La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, anunció hoy que la reunión del Consejo Nacional del Agua prevista para este viernes, quedará pospuesta hasta después de Semana Santa para tener más tiempo para «ampliar el acuerdo que existe entorno a alguno de los elementos de la Ley de Aguas» y, en particular, «con los representantes del sector del regadío» con quienes celebrará próximamente un encuentro.

Según explicó Narbona en la inauguración de las jornadas sobre ‘El nuevo ciclo de planificación hidrológica en España’ que se celebran hoy en el Colegio de Ingenieros de Caminos en Madrid, la cita con los regantes servirá «para analizar la incidencia de las propuestas que está formulando el Ministerio de Medio Ambiente», que «han sido recibidas (…) con excesiva preocupación por parte de este sector de la agricultura».

«De momento vamos a convocar reuniones de carácter bilateral centradas en la posición de los regantes, que es una posición crítica en estos momentos», con el fin de emprender «una tarea de aproximación», en la que, según la ministra, tanto Agricultura como Medio Ambiente tienen «el máximo interés».

En este sentido, Narbona destacó la importancia de «compartir información y que analizar las posiciones de cada parte dentro del sector de la agricultura» porque, «teniendo en cuenta que casi el 70% del agua en España la consume la agricultura, sería absurdo aprobar una reforma de la Ley de Agua que no integrara al máximo» su «perspectiva».

Aunque el Gobierno tiene la mayoría del voto en el Consejo Nacional del Agua y, por tanto, el organismo podría emitir un «dictamen preceptivo favorable por una cuestión de votos», narbona incidió en que el Ministerio de Medio Ambiente «prefiere hacer un esfuerzo» para conseguir «votos favorables de todas las partes implicadas» en la reforma de la ley.

El agua y las elecciones

Respecto a la implantación de los planes hidrológicos del Ministerio de Medio Ambiente, Narbona lamentó la falta de «cooperación adecuada por parte de algunas administraciones autonómicas y, en particular, por parte de la Generalitat Valenciana, que ha intentado frenar la actuación de mayor envergadura en la provincia de Alicante: la construcción de la planta desaladora de Torrevieja» cuya paralización el Gobierno ha recurrido ante el Constitucional.

Esta obra, destacó la ministra, «es de interés general del Estado, tiene una declaración de impacto ambiental favorable y ha sido aceptada por la Comisión Europea, que ha concedido la financiación» y, por tanto, «debe seguir adelante». No así iniciativas como el trasvase del Ebro, que «no obtuvo ni un sólo euro de la Unión Europea» mientras «todas y cada una de las inversiones que ha planteado el Gobierno actual ante la Comisión, dentro del programa Agua, han recibido y están recibiendo financiación» de Europa.

Por todo ello, hizo un «llamamiento a todas las administraciones y, muy en particular a las gobernadas por el Partido Popular» y les pidió «que piensen en los ciudadanos y no en la confrontación política» porque «no se debe llevar a este terreno la política del agua hasta el punto de intentar paralizar inversiones que son absolutamente necesarias para mantener la garantía de abastecimiento que hasta ahora, ha permitido que en la Comunidad Valenciana y en Murcia no haya ningún problema» en el uso urbano del agua.

Asimismo, invitó «a tener en cuenta que la política del agua que está haciendo este Gobierno es la única que se puede hacer en un país miembro de la UE» y pidió «un ejercicio de sosiego y tranquilidad» porque «este es un momento parta ejercer desde la responsabilidad y para evitar que el agua sea motivo de confrontación electoral».

La Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) ha detectado que el crecimiento de la superficie regada en la cuenca ha sido inferior a las previsiones del Plan Hidrológico del Segura (PHS), que estimaba que en el año 2004 habría 265.969 hectáreas, cuando las imágenes por satélite muestran que en realidad fueron 244.689. No obstante, en las dos últimas décadas, la cuenca ha ganado 78.000 hectáreas de regadío.

Así lo refleja el estudio mediante teledetección de los regadíos del Segura en el periodo 1984-2004, que se ha realizado para elaborar el nuevo plan hidrológico de la cuenca.

El presidente de la CHS, José Salvador Fuentes Zorita, indicó que estos datos demuestran que “no se ha disparado la superficie regada”, y explicó que en el Segura existe una superficie potencialmente regable de 354.864 hectáreas que no se riegan en su totalidad.

Advirtió también que la reducción de caudales que han tenido los regadíos del trasvase Tajo-Segura hacen prever que cuando se den a conocer las conclusiones de los trabajos de teledetección encargados para los años 2005 y 2006, esos datos no superarán los de la superficie regada detectada en 2004, y que suponen el 92% de las previsiones del PHS.

Agregó que ese año 2004, el primero de la actual sequía, “no parece haberse notado negativamente en el regadío”, según dijo, “porque en el primer año todo el mundo reduce las dotaciones de agua para no tener que disminuir la producción”, si bien advirtió que a partir del tercer año de sequía, es decir, el actual 2007, “será cuando empezarán a notarse de verdad los efectos”.

Por años, en 1984 había una superficie regada de 166.629 hectáreas, que en 1990 se disparó hasta los 221.085. En 2000 descendió hasta 212.681, pero en 2004 volvió a aumentar hasta 244.693 hectáreas.

La superficie de regadío aumentó en 78.064 hectáreas entre 1984 y 2004, lo que supone un 47% más en un periodo de 20 años. La mayor parte se corresponden con la puesta en regadío de los terrenos ligados a las infraestructuras del postrasvase Tajo-Segura, es decir, las Vegas Alta, Media y Baja (14.730 hectáreas), el campo de Cartagena (23.574 hectáreas) y el Suroeste y Valle del Guadalentín (21.037 hectáreas). Además se ha observado “cierta migración agrícola” en algunas zonas, en parte debido a desarrollos urbanísticos, o por la salinización del terreno o la falta de competitividad.

Para la teledetección se empleó la respuesta al infrarrojo que captan los sensores del satélite Landsat, de forma que las zonas con alto vigor vegetal son detectadas, pudiendo determinar la superficie de terreno cultivado. Como a lo largo de un año los cultivos hortícolas presentan rotación, el análisis se ha hecho a través de cuatro imágenes por año.

Fuentes Zorita recordó también que la Comisaría de Aguas de la cuenca del Segura está llevando a cabo el programa Alberca, que intenta identificar el carácter legal o ilegal de la superficie regada mediante un análisis singularizado. El presupuesto de 2,5 millones de euros con el que contó en el periodo 2004-2006 ha aumentado a tres millones para el trienio 2007-2009.

La Comisaría de Aguas ha realizado 2.600 inspecciones en la cuenca del Segura, lo que supone el 70% de los expedientes analizados.

La dotación media de agua para regadío al año en el Segura es de 2.500 metros cúbicos por hectárea, “la más baja de toda España”, aseguró Fuentes Zorita.

Las fuertes lluvias registradas a lo largo de la cuenca del río Ebro y el deshielo en su cabecera han despertado las alarmas en los últimos días ante el peligro de desbordamiento. Las autoridades hidrográficas se vieron ayer obligadas a abrir las compuertas de los embalses, actuación que aumentó significativamente la crecida del río.

El Sistema Automático de Información Hidrológica del Ebro (Saih) llegó a contabilizar en su desembocadura el paso de 1.200 metros cúbicos por segundo (100 hectómetros cúbicos al día). Esta cantidad es superior a lo que será capaz de producir la nueva desalinizadora de Torrevieja en un año (entre 60 y 120 hectómetros cúbicos).

Durante el año hidrológico 2006-2007 (que empezó el pasado mes de octubre) el volumen total de agua que vertió al mar el Ebro ha sido de 2.749 hectómetros cúbicos. Con esta cantidad se hubiera podido hacer un trasvase a la Comunitat de 303 hectómetros cúbicos, un volumen suficiente para satisfacer las necesidades hídricas de los valencianos durante todo un año. La transferencia de agua no hubiera perjudicado al caudal ecológico ni causado daños medioambientales al río Ebro.

El vicepresidente del Consell, Víctor Campos, calculó que con lo que el río más caudaloso de la península ha vertido al mar, serían necesarios solamente cuatro días para completar el caudal del trasvase de un año. “Es una injusticia que nos tengamos que conformar con unas gotas de lluvia mientras se desperdician verdaderas cantidades de agua”, lamentó Campos durante la presentación del libro El problema del agua en la Comunitat Valenciana”, de los profesores Antonio Gil Olcina y Antonio Rico Amorós.

Campos manifestó incluso que siente “rabia” tras ver las imágenes de la crecida del Ebro.

Los responsables de la Confederación Hidrográfica de la cuenca catalana se mantendrán alerta en los próximos días porque está previsto que las crecidas continúen e incluso el río pueda desbordarse en algunos puntos.

El secretario general del PSPV, Joan Ignasi Pla, garantizó ayer a los agricultores valencianos que podrán decidir sobre el futuro del Júcar, si obtiene el triunfo electoral. El líder socialista aseguró que «la reforma de la Ley de Aguas reconocerá la mayoría territorial valenciana en el Júcar y la adecuada representación de los agricultores en la futura administración del agua».

Pla realizó estas declaraciones anoche durante la presentación del programa socialista en agricultura, que dedica buena parte a la cuestión hídrica. Aseguró que «el Júcar ha sido, es y será un río español con mayoría valenciana y así seguirá siendo», y garantizó la presencia de los agricultores en la futura administración del agua.

Recordó que «igual que os dije que el trasvase Júcar-Vinalopó sería desde el azud de la Marquesa, ahora os aseguro que la reforma de la Ley de Aguas reconocerá nuestra mayoría territorial en el Júcar y vuestra adecuada representación en la administración del agua».

Por el contrario, acusó a los populares y al jefe del Consell de «carecer de voluntad política y de exigir a otros lo que él puede hacer aquí y no hace», ya que «no permite la participación de los agricultores en la administración del agua, no moderniza los regadíos del Júcar y sigue emperrado en que el agua del Júcar se tome en Cortes de Pallás, aunque suponga el fin de la Ribera del Júcar».

La ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación, Elena Espinosa, acusó ayer la Generalitat de tener «ganas de entorpecer» las obras del trasvase Júcar-Vinalopó por haber presentado «fuera de plazo» un escrito de alegaciones sobre las modificaciones introducidas en el trazado de esta conducción, documento que, según dijo, no se ha presentado «con el fin de colaborar ni de presentar mejoras, sino única y exclusivamente de retrasar las obras».

Espinosa se pronunció en estos términos tras presentar en Picassent las obras de modernización de regadíos del Canal Júcar-Turia, al ser preguntada por las citadas alegaciones. Al respecto, estimó que es «una postura triste», dado que, a su juicio, frente al «esfuerzo enorme» del Gobierno central «en modernización de regadíos o puesta en marcha de nuevas desaladoras o proyectos como el trasvase Júcar-Vinalopó», el Consell «lo único que están poniendo son obstáculos en el camino para que esto no se pueda llevar a cabo».

En este sentido, afirmó que «si fuera un tema puntual se podría entender», pero apuntó que «otro ejemplo claro» de esa actitud es el caso de la desaladora de Torrevieja. Así, manifestó que las «alternativas que está poniendo encima de la mesa» el Consell «para solucionar el problema del agua» son «obstáculos y problemas». No obstante, destacó que «serán los ciudadanos los que tengan que juzgar quién esta apostando por la ciudadanía y quién no está apostando y lo único que está hacen es quejarse».

El recurso “no se presenta con el fin de colaborar ni de presentar mejoras, sino única y exclusivamente para retrasar las obras” del trasvase Júcar Vinalopó. La ministra de Agricultura, Elena Espinosa, aprovechó ayer la presentación de unas obras de modernización de regadíos en Picassent para criticar la “actitud del Consell, que sólo quiere entorpecer la acción del Gobierno”.

Lo primero que dijo la ministra fue que las alegaciones habían llegado al Ministerio “fuera de plazo”, ya que el periodo para presentar cualquier recurso terminó el pasado 8 de febrero. El consejero delegado de la empresa estatal AcuaJúcar, José María Marugán, anunció que las obras comenzarán “en menos de dos o tres semanas”.

Las alegaciones presentadas por la Conselleria tienen como objetivo conocer el impacto ambiental que va a tener la infraestructura en su entorno y sus consecuencias hídricas. “No queremos retrasar el proyecto, solamente necesitamos informes y aclaraciones”, dijo la secretaria autonómica de Territorio, Cristina Serrano. Marugán remarcó que aunque “le pese al Consell, el Gobierno garantizará la producción típica de uva de mesa del Vinalopó con 80 hectómetros cúbicos de agua excedentaria del Júcar”.

Entorpecer la labor
Espinosa llegó a acusar al Consell de “entorpecer” la labor del Gobierno y puso como ejemplo la desalinizadora de Torrevieja. Marugán añadió en referencia a esta planta que las obras “continúan en marcha a pesar de los intentos de paralización”.

La presentación de las inversiones en modernización de regadíos del Ministerio sirvió para que el presidente de la Comunidad de Regantes del Canal Júcar-Turia, Adrián Martínez Palau, reivindicara a la ministra la exención en las tasas de hidrocarburos y agua. La Confederación Hidrográfica del Júcar decidió hace unos días disminuir las aportaciones de agua superficial para regadío y los agricultores se van a a ver en la obligación de recurrir a los pozos.

Adrián Martínez Palau lamentó que este año las reducciones de agua del Júcar para regadío van a ser del 40% pese a que el pasado año los regantes solamente utilizaron 18,4 hectómetros cúbicos de los 95 que tienen en concesión. “No tenemos suficientes perforaciones y sacar el agua de pozos cuesta más dinero”.

Martínez solicitó además que se mantengan las exenciones en la tasa de agua, medida que Espinosa garantizó hasta 2010. A partir de esa fecha se podrán concretar “excepcionalidades en algunos cultivos”, aseguró la ministra.

Los regantes se mostraron preocupados por la falta de agua y porque saben que si Valencia y su área metropolitana la necesita para consumo humano tiene preferencia sobre la agricultura.

La petición del Ayuntamiento de Valencia de revisar las concesiones para que llegue más agua del Júcar es “más de lo mismo” –dijo la ministra–, dado que supone “pedir pero sin ninguna alternativa ni colaboración”, en referencia al Partido Popular.

Entre los datos que ofreció la ministra durante su visita a Picassent destacó que el 20% de las inversiones del Ministerio de Agricultura van destinadas a la Comunitat Valenciana. Hizo además un repaso de las actuaciones en modernización de regadíos a lo largo del canal Júcar-Turia.

El secretario general del PSPV, Joan Ignasi Pla, aseguró que mientras el Gobierno invierte en la Comunitat, Camps anuncia medidas que ha sido incapaz de hacer en tres años. “En tres años de Gobierno, la agricultura ha tenido los peores años de su historia”, denunció Pla.

Voz autorizada a nivel mundial en lo que se refiere al agua y su gestión, el profesor de Análisis Económico en la Universidad de Zaragoza Pedro Arrojo analizó ayer en Santander ‘El reto ético de la nueva cultura del agua’, en un acto organizado por el Gobierno cántabro. El activista social -que es el único español cuyo trabajo ha recibido el premio Goldman de Medioambiente, considerado el Premio Nobel del área- considera que en el planeta Tierra «hay agua en abundancia». Curtido en mil batallas, Arrojo no se casa con nadie. Dice que Cristina Narbona es el único titular de Medio Ambiente que ha tenido este país con conocimiento de causa, pero recela de los gobiernos autónomos («de todos»), que se «equivocan» si consideran «suyos» los ríos.

-¿Ante qué reto cree que estamos en este siglo respecto al agua?

-Ante uno fundamental, que es diferenciar lo que yo llamo ‘agua-vida’ del ‘agua-ciudadanía’ y del ‘agua-negocio’ y, a partir de ahí, conservar el ecosistema. El ‘agua-vida’ es un derecho humano, es la cantidad de agua que se precisa para la supervivencia y estaría en torno a los 30 litros por persona y día. Esto hay que garantizárselo a cada ser humano y debe ser gratuito. Lo que yo defino como ‘agua-ciudadanía’ es esa cantidad de líquido que nos llega a casa al abrir un grifo y que es un servicio que recibimos. Éste estaría en torno a los 130 litros por persona y, a medida que se consumiera mucho más, se podría ir gravando por tramos. Esta gestión ha de ser pública, participativa y democrática. El tercer escalón es el ‘agua-negocio’. Está muy bien usar el agua para ser cada vez más ricos, pero aquí es preciso cambiar el orden ético: los objetivos empresariales no justifican nunca el desequilibrio ecológico. ¿Usted necesita agua para su negocio? Tómelo y pague por ello. No se puede seguir permitiendo que en toda la costa mediterránea el consumo de agua por persona sea de 3.000 litros al día, debido a la demanda de los invernaderos y los campos de golf. Tenemos agua en abundancia; es el exceso de ambición lo que la está convirtiendo en escasa. Yo entiendo la solidaridad del agua para el consumo básico y, al tiempo, no entiendo la solidaridad con ‘Terra Mítica’. Ni entiendo que haya que construir una presa que anegue pueblos para llevar agua a Marbella.

-¿España tiene que dar un giro radical en su relación con el agua?

-Sí. Y lo está dando ya. Yo no soy del PSOE, pero ahora, por primera vez, tenemos una persona en el Ministerio de Medio Ambiente (Cristina Narbona) que sabe de qué habla. Está siendo sometida a fuertes críticas sólo por defender la directiva europea respecto al agua, que es ambiciosa y que habrá que cumplir para 2015. En esta nueva conciencia creo, también, que algo hemos tenido que ver desde el movimiento ‘Nueva Cultura del Agua’. Empezamos como algo marginal y 10 años después hemos sacado a un millón de ciudadanos a la calle. Aunque queda mucho por hacer, soy optimista. La gente está viendo que defender el río es defender el territorio, su forma de vida.

-¿Qué opina del anuncio del Gobierno de que parte de la gestión de los ríos pasará a las comunidades autónomas?

-No me parece mal, si bien exige mucha más coherencia. Estoy a favor de la descentralización en la gestión pero, con esa misma fuerza moral, debería decirse que los ríos y cuencas no tienen fronteras. Es decir, no vale la frontera con Portugal, por ejemplo. Y lo que le pase al Ebro le atañe por igual a los cántabros que a los riojanos, los aragoneses y los catalanes. Cuando se cede la gestión a los gobiernos autonómicos, éstos caen en decir ‘esto mío, por si acaso’. Y a mí ese discurso no me vale. Yo soy muy crítico con el Gobierno socialista de Aragón al proponer un plan estratégico de aprovechamiento del río. Un ecosistema es de todos, no se puede parcelar ni poseer. Este es el principal objetivo a conseguir: que la gente vea que los ríos son patrimonio de todos. Como un bosque. Se puede permitir su aprovechamiento, dentro de unos límites. No estamos hablando de un recurso económico, que también lo es. Hablamos de algo más importante.

-¿Entiende la sociedad este discurso de la sostenibilidad?

-Cuando se vincula el agua al territorio y se combina lo racional con lo sentimental, el mensaje tiene una gran potencia. Yo hago converger las razones éticas y económicas con los sentimientos ¿y esto es casi incontestable¿. Soy consciente, sin embargo, de que esto requiere tiempo, como los buenos guisos. No es sólo un cambio político y técnico. Es cultural y, por tanto, más complejo.

Las reservas hídricas de los embalses de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) han aumentado en 1,12 hectómetros cúbicos durante la última semana y se han situado en 584,88 hectómetros, lo que supone un 17,48 por ciento de los 3.346,6 hectómetros cúbicos de capacidad total.

Según informaron hoy fuentes de la CHJ, de los veintisiete embalses adscritos a la Confederación, doce han aumentado el nivel del agua almacenada, doce lo han disminuido y tres lo han mantenido.

El embalse que ha registrado el incremento más importante ha sido el de Cortes II, que ha recibido 2,90 hectómetros cúbicos, con lo que se sitúa al 94,14 por ciento de sus 118 hectómetros cúbicos de capacidad total.

También aumentaron los niveles del embalse de Tous-La Ribera, con un incremento de 1,77 hectómetros cúbicos; el de Arenós, con un incremento de 1,18 hectómetros cúbicos, y el de Alarcón, que creció 1,08 hectómetros cúbicos.

Los descensos más significativos se han registrado en el embalse de La Muela, que ha perdido 4,92 hectómetros cúbicos, y en los de Sichar y Benagéber, que han reducido su caudal en 2,06 y 0,59 hectómetros.

Los embalses que no han sufrido variaciones han sido los de Onda, que está al 38,85 por ciento; Almansa, al 11,50 por ciento, y Algar, que sigue completamente seco.

Por sistemas, el de la Marina Baja/Serpis está al 48,18 por ciento de su capacidad; el del Júcar se encuentra al 14,83 por ciento; el del Turia está al 28,23 por ciento y el sistema de Palancia/Mijares/Cenia se encuentra al 27,07 por ciento de su capacidad total.

La Junta Central de Regantes de la Mancha Oriental (JCRMO) ya había dejado claro por boca de su presidente, Agustín González, que no compartía las restricciones de riego de un 20% fijadas por la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) el pasado 15 de febrero.

Ayer en la asamblea anual de la JCRMO los propios regantes refrendaron ese rechazo. Y es que consideran excesiva esta medida habida cuenta de que la restricción del 20% se suma al 20% que ya se autoimpusieron los regantes cuando aprobaron el Plan de Explotación correspondiente a este año.

González explicó que la JCRMO asesorará y prestará apoyo jurídico a cuantos regantes lo deseen. En este sentido, señaló que se canalizarán todas estas peticiones «de la mejor forma posible para defender los intereses de los regantes» insistiendo en que la reducción de hasta el 40% ha puesto contra las cuerdas a muchos agricultores.

Reducción que ha sido aplicada a los agricultores que no se han sumado a la Oferta Pública de Adquisición (OPA) de derechos de riego lanzada por la CHJ a los regantes del tramo medio del río. Convocatoria ésta que finalmente se saldará con un ahorro de unos 38,5% hectómetros cúbicos mientras que la pretensión de la Confederación era dejar de extraer del acuífero entre 50 y 60 hectómetros.

Los datos, a juicio de González, ponen de manifiesto dos cuestiones esenciales. Por una parte, aseguró que la cuantía económica establecida por metro cuadrado era demasiado exigua y por otra, que la rentabilidad de los cultivos en Albacete es mucho mayor de lo que se propugna en el Levante ya que la mayoría han preferido no «vender» sus derechos y seguir cultivando.

Anticonstitucional

Tampoco gusta a los regantes el borrador de la Ley de Aguas, tal y como ayer dejaron claro en el trascurso de la asamblea. González subrayó que lo consideran «anticonstitucional», y que entre otras cuestiones vulnera lo establecido en la sentencia del Júcar del Tribunal Supremo del año 2004. Amén de que el texto confunde aspectos esenciales como son unidad de cuenca o demarcación. González dijo que esta ley provocará descontentos en todas las regiones por lo cual sería mejor «que no saliese». A falta aún de que el texto pase por el Consejo del Agua, confió en que pueda ser mejorado.

Por otra parte, y aunque desde la Mancha Oriental prefieren no ser agoreros sí son conscientes de que el año en curso se presenta seco.

No obstante, González subrayó que se han adoptado todas las medidas pertinentes para que se mantenga el nivel de recarga del acuífero 18 y para evitar problemas ambientales en el tramo medio del río.

En cuanto a los cultivos de verano, González apuntó que dado la situación de sequía hoy por hoy ya se puede afirmar que habrá dificultades «para sacarlos adelante».

La Ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación presentó el viernes en el Consejo de Ministros un informe sobre el uso sostenible del agua en el sector agrario, en el que se recogen los datos sobre la importancia del agua en el sector agrario desde el punto de vista económico, social y medioambiental,  las actuaciones desarrolladas para lograr un mayor ahorro de los recursos hídricos, así como los objetivos de la nueva programación 2009/2013.

El informe parte de un análisis sobre los retos que se plantean para la gestión de los recursos hídricos, tales como la cobertura de las necesidades básicas de la población, la preservación de la integridad de los ecosistemas minimizando el impacto sobre el medio, la búsqueda de soluciones equitativas dirigidas a compartir los recursos entre todas las artes interesadas y la gestión de situaciones de riesgo como las sequías o inundaciones, planteando frente a ello la necesidad de aplicar una gestión integrada y dirigida a un uso sostenible y una adecuada protección del agua.

En relación con la importancia del agua desde la perspectiva económica, se destaca el uso por parte del sector agrario de los recursos hídricos, con una utilización del 63,3 por ciento del total, resaltando la estabilidad lograda en la demanda y consumo  gracias a las políticas de ahorro de este recurso.

En este sentido se destaca la evolución de los sistemas de riego, con la incorporación de tecnologías más avanzadas,  resaltando que más del 60 por ciento de los regadíos españoles han mejorado su eficiencia, con lo que se ha logrado que el riego localizado, como técnica de ahorro de agua, supere ya al riego por gravedad, habiéndose duplicado en 2006, la diferencia con respecto al año anterior.

Desde el punto de vista social se manifiesta la importancia del agua como factor que favorece la vertebración del territorio, reduciendo los procesos de despoblamiento y mejorando la calidad de vida del medio rural, favoreciendo, con la aplicación de las nuevas tecnologías, la generación de empleo de mayor cualificación y la incorporación de regantes a la sociedad de la información.

Por otra parte, y desde la perspectiva medioambiental, se resalta el papel del agua en el mantenimiento de determinados ecosistemas, en la restauración hidrológico-forestal, en la lucha contra la desertización, o en la eliminación del CO2 de la atmósfera.

Otro de los aspectos abordados en el informe es el fomento de los sistemas de producción sostenibles, recogiendo, entre otras actuaciones del MAPA, la promoción de sistemas  productivos más eficientes como la producción integrada, con normas que inciden directamente en el ahorro del agua, el Plan de agricultura ecológica, que ha situado a España en una de las primeras posiciones en el ámbito mundial en superficie ecológica, con 926.390 hectáreas, o la publicación de guías de buenas prácticas, entre ellas la de la condicionalidad, en la que se contempla la protección de las aguas subterráneas, promoviendo la práctica de buenas condiciones agrarias y medioambientales.

En cuanto a las actuaciones en pro del ahorro del agua, se resaltan la aplicación de nuevas tecnologías mediante iniciativas como el telecontrol que centraliza la información y maniobra la red de riego desde un centro de control; la red de estaciones agroclimáticas con las que se mejora la información sobre necesidades hídricas y el observatorio del regadío, que el MAPA tiene previsto establecer para dar a conocer como se gestiona el regadío.

Otras actuaciones destacadas son  el proyecto CORENET 2006/2010, impulsado por el MAPA, la Federación Nacional de Regantes y las Comunidades de Regantes, para la modernización y fomento del ahorro de los recursos hídricos, iniciativa para la que se ha habilitado una subvención de 200.000 euros, o la formación de regantes para dar a conocer la tecnología existente en el sector del regadío, en la que se han venido invirtiendo también 200.000 euros anuales.

Otro aspecto importante entre las actuaciones a favor del ahorro del agua es  la incorporación de otros recursos no convencionales al regadío como las desaladoras, cuyas aguas riegan 50.000 hectáreas de terreno, con un volumen utilizado de 350 hectómetros cúbicos anuales o las depuradoras, que proporcionan agua para el riego de 100.000 hectáreas y un volumen de 400 hectómetros cúbicos al año.

En esta línea constituye también un elemento importante el Plan de Choque 2006/2007 de obras urgentes para la mejora y consolidación de regadíos, con actuaciones coordinadas entre los Ministerios de Agricultura y Medio Ambiente por valor de 2.400 millones de euros y un ahorro anual estimado en 1.200 hectómetros cúbicos, cuyo presupuesto de obras en ejecución, adjudicadas o de próxima adjudicación ha alcanzado ya el 78 por ciento de lo programado.

Dentro del análisis de la situación actual se plantea el cierre del Plan Nacional de Regadíos, que en la actualidad ha logrado un grado de ejecución en superficie del 108 por ciento de lo programado. De este Plan, que se ha ido ampliando continuamente como consecuencia de la aprobación de los distintos Planes de sequía, quedan pendientes actuaciones sobre una superficie de 100.000 hectáreas, con un coste de cierre de 330 millones de euros.

Por último se abordan las perspectivas de futuro, destacando la programación 2008/2013, cuyo objetivo se centrará en la modernización y el ahorro del agua,  señalándose que es necesario definir actuaciones más acordes con las directrices del actual programa operativo de desarrollo rural 2007/2013, según lo definido en el Plan Estratégico Nacional y en el Marco Nacional.

El informe el viernes presentado, se fundamenta en el documento sobre el uso sostenible del agua en el sector agrari situación actual y perspectivas de futuro, presentado el jueves en el marco de la Jornada organizada por el MAPA con motivo de la celebración del Día Mundial del Agua.