La nueva Ley de Aguas cederá a las autonomías un 49% del control de los ríos al garantizarles la representación en los denominados Comités de Autoridades Competentes. Sin embargo, la composición de estos comités, en los que también están representadas las corporaciones locales y los usuarios, es todavía una incógnita.

Según el borrador del nuevo texto legal que ayer fue presentado al Consejo Nacional del Agua para su informe, las comunidades autónomas que forman parte total o parcial de una cuenca hídrica- las futuras demarcaciones hidrográficas- tendrán un representante en el Comité de Autoridades Competentes «y su voto se ponderará ente 0,10 y 1, en función de su superficie y población comprendida en el ámbito de la cuenca». La composición del comité, que nace como el «órgano superior» de dirección y cooperación en las demarcaciones hidrográficas con cuencas intercomunitarias «se determinará reglamentariamente» con base en los siguientes criterios: el Estado tendrá la mitad más uno de los representantes; cada Comunidad tendrá un representante atendiendo a los criterios de población y superficie y las corporaciones locales tendrán un representante designado por las asociaciones territoriales de municipios.
En uno y otro caso, el texto hecho público ayer se muestra esquivo y remite al futuro «desarrollo reglamentario».
Así las cosas, Castilla-La Mancha podría pedir una demarcación Júcar, exclusiva de la cuenca de este río, en la que tendría mayoría si el criterio es el de superficie y podría intentar pelear por el de población a duras penas si logra que se excluya la Albufera.
Inicialmente, el ministerio prefiere una «demarcación» Júcar que abarque todos los ríos intracomunitarios: Júcar, Turia, Mijares y no hacer una diferente por cada uno de estos ríos mientras que transferiría a la Generalitat las competencias exclusivas sobre las cuencas de los ríos Vinalopó, Montnegre, Amadorio, Guadalest, Serpis, Gorgos, Girona, Beniopa, Xeraco, Carraixet,Palancia, Belcaire, Veo, San Miguel, Cervol, etc.
La ministra Cristina Narbona ofreció ayer una pista esperanzadora para los intereses valencianos en la futura demarcación Júcar al afirmar que para facilitar la gestión entre los ríos intercomunitarios se crearán demarcaciones mixtas de cuenca para, como en el caso del Júcar, «analizar las transferencias a cuencas internas» de la Comunitat Valenciana -aparentemente una alusión al Vinalopó y al Turia «y elaborar con ellas los planes hidrológicos».

La diputada nacional por el PP de Albacete, Encarnación Naharro, mostró ayer su preocupación por el peso que tendrá Castilla-La Mancha en los órganos de decisión con el borrador de la Ley de Aguas. Naharro aseguró que conforme se ha presentado el decreto de demarcaciones la participación de Castilla-La Mancha será bastante reducida y mostró su preocupación porque todas las decisiones del Comité de Competencias estará en manos de decisiones políticas. La diputada popular recordó que Castilla-La Mancha debería tener un uso prioritario sobre las aguas de Castilla-La Mancha. La diputada nacional del PP compareció en rueda de prensa para anunciar que pedirá explicaciones a la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, por la disminución adicional del caudal de riego para los agricultores de la Mancha Oriental.

Naharro recordó que a primeros de marzo los agricultores han recibido un escrito comunicándoles que por efecto de la sequía la Confederación del Júcar ha reducido un 20% adicional la cantidad de agua inicialmente fijada. La diputada popular calificó de «verdadero fracaso» la oferta de compra sobre los derechos de agua sobre los regantes del Júcar que no ha cubierto ni la mitad de las expectativas, motivo por el cual se ha ampliado el plazo de presentación. Naharro aseguró que en una comisión de sequía la Confederación, «sin contar con nadie», ha decidido ampliar otro 20% la reducción, «que se comunica cuando muchos de los afectados ya habían sembrado, lo que repercutirá negativamente en sus explotaciones porque ya tenían hechas unas previsiones económicas». La diputada popular aseguró que preguntará a la ministra las razones que justifican esta reducción adicional, cuántas explotaciones se verán afectadas y con qué superficie, cuál es la merma de producción estimada por la reducción y qué medidas adoptará el Gobierno para compensar las pérdidas económicas que tendrán los agricultores de la zona.

Naharro se mostró a favor de la toma de medidas para paliar la sequía, «pero el futuro de Castilla-La Mancha no pasa porque paguen a los regantes para no regar».

Además, criticó al presidente regional, José María Barreda, «que lo único que hace es interponer recursos contra su propio Gobierno que luego no cumplen».

La diputada nacional popular, Encarnación Naharro, advierte del «grave impacto» de las decisiones de la última comisión de sequía de la Confederación en la economía provincialEMILIO FERNÁNDEZ

En el peor momento posible. Los últimos recortes aprobados por la Comisión de Sequía de la Confederación del Júcar llegan cuando las siembras ya se han hecho, lo que tendrá un grave impacto en la economía provincial, según denunció ayer la diputada nacional del PP, Encarnación Naharro.

Naharro, quien además es miembro de la comisión de agricultura del Congreso, explicó ayer que «desde primeros de marzo de 2007, los agricultores con aprovechamiento de agua para riego en la cuenca del Júcar han recibido un escrito de la confederación, comunicándoles que por la sequía y las escasas reservas del Pantano de Alarcón, la dotación máxima para riego se reduce en un 20%».

Literalmente, llueve sobre mojado o más bien sobre seco, porque a principios de la campaña actual, los socios de la Junta Central de Regantes de la Mancha Oriental ya se habían impuesto un recorte voluntario del 20%. Lo que signifcia que, en esta campaña, para regar, habrá que usar un 40% menos de agua.

La decisión, a juicio de Naharro, es doblemente criticable «porque esta reducción adicional se comunica cuando muchas explotaciones ya han sembrado» de forma que un recorte en las asignaciones perjudicará el rendimiento de sus cultivos, y la cuenta de resultados de numerosas empresas que trabajan en la provincia «como transportistas, comerciantes de semillas, distribuidores de fertilizantes y fitosanitarios, de gasoil… porque no olvidemos que, de una misma explotación agraria viven muchas personas, agricultores y no agricultores».

Además, la diputada popular consideró que este recorte adicional, en sentido estricto, es competencia de la Junta de Gobierno de la Confederación, no de la Comisión de Sequía. Por todo ello, anunció la presentación de una batería de preguntas en el Congreso, dirigidas a la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona.

«Las preguntas tratan sobre las razones para este recorte adicional -explicó-, sobre el número de explotaciones afectadas, la merma de producción e ingresos y, por último, las posibles compensaciones a los afectados».

NUEVA LEY. Por último, la parlamentaria mostró su preocupación por el contenido del borrador de la nueva Ley de Aguas, que hoy llega al Consejo Nacional del Agua. Un borrador del que, afirmó, se está dando una visión «distorsionada».

«Se dice que las comunidades autónomas tendrán representación en los organismos de cuenca, cuando ya la tienen -recordó-, lo único es que cambiará su distribución, aunque Castilla-La Mancha seguirá teniendo muy poco peso; más grave es la forma en que se organizarán las demarcaciones, dejando de lado una vez más las sentencias del Supremo que beneficiaban a la región; se deja la representación de los usuarios prácticamente a cero, aumentado, por contra, la política e, incluso, se altera el principio de prioridad de la cuenca cedente».

Naharro aclaró, no obstante, que esta ley aún debe pasar por el Parlamento y habrá mucho que debatir sobre ella. Pero indicó que ahora es cuando se necesita, «más que nunca», que la Junta de Comunidades entre de lleno en la negociación política.

El borrador de la reforma de la nueva ley de Aguas, que hoy debatirán las comunidades autónomas en la Conferencia Sectorial, introduce un cambio en la política de gestión de los ríos españoles basada, según resaltó ayer el director general del Agua del Ministerio de Medio Ambiente, Jaime Palop, en “un enfoque” donde el “medio ambiente aparece como un usuario más del agua”.

Palop explicó que una de las principales características de la reforma es que el Estado se reserva el control de la gestión de los ríos que atraviesan varias autonomías (con el 51% de los votos) y deja el resto a comunidades y ayuntamientos. Las confederaciones hasta ahora eran un órgano dependiente del Gobierno.

El director general recalcó que así se potenciará el papel de las autonomías en la gestión de los ríos en proporción a su territorio y población y aumentará la participación ciudadana en la política hídrica.

Pero las asociaciones de regantes denuncian que la nueva ley les excluye de la gestión de la política hídrica. Hasta ahora tenían un papel relevante en la dirección de las confederaciones y ahora, según la Federación Nacional de Comunidades de Regantes (Fenacore), “se nos margina”.

Control del Gobierno
La reforma modifica la denominación de las cuencas, que pasarán a llamarse demarcaciones. Estas estarán gestionadas por un Comité de Autoridades Competentes formado por el Gobierno, las autonomías y los ayuntamientos. Usuarios y regantes se quedan fuera.

La nueva composición será determinante en la futura elaboración de los planes de cuenca que establecerán los usos de las aguas y los caudales ecológicos de cada cauce.

Los regantes, de esta forma, ven reducida su participación en beneficio de las asociaciones ecologistas. Sólo estarán presentes en la Junta Directiva y en el Consejo del Agua de la demarcación que únicamente tiene un papel consultivo. Los usuarios tendrán en este organismo el 50% de la representación. De ese porcentaje, el 20% será para los ecologistas, otro 20% para las asociaciones agrarias y regantes y el 10% para otras entidades.

Los principales usuarios del agua son relegados a un órgano consultivo con el mismo peso que las asociaciones ecologistas ante la elaboración del Plan Hidrológico de cada demarcación, documento base para definir cualquier actuación futura que se vaya a realizar en los ríos.

El Gobierno aumenta sus competencias en detrimento de las autonomías gracias al artículo 24 y a la ampliación del dominio público de los ríos (con las definiciones de cauce y ampliación de las zonas de protección).

El artículo 24 permite a los órganos de cuenca, entre otras facultades, la aprobación de los estatutos de las comunidades de usuarios, el control de los caudales, de las aguas subterráneas y continentales o tomar las medidas necesarias para la conservación medioambiental. Además, controlará la “policía de aguas”.

Los órganos de cuenca tendrán mayor control sobre los planes urbanísticos, ya que estos deberán incluir un informe en el que se valore su incidencia sobre el dominio público y sobre las zonas de servidumbre de los ríos y zonas inundables

La nueva ley introduce dos impuestos. Una tasa dirigida a recuperar el coste de la gestión que supondrá 0,2 euros por cada mil metros cúbicos, una vía que puede abrir la puerta a nuevos aumentos en el precio del agua. La segunda será de 300 euros por las presas y embalses.

También crea los Bancos Públicos del Agua, en los que se podrán realizar ofertas públicas de adquisición de derechos de usos del agua. La reforma garantiza a todos los españoles un mínimo de agua de 60 litros por habitante y día. Otra novedad son las demarcaciones mixtas, como la del Júcar, para coordinar la gestión de los ríos de competencia estatal y autonómica.

Se incorpora al dominio público el agua desalada, se crea un registro de presas y se establece la obligación de crear un Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables.

Situación del Júcar
La reforma remite su desarrollo a futuros decretos con lo que se introduce cierta ambigüedad sobre el futuro de la política hídrica en la que el Gobierno se reserva la última palabra.

Para el conseller de Infraestructuras, José Ramón García Antón, “la nueva legislación resta peso a la Generalitat en la gestión del Júcar”, con lo que cuestionó el supuesto aumento de las competencias autonómicas en el control de los ríos. Fuentes de la Generalitat explicaron que el documento lo recibieron el 15 de marzo, al igual que los regantes, con lo que no han tenido tiempo para su estudio.

Con la reforma, que el Consejo de Ministros aprobará en abril y entrará en vigor esta legislatura, según indicó ayer la titular de Medio Ambiente, Cristina Narbona, el Gobierno tiene en su mano establecer el caudal ecológico del Júcar, que decidirá la posibilidad de trasvasar y los usos del agua.

Castilla-La Mancha, gobernada por el PSOE, está continuamente incrementando el consumo del agua del Júcar para sus regadíos y se opone al trasvase al Vinalopó. Una política concertada con el Ejecutivo podría dañar los intereses de la Comunitat.

La Federación Nacional de Comunidades de Regantes (Fenacore) ha rechazado la implantación del nuevo impuesto sobre el agua que pretende establecer el Ministerio de Medio Ambiente y advierte que, de llevarse aefecto, será un nuevo atentado contra la competitividad agraria, precisamente en unos momentos muy delicados para la economía del sector rural, por la crisis de bajos precios y por la grave sequía.

Andrés del Campo, presidente de Fenacore, ha explicado que la nueva “tasa por prestación de servicios de gestión, registro, control e inspección de los usos del agua”, que incorpora el borrador de reforma de la Ley de Aguas, supondrá un coste anual de más de 30 millones de euros para el regadío español duran te el primer año, y considera que se trata de una nueva denominación, un “eufemismo”, para rescatar la “controvertida ecotasa’’ que ya pretendió implantar el Gobierno tiempo atrás.

Del Campo criticó la propuesta del Ministerio de Medio Ambiente de gravar a los regantes con un nuevo canon de 0,0002 euros por metro cúbico de agua consumido al año, cuando, en realidad, esta tasa ya está incluida dentro de los costes del organismo de cuenca. Asimismo lamentó la potestad que se arroga el Gobierno de modificar los precios del agua periódicamente en los Presupuestos Generales del Estado, por considerar que genera “inseguridad jurídica” para los usuarios y pérdida de competitividad para el regadío español, ya que la Administración podrá hacer oscilar “arbitrariamente” los precios en función de sus propios intereses y “afán recaudatorio”.

Además, el responsable de los regantes españoles señaló que el borrador de reforma de la Ley de Aguas carece de una evaluación económica que permita conocer los criterios económicos empleados para fijar esta tasa por prestación de servicios, así como los efectos en términos de coste/beneficio que su aplicación tendrá sobre el regadío. Andrés del Campo asegura que el gobierno está incumpliendo su compromiso de no aplicar un nuevo canon del agua o ‘ecotasa’ al menos hasta 2010, tal como establece la Directiva Marco de Aguas de la UE. Afirma que es ‘‘inoportuno’’ y que se incumple el principio de recuperación de costes.

La nueva de Ley de Aguas cederá a las Autonomías una parte del control de los ríos al reservarles un representante en los máximos órganos de dirección de las futuras demarcaciones hidrográficas, que el Estado controlará para jugar un papel «claro» de arbitraje en los conflictos interterritoriales.

Así lo manifestó el director general del Agua del Ministerio de Medio Ambiente, Jaime Palop, en una rueda de prensa en la que explicó el borrador de la nueva Ley de Aguas , que el Gobierno someterá mañana al debate de las Comunidades Autónomas en la Conferencia Sectorial, y que pretende ser «una herramienta para la sociedad del nuevo milenio».

La ley garantiza que «nadie en España padezca el no tener agua que le permita llevar una vida digna», por lo se establece un suministro de agua potable de calidad mínimo de 60 litros por habitante y día, dijo.

El borrador establece la creación del Comité de Autoridades Competentes, que es el órgano superior de dirección y cooperación de las demarcaciones hidrográficas, que es como se van a llamar las actuales Confederaciones Hidrográficas.

El Estado tendrá la mitad más uno del número total de sus miembros, mientras que las comunidades autónomas, cuyo territorio forme parte total o parcialmente de la demarcación hidrográfica, tendrán cada una un representante, pero su voto se ponderará, entre 0,10 y 1, en función de la superficie y la población, mediante una fórmula aun no desarrollada.

También las corporaciones locales tendrán un representante en esos comités.

En atención a las labores de gestión, registro, control e inspección de los usos del agua, tanto superficiales como subterráneas, desaladas o reutilizadas, se crea una tasa para recuperar el coste de la prestación de ese servicio, que oscilará desde los 0,2 euros por cada 1.000 metros cúbicos.

Palop explicó que así se dará respuesta a la situación actual por la que «estamos pagando todos los españoles vía impuestos y algunas personas estén obteniendo beneficios de un agua que es de todos».

Resolver el problema

La nueva ley pretende resolver el problema de la seguridad jurídica de las más de 1.300 grandes presas que hay en España, para lo cual se establece la obligación de registrar todas aquellas que tengan más de cinco metros de altura o una capacidad de más de 100.000 metros cúbicos, ya sean privadas o públicas. Otra de las novedades de la nueva Ley es el establecimiento de un Sistema Nacional de Cartografía de Zonas inundables, que realizarán las comunidades y los organismos de cuenca en un plazo previsiblemente de tres años.

Se creará una Conferencia Sectorial del Agua, que se complementará con un nuevo Consejo Nacional del Agua, distinto al actual, formado por asociaciones y organizaciones de defensa de intereses ambientales y representantes del mundo científico.

El borrador establece un Plan de Acción en materia de aguas subterráneas, de tal forma que se dará más competencias y más capacidad de actuación a las comunidades de usuarios.

Agregó que, además, existen 450.000 expedientes de aguas subterráneas, cuya tramitación supondrá un coste de entre 15 y 20 millones de euros.

El representante del Ministerio aseguró que en el borrador «no se hace ninguna referencia a obras hidráulicas concretas ni a trasvases concretos».

Por su parte, la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, aseguró que la nueva Ley de Aguas , que entrará en vigor en la presente legislatura, regulará los supuestos y condiciones bajo los que las comunidades autónomas gestionarán de forma «concreta» las cuencas de los ríos.

Narbona indicó que, para la aprobación de la citada Ley , el Consejo de Ministros dará su visto bueno el próximo mes y el Gobierno pedirá a las Cortes Generales una tramitación de urgencia para hacer posible que entre en vigor antes de que acabe la legislatura.

Asimismo, Narbona señaló que la nueva Ley de Aguas recogerá la configuración de demarcaciones mixtas para que la planificación de las cuencas hidrológicas integren a las «pequeñas cuencas» y «a las de mayor envergadura».

Satisfacción en la Región

Mientras, el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes Regionales, José Molina, consideró que el borrador de la nueva Ley de Aguas «abre el camino» a la posición y a los planteamientos de Castilla-La Mancha sobre la participación de las comunidades en los órganos de gestión y caducidad del trasvase.

Molina considera que se trata de un buen proyecto de ley porque la coparticipación de las comunidades autónomas en los órganos de gestión del agua evitará «los blindajes» de los ríos, tal y como ha defendido Castilla-La Mancha, señaló el portavoz del PSOE.

Entiende que la nueva Ley de Aguas permitirá tener en cuenta la posición de Castilla-La Mancha en aspectos medioambientales de los ríos, como el caudal.

También podrá intervenir a la hora de decidir sobre los usos y establecer las obras hidráulicas necesarias para ello y «todo ello -agregó- será decisivo a la hora de decidir sobre la caducidad del trasvase Tajo-Segura».

Entre las cuestiones que a su juicio hay que mejorar, el portavoz parlamentario socialista se refirió a los aspectos que regulan los bancos de agua para evitar que primen criterios económicos de que «quien más pueda pagarla más agua se pueda llevar», además ahormar la representación de las comunidades en las confederaciones.

Los embalses de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) se encuentran al 17,44 por ciento de su capacidad y almacenan 4,31 hectómetros cúbicos (hm3) de agua más que la semana anterior, ya que en total albergan 583,76 hectómetros cúbicos de los 3.346,6 de que disponen, según los datos facilitados hoy por este organismo.

Por sistemas, los embalses del Júcar se encuentran al 14,71 por ciento de su capacidad; los del Túria tienen un 28,47 por ciento de agua embalsada; en Alicante, el sistema de la Marina Baja/Serpis dispone del 48,46 por ciento de agua, mientras que en Castellón , el sistema Palancia/Mijares/Cenia se encuentra al 27,60 por ciento de su capacidad.

En el sistema de la Marina Baja, el embalse de Amadorio tiene un 44,15 por ciento de agua almacenada, mientras que el de Guadalest está al 68,89 por ciento. En el Serpis, el pantano de Beniarrés tiene el 41,16 por ciento de su capacidad cubierta. En el sistema Júcar-Turia, La Toba está en el 63,10 por ciento, el de Alarcón un 8,34 por ciento y el de Contreras en 5,04 por ciento.

En el complejo de Cortes, El Molinar está en un 19,30 por ciento de su capacidad, Cortes II en un 91,69 por ciento, La Muela en un 82,28 por ciento, y El Naranjero al 63,70 por ciento. En el Bajo Júcar, el de Tous-La Ribera se encuentra al 26,83 por ciento; Escalona al 4,39 por ciento; y Bellus, al 9,03 por ciento. En el sistema del Magro, el pantano de Forata está al 10,74 por ciento de su capacidad.

En el Túria, el embalse de El Arquillo de San Blas está al 44,57 por ciento, Benagéber al 31,12 por ciento, Loriguilla al 15,57 por ciento y Buseo al 30,91 por ciento. En el sistema del Palancia, el de Regajo se encuentra al 75,23 por ciento de su capacidad y el Algar, al 0,00 por ciento.

En el sistema de Mijares, el de Alcora tiene almacenado un 68,10 por ciento; Arenós un 29,97 por ciento; María Cristina un 6,86 por ciento y Sichar el 18,06 por ciento. En el Cenia, el de Ulldecona está al 41,51 por ciento de su capacidad, mientras que en otros sistemas, el embalse de Almansa está al 11,50 por ciento y el de Onda al 39,02 por ciento.

Con motivo de la celebración del Día Mundial del Agua.

En este marco tendrá lugar  una mesa redonda bajo el lema “Afrontando la escasez de agua” en la que participarán catedráticos, representantes de la Federación de Comunidades de  Regantes,  ecologistas, organizaciones agrarias y responsables de los Ministerios de Agricultura y Medio Ambiente.

20. Marzo ´07 – El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha organizado, con motivo de la celebración del Día Mundial del Agua, una Jornada sobre “El uso sostenible del agua en el sector agrario, situación actual y perspectivas de futuro”, que tendrá lugar en la sede del MAPA el próximo jueves, 22 de marzo.

En este marco se organizará una mesa bajo el lema “Afrontando la escasez de agua”, en la que participarán catedráticos de las Universidades de Madrid y Valladolid,  directivos de la Federación Nacional de Comunidades de Regantes, de SEO-Birdlife, de ASAJA y responsables de los Ministerios de Agricultura y de Medio Ambiente.

Mediante esta Jornada el MAPA potencia un debate para analizar la gestión del agua en el sector agrario, no solo desde una perspectiva meramente económica, sino también social y medioambiental, con objeto de encontrar respuestas a los retos que se plantean: la gestión sostenible de un recurso escaso, mediante la mejora de la eficiencia en su uso, favoreciendo a la par la calidad de las aguas.

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, se une así a la iniciativa de la FAO de promover, mediante la celebración de actividades concretas, la conciencia pública y el debate, en torno a la gestión sostenible, eficiente y equitativa de los recursos hídricos disponibles, y en particular de su uso en el sector agrario.

Ni vinculantes, ni determinantes. El Gobierno de la Nación seguirá manteniendo el control de los grandes ríos para decidir futuros trasvases. El Ejecutivo de Aragón y los partidos de aquella comunidad no podrán impedir que el Estado plantee futuras transferencias del Ebro a otras cuencas hidrográficas, en caso de que sea necesario. Los aragoneses no podrán vetar legalmente esta posibilidad, aunque de facto pongan todas las trabas imaginables. Aragón podrá emitir informes preceptivos ante cualquier nueva transferencia, pero no serán vinculantes. Tampoco podrán hacerlo Cataluña ni Andalucía; esta última en el caso del Guadalquivir.

La reforma del Estatuto de Autonomía de Aragón, aprobada el pasado jueves en el Congreso, deja la planificación última del Ebro en mano del Estado, con la participación de las comunidades. Las regiones ribereñas tendrán mayor participación que antes, pero no decisión sobre los trasvases y la planificación general. Otra cosa distinta es la voluntad política del momento de promover o arrinconar esta opción. También es cierto que el Estado tenía antes las manos más libres que ahora en la gestión de las cuencas intercomunitarias y en la política trasvasista.

La conclusión del Estatuto de Aragón es un nuevo aviso a las pretensiones de Castilla-La Mancha, que es la comunidad autónoma que más ha legislado sobre la política del agua en su nuevo texto estatutario con el propósito de controlar al máximo los ríos Tajo, Guadiana y Júcar, principalmente. La norma seguida en el Congreso de los Diputados con los cinco estatutos aprobados hasta ahora, de salvaguardar las competencias exclusivas del Estado sobre los ríos intercomunitarios, se aplicará igual en Castilla-La Mancha, aseguran desde el Ministerio de Medio Ambiente y el PSOE murciano.

De esta forma, se da por hecho que será eliminada del texto la alusión a la fecha de extinción del trasvase Tajo-Segura en el año 2015. Políticamente, el Gobierno central ya se ha pronunciado en diversas instancias sobre la continuidad del acueducto. Asimismo, podría corregirse gran parte de la redacción de la disposición transitoria que establece la necesidad de un informe «precepctivo y determinante» de la Junta de Comunidades sobre cualquier trasvase o intercambio de agua. Con el uso de la palabra «determinante», en lugar de «vinculante», se pretende evitar que ocurra lo mismo que en Cataluña, donde quedó eliminada esta prerrogativa del texto final.

En la oportunidad de esos informes se incluyen además las cesiones de derechos y los futuros bancos de agua, que rechaza abiertamente Castilla-La Mancha. En el último año y medio se ha autorizado el envío de casi 130 hectómetros cúbicos a la cuenca del Segura en cuatro operaciones -la última se estudia esta semana- para comprar derechos de agua a los regantes madrileños de Aranjuez y Estremera, por parte de los regantes murcianos y de la Mancomunidad de Canales del Taibilla.

Sustitución de caudales

Otra prerrogativa que entra de lleno en la esfera estatal es la «sustitución progresiva de los caudales» del Tajo-Segura por aguas desalinizadas, a lo cual aspira el pacto de Barreda (PSOE) y Cospedal (PP). El director general de Aguas de las Cuencas Mediterráneas (Acuamed), Adrián Baltanás, ha asegurado que no habrá canje de aguas desalinizadas por aguas del Tajo, sino que las primeras son un complemento al trasvase.

El cuarto punto más polémico es la fijacion de nuevos caudales ambientales y ecológico en el río Tajo, unido a las nuevas necesidades de agua de Castilla-La Mancha que deben ser recogidas en el Plan de Cuenca del Tajo que se está revisando y que debe ser aprobado en el año 2009. El nivel de participación de Castilla-La Mancha en los órganos decisorios y de gestión de la Confederación Hidrográfica del Tajo -y en la Comisión de Explotación del Acueducto Tajo-Segura, a la cual también aspira- no llegará al extremo de dominar este organismo, aunque sea a través de la nueva estructura de demarcaciones. El Estado se asegurará la mayoría y el control, según la nueva reforma de la ley de aguas.

Mínimo ecológico

El mayor peligro sobre los volúmenes excedentarios trasvasables al Segura se encuentra, técnicamente, en la fijación de nuevos caudales ecológicos del Tajo a su paso por Aranjuez, como principal punto de referencia en el curso alto de este río. Duplicarlo o aumentarlo en un 50 por ciento (ahora es de 6 metros cúbicos por segundo) implicaría una merma considerable de los excedentes almacenados en los embalses de Entrepeñas y Buendía. Ésta es una de las cuestiones por las cuales mostró mayor interés el Sindicato Central de Regantes del Tajo-Segura en su reunión con el presidente Rodríguez Zapatero.

De todas las reformas estatutarias referidas al control de los ríos, la de Castilla-La Mancha es la más amplia y ambiciosa. El texto ha entrado recientemente en el Congreso de los Diputados y muy probablemente no estará aprobado hasta después de verano. Las reivindicaciones castellano manchegas ocupan un capítulo entero de su Estatuto, con ocho artículos y una disposición transitoria dedicada exclusivamente a liquidar el trasvase Tajo-Segura.Las comunidades autónomas que la han precedido no han ido tan lejos. Cataluña, por ejemplo, sólo dedica explícitamente al agua un artículo con cinco apartados. Andalucía, por su parte, refleja un sólo artículo al agua y otro breve a la cuenca del Guadalquivir. Y Aragón, se centra en la coparticipación en los órganos de gestión, de acuerdo con la Constitución; así como en la reserva de 6.550 hectómetros cúbicos para uso exclusivo de su territorio.

Aportaciones del Ebro

Esta reserva ya venía recogida en el Pacto del Agua de Aragón de 1992, y fue asumida después por el Plan Hidrológico Nacional del PP. En este sentido, los caudales que podían ser trasvasados anualmente desde el Ebro ya tenían descontada esa reserva, apuntan en el Partido Popular. Esto quiere decir, a juicio del PP, que los 6.550 hectómetros no invalidan futuros trasvases, sobre todo teniendo en cuenta que las aportaciones del Ebro al Mediterráneo en su desembocadura oscilan entre los 10.000 y 15.000 hectómetros cúbicos en los últimos años.

El Gobierno central pretende abrir de par en par las puertas a un trasvase privado del Ebro en la reforma de la Ley de Aguas, cuyo borrador comienza hoy a estudiar la Comisión Permanente del Consejo Nacional del Agua. Fuentes del Ministerio de Medio Ambiente destacaron que el texto, hecho público ayer, no es definitivo y puede ser modificado.

El borrador propone mantener la actual regulación de los contratos de cesión de caudales, que permiten ceder derechos de uso del agua entre particulares, es decir, el arriendo del agua. Los organismo de cuenca solo pueden vetarlos mediante resoluciones motivadas.

El documento mantiene el precepto según el cual los contratantes de una cesión deben presentar a la Administración hidráulica, para su aprobación, un «documento técnico que defina adecuadamente» las «obras e instalaciones» necesarias para «la realización material de las cesiones acordadas». En el caso de una transferencia del Ebro a Levante, no lo sería, por la existencia del tramo del Canal Xerta-Calig hasta la localidad tarraconense de La Senia.

Y, paralelamente, elimina la prohibición de «usar infraestructuras que interconecten» distintas cuencas si las transferencias no están previstas en «el Plan Hidrológico Nacional o las leyes singulares reguladoras de cada trasvase». Si el borrador sale adelante, el uso de las «conexiones intercuencas» solo requerirá la «previa autorización» del Ministerio de Medio Ambiente.

El proyecto de reforma que impulsa la ministra Cristina Narbona prevé crear un armazón jurídico para trasvases de carácter público.

Por un lado, posibilita la unión de dos cuencas en una demarcación mixta como «ámbito de planificación y gestión coordinada de los recursos». Por otro, da al Consejo de Ministros la potestad de «acordar la constitución de bancos públicos de agua» y de «autorizar transferencias de pequeña cuantía dentro de los límites establecidos por el Plan Hidrológico Nacional», aunque una decisión de este tipo puede ser tomada también por el Ministerio de Medio Ambiente.

En cada territorio hidrográfico habrá un banco de agua, a través del cual la Demarcación podrá lanzar «ofertas públicas de adquisición de derechos»; es decir, ofertas para adquirir, total o parcialmente, las concesiones de agua de los usuarios. El borrador de la reforma indica que «los Comités de Autoridades Competentes de demarcaciones limítrofes podrán acordar la realización de transferencias de pequeña cuantía entre los ámbitos territoriales respectivos, determinando las condiciones en que podrán llevarse a cabo». Es decir, que las futuras confederaciones podrán rescatar concesiones de su cuenca para ponerlas a disposición de una vecina siempre que lo decida el Comité de Autoridades, en el que la Administración central se reserva «la mitad más uno del número legal de miembros».

El documento señala que las OPAs hídricas podrán tener como fin, además de las «operaciones de intercambio con otros bancos públicos de agua», ceder esos derechos a las autonomías y a «otros usuarios mediante el precio que el propio organismo oferte», constituir reservas para fines previstos en el plan de cuenca y lograr un «buen estado ecológico de las masas de agua».