El Instituto Nacional de Meteorología advertía el jueves pasado de que el 96% del territorio valenciano está sufriendo la sequía meteorológica desde hace dos años y medio, con precipitaciones que se sitúan un 20% por debajo de la media. Pero no sólo esta situación se circunscribe a la Comunitat. En Teruel y Cuenca, en las cabeceras de los principales ríos valencianos, también sufren el prolongado estiaje, con nieves escasas durante el invierno y lluvias mínimas en el resto del año.

La cuestión meteorológica ha tenido un rápido traslado al estado de los embalses de la Confederación Hidrográfica del Júcar hasta el punto que el organismo de cuenca ha decretado la situación de emergencia por la sequía. Los embalses del Júcar están al 14% y los del Turia embalsan la mitad del agua que el año pasado. Los agricultores van a sufrir restricciones. Aquellos que dependen del Júcar y del Turia serán los grandes damnificados, puesto que los primeros recibirán entorno al 30% del agua a la que históricamente tienen derecho y los del Turia obtendrán la mitad de la que tuvieron el año pasado, pese a que en 2006 también se abrocharon el cinturón.

La gran diferencia entre la situación de hace una docena de años y hoy en día estriba en las aguas subterráneas. Las lluvias de este invierno, si bien no afectaron a las cabeceras de los ríos, sí contribuyeron a rellenar los acuíferos subterráneos. Al menos los de la cuenca del Júcar. En la CHJ esperan que también se de la misma situación en la cuenca del Turia.

El organismo de cuenca ya está preparando los 105 pozos de sequía del área del Júcar y la treintena que hay en el Turia para ponerlos en marcha a mediados de esta primavera y el verano. Aunque hay regantes, como el presidente de la Real Acequia de Moncada, Francisco Romeu, que teme que los pozos de sequía se agoten en agosto si se abusa de ellos.

Pero esto no es nuevo. La última gran sequía fue un poquito peor, de momento que la actual. Las cifras se están acercando. Y no hace tanto tiempo. De aquella está documentado cuándo se inició y cuándo terminó. De la actual sólo sabemos que la estamos sufriendo desde el año 2005 pero desconocemos cuándo finalizará.

La gran sequía del siglo XX tuvo su inicio en 1992. Aquel año de la gloria olímpica de Barcelona y de los fastos de la Expo de Sevilla, culmen del felipismo político, empezaron a detectarse los primeros síntomas en el mes de marzo, hace nada menos que 15 años, y eso que los embalses de la CHJ se encontraban al 44,5%. Pero no entraba suficiente agua en los pantanos y salía tanta como en años anteriores, hasta el punto que en seis meses las reservas se redujeron al 29,9%. En España ya se hablaba claramente de sequía.

Pero la etapa dura estaba por llegar. ‘‘No nos encontramos al límite, pero la zona del Vinalopó lo puede tener muy mal’’, advertía a mediados de enero de 1993 Josep Carles Genovés, presidente de la CHJ a la sazón.

Se dispara la alarma en 1992
El embalse de Alarcón, convertido por los regantes del Júcar en la gran reserva hídrica de la Comunitat, empezaba el año hidrológico (octubre de 1992) con 211 hectómetros cúbicos y finalizaba agosto con 76,7 hectómetros, al 6,9% de su capacidad. La CHJ aseguraba que el escaso volumen de agua embalsado ‘‘empieza a ser alarmante’’.

A finales de ese año, cuando las presas debían de encontrarse en plena recarga, el pantano de Alarcón estaba al 8,6% de su capacidad, Contreras al 12%, Benagéber, el mayor del Turia, al 23,8% y Loriguilla al 17,4%

Y llegó 1994. El año se inició con una nevada en los Montes Universales turolenses, insuficiente como para paliar mínimamente la sequedad de los cauces y rellenar los exhaustos pantanos. Alrededor de 90 hectómetros cúbicos tenía Alarcón durante marzo y abril de ese año. Se incrementó ligeramente hasta los 99 hectómetros el 1 de junio. Pero ya se denotaba una reducción del nivel de los acuíferos subterráneos y un aumento de la salinización y de los nitratos en el agua de pozo.

Pero en dos meses la gran reserva de la Comunitat alcanzaba un mínimo histórico: estaba al 3% de su capacidad, con 34 hectómetros. Casi vacío.

El conjunto de embalses de la CHJ se hallaban a poco menos del 15% y en pleno mes de julio el obispo de Segorbe-Castellón pedía rogativas a los fieles para que lloviera.

Fue a finales de julio cuando empezaron a sacarse peces del embalse de Alarcón para que no murieran y contaminasen la poca agua que quedaba.

Y mientras las miradas se centraban en Alarcón, Contreras, el segundo mayor embalse del Júcar, se vaciaba. Acababa septiembre al 1,75% de su capacidad, con 15,3 hectómetros embalsados. Benagéber, en el Turia, finalizaba el año hidrológico al 4% y Loriguilla al 7%.

Le costó reaccionar a la CHJ. A finales de 1994 el organismo de cuenca anunciaba la puesta en marcha de medidas para ahorrar 70 hectómetros cúbicos de agua con la construcción de pozos de sequía y reutilización de aguas residuales. Se anunciaba una inversión de 1.500 millones de pesetas.

El 8 de diciembre de 1994 Pedro Marco, entonces jefe de la oficina de planificación hidrológica, hoy secretario autonómico de la Conselleria de Infraestructuras, declaraba que la situación ‘‘es bastante peor que la del año pasado, que ya fue de por si bastante malo’’. La cuenca del Júcar arrastraba un déficit de 120 hectómetros y de 35 la del Turia.

El 7 de enero de 1995 el Gobierno que esta era la peor sequía del siglo en Valencia.

En marzo de 1995 los pantanos se habían recuperado mínimamente. Embalsaban 466 hectómetros y estaban al 14,79%. La presa de Tous, que entra en servicio tras su destrucción en 1982, embalsaba 35 hectómetros, 89,7 Alarcón, 45,4 Contreras y 44,17 Benagéber. Los pozos de sequía empiezan a explotarse y en mayo de 1995 empezaron a acusar fuertes descenso de su nivel. La sequía también había afectado a las reservas hídricas subterráneas.

Con la llegada de junio y julio se repite la operación del año anterior. La escasez de agua en Alarcón, que se halla a menos del 4% de su capacidad, aconseja la extracción de peces, en especial carpas. José Bono, presidente de Castilla-La Mancha, se opone, pero tras hacerle entrar en razón, el 7 de julio un grupo de pescadores de Nazaret dejan el mar y se van a echar las redes al pantano de Alarcón.

El objetivo, como el de 1994: evitar una gran mortandad de peces en el embalse que pueda contaminar el agua del Júcar y no sirva para beber. Se extraen de julio a octubre 53 toneladas de carpas.

A finales de agosto empieza a obrarse el milagro. Las tormentas de verano, que afectan a la Comunitat, Cuenca, Teruel y Albacete, empiezan a paliar la situación. Septiembre finalizaba y con él el año hidrológico. ‘‘Pese a la sequía, queda más agua embalsada que hace un año’’, titula LAS PROVINCIAS el 26 de septiembre de 1995. Los embalses de la CHJ disponen de 265 hectómetros de reservas y están al 8,42%.

Ese invierno tampoco llovió demasiado, pero la cosa empezó a cambiar en la primavera y el otoño de 1996. Acabó la sequía. A día de hoy los embalses de la CHJ disponen de un poco más de agua que en 1994 y 1995.

Alarcón no ha llegado a un nivel tan bajo como en 1994, pero en septiembre pasado llegó a estar al 4,33% de capacidad y Contreras al 3%, cifras que recordaban las del verano de aquel bienio negro para el agua.

En la sequía actual las restricciones se iniciaron en el Júcar en la primavera de 2005 y en el Turia las sufrirán este año. El resto de cuencas están mejor que en la peor sequía del siglo XX.

Los socialistas murcianos solicitarán al Defensor del Pueblo que recurra ante el Tribunal Constitucional el Estatuto de Castilla-La Mancha. El secretario general del PSOE de Murcia, Pedro Saura, hizo ayer este anuncio.

El líder socialista de Murcia insistió en que el PSOE quiere alcanzar un acuerdo en el que se encuentre una estrategia definitiva de permanencia del trasvase Tajo-Segura, porque «antes de militante socialista soy militante de la Región de Murcia».

El secretario general de los socialistas murcianos citó entre las propuestas la necesidad de apostar por la desalinización como estrategia de la Región por cuanto da «independencia y autonomía frente a la sequía», y calificó de imprescindible reconocer que las aportaciones externas de agua son un principio fundamental para Murcia.

Por su parte, el consejero de Presidencia y portavoz del Gobierno murciano, el popular Fernando de la Cierva, afirmó en este sentido que la postura de los socialistas de Murcia «es el pataleo de su secretario general, Pedro Saura».

En este sentido, De la Cierva recordó que «el primero que manifestó la inconstitucionalidad de este Estatuto en aquellas partes que regula el tema del agua fue este Gobierno, que lo ha dicho alto, claro y diáfano».

De la Cierva subrayó que sería en su caso «una inconstitucionalidad si se aprobase». También consideró que «no va a salir», aunque de hacerlo, dio por seguro que se irá al Constitucional. No obstante, destacó que, en este momento, se encuentra en su fase de redacción en el Congreso de los Diputados.

Pese a todo, dejó claro que «ahora mismo no se puede ir a ningún sitio y está donde tiene que estar, en el Congreso de los Diputados, pero ahora hay un documento aprobado en las Cortes, que tiene vocación de convertirse en Estatuto y que contiene cosas preocupantes para España y Murcia en materia de agua».

Recogida de firmas

Asimismo, la Comunidad de Regantes de la localidad murciana de Lorca se sumó ayer a la campaña de recogida de firmas emprendida por el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura, para que no se admita a trámite en el Congreso la reforma del Estatuto de Castilla-La Mancha.

La institución comunera informó que los artículos de la propuesta de estatuto relativos a la política del agua «opuesta al trasvase Tajo-Segura» son «contrarios a la Constitución Española». A la par tildaron de insolidario el texto del Estatuto.

Por su parte, el vicepresidente primero, Fernando Lamata, indicó ayer que Castilla-La Mancha tiene capacidad para aumentar sus usos agrícolas y «derecho a reclamar algo más del agua que está en esta tierra».

Señaló hay agua «suficiente» si se gestiona «adecuadamente en función de las necesidades de los territorios».

Así, Lamata afirmó que Murcia tiene «alternativas» porque hay agua «que se puede desalar» y puede seguir desarrollando su población, su industria y también mantener su agricultura de forma «sostenible».

El acuífero de la Mancha Oriental, el número 18, está manteniendo el nivel freático que tenía en el año 2005 a pesar del período de dos años y medio de sequía, gracias a las restricciones en la extracción de agua del veinte por ciento el presente año y un ocho por ciento en 2006.

Así lo explicó hoy el presidente de la Junta Central de Regantes de La Mancha Oriental (JCRMO), Agustín González, tras la celebración de su Asamblea Ordinaria Anual, y dijo que una parte de las hectáreas sufrirán restricciones de hasta el 40 por ciento (el 20 de este año más otro 20 por ciento añadido).

En este sentido, González destacó que los asistentes han mostrado su insatisfacción con las restricciones propuestas por la Comisión de Sequía del Júcar en dicha zona de este río que abarca 25.000 hectáreas.

Las restricciones, dijo el presidente de la JCRMO, de hasta el 40 por ciento para los agricultores que no se han acogido a la OPA (Oferta Pública de Adquisición), «son necesarias para que el caudal ecológico del río esté en buen estado».

En cuanto a los agricultores acogidos a la OPA, que reduce su derecho de extracción de agua hasta en un 60 por ciento, manifestaron en la Asamblea que el precio pagado por el metro cúbico de agua ha sido bajo porque, explicó González «los cultivos que se realizan en la Mancha Oriental no son tan catastróficos como otros, y me refiero a los de la comunidad valenciana».

A este propósito, Agustín González resaltó que la agricultura que se lleva a cabo en Albacete es más rentable que el precio que le han puesto al metro cúbico del agua.

El presidente de la JCRMO señaló que en la Asamblea estuvieron representadas hasta un 42 por ciento de las hectáreas de cultivo, es decir, 47.000, de un total de 105.000 que representan a la Junta Central de Regantes en las provincia de Albacete y Cuenca.

González apuntó que la asamblea «se ha movido en unos cauces de respeto y, sobre todo, de gran responsabilidad por parte de los agricultores, sobre todo de los que van a sufrir una mayor restricción en esa zona, porque han entendido esa medida que reviste un carácter medioambiental, pero es lógico que existan algunas reticencias».

En la asamblea ordinaria celebrada hoy una mayoría «aplastante», del 85 por ciento, aprobó las cuentas del ejercicio 2006, el presupuesto para 2007, la cuota ordinaria y el informe de gestión de sequía.

La Comunitat Valenciana tendrá un regante en el Consejo Nacional del Agua ocupando el puesto del conseller de Agricultura. Ese es el compromiso lanzado ayer por el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, tras arremeter con la futura ley de Aguas que deja a los principales usuarios de los recursos hídricos de España, los regantes, al margen de cualquier toma de decisión.

Camps señaló que la nueva ley de Aguas que prepara el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero es “una mala sorpresa que pretende bajar el peso de los regantes en el Consejo Nacional del Agua” y por ello lanzó ayer ese compromiso que calificó de “acción límite”.

Por este motivo, “esa silla no es del Gobierno de la Generalitat, sino de los regantes valencianos”, apostilló el presidente Camps.

Francisco Camps realizó estas declaraciones durante la clausura de una jornada sobre el ahorro y la eficiencia en el uso del agua, celebrada en el Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias (IVIA).

En el acto recordó que el Consell ‘‘continuará exigiendo al Gobierno el trasvase de agua del Ebro, el dinero que corresponde al campo valenciano, así como la solidaridad del resto de España’’ El presidente Camps señaló que es “fundamental” trabajar en común “en la defensa del campo y del regadío valenciano, reivindicando aquello que es necesario para el futuro”.

Por ello, además de brindar el apoyo del Gobierno valenciano, dijo que los agricultores tienen en la Generalitat a su “principal aliado”, para afrontar juntos los problemas y las soluciones.

Camps aseguró que el compromiso inversor de la Generalitat continúa con los 4.000 millones de euros que se han destinado a materia de agricultura, agua e infraestructuras para la modernización del regadío valenciano. Y desglosó los datos. En la última década se han invertido 1.500 millones de euros en infraestructuras hidráulicas, se ha incrementado un 84% el número de depuradoras y el volumen de agua tratado es del 70%, llegando a los 500 hectómetros anuales

‘‘La Comunitat se sitúa como líder en la modernización de regadíos. De hecho, en esta legislatura se han modernizado cerca de 60.000 hectáreas a riego localizado. Por tanto actualmente hay 212.000 hectáreas modernizadas a riego localizado, lo que supone el 75% de la superficie de regadío colectivo’’, recordó el jefe del Consell. Esto ha supuesto que los agricultores hayan ahorrado un 14% de agua y el objetivo es llegar al 20%.

La Comunitat, dijo Camps, reutiliza 175 hectómetros cúbicos anuales de agua, ‘‘25 más de los que exigía el PHN’’. El objetivo es alcanzar los 350 hectómetros.

Afirmó el presidente Camps que su Gobierno apuesta por el cultivo en común, y la comercialización “con líneas que ya están abiertas y plataformas de venta”.

Anunció, asimismo, que se van a estudiar las rentas mínimas de las personas que trabajan en el campo ‘‘con el objetivo de que todo el sector agrario tenga las mismas opciones de futuro en la Comunitat Valenciana’’.

Y, ¿qué opinan los regantes acerca de la futura medida incluida en los nuevos planes hidrológicos? Desde la Junta Central de Regantes de la Mancha Oriental (JCRMO) no dudaron en aplaudir esta decisión.

Los regantes albaceteños que llevan más de una década trabajando para lograr una gestión racional de este escaso recurso. Y como ellos llevan años predicando con el ejemplo no dudan en valorar positivamente una medida con la que se pretende que nadie realice un excesivo consumo de agua. El objetivo es optimizar recursos.

Los nuevos planes hidrológicos de cuenca, que ya se han empezado a elaborar y que entrarán en vigor a principios de 2010, revisarán el actual régimen concesional de derechos de agua y penalizarán a las explotaciones agrícolas e industriales que sobrepasen el consumo «imprescindible» fijado.

Así lo manifestó ayer el director general del Agua del Ministerio de Medio Ambiente, Jaime Palop, tras la presentación de los Planes Especiales de Sequía, coincidiendo con la celebración del Día Mundial del Agua.

Palop señaló que en las nuevas planificaciones hidrológicas se van a asignar las cantidades de agua «imprescindibles» para llevar a cabo actividades industriales y agrícolas, que si se sobrepasan se «penalizarán» económicamente, ya que los excesos van en perjuicio de la comunidad.

Para controlar el consumo por parte de los respectivos organismos de cuenca, se colocarán unos contadores en cada toma de agua que medirán el volumen realmente utilizado por cada explotación agrícola e industrial.

Matizó que el hecho de que se vaya a castigar el «despilfarro» no es por afán recaudador, sino que «es más bien un mecanismo para penalizar el consumo excesivo y poco solidario con el vecino y con el resto de la sociedad».

Aseguró que este es uno de los principios básicos para afrontar la situación de escasez que padece España, donde «el agua no sobra en ningún lado».

Palop matizó que las concesiones dan derecho a la utilización del agua pública y el Estado marca el régimen de uso, e insistió en que se van a tener que adaptar a las previsiones de las futuras planificaciones, que no serán iguales en las diferentes cuencas. Explicó que los planes hidrológicos de cuenca, fruto de la aplicación de la directiva marco de agua, los van a elaborar las futuras demarcaciones hidrográficas y deberán estar aprobados el 31 de diciembre del año 2009, para que entren en vigor el 1 de enero de 2010.

Respecto a la cantidad de agua que se pierde debido a fugas, Palop dijo que se producen fundamentalmente en el sector agrícola, que consume el 80% del agua que se extrae de los acuíferos y la que procede de los embalses, ya que tienen las infraestructuras más antiguas.Por ello, el Gobierno ha puesto en marcha un plan de choque para modernizar todas las zonas regables del país.

En las ciudades, se está apreciando una mejora continua en la eficacia del empleo del agua, de tal forma que en las grandes aglomeraciones y la zona del levante las pérdidas son «bastante bajas», en torno al 15 ó 20%.

Menor cultura de gestión

Las mayores pérdidas se producen en el medio rural e interior porque existe una menor cultura en la gestión del agua y unos precios más bajos.

En el mismo contexto se pronunció el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) que ayer anunció que el Plan Nacional de Regadíos (PNR) concluirá en los próximos «dos o tres años» cuando se acabe con las 100.000 hectáreas aún pendientes de actuación, según afirmó su secretario general, Josep Puxeu.

Puxeu hizo este anuncio durante su intervención en unas jornadas celebradas en el Ministerio de Agricultura con motivo de la celebración ayer del Día Mundial del Agua.

El secretario general de Agricultura aseguró que en la actualidad el PNR ha logrado un grado de ejecución de más del 100 por cien de lo programado y que se ha ido ampliando continuamente a causa de la aprobación de los distintos planes de sequía, si bien quedan pendiente actuaciones sobre 100.000 hectáreas, con un coste de cierre de unos 400 millones de euros.

Puxeu también avanzó las directrices de la futura programación 2008-2013, destacó que su objetivo se centrará en la modernización y en el ahorro de agua y planteó la necesidad de que se definan actuaciones más acordes con las directrices del actual programa operativo de desarrollo rural.

Durante su intervención, se mostró partidario de una nueva gestión de los recursos hídricos dirigidos a un uso sostenible y a una adecuada protección del agua.

Recordó que, en cuanto a la situación actual de los recursos hídricos en la agricultura, el sector agrícola es el principal usuario de agua del país, ya que utiliza el 63,3 por ciento del total, aunque valoró que se mantiene estable su demanda y gracias a las políticas de ahorro.

Así resaltó que la evolución de los sistemas de riego ha ido dirigida a un mayor ahorro hídrico, ya que más del 60% de los regadíos han mejorado su eficiencia incorporando nuevas tecnologías más respetuosas con el medio ambiente.

Un nutrido grupo de agricultores albaceteños, acompañados por el delegado provincial de Agricultura, Manuel Miranda, ha visitado recientemente las nuevas instalaciones para producción de biodiesel que la cooperativa ACOR de Valladolid ha puesto en marcha.

Entre los agricultores albaceteños se encontraban Agustín González, presidente de la Junta Central de Regantes de la Mancha Oriental; Javier Valero, presidente de la Asociación Albaceteña de Agricultura de Conservación; Miguel Barnuevo, miembro de esta entidad y otros agricultores con explotaciones en la provincia de Albacete.

La cooperativa ACOR es una de las más importantes en el cultivo de la remolacha y, en diciembre de 2005, sus aproximadamente 9.000 socios dieron el visto bueno a la construcción de una planta para la producción de 66.000 toneladas de biodiesel, a partir de cultivos de colza y girasol.

En la visita, y acompañados por Esteban Sanz Cantalapiedra, miembro del Servicio Agronómico de ACOR, así como por ingenieros directores de obra y responsables del proyecto, la delegación albaceteña recorrió las obras que la cooperativa esta llevando a cabo, concretamente, en el municipio de Olmedo (Valladolid).

Obras que consisten en la construcción de una planta, en la que se almacenará la cosecha de semillas oleaginosas de los socios de ACOR, con una capacidad de almacenamiento de 160 millones de kilogramos; una extractora de aceite; y las instalaciones necesarias para realizar el proceso de transesterificación, por el que el aceite obtenido se transforma en biocombustible, en este caso en biodiesel.

Además, la planta también producirá harinas, ácidos grasoso y glicerina. Los primeros cereales que se transformarán serán los de la presente campaña.

Toda la expedición albaceteña mostró un gran interés por el proyecto que, según comentaron los agricultores y el propio delegado de Agricultura, es perfectamente extrapolable a la provincia de Albacete, dadas las condiciones de suelo y clima y la adaptación de las explotaciones albaceteñas a la producción de los cultivos principales para la obtención de biodiesel, la colza y el girasol.

Asimismo, la delegación albaceteña comentó que lo más importante del proyecto de ACOR es que se trata de un proyecto cooperativo y el beneficio industrial que supondrá la transformación del aceite en biocombustible repercutirá en el propio agricultor socio de la cooperativa, rentabilizándose de esta manera el cultivo de una manera importante.

Posteriormente se realizó una visita a diversas parcelas dedicadas a cultivos energéticos en las provincias de Valladolid y Ávila.

Los Planes Especiales de Sequía, que han entrado hoy en vigor coincidiendo con el Día Mundial del Agua, permitirán adoptar decisiones a largo plazo para garantizar el abastecimiento y evitar «cortes» de agua, con lo que supondrán «un antes y un después en la gestión de la sequía».

Así lo manifestó hoy el director general del Agua del Ministerio de Medio Ambiente, Jaime Palop, en rueda de prensa tras presentar estos planes.

Destacó la importancia de que en un país como España se gestione la sequía de forma normal ya que es un fenómeno propio de nuestro clima, que aparece periódicamente, y no «una maldición extraordinaria».

Estos Planes permitirán ir adoptando decisiones que generen los menores sacrificios en la población, en función de los recursos disponibles y de las necesidades.

Señaló que la experiencia ha demostrado que cuando se producen cortes de agua los efectos son muy negativos en las redes de abastecimiento y además los ahorros son inferiores a los previstos.

Por ello, uno de los principales objetivos del Gobierno es que no se produzcan cortes de agua en el abastecimiento humano y mantener el suministro normal de agua para consumo e industrias dentro de los cascos urbanos.

Los Planes establecen un mecanismo de participación, las Comisiones Permanentes de Sequía, en las que están representadas las comunidades autónomas y los usuarios, que se reunirán con una frecuencia mayor que la mensual.

Uno de los principales objetivos del Plan es el establecimiento de un sistema de indicadores fiable, que permita prever las situaciones de sequía y valorar la gravedad con que se presentan.

A cada indicador se le han atribuido los valores correspondientes a unas situaciones de estado de sequía que se establecen en función del índice de estado, con unos valores que van de 0 a 1, que lo definen como normalidad, prealerta, alerta o emergencia.

Para ilustrar el funcionamiento de los planes, Palop puso como ejemplo la Cuenca del Júcar, en la que para evitar afecciones medioambientales no deseables como que se corte el río se ha puesto en marcha un centro de intercambio que permitirá comprar derechos de agua.

Subrayó que antes de estos planes se adoptaban decisiones puntuales para solucionar el momento presente, lo que no ocurrirá a partir de ahora.

Por otra parte, según un informe elaborado por la sección de Climatología del Centro Meteorológico de Valencia, el déficit de precipitación en la Comunidad Valenciana desde septiembre es del 10 por ciento, con lo que ya se acumulan 30 meses de sequía climática.

El balance de los dos años y medio de sequía ofrece un déficit estimado del 20 por ciento de precipitación, con el 96 por ciento del territorio de esta comunidad con déficit pluviométrico.

El Ministerio de Medio Ambiente va a «revisar todas las concesiones de derechos de agua agrícolas e industriales, para propiciar que más gente tenga acceso al agua» , y «penalizar los consumos excesivos, no con afán recaudatorio, sino para castigar el despilfarro», según anunció ayer el director general del Agua, Jaime Palop, quien añadió que esta modificación de concesiones se realizará a través de los nuevos planes hidrológicos de cuenca que deben estar terminados el 31 de diciembre de 2009.

Palop indicó en una rueda de prensa, en el Día Mundial del Agua, que esta revisión de concesiones analizará cuenca a cuenca los usos que se hacen del agua, cuánto necesita cada tipo de cultivo y explotación industrial y a partir de ahí se asignarán nuevas concesiones. El director general del Agua apuntó que se «penalizarán los consumos excesivos, no con afán recaudatorio, sino para castigar el despilfarro».
Así, en cada toma de agua se instalará un contador que recoja la cantidad que se utiliza, para «controlar de forma intensiva los consumos». Este control lo llevará a cabo la Confederación Hidrográfica o futuro órgano de demarcación y las concesiones ya existentes «tendrán que adaptarse a los nuevos planes».

La ampliación de la Oferta Pública de Adquisición (OPA) de hasta el 60% de los derechos a extraer aguas subterráneas en el tramo medio del río Júcar se ha saldado con un ahorro de otros dos hectómetros más, según explicó ayer el presidente de la Junta Central de Regantes de la Mancha Oriental, Agustín González.

En concreto han sido unos cien agricultores los que se han sumado a esta segunda fase con lo que se prevé que sumando los resultados de la primera convocatoria se dejarán de extraer un total de 38 hectómetros de este tramo del río. González indicó que esta respuesta deja claro que son muchos los agricultores que han preferido seguir cultivando a ceder sus derechos de forma temporal tanto por la reducción previa en sus dotaciones que han sufrido como por la escasez de la cuantía económica en concepto de indemnización.

Por otra parte, González mostró su malestar por algunos de los aspectos incluidos en el anteproyecto de la Ley de Aguas. En este sentido lamentó que el borrador confunde demarcación con unidad de cuenca hidrográfica. «Es anticonstitucional que se use la demarcación como unidad de cuenca y contradice la Directiva Marco del Agua», apuntó insistiendo en que el texto permite que se realicen transferencias de recursos de unas cuencas a otras diferentes.