La Federación Nacional de Comunidades de Regantes (Fenacore) ha rechazado la implantación del nuevo impuesto sobre el agua que pretende establecer el Ministerio de Medio Ambiente y advierte que, de llevarse aefecto, será un nuevo atentado contra la competitividad agraria, precisamente en unos momentos muy delicados para la economía del sector rural, por la crisis de bajos precios y por la grave sequía.

Andrés del Campo, presidente de Fenacore, ha explicado que la nueva “tasa por prestación de servicios de gestión, registro, control e inspección de los usos del agua”, que incorpora el borrador de reforma de la Ley de Aguas, supondrá un coste anual de más de 30 millones de euros para el regadío español duran te el primer año, y considera que se trata de una nueva denominación, un “eufemismo”, para rescatar la “controvertida ecotasa’’ que ya pretendió implantar el Gobierno tiempo atrás.

Del Campo criticó la propuesta del Ministerio de Medio Ambiente de gravar a los regantes con un nuevo canon de 0,0002 euros por metro cúbico de agua consumido al año, cuando, en realidad, esta tasa ya está incluida dentro de los costes del organismo de cuenca. Asimismo lamentó la potestad que se arroga el Gobierno de modificar los precios del agua periódicamente en los Presupuestos Generales del Estado, por considerar que genera “inseguridad jurídica” para los usuarios y pérdida de competitividad para el regadío español, ya que la Administración podrá hacer oscilar “arbitrariamente” los precios en función de sus propios intereses y “afán recaudatorio”.

Además, el responsable de los regantes españoles señaló que el borrador de reforma de la Ley de Aguas carece de una evaluación económica que permita conocer los criterios económicos empleados para fijar esta tasa por prestación de servicios, así como los efectos en términos de coste/beneficio que su aplicación tendrá sobre el regadío. Andrés del Campo asegura que el gobierno está incumpliendo su compromiso de no aplicar un nuevo canon del agua o ‘ecotasa’ al menos hasta 2010, tal como establece la Directiva Marco de Aguas de la UE. Afirma que es ‘‘inoportuno’’ y que se incumple el principio de recuperación de costes.

La nueva de Ley de Aguas cederá a las Autonomías una parte del control de los ríos al reservarles un representante en los máximos órganos de dirección de las futuras demarcaciones hidrográficas, que el Estado controlará para jugar un papel «claro» de arbitraje en los conflictos interterritoriales.

Así lo manifestó el director general del Agua del Ministerio de Medio Ambiente, Jaime Palop, en una rueda de prensa en la que explicó el borrador de la nueva Ley de Aguas , que el Gobierno someterá mañana al debate de las Comunidades Autónomas en la Conferencia Sectorial, y que pretende ser «una herramienta para la sociedad del nuevo milenio».

La ley garantiza que «nadie en España padezca el no tener agua que le permita llevar una vida digna», por lo se establece un suministro de agua potable de calidad mínimo de 60 litros por habitante y día, dijo.

El borrador establece la creación del Comité de Autoridades Competentes, que es el órgano superior de dirección y cooperación de las demarcaciones hidrográficas, que es como se van a llamar las actuales Confederaciones Hidrográficas.

El Estado tendrá la mitad más uno del número total de sus miembros, mientras que las comunidades autónomas, cuyo territorio forme parte total o parcialmente de la demarcación hidrográfica, tendrán cada una un representante, pero su voto se ponderará, entre 0,10 y 1, en función de la superficie y la población, mediante una fórmula aun no desarrollada.

También las corporaciones locales tendrán un representante en esos comités.

En atención a las labores de gestión, registro, control e inspección de los usos del agua, tanto superficiales como subterráneas, desaladas o reutilizadas, se crea una tasa para recuperar el coste de la prestación de ese servicio, que oscilará desde los 0,2 euros por cada 1.000 metros cúbicos.

Palop explicó que así se dará respuesta a la situación actual por la que «estamos pagando todos los españoles vía impuestos y algunas personas estén obteniendo beneficios de un agua que es de todos».

Resolver el problema

La nueva ley pretende resolver el problema de la seguridad jurídica de las más de 1.300 grandes presas que hay en España, para lo cual se establece la obligación de registrar todas aquellas que tengan más de cinco metros de altura o una capacidad de más de 100.000 metros cúbicos, ya sean privadas o públicas. Otra de las novedades de la nueva Ley es el establecimiento de un Sistema Nacional de Cartografía de Zonas inundables, que realizarán las comunidades y los organismos de cuenca en un plazo previsiblemente de tres años.

Se creará una Conferencia Sectorial del Agua, que se complementará con un nuevo Consejo Nacional del Agua, distinto al actual, formado por asociaciones y organizaciones de defensa de intereses ambientales y representantes del mundo científico.

El borrador establece un Plan de Acción en materia de aguas subterráneas, de tal forma que se dará más competencias y más capacidad de actuación a las comunidades de usuarios.

Agregó que, además, existen 450.000 expedientes de aguas subterráneas, cuya tramitación supondrá un coste de entre 15 y 20 millones de euros.

El representante del Ministerio aseguró que en el borrador «no se hace ninguna referencia a obras hidráulicas concretas ni a trasvases concretos».

Por su parte, la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, aseguró que la nueva Ley de Aguas , que entrará en vigor en la presente legislatura, regulará los supuestos y condiciones bajo los que las comunidades autónomas gestionarán de forma «concreta» las cuencas de los ríos.

Narbona indicó que, para la aprobación de la citada Ley , el Consejo de Ministros dará su visto bueno el próximo mes y el Gobierno pedirá a las Cortes Generales una tramitación de urgencia para hacer posible que entre en vigor antes de que acabe la legislatura.

Asimismo, Narbona señaló que la nueva Ley de Aguas recogerá la configuración de demarcaciones mixtas para que la planificación de las cuencas hidrológicas integren a las «pequeñas cuencas» y «a las de mayor envergadura».

Satisfacción en la Región

Mientras, el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes Regionales, José Molina, consideró que el borrador de la nueva Ley de Aguas «abre el camino» a la posición y a los planteamientos de Castilla-La Mancha sobre la participación de las comunidades en los órganos de gestión y caducidad del trasvase.

Molina considera que se trata de un buen proyecto de ley porque la coparticipación de las comunidades autónomas en los órganos de gestión del agua evitará «los blindajes» de los ríos, tal y como ha defendido Castilla-La Mancha, señaló el portavoz del PSOE.

Entiende que la nueva Ley de Aguas permitirá tener en cuenta la posición de Castilla-La Mancha en aspectos medioambientales de los ríos, como el caudal.

También podrá intervenir a la hora de decidir sobre los usos y establecer las obras hidráulicas necesarias para ello y «todo ello -agregó- será decisivo a la hora de decidir sobre la caducidad del trasvase Tajo-Segura».

Entre las cuestiones que a su juicio hay que mejorar, el portavoz parlamentario socialista se refirió a los aspectos que regulan los bancos de agua para evitar que primen criterios económicos de que «quien más pueda pagarla más agua se pueda llevar», además ahormar la representación de las comunidades en las confederaciones.

Los embalses de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) se encuentran al 17,44 por ciento de su capacidad y almacenan 4,31 hectómetros cúbicos (hm3) de agua más que la semana anterior, ya que en total albergan 583,76 hectómetros cúbicos de los 3.346,6 de que disponen, según los datos facilitados hoy por este organismo.

Por sistemas, los embalses del Júcar se encuentran al 14,71 por ciento de su capacidad; los del Túria tienen un 28,47 por ciento de agua embalsada; en Alicante, el sistema de la Marina Baja/Serpis dispone del 48,46 por ciento de agua, mientras que en Castellón , el sistema Palancia/Mijares/Cenia se encuentra al 27,60 por ciento de su capacidad.

En el sistema de la Marina Baja, el embalse de Amadorio tiene un 44,15 por ciento de agua almacenada, mientras que el de Guadalest está al 68,89 por ciento. En el Serpis, el pantano de Beniarrés tiene el 41,16 por ciento de su capacidad cubierta. En el sistema Júcar-Turia, La Toba está en el 63,10 por ciento, el de Alarcón un 8,34 por ciento y el de Contreras en 5,04 por ciento.

En el complejo de Cortes, El Molinar está en un 19,30 por ciento de su capacidad, Cortes II en un 91,69 por ciento, La Muela en un 82,28 por ciento, y El Naranjero al 63,70 por ciento. En el Bajo Júcar, el de Tous-La Ribera se encuentra al 26,83 por ciento; Escalona al 4,39 por ciento; y Bellus, al 9,03 por ciento. En el sistema del Magro, el pantano de Forata está al 10,74 por ciento de su capacidad.

En el Túria, el embalse de El Arquillo de San Blas está al 44,57 por ciento, Benagéber al 31,12 por ciento, Loriguilla al 15,57 por ciento y Buseo al 30,91 por ciento. En el sistema del Palancia, el de Regajo se encuentra al 75,23 por ciento de su capacidad y el Algar, al 0,00 por ciento.

En el sistema de Mijares, el de Alcora tiene almacenado un 68,10 por ciento; Arenós un 29,97 por ciento; María Cristina un 6,86 por ciento y Sichar el 18,06 por ciento. En el Cenia, el de Ulldecona está al 41,51 por ciento de su capacidad, mientras que en otros sistemas, el embalse de Almansa está al 11,50 por ciento y el de Onda al 39,02 por ciento.

Con motivo de la celebración del Día Mundial del Agua.

En este marco tendrá lugar  una mesa redonda bajo el lema “Afrontando la escasez de agua” en la que participarán catedráticos, representantes de la Federación de Comunidades de  Regantes,  ecologistas, organizaciones agrarias y responsables de los Ministerios de Agricultura y Medio Ambiente.

20. Marzo ´07 – El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha organizado, con motivo de la celebración del Día Mundial del Agua, una Jornada sobre “El uso sostenible del agua en el sector agrario, situación actual y perspectivas de futuro”, que tendrá lugar en la sede del MAPA el próximo jueves, 22 de marzo.

En este marco se organizará una mesa bajo el lema “Afrontando la escasez de agua”, en la que participarán catedráticos de las Universidades de Madrid y Valladolid,  directivos de la Federación Nacional de Comunidades de Regantes, de SEO-Birdlife, de ASAJA y responsables de los Ministerios de Agricultura y de Medio Ambiente.

Mediante esta Jornada el MAPA potencia un debate para analizar la gestión del agua en el sector agrario, no solo desde una perspectiva meramente económica, sino también social y medioambiental, con objeto de encontrar respuestas a los retos que se plantean: la gestión sostenible de un recurso escaso, mediante la mejora de la eficiencia en su uso, favoreciendo a la par la calidad de las aguas.

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, se une así a la iniciativa de la FAO de promover, mediante la celebración de actividades concretas, la conciencia pública y el debate, en torno a la gestión sostenible, eficiente y equitativa de los recursos hídricos disponibles, y en particular de su uso en el sector agrario.

Ni vinculantes, ni determinantes. El Gobierno de la Nación seguirá manteniendo el control de los grandes ríos para decidir futuros trasvases. El Ejecutivo de Aragón y los partidos de aquella comunidad no podrán impedir que el Estado plantee futuras transferencias del Ebro a otras cuencas hidrográficas, en caso de que sea necesario. Los aragoneses no podrán vetar legalmente esta posibilidad, aunque de facto pongan todas las trabas imaginables. Aragón podrá emitir informes preceptivos ante cualquier nueva transferencia, pero no serán vinculantes. Tampoco podrán hacerlo Cataluña ni Andalucía; esta última en el caso del Guadalquivir.

La reforma del Estatuto de Autonomía de Aragón, aprobada el pasado jueves en el Congreso, deja la planificación última del Ebro en mano del Estado, con la participación de las comunidades. Las regiones ribereñas tendrán mayor participación que antes, pero no decisión sobre los trasvases y la planificación general. Otra cosa distinta es la voluntad política del momento de promover o arrinconar esta opción. También es cierto que el Estado tenía antes las manos más libres que ahora en la gestión de las cuencas intercomunitarias y en la política trasvasista.

La conclusión del Estatuto de Aragón es un nuevo aviso a las pretensiones de Castilla-La Mancha, que es la comunidad autónoma que más ha legislado sobre la política del agua en su nuevo texto estatutario con el propósito de controlar al máximo los ríos Tajo, Guadiana y Júcar, principalmente. La norma seguida en el Congreso de los Diputados con los cinco estatutos aprobados hasta ahora, de salvaguardar las competencias exclusivas del Estado sobre los ríos intercomunitarios, se aplicará igual en Castilla-La Mancha, aseguran desde el Ministerio de Medio Ambiente y el PSOE murciano.

De esta forma, se da por hecho que será eliminada del texto la alusión a la fecha de extinción del trasvase Tajo-Segura en el año 2015. Políticamente, el Gobierno central ya se ha pronunciado en diversas instancias sobre la continuidad del acueducto. Asimismo, podría corregirse gran parte de la redacción de la disposición transitoria que establece la necesidad de un informe «precepctivo y determinante» de la Junta de Comunidades sobre cualquier trasvase o intercambio de agua. Con el uso de la palabra «determinante», en lugar de «vinculante», se pretende evitar que ocurra lo mismo que en Cataluña, donde quedó eliminada esta prerrogativa del texto final.

En la oportunidad de esos informes se incluyen además las cesiones de derechos y los futuros bancos de agua, que rechaza abiertamente Castilla-La Mancha. En el último año y medio se ha autorizado el envío de casi 130 hectómetros cúbicos a la cuenca del Segura en cuatro operaciones -la última se estudia esta semana- para comprar derechos de agua a los regantes madrileños de Aranjuez y Estremera, por parte de los regantes murcianos y de la Mancomunidad de Canales del Taibilla.

Sustitución de caudales

Otra prerrogativa que entra de lleno en la esfera estatal es la «sustitución progresiva de los caudales» del Tajo-Segura por aguas desalinizadas, a lo cual aspira el pacto de Barreda (PSOE) y Cospedal (PP). El director general de Aguas de las Cuencas Mediterráneas (Acuamed), Adrián Baltanás, ha asegurado que no habrá canje de aguas desalinizadas por aguas del Tajo, sino que las primeras son un complemento al trasvase.

El cuarto punto más polémico es la fijacion de nuevos caudales ambientales y ecológico en el río Tajo, unido a las nuevas necesidades de agua de Castilla-La Mancha que deben ser recogidas en el Plan de Cuenca del Tajo que se está revisando y que debe ser aprobado en el año 2009. El nivel de participación de Castilla-La Mancha en los órganos decisorios y de gestión de la Confederación Hidrográfica del Tajo -y en la Comisión de Explotación del Acueducto Tajo-Segura, a la cual también aspira- no llegará al extremo de dominar este organismo, aunque sea a través de la nueva estructura de demarcaciones. El Estado se asegurará la mayoría y el control, según la nueva reforma de la ley de aguas.

Mínimo ecológico

El mayor peligro sobre los volúmenes excedentarios trasvasables al Segura se encuentra, técnicamente, en la fijación de nuevos caudales ecológicos del Tajo a su paso por Aranjuez, como principal punto de referencia en el curso alto de este río. Duplicarlo o aumentarlo en un 50 por ciento (ahora es de 6 metros cúbicos por segundo) implicaría una merma considerable de los excedentes almacenados en los embalses de Entrepeñas y Buendía. Ésta es una de las cuestiones por las cuales mostró mayor interés el Sindicato Central de Regantes del Tajo-Segura en su reunión con el presidente Rodríguez Zapatero.

De todas las reformas estatutarias referidas al control de los ríos, la de Castilla-La Mancha es la más amplia y ambiciosa. El texto ha entrado recientemente en el Congreso de los Diputados y muy probablemente no estará aprobado hasta después de verano. Las reivindicaciones castellano manchegas ocupan un capítulo entero de su Estatuto, con ocho artículos y una disposición transitoria dedicada exclusivamente a liquidar el trasvase Tajo-Segura.Las comunidades autónomas que la han precedido no han ido tan lejos. Cataluña, por ejemplo, sólo dedica explícitamente al agua un artículo con cinco apartados. Andalucía, por su parte, refleja un sólo artículo al agua y otro breve a la cuenca del Guadalquivir. Y Aragón, se centra en la coparticipación en los órganos de gestión, de acuerdo con la Constitución; así como en la reserva de 6.550 hectómetros cúbicos para uso exclusivo de su territorio.

Aportaciones del Ebro

Esta reserva ya venía recogida en el Pacto del Agua de Aragón de 1992, y fue asumida después por el Plan Hidrológico Nacional del PP. En este sentido, los caudales que podían ser trasvasados anualmente desde el Ebro ya tenían descontada esa reserva, apuntan en el Partido Popular. Esto quiere decir, a juicio del PP, que los 6.550 hectómetros no invalidan futuros trasvases, sobre todo teniendo en cuenta que las aportaciones del Ebro al Mediterráneo en su desembocadura oscilan entre los 10.000 y 15.000 hectómetros cúbicos en los últimos años.

El Gobierno central pretende abrir de par en par las puertas a un trasvase privado del Ebro en la reforma de la Ley de Aguas, cuyo borrador comienza hoy a estudiar la Comisión Permanente del Consejo Nacional del Agua. Fuentes del Ministerio de Medio Ambiente destacaron que el texto, hecho público ayer, no es definitivo y puede ser modificado.

El borrador propone mantener la actual regulación de los contratos de cesión de caudales, que permiten ceder derechos de uso del agua entre particulares, es decir, el arriendo del agua. Los organismo de cuenca solo pueden vetarlos mediante resoluciones motivadas.

El documento mantiene el precepto según el cual los contratantes de una cesión deben presentar a la Administración hidráulica, para su aprobación, un «documento técnico que defina adecuadamente» las «obras e instalaciones» necesarias para «la realización material de las cesiones acordadas». En el caso de una transferencia del Ebro a Levante, no lo sería, por la existencia del tramo del Canal Xerta-Calig hasta la localidad tarraconense de La Senia.

Y, paralelamente, elimina la prohibición de «usar infraestructuras que interconecten» distintas cuencas si las transferencias no están previstas en «el Plan Hidrológico Nacional o las leyes singulares reguladoras de cada trasvase». Si el borrador sale adelante, el uso de las «conexiones intercuencas» solo requerirá la «previa autorización» del Ministerio de Medio Ambiente.

El proyecto de reforma que impulsa la ministra Cristina Narbona prevé crear un armazón jurídico para trasvases de carácter público.

Por un lado, posibilita la unión de dos cuencas en una demarcación mixta como «ámbito de planificación y gestión coordinada de los recursos». Por otro, da al Consejo de Ministros la potestad de «acordar la constitución de bancos públicos de agua» y de «autorizar transferencias de pequeña cuantía dentro de los límites establecidos por el Plan Hidrológico Nacional», aunque una decisión de este tipo puede ser tomada también por el Ministerio de Medio Ambiente.

En cada territorio hidrográfico habrá un banco de agua, a través del cual la Demarcación podrá lanzar «ofertas públicas de adquisición de derechos»; es decir, ofertas para adquirir, total o parcialmente, las concesiones de agua de los usuarios. El borrador de la reforma indica que «los Comités de Autoridades Competentes de demarcaciones limítrofes podrán acordar la realización de transferencias de pequeña cuantía entre los ámbitos territoriales respectivos, determinando las condiciones en que podrán llevarse a cabo». Es decir, que las futuras confederaciones podrán rescatar concesiones de su cuenca para ponerlas a disposición de una vecina siempre que lo decida el Comité de Autoridades, en el que la Administración central se reserva «la mitad más uno del número legal de miembros».

El documento señala que las OPAs hídricas podrán tener como fin, además de las «operaciones de intercambio con otros bancos públicos de agua», ceder esos derechos a las autonomías y a «otros usuarios mediante el precio que el propio organismo oferte», constituir reservas para fines previstos en el plan de cuenca y lograr un «buen estado ecológico de las masas de agua».

Reclamará que en los nuevos órganos de gestión el valor del voto no solo esté en función de la población sino también del territorio

El Gobierno regional está satisfecho con el borrador de la nueva Ley de Aguas que ha elaborado el Ministerio de Medio Ambiente pues se «dan avances interesantes» en la coparticipación de las Comunidades Autónomas (CCAA) en los órganos de gestión hídricos. Sin embargo, considera que hay varios aspectos «mejorables» y así se lo harán saber al Gobierno central a través del Consejo Nacional del Agua.

Tras presidir la reunión de la comisión delegada para asuntos de agua del gobierno regional, el vicepresidente primero, Fernando Lamata, explicó que entre esas cuestiones mejorables se encuentran las demarcaciones hidrográficas. A juicio del Ejecutivo regional, dijo, es preciso inclinarse siempre por la unidad de cuenca pues al intentar combinar en una demarcación varias cuencas se puede perjudicar a una en beneficio de otra.

Asimismo, se mostró partidario de corregir la representatividad de las CCAAen los nuevos órganos de gestión. En este sentido, indicó que ésta ha de guiarse por una proporcionalidad, para la cual el criterio de superficie «tiene que tenerse en cuenta con mayor precisión en el borrador» y el criterio de población, aunque «defendible», no puede «encadenar a un blindaje de los ríos en beneficio de los tradicionales usuarios económicos», ya que se estaría suprimiendo el derecho al desarrollo equitativo de los distintos territorios.

Fernando Lamata defendió también la figura de los bancos de agua públicos en una misma cuenca pero cuestionó su eficacia cuando los intercambios hídricos se produzcan entre distintas regiones. A su juicio, si no se establece un control muy estricto se puede correr el peligro de que el agua se convierta en un negocio entre particulares, lo que podría perjudicar a una comunidad autónoma en beneficio de otra. Insistió en que el agua es un bien público y así debe gestionarse.

Por último, se mostró partidario de que en materia de agua el Ejecutivo central sea el que tenga la última palabra pero recordó que las CCAA tienen que tener una participación suficiente para dar respuesta a las competencias transferidas.

El plazo de propuestas al PEAG termina a finales de abril

l plazo de presentación de propuestas al Plan Especial del Alto Guadiana (PEAG) terminará a finales del próximo mes de abril. Así, lo explicó ayer el vicepresidente primero, Fernando Lamata, en un receso de la reunión de la comisión delegada para asuntos del agua del Gobierno regional, que entre otros, analizó este asunto. Lamata señaló que el PEAG salió a información pública el pasado 15 de marzo, estableciéndose un plazo de 40 días naturales para que los agentes sociales puedan plantear sus propuestas. Una vez finalizado este tiempo se asumirán las iniciativas oportunas y el proyecto pasará a debate en el Consejo de Ministros.

La comisión delegada para asuntos del agua también analizó la evolución del programa AGUA, con el que la Junta se siente muy «satisfecha» y el Plan de Desarrollo de los Municipios Ribereños de Entrepeñas y Buendía, de vital importancia para la zona y de cuyo seguimiento se encargará esta comisión.

Asimismo, se analizaron distintos desarrollos urbanísticos en distintas cuencas y su compatibilidad con las dotaciones de agua para los diferentes usos y se debatió sobre los nuevos planes de cuenca, que deberán estar aprobados en 2009, y que serán «claves» para CLM al establecer los volúmenes de agua para cada Comunidad Autónoma.

El diputado socialista Alejandro Alonso aseguró ayer que Castilla-La Mancha ya ha conseguido «la primera victoria» en el borrador de la Ley de Aguas enviado por el Gobierno al Consejo Nacional del Agua por la inclusión de la capacidad de decisión de las comunidades autónomas en la gestión del agua.

Alonso, en rueda de prensa, atribuyó al presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, la autoría de ese planteamiento y aseguró que el Gobierno central «ha aceptado» su propuesta de dar participación a las comunidades en los órganos de decisión del agua.

Alonso apuntó que el peso de las comunidades en los Comités de Autoridades Competentes de cada demarcación hidrográfica no dependerá sólo de la población, sino también de la extensión el territorio.

Coparticipación

En la misma línea, el vicepresidente primero de Castilla-La Mancha, Fernando Lamata, apreció «avances interesantes» sobre coparticipación en la gestión hídrica en el borrador ministerial de la Ley de Aguas, pero también «aspectos mejorables» respecto a las demarcaciones hidrográficas y la compraventa de derechos de agua.

En rueda de prensa en Toledo en un receso de una reunión de la comisión delegada para asuntos de agua del gobierno regional, Lamata explicó que Castilla-La Mancha defenderá el criterio de unidad de cuenca en cuanto a las demarcaciones, así como la supervisión del Ministerio de Medio Ambiente para las compraventas intercomunitarias de derechos.

Lamata valoró que el borrador otorgue representación en los órganos de gestión de agua a las comunidades, pero indicó que ésta ha de guiarse por una proporcionalidad, para la cual el criterio de superficie «tiene que tenerse en cuenta con mayor precisión».

Por su parte, la presidenta regional del PP, María Dolores de Cospedal, eludió pronunciarse sobre el anticipo de la Ley de Aguas publicado en un diario nacional, aunque indicó que, en principio, el que «las CC AA podamos participar en los organismos de gestión de las cuencas y confederaciones hidrográficas es algo que me parece muy bien y absolutamente necesario».

De Cospedal, que hizo estas declaraciones en Toledo al ser preguntada por los periodistas sobre la información publicada en el diario El País, señaló que «los borradores yo los miro cuando son borradores de las leyes, pero todavía El País no es el Boletín Oficial del Estado para que sea un borrador», aseveró. En este sentido confió en tener «un documento algo más fiable para poderlo comentar».

La Mancomunidad de los Canales del Taibilla repetirá la operación del año pasado y comprará más de 35 hectómetros cúbicos de agua a los regantes del Canal de las Aves de Aranjuez. Los miembros del Comité Ejecutivo de este organismo han sido citados para el próximo jueves con el fin de estudiar el precontrato de compra de los derechos de agua de esta comunidad de regantes madrileña ribereña del Tajo. El objetivo del Ministerio de Medio Ambiente es constituir otra reserva estratégica en los pantanos de la cabecera del Tajo para garantizar todas las necesidades de abastecimiento, tanto en el Tajo como en la cuenca del Segura, mediante la adquisición de derechos de agua.

El último Consejo de Ministros de febrero dejó la puerta abierta a esta posibilidad, toda vez que los volúmenes almacenados en los embalses de Entrepeñas y Buendía sumaban en esa fecha 340 hectómetros, una cantidad similar a la del año pasado. Con el fin de tener totalmente cubiertos los abastecimientos de 2,5 millones de personas en Murcia, Alicante y Almería, este año se volverá a repetir la operación.

Esta nueva compra de agua mediante el intercambio de derechos -una fórmula regulada por real decreto que es la antesala de los bancos de agua que tiene previsto introducir el Ministerio de Medio Ambiente en la nueva reforma de la ley de aguas- culminará cuando lo autorice la comunidad de regantes del Canal de las Aves, y después deberá ser ratificada por el Ministerio. Estos volúmenes corresponden a la concesión anual del Tajo de estos agricultores madrileños.

El precio será probablemente inferior al del año pasado, ya que no habrá que abonar indemnizaciones por los cultivos ya realizados en Aranjuez, teniendo en cuenta que este año se ha adelantado la operación. En la anterior compra se abonaron 28,8 céntimos por cada metro cúbico. La tarifa del Tajo para abastecimientos ronda los 13 céntimos.

Pendientes de Mazarrón

En la situación actual, es muy probable que la Mancomunidad de Canales del Taibilla precise este año natural de las aportaciones máximas de la cabecera del Tajo que le atorga la ley, cifrado en 123 hectómetros cúbicos en destino, ya que no contará con los pozos de emergencia del acuífero de Calasparra. Asimismo, la segunda planta desalinizadora de San Pedro del Pinatar no habrá alcanzado su techo de producción anual; y está pendiente además la nueva unidad de Valendentisco (Mazarrón) cuyas obras están en la última fase. Los más de 35 hectómetros que se comprarán representan un 15% del abastecimiento total del Taibilla.

Con la adquisición de derechos de agua, el Ministerio de Medio Ambiente va haciendo frente a la delicada situación en la que se encuentra la cabecera del Tajo, ya que en el último año y medio ha permitido la compra de más de 125 hectómetros cúbicos a dos comunidades de regantes madrileñas, la de Aranjuez y la de Estremeras, que han cedido temporalmente sus concesiones a cambio de un precio superior al de la tarifa del Tajo-Segura.

La anterior operación autorizada a principios de este mes por el Ministerio de Cristina Narbona ha sido la compra de 31 hectómetros para los regadíos de Murcia y Alicante.

Pese a tratarse de concesiones de agua de fuera del territorio de Castilla-La Mancha, el Ejecutivo de José María Barrera se opone a ellas y ha anunciado la presentación de recursos.

El próximo 22 de marzo, Día Mundial del Agua, la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona presentará los Planes Especiales de Actuación en Situaciones de Alerta y Eventual Sequía, además de las conclusiones del Comité de Expertos en Sequía.

En la presentación, que tendrá lugar en la sede del Ministerio, en Madrid, participarán el subdirector general de Planificación y Uso Sostenible del Agua, Teodoro Estrela y los presidentes de las Confederaciones Hidrográficas del Tajo, Júcar y Segura, José María Macías, Juan José Moragues y José S. Fuentes, respectivamente.

Los Planes Especiales de Sequía, cuya creación está recogida en la Ley del Plan Hidrológico Nacional de 2001, están elaborados para mejorar la gestión de los recursos hídricos durante este fenómeno cíclico y propio del Mediterráneo y proponen medidas consensuadas entre todos los agentes sociales para afrontar las situaciones de escasez de agua en cada Confederación Hidrográfica.

Los Planes pretenden la minimización de los efectos de las sequías sobre el abastecimiento de las ciudades y las actividades económicas así como garantizar la disponibilidad de agua. Asimismo, su objetivo es proteger y recuperar los ecosistemas dependientes del ciclo del agua, en especial el mantenimiento de los caudales ecológicos.

Comité de expertos
Durante este acto, el primero de los que conformarán el Foro Internacional sobre la Sequía, que se celebrará en Sevilla del 17 al 20 de junio, también tendrá lugar la presentación de un avance y resumen de las conclusiones del Comité de Expertos en Sequía. Se trata del informe La sequía en España. Directrices para minimizar su impacto , un encargo del Ministerio de Medio Ambiente que servirá como documento de referencia y guía en la política de gestión del agua y de la lucha contra la sequía.

El director del Instituto Tecnológico del Agua en la Universidad Politécnica de Valencia, Enrique Cabrera, y el presidente de la Asociación de Periodistas de Información Ambiental, Luis Guijarro, serán los encargados de presentar estas conclusiones.

El libro oficial con los trabajos finales del Comité de Expertos en Sequía, órgano consultivo en el que participan especialistas independientes, se hará público durante la celebración del Foro Internacional sobre la Sequía, en Sevilla.