La adjudicación de obras mediante las que se abastecerá a no menos 26 municipios de la provincia de Cuenca del entorno del Acueducto Tajo-Segura y la firma ayer del convenio que permitirá la adjudicación en los próximos meses del Plan de Desarrollo Sostenible de los municipios ribereños son dos noticias que, según destacó ayer el portavoz del Grupo Socialista en las Cortes regionales, José Molina, «rematan muy bien» este año y la presente legislatura.

Una legislatura que, en materia de agua, afirmó que la región ha vivido un cambio «como de la noche al día», al pasar de las «buenas palabras y de algunas cuestiones bien conseguidas en planes hidrológicos, pero donde no había ni un duro encima de la mesa, a las obras» de infraestructura hidráulica previstas.

Como ejemplo, remarcó que el 88 por ciento de las 56 actuaciones previstas en el denominado Acuerdo del Agua alcanzado el 14 de marzo de 2005 entre el presidente regional, José María Barreda, y la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, están en algún nivel de tramitación, muchas de ellas terminadas, la gran mayoría en ejecución y otras adjudicándose o firmándose el convenio para su adjudicación. Según Molina, ese fue un acuerdo «sin precedentes y de enorme trascendencia» para la región y por ello criticó el «desconcierto del PP, que en todos estos meses se ha dedicado a cuestionar el propio acuerdo y su valor». A su juicio, esta reacción «sin duda alguna» fue motivada por la «mala conciencia» de los ‘populares’ al ver cómo un Plan Hidrológico Nacional que tenía aprobado un anexo segundo con un «importante volumen de inversiones», en los años de Gobierno de Aznar «prácticamente no se invirtió un solo euro y hubo niveles de ejecución absolutamente ridículos en esa materia».

Centrándose en la adjudicación de obras a Hidroguadiana para abastecer a unos 26 municipios conquenses del entorno del Acueducto Tajo-Segura, por un importe cercano a los 25 millones de euros, consideró que ésta es una obra «emblemática» porque supone corregir una de las mayores «injusticias» históricas, ya que muchos de los pueblos que veían pasar por delante el agua del trasvase hacia el Levante se quedaban «sin una gota de agua». Con esta actuación, los habitantes de la zona tendrán garantías de abastecimiento de agua en calidad suficiente, aseguró, ya que hasta ahora se abastecían de acuíferos sobreexplotados.

En cuanto al convenio sobre el Plan de Desarrollo Sostenible del entorno de los municipios de Entrepeñas y Buendía, explicó que también persigue corregir «injusticias históricas» con los pueblos de la cabecera del Tajo.

Dos obras, éstas, que, en su opinión, ponen de manifiesto que «obras son amores y no buenas razones» y no tienen «nada que ver con alguna denuncia que se hacía anteayer, muy exagerada, cuando se decía que el agua del trasvase irá para un desarrollo urbanístico desmedido», apuntó.

Ecologistas. Ante dicha denuncia, expresada por Ecologistas en Acción, Molina argumentó que si el agua del Tajo-Segura fuera destinada a un desarrollo urbanístico desmedido «Castilla-La Mancha sería la comunidad más poblada de toda España».

El Ministerio de Medio Ambiente, a través de los dictámenes de sus confederaciones hidrográficas, ya advirtió en julio del 2005 que no había agua suficiente para las miles de viviendas proyectadas. Además, según advertía ayer el diario El País, entre las cuencas con mayor porcentaje de dictámenes contrarios a esta creciente expansión urbanística están las del Júcar, el Segura y el Guadiana, por lo que no se salvaría ni uno solo de los proyectos albaceteños. Y es que, como ya ha denunciado Ecologistas en Acción en numerosas ocasiones, la provincia de Albacete está apostando por la edificación en horizontal, es decir, adosados, y los campos de golf, cuando el abastecimiento actual ya parte de acuíferos y ríos sobreexplotados.

En el informe Urbanismo y depredación del territorio en Castilla-La Mancha Ecologistas en Acción cuestiona ocho proyectos por su respeto al medio ambiente y viabilidad por su ubicación y por la cantidad de agua que necesitarían. Éste es el caso, según el informe ecologista, de Las Higuericas y Espartalia, en Hellín, que prevén la construcción de 2.180 chalets y viviendas; La Losilla, en Chinchilla, que prevé la construcción de más de 2.000 chalets y un campo de golf, Cuasiermas Golf, en Madrigueras, que prevé 300 chalets a orillas del río Júcar o el proyecto de Ossa de Montiel, que incluye 4.000 chalets en una urbanización junto al Parque Natural de las Lagunas de Ruidera.

De Norte a Sur

Pero no hace falta irse a las zonas más verdes de la provincia para encontrar urbanizaciones con campos de golf, ya que Ecologistas nombra también en su informe dos proyectos en Montealegre del Castillo, con más de 5.400 viviendas, y una urbanización en La Roda con 1.500 viviendas y un campo de golf de 27 hoyos.

Ecologistas en Acción pone en tela de juicio todas estas macrourbanizaciones porque, en su opinión, se carece de una estrategia de ordenación territorial y, sin embargo, se opta por un elemento permanente e irreversible como es el ladrillo en zonas de alto valor medioambiental. La organización pone el grito en el cielo cuando hace los cálculos de los planes del Corredor del Henares y La Sagra, ya que juntos llegarán a las 300.000 nuevas viviendas en dos décadas.

No obstante, no pasa de largo al observar los nuevos planteamientos que crecen en la provincia de Albacete, donde, aunque denuncia sólo ocho proyectos, reconoce que tiene que haber muchos más sobre plano de los que no tiene constancia. Y es que, sólo en la zona de Las Lagunas, en el territorio de Albacete, el Seprona ha tramitado 115 denuncias de vivienda ilegal entre los años 2005 y 2005. Pero «ni los ayuntamientos, ni la Consejería de Vivienda, ni los tribunales están cumpliendo con su función de vigilancia, sanción y demolición de las miles de construcciones ilegales que hay en Castilla-La Mancha. Ecologistas en Acción no duda al afirmar que la actividad urbanística implica la completa destrucción del ecosistema, lo que en Castilla-La Mancha dañaría a unas 70.000 hectáreas. Además, estas viviendas alejadas de los núcleos urbanos, necesitan conducciones de aguas residuales que contaminan los cursos de agua y amenazan la calidad del aire con el tráfico.

No obstante, el núcleo del problema, al que se le pueden sumar cientos de ramificaciones, es la falta de agua. «El crecimiento urbanístico en horizontal, además de ocupar más suelo, conlleva necesariamente un mayor consumo de agua». Y es que las nuevas viviendas que se están poniendo de moda, unifamiliares con jardín, «gastan -según denuncia el informe- más del doble de agua de media al año, de unos 100 litros a unos 200 al día». Si Castilla-La Mancha consume actualmente entre 175 y 200 hectómetros cúbicos de agua al año en abastecimientos urbanos, con las previsiones de desarrollo urbanístico actuales, la demanda de agua para uso urbano podría llegar a triplicarse.

Código ético

Ante esta situación y el negro futuro que augura, Ecologistas en Acción propone fijar límites al crecimiento urbanístico en Castilla-La Mancha; ordenar y racionalizar el crecimiento; controlar mejor tanto a los ayuntamientos como a las comunidades autónomas; poner restricciones a las recalificaciones; proteger el suelo; mayor protección medioambiental; incremento de las actuaciones judiciales; facilitar la participación pública; tomar medidas contra la especulación y fomentar un código ético que incluya la destitución inmediata de un imputado en delitos urbanísticos.

El programa radiofónico De Costa a Costa, que dirige y presenta en Punto Radio el periodista Félix Madero, contó ayer con la participación de la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, quien aseguró que el Gobierno central cumplirá su promesa de aportar los caudales que para esta legislatura preveía el programa AGUA, que sustituyó al derogado Plan Hidrológico Nacional.

La ministra insistió, a preguntas del jefe del Área de Local de La Verdad, Manuel Buitrago, en que el Gobierno alcanzará los objetivos anunciados que, en el caso de Murcia y Alicante, se sitúan en 280 hectómetros para el año que viene. Sin embargo, a día de hoy, la producción es de sólo 72 hm3 y, según las previsiones más halagüeñas, apenas se alcanzarán los 120 hm3 en el plazo previsto.

Narbona, que participó en un monográfico especial dedicado a analizar los problemas del agua y las posibles soluciones, recordó que para cumplir este compromiso electoral necesitará «la colaboración de las comunidades autónomas, desde donde no se deberían torpedear nuestras iniciativas». Al respecto, la ministra recordó que Valencia paralizó la planta de Torrevieja, cuyo caudal será destinado a regadío y abastecimiento.

Sin embargo, respecto a Murcia, Narbona alabó la «colaboración efectiva del Ejecutivo murciano» y felicitó por ello al presidente de la Región, Ramón Luis Valcárcel, quien también participó en el espacio de Punto Radio. Valcárcel, por su parte, aprovechó el cumplido para señalar que «tiene que venir una ministra a decirlo, frente al PSOE murciano que lo niega».

La titular de Medio Ambiente reveló que «el Ministerio no prevé restricciones para los próximos meses, a pesar de la sequía» y señaló que «gracias a las obras que el Gobierno central ha impulsado en los últimos años «no se ha impuesto cortes al consumo». Narbona recordó que «no estoy en contra de los trasvases» y, para demostrarlo, apuntó que «el Gobierno impulsa el trasvase del Vinalopó. Y también gestiona el trasvase Tajo-Segura». Entretanto, dijo que «el agua dulce arrastra sedimentos que son necesarios para mantener la biodiversidad en el Mediterráneo».

Derecho a crecer

Valcárcel, por otro lado, insistió en que «Murcia sólo pide el agua que sobra, el agua que no necesitan el resto de comunidades. De hecho, la ley sólo permite que se trate de agua excedentaria. Además, incluso la pagamos». En este sentido, aclaró que «cualquier comunidad tiene derecho a crecer, siempre y cuando cumpla ciertos criterios de sostenibilidad», y añadió que «hemos pasado del agua para todos al agua para nadie». Por último, el presidente argumentó que «cualquier comunidad de España debe resolver sus problemas y, sólo después de ello, no me parece descabellado que una pequeña parte de aquello que va al mar se envíe allá donde se necesite».

El presidente Valcárcel añadió que el presidente de la Nación, José Luis Rodríguez Zapatero, «nos hace volver siglos atrás» y lo acusó de tergiversar el concepto histórico de España.

Respecto al Trasvase Tajo-Segura, Valcárcel remarcó que «resulta inconstitucional ponerle fecha de caducidad. Por eso hemos recurrido». Por otro lado, aseveró que «la cuenca del Segura es la única deficitaria, de forma estructural, de todo el país».

El espacio radiofónico se alargó hasta la medianoche y supuso una atractiva propuesta para conocer opiniones contrapuestas y distintos puntos de vista.

El programa de Punto Radio ‘De Costa a Costa’ realizará hoy un monográfico especial sobre el agua. Presentado y dirigido por Félix Madero, el especial contará con la participación de Cristina Narbona, ministra de Medio Ambiente; los presidentes de las Comunidades Autónomas de Aragón y Castilla La Mancha; representantes de los gobiernos de Murcia, Valencia, Extremadura y Andalucía; además de los responsables de las cuencas hidrográficas, asociaciones agrarias, regantes y la opinión de técnicos y expertos en la materia. ‘De Costa a Costa’ ha convocado a todo tipo de profesionales, expertos y personas interesadas en los numerosos y diversos aspectos que tiene el agua, con la intención de propiciar un rico contraste de criterios y un debate en profundidad que contribuya a seguir avanzando en la búsqueda de soluciones a los problemas del agua.

-¿Por qué un ‘De Costa a Costa’ de cuatro horas sobre el agua?

-El de hoy será el segundo especial que haré. El primero fue con motivo de la gran preocupación que causó el escándalo de los sellos, y aquello nos dejó a todos un buen sabor de boca. La radio, por lo menos yo lo entiendo así, está comprometida con las personas, y últimamente parece estarlo con los políticos, con los que mandan, pero no con los ciudadanos. Se trata de que hable la vida y las personas y de que salgan a la luz sus problemas. Y el agua en España no es que vaya a ser un problema, ya lo es. Y no pequeño.

-En su especial habrá políticos…

-Sí claro, los tiene que haber porque ellos son los que van a decidir lo que va a pasar.

-No me diga que va a estar hablando cuatro horas de los problemas que tenemos con el agua

-Pues mire sí. En la radio se puede hablar de todo con tal de no fracasar en lo fundamental: ser útil, ameno y sincero. No veo que se pueda hacer radio de otra manera. Hablaremos del agua, debatiremos Jesús García hablará de la dimensión económica que tiene el agua y los contertulios reflexionarán sobre el agua…

-Pero ¿por qué el agua?

-Porque estamos rodeados de ella, porque sin ella no podríamos vivir, porque la vida tiene su origen ahí y porque muy seguramente las grandes amenazas que el ser humano habrá de soportar estarán relacionadas con el agua, con su escasez y con la forma en que el hombre la administre.

-¿En España tenemos problemas en este sentido o se está haciendo política de cara a la galería, de cara al electorado?

-En España estamos viviendo y padeciendo un impulso paleto y provinciano que pretende poner puertas al campo, los ríos y al mar, y esto es un barbaridad y una tomadura de pelo.

-¿Una tomadura de pelo es que los nuevos estatutos se ocupen del agua y de los ríos que pasan por sus territorios?

-Pues sí, eso es lo que pienso. La reforma de los estatutos que era y es innecesaria en muchos casos ha hecho que los gobiernos regionales encuentren en el agua un factor divisorio pensando que así los ciudadanos de una determinada comunidad serán más ricos. Y no, mire usted, lo que hace rico a un territorio es el músculo de todo un país, y si me permite decirlo claramente de toda una nación.

-El especial sobre el agua de ‘De Costa a Costa’ va a responder a algo que cada día está menos claro, ¿de quién es el agua de los ríos?

-El programa no se hace para responder a evidencias como esa, el agua de los ríos es de todos los españoles mientras el Gobierno de España quiera. Eso es así ahora y espero que sea siempre.

Última palabra

-Lo dice porque usted es de Castilla La Mancha y sabe lo que pasa con el Tajo…

-Lo digo porque creo que nadie debe impedir que se trasvase una sola gota de agua mientras haya seguridad de que el agua es para beber, para el campo o para crear riqueza. Pero claro, que nadie se olvide que se bebe y se crea riqueza en Castilla La Mancha y en Murcia, en Aragón, en Andalucía, en Extremadura…

-Usted mismo parece estar hablando de la una guerra territorial…

-Por eso creo necesario que la política hidrológica española sea algo en el que el Gobierno de España tenga la última palabra.

-Por último, ¿está la radio para reflexionar sobre los problemas del agua con lo que está cayendo?

-No sé muy bien qué es lo que está cayendo, pero ojalá fuera como dice Pablo Guerrero agua a cantaros. La radio está para servir a los ciudadanos, y lo de hoy es un servicio y como tal me lo tomo. Entre hacer un especial de tres años sobre el 11-M y dedicar un día a los problemas del agua en España no tengo ninguna duda. En algunas épocas la lluvia fina es buena para la agricultura, en la radio esa forma de llover y de encontrar oyentes es desde luego la mejor.

Los han destapado en la Vega Media, en la zona de Orihuela y en la Vega Baja por la gran demanda de riego

La sequía y, por consiguiente, la falta de agua en la Región no cesa. La Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) va a abrir 15 pozos para paliar la falta de recursos hídricos y su efecto en la producción agrícola. Estos pozos se pusieron en marcha el pasado mes de marzo pero los volvieron a cerrar para recuperar el acuífero con la lluvia, y próximamente reanudarán su funcionamiento.

Manuel Aldeguer, comisario de Aguas, afirmó a elfaro que ante la gran demanda de agua que hay en la zona han creído conveniente destaparlos en la Vega Media, en la zona de Orihuela, y en la Vega Baja pues “es donde existen los mayores problemas de escasez”.

La cantidad equivalente de agua que se podrá extraer de los pozos corresponde, según Aldeguer, a mil litros por segundo. “Esta cantidad no es una solución para el problema de sequía pero ayuda a paliar la situación de los cultivos”. Así, productos como la alcachofa, el bróculi y la patata se verán más desahogados con esta cantidad de recursos hídricos. Asimismo, indicó que con 51 pozos que hay, “se espera cubrir la demanda para los regadíos”.

Por su parte, Murcia no contará, por ahora, con la apertura de ningún pozo, pues según el comisario de Aguas, “hay que aguantar todo lo que se pueda y no intentar abusar de los pocos recursos que tenemos” e indicó que en la parte del norte los tienen parados porque la situación está en cinco hectómetros menos que el año pasado.

Nueva Ley de Aguas
El Plan del Gobierno central para zanjar la guerra del agua ya tiene nombre: el borrador de la Ley de Aguas con el que el Ministerio de Medio Ambiente quiere “contentar” a las comunidades autónomas y aplacar sus reivindicaciones sobre la gestión de los ríos. Por ello, se ha creado un consejo supremo en las confederaciones hidrográficas por el que el Gobierno controlará ese organismo, pues tendrá la mitad más uno de los votos. Asimismo, por primera vez desde que en 1926 se crearon las confederaciones, las autonomías tendrán voto.

En opinión de Aldeguer, esta Ley pretende dejar a un lado el enfrentamiento que hay con el agua. “No puede salir un político y decir que todo es culpa del Gobierno central”, por lo que resaltó que “así podrán tener más autoridad a la hora de decidir y evitar tanta guerra”. La pretensión del Gobierno, con esta nueva normativa, “es llegar a un acuerdo y dejar de tratar el agua como un problema electoral”.

Más cartas de los regantes al Gobierno

Las necesidad de los regantes de que venga un trasvase para Murcia no cesa. El presidente del Sindicato Central de Regantes, Francisco del Amor, afirmó a este diario que hace dos semanas se les remitió una misiva al Gobierno para lograr una reunión con la ministra para tratar el déficit hídrico que persigue constantemente a la Región.

Después de la reunión mantenida, el mes de septiembre, por los regantes del trasvase Tajo-Segura con la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, y la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, todavía no hay respuestas. En la reunión, trataron la garantía de la continuidad del trasvase, presentando un dossier que data la rentabilidad económica y social del trasvase para las provincias de Murcia, Alicante y Almería y concluyendo un estudio de la Universidad de Córdoba sobre las necesidades de agua de los cultivos de la Cuenca del Segura y la gestión de recursos, entre otros asuntos.

Los regantes volvieron a Murcia, en esa ocasión, con la esperanza de resolver el déficit estructural pero sin respuestas inmediatas (una de ellas negativa, pues el precio de la desalinización seguiría en 0,30 céntimos), cuestiones que a día de hoy siguen sin resolverse, excepto el ponerle una fecha al trasvase Tajo-Segura, pues el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en su vista a Lorca el pasado 5 de marzo, después de clausurar la Asamblea de COAG que se celebró, aseguró a los regantes “en privado” la continuidad del trasvase. Los regantes no tienen mucha esperanza en esta “promesa” ya que se la hizo en ‘petit comité’ y no en público, durante la clausura.

El coordinador de la Guardería Fluvial de la Vega Media, Manuel Balibrea, observa uno de los pozos de la CHS.

El vicepresidente primero de Castilla-La Mancha, Fernando Lamata, aseguró ayer que la fecha que contempla el nuevo Estatuto el fin del trasvase Tajo-Segura en 2015 «se va a quedar larga» porque es «probable» que antes de ese año «no haya agua en la cabecera del Tajo».

Lamata indicó que espera que «antes del verano» se produzca el debate de toma en consideración de la reforma estatutaria en el Congreso para que «en el segundo semestre se pueda discutir y aprobar».El «objetivo» de la Junta es que las Cortes Generales den su visto bueno al texto antes de que finalice este año, según explicó el vicepresidente.

Lamata confió en una «tramitación en positivo» del nuevo Estatuto, pero advirtió de que pueden existir «dificultades» y «discusiones» en el análisis del texto en el Parlamento nacional «como ha sido en las tramitaciones» de los estatutos ya aprobados. Señaló que esta reforma tiene «la ventaja» de contar con el apoyo del PSOE y del PP y agregó que espera «contar también con la comprensión» del resto de partidos presentes en las Cortes Generales.

El anteproyecto de Ley de reforma de Aguas que el Ministerio de Medio Ambiente envió al Consejo Nacional del Agua hace dos semanas ha sufrido ya cambios relevantes. El Gobierno ha retrasado hasta 2010 el uso de la tasa universal sobre el agua y fija por ley que sólo subirá cada año la inflación, mientras que el anterior borrador dejaba abierta la posibilidad de subidas mayores. Además, limita los trasvases pactados entre cuencas a cinco hectómetros cúbicos cada vez, lo que restringe el intercambio de agua.

La reforma de la Ley de Aguas sigue sufriendo cambios. Se trata de una de las leyes más importantes que elabora desde hace años el Ministerio de Medio Ambiente y que tendrá que ser tramitada por la vía de urgencia. La ley reorganiza las confederaciones hidrográficas (que pasan a llamarse demarcaciones) para dar entrada a las comunidades autónomas.

El Gobierno especifica en este nuevo borrador, fechado el 29 de marzo, que el Gobierno mantendrá «el 51% del voto total ponderado» en el nuevo órgano de dirección de las demarcaciones; las comunidades autónomas tendrán «hasta el 45% del voto» y los ayuntamientos «hasta el 4%». El ministerio precisa así el porcentaje de voto, algo que no aparecía en el anterior borrador, aunque dejaba claro que la Administración central mantendría la mitad más de uno de los representantes.

El texto facilita también los acuerdos entre las demarcaciones para trasvasar agua, pero mientras el último texto no limitaba la cuantía, ahora dice que podrán acordar transferencias de agua de hasta cinco hectómetros. Con este cambio, el Gobierno evita críticas de sectores de Aragón y Castilla-La Mancha, que temían que por ahí se colasen trasvases hacia el Levante.

Costes reales

El último punto que cambia es el de los nuevos impuestos. El texto, que traspone la directiva marco del agua, apunta a que hay que pagar el precio del agua para que refleje los costes reales de las obras. Para ello, la norma crea una «tasa por prestación de servicios de gestión, registro, control e inspección de los usos del agua» de 0,2 euros por cada 1.000 metros cúbicos de agua para beber o para la producción de electricidad. La cantidad fijada era mínima, pero la Federación Nacional de Comunidades de Regantes (Fenacore) protestó, ya que el texto dejaba abierta la puerta a subidas cada año. Ahora, tras la mediación del Ministerio de Agricultura, el texto retrasa hasta 2010 la implantación de las nuevas tasas y limita sus subidas a la inflación.

Medio Ambiente y Agricultura han chocado por este tema, y al final se ha impuesto la opinión de Agricultura de limitar las subidas de agua. En 2004, Medio Ambiente ya intentó crear un nuevo canon, pero Agricultura lo bloqueó en el último momento. El entonces secretario general de Agricultura y hoy secretario de Estado de Comunicación, Fernando Moraleda, impuso el freno a estos impuestos.

Más agua, más barata y en menos tiempo. El Gobierno socialista tendrá que darse mucha prisa para poder cumplir, en el año que resta de legislatura, los objetivos que se había marcado para resolver el grave déficit de agua de las regiones mediterráneas. La realidad es que el Programa Agua de la ministra Cristina Narbona, sustituto del derogado trasvase del Ebro, no aportará todos los caudales que se fijaron para este periodo. Murcia y Alicante, las zonas más sedientas, dispondrán el año que viene de unos 120 hectómetros cúbicos a través de desalinizadoras, la mayoría para los abastecimientos, cuando el objetivo marcado con esta opción es de 280 hectómetros en ambas provincias. A día de hoy la producción es de 72 hm3.

Frente a eso, la última riada del Ebro ha desaguado al mar 1.874 hectómetros cúbicos en dos semanas, el equivalente a cuatro trasvases anuales de los proyectados para la cuenca del Segura. El Gobierno murciano apunta que lo más preocupante, a su juicio, es que sólo se hayan podido retener en los pantanos de la cuenca del Ebro 200 hectómetros cúbicos de esta riada. «No ha habido beneficio ni para Aragón ni Cataluña, ya que el Ministerio de Medio Ambiente tampoco ha realizado las obras del Pacto de Aragón», señala el consejero de Agricultura de Murcia, Antonio Cerdá.

LA CONTROVERSIA

Echar al mar y sacar del mar

A día de hoy no puede decirse que haya más agua, ni más barata ni antes. Los gobiernos de Murcia y la Comunidad Valenciana sostienen que se ha perdido el tiempo, puesto que las aguas del Ebro podrían empezar a llegar el año que viene si hubiesen continuado las obras iniciadas en la etapa de Aznar. Añaden que ese agua no habría sido más cara que la desalinizada, cuyo coste en planta alcanza los 60 céntimos por metro cúbico. Y rematan con que estas elevadas tarifas son inasumibles por los regadíos. Asimismo, la plantas desalinizadoras en marcha o en obras que están siendo ejecutadas por Acuamed y otras sociedades estatales son las mismas que dejó aprobadas el Partido Popular, aunque con un bajo grado de ejecución ya que la prioridad entonces era el acueducto del Ebro.

En gran parte de la sociedad de Murcia y Levante todavía cuesta trabajo entender que todos los excedentes del Ebro se depositen en el mar -sin que se pueda derivar una pequeña parte- y que como alternativa haya que extraer esa misma agua del mar para desalinizarla.

El Ministerio de Narbona se ha preocupado más por garantizar los abastecimientos, sobre todo en estos tres años de extrema sequía, lo cual ha conseguido en la medida en que no se han producido restricciones en las ciudades. La asignatura pendiente, no obstante, es aportar todos los volúmenes a los que se había comprometido y, sobre todo, asegurar el futuro de la actividad económica que todavía inquieta a miles de agricultores y empresarios.

COMPRAR AGUA DEL EBRO

Falta el canal

Enemigo ahora de nuevos trasvases, el Gobierno socialista ofrece a los regadíos agua desalinizada, reutilización y modernización de explotaciones agrarias. Queda además el acueducto Tajo-Segura, que en estos tres años de sequía ha ofrecido unas aportaciones mínimas; al tiempo que el Gobierno de Castilla-La Mancha y el PP de esta comunidad pretenden eliminarlo antes del 2015.

La última opción que se ha abierto, mediante decreto, es la compra de concesiones de agua a regantes madrileños ribereños del Tajo, lo que ha proporcionado unos 125 hectómetros en los dos últimos años. Son la antesala de los bancos de agua, que quedarán regulados en la reforma de la Ley de Aguas. No obstante, nacen con una limitación, ya que estos bancos e intercambios de derechos sólo funcionan cuando existe un canal construido, como es el del Tajo-Segura. Sería imposible aplicarlo a la cuenca del Ebro, ya que no existe un acueducto que transporte los caudales. Muchos regantes del Ebro estarían dispuestos a vender voluntariamente, y cuando les convenga, su agua al Sureste a cambio de un buen precio (el doble de la tarifa del Tajo-Segura), según ha podido comprobar el Gobierno murciano en varias zonas del delta del Ebro.

EL COMPROMISO DEL MINISTERIO

¿Fallan los cálculos?

El secretario general para el Territorio y la Biodiversidad, Antonio Serrano, explicó hace tres años, al principio de la legislatura, que las cuencas mediterráneas recibirían en cuatro años el mismo volumen de agua que se había previsto en el trasvase del Ebro. Esto es, 1.050 hectómetros cúbicos que llegarían a través de la desalinización, la modernización de regadíos y la reutilización y depuración, principalmente.

Cuando el Ebro se recupera de la última crecida, se ha reabierto el debate nacional sobre este trasvase y el elevado volumen de excedentes que desembocan en el mar, y de los cuales una pequeña parte -entre un 10 y un 15% anual- estaba destinada en el anterior Plan Hidrológico Nacional a cubrir el déficit de Cataluña, la Comunidad Valenciana, Murcia y Almería.

Pese a estas aportaciones del Ebro, el Ministerio de Medio Ambiente sostiene que ese trasvase no lo construirá este Gobierno ni los siguientes, ya que, a juicio de Cristina Narbona, la Unión Europa lo rechazó, a la vez que cree que resulta inviable económica y medioambientalmente.

El anterior Plan Hidrológico Nacional no sólo ofrecía el trasvase del Ebro, sino otros 1.105 hectómetros cúbicos mediante reutilización, desalinización, modernización y ahorro y aguas subterrénas. Los redactores del PHN partían del hecho de que el déficit real de las cuenca mediterránea es de 2.105 hectómetros cúbicos. Para el Gobierno socialista, esas necesidades quedan recortadas justo a la mitad, ya que es partidario de cambiar la gestión de la demanda.

El tiempo no es un aliado del Gobierno de Rodríguez Zapatero. Aparte del conflicto de Torrevieja -que el Ministerio considera un claro boicot del Ejecutivo de Francisco Camps-, en la cuenca del Segura funcionan en estos momentos tres plantas desalinizadoras del Programa Agua. Estaban previstas en el PHN del PP, pero sin ampliaciones. Una desalinizadora está a plena producción en Alicante y dos en San Pedro del Pinatar. El año que viene terminará la ampliación de Alicante y en unos meses se espera que esté en marcha Mazarrón.

En total, la legislatura acabará con 116 hectómetros cúbicos disponibles para los abastecimientos, y probablemente 37 para regadíos. En el año 2009, si no aparecen inconvenientes, podrían estar funcionando las plantas de Torrevieja y Águilas, que aportarán otros 140 hectómetros. En total, la cuenca del Segura (Murcia y parte de Alicante) obtendría por esta vía 293 hectómetros cúbicos de agua desalinizada en un periodo de tiempo en el que el trasvase del Ebro estaría operativo, según el PP, y aportando más agua.