El Plan del Gobierno para zanjar la guerra del agua ya tiene letra: el borrador de la Ley de Aguas con el que el Ministerio de Medio Ambiente quiere contentar a las comunidades autónomas y aplacar sus reivindicaciones sobre la gestión de los ríos. Para ello crea un consejo supremo en las confederaciones hidrográficas. El Gobierno controlará ese organismo -tendrá la mitad más uno de los votos- pero por primera vez desde que en 1926 se crearon las confederaciones, las autonomías tendrán voto. Su peso en ese organismo dependerá de la población que beba agua de esa cuenca. La norma crea una tasa por el consumo de agua, que podrá subir cada año, y amplía de cinco a diez metros la franja de protección de los ríos.

Participación de las autonomías, sí; pero bajo control del Gobierno. Ése es el concepto de la reforma de la Ley de Aguas que el Ministerio de Medio Ambiente ha enviado al Consejo Nacional del Agua para debatir el texto el miércoles, y que traspone la directiva marco del agua. El texto reorganiza las confederaciones hidrográficas, que pasan a llamarse demarcaciones, para dar entrada a autonomías y ayuntamientos. Para ello crea el consejo supremo o «comité de autoridades competentes» como «órgano de cooperación y dirección de las demarcaciones hidrográficas» que ocupan más de una comunidad. El presidente de la demarcación reportará a este organismo, que será el encargado de proponer al Gobierno los planes de cuenca y la delimitación del dominio público y demás «planificación, gestión y protección de las aguas».

Este comité se convierte así en el nuevo organismo clave en la gestión de los ríos que cruzan varias autonomías -las cuencas que sólo afectan a una comunidad ya están transferidas-. Y aunque el Ejecutivo quiere dar voz a las autonomías, mantendrá el control. El borrador de la ley establece que el Gobierno nombrará a la mitad más uno de los miembros, con lo que tendrá mayoría de voto.

Cada comunidad autónoma tendrá un representante, pero no todos sus votos valdrán lo mismo. «El voto se ponderará entre 0 y 1 en función de la superficie y población comprendida en el ámbito de la demarcación», señala el borrador. Es decir, Murcia tendrá un representante en la demarcación del Guadalquivir, pero su voto valdrá mucho menos que el del andaluz: sólo el 0,2% de la cuenca está en Murcia mientras que el 90,2% está en Andalucía. Lo mismo ocurre con cuencas como la del Ebro, que abarca a nueve comunidades autónomas. Los ayuntamientos tendrán un representante en ese comité.

Además, el Gobierno crea una conferencia sectorial del agua, una reunión permanente de todas las comunidades con el ministerio para abordar el tema. En realidad se trata de crear un órgano similar a la conferencia de medio ambiente, pero exclusivamente para el agua. Los usuarios, regantes y ecologistas, critican que el Gobierno les deja fuera de los órganos de gestión, ya que ahora pasan a estar en un organismo consultivo.

Con esta ley, el Gobierno pretende aplacar las reivindicaciones de las comunidades autónomas y adecuarlas a los nuevos estatutos. El presidente socialista de CastillaLa Mancha, José María Barreda, por ejemplo, siempre había pedido participar en la gestión de los ríos, pero no controlarlo. La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, explicó hace una semana que la reforma traerá «serenidad al debate» sobre el agua.

El Gobierno no puede dar más voto a las comunidades, ya que la Constitución afirma que es competencia exclusiva del Estado «la legislación, ordenación y concesión de recursos y aprovechamientos hidráulicos cuando las aguas discurran por más de una comunidad autónoma». El Estatuto de Andalucía otorga a la comunidad la gestión del Guadalquivir en su territorio y por eso lo ha recurrido Extremadura, y con muchas probabilidades de éxito.

Además del nuevo reparto de competencias, la norma incorpora novedades muy importantes y que serán polémicas, como la creación de una «tasa por prestación de servicios de gestión, registro, control e inspección de los usos del agua». Se trata de un nuevo canon que oscilará desde 0,2 euros por cada 1.000 metros cúbicos de agua para beber o para la producción de electricidad. En realidad es una cantidad mínima, ya que un regante pagaría de media 1,4 euros por hectárea al año y todos los usos urbanos apenas darán un millón de euros, pero el texto ya advierte de que «estos precios básicos podrán revisarse periódicamente en los Presupuestos Generales del Estado». Los usuarios temen que este artículo es una cuña para ir subiendo el precio del agua.

CONTAMINACIÓN: La norma duplica las sanciones

Además de las reformas competenciales, de gran interés para la bronca política, la reforma incorpora un tono ecologista que está presente desde el primer punto del texto. El objeto de la ley incluye como novedad que la norma debe «promover un uso sostenible del agua basado en la protección a largo plazo de los recursos hídricos disponibles». En muchos artículos hay coletillas que obligan a proteger el buen estado ecológico de los ríos y los acuíferos.

La norma duplica las sanciones por vertidos y por extracciones ilegales. Las más leves pasan de 6.000 euros a 300.000; las graves de 300.000 a un millón y las muy graves, de un millón a dos millones de euros. Además, extiende de cinco a diez metros la franja de dominio público y de protección de los ríos.

ABASTECIMIENTO: 60 litros diarios por habitante al día

La ley crea una «garantía del derecho de los ciudadanos al margen de su capacidad económica al suministro de agua potable de cantidad y calidad adecuadas» de como mínimo 60 litros por habitante y día. En realidad, el efecto práctico es mínimo -en España todo el mundo tiene garantizados los 60 litros- pero Ecologistas en Acción (autor de la propuesta) afirma que puede servir de modelo para otros países.

Además, el agua desalada tendrá carácter público, como la de un río o un acuífero. Hasta ahora, comunidades como Murcia planeaban sus desaladoras al margen del Gobierno central. La ley afirma que «las obras de desalación que sean competencia de las comunidades autónomas» precisarán el visto bueno del Gobierno.

PRESAS Y EMBALSES: Registro de seguridad en los pantanos

El texto crea todo un nuevo capítulo (12 artículos nuevos) a la seguridad de presas y embalses. Obliga a registrar todas las presas y balsas de más de cinco metros de altura -muchas son privadas y están fuera de control- y crea una Agencia Estatal de seguridad de Presas, y que todos los embalses tengan un plan de seguridad.

Otro punto importante es el referido a las aguas subterráneas. En España existen 500.000 pozos, muchos de ellos sin control y que han llegado a secar un parque nacional como el de las Tablas de Daimiel. La norma obliga a clausurar «los pozos abandonados o en desuso», cambia el sistema de concesiones para

Tal y como pedía el presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, el Gobierno de Zapatero ha decidido satisfacer las viejas demandas de las comunidades y les concederá parte del control de la gestión de los ríos.

Para ello, se creará un consejo supremo o «comité de autoridades competentes» que será el órgano de «cooperación y dirección de las demarcaciones hidrográficas» que ocupan más de una comunidad, como explica EL PAÍS en una información publicada este domingo.

Así, el presidente de la demarcación informará al citado organismo, que a su vez será el encargado de proponer al Gobierno de la Nación los planes de la cuenca y la delimitación del dominio público y demás «planificación, gestión y protección de las aguas».

Representantes y votos

Este «comité de autoridades competentes» se convierte en un organismo clave en la futura gestión de los ríos que cruzan varias regiones. Sin embargo, el Gobierno sigue manteniendo el control. Pues, además, el borrador de la Ley de Aguas fija que el Ejecutivo nombrará a la mitad más uno de los miembros de este órgano, con lo que se garantiza una mayoría de votos.

Cada una de las comunidades autónomas tendrá un representante en este comité, si bien no todos los votos se valorarán de la misma manera. Así, el voto se ponderará entre 0 y 1 según la superficie y población comprendida en el ámbito de la demarcación, según se contempla en el borrador de la ley que prepara el Ministerio de Cristina Narbona. Los ayuntamientos también tendrán un miembro en ese organismo.

Asimismo, el Gobierno constituye una conferencia sectorial del agua muy similar a la que ya existe de medio ambiente.

Con esta ley, el Ejecutivo busca poner calma a la «guerra del agua» y satisfacer las viejas reivindicaciones que en esta materia han venido defendiendo algunas comunidades como Castilla-La Mancha. Y es que el presidente Barreda ha reiterado en multitud de ocasiones la necesidad de participar en la gestión de los ríos, aunque sin controlarlos.

Novedades polémicas

Además del reparto de competencias, que no puede ser mayor pues, como establece nuestra Constitución, esta es una materia competencia exclusiva del Estado, el borrador de la ley incorpora novedades significativas y que serán objeto de la polémica.

Es el caso de la creación de una «tasa por prestación de servicios de gestión, registro, control e inspección de los usos del agua».

Se trata, como recoge la información de EL PAIS, de un nuevo impuesto que oscilará desde 0,2 euros por cada 1.000 metros cúbicos de agua para beber o para la producción de electricidad.

Aunque se trata de una cantidad pequeña, en el texto se incluye la advertencia de que podrá experimentar incrementos periódicos.

El Ministerio de Medio Ambiente ha redactado un nuevo texto de la Ley de Aguas, que llevará al Consejo Nacional del Agua del próximo miércoles, con el que pretende apaciguar la guerra del agua que enfrenta a las autonomías. Una de las principales novedades será la participación de las comunidades y los ayuntamientos en las confederaciones hidrográficas (ahora controladas sólo por el ministerio) que pasarán a denominarse demarcaciones, según publicó ayer El País .

También se creará un consejo supremo de las confederaciones hidrográficas donde el Ministerio de Medio Ambiente se reserva el 51% de los votos (mediante el nombramiento de la mitad más uno de sus miembros) y el 49% restante lo cede a las autonomías y a los ayuntamientos que participarán por primera vez en las decisiones de las confederaciones desde que se crearon por primera vez en 1926. En este consejo supremo hídrico cada comunidad autónoma tendrá un representante, pero sus votos se ponderarán en función de la superficie y la población. Una novedad que permitirá a la Comunitat Valenciana tener mayor voz en las decisiones que se adopten sobre el río Júcar, al contar con mayor población que Castilla-La Mancha, según reconoció ayer,Francesc Signes, responsable de Medio Ambiente, Agua y Agricultura del PSPV. Signes califica de muy positiva «la oportunidad que tiene la Comunitat Valenciana de apuntalar su presencia en el nuevo órgano gestor de las demarcaciones hidrográficas» y confió en que la reforma de la Ley de Aguas «tapone las guerras del agua que plantea contínuamente el Partido Popular» , aunque se mostró convencido de que «el PP y Francisco Camps abrirán otras nuevas, porque el agua es para ellos un arma electoral y no un problema a resolver» . De hecho, tal como adelantó Levante-EMV , la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha pretende proponer que se desgaje la Albufera de Valencia y su área metropolitana (más todos los habitantes que viven en ella) de la demarcación del Júcar y se considere del Turia. La autonomía vecina tendría así una mayor población y superficie similar a la de la C. Valenciana y, por lo tanto, similar representación en los órganos de la futura demarcación hidrográfica del Júcar. A este respecto, el nuevo texto legal Ley de Aguas «supera estos rumores -según Signes- porque el Gobierno tendrá el control de las demarcaciones hidrográficas que, tras muchos años, por fin se adaptan al modelo autonómico surgido con la democracia» .

La vieja política del agua

El presidente de Aragón, el socialista Marcelino Iglesias, afirmó hoy que «mientras Rajoy y el PP nacional, que son los que mandan en ese partido, sigan defendiendo la vieja política del agua, aquí no habrá desaparecido la amenaza del trasvase» del Ebro y «el PP de aquí seguirá inhabilitado para gobernar en Aragón» . Según Iglesias, «ningún aragonés va a volver atrás, ni quiere volver a manifestarse por esto, ni va a aceptar nunca un presidente de gobierno que no defienda nuestros recursos y sus posibilidades de futuro» . Iglesias, que presentó ayer las candidaturas socialistas aragonesas en presencia de José Luis Rodríguez Zapatero, recordó que la derogación del trasvase del Ebro fue la segunda decisión del Gobierno tras ganar las elecciones en marzo de 2004, por lo que «cumplió su compromiso de resolver el problema del agua en Aragón y también de resolverlo en Levante porque no sólo fue una decisión para Aragón sino para todos, para resolver el problema del agua en España» .

La primera oferta pública de adquisición (OPA) de derechos de agua que una Administración ha presentado en España ha sido un fracaso. La Confederación del Júcar ofrecía entre 0,13 y 0,19 euros por cada metro cúbico de agua que ahorren los regantes del acuífero de La Mancha oriental en Albacete. Sólo han aceptado la mitad. Como no se ha cubierto el ahorro de agua previsto con esta iniciativa encaminada a evitar que el río se seque, la Confederación decidió imponer restricciones sin retribución. Pero al final se ha plegado a las peticiones de los regantes y amplía el plazo de aceptación de la OPA.

«Estado de emergencia», señalan los indicadores de sequía de la cuenca del Júcar. El actual año hidrológico iniciado el pasado octubre (en coincidencia con el ciclo agrícola) atraviesa la segunda peor sequía de la historia de la cuenca después de la temporada 2004-2005.

Es el tercer año consecutivo con precipitaciones muy inferiores a los valores normales. Las reservas de agua embalsada sólo alcanzan a sumar 232 hectómetros cúbicos brutos (sobre 3.346 de capacidad total), menos de la mitad de la media de los últimos cinco años. Ante la gravedad de la situación, crítica para una cuenca habituada al uso intensivo de agua en su parte baja, la Confederación Hidrográfica propuso para la campaña actual una reducción del 40% en el consumo y la implantación de un paquete de medidas de ahorro para evitar que el río acabe seco.

Entre estas medidas y por primera vez en la historia (otro intento puesto en marcha por el PP para el alto Guadiana no prosperó), se lanzó a finales de diciembre pasado una oferta pública de adquisición (OPA) de derechos de agua con el objetivo de ahorrar 61 hectómetros cúbicos. La OPA se dirigía en concreto a los regantes de aguas superficiales o subterráneas situadas en una franja de 10 kilómetros de ancho en cada una de las márgenes del río Júcar, en un tramo comprendido entre los embalses de Alarcón y el Molinar y el acuífero del Mioceno, que vierte sus aguas al río a su paso por Albacete.

La Confederación valoró el precio total de la OPA en 12 millones de euros, equivalente al lucro cesante de los regantes que acudieran a ella. Esta cantidad se distribuía en una horquilla comprendida entre los 0,1957 euros el metro cúbico de agua no consumida y 0,13 euros en el segmento más caro.

Cuando el pasado 16 de febrero se abrieron los sobres para conocer cuántos y quiénes aceptaban la cesión de derechos de agua, un silencio sepulcral se adueñó del ambiente en la delegación de la Confederación del Júcar en Albacete.

A pesar de que la OPA se había negociado de manera transparente y consensuada con los regantes, a la hora de la verdad el agua que estaban dispuestos a ahorrar sumaba sólo 38,1 hectómetros cúbicos, la mitad de lo que se perseguía: 26,8 corresponden a la OPA en sí y 11,3 al ahorro que adicional, voluntaria y gratuitamente se habían comprometido a ahorrar los agricultores opados. Al no cubrirse la oferta de adquisición de derechos de agua, los regantes tendrían que ahorrar forzosamente otros 20 hectómetros cúbicos adicionales sin ninguna compensación, según decidió la Comisión de Sequías del Júcar. Días después dio marcha atrás para abrir un nuevo plazo de aceptación de ofertas que expira el próximo día 23.

La Confederación del Júcar y los propios regantes desean a toda costa levantar la sensación de fracaso que ha cundido entre la propia gestora de la cuenca, regantes y agentes económicos, sociales y académicos de la zona. Un territorio de 28.000 hectáreas incorporado al regadío con agua subterránea apenas veinte años atrás con el impulso estatal, a través del Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario (IRYDA).

Cuarenta y cinco variedades

La zona opada comprende el municipio conquense de Casas de Benítez y otras 16 poblaciones de la provincia de Albacete, entre ellas, Madrigueras, Tarazona de la Mancha, La Roda, Villagordo del Júcar, La Gineta, Casas de Juan Núñez y la propia capital manchega. Se trata de una comarca paradigma de la geografía manchega que ha elevado su renta en los últimos años gracias a la incorporación del regadío por aspersión, del que dependen alrededor de 6.000 agricultores o unidades agrarias agrupados en la Junta de Comunidades de Regantes, constituida en 1995, una de las pocas que administra aguas subterráneas.

El consumo de agua por aspersión es reducido, si se compara con el sistema por inundación que se practica tradicionalmente en la cuenca baja del río en tierras de la Comunidad Valenciana. Las dotaciones medias aquí son de 4.500 metros cúbicos por hectárea frente a los 18.000 y hasta 20.000 de la plana valenciana.

El regadío permite sembrar aquí más de 45 variedades de cultivos diferentes como cebollas, ajos, trigo de alta calidad para panificación, cebada para maltería, alfalfa o adormidera, un cultivo trasladado a La Mancha desde Andalucía a partir de la gran sequía que azotó al Guadalquivir en los años noventa.

El presidente de la Confederación del Júcar, Juan José Moragues, admite que si no se han cumplido las expectativas de la primara fase de la OPA es por la recuperación de los precios del maíz y los cereales y la esperanza entre los agricultores de que cambiaría la situación meteorológica. Pero no se siente derrotado. Se congratula de que por primera vez se haya creado una relación «fiable» entre la Administración y los regantes y se hayan despejado las dudas sobre el cumplimiento de compromisos adquiridos. «Se ha roto la tradicional desconfianza del agricultor con la Administración».

Éxito agridulce

José Pérez Cuenca, presidente provincial del sindicato Asaja en Albacete, cree que la Confederación «tenía que haber ofrecido más dinero». Y aunque en un principio los agricultores se mostraron de acuerdo, dice que el escenario cambió porque «quizá algunos no se lo creyeron o la información no fue lo suficientemente explícita para que entendieran que iba en serio».

Los regantes coinciden en esa misma apreciación. El presidente de la junta Central de Regantes de La Mancha oriental, Agustín González, cree que la OPA ha tenido un «éxito agridulce» por culpa del bajo precio ofrecido. «Su no aceptación demuestra que los cultivos de La Mancha son rentables, aunque no estén subvencionados y que el agricultor prefiere trabajar la tierra a cobrar un dinero por quedarse de brazos cruzados».

La meteorología no ha cambiado desde que se lanzó la OPA. No ha llovido lo que se esperaba. La prórroga de una semana más del plazo de aceptación parece ser el último cartucho de la Confederación por ganar a los reticentes.

Evitar una nueva guerra del agua entre La Mancha y la Comunidad Valenciana

Tras el fracaso de la OPA, la Junta de Castilla-La Mancha votó en la Comisión de Sequía del Júcar en contra de que la Confederación Hidrográfica impusiera restricciones forzosas y gratuitas a los regantes manchegos. Pero el peso de los administradores de la cuenca y la abstención de los regantes tradicionales valencianos inclinó la balanza hacia la imposición, una decisión que en el fondo todos repudian y pretenden evitar, porque daría paso a una reedición de la guerra del agua entre manchegos y valencianos. Por eso se ha abierto un nuevo plazo para agotar los 12 millones incluidos en la oferta de adquisición temporal (sólo esta campaña) de derechos de agua.

El presidente de los regantes manchegos Agustín González subraya que a pesar de todos los obstáculos es la primera vez que los agricultores y una Administración se ponen de acuerdo para dejar de usar agua por una causa medioambiental: «Siempre hemos entendido que las masas de agua tienen que estar en el mejor estado posible. No tenemos derecho a hipotecar el futuro y les pedimos a nuestros vecinos de Levante que hagan lo mismo. Sabemos que en la región valenciana tenían que haber modernizado sus tradicionales sistemas de riego», afirma, tras resaltar que sus asociados ya se habían comprometido en noviembre pasado a reducir voluntariamente un 20% del consumo.

Para los expertos, el asunto tiene otro enfoque. Alfonso Calera, director de Teledetección de la Universidad de Castilla-La Mancha califica de «ejemplar y sin precedentes» la autorregulación de los regantes. Su equipo tiene firmado un convenio con ellos para vigilar por satélite el control de regadíos y augura una campaña difícil para quienes dejen de regar. Pero también para otros sectores inducidos como los transportistas y los comerciantes de semillas y fertilizantes. Cree que la OPA ha llegado con retraso para quienes tenían ya firmados contratos de campaña. Y considera que la aplicación de «medidas desproporcionadas, tardías o no pactadas, como la imposición de un ahorro adicional del 20% por el fracaso de la OPA» tiene el riesgo de generar situaciones de insumisión, que «pondrían en peligro muchos años de control y autorregulación del acuífero de La Mancha oriental».

El presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Juan José Moragues, dijo hoy que el desarrollo del año hidrológico confirma que «nos encontramos en una sequía atroz», debido a que los tres últimos años hidrológicos van a ser los más secos que ha tenido el río Júcar.

Moragues, que asistió al inicio de las obras de acondicionamiento del Júcar a su paso por Cuenca, indicó que, mientras que las aportaciones medias del río se sitúan en el entorno de 1.000 hectómetros cúbicos anuales, hace tres años sólo fueron de 300 hectómetros cúbicos y el pasado año hidrológico descendieron hasta 280 hectómetros cúbicos.

En el actual año hidrológico «vamos camino de mantenernos en esas cifras, por debajo de 300 hectómetros cúbicos», señaló Moragues, que añadió que «tenemos los tres años históricos más secos del río Júcar, y además consecutivos».

En este sentido, dijo que las precipitaciones que se registraron en las semanas pasadas no han sido suficientes para aliviar la situación de la cuenca hidrográfica.

No obstante, destacó que se han garantizado ya los abastecimientos a las poblaciones, los suministros industriales y los posibles usos turísticos y que se han preparado una serie de medidas medioambientales «para evitar que el río sufra más allá de lo necesario».

Planes de sequía

Por otro lado, Moragues dijo que entiende que los representantes de Castilla-La Mancha en el Consejo del Agua hayan votado en contra del plan de sequía y lamentó que los de la Comunidad Valencia no hayan explicado su abstención.

Moragues, que asistió al inicio de las obras de acondicionamiento del Júcar a su paso por Cuenca, afirmó que comprende «perfectamente» el voto contrario al Plan Especial de Alerta y Eventual Sequía que emitieron los representantes de Castilla-La Mancha durante el debate de este documento que se produjo el pasado miércoles en el Consejo del Agua de la Cuenca del Júcar.

Según el presidente de la CHJ, los representantes de Castilla-La Mancha «razonaron el por qué hacían ese voto contrario, concretamente por el ámbito territorial de actuación del plan especial».

Por su parte, la consejera de Obras Públicas de Castilla-La Mancha, María Encina Alvarez dijo que el voto de los representantes de la región en el Consejo del Agua se asienta en una sentencia del Tribunal Supremo (TS) de 2004, que avala las tesis de Castilla-La Mancha de que no se puede gestionar y planificar conjuntamente la cuenca del Júcar con las cuencas internas de Valencia.

La reforma de la Ley de Aguas crea los bancos públicos de agua, que desde hace años reclaman los expertos. El borrador del texto anuncia que cada cuenca tendrá un banco para que la Administración realice «ofertas públicas de adquisición de derechos de agua» que sirvan para mantener el caudal de los ríos, «cederlos a las comunidades autónomas para fines concretos de interés autonómico», o venderlos a otros usuarios.

Estos bancos sirven para dar racionalidad económica a la gestión del agua. Actualmente, hay fincas con concesión de agua desde hace décadas y no siempre la usan o no va dirigida a los cultivos más rentables. Con este banco, la confederación les compraría el derecho a bajo precio y ofertaría el agua a aquellos que paguen más.

Otra de las finalidades de estos bancos es «la realización de operaciones de intercambio con otros bancos públicos de agua», es decir, trasvases a otra cuenca. Aunque el PSOE ha votado en el Congreso en contra de una moción del PP favorable a los trasvases, la realidad es que hay trasvases del Tajo al Segura, del Guadalquivir a Almería, y que el Gobierno construye actualmente un trasvase del Júcar al Vinalopó y otro del Tajo al Guadiana. Estas infraestructuras permiten el intercambio de agua.

Obras en Tarragona

El borrador de la ley establece que el comité de autoridades -en el que estará el Gobierno y las comunidades- de cuencas limítrofes «podrán acordar la realización de transferencias de pequeña cuantía», mientras que al Gobierno le corresponderá autorizar los trasvases más grandes. Así se agiliza el envió de agua y el intercambio entre cuencas. En 2005, los regantes de Murcia compraron por primera vez agua a los de Madrid; y los de Almería a los arroceros del Guadalquivir, pero la compraventa requirió un cambio legal mediante decreto ley.

Una disposición adicional del texto crea nuevas inversiones en el delta del Ebro. El texto remite a una ley de 1981 que garantizaba 120 hectómetros cúbicos de agua para el abastecimiento en la provincia de Tarragona (que equivale al 12% del derogado trasvase del Ebro). Esta inversión se producirá «una vez finalizado el plan de obras de mejora de infraestructura hidráulica del delta del Ebro». La inclusión de obras en Tarragona -el texto sólo hace mención a la desalación en Canarias- seguro que levantará una lluvia de críticas en Murcia y Valencia. El Ejecutivo, tras derogar el trasvase, sigue ampliando regadíos en la cuenca. Los ecologistas y la Fundación Nueva Cultura del Agua critican que estos usos tendrán tanto impacto sobre el delta del Ebro como el trasvase.

La Mancha Oriental exige que se modifiquen los órganos de gobierno y el ámbito territorial para que se cumpla la Sentencia del Júcar

Por enésima vez la Junta Central de Regantes de la Mancha Oriental (JCRMO) ha denunciado la vulneración de los derechos de Castilla-La Mancha y de la ley en la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ). Hartos de esta situación desde la Junta Central de Regantes han decidido trasladar su queja al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, para que a su vez la traslade al Consejo de Ministros.

Así, el presidente de la JCRMO, Agustín González, ha remitido una carta a Zapatero en la que solicita el inmediato traspaso de las funciones y servicios correspondientes a las competencias de las cuencas hidrográficas intracomunitarias de la Comunidad Valenciana «que actualmente se encuentran incluidas en el ámbito territorial del organismo de cuenca, es decir la Confederación Hidrográfica del Júcar».

Demarcación

En el mismo escrito los regantes de la Mancha Oriental también exigen al responsable del Ejecutivo español la «inmediata modificación del ámbito territorial de la Confederación Hidrográfica del Júcar, para adaptarlo al definido como Demarcación Hidrográfica del Júcar» así como a lo dispuesto en la Sentencia delSupremo de octubre del 2006.

El último punto del escrito de la JCRMO se refiere a la participación de Castilla-La Mancha en la Confederación del Júcar. En este sentido, González recordó que el 70% del curso del río discurre por la comunidad castellano-manchega.

Así en la misiva los regantes de La Mancha Oriental piden «la inmediata modificación de los órganos de gobierno, planificación y gestión de la Confederación Hidrográfica del Júcar, para adaptarlo al nuevo ámbito de la Demarcación Hidrográfica del Júcar, con la representación que en este caso le corresponde a Castilla-La Mancha en dereco, y a lo dispuesto en la Sentencia del Júcar».

González manifestó que el envío de esta carta a Zapatero se produjo tras la reciente aprobación en el Consejo del Agua del Plan Especial de Sequía del Júcar ya que este texto no se adecua ni a la Demarcación del Júcar ni a lo establecido en la Sentencia del Supremo.

Por su parte, la Junta de Comunidades ha informado desfavorablemente tanto sobre el Plan de Sequía del Júcar como sobre el del Tajo y el del Segura.

El director general de Regadíos y Desarrollo Rural asegura que «existe una obsesión enfermiza con la Región, frente a otras comunidades como Cataluña o Andalucía de las que no se hacen informes».

Bernal pide a los responsables socialistas de la Confederación Hidrográfica del Segura que «defiendan los intereses de los murcianos» y desmienta «punto por punto» el informe de una organización ecologista.

16. Marzo ´07 – El director general de Regadíos y Desarrollo Rural, Julio Bernal, alertó ayer de «una nueva campaña de desprestigio sobre el uso y gestión del agua en la Región de Murcia». En este sentido, Bernal advierte de que esta actuación «supone una estrategia que surge con la única finalidad de mancillar la imagen de una región que se sitúa a la cabeza de España en los diferentes parámetros de gestión de los recursos hídricos». «Venimos asistiendo desde hace ya mucho tiempo a campañas que pretenden desprestigiar la imagen de la Región en el uso del agua, mientras que los murcianos reutilizamos las aguas depuradas, modernizamos nuestros regadíos y aprovechamos de manera sostenible nuestros acuíferos», explicó.

A este respecto, Bernal añadió que estas informaciones se difunden además “con una fijación enfermiza en la Región, frente a otras comunidades de las que no se dice nada, como Cataluña o Andalucía. También es significativo que el informe se centre sólo en municipios del interior como Caravaca de la Cruz y Cehegín, y no se menciona nada de municipios socialistas como Lorca o Jumilla”, señaló.

 Se trata por tanto, según apunta el director general, de una campaña “impulsada desde la trastienda de un partido que no duda en perjudicar la imagen regional para convertirla en un puñado de votos”.

Así mismo, Bernal pidió a los responsables socialistas de la Confederación Hidrográfica del Segura que “defiendan los intereses de los murcianos”, ya que este órgano dependiente del Ministerio del Ministerio de Medio Ambiente “es el único que tiene las competencias directas para defender y garantizar este uso adecuado de los recursos hídricos”, y desmienta “punto por punto” el informe de una organización ecologista hecho público hoy.

Julio Bernal remarcó que es el Estado “el responsable máximo de esta situación”. “Suponiendo el caso de que hubiese algún tipo de regadío ilegal, y no entiendo que sea así, sino que se trate de regadíos donde se haga una mala aplicación del agua, quien tiene las competencias para perseguirlo son las confederaciones hidrográficas, que dependen del Ministerio de Medio Ambiente, y por tanto del Estado”, señaló.

Julio Bernal recordó que la publicación de informes similares ha llevado a los principales agentes sociales y económicos de la Región a expresar en varias ocasiones su rechazo, al considerar que estos estudios presentan una imagen completamente distorsionada, con el consiguiente perjuicio para sectores fundamentales para la economía regional como la agricultura o el turismo. Precisamente, estos agentes han resaltado la necesidad de aunar esfuerzos, dentro y fuera de la Región, para la cooperación en una campaña de concienciación social sobre la necesidad de agua en la cuenca del Segura.

Para el director general, este tipo de acciones de desprestigio se repetirán en un futuro próximo. De hecho, vaticina que la misma estrategia que se utilizó en su momento para desacreditar el proyecto del trasvase del Ebro, volverá a reproducirse con respecto a la continuidad del Tajo-Segura. “Todo esto no deja de ser una campaña orquestada, porque dio sus frutos en su momento con la defunción de aquel trasvase y como ahora la campaña del Gobierno socialista es ir eliminando los aportes del Tajo-Segura, vuelven a la carga con el mismo argumento y con la misma cantinela”, añadió.

Bernal se pregunta por los intereses que existen detrás de un informe en el que se incide de nuevo en la idea de que en la Región se llevan a cabo supuestos robos de agua o se explotan pozos de manera ilegal. Se pregunta además si estos intereses tienen relación con los motivos que llevaron al fiscal de Medio Ambiente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid a denunciar robos de agua en Murcia; una acusación en la que los hechos han demostrado que resultó ser infundada.

Bernal subraya que “este análisis parcial sobre la utilización del agua en Murcia, surge desde una perspectiva sesgada, al centrar todas sus críticas exclusivamente en una región, y sin tomar en consideración los datos relativos a la gestión eficiente del agua, en especial en cuanto a reutilización, depuración y modernización de regadíos”.

Julio Bernal subrayó que “estos son estudios que realizan organizaciones que reciben cuantiosas subvenciones del Ministerio y que están al albur de lo que éste les demanda. En este momento, por parte de varios departamentos del Ministerio se sostiene la idea de que hay que demostrar que el agua no se debe utilizar en Murcia, que no hacen falta para los regadíos y que no son necesarias más aportaciones por que tenemos suficiente”.

“Sin embargo, nuestras pruebas son concluyentes, en esta Región sigue existiendo un déficit estructural reconocido por parte de todos los departamentos y estudios técnicos del Estado, lo ponga el Ministerio de Medio Ambiente como lo quiera poner y nosotros no tenemos otra cosa que tratar de hacer los deberes que nos corresponden”, apostilló.

El director general de Modernización de Regadíos aseguró que “ante la escasez de agua que afecta a la Región de Murcia, y la ausencia de soluciones por parte del Gobierno central -que es el que cuenta con las competencias y tiene la obligación de posibilitar el acceso igualitario y justo al agua de todas las comunidades-, el Ejecutivo murciano entiende como una prioridad el desarrollo de los sistemas que permitan aprovechar al máximo este preciado recurso.

“Por ello, un total de 46 depuradoras están ya en servicio, en construcción o en trámites de licitación, con una capacidad de 500.000 m3/día en la Región. Además, se han invertido más de 500 millones de euros en infraestructuras de depuración y sistemas colectores, con ayudas de fondos europeos, lo que permite que el 99% de la población de núcleos urbanos esté conectado a red de saneamiento”, detalló.

Por último, el director general indicó que “frente a los estudios que señalan a Murcia como una comunidad donde se despilfarra el agua, se encuentra el hecho de que la Región reutiliza 110,5 hectómetros cúbicos al año, una cifra que representa el 25% del total de agua de España, siendo la media nacional del 3%.  Y en lo relativo a la modernización de regadíos, el 85 por ciento de los cultivos han incorporado técnicas de modernización y nuevas tecnologías, frente al 12 ó 15% de la media nacional”.

Según informó hoy el gobierno regional en una nota de prensa, en el caso del Júcar se ha informado de modo desfavorable por incluir las cuencas que discurren íntegramente por la Comunidad Valenciana, aspecto que elude el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo de 20 de octubre de 2004.

Además, la Junta de Castilla-La Mancha ha considerado que aspectos relativos a las normas de explotación del sistema del Júcar o la necesidad de regulación de transferencias entre cuencas dentro de la misma Confederación no han sido adecuadamente tenidos en cuenta.

Según el Ejecutivo autonómico, los usuarios de Castilla-La Mancha presentes en el Consejo del Agua de la Confederación Hidrográfica también manifestaron su disconformidad y el plan fue informado favorablemente por menos del 60 por ciento de los presentes en la reunión.

En el caso de la cuenca del Segura, la Junta de Castilla-La Mancha ha informado desfavorablemente por la inclusión de las cuencas internas que ‘discurren únicamente por una comunidad autónoma, principalmente de la Región de Murcia, asumiendo mediante este plan competencias propias de las comunidades autónomas afectadas’.

El gobierno regional también reclamó un mayor control de los usos del agua y la distinción entre usos esenciales y no esenciales, además de abordar la sustitución del trasvase Tajo-Segura con alternativas como las desalinizadoras.

Asimismo, la Junta de Castilla-La Mancha informó desfavorablemente la propuesta de plan de sequía del Tajo, ya que considera que ‘el trasvase debe desaparecer de cualquier plan o consideración que se realice sobre esta cuenca’.

También reclamó en el Consejo del Agua del Tajo el reconocimiento de las necesidades ambientales y que se aseguren unos caudales ecológicos adecuados, ‘que en estos momentos no existen o en condiciones de sequía se incumplen’.

MURCIA. La denuncia realizada ayer en Murcia por la organización Greenpeace, de que la cuenca del Segura no es deficitaria y de que malgasta más de 800 hectómetros en regadíos ilegales y usos indebidos, fue contestada por la Confederación Hidrográfica, que ha desacreditado los datos de esta organización por falta de rigor. «Lamento que Greenpeace se obstine en manejar datos sin actualizar. No se corresponden con la realidad», manifestó el presidente del organismo de cuenca, José Salvador Fuentes Zorita. El responsable de aguas de esta organización ecologista, Julio Barea, presentó el informe llamado «El negocio del agua en la Cuenca del Segura», que considera basado en datos oficiales y según el cual sobrarían 308 hectómetros al año si se hiciera un consumo responsable. Esos volúmenes servirían para dotar a los ríos de caudal ecológico y para recuperar los acuíferos.

Como hiciera Adena el año pasado, también con datos sin actualizar, Greenpeace pone el Segura como ejemplo de la mala gestión del agua y parte de la base de que hay 812 hectómetros mal utilizados, de los que 632 corresponden a 65.500 hectáreas de regadíos ilegales de los últimos 10 años, al margen de otros anteriores. Considera asimismo que los recuros renovables disponibles son de 1.360 hectómetros, incluyendo el máximo total trasvasable del Tajo de 600 hectómetros cúbicos, lo cual no se corresponde con la realidad. Barea apunta que los datos están sacados del Plan de Cuenca del Segura, aprobado hace 10 años, pero no coinciden con las cifras oficiales del organismo de cuenca, según las cuales el déficit estructural es de 460 hectómetros, frente al supuesto superávit de 308. En este sentido, el informe da por buenos unos datos del Plan de Cuenca del Segura, pero rechaza otros.

Asimismo, los datos de Greenpeace se quedan cortos con los aportados justo en marzo del año pasado por Adena, según los cuales había 100.000 hectáreas ilegales de regadíos.Julio Barea indicó que en la cuenca del Segura hay unas 253.000 hectáreas de regadíos reconocidas, pero no supo indicar si las 65.000 hectáreas supuestamente ilegales estaban dentro o fuera de este cómputo.

«Canjes ilegales»

Barea señaló que el Segura es el río europeo con más presas por kilómetro, lo que hace que el exceso de infraestructuras sea ineficaz y destructivo para los sistemas fluviales. Como «principales responsables de los problemas de la cuenca» apunta a «la proliferación de regadíos ilegales y al sector turístico. Denuncia asimismo que la Administración «está permitiendo el robo de agua y el canje de caudales». La organización ecologista cree también que existe un «entramado ilegal de tuberías» de más de 200 kilómetros en el Campo de Cartagena y en Murcia.

«El mayor problema es la mala gestión», subraya, a la vez que sostiene que «la Administración de justicia no actúa contra las extracciones ilegales». En este punto, indicó que el informe estaba desfasado, ya que respondía a datos de julio del año pasado, y que la situación actual era distinta.

Otro de los problemas que detecta es que no se reutiliza toda el agua, sino sólo la mitad. Destaca igualmente la fuerte reducción del caudal del Segura, «que en más de 40 kilómetros sólo cuenta con aguas residuales y a su desembocadura llega sólo con un cuatro por ciento».