El Consell sostiene que la nueva redacción se somete a la planificación hidrológica del Estado y que los informes para denegar la llegada de agua no son vinculantes

El Consell sostiene que la nueva redacción se somete a la planificación hidrológica del Estado y que los informes para denegar la llegada de agua no son vinculantes

Derechos del agua

Artículo 19.3

Corresponde a los poderes públicos aragoneses, en los términos que establece este Estatuto y de acuerdo con el principio de unidad de cuenca, la Constitución, la legislación estatal y la normativa europea aplicables, velar especialmente para evitar transferencias de aguas de las cuencas hisdrográficas de las que forma parte la Comunidad Autónoma que afecten a intereses de sostenibilidad, atendiendo a los derechos de las generaciones presentes y futuras.

Aguas

Artículo 72.3

En este sentido, y para la defensa de los derechos relacionados con el agua contemplados en el artículo 19, la Comunidad Autónoma emitirá un informe preceptivo para cualquier propuesta de obra hidráulica o de transferencia de aguas que afecte a su territorio. El Gobierno de España deberá propiciar de forma efectiva el acuerdo entre todas las comunidades autónomas que puedan resultar afectadas.

El Congreso de los Diputados aprobó ayer, con los únicos votos en contra de la Chunta Aragonesista, el Estatuto de Aragón que pone trabas el trasvase de agua del Ebro a la Comunitat Valenciana. Los artículos 19 y 72, que no han sufrido modificaciones significativas tras el debate de las enmiendas parciales, blindan el agua del Ebro.

El artículo 19 establece en su apartado tercero que corresponde a los poderes públicos aragoneses “en los términos que establece este Estatuto y de acuerdo con el principio de unidad de cuenca, la Constitución, la legislación estatal y la normativa comunitaria aplicables, velar especialmente para evitar la transferencia de aguas de las cuencas hidrográficas de las que forma parte la comunidad autónoma que afecten a intereses de sostenibilidad, atendiendo a los derechos de las generaciones presentes y futuras”.

Con una redacción diferente al artículo original –el fondo es el mismo-, la Carta Magna aragonesa intenta controlar la salida de agua de sus ríos hacia otras comunidades autónomas.

Otro de los artículos que se refieren directamente a la posible llegada de agua a la Comunitat es el 72.3, del que no se ha tocado ni una sola coma respecto al texto inicial que se registró en el Congreso de los Diputados.

Este apartado se refiere a la necesidad de elaborar un informe por parte del Gobierno autonómico para autorizar el trasvase de agua: “En este sentido, y para la defensa de los derechos relacionados con el agua contemplados en el artículo 19, la Comunidad Autónoma emitirá un informe preceptivo para cualquier propuesta de obra hidráulica o de transferencia de aguas que afecte a su territorio. El Gobierno de España deberá propiciar de forma efectiva el acuerdo entre todas las Comunidades Autónomas que puedan resultar afectadas”.

El diputado de la Chunta Aragonesista (CHA), José Antonio Labordeta, reclamó que el informe relacionado con la autorización de posibles trasvases fuera vinculante. Una petición que al final no fue atendida por la Cámara Baja. El Gobierno valenciano mostró su satisfacción por el hecho de que la petición de Labordeta no prosperara definitivamente.

Reserva de agua
En el debate parlamentario también se ha modificado íntegramente la disposición adicional quinta, que hace referencia a la reserva de agua del Ebro para Aragón

En la propuesta inicial, las Cortes se reservaban para uso exclusivo de los aragoneses 6.550 hectómetros cúbicos de agua. Con la nueva redacción aprobada ayer, la disposición adicional quinta adopta un estilo mucho más suave.

El Estatuto acepta la planificación hidrológica, habla del principio de prioridad en el aprovechamiento de los recursos hídricos de la cuenca del Ebro, “considerando que la resolución de las Cortes de Aragón de 30 de junio de 1992 establece una reserva de agua para uso exclusivo de los aragoneses de 6.550 hectómetros cúbicos de agua”.

El Consell acepta la nueva redacción de la disposición adicional quinta ya que abandona el estilo imperativo en favor de una mayor planificación. Además, la reserva de los 6.550 hectómetros cúbicos de agua ya se encontraba incluida en el Plan Hidrológico Nacional gracias al Pacto del Agua.

Este proyecto estatutario se convierte en la quinta reforma autonómica apoyada por la Cámara Baja durante esta legislatura, tras las de la Comunidad Valenciana, Cataluña, Andalucía y Baleares.

Satisfacción
La propuesta fue aprobada con los votos a favor de los dos partidos mayoritarios de la Cámara. Los diputados valencianos del grupo popular, que lidera Eduardo Zaplana, también dieron su sufragio afirmativo a la propuesta a pesar de las menciones a los trasvase de agua del Ebro a la Comunitat Valenciana. Los parlamentarios no le dieron especial trascendencia a los artículos referidos al trasvase.

La nueva redacción de la Carta Magna aragonesa también produjo satisfacción en el seno del Gobierno valenciano. Fuentes del Consell consideraron ayer que con el actual texto ya no se impide el trasvase de agua del Ebro a la Comunitat Valenciana.

Las mismas fuentes destacaron que, a través de la disposición adicional quinta, la planificación hidrológica corresponde al Estado. Además, se incluye una referencia a que será el marco constitucional el que ejecute la aplicación de la norma. Desde el Ejecutivo autonómico se apuntó también que se ha vaciado de contenido el rechazo al trasvase que se incluia en la redacción inicial y que el informe al que se alude en el artículo 72 ya no es vinculante.

La redacción del Estatuto de Aragón –comunidad gobernada por el socialista Marcelino Iglesias– había generado una gran polémica entre el ejecutivo aragonés y el valenciano. El Consell anunció que recurriría el Estatuto aragonés si este mantiene el veto de los trasvases del Ebro a otras autonomías. Además, la Generalitat planteó la posibilidad de participar en la Exposición Universal que se celebraré en Zaragoza en 2008 con un stand en defensa de la llegada de agua a la Comunitat.

La inclusión en los estatutos de artículos relativos al derecho al agua han provocado la presentación de recursos por parte de comunidades autónomas vecinas. Castilla-La Mancha y Aragón recurrieron la Carta Magna valenciana porque en su artículo 17 garantizaba el derecho de los valencianos a disponer del abastecimiento suficiente de agua y se reconocía el derecho de redistribución de sobrantes de cuencas excedentarias.

Tras el visto bueno del Congreso, que rechazó las enmiendas al texto que mantenían vivas Chunta Aragonesista, PNV, CiU, ERC e ICV, la reforma aragonesa deberá someterse a su último trámite parlamentario en el Senado. El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, después del debate de la propuesta, expresó su “enhorabuena” a los aragoneses por este nuevo Estatuto que es “un instrumento más de progreso” para la comunidad autónoma.

Acuerdo importante
La vicepresidenta primera del Ejecutivo, María Teresa Fernández de la Vega, durante su intervención en el Pleno, destacó que esta “excelente” reforma “diseña un marco muy potente para el desarrollo de la autonomía” de Aragón .

De la Vega manifestó, además, que contempla “un amplio y moderno elenco de derechos” y resaltó el “importantísimo acuerdo alcanzado en materia de agua”. En el mismo sentido se expresó el presidente aragonés, Marcelino Iglesias, quien aseguró que a partir de ahora Aragón “ya no tendrá ninguna razón para sentir más complejos”.

El diputado del PP Ángel Pintado, durante el debate, destacó el “valor del consenso” alcanzado en torno a esta propuesta, que se erige como una de las “grandes virtudes” de este proyecto, pero que no supone un “cheque en blanco” a la acción del Gobierno autonómico. Frente a estas opiniones, José Antonio Labordeta (CHA), tildó el texto de “pacato” y “timorato”, tras lo que denunció que PSOE, PP, PAR e IU “no han querido invitar a participar” a la formación nacionalista. En opinión de Labordeta, la reforma “constata la asimetría que tanto gusta a los que quieren mantener sus privilegios”.

El líder de Coalición Valenciana, Juan García Sentandreu, anunció ayer que presentarán un recurso contra el texto estatutario por su oposición a los trasvases.

La presidenta regional del PP, María Dolores de Cospedal, aseguró ayer que no se pronunciará sobre la decisión de la Junta de recurrir el trasvase de agua aprobado por el Consejo de Ministros el 2 de febrero hasta que conozca el texto de la denuncia, pero añadió que «lo más seguro» el PP lo apoyará.

En declaraciones a los periodistas en Valdepeñas (Ciudad Real), De Cospedal indicó que en muchas ocasiones se han producido trasvases sin que se hayan recurrido, por lo que habría que saber cuál es la diferencia que ha llevado al Gobierno de Castilla-La Mancha a hacerlo en esta ocasión.

La líder del PP hizo hincapié en que cuando se habla de regadío hay que diferenciarlo de cuando se habla de consumo humano, porque éste último «nunca se puede recurrir», pero cuando se trata de regadío «primero son los regantes de Castilla-La Mancha» que están sin agua, agregó.

El Gobierno de Castilla-La Mancha fundamenta su recurso contra el trasvase de 11 hectómetros cúbicos para regadío de la cuenta del Tajo a la del Segura del pasado mes de febrero en que ni el destino ni la justificación que se adujo para autorizarlo se ajustan a las reglas del explotación del trasvase.

El vicepresidente segundo de la región, Emiliano García-Page, explicó el acuerdo del Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha de impugnar ante el Tribunal Supremo la autorización del Consejo de Ministros, el pasado 2 de febrero, de un trasvase de 22 hectómetros cúbicos, la mitad de ellos para regadío.

Según dijo García-Page, ni el destino del agua -para el riego en invernaderos, de cultivos leñosos y para balsas- ni la justificación de la Comisión de Explotación para hacer su recomendación se basan en las reglas de explotación actuales del trasvase Tajo-Segura.

«No es que nos opongamos sólo a la filosofía del trasvase para regadíos», dijo, sino que, aunque éstos estén previstos en la Ley del Trasvase, en este caso no se daban las condiciones «ni de reserva de agua ni de aplicación estricta de las normas técnicas de la comisión de explotación».

«No están suficientemente justificados técnicamente estos trasvases ni cuando se apela al socorro ni a otras distribuciones que no están previstas estrictamente en la reglamentación del trasvase, como las balsas y los invernaderos», señaló el vicepresidente segundo, para quien no se trata de llevar agua a Murcia para acumularla. A su juicio, la presión del Levante «sigue siendo intensa» y, por ello, en el organismo regulador de la cuenca y del trasvase se toman decisiones forzando la interpretación de las normas del trasvase.

Subrayó que el Gobierno de Castilla-La Mancha, independientemente de qué partido gobierne en España, antepone siempre los intereses de la región.

En este caso, continuó, la decisión del Consejo de Ministros de autorizar el citado trasvase «no estaba fundamentada y estaba soportada sobre la base de una modificación incorrecta de las reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura».

Cambio de las reglas

Añadió que la legislación «deja claro que las reglas de explotación del trasvase se tendrán que modificar en la próxima legislatura, pero en tanto que son norma actual no pueden acomodarse, reinterpretarse o modificarse de forma encubierta», por tanto, la decisión del Consejo de Ministros no se ajusta al ordenamiento jurídico vigente. Confió en que el recurso sea admitido a trámite y el Tribunal Supremo «termine dándonos la razón como ya ha ocurrido en otras ocasiones».

Por su parte, la portavoz del Grupo Popular en las Cortes de Castilla-La Mancha, Ana Guarinos, mostró ayer su respaldo al recurso del Gobierno regional al trasvase de 11 hectómetros cúbicos de agua para regadío que aprobó el Consejo de Ministros, pero exigió «valor» para hacerlo en todas las circunstancias.

«Estamos pasando del siglo XIII al siglo XXI». Juan Valero, secretario general de la Acequia Real del Júcar (Valencia), no oculta su entusiasmo al ver los progresos tecnológicos que se están haciendo en el arcaico sistema de riego de los campos de cítricos, frutales y huertas valencianas de Algemesí, Benimuslem y Alginet.

En total, 1.200 hectáreas cultivadas que se han visto beneficiadas con la primera fase de un proyecto de modernización que, cuando finalice en 2010, abarcará 22.000 hectáreas de terreno de la ribera valenciana.

Unos 35.000 usuarios se verán favorecidos con la digitalización de un sistema de riegos que, remarca Valero, casi no ha cambiado desde sus orígenes en tiempos medievales del rey Jaime I el Conquistador. «Hemos optado por instalar fibra óptica a lo largo de todas las canalizaciones porque resultaba más rentable y su coste de mantenimiento es prácticamente nulo», asegura Valero.

Esta red de comunicaciones va a permitir que todos los campos estén conectados a un ordenador central, situado en Alberique, desde el que se programará y controlará toda la gestión del riego. Cada gota de agua va a ser sometida a estricta vigilancia. Presión, volumen y caudal se examinarán con todo detalle y los programas de riego se singularizarán según la necesidad de cada cultivo.

Los cítricos son predominantes en esta zona valenciana, pero la tecnología digital se extenderá a otras áreas frutales donde se cultivan albaricoques, melocotones y caquis, así como a las zonas de huerta. Sólo los arrozales de la Albufera se quedarán al margen, por las peculiaridades de su sistema de riego por inundación.

Alberique, ordenador central

El ordenador central situado en la población de Alberique abre y cierra todas las válvulas de las canalizaciones por las que ya corre la fibra óptica. Un sistema de información geográfica (GIS) permite además tener una visualización constante de los campos, con todos los datos de cada tubería incorporados a los mapas digitales.

Cuando acabe la instalación, la Confederación Hidrográfica del Júcar calcula que el ahorro será de unos 190 millones de metros cúbicos anuales, de los que 60 se destinarán a los humedales de la Albufera y 40 al río Júcar, con el objetivo de mantener sus caudales ecológicos.

«Estamos en una zona donde existe gran preocupación por las sequías e inundaciones que se anuncian por culpa del cambio climático», recuerda Valero, para quien las nuevas tecnologías son una bendición para la gestión del ahorro hídrico. «El sector que más agua puede economizar es el del regadío», subraya.

El de la Acequia Real del Júcar no es un caso aislado, sino que forma parte de un plan nacional de modernización de los regadíos mediante tecnología digital, impulsado por la Federación Nacional de Comunidades de Regantes (Fenacore), que agrupa a 700.000 regantes de toda España.

Como indica su presidente, Andrés del Campo, esta cifra equivale a unos dos millones de hectáreas de regadío de los 3,4 millones del país, de los que un millón quedan al margen de la federación por corresponder a riegos privados.

Fenacore lanzó este programa, denominado Corenet, en 2003, con la ayuda del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Al dejar de existir éste en 2004, el interlocutor pasó a ser el Ministerio de Agricultura, que en 2006 aportó 200.000 euros para el desarrollo del proyecto.

El 23 de enero, Fenacore se reunió con Francisco Amarillo, director general de Desarrollo Rural de dicho ministerio, para evaluar los resultados del proyecto Corenet. En 2006, 70 comunidades de regantes de diferentes cuencas hidrográficas se sumaron al programa, lo que implica que son ya 200.000 sus usuarios, cifra que corresponde a 400.000 hectáreas de terreno.

El objetivo es que antes de 2010 otras 70 comunidades se añadan anualmente al proyecto, con la intención de que ese año en torno a medio millón de agricultores gestionen ya sus regadíos a través de Internet, lo que equivaldrá a 1,6 millones de hectáreas beneficiadas. El sistema, una vez completado, dispondrá de una base de datos unificada en el Centro Nacional de Tecnología del Regadío (CENTER), situado en San Fernando de Henares (Madrid).

Cursos de capacitación

«Para los agricultores es algo muy nuevo, pero cuando lo descubren se entusiasman», reconoce Andrés del Campo. El proyecto incluye cursos de capacitación para que se familiaricen con las nuevas tecnologías y den sus primeros pasos en Internet. La intención última es que los propios agricultores se vayan suscribiendo individualmente a la herramientas digitales que el programa Corenet pone en sus manos, a través de la página de Fenacore o de las web de las distintas comunidades de regantes.

De esta manera podrán realizar sus propias compras de productos online; acceder a toda la documentación que se está volcando (que incluye, en 2007, la digitalización de la biblioteca del Ministerio de Agricultura); establecer sus previsiones de consumo energético, de manera que desde la federación de regantes se puedan realizar propuestas globales de contratación a las compañías eléctricas en función del consumo anticipado, con el ahorro consiguiente, y un sinfín de posibilidades más, entre ellas beneficiarse de los avisos de averías y otras informaciones urgentes directamente a los móviles o a sus ordenadores.

En los campos de fresones

Al contrario que en la Acequia Real del Júcar, en los campos onubenses de Palos de la Frontera y Moguer los sistemas de regadío son muy recientes. Se remontan a los años ochenta, cuando explotó el monocultivo del fresón en la comarca.

«Desde el principio ya apostamos por el ahorro del agua», señala Fernando Sánchez, gerente de la Comunidad de Regantes de Palos de la Frontera, «lo que no impide que, con los medios digitales, calculemos que podremos economizar un 15% anual».

Su comunidad fue de las pioneras, ya que lleva un lustro desarrollando un sistema de telecontrol digitalizado de los regadíos. Gracias a él, los 420 asociados pueden abrir las válvulas que dan paso al agua vía Internet desde sus ordenadores o desde sus teléfonos móviles.

Muchos de ellos han pasado por las aulas informáticas de la comunidad de regantes, donde se imparten clases todas las tardes. «Nuestra ventaja es que tenemos un agricultor joven, que ha dado una buena acogida a las nuevas tecnologías», se congratula Sánchez.

Entre los primeros en incorporarse al proyecto estuvo también, hace cinco años, la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena. Pablo del Amor, su responsable de Informática y Telecontrol, explica que a los usuarios se les ha concedido un carné gratuito con chip incorporado que les permite, entre otras cosas, realizar sus pedidos de agua a través del ordenador.

Desde hace dos años, se ha añadido la posibilidad de efectuar esos trámites desde teléfonos móviles con conexión a Internet. Unos 300 regantes, de los 5.000 que integran esta comunidad, se han acogido ya a esta opción y la usan regularmente. A través del móvil pueden examinar y cancelar turnos de riego, consultar sus saldos en tiempo real y disponer de los datos de sus regadíos actualizados.

El presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Juan José Moragues, informó ayer de que la disponibilidad de aguas superficiales del río Turia serán un 50 por ciento menos que las del pasado año y las de Júcar un 28,5 menos, situación de sequía calificada de emergencia. Tanto Moragues como el jefe de la Oficina de Planificación de la CHJ, Javier Ferrer, explicaron que a esa disponibilidad de las aguas superficiales hay que añadir las subterráneas y la de los pozos.

Preguntados por las solicitudes de aperturas de pozos para la zona del Turia, indicaron que tampoco hay tantas como parece y son similares a las que se hicieron el pasado año en el Júcar.

Además, subrayaron que esas solicitudes aunque fueran atendidas ahora los pozos no podrán estar operativos para esta campaña. Lo que sí que se están realizando ante la situación de sequía son «peticiones de puesta en marcha de esos pozos» (que están inventariados

Los agricultores de la provincia de Valencia van a sufrir en sus campos, y sobre todo en sus bolsillos, más que nadie el tercer año consecutivo de sequía. No se hizo oficial ayer, pero la suerte está echada. El presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Juan José Moragues, reconoció que la situación de emergencia que sufren el Júcar y el Turia va a provocar una reducción drástica de la aportación de estos ríos sólo a los regadíos.

La restricción será de un 50% en el caso de los agricultores del Turia y entre un 30 y un 40% para los del Júcar. Esos porcentajes se aplicarán sobre las cantidades que se usaron el año pasado desde abril hasta septiembre, que ya habían sufrido restricciones de un 50%.

‘‘Las restricciones para el riego las veremos dentro de dos semanas en la comisión permanente de sequía’’, aseguró Moragues.

No obstante, Moragues, acabó dando cifras. ‘‘Se utilizará entre el 60 o el 70% del agua usada el año pasado’’, dijo. Si en la temporada fuerte de riegos en 2006 se emplearon 350 hectómetros cúbicos del Júcar, este año ‘‘serán unos 200’’.

Esto supone que los regantes valencianos del Júcar verán reducido en un 70% las aportaciones del río sobre las que tienen derechos históricos. Mientras, para los agricultores de la Mancha que también dependen del Júcar la restricción será del 40% y, además, el Gobierno les pagará el 20% del agua que no gasten, cuestión que no sucederá con los regantes de Valencia.

El recorte en el Júcar supondrá, muy probablemente, que los agricultores que dependen del canal Júcar-Turia no reciban este verano ni una gota del río de la Ribera y tendrán que seguir abasteciéndose de agua de pozo.

En el caso del Turia, si el año pasado la cantidad usada en los regadíos ascendía a 140 hectómetros, ‘‘este año la restricción será la mitad, el consumo estará sobre los 70 u 80 hectómetros cúbicos’’, afirmó el presidente de la CHJ.

La reducción de aguas superficiales intentará paliarse, en la medida de lo posible, con la puesta en marcha de los pozos de sequía, 105 en la cuenca del Júcar y unos 35 en la del Turia.

Pero Javier Ferrer, director de la oficina técnica de la sequía de la CHJ, teme que en el caso de los pozos de emergencia del Turia, ‘‘no estén todos operativos en la actualidad’’ porque hace al menos una década que no se usan y no se han mantenido de forma adecuada.

Si bien en la CHJ tienen constancia de que el nivel freático de los pozos de la Ribera poseen un nivel adecuado, puesto que se recargaron durante las lluvias de enero y febrero, desconocen la situación de las aguas subterráneas de la cuenca del Turia. Eso sí, esperan que su recarga sea similar a los del Júcar.

La grave situación de sequía que sufre el Turia ha derivado en una recomendación del presidente de la CHJ a los regantes del río durante la junta de desembalse celebrada ayer: que los agricultores no planten verduras, a no ser de que dispongan de agua de pozo garantizada, porque la prioridad será salvar el arbolado con el agua de superficie.

Valencia beberá del Júcar
Otra consecuencia de la grave situación del Turia afectará directamente al Júcar. Valencia y su área metropolitana volverá a abastecerse principalmente del Júcar. A partir de abril la aportación del Turia para Valencia será de alrededor de 1 metro cúbico por segundo y algo menos de 4 metros cúbicos llegarán por el canal Júcar-Turia desde el embalse de Tous. Esto lo reconocieron tanto dirigentes de los regantes del Júcar como del Turia.

El hecho de que en los últimos meses Valencia haya recurrido a las reservas del Turia para su abastecimiento es, a juicio de Benjamín Aparicio, del Sindicato Central del Turia, una de las causas de la crisis de este río, aunque antes que para la agricultura, el agua es para el abastecimiento urbano. ‘‘Desde 1994 los regantes del Turia hemos ahorrado más que nadie y los pantanos los teníamos bastante bien’’, dijo Aparicio.

El presidente de este sindicato de regantes se acordó ayer del derogado trasvase del Ebro, que hubiera servido ‘‘para paliar y prevenir’’ la grave situación que se vive ahora.

Francisco Romeu, presidente de la Real Acequia de Moncada, se mostró contrariado pero resignado con la restricción. ‘‘No lo veo bien, pero no hay más agua. Desde Puçol hasta Catarroja administraremos el agua que tengamos’’, dijo el responsable de la Real Acequia.

Por lo que respecta al Júcar, los 200 hectómetros con los que contarán los regantes valencianos de esta cuenca extrañaron al presidente de la Acequia de Sueca, José Fortea, que esperaba algo más. ‘‘Bueno, plantaremos arroz y regaremos como podamos. Nos apañaremos’’, aseguró Fortea.

En el Mijares, en principio, según su presidente, José Pascual, ‘‘no tenemos problemas. Desde hace 20 años gastamos el agua como si fuera azafrán en rama’’.

Por otro lado, el Consejo del Agua de la CHJ aprobó ayer el Plan Especial de Sequía con el voto en contra de los representantes de La Mancha, la abstención de la Generalitat y el apoyo de los regantes y la CHJ.

En el Consejo del Agua están representados 9 ministerios, las comunidades autónomas con territorio dentro de la cuenca (Andalucía, Castilla-La Mancha, Murcia y Comunidad Valenciana), usuarios (Mancomunidad de los Canales del Taibilla, Ayuntamientos, regantes e hidroeléctricas), organizaciones agrarias y ecologistas, y es el encargado por ley de informar sobre las cuestiones relativas a la mejor adecuación, explotación y tutela del Dominio Público Hidráulico, como es el caso del PES.

La del Segura ha sido la primera cuenca hidrográfica que ha llevado a cabo este trámite de convocar el Consejo del Agua, al que se ha llevado el plan con el fin de someterlo a su consideración, trámite que seguirán en los próximos días otras cuencas.

El objetivo de este plan es minimizar los impactos ambientales, económicos y sociales durante los episodios de sequía. Fuentes Zorita subraya la importancia de este proyecto, que considera ‘imprescindible’ para el Segura, que actualmente se encuentra ‘en situación de emergencia’.

Una de las medidas que contempla este plan, en caso de extrema emergencia, es que los regadíos sólo tendrían derecho a la mitad del agua que les corresponde. Además, sería necesario ahorrar 500 hectómetros cúbicos con recortes a todos los usuarios.

La Confederación ha recibido veinte alegaciones presentadas por Andalucía, Castilla-La Mancha y Comunidad Valenciana, el Ayuntamiento de Murcia y organizaciones ecologistas, además de usuarios de abastecimiento y regadío. El representante de Castilla-La Mancha en el Consejo del Agua, Fernando Ortega, afirma que su comunidad reconoce la necesidad de estos instrumentos, si bien considera que no están de acuerdo con el criterio de representación en este órgano consultivo de la cuenca.

Por otro lado, la Comisión va a conocer las alegaciones que se van a remitir desde el Ayuntamiento a la Confederación Hidrográfica del Júcar en contra de la petición de Iberdrola (que la Confederación hizo llegar al Consistorio albaceteño) para que el Ayuntamiento pague la cantidad de 668.213 euros.

El motivo por el que Iberdrola reclama esta cantidad es como «indemnización por la afección de pérdida de producción de la energía eléctrica de Iberdola por derivación del agua del sistema del Júcar para abastecimiento de la ciudad de Albacete».

Entre los argumentos que da el Ayuntamiento para no pagar, y que se integran «en un escrito de diez folios», aparecen que la Confederación «no es competente para intermediar entre Iberdrola y nosotros porque no tenemos ningún contrato con Iberdola, que nos pide ese dinero porque dice que es agua que no ha pasado por sus saltos de agua para turbinarla y producir energía eléctrica y que eso le ha creado un perjuicio económico de más de 600.000 euros».

Además, que el acuerdo en el que se sustenta Iberdrola no afecta al abastecimiento de Albacete; asimismo, el Plan Hidrológico de cuenca establece como principio general del uso del agua del sistema Júcar la integración de todos los embalses del mismo para la gestión optimizada y «no puede contarnos el agua como que no baja de Alarcón»; Iberdrola tampoco acredita que se haya producido daño alguno que deba ser indemnizado; y «lo más importante de todo» es que los usos de abastecimiento a población son prioritarios a los industriales.

La escasez de precipitaciones de este invierno en las cabeceras de los ríos ha provocado que los agricultores valencianos afronten la temporada fuerte de riegos con un 25% menos de agua en los pantanos que abastecen la Comunitat que en 2006, según los datos que maneja la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ).

Si hace un año por estas fechas las reservas de los embalses de la CHJ eran de 772 hectómetros cúbicos, las de este son de 579, prácticamente 200 hectómetros cúbicos menos.

El presidente de la CHJ, Juan José Moragues, ya aseguró el pasado 15 de febrero que 2006 fue el de mayor sequía de los últimos 60 años. Este ejercicio, por lo que a las reservas de agua superficial se refiere, es mucho peor que el precedente.

Así las cosas, los responsables de la CHJ y los de los regantes valencianos se reúnen hoy para establecer qué cantidad de agua disponible hay y cómo se repartirá.

Pero antes de realizar el reparto entre los agricultores se asignará a Valencia y su área metropolitana el agua que los ciudadanos necesitan. También se fijará una cantidad para que, en caso de que persistiese la sequía, el abastecimiento urbano esté asegurado el año próximo.

Los agricultores valencianos del Júcar sufrirán, muy probablemente, restricciones mayores del 50%. Al menos eso es lo que esperaban hace un mes. Ahora ruegan al cielo que llueva para que, al menos, puedan recibir una cantidad de agua ‘similar a la del año pasado. ‘‘¿Restricciones? ¡Ojalá fueran como las del año pasado! Plantaremos lo que podamos’’, reconoció ayer un destacado dirigente de la Federación de Comunidades de Regantes.

No sólo en el Júcar habrá problemas. Las reservas del Turia se han reducido más de un 50% respecto al año pasado. El 13 de marzo de 2006 los pantanos de Benagéber, Loriguilla y Buseo disponían de 171,5 hectómetros y ahora tienen 83,7 hectómetros. Son síntomas de alarma.

Hay que tener en cuenta que la ciudad de Valencia se abastece, en teoría, con 6 metros cúbicos por minuto, 3 procedentes del Turia y otros tantos del Júcar. Eso supone que de abril a septiembre, ambos incluidos, la capital consumirá 46,6 hectómetros del Turia, más de la mitad de las reservas de las que dispone actualmente este río.

Y eso implica que si los agricultores de esta cuenca dispusieran de los 37 hectómetros que quedaran, los embalses del Turia estarían secos el 1 de octubre. Pero eso no sucederá. Las restricciones para los regantes en este caso también ‘‘serán fuertes’’, como anunció hace un mes el presidente de la CHJ.

Esta situación derivará en que los agricultores que utilizan agua de superficie se vean forzados a usar agua de pozos para completar la que no les llega de los ríos.

Las reservas hídricas de la Comunidad aumentan en cuentagotas: 4,46 hectómetros en la última semana, con lo que almacenan 579,45 hectómetros y están al 17,31% de capacidad. Alarcón y Contreras, los de mayor capacidad de todos los embalses de la CHJ, han aumentado 3,1 hectómetros, aunque se encuentran al 8,1 y 4,9% de sus capacidades. Los del Turia, por contra, han perdido un hectómetro.

Mientras, las reservas del Ebro aumentaron en 41 hectómetros y las de la cabecera del Tajo aumentaron en 7 hectómetros cúbicos y se sitúan en 361 hectómetros, 121 por encima del nivel mínimo para poder trasvasar hacia el Segura.

El Gobierno autonómico de castilla-La Mancha reiteró ayer que recurrirá al Tribunal Supremo el último trasvase del Tajo al Segura aprobado por el Ejecutivo central el pasado 2 de febrero. Ese acuerdo gubernamental autorizaba a enviar 11 hectómetros cúbicos para destinarlos al regadío alicantino y murciano.