El presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, afirmó ayer que la comunidad autónoma va a ejercer la prioridad que tiene sobre las aguas del Tajo por ser cuenca cedente de recursos hídricos y que por eso no renuncia a que «el trasvase Tajo-Segura tenga fecha de caducidad».

Barreda manifestó que «agua para todos sí, pero en primer lugar y sobre todo para Castilla-La Mancha en el caso de las aguas de nuestras cuencas», y recordó que «la ley dice que la cuenca cedente tiene prioridad sobre la receptora, y esa prioridad hasta ahora no se había aplicado».

De justicia

«Es justo la tendencia que hemos empezado a invertir, y vamos a ejercer esa prioridad, y por eso no renuncio a que el trasvase Tajo-Segura tenga fecha de caducidad», dijo Barreda.

Afirmó que, «cuanto mejor defienda Castilla-La Mancha el agua en la parte que le corresponde, mejor se contribuirá al conjunto» y se volvió a quejar de que actualmente las comunidades autónomas, que tienen competencias para cuyo desarrollo es imprescindible el uso del agua, «no pintamos nada en los órganos de gestión y planificación, y esa es la incoherencia con la que hay que terminar».

No obstante, reconoció que «nuestra posición ha avanzado porque ya todo el mundo admite, el Gobierno de España también, que las comunidades autónomas tenemos coparticipación en los órganos de gestión y planificación del agua, y eso es un salto cualitativo».

Factor estratégico

El presidente castellano-manchego, que apunto que, «incluso en Europa, hay cada vez más problemas de cantidad y calidad del agua», señaló que ésta «en Castilla-La Mancha es un factor absolutamente estratégico».

Añadió que «la escasez de agua no tiene que limitar el desarrollo de Castilla-La Mancha» y aludió a las reivindicaciones que, en este sentido, ha planteado el Gobierno regional desde el punto de vista jurídico y con la construcción de obras hidráulicas.

El próximo viernes entrarán en vigor los planes especiales de sequía con la publicación en el BOE, que tratarán de afrontar las sequías en España con antelación y teniendo en cuenta al conjunto de la cuenca hidrográfica, según adelantó ayer el director general del Agua Jaime Palop, que dio a conocer también un informe elaborado por el Comité de Expertos en Sequía que preside el catedrático de la Universidad Politécnica de Valencia y colaborador de Levante-EMV , Enrique Cabrera.

«Se tienen que evitar en épocas de sequía los cortes de agua, porque se ha estudiado que provocan más problemas sanitarios y de fugas en las redes de abastecimiento, y muchos menos ahorros de los previstos» , declaró Jaime Palop. En sequías anteriores hubo cortes de agua en diversos municipios españoles, pero el Comité de Expertos considera que estos cortes son «inadecuados» y que hay que «erradicarlos» , ya que cuando se produce un corte de agua las conducciones están sometidas a mayor presión por la acumulación de agua y pueden aumentar las fugas. Paralelamente, la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, subrayó en otro acto, dedicado a sensibilizar en el ahorro de agua, que las restricciones al consumo humano sólo se contemplan en el «último nivel» de los nuevos planes. Narbona, aseguró que su objetivo es que «nunca» haya restricciones, aunque reconoció que se tendrán que ir tomando decisiones según avance la situación, porque «nadie sabe cuántos años más va a durar la sequía». La ministra elogió el elevado porcentaje de reutilización de aguas residuales en la Comunitat Valenciana -un 30%-respecto a otras comunidades.

La Mancomunidad de los Canales del Taibilla aprobó hoy el precontrato suscrito el pasado día 8 con la comunidad de regantes «Canal de las Aves» de Aranjuez, por el que cede parte de sus derechos para uso en regadío en un volumen todavía no determinado, y a un precio de 0,23 euros el metro cúbico, según nota de prensa.

El motivo de esta compra es la necesidad de recursos hídricos para atender a los municipios que abastece la Mancomunidad, que en su Comité Ejecutivo celebrado hoy se ha analizado la situación de la cabecera del Tajo, al 13,7 por ciento de su capacidad, «lo que -según el comunicado- pone de manifiesto que el sistema está afrontando el tercer año consecutivo de la peor sequía registrada en la zona».

El Ministerio de Medio Ambiente ha promovido una reserva estratégica en el Tajo para destinarla a atender necesidades prioritarias como las del abastecimiento humano.

La evolución de la demanda en el primer semestre del año hidrológico (octubre 06-marzo 07) en la MCT ha aumentado un 2,2 por ciento respecto del año anterior, y un 1% inferior a la correspondiente al año hidrológico 2004/2005.

En ese semestre las aportaciones del río Taibilla están siendo un 4 por ciento inferiores a las del año anterior en lo que se califica ya como «mínimo histórico», y se ha duplicado el volumen utilizado de agua desalinizada (de 14,5 a 26,4 hectómetros cubicos), debido a la ampliación de Alicante I, la plena producción de «Antonio León» (San Pedro del Pinatar I) y la puesta en servicio de San Pedro del Pinatar II, agregó al fuente.

Asimismo el Comité Ejecutivo de la MCT ha valorado «el notable ritmo» de las obras de la desalinizadora de ‘Alicante II’, cuya puesta en servicio podría realizarse a finales de año, con una disminución superior a dos meses de su plazo contractual de ejecución.

La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha considera que, aunque el borrador de la nueva Ley de Aguas plantea avances, un aspecto que habrá que discutir es la representación de las comunidades autónomas en las demarcaciones hidrográficas ponderando su voto en función de su población. El vicepresidente segundo del Gobierno de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, se refirió al borrador de la Ley de Aguas presentado por el Ministerio de Medio Ambiente.

Este borrador, que cede parte del control de los ríos a las comunidades autónomas, señala que en las demarcaciones hidrográficas el Estado tendrá la mitad más uno del número total de sus miembros, mientras que las comunidades autónomas, cuyo territorio forme parte total o parcialmente de ellas, tendrán cada una un representante, pero su voto se ponderará, entre 0,10 y 1, en función de la superficie y la población, mediante una fórmula aún no desarrollada.

La representación según la población, dijo García-Page, es una de las cuestiones que se tienen que discutir, porque no es un criterio tan objetivo como pudiera pensarse.

Apuntó que se pueden considerar muchos factores, como los kilómetros de recorrido que tiene un río en una comunidad autónoma, las vinculaciones a cultivos o a proyectos de desarrollo, «la población no puede ser un criterio definitivo», afirmó.

El portavoz del Gobierno regional dijo que todos los criterios tienen que ser objeto de negociación, y «nosotros vamos a negociar para que algunos de los cambios que se adelantan en esta ley que van en la dirección correcta sean analizados con mucho más detalle y ponderando mucho más los intereses de las distintas comunidades autónomas». En cualquier caso, señaló que no quería dar más detalles y anticiparse a la negociación de la futura Ley de Aguas, porque quieren discutir el borrador directamente con el Ministerio.

Propuesta abierta

García-Page consideró que la propuesta del Gobierno central es «abierta y va a ser objeto de muchas opiniones, y muy contrapuestas entre unas comunidades autónomas y otras».

Todavía, dijo, es un proyecto que está empezando a dar los primeros pasos y sobre el que la Junta va a fijar un criterio de forma sosegada, «vemos algunos elementos positivos en los cambios que se plantean, pero queremos avances todavía más notables», aseguró.

El Gobierno de Castilla-La Mancha, continuó, tendrá una posición definida sobre el proyecto, pero aún tiene que contrastar muchas opiniones y muchos intereses, sin embargo, afirmó que «nuestra posición es tan clara que esta Ley de Aguas terminará aproximándose mucho más de lo que está ahora a la posición de Castilla-La Mancha».

Por su parte, el grupo parlamentario socialista de Murcia realizó ayer en la ponencia de la Comisión Especial del Pacto del Agua sus propuestas para alcanzar un acuerdo, que pasarían por declarar intocable el trasvase Tajo-Segura y continuar con las actuaciones de desalinización. Por otra parte, en el último tramo de la legislatura, el Gobierno de Rodríguez Zapatero ha decidido desarrollar los bancos públicos de agua a través de la reforma de la Ley de Aguas que quiere aprobar la ministra Cristina Narbona por la vía de urgencia. De acuerdo con el borrador al que ha tenido acceso La Verdad, no se limita la cantidad de caudales que se pueden comprar a otras cuencas hidrográficas.

Asimismo, la decisión dependerá de los organismos que dirigirán las nuevas demarcaciones, en los cuales el Estado se asegura la mayoría. De esta forma, las comunidades autónomas no podrán vetar estas operaciones.

MURCIA. Pocas horas duró la tregua en la batalla entre comunidades tras el anuncio de la reforma de la Ley de Aguas propuesto por la ministra de Medio Ambiente. Varios gobiernos autonómicos, tanto del PP como del PSOE, realizaron serias objeciones al texto que Cristina Narbona pretende aprobar antes de fin de mes.

Las críticas más severas procedieron ayer del Gobierno murciano, cuyo consejero de Agricultura y Agua, Antonio Cerdá, criticó que Castilla-La Mancha «ganará más peso y protagonismo. Aunque el Ministerio diga que va a tener la última palabra, eso no es una garantía. Se va a liar todo más todavía», puntualizó.

Para Cerdá, «el Gobierno socialista es especialista en hacer la ley y dejar la trampa». «Esta reforma es una falacia porque el Ministerio hace dejación de sus funciones y ningunea a la Región de Murcia». Asimismo, calificó el borrador de «sospechoso y misterioso» porque no plantea ninguna novedad y enfrenta todavía más a los territorios.

«Los problemas sin resolver»

«Las comunidades autónomas siempre han sido consultadas, no sé a qué viene esto ahora. ¿En qué hemos avanzado con cambiar el nombre de confederación por el de demarcación? Lo cierto es que los problemas reales de falta de agua siguen sin resolverse», manifestó a este diario. Explicó que él es ya vicepresidente del órgano de gobierno de la Confederación Hidrográfica del Segura y que los regantes también están representados; al igual que los gobiernos de Castilla-La Mancha y la Comunidad Valenciana.

El consejero considera que al Gobierno socialista «sólo le interesa hacer más concesiones a las comunidades autónomas porque debe responder a los intereses de determinados grupos de presión». Con referencia al trasvase Tajo-Segura, explicó que la prioridad del Gobierno murciano es que desaparezca la fecha de caducidad del 2015 del Estatuto de Castilla-La Mancha. Dijo que Cataluña recibe un trato diferente, y en este sentido criticó «las disposiciones misteriosas y oscuras que suele incluir el Gobierno socialista en sus leyes», ya que se «plantea la construcción de infraestructuras para el Delta del Ebro, mientras no hay ninguna reseña sobre a la única cuenca con déficit estructural de agua de España», explicó. «¿Por qué dejan la puerta abierta para los trasvases en Cataluña y no para Murcia?», dijo en referencia al trasvase del Segre autorizado por el Ministerio.

Cerdá lamentó además que «el Ministerio deje fuera de la ley a los verdaderos gestores del agua, a los usuarios y regantes», y criticó que en vez de buscar soluciones «vuelva a poner tasas y a penalizar el consumo». Advirtió de que los técnicos de su departamento estarán «atentos y expectantes», ya que el Gobierno murciano «se opondrá a cualquier norma que perjudique los intereses de los murcianos en el pleno del Consejo Nacional del Agua que deberá aprobar este borrador».

Lamentó que el Ministerio apenas haya dejado tiempo para estudiar la amplia reforma de la Ley de Aguas. Señaló que el Ejecutivo murciano ejercerá sus competencias a la hora de construir sus propias plantas desalinizadoras, ya que la nueva norma obliga a pedir la correspondiente autorización al Ministerio de Medio Ambiente.

Asimismo, anunció que el Ejecutivo regional no va a pedir las competencias de la cuenca interna de El Albujón, que carece de agua, ya que a su juicio no hay que «trocear» la demarcación hidrográfica del Segura.

Criterio por kilómetros

Tampoco está demasiado satisfecho el Gobierno socialista de Castilla-La Mancha, al que no convence la representación de las comunidades autónomas en las demarcaciones hidrográficas ponderando su voto en función de su población.

«La representación según la población -dijo el vicepresidente segundo de la Junta, Emiliano García-Page- es una de las cuestiones que se tienen que discutir, porque no es un criterio tan objetivo como pudiera pensarse». Apuntó que se pueden considerar muchos factores, como los kilómetros de recorrido que tiene un río en una comunidad autónoma, las vinculaciones a cultivos o a proyectos de desarrollo: «La población no puede ser un criterio definitivo», afirmó.

Finalmente, también anda bastante preocupada la Administración socialista de Andalucía, cuya consejera de Medio Ambiente, Fuensanta Coves, expresó ayer a la ministra del ramo, Cristina Narbona, la «preocupación» del Gobierno andaluz por «el encaje» del artículo 51 del nuevo Estatuto de Autonomía, que reclama la gestión del río Guadalquivir, en la nueva Ley estatal de Aguas.

Encaje en el Estatuto

Coves, quien departió unos minutos a solas con Narbona tras la inauguración en Sevilla de la V Conferencia Europea de Ciudades y Pueblos Sostenibles, negó que haya «discrepancias» entre ambos gobiernos respecto al borrador de la reforma de la Ley de Aguas, que reserva al Ejecutivo central el 51 por ciento de los votos en los órganos de gestión de las cuencas hidrográficas que transcurran por más de una comunidad autónoma. «Obviamente, nos preocupa cómo va incidir esa reforma de la Ley de Aguas en el desarrollo del Estatuto de Autonomía», dijo Coves.

El artículo 51 del Estatuto andaluz, que ayer entró en vigor tras su publicación en el BOE, reclama para la Junta de Andalucía la gestión del Guadalquivir a su paso por territorio andaluz. La consejera reiteró que la reforma de la ley estatal de Aguas y el traspaso de las competencias del Guadalquivir a la Junta de Andalucía están en una fase «muy inicial» y vaticinó que esta negociación será «larga», dada la envergadura y complejidad de esta cuenca.

El recurso de Ibarra

Respecto al recurso de inconstitucionalidad anunciado por la Junta de Extremadura contra el Estatuto de Andalucía en relación al Guadalquivir, cuya cuenca discurre en una mínima parte por tierras extremeñas, Fuensanta Coves señaló que si hay algún artículo del texto autonómico andaluz «que ha sido revisado por multitud de juristas para que no sea inconstitucional» es, precisamente, el 51.

«Tengo la sospecha de que el pronunciamiento que haya, si se presenta el recurso de inconstitucionalidad, será de que estamos dentro del marco de la Constitución, porque se ha cuidado muchísimo la redacción y el contenido de ese artículo; las razones por las que el señor Ibarra recurre el Estatuto serán otras, pero no son estrictamente de legalidad», concluyó.

Las cuencas hidrográficas de España se arman con medidas preventivas para combatir la sequía, una situación que en el caso valenciano es especialmente grave. De hecho, el Turia aportará a los regantes la mitad de agua que el año hidrológico anterior. En un caso parecido está la cuenca del Júcar. Las aguas subterráneas y los “pozos de sequía” podrían ayudar a solventar esta situación calificada de “emergencia”.

Cada año la situación en las principales cuencas hidrográficas valencianas, las del Turia y el Júcar, va a peor. El primero de estos dos ríos aportará a los regantes la mitad de agua que el año hidrológico anterior, es decir, se pasará a suministrar entre 70 y 80 hectómetros cúbicos. Casi con toda seguridad, se harán necesarias las restricciones de agua que no fueron necesarias el ejercicio anterior, porque en 2006 ya se redujo la aportación en un 50 por ciento respecto a 2005.

El Júcar, por su parte, seguirá con las restricciones que ya sufrió el año pasado, y se reducirá su aportación de los 350 hectómetros cúbicos en 2006 a los 240 en 2007, entre un 30 y un 40 por ciento menos. Para garantizar el abastecimiento, y según se recoge en el Plan Especial de Alerta y Eventual Sequía (PES) del Ministerio de Medio Ambiente, habrá que recurrir a aguas subterráneas, a las reutilizadas y a los denominados ‘pozos de sequía’.

El presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Juan José Moragues, calificó esta situación de “emergencia”, y apuntó que “puede empeorar”, dependiendo de cuánto y dónde llueva en los próximos meses. Los dos ríos están “en el último rango de medición, en la zona de peor, de más sequía”, añadió el responsable de la cuenca del Júcar.

La situación no es exclusiva de los ríos valencianos, pero es especialmente dramática ya que, al parecer, y según Moragues, “difícilmente” se van a poder abrir nuevos pozos en la campaña actual para paliar la sequía. “En esto no ocurre como con los Reyes Magos”, señaló Moragues, que añadió que, ante una eventual petición masiva de apertura de pozos, los 105 del Júcar y los 35 del Turia no podrán estar operativos durante esta campaña.

Vigilancia y seguimiento
El informe remitido por el Consejo del Agua de cuenca, que es una de las actuaciones planteadas en el PES, ha contado con las participación de representantes de la Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas, usuarios, organizaciones profesionales y ecologistas.

En este informe se ha plasmado todo lo que se está haciendo en la actualidad para gestionar la sequía. Se trata, en definitiva, de acciones de vigilancia y seguimiento ambiental, ahorro, búsqueda de recursos adicionales como los pozos de sequía o reutilización de agua.

Para llevar a cabo el proceso se establece a través del PES un sistema de indicadores que permite identificar en qué situación se encuentra un sistema para adoptar una serie de medidas predefinidas, según la gravedad de la situación, que va desde la normalidad a la prealerta, alerta y emergencia.

Situación generalizada
España es un país en el que la sequía se produce por ciclos. Cada 10 años, el índice de lluvias se desploma y las zonas más secas del territorio sufren con mayor intensidad las consecuencias de la falta de agua. La última gran sequía tuvo lugar en la primera mitad de los 90. El fenómeno de la falta de agua se produce paulatinamente, pero se soluciona de golpe, con un periodo largo de abundantes lluvias. De esa situación se aprendió la importancia de la prevención. De ahí el establecimiento del PES, que ahora, con una nueva situación de falta de líquido elemento, se pone a prueba.

Así son numerosas las cuencas españolas que se arman para prevenir una primavera poco generosa en lluvias. La situación de sequía cumple en 2007 su tercer año consecutivo y el Tajo, el Segura, el Guadalquivir, así como el Turia y el Júcar ya tienen en marcha las medidas oportunas.

En el caso del Tajo, se ha enviado al Ministerio de Medio Ambiente, porque así lo indica en el PES, una serie de protocolos y organización en la toma de decisiones, así como medidas de vigilancia y control de riesgos para minimizar la frecuencia y la intensidad de las situaciones de escasez de recursos.

El río Guadalquivir se encuentra en la misma tesitura que el Tajo y el resto de ríos. Con la misma filosofía de minimizar el impacto de la sequía se ha remitido desde su Confederación Hidrográfica el preceptivo informe para añadirlo al PES, que se revisará de nuevo en el año 2009.

El Segura, en emergencia
El caso del Segura es tal vez el más grave de España. Este río sufre una paulatina reducción en sus recursos hídricos desde hace 25 años, según ha comentado estos días el presidente de su Confederación Hidrográfica, José Salvador Fuentes Zorita. Los pantanos de esta cuenca se reducen cada temporada y también en este caso se califica la situación como de emergencia.

Al igual que en el resto de cuencas, la del Segura ha aportado al PES una serie de mecanismos para prevenir y detectar situaciones de sequía, fijar umbrales de gravedad progresiva y definir medidas para minimizar los efectos negativos de la falta de agua en el abastecimiento urbano.

La nueva Ley de Aguas cederá a las autonomías un 49% del control de los ríos al garantizarles la representación en los denominados Comités de Autoridades Competentes. Sin embargo, la composición de estos comités, en los que también están representadas las corporaciones locales y los usuarios, es todavía una incógnita.

Según el borrador del nuevo texto legal que ayer fue presentado al Consejo Nacional del Agua para su informe, las comunidades autónomas que forman parte total o parcial de una cuenca hídrica- las futuras demarcaciones hidrográficas- tendrán un representante en el Comité de Autoridades Competentes «y su voto se ponderará ente 0,10 y 1, en función de su superficie y población comprendida en el ámbito de la cuenca». La composición del comité, que nace como el «órgano superior» de dirección y cooperación en las demarcaciones hidrográficas con cuencas intercomunitarias «se determinará reglamentariamente» con base en los siguientes criterios: el Estado tendrá la mitad más uno de los representantes; cada Comunidad tendrá un representante atendiendo a los criterios de población y superficie y las corporaciones locales tendrán un representante designado por las asociaciones territoriales de municipios.
En uno y otro caso, el texto hecho público ayer se muestra esquivo y remite al futuro «desarrollo reglamentario».
Así las cosas, Castilla-La Mancha podría pedir una demarcación Júcar, exclusiva de la cuenca de este río, en la que tendría mayoría si el criterio es el de superficie y podría intentar pelear por el de población a duras penas si logra que se excluya la Albufera.
Inicialmente, el ministerio prefiere una «demarcación» Júcar que abarque todos los ríos intracomunitarios: Júcar, Turia, Mijares y no hacer una diferente por cada uno de estos ríos mientras que transferiría a la Generalitat las competencias exclusivas sobre las cuencas de los ríos Vinalopó, Montnegre, Amadorio, Guadalest, Serpis, Gorgos, Girona, Beniopa, Xeraco, Carraixet,Palancia, Belcaire, Veo, San Miguel, Cervol, etc.
La ministra Cristina Narbona ofreció ayer una pista esperanzadora para los intereses valencianos en la futura demarcación Júcar al afirmar que para facilitar la gestión entre los ríos intercomunitarios se crearán demarcaciones mixtas de cuenca para, como en el caso del Júcar, «analizar las transferencias a cuencas internas» de la Comunitat Valenciana -aparentemente una alusión al Vinalopó y al Turia «y elaborar con ellas los planes hidrológicos».

La diputada nacional por el PP de Albacete, Encarnación Naharro, mostró ayer su preocupación por el peso que tendrá Castilla-La Mancha en los órganos de decisión con el borrador de la Ley de Aguas. Naharro aseguró que conforme se ha presentado el decreto de demarcaciones la participación de Castilla-La Mancha será bastante reducida y mostró su preocupación porque todas las decisiones del Comité de Competencias estará en manos de decisiones políticas. La diputada popular recordó que Castilla-La Mancha debería tener un uso prioritario sobre las aguas de Castilla-La Mancha. La diputada nacional del PP compareció en rueda de prensa para anunciar que pedirá explicaciones a la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, por la disminución adicional del caudal de riego para los agricultores de la Mancha Oriental.

Naharro recordó que a primeros de marzo los agricultores han recibido un escrito comunicándoles que por efecto de la sequía la Confederación del Júcar ha reducido un 20% adicional la cantidad de agua inicialmente fijada. La diputada popular calificó de «verdadero fracaso» la oferta de compra sobre los derechos de agua sobre los regantes del Júcar que no ha cubierto ni la mitad de las expectativas, motivo por el cual se ha ampliado el plazo de presentación. Naharro aseguró que en una comisión de sequía la Confederación, «sin contar con nadie», ha decidido ampliar otro 20% la reducción, «que se comunica cuando muchos de los afectados ya habían sembrado, lo que repercutirá negativamente en sus explotaciones porque ya tenían hechas unas previsiones económicas». La diputada popular aseguró que preguntará a la ministra las razones que justifican esta reducción adicional, cuántas explotaciones se verán afectadas y con qué superficie, cuál es la merma de producción estimada por la reducción y qué medidas adoptará el Gobierno para compensar las pérdidas económicas que tendrán los agricultores de la zona.

Naharro se mostró a favor de la toma de medidas para paliar la sequía, «pero el futuro de Castilla-La Mancha no pasa porque paguen a los regantes para no regar».

Además, criticó al presidente regional, José María Barreda, «que lo único que hace es interponer recursos contra su propio Gobierno que luego no cumplen».

La diputada nacional popular, Encarnación Naharro, advierte del «grave impacto» de las decisiones de la última comisión de sequía de la Confederación en la economía provincialEMILIO FERNÁNDEZ

En el peor momento posible. Los últimos recortes aprobados por la Comisión de Sequía de la Confederación del Júcar llegan cuando las siembras ya se han hecho, lo que tendrá un grave impacto en la economía provincial, según denunció ayer la diputada nacional del PP, Encarnación Naharro.

Naharro, quien además es miembro de la comisión de agricultura del Congreso, explicó ayer que «desde primeros de marzo de 2007, los agricultores con aprovechamiento de agua para riego en la cuenca del Júcar han recibido un escrito de la confederación, comunicándoles que por la sequía y las escasas reservas del Pantano de Alarcón, la dotación máxima para riego se reduce en un 20%».

Literalmente, llueve sobre mojado o más bien sobre seco, porque a principios de la campaña actual, los socios de la Junta Central de Regantes de la Mancha Oriental ya se habían impuesto un recorte voluntario del 20%. Lo que signifcia que, en esta campaña, para regar, habrá que usar un 40% menos de agua.

La decisión, a juicio de Naharro, es doblemente criticable «porque esta reducción adicional se comunica cuando muchas explotaciones ya han sembrado» de forma que un recorte en las asignaciones perjudicará el rendimiento de sus cultivos, y la cuenta de resultados de numerosas empresas que trabajan en la provincia «como transportistas, comerciantes de semillas, distribuidores de fertilizantes y fitosanitarios, de gasoil… porque no olvidemos que, de una misma explotación agraria viven muchas personas, agricultores y no agricultores».

Además, la diputada popular consideró que este recorte adicional, en sentido estricto, es competencia de la Junta de Gobierno de la Confederación, no de la Comisión de Sequía. Por todo ello, anunció la presentación de una batería de preguntas en el Congreso, dirigidas a la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona.

«Las preguntas tratan sobre las razones para este recorte adicional -explicó-, sobre el número de explotaciones afectadas, la merma de producción e ingresos y, por último, las posibles compensaciones a los afectados».

NUEVA LEY. Por último, la parlamentaria mostró su preocupación por el contenido del borrador de la nueva Ley de Aguas, que hoy llega al Consejo Nacional del Agua. Un borrador del que, afirmó, se está dando una visión «distorsionada».

«Se dice que las comunidades autónomas tendrán representación en los organismos de cuenca, cuando ya la tienen -recordó-, lo único es que cambiará su distribución, aunque Castilla-La Mancha seguirá teniendo muy poco peso; más grave es la forma en que se organizarán las demarcaciones, dejando de lado una vez más las sentencias del Supremo que beneficiaban a la región; se deja la representación de los usuarios prácticamente a cero, aumentado, por contra, la política e, incluso, se altera el principio de prioridad de la cuenca cedente».

Naharro aclaró, no obstante, que esta ley aún debe pasar por el Parlamento y habrá mucho que debatir sobre ella. Pero indicó que ahora es cuando se necesita, «más que nunca», que la Junta de Comunidades entre de lleno en la negociación política.

El borrador de la reforma de la nueva ley de Aguas, que hoy debatirán las comunidades autónomas en la Conferencia Sectorial, introduce un cambio en la política de gestión de los ríos españoles basada, según resaltó ayer el director general del Agua del Ministerio de Medio Ambiente, Jaime Palop, en “un enfoque” donde el “medio ambiente aparece como un usuario más del agua”.

Palop explicó que una de las principales características de la reforma es que el Estado se reserva el control de la gestión de los ríos que atraviesan varias autonomías (con el 51% de los votos) y deja el resto a comunidades y ayuntamientos. Las confederaciones hasta ahora eran un órgano dependiente del Gobierno.

El director general recalcó que así se potenciará el papel de las autonomías en la gestión de los ríos en proporción a su territorio y población y aumentará la participación ciudadana en la política hídrica.

Pero las asociaciones de regantes denuncian que la nueva ley les excluye de la gestión de la política hídrica. Hasta ahora tenían un papel relevante en la dirección de las confederaciones y ahora, según la Federación Nacional de Comunidades de Regantes (Fenacore), “se nos margina”.

Control del Gobierno
La reforma modifica la denominación de las cuencas, que pasarán a llamarse demarcaciones. Estas estarán gestionadas por un Comité de Autoridades Competentes formado por el Gobierno, las autonomías y los ayuntamientos. Usuarios y regantes se quedan fuera.

La nueva composición será determinante en la futura elaboración de los planes de cuenca que establecerán los usos de las aguas y los caudales ecológicos de cada cauce.

Los regantes, de esta forma, ven reducida su participación en beneficio de las asociaciones ecologistas. Sólo estarán presentes en la Junta Directiva y en el Consejo del Agua de la demarcación que únicamente tiene un papel consultivo. Los usuarios tendrán en este organismo el 50% de la representación. De ese porcentaje, el 20% será para los ecologistas, otro 20% para las asociaciones agrarias y regantes y el 10% para otras entidades.

Los principales usuarios del agua son relegados a un órgano consultivo con el mismo peso que las asociaciones ecologistas ante la elaboración del Plan Hidrológico de cada demarcación, documento base para definir cualquier actuación futura que se vaya a realizar en los ríos.

El Gobierno aumenta sus competencias en detrimento de las autonomías gracias al artículo 24 y a la ampliación del dominio público de los ríos (con las definiciones de cauce y ampliación de las zonas de protección).

El artículo 24 permite a los órganos de cuenca, entre otras facultades, la aprobación de los estatutos de las comunidades de usuarios, el control de los caudales, de las aguas subterráneas y continentales o tomar las medidas necesarias para la conservación medioambiental. Además, controlará la “policía de aguas”.

Los órganos de cuenca tendrán mayor control sobre los planes urbanísticos, ya que estos deberán incluir un informe en el que se valore su incidencia sobre el dominio público y sobre las zonas de servidumbre de los ríos y zonas inundables

La nueva ley introduce dos impuestos. Una tasa dirigida a recuperar el coste de la gestión que supondrá 0,2 euros por cada mil metros cúbicos, una vía que puede abrir la puerta a nuevos aumentos en el precio del agua. La segunda será de 300 euros por las presas y embalses.

También crea los Bancos Públicos del Agua, en los que se podrán realizar ofertas públicas de adquisición de derechos de usos del agua. La reforma garantiza a todos los españoles un mínimo de agua de 60 litros por habitante y día. Otra novedad son las demarcaciones mixtas, como la del Júcar, para coordinar la gestión de los ríos de competencia estatal y autonómica.

Se incorpora al dominio público el agua desalada, se crea un registro de presas y se establece la obligación de crear un Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables.

Situación del Júcar
La reforma remite su desarrollo a futuros decretos con lo que se introduce cierta ambigüedad sobre el futuro de la política hídrica en la que el Gobierno se reserva la última palabra.

Para el conseller de Infraestructuras, José Ramón García Antón, “la nueva legislación resta peso a la Generalitat en la gestión del Júcar”, con lo que cuestionó el supuesto aumento de las competencias autonómicas en el control de los ríos. Fuentes de la Generalitat explicaron que el documento lo recibieron el 15 de marzo, al igual que los regantes, con lo que no han tenido tiempo para su estudio.

Con la reforma, que el Consejo de Ministros aprobará en abril y entrará en vigor esta legislatura, según indicó ayer la titular de Medio Ambiente, Cristina Narbona, el Gobierno tiene en su mano establecer el caudal ecológico del Júcar, que decidirá la posibilidad de trasvasar y los usos del agua.

Castilla-La Mancha, gobernada por el PSOE, está continuamente incrementando el consumo del agua del Júcar para sus regadíos y se opone al trasvase al Vinalopó. Una política concertada con el Ejecutivo podría dañar los intereses de la Comunitat.