Los han destapado en la Vega Media, en la zona de Orihuela y en la Vega Baja por la gran demanda de riego

La sequía y, por consiguiente, la falta de agua en la Región no cesa. La Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) va a abrir 15 pozos para paliar la falta de recursos hídricos y su efecto en la producción agrícola. Estos pozos se pusieron en marcha el pasado mes de marzo pero los volvieron a cerrar para recuperar el acuífero con la lluvia, y próximamente reanudarán su funcionamiento.

Manuel Aldeguer, comisario de Aguas, afirmó a elfaro que ante la gran demanda de agua que hay en la zona han creído conveniente destaparlos en la Vega Media, en la zona de Orihuela, y en la Vega Baja pues “es donde existen los mayores problemas de escasez”.

La cantidad equivalente de agua que se podrá extraer de los pozos corresponde, según Aldeguer, a mil litros por segundo. “Esta cantidad no es una solución para el problema de sequía pero ayuda a paliar la situación de los cultivos”. Así, productos como la alcachofa, el bróculi y la patata se verán más desahogados con esta cantidad de recursos hídricos. Asimismo, indicó que con 51 pozos que hay, “se espera cubrir la demanda para los regadíos”.

Por su parte, Murcia no contará, por ahora, con la apertura de ningún pozo, pues según el comisario de Aguas, “hay que aguantar todo lo que se pueda y no intentar abusar de los pocos recursos que tenemos” e indicó que en la parte del norte los tienen parados porque la situación está en cinco hectómetros menos que el año pasado.

Nueva Ley de Aguas
El Plan del Gobierno central para zanjar la guerra del agua ya tiene nombre: el borrador de la Ley de Aguas con el que el Ministerio de Medio Ambiente quiere “contentar” a las comunidades autónomas y aplacar sus reivindicaciones sobre la gestión de los ríos. Por ello, se ha creado un consejo supremo en las confederaciones hidrográficas por el que el Gobierno controlará ese organismo, pues tendrá la mitad más uno de los votos. Asimismo, por primera vez desde que en 1926 se crearon las confederaciones, las autonomías tendrán voto.

En opinión de Aldeguer, esta Ley pretende dejar a un lado el enfrentamiento que hay con el agua. “No puede salir un político y decir que todo es culpa del Gobierno central”, por lo que resaltó que “así podrán tener más autoridad a la hora de decidir y evitar tanta guerra”. La pretensión del Gobierno, con esta nueva normativa, “es llegar a un acuerdo y dejar de tratar el agua como un problema electoral”.

Más cartas de los regantes al Gobierno

Las necesidad de los regantes de que venga un trasvase para Murcia no cesa. El presidente del Sindicato Central de Regantes, Francisco del Amor, afirmó a este diario que hace dos semanas se les remitió una misiva al Gobierno para lograr una reunión con la ministra para tratar el déficit hídrico que persigue constantemente a la Región.

Después de la reunión mantenida, el mes de septiembre, por los regantes del trasvase Tajo-Segura con la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, y la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, todavía no hay respuestas. En la reunión, trataron la garantía de la continuidad del trasvase, presentando un dossier que data la rentabilidad económica y social del trasvase para las provincias de Murcia, Alicante y Almería y concluyendo un estudio de la Universidad de Córdoba sobre las necesidades de agua de los cultivos de la Cuenca del Segura y la gestión de recursos, entre otros asuntos.

Los regantes volvieron a Murcia, en esa ocasión, con la esperanza de resolver el déficit estructural pero sin respuestas inmediatas (una de ellas negativa, pues el precio de la desalinización seguiría en 0,30 céntimos), cuestiones que a día de hoy siguen sin resolverse, excepto el ponerle una fecha al trasvase Tajo-Segura, pues el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en su vista a Lorca el pasado 5 de marzo, después de clausurar la Asamblea de COAG que se celebró, aseguró a los regantes “en privado” la continuidad del trasvase. Los regantes no tienen mucha esperanza en esta “promesa” ya que se la hizo en ‘petit comité’ y no en público, durante la clausura.

El coordinador de la Guardería Fluvial de la Vega Media, Manuel Balibrea, observa uno de los pozos de la CHS.

El vicepresidente primero de Castilla-La Mancha, Fernando Lamata, aseguró ayer que la fecha que contempla el nuevo Estatuto el fin del trasvase Tajo-Segura en 2015 «se va a quedar larga» porque es «probable» que antes de ese año «no haya agua en la cabecera del Tajo».

Lamata indicó que espera que «antes del verano» se produzca el debate de toma en consideración de la reforma estatutaria en el Congreso para que «en el segundo semestre se pueda discutir y aprobar».El «objetivo» de la Junta es que las Cortes Generales den su visto bueno al texto antes de que finalice este año, según explicó el vicepresidente.

Lamata confió en una «tramitación en positivo» del nuevo Estatuto, pero advirtió de que pueden existir «dificultades» y «discusiones» en el análisis del texto en el Parlamento nacional «como ha sido en las tramitaciones» de los estatutos ya aprobados. Señaló que esta reforma tiene «la ventaja» de contar con el apoyo del PSOE y del PP y agregó que espera «contar también con la comprensión» del resto de partidos presentes en las Cortes Generales.

El anteproyecto de Ley de reforma de Aguas que el Ministerio de Medio Ambiente envió al Consejo Nacional del Agua hace dos semanas ha sufrido ya cambios relevantes. El Gobierno ha retrasado hasta 2010 el uso de la tasa universal sobre el agua y fija por ley que sólo subirá cada año la inflación, mientras que el anterior borrador dejaba abierta la posibilidad de subidas mayores. Además, limita los trasvases pactados entre cuencas a cinco hectómetros cúbicos cada vez, lo que restringe el intercambio de agua.

La reforma de la Ley de Aguas sigue sufriendo cambios. Se trata de una de las leyes más importantes que elabora desde hace años el Ministerio de Medio Ambiente y que tendrá que ser tramitada por la vía de urgencia. La ley reorganiza las confederaciones hidrográficas (que pasan a llamarse demarcaciones) para dar entrada a las comunidades autónomas.

El Gobierno especifica en este nuevo borrador, fechado el 29 de marzo, que el Gobierno mantendrá «el 51% del voto total ponderado» en el nuevo órgano de dirección de las demarcaciones; las comunidades autónomas tendrán «hasta el 45% del voto» y los ayuntamientos «hasta el 4%». El ministerio precisa así el porcentaje de voto, algo que no aparecía en el anterior borrador, aunque dejaba claro que la Administración central mantendría la mitad más de uno de los representantes.

El texto facilita también los acuerdos entre las demarcaciones para trasvasar agua, pero mientras el último texto no limitaba la cuantía, ahora dice que podrán acordar transferencias de agua de hasta cinco hectómetros. Con este cambio, el Gobierno evita críticas de sectores de Aragón y Castilla-La Mancha, que temían que por ahí se colasen trasvases hacia el Levante.

Costes reales

El último punto que cambia es el de los nuevos impuestos. El texto, que traspone la directiva marco del agua, apunta a que hay que pagar el precio del agua para que refleje los costes reales de las obras. Para ello, la norma crea una «tasa por prestación de servicios de gestión, registro, control e inspección de los usos del agua» de 0,2 euros por cada 1.000 metros cúbicos de agua para beber o para la producción de electricidad. La cantidad fijada era mínima, pero la Federación Nacional de Comunidades de Regantes (Fenacore) protestó, ya que el texto dejaba abierta la puerta a subidas cada año. Ahora, tras la mediación del Ministerio de Agricultura, el texto retrasa hasta 2010 la implantación de las nuevas tasas y limita sus subidas a la inflación.

Medio Ambiente y Agricultura han chocado por este tema, y al final se ha impuesto la opinión de Agricultura de limitar las subidas de agua. En 2004, Medio Ambiente ya intentó crear un nuevo canon, pero Agricultura lo bloqueó en el último momento. El entonces secretario general de Agricultura y hoy secretario de Estado de Comunicación, Fernando Moraleda, impuso el freno a estos impuestos.

Más agua, más barata y en menos tiempo. El Gobierno socialista tendrá que darse mucha prisa para poder cumplir, en el año que resta de legislatura, los objetivos que se había marcado para resolver el grave déficit de agua de las regiones mediterráneas. La realidad es que el Programa Agua de la ministra Cristina Narbona, sustituto del derogado trasvase del Ebro, no aportará todos los caudales que se fijaron para este periodo. Murcia y Alicante, las zonas más sedientas, dispondrán el año que viene de unos 120 hectómetros cúbicos a través de desalinizadoras, la mayoría para los abastecimientos, cuando el objetivo marcado con esta opción es de 280 hectómetros en ambas provincias. A día de hoy la producción es de 72 hm3.

Frente a eso, la última riada del Ebro ha desaguado al mar 1.874 hectómetros cúbicos en dos semanas, el equivalente a cuatro trasvases anuales de los proyectados para la cuenca del Segura. El Gobierno murciano apunta que lo más preocupante, a su juicio, es que sólo se hayan podido retener en los pantanos de la cuenca del Ebro 200 hectómetros cúbicos de esta riada. «No ha habido beneficio ni para Aragón ni Cataluña, ya que el Ministerio de Medio Ambiente tampoco ha realizado las obras del Pacto de Aragón», señala el consejero de Agricultura de Murcia, Antonio Cerdá.

LA CONTROVERSIA

Echar al mar y sacar del mar

A día de hoy no puede decirse que haya más agua, ni más barata ni antes. Los gobiernos de Murcia y la Comunidad Valenciana sostienen que se ha perdido el tiempo, puesto que las aguas del Ebro podrían empezar a llegar el año que viene si hubiesen continuado las obras iniciadas en la etapa de Aznar. Añaden que ese agua no habría sido más cara que la desalinizada, cuyo coste en planta alcanza los 60 céntimos por metro cúbico. Y rematan con que estas elevadas tarifas son inasumibles por los regadíos. Asimismo, la plantas desalinizadoras en marcha o en obras que están siendo ejecutadas por Acuamed y otras sociedades estatales son las mismas que dejó aprobadas el Partido Popular, aunque con un bajo grado de ejecución ya que la prioridad entonces era el acueducto del Ebro.

En gran parte de la sociedad de Murcia y Levante todavía cuesta trabajo entender que todos los excedentes del Ebro se depositen en el mar -sin que se pueda derivar una pequeña parte- y que como alternativa haya que extraer esa misma agua del mar para desalinizarla.

El Ministerio de Narbona se ha preocupado más por garantizar los abastecimientos, sobre todo en estos tres años de extrema sequía, lo cual ha conseguido en la medida en que no se han producido restricciones en las ciudades. La asignatura pendiente, no obstante, es aportar todos los volúmenes a los que se había comprometido y, sobre todo, asegurar el futuro de la actividad económica que todavía inquieta a miles de agricultores y empresarios.

COMPRAR AGUA DEL EBRO

Falta el canal

Enemigo ahora de nuevos trasvases, el Gobierno socialista ofrece a los regadíos agua desalinizada, reutilización y modernización de explotaciones agrarias. Queda además el acueducto Tajo-Segura, que en estos tres años de sequía ha ofrecido unas aportaciones mínimas; al tiempo que el Gobierno de Castilla-La Mancha y el PP de esta comunidad pretenden eliminarlo antes del 2015.

La última opción que se ha abierto, mediante decreto, es la compra de concesiones de agua a regantes madrileños ribereños del Tajo, lo que ha proporcionado unos 125 hectómetros en los dos últimos años. Son la antesala de los bancos de agua, que quedarán regulados en la reforma de la Ley de Aguas. No obstante, nacen con una limitación, ya que estos bancos e intercambios de derechos sólo funcionan cuando existe un canal construido, como es el del Tajo-Segura. Sería imposible aplicarlo a la cuenca del Ebro, ya que no existe un acueducto que transporte los caudales. Muchos regantes del Ebro estarían dispuestos a vender voluntariamente, y cuando les convenga, su agua al Sureste a cambio de un buen precio (el doble de la tarifa del Tajo-Segura), según ha podido comprobar el Gobierno murciano en varias zonas del delta del Ebro.

EL COMPROMISO DEL MINISTERIO

¿Fallan los cálculos?

El secretario general para el Territorio y la Biodiversidad, Antonio Serrano, explicó hace tres años, al principio de la legislatura, que las cuencas mediterráneas recibirían en cuatro años el mismo volumen de agua que se había previsto en el trasvase del Ebro. Esto es, 1.050 hectómetros cúbicos que llegarían a través de la desalinización, la modernización de regadíos y la reutilización y depuración, principalmente.

Cuando el Ebro se recupera de la última crecida, se ha reabierto el debate nacional sobre este trasvase y el elevado volumen de excedentes que desembocan en el mar, y de los cuales una pequeña parte -entre un 10 y un 15% anual- estaba destinada en el anterior Plan Hidrológico Nacional a cubrir el déficit de Cataluña, la Comunidad Valenciana, Murcia y Almería.

Pese a estas aportaciones del Ebro, el Ministerio de Medio Ambiente sostiene que ese trasvase no lo construirá este Gobierno ni los siguientes, ya que, a juicio de Cristina Narbona, la Unión Europa lo rechazó, a la vez que cree que resulta inviable económica y medioambientalmente.

El anterior Plan Hidrológico Nacional no sólo ofrecía el trasvase del Ebro, sino otros 1.105 hectómetros cúbicos mediante reutilización, desalinización, modernización y ahorro y aguas subterrénas. Los redactores del PHN partían del hecho de que el déficit real de las cuenca mediterránea es de 2.105 hectómetros cúbicos. Para el Gobierno socialista, esas necesidades quedan recortadas justo a la mitad, ya que es partidario de cambiar la gestión de la demanda.

El tiempo no es un aliado del Gobierno de Rodríguez Zapatero. Aparte del conflicto de Torrevieja -que el Ministerio considera un claro boicot del Ejecutivo de Francisco Camps-, en la cuenca del Segura funcionan en estos momentos tres plantas desalinizadoras del Programa Agua. Estaban previstas en el PHN del PP, pero sin ampliaciones. Una desalinizadora está a plena producción en Alicante y dos en San Pedro del Pinatar. El año que viene terminará la ampliación de Alicante y en unos meses se espera que esté en marcha Mazarrón.

En total, la legislatura acabará con 116 hectómetros cúbicos disponibles para los abastecimientos, y probablemente 37 para regadíos. En el año 2009, si no aparecen inconvenientes, podrían estar funcionando las plantas de Torrevieja y Águilas, que aportarán otros 140 hectómetros. En total, la cuenca del Segura (Murcia y parte de Alicante) obtendría por esta vía 293 hectómetros cúbicos de agua desalinizada en un periodo de tiempo en el que el trasvase del Ebro estaría operativo, según el PP, y aportando más agua.

MURCIAEl consejero de Agricultura y Agua, Antonio Cerdá, instó hoy a la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, a que explique “cuántos millones nos ha costado a los españoles la derogación del trasvase del Ebro y los efectos que ha provocado su crecida”, cuyos daños “podrían haberse evitado si se hubiera realizado el trasvase del Ebro y se hubieran acometido las obras hidráulicas del Pacto de Agua de Aragón”.

Para el responsable de Agua del Gobierno regional, los problemas causados por el desbordamiento del río Ebro, que han obligado al Ejecutivo central a aprobar ayudas económicas para los damnificados en las comunidades más afectadas por la riada, se debe “a la ineficacia de un gobierno socialista” que ha permitido que “el Ebro tire al mar la misma cantidad de agua que la Región necesita para cuatro años”.

En este sentido, Cerdá denunció que el Ebro ha vertido al mar del 27 de marzo al 11 de abril, un total de 1.874 hectómetros cúbicos de agua, según los últimos datos de la Confederación Hidrográfica del Ebro, “el equivalente a cuatro trasvases anuales para la Región”, aseveró. Asimismo, aseguró que el pasado 4 de abril, este río registró, con 162 hectómetros cúbicos, la mayor cifra de agua arrojada al mar en estas dos últimas semanas, una cantidad que, a juicio del consejero, “supone más de lo que Murcia podría salinizar en todo un año”.

El consejero murciano lamentó también que sólo se haya almacenado el 10% del volumen total que el Ebro ha vertido al mar en estos quince días, por lo que añadió que, “Aragón tampoco ha podido beneficiarse de esa agua”, sino que, al contrario, ha sufrido importantes pérdidas en el sector agrario y numerosos destrozos en las infraestructuras públicas hidráulicas, debido a que el Ministerio de Medio Ambiente “no ha ejecutado las obras contempladas en el Pacto de Agua de Aragón”.

Narbona miente

El responsable en materia de Agua del Gobierno regional añadió que las consecuencias de la riada del Ebro ponen de manifiesto “la política errática del Gobierno de Zapatero en materia hídrica”. Asimismo, afirmó que la ministra Narbona, “manipula la información y miente”, en referencia a las declaraciones realizadas por la titular del Ministerio en las que aseguraba que el trasvase del Ebro no se llevará a cabo por razones económicas, técnicas y medioambientales y porque Europa no da subvención para este proyecto.

En este sentido, Cerdá subrayó que la ministra Narbona “no tiene ningún dato oficial de la Unión Europea donde dijera que no se iba a subvencionar esa infraestructura propuesta por el Partido Popular”. Además, recordó que tanto el presidente Valcárcel como su homólogo valenciano, Francisco Camps, propusieron al Ejecutivo central “costear el trasvase del Ebro, y la respuesta fue negativa”, por lo que la responsable del Ministerio de Medio Ambiente “no puede decir que esta obra no era viable económicamente”.

En los últimos 60 años, la media de los hectómetros cúbicos que el río Ebro ha arrojado al mar es de 12.000 hectómetros cúbicos anuales, por lo que Cerdá cuestionó las afirmaciones de Narbona y señaló que “el trasvase del Ebro técnicamente también es viable, porque esta ha sido la cuarta riada que llevamos en este año hidrológico”, que comenzó el pasado 1 de octubre. Por tanto, el consejero de Agua afirmó que la derogación de este proyecto se debió “exclusivamente a motivos políticos” a través, dijo, de la “imposición de Esquerra Republicana al Gobierno de Zapatero” a cambio del “asiento en La Moncloa”.

A este respecto, Cerdá sostuvo que de haberse hecho esta infraestructura hidráulica, la Región de Murcia “contaría a finales de este año o principios de 2008 con el agua que necesitamos para la agricultura murciana, la más competitiva de España”.

Por último, denunció que el Gobierno socialista “no se ha contentado sólo con derogar el trasvase del Ebro” sino que también “quiere cuestionar el trasvase Tajo-Segura”. “No hay voluntad del PSOE para resolver la sequía que padece el Levante español y por atender las necesidades de los regantes murcianos. Lo que hay –continuó Cerdá- es una política de querer condenar a la Región a la desalación, que es un complemento, pero no la solución”, concluyó el consejero murciano.

Critica al PSOE por “copiar una pequeña parte del PHN del PP”

El presidente de la Comunidad Autónoma, Ramón Luis Valcárcel, afirmó ayer su convicción de calificar de “actitud hipócrita que estamos viviendo en la actualidad cuando se habla tanto del cambio climático y, al mismo tiempo, el Gobierno de Rodríguez Zapatero intenta cerrar el grifo del agua para que no haya actividad agrícola en la Región”.

Para el jefe del Ejecutivo murciano “esta es la gran contradicción del actual Gobierno de España, un gobierno que no tiene rumbo en materia de agua y que hace las cosas sin pensar, y en este caso, cuando el desierto está avanzado no se puede abandonar la actividad agrícola”. Indicó además que “aquellos que derogaron el trasvase de un río español ven ahora como el Ebro ha arrojado al mar en tres días lo que los murcianos necesitamos para cuatro años”.

Asimismo, el presidente de la Comunidad explicó que el Gobierno regional “no está en contra de la desalinización”, pues “siempre hemos dicho, y así figura en el PHN, que había que hacer siete plantas desaladoras para la  Comunidad murciana, que son precisamente las que quiere hacer el Gobierno de España”. Sin embargo, Valcárcel subrayó que lo que ha hecho el Gobierno socialista en materia de desalación ha sido “copiar el anexo II de Inversiones, una pequeña parte del PHN del PP”, pero “tampoco ha construido las siete plantas desaladoras”.

El presidente murciano también se mostró crítico ante la falta de compromiso de los socialistas murcianos y de su actual secretario general, Pedro Saura, en la defensa de los intereses de la Región ante la falta de agua. En este sentido, indicó que “les falta coraje para defender los intereses de los murcianos”, ya que con “con el voto que le dieron los murcianos para ir a Madrid, el líder de los socialistas murcianos pulsó un botón para que no viniera agua del Ebro a Murcia. Y esa es una lacra que le perseguirá siempre”.

La recuperación de la calidad de las masas fluviales y de los ecosistemas de los ríos exige un plan nacional con participación de expertos y la colaboración de voluntarios para ejecutarlo, según explicó ayer en Valencia el director general del Agua del Ministerio de Medio Ambiente, Jaime Palop, que asistió a una jornada informativa sobre el proyecto. Aunque el ministerio ya trabaja en la limpieza y mantenimiento de los cauces, «ahora se impone dar un paso cuantitativo y cualitativo con el fin de convertir los ríos, pensados como canales, en ecosistemas», destacó Jaime Palop. El proyecto incluye la implicación de 56 instituciones dedicadas al voluntariado medioambiental y será expuesto al público antes de su aprobación.

La Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) ya trabaja en estudios propios y ha invertido en actuaciones de restauración medioambiental en los últimos años 264 millones de euros, según destacó el presidente del organismo, Juan José Moragues.

En un receso de la reunión, Moragues comentó también el estado de las reservas del sistema del Júcar, que continúa en situación «delicada», ya que tres años de sequía «no se resuelven con una semana de lluvias». No obstante, el agua caída supone «un alivio» para los agricultores.

Por otro lado, la empresa estatal Acuajúcar anunció ayer que dos comunidades de regantes de Elche, que representan al 30% de los usuarios de la zona y trabajan unas 13.000 hectáreas, han presentado formalmente la solicitud de agua del futuro trasvase Júcar-Vinalopó, con lo que se suman a las peticiones de la sociedad agraria Percamp de Monóver y 11 ayuntamientos alicantinos.

Los agricultores del Levante español también se rebelan contra el nuevo Estatuto de Castilla-La Mancha. A la iniciativa de recogida de firmas de los regantes de Murcia, con el apoyo del propio Gobierno murciano, que preside el popular Ramón Luis Valcárcel, se suman ahora los agricultores de la provincia de Alicante, que están planteando iniciativas en diversos frentes.

Así, la junta directiva de la Federación de Entidades de Riegos de la Provincia de Alicante (Ferpa) ha acordado proponer al Consell de la Comunidad Valenciana la insumisión fiscal contra la Administración central hasta que el Gobierno de la nación «muestre interés por la agricultura y el regadío de la zona», según el presidente de la entidad y de Riegos de Levante (margen izquierda), Manuel Serrano.

El presidente de los regantes destacó que «la Generalitat debería retener los fondos de aportaciones al Estado para destinarlos a mejoras de infraestructuras hidráulicas y optimización de los regadíos tradicionales». De esta forma, «buscar los recursos hídricos que necesitamos para el mantenimiento de los regadíos y compensar las pérdidas que están sufriendo nuestros agricultores por la carencia de recursos y la falta de garantías en las aportaciones», aseguró Serrano.
 
El Estatuto Barred-Cospedal, una «agresión»

Pero es que, además, Ferpa acordó también realizar una campaña de recogida de firmas contra la propuesta de reforma del Estatuto de Castilla-La Mancha, cuyo texto contempla la caducidad del trasvase Tajo-Segura en el 2015, que posteriormente harán llegar al Congreso de los Diputados. «El documento es una agresión contra nuestro territorio y una falta de responsabilidad histórica sin precedentes por parte de los políticos castellano-manchegos que impulsan, promueven o aprueban iniciativas legislativas como ésta que van contra los principios de solidaridad entre regiones de un mismo estado y contra el propio medio ambiente», afirman.

Desde Ferpa lo califican como «antisolidario y anticonstitucional» y afirman que este Estatuto afecta de forma directa a las comunidades de regantes de la provincia.
 
Interconexión de las cuencas

Serrano pide la interconexión de las cuencas de los ríos españoles. «Es una reivindicación justa y factible. Además, si esto lo hubieran realizado hace años ahora los agricultores no tendríamos este problema». El presidente de Ferpa también destaca que «no es lo mismo que los agricultores pierdan la cosecha por una inundación que por la falta de agua». En su opinión, «con las últimas lluvias los pantanos de más de la mitad del país están desembalsando agua por seguridad. Me parece que en el 2007, con las tecnologías que existen, esta situación se está dando porque o bien a nadie en el conjunto del Estado español le interesa que la agricultura funcione o esto es poco menos que demencial».

El presidente de la Federación de Regantes afirmó que «no se puede estar haciendo inversiones millonarias por parte del Gobierno en la modernización de regadíos y, al mismo tiempo, no manda ni una gota de agua a la zona, ni saben para cuándo va a venir». Desde Ferpa afirmaron que «no se puede vivir de buenas voluntades. La situación no se puede mantener y alguien tiene que dar una solución factible».

Serrano recordó que «la materia prima tiene que venir suministrada por el Gobierno central. El agua es un bien común que tiene que repartirse solidariamente. La obligación del Gobierno de la nación es distribuirla adecuadamente». El presidente de los regantes resaltó por último que «no queremos quedarnos con el agua de nadie».

La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, abogó hoy por tener precaución al hablar de fin de la sequía en las cuencas del Júcar y el Segura y en la cabecera del Tajo, en las que todavía «hay que seguir manteniendo la máxima prudencia y adoptar las medidas que corresponda».

En declaraciones a los medios tras inaugurar un Foro sobre el clima, Narbona respondía así al ser preguntada por los últimos datos que sitúan el nivel de los embalses peninsulares a niveles similares a los anteriores al inicio de la sequía (un 61% de su capacidad total) después de las abundantes lluvias caídas en la última semana.

Consideró una buena noticia las lluvias que hoy se están registrando en Murcia y en la Comunidad Valenciana, así como las previsiones para los próximas días que apuntan también a precipitaciones en el levante.

No obstante, la ministra insistió en que los embalses de las cuencas del Júcar, del Segura, los de la cabecera del Tajo, y los de la cuenca alta del Guadalquivir están aún por debajo del 20 por ciento de su capacidad total.

También en Cataluña, donde ha llovido abundantemente, los pantanos de los ríos Ter y Llobregat se encuentran en niveles «muy bajos» que han obligado a la Generalitat a aprobar un decreto de medidas de sequía, dijo.