En el Consejo del Agua están representados 9 ministerios, las comunidades autónomas con territorio dentro de la cuenca (Andalucía, Castilla-La Mancha, Murcia y Comunidad Valenciana), usuarios (Mancomunidad de los Canales del Taibilla, Ayuntamientos, regantes e hidroeléctricas), organizaciones agrarias y ecologistas, y es el encargado por ley de informar sobre las cuestiones relativas a la mejor adecuación, explotación y tutela del Dominio Público Hidráulico, como es el caso del PES.

La del Segura ha sido la primera cuenca hidrográfica que ha llevado a cabo este trámite de convocar el Consejo del Agua, al que se ha llevado el plan con el fin de someterlo a su consideración, trámite que seguirán en los próximos días otras cuencas.

El objetivo de este plan es minimizar los impactos ambientales, económicos y sociales durante los episodios de sequía. Fuentes Zorita subraya la importancia de este proyecto, que considera ‘imprescindible’ para el Segura, que actualmente se encuentra ‘en situación de emergencia’.

Una de las medidas que contempla este plan, en caso de extrema emergencia, es que los regadíos sólo tendrían derecho a la mitad del agua que les corresponde. Además, sería necesario ahorrar 500 hectómetros cúbicos con recortes a todos los usuarios.

La Confederación ha recibido veinte alegaciones presentadas por Andalucía, Castilla-La Mancha y Comunidad Valenciana, el Ayuntamiento de Murcia y organizaciones ecologistas, además de usuarios de abastecimiento y regadío. El representante de Castilla-La Mancha en el Consejo del Agua, Fernando Ortega, afirma que su comunidad reconoce la necesidad de estos instrumentos, si bien considera que no están de acuerdo con el criterio de representación en este órgano consultivo de la cuenca.

Por otro lado, la Comisión va a conocer las alegaciones que se van a remitir desde el Ayuntamiento a la Confederación Hidrográfica del Júcar en contra de la petición de Iberdrola (que la Confederación hizo llegar al Consistorio albaceteño) para que el Ayuntamiento pague la cantidad de 668.213 euros.

El motivo por el que Iberdrola reclama esta cantidad es como «indemnización por la afección de pérdida de producción de la energía eléctrica de Iberdola por derivación del agua del sistema del Júcar para abastecimiento de la ciudad de Albacete».

Entre los argumentos que da el Ayuntamiento para no pagar, y que se integran «en un escrito de diez folios», aparecen que la Confederación «no es competente para intermediar entre Iberdrola y nosotros porque no tenemos ningún contrato con Iberdola, que nos pide ese dinero porque dice que es agua que no ha pasado por sus saltos de agua para turbinarla y producir energía eléctrica y que eso le ha creado un perjuicio económico de más de 600.000 euros».

Además, que el acuerdo en el que se sustenta Iberdrola no afecta al abastecimiento de Albacete; asimismo, el Plan Hidrológico de cuenca establece como principio general del uso del agua del sistema Júcar la integración de todos los embalses del mismo para la gestión optimizada y «no puede contarnos el agua como que no baja de Alarcón»; Iberdrola tampoco acredita que se haya producido daño alguno que deba ser indemnizado; y «lo más importante de todo» es que los usos de abastecimiento a población son prioritarios a los industriales.

La escasez de precipitaciones de este invierno en las cabeceras de los ríos ha provocado que los agricultores valencianos afronten la temporada fuerte de riegos con un 25% menos de agua en los pantanos que abastecen la Comunitat que en 2006, según los datos que maneja la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ).

Si hace un año por estas fechas las reservas de los embalses de la CHJ eran de 772 hectómetros cúbicos, las de este son de 579, prácticamente 200 hectómetros cúbicos menos.

El presidente de la CHJ, Juan José Moragues, ya aseguró el pasado 15 de febrero que 2006 fue el de mayor sequía de los últimos 60 años. Este ejercicio, por lo que a las reservas de agua superficial se refiere, es mucho peor que el precedente.

Así las cosas, los responsables de la CHJ y los de los regantes valencianos se reúnen hoy para establecer qué cantidad de agua disponible hay y cómo se repartirá.

Pero antes de realizar el reparto entre los agricultores se asignará a Valencia y su área metropolitana el agua que los ciudadanos necesitan. También se fijará una cantidad para que, en caso de que persistiese la sequía, el abastecimiento urbano esté asegurado el año próximo.

Los agricultores valencianos del Júcar sufrirán, muy probablemente, restricciones mayores del 50%. Al menos eso es lo que esperaban hace un mes. Ahora ruegan al cielo que llueva para que, al menos, puedan recibir una cantidad de agua ‘similar a la del año pasado. ‘‘¿Restricciones? ¡Ojalá fueran como las del año pasado! Plantaremos lo que podamos’’, reconoció ayer un destacado dirigente de la Federación de Comunidades de Regantes.

No sólo en el Júcar habrá problemas. Las reservas del Turia se han reducido más de un 50% respecto al año pasado. El 13 de marzo de 2006 los pantanos de Benagéber, Loriguilla y Buseo disponían de 171,5 hectómetros y ahora tienen 83,7 hectómetros. Son síntomas de alarma.

Hay que tener en cuenta que la ciudad de Valencia se abastece, en teoría, con 6 metros cúbicos por minuto, 3 procedentes del Turia y otros tantos del Júcar. Eso supone que de abril a septiembre, ambos incluidos, la capital consumirá 46,6 hectómetros del Turia, más de la mitad de las reservas de las que dispone actualmente este río.

Y eso implica que si los agricultores de esta cuenca dispusieran de los 37 hectómetros que quedaran, los embalses del Turia estarían secos el 1 de octubre. Pero eso no sucederá. Las restricciones para los regantes en este caso también ‘‘serán fuertes’’, como anunció hace un mes el presidente de la CHJ.

Esta situación derivará en que los agricultores que utilizan agua de superficie se vean forzados a usar agua de pozos para completar la que no les llega de los ríos.

Las reservas hídricas de la Comunidad aumentan en cuentagotas: 4,46 hectómetros en la última semana, con lo que almacenan 579,45 hectómetros y están al 17,31% de capacidad. Alarcón y Contreras, los de mayor capacidad de todos los embalses de la CHJ, han aumentado 3,1 hectómetros, aunque se encuentran al 8,1 y 4,9% de sus capacidades. Los del Turia, por contra, han perdido un hectómetro.

Mientras, las reservas del Ebro aumentaron en 41 hectómetros y las de la cabecera del Tajo aumentaron en 7 hectómetros cúbicos y se sitúan en 361 hectómetros, 121 por encima del nivel mínimo para poder trasvasar hacia el Segura.

El Gobierno autonómico de castilla-La Mancha reiteró ayer que recurrirá al Tribunal Supremo el último trasvase del Tajo al Segura aprobado por el Ejecutivo central el pasado 2 de febrero. Ese acuerdo gubernamental autorizaba a enviar 11 hectómetros cúbicos para destinarlos al regadío alicantino y murciano.

El Ayuntamiento ha recibido por segunda vez una factura de Iberdrola, reclamándole una importante cantidad de dinero por consumir agua del río Júcar en época de sequía, y por tanto, supuestamente, «reducir su producción».

La factura, por valor de 668.213 euros, es la segunda que recibe el Ayuntamiento de Albacete desde que la ciudad se abastece con agua del río Júcar, y ha sido remitida en esta ocasión, no directamente por la compañía eléctrica, sino por la Confederación Hidrográfica del Júcar. En la misma se indica que el importe es por un consumo de 9,3 hectómetros cúbicos de agua, pero no se dan indiciones sobre el periodo de consumo.

Una cantidad, que como ya ocurrió en la primera ocasión, no va a ser abonada, por lo que ya se ha remitido la oportuna resolución firmada por el alcalde, donde se dan las razones de esta negativa, y en cuya elaboración ha participado la Junta Central de Regantes, según informó el concejal de Sostenibilidad, Ramón Sotos, que hoy dará a conocer la misma a los grupos de oposición en la comisión.

argumentos. Entre otros, el Ayuntamiento argumentó que la Confederación Hidrográfica «no es competente para hacer de intermediario en este asunto» en donde lo que se reclama es una indemnización por «supuesta agua no turbinada para elaborar electricidad».

Se da la circunstancia además que el acuerdo en el que se sustenta Iberdrola para hacer la reclamación al Ayuntamiento de Albacete no está firmado por este consistiro, dándose la circunstancia además de que es el único municipio que se abastece de agua del Júcar, salvo Cuenca, que «verdaderamente pertenece a la cuenta del Júcar».

Iberdrola en su reclamación, no acredita que se haya causado el perjuicio empresarial, ni tan siquiera explica a que periodo corresponde la factura «ha puesto esa cantidad, como podría haber puesto cualquier otra», decía Ramón Sotos, aunque lo más importante, es que «por encima de cualquier norma hay una muy importante, y para mí determinante, y es que «el agua es en todos los casos de uso prioritario humano, por encima de cualquier otro, y es el uso que se da en la ciudad de Albacete, por tanto, nadie puede exigir al Ayuntamiento de Albacete que pague por hacer el uso del agua que le corresponde».

El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha, en su reunión de ayer, decidió impugnar el acuerdo del Consejo de Ministros de fecha 2 de febrero de 2007, que incluía el trasvase de 11 hectómetros cúbicos de agua para regadío desde la cabecera del Tajo con destino al trasvase Tajo-Segura.

Esta impugnación se materializará mediante un recurso contencioso-administrativo que se presentará ante el Tribunal Supremo y en respuesta a la iniciativa del Gobierno regional en defensa de los intereses hidráulicos de Castilla-La Mancha.

Esta medida se suma a otras similares decididas con relación a acuerdos anteriores del Gobierno de España.

Por otra parte, a propuesta de la Consejería de Agricultura, se ha aprobado un Decreto por el que se designan organismos especializados para velar por el cumplimiento de los requisitos legales de gestión y de las buenas condiciones agrarias y medioambientales, lo que supondrá una especialización en el control y permitirá rentabilizar los planes de inspección que ya realiza la Consejería.

A instancias de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, el Ejecutivo ha autorizado la constitución de la Fundación General de Medio Ambiente de Castilla-La Mancha, que se encargará de fomentar la investigación, la formación, la innovación y el desarrollo de acciones en materia medioambiental.

Asimismo, el Consejo de Gobierno aprobó un acuerdo a propuesta de la Consejería de Industria y Tecnología para ampliar los convenios de colaboración con ayuntamientos de la región financiando los costes de mantenimiento para la mejora de la cobertura de la Televisión Digital Terrestre a través de la instalación de repetidores de señal.

A propuesta de Bienestar Social, se aprobó la prórroga del contrato de los servicios de auxiliar sanitario y de estancias diurnas en la Residencia de Mayores del Paseo de la Cuba, 39 y de los servicios de auxiliar sanitario, terapia ocupacional y animación sociocultural en la Residencia de Mayores de Vasco Núñez de Balboa, 7, ambas en Albacete.

La Junta también aprobó, a propuesta de la Consejería de Cultura, el acuerdo por el que se declara Bien de Interés Cultural, con categoría de Monumento, el inmueble correspondiente a la antigua iglesia de San Simón, en Brihuega (Guadalajara). Se trata de un pequeño templo mudéjar, de estilo toledano, que se levantó entre los siglos XIII y XIV.

Por último, a instancias de la Consejería de Administraciones Publicas se aprobaron sendos decretos por los que se modifican los puestos tipo que integran las relaciones de puestos de trabajo correspondientes a personal funcionario de la Consejería de Bienestar Social y a personal eventual de la Consejería de Administraciones Públicas.

Medida legal. En relación a la decisión de CLM de recurrir el último trasvase para regadío, la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, aseguró ayer que la decisión del Consejo de Ministros del pasado 2 de febrero de trasvasar once hectómetros cúbicos de agua para regadío desde la cabecera del Tajo a la cuenca del Segura «está dentro de la legalidad».

Tras comparecer en la Comisión de Medio Ambiente del Congreso, de los Diputados, la ministra respondía así al ser preguntada por la decisión adoptada ayer por el Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha de impugnar dicho acuerdo.

El PSOE dice que ese trasvase viola las normas de explotación

El portavoz del Grupo Socialista en las Cortes regionales, José Molina, recordó ayer que su partido no está de acuerdo con el trasvase de 11 hectómetros cúbicos aprobado el pasado 2 de febrero «porque viola las normas de explotación del Tajo-Segura, que establecen que esta derivación tan solo podría ser para riego de socorro y, sin embargo, cuando la propia Comisión de Explotación del Acueducto la aprobó la destinaba a riesgos de invernadero».

Molina insistió en que ese trasvase no tenía justificación, «ya que estamos hablando de plantas de invernadero, que si no hay una cosecha este año puede haberla otro y puede haber indemnizaciones como ocurre en otros sitios», argumentó y agregó que al mismo tiempo se producen mermas en las cosechas de los agricultores castellano-manchegos, que también están afectados por la sequía. El portavoz socialista avanzó que al recurso aprobado la semana pasada por el Consejo de Gobierno al decreto que aprueba las demarcaciones hidrográficas y el calificado ayer contra el último trasvase se sumará otro, previsiblemente en los próximos días, en contra de la cesión de derechos de agua desde la mancomunidad madrileña de Estremera a regantes de Murcia. A su juicio, esto pone «claramente» sobre la mesa la posición que el Gobierno regional y su presidente, José María Barreda, vienen manteniendo sobre el tema del agua, en la que «por encima de los intereses de Castilla-La Mancha no hay nada», remarcó. Contrapuso esta actitud a la de la presidenta regional del PP, María Dolores de Cospedal, de quien criticó que se comprometiera en Telemadrid a hacer más inversiones en Murcia y Valencia para asegurar que puedan disfrutar de este recurso.

La reforma del Estatuto de autonomía de Castilla-La Mancha podría estar antes del verano. Así lo anunció ayer el ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, que asistió en Albacete a unas jornadas para debatir sobre el estatuto básico del empleado público. Sevilla recordó que todas las reformas estatutarias planteadas por las comunidades autónomas al Congreso han sufrido modificaciones tras su paso por la Cámara Baja y señaló que la de Castilla-La Mancha no tiene porque ser diferente.

Sevilla recordó que la fecha de caducidad al trasvase Tajo-Segura está incluida en la propuesta que ha salido de las Cortes de Castilla-La Mancha, «pero como todas las reformas estatutarias ahora tienen que discutirse, debatirse y aprobarse donde reside la soberanía nacional, aunque la experiencia demuestra que hasta ahora todas las propuestas se han pactado, negociado y discutido y se han cambiado, por lo que estoy seguro que también seguirá el mismo procedimiento el Estatuto de Castilla-La Mancha».

No obstante, el ministro de Administraciones Públicas no quiso pronunciarse sobre si la caducidad del trasvase será uno de los puntos que se modifique en esta negociación en el Congreso. «En este momento es prematuro decir si éste será uno de los puntos que será eventualmente negociado, pactado y corregido».

Sevilla recordó que la propuesta de reforma que ha emanado de las Cortes de Castilla-La Mancha ya ha llegado al Congreso de los Diputados, «por lo que es razonable que tengamos la reforma antes del verano». El ministro recordó que la Comisión Constitucional, que es la que se ocupa del seguimiento de las reformas estatutarias, «en las que esta legislatura ha cogido ya carrerilla, por lo que se pueden garantizar unos plazos como esos».

Siguen las negociaciones

También se pronunció el máximo responsable de Administraciones Públicas sobre el proceso de transferencias de Justicia a Castilla-La Mancha. En este sentido, Sevilla recordó que sigue el proceso negociador, «porque una de las grandes obsesiones de mi Ministerio hasta ahora ha sido abordar las grandes transferencias pendientes de los Estatutos hasta ahora en vigor». Recordó que de momento sólo se ha alcanzado un acuerdo con Asturias para cerrar las transferencias de Justicia, «y tenemos la negociación muy avanzada con Aragón, con Baleares y con Castilla-La Mancha». El ministro admitió que el obstáculo en las negociaciones se encuentra en la valoración y el coste económico que el Estado tendrá que traspasar a la Comunidad junto con las competencias.

Sevilla reconoció que la reforma estatutaria ha supuesto una cierta demora «porque la prioridad se ha puesto más ahí que en la transferencia, pero la voluntad del Gobierno de España, y entiendo que también del de Castilla-La Mancha, poder garantizar que antes de que finalice la legislatura nacional se haya procedido a ese traspaso de competencias, en el año 2008».

María Dolores de Cospedal está empeñada en desactivar uno de los argumentos más comunes de los regantes levantinos, que acusan a la Junta de Castilla-La Mancha de no haber invertido en los últimos veinte años «ni un solo euro» de los que han venido pagando como contraprestación al agua del trasvase Tajo-Segura. Si llega a ser presidenta de esa comunidad, Cospedal ha prometido «hacer las inversiones que nunca ha hecho el PSOE en materia hidráulica».

En Talavera de la Reina, donde clausuró unas jornadas de su partido sobre fiscalidad y empleo, De Cospedal replicó así a las críticas del diputado del Congreso del PSOE Alejandro Alonso acerca de unas declaraciones realizadas por la líder regional del PP a la cadena de televisión Telemadrid. Alonso había considerado «preocupante» que De Cospedal dijera que si su partido llegara al Gobierno, invertirá mucho dinero para que en Valencia y Murcia disfruten del agua, «con lo que transmite dudas respecto a la defensa de los intereses de Castilla-La Mancha».

De Cospedal matizó que sus palabras fueron las que siempre ha dicho, «que estamos dispuestos a hacer las inversiones que nunca ha hecho el Partido Socialista en materia hidráulica». La presidenta del PP castellano-manchego añadió que si Castilla-La Mancha tiene agua, también lo tendrán la Comunidad Valenciana y la Región de Murcia, y, por ello, recomendó al Gobierno de Barreda que «en los pocos meses que le quedan hasta las elecciones inicie alguna obra para que se vea que tiene interés en solucionar el problema del agua en Castilla-La Mancha».

El delegado provincial de Obras Públicas en Albacete, José Eduardo Martínez Valero, ha visitado la Estación Depuradora de Aguas Residuales que da servicio a los municipios de Motilleja y Madrigueras, acompañado por los alcaldes de ambas localidades, Pedro José Charcos y Daniel Carretero, así como por los técnicos y responsables de esta planta.

Martínez Valero recorrió todas las instalaciones, siendo informado del buen servicio que están ofreciendo esta infraestructura capaz de tratar el agua residual de una población equivalente a 6.100 habitantes con un caudal diario de agua de 1.190 metros cúbicos, y con la que se ha dotado al municipio de un sistema de depuración que responde a sus necesidades.

La inversión realizada por la Consejería de Obras Públicas en esta Estación Depuradora asciende a algo más de 3,3 millones de euros, correspondiendo la explotación y el mantenimiento de la misma la Entidad de Derecho Público Aguas de Castilla La Mancha, adscrita a la Consejería de Obras Públicas, en virtud del convenio firmado entre la Administración regional y municipal.

Esta entidad se está mostrando como una herramienta útil para ayudar a los Ayuntamientos de la región a cumplir con sus competencias municipales en materia de depuración, de forma que en el horizonte de 2008 el 98 por ciento de la población de Castilla-La Mancha cuente con un sistema de depuración adecuado a sus necesidades.

El Ejecutivo castellano manchego está ejecutando un total de 52 Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales en la provincia de Albacete que darán servicio a 59 municipios, estando algunas de ellas ya en obras e incluso terminadas como la de Villalgordo del Júcar y otros municipios de la Manchuela.

La captación de agua del canal Júcar-Turia para el abastecimiento de agua potable de la ciudad de Valencia y su área metropolitana se ha vuelto a ver en unas condiciones extremas durante los días 8 y 9 de marzo, por falta de caudales en el canal Júcar-Turia, según informan fuentes del Ayuntamiento de Valencia.

Desde las 3 de la madrugada del día 8 se ha observado un descenso en el caudal que aporta la Confederación Hidrográfica del Júcar para su potabilización en la Planta Potabilizadora del Realón desde la que se suministra Valencia, según los datos recogidos por la Concejalía del Ciclo Integral del Agua.
Este nivel, que debe ser superior o igual a 2 metros de calado, se ha visto reducido hasta poco más de 80 centímetros, lo cual ha reducido los caudales de agua potabilizados en esa planta, sin que haya sufrido restricciones la población gracias al esfuerzo realizado por el Ayuntamiento de Valencia y el aporte desde los depósitos de regulación del sistema. «Esta situación es una más de las numerosas incidencias que se vienen registrando en los cauces que suministran a las Plantas Potabilizadoras, que en diversas ocasiones han provocado la paralización de su actividad potabilizadora, por no disponer de agua suficiente o en buenas condiciones en los cauces o canales, y que son consecuencia de la nefasta política hídrica de la ministra Cristina Narbona» ha subrayado el concejal del Ciclo Integral del Agua, Ramón Isidro Sanchis.
El Ayuntamiento de Valencia inició el pasado 7 de febrero un expediente a la Confederación Hidrográfica del Júcar para que controlara y mejorara su gestión en los cauces. En ocho meses se han llegado a registrar 12 incidencias por contaminaciones o bajadas de nivel. «Ante esta situación, la Junta de Gobierno del Ayuntamiento se ha visto obligada a requerir de nuevo a la Confederación Hidrográfica de Júcar para que normalice la situación y sea consciente de los graves problemas que pueden generar la falta de suministro de agua potable a causa de una deficiente gestión en los cauces públicos» , ha indicado Ramón Isidro.