El concejal del Ciclo Integral del Agua en el Ayuntamiento de Valencia, Ramón Isidro Sanchis, calificó de «inaudito» que la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) «no cumpla con su trabajo» y «responsabilice de ello a la ciudad de Valencia»,

Sanchis, quien se expresó en estos términos en relación a las declaraciones realizadas ayer por la CHJ sobre la disminución de caudales circulantes del pasado martes en los municipios valencianos de Paterna, Manises y Quart de Poblet, manifestó su «indignación» por el hecho de que la confederación «achaque al suministro de agua de la ciudad de Valencia una mortandad de peces», señaló.

En este sentido, el responsable del Ciclo Integral del Agua indicó que la teoría de la CHJ es «de locos», ya que, en su opinión, «si hay mortandad es por la falta de custodia de los vertidos en el cauce del río Turia que debería controlar la confederación y no lo hace».

Asimismo, aseveró que es «obligación» del organismo hidrográfico «proporcionar a la ciudad el caudal suficiente y un agua de calidad, que no nos obligue a parar continuamente la planta potabilizadora».

La Junta Central de Regantes de la Mancha Oriental (JCRMO) mostró ayer su satisfacción ante la decisión adoptada en la última Comisión de Desembalse del Júcar. Según explicó el presidente de la JCRMO, Agustín González, en la Comisión se decidió por vez primera acabar con los desembalses «a demanda» que hasta ahora se realizaban.

González indicó en este sentido que la política seguida hasta ahora era la de realizar esos desembalses cuando los usuarios tradicionales valencianos necesitaban el agua.

De esta forma se producían momentos en los que apenas discurrían dos metros cúbicos de agua por segundo mientras que en otros se llegaba hasta los 28 o 30 metros cúbicos por segundo con el consiguiente perjuicio para el equilibrio del río. En la Comisión celebraba el pasado miércoles se decidió desembalsar de forma constante desde Alarcón ocho metros cúbicos de agua por segundo hasta el mes de septiembre. González aseguró que de esta forma se da la razón a lo que siempre ha defendido la Junta Central de Regantes y es que «el río Júcar sea un río y no un canal».

Robo de cobre

Por otra parte, los regantes de la Mancha Oriental se reunieron ayer con el subdelegado del Gobierno en Albacete, José Herrero Arcas, para plantearle una situación que preocupa a estos agricultores como es el constante saqueo al que ven sometidas sus explotaciones en todo el acuífero.

El motivo de estos robos no es otro que conseguir cobre, un preciado metal de gran valor y muy cotizado entre los «amigos de lo ajeno». González manifestó que en los últimos años los robos de instalaciones de riego con elementos de cobre se han convertido en una constante. Por su parte Herrero aconsejó a los regantes que denuncien siempre estas situaciones.

La secretaria de Política Autonómica y Local del PP, Soraya Sáenz de Santamaría, reclamó al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, que «deje de hacer demagogia» con el agua y afronte las inversiones en infraestructuras necesarias para resolver las carencias hídricas que sufren distintas zonas de España. Entre ellas citó a Aragón. Sáenz de Santamaría, que visitó Calatayud para reunirse con responsables locales del PP y el líder regional de este partido, Gustavo Alcalde, así como con representantes de asociaciones y colectivos ciudadanos bilbilitanos, no quiso respaldar expresamente la reivindicación del trasvase del Ebro que sigue defendiendo el Levante.

Afirmó que la postura del PP a nivel nacional en materia de agua es que ésta debe ser una cuestión «de Estado», que ha de incluir el principio de «solidaridad», pero subrayó que «la solidaridad empieza por uno mismo», en alusión a las necesidades hídricas de Aragón y a los embalses pendientes de construir que quedaron recogidos en el Pacto del Agua de 1992.

«Seguidismo» de Iglesias

Según la secretaria de Política Autonómica del PP, en la cuenca del Ebro, sus comunidades autónomas, caso de Aragón, son los primeros territorios que «tienen el derecho y la necesidad de aprovechar las aguas que ven pasar, para que puedan servirse del agua y hacer de ello un elemento de riqueza, en lugar de verlo correr hasta la desembocadura».

Sáenz de Santamaría acusó a Zapatero de «utilizar el agua electoralmente», en lugar de afrontar inversiones pendientes como las del Pacto del Agua. Asimismo, aprovechó para criticar el «seguidismo» del presidente aragonés, Marcelino Iglesias, ante las líneas que marca Zapatero desde Madrid, «le vayan bien o mal a Aragón». Afirmó que, en lugar de «hacer el caldo gordo», Iglesias debe tener «el arranque de pedir» y Rodríguez Zapatero impulsar las infraestructuras pendientes «en vez de hacer demagogia».

El «ejemplo» del Estatuto

La secretaria de Política Autonómica del PP se refirió también al reformado Estatuto de Autonomía de Aragón, que entró en vigor el lunes. Afirmó que su aprobación ha sido un «ejemplo» y un «éxito de consenso», algo que lamentó que no se haya producido en otros procesos de reforma de estatutos de autonomía. En este sentido, se refirió a una entrevista al ex-presidente de la Generalitat, Pasqual Maragall, publicada ayer por un periódico italiano y en la que, según Sáenz de Santamaría, «ha hecho un ejercicio de sinceridad, al reconocer que un Estatuto al margen de la Constitución había sido un error».

José María Barreda expresó su compromiso para que Gobierno regional participe en el proyecto de transformación en regadío de las 3.500 hectáreas de La Herrera-Los Llanos, asegurando que «una vez que el Ministerio de Agricultura, con la ayuda de los Fondos Europeos, haga su trabajo, nosotros haremos el nuestro».

Durante su visita a la cooperativa, Barreda estuvo acompañado por el presidente de las Cortes regionales, Fernando López Carrasco; la diputada regional, Matilde Valentín; y el alcalde de Balazote, Juan Manuel Cifuentes, entre otros.

Éste valoró el apoyo y el compromiso del presidente Barreda con la Cooperativa Santa Mónica y Balazote, ya que, aseguró, esta cooperativa es el núcleo del desarrollo económico de la localidad.

El pleno de la Eurocámara dio hoy su aprobación final a la nueva norma de evaluación y gestión de inundaciones, que tiene como principal objetivo reducir el riesgo de estos fenómenos naturales tanto en las cuencas de los ríos como en las zonas costeras. La directiva obligará a los Estados miembros a realizar una evaluación de riegos en 2011, a preparar mapas con las zonas geográficas con mayor peligro de inundarse en 2013, y a diseñar planes de gestión de crisis en 2015.

Desde 1998, las inundaciones ocurridas en Europa han provocado alrededor de 700 muertos, el desplazamiento de medio millón de personas y pérdidas económicas cubiertas por las aseguradoras de al menos 25.000 millones de euros, según los datos de la Comisión.

El comisario de Medio Ambiente, Stavros Dimas, destacó que la norma es muy necesaria porque «el riesgo de inundación y los daños económicos relacionados se agravarán en Europa durante los próximos decenios» como consecuencia del cambio climático. «El mejor medio de reducir el coste de adaptación al cambio climático es actuar rápidamente, y la directiva sobre inundaciones nos ayudará», dijo a través de un comunicado.

La directiva aprobada este miércoles por la Eurocámara, que ha sido pactada con los Veintisiete, impondrá a los Estados miembros la obligación de realizar una planificación a largo plazo para reducir los riesgos de inundación en tres etapas. En primer lugar cada país tendrá que proceder de aquí a 2011 a una evaluación preliminar de los riesgos de innovación de sus cuencas hidrográficas y sus zonas costeras asociadas.

Si la probabilidad de daños por inundación es elevada, los Estados miembros deberán elaborar antes de 2013 mapas de zonas inundables y mapas de riesgos de inundación. Finalmente, antes de 2015 tendrán que establecerse planes de gestión de riesgos para estas zonas, con medidas para reducir la probabilidad de inundaciones y atenuar sus consecuencias.

Los planes tendrán que concentrarse principalmente en la prevención (por ejemplo evitando la construcción de viviendas o instalaciones industriales o adaptando cualquier planeamiento futuro al riesgo de inundación), la protección (restableciendo las llanuras inundables y las zonas húmedas) y la preparación (con instrucciones para los habitantes sobre el comportamiento que deben seguir en caso de inundación).

En el caso de las cuencas fluviales internacionales, los Estados miembros tendrán que coordinar su actuación para evitar que los planes de un país causen problemas a otro.

Los socialistas españoles en la Eurocámara hicieron público un comunicado en el que consideran muy importante que la directiva deje a los Estados miembros un alto grado de flexibilidad para determinar el nivel de protección necesario. «De este modo, territorios especialmente sensibles, como es el caso de la Península Ibérica, podrán gestionar los riesgos en base a las distintas situaciones geográficas, hidrológicas y de asentamientos humanos que presentan», señala el texto.

La directiva incluye, según los socialistas, prioridades marcadas por su grupo y que son esenciales para los países del sur: inclusión de referencias al cambio climático, coordinación de esta legislación con la directiva marco del agua, riesgos de contaminación ligados a las inundaciones y promoción del uso sostenible de los suelos.

“Es sorprendente que una consejería que se llama de Agricultura haga una planta desalinizadora, sorteando los requisitos de la Ley de Aguas respecto a la disponibilidad de los recursos para nuevas urbanizaciones”. El presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), el socialista José Salvador Fuentes Zorita, ha criticado duramente y ha puesto en evidencia con estas palabras el simulacro de inauguración que el presidente en funciones de la comunidad autónoma y candidato del PP, Ramón Luis Valcárcel (PP), a pocos días de la campaña electoral, de una desalinizadora en Escombreras, que no comenzaría a generar sus primeros hectómetros cúbicos de agua potable hasta 2008.

La planta no tiene conexión con el mar, no cuenta con los permisos preceptivos del ministerio de Medio Ambiente y tampoco ha pasado la declaración de impacto ambiental, según informa la edición de hoy del diario EL PAÍS.

«No sé lo que han podido inaugurar porque están en situación de alegalidad, ya que no tienen en orden ni la toma de agua ni el emisario, ni la concesión necesaria», ha afirmado Fuentes Zorita.

Por su parte, Valcárcel, tras pulsar un botón de una planta que dijo que estaba en “pruebas”, señaló que «con esta instalación aseguramos las demandas de los municipios, sin ningún tipo de sectarismo político”.
También la edición de hoy del diario ABC se hace eco de esta inauguración fantasma, afirmando que la Comunidad de Murcia “ya tiene capacidad para producir su propia agua desalinizada” y que los primeros caudales de la planta de Escombreras llegarán a los ayuntamientos “dentro de tres meses”. Según este periódico del Grupo Vocento, Valcárcel quiere “ejercer su propia autonomía para producir agua”, sin depender en exclusiva del ministerio de Medio Ambiente.

La desalinizadora es privada y ha sido alquilada por el Gobierno murciano por un periodo de 25 años y sus caudales irán destinados a nuevos desarrollos urbanísticos y turísticos de ayuntamientos en poder del PP, según ABC.

Valcárcel ha abierto un nuevo frente de batalla contra el Gobierno central, en esta ocasión una “guerra de desalinizadoras”, pues en connivencia con la generalidad valenciana, gobernada también por el PP, boicotea la construcción de la planta desalinizadora de Torrevieja, proyectada por el ministerio de Medio Ambiente y que abastecerá a decenas de municipios alicantinos y murcianos.

Las reservas hídricas de los embalses de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) han aumentado en la última semana 27,24 hectómetros cúbicos (hm3), con lo que el agua almacenada en los pantanos se sitúa en 723,62 hm3, lo que representa el 21,62% de sus 3.346,6 hectómetros de capacidad total.

De los veintisiete embalses de la CHJ, diecinueve han aumentado sus reservas en la última semana, cuatro las han disminuido y otros cuatro no han variado su nivel, según informaron hoy fuentes de esa entidad.

El embalse que ha registrado un mayor incremento ha sido el de Alarcón, que ha aumentado 8,52 hectómetros y se sitúa al 11,45 por ciento de su capacidad.

También han aumentado sus reservas los pantanos de Sichar, con 5,80 hectómetros cúbicos; el de Contreras, con 4,23, y el de Tous-La Ribera, con 3,89 hectómetros.

Por otra parte, los embalses que han reducido sus reservas son los de La Toba, que ha perdido 1,32 hectómetros cúbicos; el de Arenós, con 1,16 hectómetros menos; el de Cortes II, que se ha reducido en 0,59 hectómetros, y el de Escalona, con una disminución de 0,03 hectómetros.

Los embalses que no han variado su nivel son los de La Muela, que se encuentra al 63,92 por ciento de su capacidad; el de Alcora, que se mantiene al 70,19 por ciento; el de Almansa, con 11,50 por ciento, y el de Algar, que sigue seco.

Por sistemas, el de Alicante (Marina Baja/Serpis) se encuentra al 63,58% de su capacidad, el del Júcar al 17,58%, el del Turia al 36,15% y el de Castellón (Palancia/Mijares/Cenia) al 40,06%.

La Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) aseguró ayer en un comunicado de Prensa que es «rotundamente falso» que se vaya a sacar agua a 4.000 metros de profundidad con la ayuda de satélites como afirmó el domingo el consejero de Agricultura de Murcia, Antonio Cerdá, al que pide «que no traslade su ignorancia a los ciudadanos».

La Secretaría General para el Territorio y la Biodiversidad del Gobierno de Murcia anunció la semana pasada que iba a realizar un estudio sobre los acuíferos de la cuenca del Segura para analizar las masas de agua subterráneas «para realizar una mejor gestión» de las mismas.

«Es rotundamente falso que su objetivo sea extraer agua a 4.000 metros de profundidad, como han afirmado algunos miembros del Gobierno murciano y del Partido Popular», asegura la CHS.

Ante las declaraciones de Cerdá considerando la «inviabilidad» del proyecto, la CHS expresó su «estupefacción ante la capacidad de exhibir ignorancia que se demuestra por parte del Ejecutivo regional con ánimo, suponemos, de hacerla extensiva a todos los ciudadanos y ahondando en la tremenda manipulación de que hace objeto todas las cuestiones relacionadas con la política hidráulica».

Investigación

«No existe ningún proyecto para extraer agua a 4.000 metros de profundidad, sino una investigación mediante imágenes por satélite para conocer las características de las masas de agua subterránea existentes hasta dicha cota utilizando las más modernas tecnologías que existen en el mundo», añade la fuente.

«Si algo semejante, un estudio análogo, se hubiera llevado a cabo durante los ocho años que gobernó en la CHS el Partido Popular, probablemente la gestión de las aguas subterráneas se hubiera realizado de otra manera, probablemente algunos agricultores no habrían gastado inútilmente su dinero reprofundizando pozos donde no habían recursos y probablemente alguno hubiese podido atender mejor sus cultivos si hubiera sabido con exactitud donde sí había recursos disponibles», agrega la fuente.