El pleno de la Eurocámara dio hoy su aprobación final a la nueva norma de evaluación y gestión de inundaciones, que tiene como principal objetivo reducir el riesgo de estos fenómenos naturales tanto en las cuencas de los ríos como en las zonas costeras. La directiva obligará a los Estados miembros a realizar una evaluación de riegos en 2011, a preparar mapas con las zonas geográficas con mayor peligro de inundarse en 2013, y a diseñar planes de gestión de crisis en 2015.

Desde 1998, las inundaciones ocurridas en Europa han provocado alrededor de 700 muertos, el desplazamiento de medio millón de personas y pérdidas económicas cubiertas por las aseguradoras de al menos 25.000 millones de euros, según los datos de la Comisión.

El comisario de Medio Ambiente, Stavros Dimas, destacó que la norma es muy necesaria porque «el riesgo de inundación y los daños económicos relacionados se agravarán en Europa durante los próximos decenios» como consecuencia del cambio climático. «El mejor medio de reducir el coste de adaptación al cambio climático es actuar rápidamente, y la directiva sobre inundaciones nos ayudará», dijo a través de un comunicado.

La directiva aprobada este miércoles por la Eurocámara, que ha sido pactada con los Veintisiete, impondrá a los Estados miembros la obligación de realizar una planificación a largo plazo para reducir los riesgos de inundación en tres etapas. En primer lugar cada país tendrá que proceder de aquí a 2011 a una evaluación preliminar de los riesgos de innovación de sus cuencas hidrográficas y sus zonas costeras asociadas.

Si la probabilidad de daños por inundación es elevada, los Estados miembros deberán elaborar antes de 2013 mapas de zonas inundables y mapas de riesgos de inundación. Finalmente, antes de 2015 tendrán que establecerse planes de gestión de riesgos para estas zonas, con medidas para reducir la probabilidad de inundaciones y atenuar sus consecuencias.

Los planes tendrán que concentrarse principalmente en la prevención (por ejemplo evitando la construcción de viviendas o instalaciones industriales o adaptando cualquier planeamiento futuro al riesgo de inundación), la protección (restableciendo las llanuras inundables y las zonas húmedas) y la preparación (con instrucciones para los habitantes sobre el comportamiento que deben seguir en caso de inundación).

En el caso de las cuencas fluviales internacionales, los Estados miembros tendrán que coordinar su actuación para evitar que los planes de un país causen problemas a otro.

Los socialistas españoles en la Eurocámara hicieron público un comunicado en el que consideran muy importante que la directiva deje a los Estados miembros un alto grado de flexibilidad para determinar el nivel de protección necesario. «De este modo, territorios especialmente sensibles, como es el caso de la Península Ibérica, podrán gestionar los riesgos en base a las distintas situaciones geográficas, hidrológicas y de asentamientos humanos que presentan», señala el texto.

La directiva incluye, según los socialistas, prioridades marcadas por su grupo y que son esenciales para los países del sur: inclusión de referencias al cambio climático, coordinación de esta legislación con la directiva marco del agua, riesgos de contaminación ligados a las inundaciones y promoción del uso sostenible de los suelos.

“Es sorprendente que una consejería que se llama de Agricultura haga una planta desalinizadora, sorteando los requisitos de la Ley de Aguas respecto a la disponibilidad de los recursos para nuevas urbanizaciones”. El presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), el socialista José Salvador Fuentes Zorita, ha criticado duramente y ha puesto en evidencia con estas palabras el simulacro de inauguración que el presidente en funciones de la comunidad autónoma y candidato del PP, Ramón Luis Valcárcel (PP), a pocos días de la campaña electoral, de una desalinizadora en Escombreras, que no comenzaría a generar sus primeros hectómetros cúbicos de agua potable hasta 2008.

La planta no tiene conexión con el mar, no cuenta con los permisos preceptivos del ministerio de Medio Ambiente y tampoco ha pasado la declaración de impacto ambiental, según informa la edición de hoy del diario EL PAÍS.

«No sé lo que han podido inaugurar porque están en situación de alegalidad, ya que no tienen en orden ni la toma de agua ni el emisario, ni la concesión necesaria», ha afirmado Fuentes Zorita.

Por su parte, Valcárcel, tras pulsar un botón de una planta que dijo que estaba en “pruebas”, señaló que «con esta instalación aseguramos las demandas de los municipios, sin ningún tipo de sectarismo político”.
También la edición de hoy del diario ABC se hace eco de esta inauguración fantasma, afirmando que la Comunidad de Murcia “ya tiene capacidad para producir su propia agua desalinizada” y que los primeros caudales de la planta de Escombreras llegarán a los ayuntamientos “dentro de tres meses”. Según este periódico del Grupo Vocento, Valcárcel quiere “ejercer su propia autonomía para producir agua”, sin depender en exclusiva del ministerio de Medio Ambiente.

La desalinizadora es privada y ha sido alquilada por el Gobierno murciano por un periodo de 25 años y sus caudales irán destinados a nuevos desarrollos urbanísticos y turísticos de ayuntamientos en poder del PP, según ABC.

Valcárcel ha abierto un nuevo frente de batalla contra el Gobierno central, en esta ocasión una “guerra de desalinizadoras”, pues en connivencia con la generalidad valenciana, gobernada también por el PP, boicotea la construcción de la planta desalinizadora de Torrevieja, proyectada por el ministerio de Medio Ambiente y que abastecerá a decenas de municipios alicantinos y murcianos.

Las reservas hídricas de los embalses de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) han aumentado en la última semana 27,24 hectómetros cúbicos (hm3), con lo que el agua almacenada en los pantanos se sitúa en 723,62 hm3, lo que representa el 21,62% de sus 3.346,6 hectómetros de capacidad total.

De los veintisiete embalses de la CHJ, diecinueve han aumentado sus reservas en la última semana, cuatro las han disminuido y otros cuatro no han variado su nivel, según informaron hoy fuentes de esa entidad.

El embalse que ha registrado un mayor incremento ha sido el de Alarcón, que ha aumentado 8,52 hectómetros y se sitúa al 11,45 por ciento de su capacidad.

También han aumentado sus reservas los pantanos de Sichar, con 5,80 hectómetros cúbicos; el de Contreras, con 4,23, y el de Tous-La Ribera, con 3,89 hectómetros.

Por otra parte, los embalses que han reducido sus reservas son los de La Toba, que ha perdido 1,32 hectómetros cúbicos; el de Arenós, con 1,16 hectómetros menos; el de Cortes II, que se ha reducido en 0,59 hectómetros, y el de Escalona, con una disminución de 0,03 hectómetros.

Los embalses que no han variado su nivel son los de La Muela, que se encuentra al 63,92 por ciento de su capacidad; el de Alcora, que se mantiene al 70,19 por ciento; el de Almansa, con 11,50 por ciento, y el de Algar, que sigue seco.

Por sistemas, el de Alicante (Marina Baja/Serpis) se encuentra al 63,58% de su capacidad, el del Júcar al 17,58%, el del Turia al 36,15% y el de Castellón (Palancia/Mijares/Cenia) al 40,06%.

La Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) aseguró ayer en un comunicado de Prensa que es «rotundamente falso» que se vaya a sacar agua a 4.000 metros de profundidad con la ayuda de satélites como afirmó el domingo el consejero de Agricultura de Murcia, Antonio Cerdá, al que pide «que no traslade su ignorancia a los ciudadanos».

La Secretaría General para el Territorio y la Biodiversidad del Gobierno de Murcia anunció la semana pasada que iba a realizar un estudio sobre los acuíferos de la cuenca del Segura para analizar las masas de agua subterráneas «para realizar una mejor gestión» de las mismas.

«Es rotundamente falso que su objetivo sea extraer agua a 4.000 metros de profundidad, como han afirmado algunos miembros del Gobierno murciano y del Partido Popular», asegura la CHS.

Ante las declaraciones de Cerdá considerando la «inviabilidad» del proyecto, la CHS expresó su «estupefacción ante la capacidad de exhibir ignorancia que se demuestra por parte del Ejecutivo regional con ánimo, suponemos, de hacerla extensiva a todos los ciudadanos y ahondando en la tremenda manipulación de que hace objeto todas las cuestiones relacionadas con la política hidráulica».

Investigación

«No existe ningún proyecto para extraer agua a 4.000 metros de profundidad, sino una investigación mediante imágenes por satélite para conocer las características de las masas de agua subterránea existentes hasta dicha cota utilizando las más modernas tecnologías que existen en el mundo», añade la fuente.

«Si algo semejante, un estudio análogo, se hubiera llevado a cabo durante los ocho años que gobernó en la CHS el Partido Popular, probablemente la gestión de las aguas subterráneas se hubiera realizado de otra manera, probablemente algunos agricultores no habrían gastado inútilmente su dinero reprofundizando pozos donde no habían recursos y probablemente alguno hubiese podido atender mejor sus cultivos si hubiera sabido con exactitud donde sí había recursos disponibles», agrega la fuente.

La Comisión de la Sequía de la Confederación Hidrográfica del Júcar, reunida el pasado viernes en Valencia, aprobó eximir por motivos sociales a un grupo de unos 150 regantes de la Mancha Oriental de las últimas restricciones aprobadas para la zona.

Estos 150 regantes son agricultores a título principal, dueños de explotaciones de regadío situadas en las proximidades del cauce del Júcar cuya superficie es menor de 10 hectáreas. Dado el pequeño tamaño de sus explotaciones, la aplicación de los últimos recortes por sequía les había abocado al cierre.

Como se recordará, en noviembre pasado, los regantes de la Mancha Oriental se habían «autoimpuesto» un recorte del 20% en sus asignaciones de agua. Con posterioridad, la Confederación había añadido un 20% más, del que ahora estas pequeñas explotaciones quedan exentas.

«Estamos hablando de una medida de muy escaso impacto desde el punto de vista hídrico, porque el consumo de todas estas explotaciones no llega ni de lejos al medio hectómetro», explicaba ayer el presidente de la Junta Central de Regantes de la Mancha Oriental, Agustín González, «pero desde el punto de vista social, el beneficio que se obtiene es grande, porque este grupo de personas carecía de alternativas, no tiene otra fuente principal de ingresos que no sea la actividad agraria».

La medida resultó aprobada por una amplia mayoría en el seno de la Comisión de la Sequía del Júcar, como también se aprobó que los regantes de la Mancha Oriental en similar situación, pero cuyas explotaciones tengan entre 10 y 20 hectáreas de superficie, vean aliviadas las restricciones que se les aplican aunque en un grado menor.

«Para ser exactos, tendrán que aplicar un veinte por ciento, que es lo que aprobamos en la Mancha Oriental de forma voluntaria y un diez por ciento más, en total, un 30% menos», explicó el presidente de la JCRMO.

González también explicó que la representación de Castilla-La Mancha, esto es, el gobierno regional, se abstuvo a la hora de aprobar estas medidas «pero no porque se opusiera a ellas, sino porque en principio nuestra gobierno regional se opuso radicalmente a cualquier tipo de restricción a la Mancha Oriental».

El Consell ha ganado la batalla del agua en la opinión pública valenciana. Los defensores del trasvase del Ebro, derogado por el Ejecutivo que encabeza José Luis Rodríguez Zapatero, son cada vez más, según el sondeo que la empresa Grup Marest ha elaborado para Levante-EMV . Un 56,3% de los encuestados cree que el remedio a la escasez de agua que sufre la Comunitat Valenciana es trasvasar el agua desde el río Ebro, como reclama insistentemente el Ejecutivo que preside Francisco Camps. Este porcentaje es incluso mayor que el registrado en el sondeo de Grup Marest del pasado mes de enero. Entonces un 51,3% de los ciudadanos ya ha apostaba por esta infraestructura frente a otras soluciones.

El incremento de cuatro puntos en apenas tres meses puede tener un clara explicación si se atiende a las fechas en que se realizaron las entrevistas personales; en la semana del 28 de abril al 5 de mayo. En aquel momento, todas las televisiones llevaron a los hogares de los valencianos las imágenes del Ebro desbordándose como consecuencia de las fuertes lluvias que cayeron en Aragón. Esta circunstancia fue aprovechada por los populares valencianos para intensificar sus críticas al Ejecutivo central por paralizar el trasvase y ahondar en su argumento de que el Ebro tiene agua de sobra para donar a la Comunitat.

El agua preocupa poco

Aunque el problema del agua preocupa más bien poco a los valencianos (sólo el 6% lo considera una preocupación), el discurso del Consell de defensa del Plan Hidrológico Nacional (PHN) ha calado hondo. No solo la postura popular gana apoyos, sino que disminuye el porcentaje de valencianos que confía en la alternativa al problema hídrico que se defiende desde el Ministerio de Medio Ambiente. Así, solamente un 34% remediaría la escasez de agua mediante las desalinizadoras y los medios de ahorro que propone el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. En el sondeo de enero, la política hídrica de los socialistas contaba con algo más de respaldo; un 37,5%.
La fuga de apoyos a la política hídrica del Ejecutivo central en la Comunitat Valenciana coincide además con la polémica desatada por la construcción de la desaladora de Torrevieja. El Consell, que aduce motivos medioambientales, ha acudido incluso a los tribunales para tratar de paralizar una obra que el Ministerio de Medio Ambiente, que dirige Cristina Narbona, considera prioritaria para paliar el déficit hídrico.

Baja el porcentaje de indecisos

Por otro lado, el colectivo de indecisos también ha disminuido. Mientras que hace tres meses un 11,2% rehusaba pronunciarse sobre el problema del agua, hoy el porcentaje de no sabe no contesta baja al 9,3%.
Como ya ocurrió en el sondeo del pasado mes de enero, en Alicante, la provincia que más está padeciendo la falta de recursos hídricos, es donde se concentra mayor número de defensores del trasvase.
Casi un 59% está con el Consell frente a un 33,3% que prefiere una política de agua que no pivote sólo en la obra pública. Con todo, los menos entusiastas con las propuestas del Gobierno se concentran en Valencia. Sólo un 31% cree que iniciativas como el programa Agua pueden solucionar las privaciones hídricas.
Los ciudadanos de Castelló son los únicos que no se han decantado de forma tan clara a favor del Consell en la batalla del agua. Los defensores del trasvase bajan a un 47,3% y prácticamente empatan con los que confían en las políticas de Madrid (un 46,3%). En la anterior encuesta del pasado mes de enero, el porcentaje que apoyaba las medidas del Ejecutivo central ascendía al 48,7%, mientras que los defendían el trasvase no llegaban al 42%.

El consejero murciano de Agricultura y Agua, Antonio Cerdá, acusó ayer al PSOE de «incoherente» y de una «falta total de proyecto político», tras anunciar «un día una cosa y al día siguiente la contraria», en relación a las manifestaciones realizadas estos días por la Confederación Hidrográfica del Segura sobre las garantías de agua para las nuevas urbanizaciones durante el próximo año.

El responsable de Agua del Gobierno murciano afirmó en un comunicado que «no se sabe quién manda en la CHS, si el presidente o el comisario de Aguas», debido a que el responsable de la Confederación, José Salvador Fuentes Zorita, «un día dice que no hay agua para tantas viviendas, y a los pocos días, el comisario, Manuel Aldeguer, asegura que va a haber para todas».

Para Cerdá, estas manifestaciones son «fruto de la mala conciencia de los socialistas murcianos» por «haber privado a esta Región de tener unos caudales disponibles de por vida para abastecimiento, pero sobre todo para agricultura», en referencia al trasvase del Ebro. El responsable de la Consejería de Agua subrayó que la situación actual de sequía que padece Murcia «es consecuencia de la traición que los socialistas murcianos han hecho a la Región» al votar en contra del trasvase del Ebro. Un proyecto que, a juicio de Cerdá, «estaba iniciado y adjudicado» y que «hubiera sido la solución definitiva para los problemas de déficit hídrico» que padece la Comunidad, «tanto para abastecimiento, pero sobre todo para la agricultura, el sector más perjudicado por la escasez de agua», apostilló el consejero.

Coste energético

En relación al anuncio del Ministerio de Medio Ambiente, que pretende extraer agua a 4.000 metros, el responsable de Agua del Gobierno regional calificó de «barbaridad» que «mientras el Ebro se desborda en superficie, se busque agua a tanta profundidad». «Extraer agua a 4.000 metros es inviable bajo el punto de vista económico por la cantidad de energía que se necesitaría para aflorarla a la superficie», explicó Cerdá. También resaltó la «incongruencia» del Ministerio de recurrir siempre a la Directiva Marco Europea» cuando esta norma «lo primero que dice es que hay que preservar los acuíferos», por lo que añadió que con estas medidas «no sólo los acuíferos más superficiales se van a ver afectados, sino que también quieren esquilmar los más profundos».

Cerdá puso de relieve que las actuaciones anunciadas por el Ministerio suponen «un desconocimiento total de lo que es una planificación hidráulica, que es la que necesita España».

La escasez estructural de recursos hídricos que afecta a las cuenca del Segura ha obligado al Gobierno a endurecer la lucha contra el robo de agua en pozos ilegales de la Vega Baja. Así, en lo que va de legislatura, los servicios de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) han incoado hasta 376 expedientes por extracción irregular de agua, según datos del Ejecutivo.

Desde 2004, las tres cuencas más deficitarias de España -Segura, Júcar y Taj- – acumulan 1.513 infracciones, lo que supone el 20% del total, que llega a las 7.846. No obstante, estas tres mismas confederaciones concentraron el 40% de los expedientes iniciados durante la legislatura anterior.
Según cifras oficiales, la cuenca del Segura cuenta actualmente con más de 3.000 pozos ilegales que extraen al año unos 200 hectómetros cúbicos. Para Juana Serna, este tipo de pozos «representan un problema gravísimo si tenemos en cuenta la situación de sequía que vivimos, por ello -añade- el Ejecutivo central ha intensificado la vigilancia en las cuencas y va a aumentar bajo su gobierno el número de policías fluviales para luchar contra estas prácticas» .
Según la diputada socialista, el Ministerio de Medio Ambiente tiene previsto endurecer las penalizaciones por extraer agua en pozos ilegales. «La intención del Ministerio -apunta Serna-, es que la próxima Ley de Aguas califique como delito los robos de agua, y no, como sucede hasta ahora, como una infracción administrativa».

Medidas insuficientes

Medio Ambiente ha eliminado de esta legislación el apartado que legalizaba los pozos irregulares, unos 500.000 en toda España. Además, la Comisión Europea mantiene abierta una investigación sobre la utilización de estos pozos en la provincia de Alicante, que en caso de probarse, supondría que numerosos agricultores podrían quedarse sin las subvenciones de la UE.