La reserva de agua en los embalses de la cabecera del Tajo, Entrepeñas y Buendía, disminuyó en nueve hectómetros cúbicos la última semana y alcanza ahora los 337 hectómetros cúbicos de agua embalsada, el 13,62 por ciento de su capacidad total de 2.474 hectómetros cúbicos.

Según informó hoy la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT), el embalse de Buendía bajó tres hectómetros cúbicos en los últimos siete días y tiene 201 hectómetros cúbicos, el 12,26 por ciento de su capacidad total, que es de 1.639 hectómetros cúbicos.

El pantano de Entrepeñas tiene seis hectómetros cúbicos menos que la semana anterior y embalsa ahora 136 hectómetros cúbicos de agua, el 16,28 por ciento de su capacidad, que es de 835 hectómetros cúbicos.

El Consejo de Ministros autorizó el 2 de marzo un trasvase de 38 hectómetros cúbicos para abastecimiento humano desde la cabecera del Tajo hasta la cuenca del Segura.

El trasvase de estos 38 hectómetros cúbicos se distribuye en el trimestre marzo-abril-mayo, y el destino es abastecer a la población atendida por la Mancomunidad Canales del Taibilla (2,5 millones de personas de 79 municipios de Murcia, Alicante y Albacete) y a los municipios almerienses dependientes de la entidad pública Galasa.

En función de la evolución de las lluvias y del comportamiento del sistema de la cabecera del Tajo, el Gobierno podría revisar este acuerdo.

Si la reserva de agua en estos dos embalses descendiese hasta los 240 hectómetros cúbicos, por ley, no se autorizarán nuevos trasvases.

La Federación de Comunidades de Regantes de la Comunidad Valenciana (Fecoreva) rechazó ayer la propuesta del Gobierno de gravar el uso del agua para regadío para paliar el déficit hídrico y aseguró que sus usuarios «no pagarán ni un duro por el agua en sí misma».

El presidente de Fecoreva, José Pascual, hizo estas declaraciones en Villena, donde esta federación mantuvo una reunión de trabajo para abordar la situación hídrica de la Comunidad, la nueva propuesta del Gobierno y la modificación de la Ley de Aguas.

Pascual, que estuvo acompañado por el presidente de la Junta Central de Usuarios del Vinalopó, l´Alacantí y Consorcio de Aguas de la Marina Alta, Andrés Martínez, dijo que la propuesta del Gobierno central de gravar el agua para regadío o para uso industrial con nuevos cánones o impuestos es algo «injusto e inaceptable» para los regantes.

Recordó que los usuarios pagan «los embalses, los canales y las obras necesarias para el transporte del agua a sus campos», pero, continuó Martínez «no estamos dispuestos a pagar por el agua en sí misma», ya que, zanjó, «el agua es pública y no tiene propietario».

El presidente de Castilla-La Mancha ha declarado que “los ministros y las ministras son efímeros y la problemática que plantea Castilla-La Mancha es más duradera” sobre la opinión en contra de la extinción de los trasvases de la cuenca del Tajo a la del Segura de miembros del Gobierno.

En una entrevista Barreda considera también que la Región de Murcia se opone al fin del trasvase “porque ellos se están beneficiando de una antigua ley” que “les favorece y mucho, y entonces defienden con uñas y dientes sus intereses”. “Ellos tienen intereses, nosotros tenemos la razón; y la razón acabará prevaleciendo sin duda ninguna porque nosotros también tenemos interés”, expone el presidente castellano-manchego.

Tras una introducción en la que los periodistas afirman que Barreda “pasará a la historia, sobre todo, por haber conseguido que España se cuestione que otra política del agua es posible y necesaria”, el presidente manchego destaca que en el proyecto de ley de Aguas su planteamiento en pro de la coparticipación de las Comunidades Autónomas en la gestión del agua “se ha ido abriendo paso”.

No obstante, Barreda asegura a continuación que “es lógico que el Estado se reserve cuestiones para garantizar la ordenación del conjunto del territorio”, y añade tener “muy claro” que es “español a fuer de ser castellano-manchego”. Respecto al Estatuto de Autonomía reformado que han aprobado por unanimidad las Cortes de Castilla-La Mancha y que ya está registrado en las Cortes Generales para su tramitación como ley orgánica, Barreda expone, acerca de su próximo debate en el Congreso que no quiere “adelantar ninguna hipótesis para no dar pistas ni bazas”.

Preguntado por la posibilidad de que Castilla-La Mancha recurra el Estatuto andaluz, Barreda señala: “no estoy de acuerdo que el Guadalquivir sea sólo para Andalucía, entre otras cosas, porque Castilla-La Mancha tiene más del 7% de la cuenca del Guadalquivir y afecta a partes muy importantes de nuestro territorio; por tanto, no estoy a favor del texto tal y como ha quedado definitivamente”.

Los profesionales del sector agrario aseguran que cada vez les resulta más caro desarrollar su actividad y parece que el panorama tiende a ponerse algo más negro pues el Gobierno planea subir las tarifas eléctricas para riego de cara al próximo verano, al igual que los precios del agua. Hoy por hoy los principales incrementos de costes para el agricultor y el ganadero corresponden a la energía y a los lubricantes.

Los departamentos de Economía de las organizaciones agrarias trabajan para calcular el futuro incremento de los costes en estos capítulos y denuncian que las nuevas subidas provocarán una mayor pérdida de rentabilidad a un sector que ya está »muy castigado» de por sí.

Uno de los mayores aumentos de los costes para el profesional agrario corresponderá al precio del agua. De hecho, la denominada “Tasa por prestación de servicios de gestión, registro, control e inspección de los usos del agua”, que incorpora el borrador de reforma de la Ley de Aguas en su artículo 114 Bis, supondrá un coste anual de más de 30 millones de euros para el regadío español durante el primer año, según advierten desde la Federación Nacional de Regantes, Fenacore.

Su presidente, Andrés del Campo, denuncia que la denominación de esta nueva tasa no es más que un “eufemismo” para rescatar “de forma encubierta” las modificaciones del régimen económico-financiero de la Ley de Aguas —anunciadas hace más de dos años— relacionadas con la fijación de un sistema de precios y el establecimiento de un nuevo canon —la controvertida “ecotasa”— que el Gobierno se comprometió a no aplicar hasta 2010, tal como establece la Directiva Marco de Aguas.

La subida de las tarifas eléctricas para riego también tiene muy preocupado al sector. Aunque de momento se ha conseguido un aplazamiento hasta el mes de julio, el Real Decreto 809/2006, establece una revisión al alza de la tarifa eléctrica que emplean los regantes y dispone, además, la desaparición, a partir de 2007, de las tarifas específicas de riegos de alta y baja tensión que aplican actualmente los regantes y que suponen un ahorro importante del orden del 400 por ciento en términos de potencia instalada. En la actualidad, el 25 por ciento del regadío español tiene contratadas tarifas de baja tensión.

ASAJA

Las protestas de las organizaciones agrarias son continuas, en este sentido. Desde la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores, ASAJA, lamentan que la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, pretenda aumentar los costes a los agricultores con una subida del precio de dos elementos esenciales para el trabajo diario del sector: el agua y la electricidad.

»Esta subida provocaría una mayor pérdida de rentabilidad al
castigado sector agrícola, que vive inmerso en una importante crisis de precios que está motivando el abandono de la actividad», denuncian sus portavoces.

ASAJA recuerda que la agricultura es una fuente de riqueza importante para todo el país, ya que genera empleo y proporciona cifras positivas para la balanza comercial, por lo que invita al Gobierno a reflexionar sobre las medidas que tiene previstas con respecto a la agricultura.

»Castigar más a este sector no solucionará los problemas medioambientales que tiene este país», confirman.

Por su parte, el Departamento de Economía Agraria de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos, (COAG), ha realizado un análisis de los datos de costes basados en las cifras macroeconómicas de consumos intermedios publicados por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en su primera Estimación de Macromagnitudes Agrarias en 2006.

Según constata COAG, dicho informe desvela que los consumos que engloban el conjunto de costes necesarios para realizar la actividad agrícola y ganadera alcanzaron los 15.044,8 millones de euros, lo que supone un incremento en valor del 4,1 por ciento respecto a la media
de los últimos cinco años (2001-2005).

Uno de los capítulos de costes que más han aumentado es el de energía y lubricantes (25 por ciento respecto al mismo periodo 2001-2005), aumento motivado por la subida de los precios de los carburantes acontecido en los dos últimos años.

Este capítulo representa el 4,2 por ciento de los consumos intermedios, y se sitúa en el año 2006 en 1.511 millones de euros, lo que supone una subida de 93,5 millones de euros (6,6 por ciento respecto al año anterior).

Piensos

Sin embargo, debido al leve descenso del precio (-1,4 por ciento) y al mantenimiento de la cantidad, el capítulo de piensos ha descendido un -1,4 por ciento en valor. A pesar de ello, hay que destacar que dicho apartado ha sufrido un leve incremento del uno por ciento respecto a la media del periodo 2001-2005. Hay que tener en cuenta que este coste representa un 45 por ciento del total de consumos intermedios.

Cabe destacar también el mantenimiento de edificios y de materiales,
que han subido un 18 por ciento y 11,5 por ciento respectivamente respecto al periodo 2001-04. De igual forma, otros capítulos también han sufrido incrementos considerables respecto al mismo período, como ocurre con los de gastos veterinarios (11 por ciento) y bienes y servicios (10,6 por ciento).

UPA

Desde el Departamento de Economía de la Unión de Pequeños Agricultores (UPA) se destacan los costes en fertilizantes y gasóleos además de la subida que tendrán las tarifas eléctricas, como los incrementos económicos más significativos para el profesional agrario.

La organización agraria calcula, teniendo en cuenta el incremento de los costes en fertilizante y gasóleo que la subida para una hectárea de cereal de secano sería de 35,5 euros (21,85 de fertilizantes y 13,20 de gasóleo); para remolacha, 81,94 (55,10 de fertilizante y 26,84 de gasóleo); de patata, 79,18 y una hectárea de maíz soportaría un incremento de 78,21 euros la hectárea.

Explotaciones »tipo»

Exportando estas cifras, calculadas a los costes de producción en explotaciones »tipo» UPA estima un incremento de 3.505 euros en una explotación de 100 hectáreas de cereal; de 1.583,60 euros en 20 hectáreas de patatas; y 2.571,90 euros, en 50 hectáreas de cereal y diez hectáreas de remolacha.

Pierden capacidad de decisión y les excluyen de la gestión de la política hídrica. Los regantes se sienten marginados y no están dispuestos a permanecer indiferentes. La Federación de Comunidades de Regantes de la Comunitat Valenciana (Fecoreva) celebra hoy en Villena su junta ordinaria, y la nueva ley estatal de Aguas estará sobre la mesa.

El presidente de la Junta Central de Usuarios del Vinalopó, Andrés Martínez, adelantó ayer que en la asamblea “trataremos con dureza el cambio en la ley de Aguas, ya que nos sentimos ninguneados”. Fecoreva intentará hoy “llegar a un acuerdo para adoptar medidas de presión contra esta ley”, apuntó Martínez.

Los regantes consideran que la reforma les aparta de los órganos de decisión en materia hídrica, como, por ejemplo, el comité de autoridades. El presidente de los usuarios del Vinalopó afirma que la nueva ley contempla el mantenimiento del Consejo Nacional del Agua, pero matizó que se trata de un órgano sin capacidad ejecutiva. Martínez asegura que “la ley no aporta nada nuevo, sólo quita representación a los usuarios e incrementa los impuestos a unos niveles que no podemos soportar”.

En efecto, la reforma modifica la denominación de las cuencas, que estarán gestionadas por un Comité de Autoridades Competentes formado por el Gobierno, las autonomías y los ayuntamientos. Por tanto, usuarios y regantes quedan excluidos.

Los regantes ven reducida su participación en beneficio de las asociaciones ecologistas. Fecoreva también prevé analizar hoy la “preocupante situación hídrica” de la Comunitat y “la necesidad de recuperar el trasvase del Ebro”. Según fuentes de la federación, “son necesarias medidas encaminadas a paliar el déficit hídrico de manera global”. Martínez apuntó que “asistimos atónitos al desbordamiento del río Ebro mientras nuestros pozos están más secos cada día”.

 El presidente de la Comunidad Autónoma de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, manifestó ayer que «es doloroso ver que en una semana se haya ido al mar todo lo que hubiera supuesto agua para la Región durante tres años». El jefe del Ejecutivo regional lamentó que «mientras el Ebro se desborda, Murcia se seca», y añadió que «tenemos necesidad de agua y somos solidarios» por lo que «no queremos el agua que otros necesitan, sino la que va directamente al mar».

El jefe del Ejecutivo murciano, quien hizo estas declaraciones al inicio de la procesión de Domingo de Ramos celebrada durante la mañana de ayer en Cieza, señaló que el agua que ha arrojado el Ebro al mar durante esta semana «habría abastecido a la Región de Murcia para tres años», por lo que pidió «un ejercicio de reflexión a quienes todavía no son capaces de hacerlo», y «a aquellos que están dando la espalda a los intereses de los murcianos, simplemente por sometimiento y sumisión a sus «amos» de Madrid», subrayó el presidente en referencia al Partido Socialista de Murcia (PSRM).

«Abandonar la cobardía»

Por tanto, Valcárcel instó al líder de los socialistas murcianos, Pedro Saura, a «abandonar la cobardía» y «revindicar lo que necesitamos, exigir lo que es nuestro» porque, añadió, «el río Ebro es un río español y los murcianos somos españoles».

Asimismo, pidió a los dirigentes del Partido Socialista murciano que se sumen a la reivindicación del trasvase del Ebro y exijan al presidente Zapatero «las soluciones que no ha aportado», puesto que «seguimos sin agua, seguimos con incertidumbre y vemos como el agua que es nuestra, se está marchando porque nadie la necesita allá arriba, pero aquí sí». En este sentido, lamentó que el candidato a la presidencia de la Comunidad de Murcia por el PSOE «marchara a Madrid con el voto que le dieron los murcianos para traicionar las expectativas de los ciudadanos de esta Región, votando en contra de que llegara agua del Ebro a Murcia», concluyó.

Por otro lado, en referencia a las declaraciones del presidente castellano manchego, José María Barreda, quien dijo ayer que Murcia se opone al fin del trasvase «porque ellos se están beneficiando de una antigua ley» que «les favorece y mucho, y entonces defienden con uñas y dientes sus intereses», el jefe del Ejecutivo murciano declaró que «el Tajo abastece a Castilla-La Mancha, y debe seguir haciéndolo a la Comunidad de Murcia y a la Cuenca del Segura», al tiempo que añadió que el problema que plantea Castilla-La Mancha «seguro que no lo sería si no hubieran cerrado el grifo del Ebro».

Sentido común

El presidente murciano apeló al «sentido común y a la solidaridad» para retomar el Plan Hidrológico Nacional que «fue apoyado incluso por el anterior presidente de Castilla-La Mancha, José Bono, para dar solución a los problemas de esta Comunidad y de todo el Levante español», concluyó.

Por otro lado, Chobentú-Jovenes de CHA avivó ayer aun más la polémica con unas declaraciones en las que consideraba «todo un insulto a la razón y a la inteligencia» que el PP de Andalucía intente ligar las últimas crecidas del Ebro con las peticiones de un trasvase de agua a esa Comunidad autónoma. Para este sector de CHA es una «aberración intelectual» ligar la crecida del Ebro con el trasvase, por lo que ha anunciado que enviará a los grupos parlamentarios de Andalucía una respuesta dada por el anterior gobierno de José María Aznar a una pregunta de CHA en la que reconocía la inviabilidad de esta propuesta, ante el debate que se va a producir próximamente en el parlamento andaluz.

El presidente de Castilla la Mancha aduce que «los ministros y las ministras son efímeros y la problemática que plantea la Región es más duradera» sobre la opinión en contra de la extinción de los trasvases de la cuenca del Tajo a la del Segura de miembros del Gobierno

En una entrevista que publican hoy las siete cabeceras en la Región del diario La Tribuna, Barreda considera también que la Región de Murcia se opone al fin del trasvase «porque ellos se están beneficiando de una antigua ley» que «les favorece y mucho, y entonces defienden con uñas y dientes sus intereses».

«Ellos tienen intereses, nosotros tenemos la razón; y la razón acabará prevaleciendo sin duda ninguna porque nosotros también tenemos interés», expone el presidente castellano-manchego.

Tras una introducción en la que los periodistas afirman que Barreda «pasará a la historia, sobre todo, por haber conseguido que España se cuestione que otra política del agua es posible y necesaria», el presidente regional destaca que en el proyecto de ley de Aguas su planteamiento en pro de la coparticipación de las Comunidades Autónomas en la gestión del agua «se ha ido abriendo paso».

No obstante, Barreda asegura a continuación que «es lógico que el Estado se reserve cuestiones para garantizar la ordenación del conjunto del territorio», y añade tener «muy claro» que es «español a fuer de ser castellano-manchego».

Respecto al Estatuto de Autonomía reformado que han aprobado por unanimidad las Cortes de Castilla-La Mancha y que ya está registrado en las Cortes Generales para su tramitación como ley orgánica, Barreda expone, acerca de su próximo debate en el Congreso que no quiere «adelantar ninguna hipótesis (…) para no dar pistas ni bazas».

Preguntado por la posibilidad de que Castilla-La Mancha recurra el Estatuto andaluz, Barreda señala: «no estoy de acuerdo que el Guadalquivir sea sólo para Andalucía, entre otras cosas, porque Castilla-La Mancha tiene más del 7 por ciento de la cuenca del Guadalquivir y afecta a partes muy importantes de nuestro territorio; por tanto, no estoy a favor del texto tal y como ha quedado definitivamente».

«Me he enfrentado claramente a la ministra de Sanidad con una ley que perjudicaba gravemente nuestros intereses», asegura Barreda acerca de la paralización de una ley sobre la prevención del consumo de alcohol por jóvenes.

En una reflexión sobre la política española y la poca representatividad de los partidos de extrema derecha, Barreda se plantea: «en España hay dos lados, en uno de ellos está el PSOE con IU pero en el lado del PP no hay nada, entonces… ¿dónde están esos españoles que han existido en nuestro pasado más reciente que tenían unos postulados diferentes?»

Preguntado sobre qué se hará en la Vega Baja toledana cuando concluyan las excavaciones arqueológicas, Barreda asegura: «lo que vamos a hacer es un gran parque arqueológico y un centro de investigación y museológico que va a ser referencia para todo el mundo visigodo».

Sobre las próximas elecciones, Barreda opina que los ciudadanos de Castilla-La Mancha han demostrado que «discriminan con la precisión de un cirujano que tuviera el bisturí en la mano y votan» de diferente manera en cada tipo de elecciones, sean europeas, generales, regionales o municipales.

«Los castellano-manchegos tienen una madurez política impresionante», señala en este sentido.

Por último, acerca de la «construcción» de Castilla-La Mancha en el último cuarto de siglo, Barreda cita a Máximo D’Azeglio, quien, cuando se consiguió la unidad de Italia en la segunda mitad del siglo XIX dijo: «hemos hecho lo fácil, que es hacer Italia, ahora tenemos que hacer lo difícil que es hacer italianos».

Era un jueves lluvioso, los regantes murcianos iniciaban su campaña para lograr un millón de firmas en defensa del actual trasvase Tajo-Segura y Mariano Rajoy aspirante a sustituir “en unos meses” al socialista Rodríguez Zapatero presentaba las candidaturas municipales de los populares en la Región de Murcia. El líder máximo del PP abordó el tema del déficit hídrico de la Comunidad y fué contundente en sus afirmaciones,.

Nada más poner los pies en La Moncloa recuperará el PHN de Aznar para que las aguas de un Ebro, en estos días recrecido, sean la gran fuente de riqueza del levante español.

Ante un público entregado y ruidoso con miles de aplaudidores azules y calabazas, Rajoy optó por el recurso fácil de hablar de un hipotético futuro para eludir un quizás más complicado presente. Porque sobre las reividicaciones diarias de los regantes murcianos y del consejero Cerdá sobre las aguas de la cabezera del Tajo, no dijo ni media palabra. Pero tampoco el presidente del Ejecutivo Regional, Ramón Luis Valcárcel, tan vehemente en defensa de un futuro trasvase del Ebro, dedicó unos segundos a mirar a los embalses de Entrepeñas y Buendía.

Conservar los actuales caudales trasvasables de la cabezera del Tajo para los regantes debe ser intocable, frente a la amaneza que significa el proyecto de reforma del estatuto castellano-manchego apoyado por unanimidad por socialistas y populares de la comunidad autónoma vecina. Zapatero, en su única visita a la Región como presidente del Gobierno Central, lo dejó muy claro: mientras los socialistas gobiernen en Madrid la Región se abastecerá de aguas procedentes del mar y del Tajo. Y se comprometió en privado con los representantes del sindicato que preside Francisco del Amor a garantizar la continuidad del acueducto.

El silencio de Rajoy del pasado jueves da pie a multiples interpretaciones. El líder popular aseguró en el Auditorio su plena confianza de que la Región seguirá siendo un granero de votos populares en los comicios del 27-M y que Valcárcel renovará la presidencia regional por ámplia mayoría. Y los populares ven ciertas posibilidades de conseguir en el gobierno de Castilla-La Mancha, ya que consideran que el peso de Barrera en la comunidad vecina es muy inferior al del intocable Bono. Con estas premisas quizás no merezca la pena hacer esfuerzos preelectorales en Murcia, plaza segura, que pudieran ocasionar algún desgaste innecesario a “los compañeros castellanos-manchegos”. Tampoco sería la primera vez, hace algunos años Aznar para garantizar el apoyo de Bono al PHN aceptó un incremento en la cantidad no trasvasable desde la cabezera del Tajo. Y el jueves Rajoy perdió una oportunidad de tranquilizar a los regantes murcianos.