el río Júcar aportó entre las 8 horas del domingo y las 8 horas de ayer lunes una media de 22 metros cúbicos por segundo en Alarcón. En Contreras, el flujo que llegaba al embalse ayer era de 12,65 m 3 , lo que permitió almacenar más de 1 hectómetro cúbico en un solo día.
En la parte baja, Tous recibía 9,6 m 3 y en el Turia, pese a la delicada situación de Benagéber, que está soportando toda la demanda del Turia, el agua embalsada subió ayer 0.69 hm 3 y el caudal del río en la cola del embalse superaba los 10,050 m 3 /segundo.
Espectaculares fueron también las entradas en el embalse de Sitjar, que absorbió una pequeña riada de 27.75 m 3 /segundo de media diaria y ganó en 24 horas 2,35 hectómetros cúbicos de agua.También en Ulldecona se ganaron casi 2 hm3 en 24 horas hasta dejar el embalse en el 87% de su capacidad.
En el pantano del Regajo, en el Palancia, hubo que soltar agua para evitar que se se llenara totalmente este embalse que alcanza ya el 92,1% de su capacidad total. total.

Los regantes del Júcar creen que las abundantes precipitaciones del mes de abril permiten incrementar las dotaciones de agua para riego y reducir así las restricciones impuestas por la Confederación Hidrográfica del Júcar debido a la sequía.

Los embalses han recuperado los niveles de 2006, a pesar de que todavía se encuentran en situación de emergencia. Alarcón, Contreras y Tous han sumado en las últimas cuatro semanas 72 hectómetros cúbicos, casi un tercio de las reservas que tenían a finales de marzo.

Según explicó el secretario de la Unidad Sindical de Usuarios del Júcar, Juan Valero de Palma, a pesar de que ya se están produciendo desembalses de Alarcón para regar los campos de arroz, las aportaciones son mayores y el pantano incrementa sus reservas.

Las restricciones impuestas por la Confederación Hidrográfica del Júcar preveían para este verano 250 hectómetros cúbicos de agua superficial para regar, cuando las asignaciones son de 725 hectómetros. “Habíamos previsto incrementar esa cantidad con recursos provenientes de pozos y agua depurada, pero creemos que es necesario reducir las restricciones porque no tenemos suficiente”.

Valero de Palma espera que la Confederación del Júcar decida en las próximas semanas incrementar la dotación de agua para riego. Sin embargo, habló de “prudencia” debido a que a pesar del incremento de caudales, las aportaciones todavía no son demasiado importantes y no permiten hablar, “ni mucho menos, del fin de la sequía” en la cuenca del Júcar.

Si las predicciones del Centro Meteorológico de Valencia se cumplen, se pueden registrar más precipitaciones en la cuenca que permitan incrementar el volumen de reservas. “Las lluvias han sido muy beneficiosas y en un mes excelente para la agricultura”, aseguró Valero de Palma

Paralelamente a todos los anuncios relativos al agua del Júcar -relacionados directa o indirectamente-, Pérez Castell también mencionó el depósito de 20.000 metros cúbicos que se va a construir junto a la depuradora de Albacete y que va a servir para recoger todas las aguas pluviales antes de que entren en ésta. Un depósito que va a suponer una inversión de 4,3 millones de euros, que se ha conveniado con la Confederación Hidrográfica del Júcar.

La novedad de este proyecto es que el pasado 24 de abril se reunió la Mesa de Contratación, en la Confederación, para abrir el periodo de presentación de ofertas de las empresas que opten a construirla.