La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, reiteró hoy que ante los nuevos Estatutos de Autonomía sigue prevaleciendo la Constitución y que ésta establece que en la gestión de los ríos que trascurren por más de una comunidad autónoma «la última palabra la tiene el Gobierno».

Narbona indicó en un desayuno informativo organizado por Fax Press e Intereconomía que «otra cosa son los mecanismos de concertación con las comunidades autónomas» y afirmó que el objetivo es incorporar a las CCAA en los ámbitos de concertación para lo que se creó el pasado Consejo de Ministros la Conferencia Sectorial del Agua. Un foro en el que están representadas la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas, y donde se analizarán y debatirán los proyectos de ley relativos a política del agua, planes hidrológicos de demarcación y Plan Hidrológico Nacional.

«Las comunidades autónomas no asumen nada en sus estatutos que no diga ya la Constitución: que los ríos que nacen, transcurren y mueren en una comunidad son gestionados por ella, pero con criterios de calidad ecológica similares tanto si son internos como intercomunitarios», indicó la ministra.

En cuanto a los precios del agua, la titular de Medio Ambiente comentó que el Ministerio realizará junto con el de Agricultura un estudio cuenca a cuenca y cultivo a cultivo para determinar cómo se aplicará la directiva marco de agua en 2010 y cómo incorporar todos los costes del agua al precio final. La ministra apuntó que los precios que se pagan en las ciudades por agua doméstica «es más aproximado en sus costes que lo que se paga en agricultura».

Por su parte, el profesor de Economía Pedro Arrojo indicó que en la actualidad se pagan 1.000 euros por metro cúbico de agua embotellada, un euro/m3 de agua de grifo, 0,1 euros/m3 en agricultura y 0,4 euros/m3 de agua desalada. Además, el trasvase de Tortosa a Almería supondría un coste igual que bombear el agua a 1.200 metros de profundidad del mar hasta la superficie.

En relación a la desalación, Narbona afirmó que es una de las actuaciones que lleva a cabo el Gobierno pero el programa AGUA «no es cambiar un trasvase por desaladoras, sino por un conjunto de actuaciones, como modernización de regadíos e infraestructuras existentes». Y añadió que «arreglar cañerías y conducciones no es tan espectacular como construir embalses», pero recordó que es importante evitar las fugas y promover la gestión racional del recurso.

Concretamente sobre la desaladora de Torrevieja (Alicante), Narbona indicó que se le va a proporcionar toda la información pedida a la Generalitat Valenciana y que los camiones para la construcción entrarán por la carretera nacional.

Por otra parte, Narbona comentó un estudio que se lleva a cabo en Alicante para desde el aire estudiar los acuíferos de la provincia, y en los primeros resultados se ha podido observar que hay unos 400 hectómetros cúbicos de agua.

Nuestras cuencas siguen aumentando, aunque esta semana lo hacen de manera leve. La reserva hidráulica tiene 1.351 hm3 menos que la media de la última década (34.297 hm3), aunque en la actualidad hay 5.947 hm3 más que el año anterior.

Por cuencas, la del Duero ha aumentado 75 hm3 con relación a la pasada semana, mientras que la Cuenca del Ebro ha disminuido 62 hm3 y se encuentran al 65,7 por ciento de su capacidad.

Entre las de mayor caudal embalsado destacan las cuencas del Norte II (Asturias y Cantabria) que están al 88,8 por ciento. Le siguen las del Norte I (sur de Galicia y norte de León) con un 86,7 por ciento, las del Duero (85,3 por ciento), Galicia Costa (84,8 por ciento), Norte III (País Vasco excepto sus cuencas internas) que alcanza el 81,7 por ciento de su capacidad y las cuencas internas del País Vasco, que se sitúan al 66,7 por ciento.

También se mantienen por encima del 50 por ciento de su capacidad las cuencas del Ebro (66,7 por ciento), las del Guadiana (Castilla-La Mancha y Extremadura) que están al 64,1 por ciento, Tajo (62,5 por ciento) y Cuenca Atlántica Andaluza (53,9 por ciento).

Por otra parte, las zonas más secas del país continúan viviendo una situación preocupante. Así, los embalses del Segura se sitúan en un 15,4 por ciento; los del Júcar al 17,2 por ciento y los de la Cuenca Mediterránea Andaluza al 35,5 por ciento.

La capacidad total de las cuencas españolas es de 54.148 hectómetros cúbicos de reserva, aunque la cantidad de agua embalsada actualmente es de 32.946 hm3. De éstos, 26.664 se encuentran en la vertiente atlántica, mientras que 6.282 pertenecen a la vertiente mediterránea.

El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha autorizó ayer a los servicios jurídicos de la Junta a ejercer las acciones oportunas ante el Tribunal Supremo para impugnar el artículo 2 de la disposición transitoria única y la disposición final primera del real decreto de 2 de febrero de 2007 que fija el ámbito territorial de las demarcaciones hidrográficas.

Según informó la Junta de Comunidades en una nota de prensa, el ejecutivo considera que este real decreto perjudica los intereses de Castilla-La Mancha, ya que implica una mayor representación en los órganos de gestión del agua de las comunidades autónomas que tienen competencia exclusiva sobre las cuencas intracomunitarias incluidas en las demarcaciones del Júcar y del Segura, en perjuicio de Castilla-La Mancha.

Desvincular La Albufera

Además, el Gobierno regional afirma que esa norma vulnera el ordenamiento jurídico en lo que se refiere a la sentencia del Tribunal Supremo sobre el Plan Hidrológico del Júcar (PHJ. En realidad, el Gobierno de Castilla-La Mancha cuestiona tanto la representación como el reparto geográfico de las distintas cuencas, apartado en el que pretende desvincular La Albufera del sistema Júcar para hacerse con el control de este río en cuyos órganos de dirección, de aceptarse la tesis castellano-manchega, apenas tendrían peso los usuarios valencianos.
Por su parte, la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, reiteró ayer que ante los nuevos Estatutos de Autonomía sigue prevaleciendo la Constitución y que ésta establece que en la gestión de los ríos que trascurren por más de una comunidad autónoma «la última palabra la tiene el Gobierno».
Narbona indicó en un desayuno informativo organizado por Fax Press e Intereconomía que «otra cosa son los mecanismos de concertación con las comunidades autónomas» y afirmó que el objetivo es incorporar a las CCAA en los ámbitos de concertación para lo que se creó el pasado Consejo de Ministros la Conferencia Sectorial del Agua. Un foro en el que están representadas la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas, y donde se analizarán y debatirán los proyectos de ley relativos a política del agua, planes hidrológicos de demarcación y Plan Hidrológico Nacional.

La guerra del agua no es una escaramuza breve, no es cuestión de modas pasajeras o de consignas políticas de aluvión: para quienes -como los albaceteños- sabemos de la importancia del aprovechamiento de los recursos hídricos, para quienes llevamos muchos años defendiendo el derecho de esta tierra al progreso a través del agua, este conflicto tiene muchos frentes entre los que no cabe desatender ninguno: y por supuesto, hay que atender también al frente judicial.

Ayer, el Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha lanzó una seria ofensiva en este frente judicial al encargar a los servicios jurídicos de la Junta que impugnen ante el Tribunal Supremo el artículo 2 de la Transitoria Única y de la Disposición Final Primera del Real Decreto 125/2007, de 2 de febrero, por el que se fija el ámbito territorial de las demarcaciones hidrográficas. Dicho así, puede parecer una disquisición leguleya, uno de esos pleitos de difícil comprensión basado en interpretaciones de letra y espíritu sin aplicación en la vida cotidiana. Pero no es así: el Decreto que la Junta va a recurrir en nombre de todos los castellano-manchegos perjudica seriamente los intereses de nuestra región y de nuestra provincia, ya que perdemos capacidad decisoria sobre las cuencas intracomunitarias de las Demarcaciones del Júcar y del Segura, en perjuicio de Castilla-La Mancha. Quiere ello decir que las cuencas internas de la comunidad valenciana (algunas tan tristemente famosas como la del Turia) van a ser adscritas de forma provisional a las confederaciones hidrográficas correspondientes, y en el caso del Júcar la consecuencia es tan injusta como absurda: se le da la vuelta a la conocida sentencia del Tribunal Supremo sobre el Plan Hidrológico del Júcar, que dejó claro que los recursos hídricos de este río no tienen por qué atender las necesidades de lo que, ‘de facto’ (y también ‘de lege’, según el fallo ahora incumplido), son cuencas independientes. Conviene no olvidar además que esa resolución del Supremo es consecuencia de la lucha ciudadana que surgió desde nuestra ciudad a través de la Fundación para el Progreso de Albacete; así, lo que fue un logro de la sociedad civil, que obtuvo justicia a través de los medios del Estado de Derecho, no puede ser burlado mediante el uso y abuso del Boletín Oficial.

La decisión de la Junta es un nuevo paso más dentro de esa concepción global de la guerra del agua a la que nos referíamos al principio: hay que pelear en las calles, en los parlamentos, en los estatutos… y por supuesto también en los tribunales. Porque es tanto lo que nos jugamos, que no podemos descuidar ninguno de los frentes.

La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, ha afirmado que en España se pueden soportar subidas en los precios del agua o la energía, si a la vez los ciudadanos y las administraciones reorientan los hábitos y se tiene en cuenta que se trata de bienes «muy preciosos» que hay que usar «de forma más responsable».

Sobre el precio del agua, la ministra señaló que, de acuerdo con la directiva marco europea, antes de 2010 los precios «tienen que reflejar todos sus costes». La titular de Medio Ambiente destacó que hoy en día lo que se paga en las ciudades por el agua «está próximo a los costes reales, pero en la agricultura no». Serán pues los agricultores, quienes consumen aproximadamente el 70% del agua en España, quienes deban asumir un incremento en los costes de su ‘materia prima’.

«El incremento será gradual. Haremos un estudio cuenca a cuenca, cultivo a cultivo, para ir fijando los costes«, señaló la ministra, que matizó que hay que desterrar la creencia, «que viene de décadas atrás de que los agricultores tienen que tener agua gratis, porque eso no puede ser».

La ministra de Medio Ambiente hizo estas declaraciones en el coloquio ‘Agua, oro líquido’, organizado por Fax Press, en el que también participó Pedro Arrojo, miembro de la Junta de la Fundación Nueva Cultura del Agua y Premio Goldman de Medio Ambiente, quien advirtió de que «la Naturaleza trabaja gratis para la humanidad, pero cuando se quebranta resulta carísimo sustituirla».

Según señaló Pedro Arrojo, actualmente el agua del grifo se paga a entre 1 y 2 euros el metro cúbico, mientras que el agua mineral embotellada cuesta unos 1.000 euros el metro cúbico. El agua que subvenciona el Estado, fundamentalmente a la agricultura, cuesta unos tres céntimos el metro cúbico, mientras que la procedente de acuíferos está en torno a los 20 céntimos y el de las desaladoras unos 40 céntimos. «Llevar agua desde Tortosa hasta Almería a través de trasvases costaría 1,5 euros el metro cúbico, un coste similar al de bombear el agua a 1.200 metros de profundidad del mar hasta la superficie», remarcó.

Sin embargo, Narbona matizó que las desaladoras no son la única opción del Gobierno para luchar contra la escasez de agua. «Tenemos que modernizar los regadíos, los embalses, las canalizaciones… Arreglar cañerías y conducciones no es tan espectacular como construir embalses, aunque es vital evitar las fugas de agua y promover la gestión racional de este recurso», dijo.

Según la ministra, cada Comunidad Autónoma asume la gestión y mantenimiento de los ríos que nacen y mueren en su propio territorio, pero cuando se trata de ríos que cruzan varias comunidades, la responsabilidad sobre su gestión es del Estado. «Es el Gobierno quien tiene la última palabra sobre estos ríos», matizó. Sobre el anunciado proyecto de la Comunidad de Madrid de utilizar agua sobrante de los embalses para reinyectarla en acuíferos destacó que se trata de una decisión «egoísta, porque el agua del Tajo no es de Madrid sólo, la que sobra tiene que seguir su curso por el río para mantener los ecosistemas y llegar a otros puntos». Además, declaró que «no es la Comunidad de Madrid quien tiene competencia sobre esos acuíferos, por lo que la decisión no está en su mano».

Precisamente esos acuíferos son uno de los principales objetivos de la política de agua del Gobierno, que ha llevado a cabo en Castellón un proyecto que ha detectado, con sensores especiales, 400 hectómetros cúbicos en un acuífero que puede ser usado «de forma sensata».

La ministra de Medio Ambiente también insistió en ese mensaje de introducir «racionalidad en el consumo», y lo mismo que sucede con la tarifa de la luz, destacó, «habría que ser capaz de decir a los ciudadanos que las subidas pueden verse más que compensadas a la hora de pagar si uno hace un uso eficiente de ellas».

L a Asociación de Comunidades de Regantes del Altiplano Murciano -cuarenta mil hectáreas repartidas por Jumilla, Yecla y Pinoso, municipio alicantino pero con participación en dicha asociación- ha solicitado a la Confederación Hidrográfica del Segura su constitución como Junta Central de Usuarios, primera medida para reclamar los caudales del trasvase Júcar-Vinalopó. Los regantes murcianos recibieron hace un par de meses una carta de la sociedad estatal Aguas del Júcar -hoy AcuaJúcar- ofreciéndoles participar en el nuevo proyecto con la toma de agua en Cullera y, dada la situación de sequía que atraviesa el Altiplano de Murcia, se muestran dispuestos a aceptar la propuesta a la espera de celebrar una reunión con los rectores de la empresa pública y la Confederación del Júcar para conocer en profundidad el proyecto y la futura gestión del trasvase.

La iniciativa de los regantes murcianos, en una situación de falta de agua idéntica a la de los agricultores del Vinalopó, podría contribuir a aumentar la tensión entre la Junta Central de Usuarios del Júcar-Vinalopó -cuyos miembros son los teóricos socios de Medio Ambiente para financiar la conducción-, que desde hace más de un año considera una traición cualquier movimiento de la Administración sobre el trasvase y con los regantes de la Acequia Real del Júcar, cuenca que cede los caudales. El cambio del proyecto del trasvase y el compromiso del Gobierno de enviar todos los años 80 hm 3 de agua a Alicante hará posible que, si se cumplen las mejores previsiones, a Medio Ambiente le sobren 40 hm 3 todos los años, ya que los regadíos del Vinalopó sólo necesitan otros cuarenta y el abastecimiento urbano no se puede cubrir con el agua de Cullera. La iniciativa de los regantes del Altiplano cuenta con el apoyo de organizaciones agrarias murcianas como la Coag. Pedro Lencina, secretario general de la Coag en Murcia, apuntó ayer que «el asunto está en gestación y hay que sentarse a hablar de precios del agua o, por ejemplo, compensaciones para los usuarios que dejen de extraer agua de los acuíferos. No obstante es una buena oportunidad, porque lo que está claro es que el agua más cara es la que no existe».

Las confederaciones hidrográficas del Júcar y Segura han iniciado ya los trabajos para la gestión conjunta de los denominados acuíferos compartidos por ambas cuencas -entre ellos el Jumilla-Villena-, un paso clave para que los regantes murcianos puedan acceder al agua del Júcar-Vinalopó y rentabilizar así una inversión de 300 millones de euros que, de momento, sólo tiene como usuario declarado del agua a la Confederación Hidrográfica del Júcar, que será la encargada de distribuir los caudales a los regantes que lo soliciten.

AcuaJúcar hizo en su día una oferta en firme a Riegos de Levante -veinte mil agricultores de Elche y la Vega Baja que podrían recibir el agua sin problemas al pertenecer administrativamente al Júcar- pero la comunidad de regantes rechazó la oferta por los precios del caudal y en solidaridad con la Junta Central de Usuarios del Júcar-Vinalopó, expulsada del proyecto. La sociedad estatal ha tenido más suerte con los regantes murcianos que, por otro lado, ya vieron como sus aspiraciones a contar con agua de un trasvase, el del Ebro, quedaron truncadas con la derogación del proyecto. «Un ramal del trasvase venía hasta Jumilla y Yecla pero se suprimió la obra y nos quedamos sin agua. Nuestra situación es muy complicada y necesitamos agua. Si el trasvase Júcar-Vinalopó puede cubrir tanto las necesidades de Alicante como las nuestras vemos positivo poder contar con caudales», señaló Aquiliano Molina, presidente de la Asociación de Comunidades de Regantes del Altiplano Murciano. El agua llegaría desde Villena y necesitaría una estación de bombeo para elevar el caudal 200 metros.

La oferta de AcuaJúcar -ya hubo un primer intento hace unos meses pero al final no se concretó una reunión prevista en Yecla- es firme pero de momento no se puede concretar en un documento oficial, ya que para ello debiera haber un acuerdo previo entre el Júcar y el Segura plasmado en sus respectivos planes de cuenca. Documentos que, según Medio Ambiente, estarán redactados en 2009, año en el que se prevé la llegada de los primeros caudales desde Cullera. Fuentes de AcuaJúcar «ni confirmaron, ni desmintieron la oferta a los regantes murcianos», pero es público que la intención del Ministerio de Medio Ambiente es que el Júcar-Vinalopó pueda beneficiar al máximo número de agricultores.

Territorio remitió la semana pasada al Ministerio la documentación que certifica que el trazado del trasvase no presenta impactos ambientales graves por lo que no hay objeciones empiecen a finales de mes como prevé AcuaJúcar.

Por otro lado, la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, anunció ayer que realizará un estudio conjunto con Agricultura para fijar los precios del agua por cultivos a partir de 2010, de cara a aplicar la directiva europea. Narbona señaló que hoy en día está mas ajustado el precio del agua «doméstica que la de uso agrícola».

El intercambio de derechos de agua, que es la antesala de los bancos de agua, está funcionando satisfactoriamente entre los regantes de la cuenca del Segura y los del Tajo. Se diría que no puede ser de otra forma porque las comunidades de regantes de Estremeras y Aranjuez van a ingresar en el plazo de año y medio más de 30 millones de euros con la venta de sus concesiones anuales del río Tajo al Sindicato Central de Regantes y a la Mancomunidad de los Canales del Taibilla.

Los agricultores madrileños ribereños del Tajo -que no de Castilla-La Mancha- han decidido no cultivar para ceder sus caudales, aprovechando además la situación para acometer obras de modernización de sus regadíos. En lo que se podría llamar el Trasvase bis, el año pasado se formalizaron dos operaciones con Estremeras y con el Canal de la Aves de Aranjuez que proporcionaron unos 65 hectómetros cúbicos para los abastecimientos y regadíos de la cuenca del Segura. Este año se repetirán las operaciones. De hecho, el Consejo de Ministros autorizó el viernes pasado la segunda compraventa con Estremeras; a la vez que apuntó que habrá que establecer otra reserva estratégica en la cabecera del Tajo para garantizar los abastecimientos en el caso de que la aportaciones sigan a la baja.

En este sentido, es probable que se vuelva a comprar más agua a Aranjuez. Representantes del Canal de las Aves ya están preguntando si deben plantar o no este año, habida cuenta de que el precio variará en el caso de que se tenga que indemnizar por los cultivos ya realizados.

Sumando todos los conceptos, los regantes madrileños se habrán embolsado más de 30 millones de euros (unos 5.000 millones de pesetas) por vender unos 130 hectómetros cúbicos de sus concesiones del Tajo. Todo ello sin plantar una lechuga. Los regantes murcianos están pagando ese agua a 18 céntimos y los abastecimientos a 28. El Ministerio de Medio Ambiente les condonará la tarifa del transporte a través del acueducto para reducir el coste final. No es de extrañar que otras comunidades de regantes estén estudiando con bastante interés esta fórmula.

El Gobierno de Castilla-La Mancha no descarta recurrir estas compraventas. En el Estatuto que han pactado PSOE y PP se rechazan los intercambios y los bancos de agua, que en todo caso deberían ser aprobados por el Ejecutivo de Toledo.

NARBONA NO SUBIRÁ EL PRECIO

…al menos para la agricultura

La ministra Cristina Narbona manifestó ayer que las subidas en el precio de ciertos servicios «no tienen por qué comportar subidas en la factura que uno paga del agua o la energía, sino ser un precioso estimulo para usar mejor estos recursos que, en España somos un poquito nuevos ricos, derrochamos», informa Efe. En cualquier caso, «no será este Gobierno el que eleve el precio del agua a los agricultores, de forma que se les pudiera causar un problema real desde el punto de vista económico», añadió ayer la ministra, tras advertir de que, en todo caso, «habrá que ir introduciendo racionalidad».

Los regadíos en los Planes de Sequía y los caudales ecológicos serán motivo de debate en la jornada que la Federación Nacional de Comunidades de Regantes (Fenacore) celebrará mañana, día 7 de marzo, en el Hotel Meliá Castilla de Madrid desde las 9,30 a las 14 horas.

La jornada, que será inaugurada por un representante del Ministerio de Medio Ambiente y el presidente de Fenacore, Andrés del Campo, y clausurada por el director general de Desarrollo Rural, Francisco Amarillo, reunirá a más de 150 directivos, gerentes y gestores de comunidades de regantes, y analizará temas de inminente actualidad a partir del testimonio de ponentes de primer orden, según explica Fenacore en un comunicado.

Entre los asistentes, destacará la participación del subdirector general de Planificación Hidrológica, Teodoro Estrela, quien analizará los Planes Especiales de Sequía, y del profesor de la Universidad de Lérida Antonio Palau, quien expondrá sus conclusiones sobre los caudales ecológicos y riegos. Asimismo, el encuentro incluirá mesas redondas donde se analizará la incorporación de las nuevas tecnologías al regadío.

La presidenta del PP de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, afirmó ayer que las intenciones del Gobierno sobre el trasvase Tajo-Segura «están en franca contradicción» con lo que mantiene el PSOE castellano-manchego, a quien el Ejecutivo «ha desacreditado en cuatro ocasiones».

De Cospedal aseguró, al ser preguntada por las declaraciones que hizo el domingo el presidente del Sindicato Central de Regantes, Francisco del Amor, en las que dijo que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, le ha prometido que mantendría el trasvase, que esta afirmación «está en franca contradicción con lo que dice día tras día el Partido Socialista de Castilla-La Mancha y su secretario general, José María Barreda».

Según la presidenta regional del PP, el Gobierno «ya ha desacreditado en cuatro ocasiones» al PSOE castellano-manchego, diciendo que no va a prosperar el Estatuto de Castilla-La Mancha».

«Lo ha dicho Rodríguez Zapatero en dos ocasiones, la última el pasado fin de semana en Murcia, lo ha dicho también la ministra de Medio Ambiente (Cristina Narbona), lo ha dicho también la vicepresidenta primera del Gobierno» (María Teresa Fernández de la Vega), añadió.

En este sentido, De Cospedal dijo que espera «que se respete la voluntad de los ciudadanos de Castilla-La Mancha representada por el Partido Socialista y por el Partido Popular».

De la misma opinión resultó el secretario regional del PP, Vicente Tirado, que afirmó que el Gobierno de España ha vuelto a «desautorizar» al presidente regional, José María Barreda, en su defensa de poner caducidad al trasvase Tajo-Segura y esta vez ha sido el propio Rodríguez Zapatero.

Solución para Murcia

También el secretario de los socialistas murcianos, Pedro Saura, recordó que Zapatero, se comprometió con una solución definitiva del déficit hídrico para la Región de Murcia y aseguró que el trasvase es «intocable».

Saura, que hizo una valoración de la visita de Rodríguez Zapatero a la Región, calificó la desalación como la política hídrica de futuro y recordó que la Administración central ha licitado mil millones de euros para la producción de 400 hectómetros cúbicos de agua.

Mientras los socialistas castellano manchegos trataron de restar importancia a las declaraciones de Zapatero argumentando que Barreda había conseguido que el programa marco y el manifiesto autonómico que inspirarán los programas electorales del PSOE recojan la reivindicación de que las comunidades autónomas participen en los órganos de gestión del agua.

En un comunicado, el portavoz del PSOE de Castilla-La Mancha, José Manuel Caballero señaló que «ojalá los dirigentes del PP de Castilla-La Mancha tuvieran el mismo poder de influencia sobre el PP nacional que el que tienen el presidente Barreda y los socialistas de Castilla-La Mancha ante el PSOE nacional».

Entre tanto cruce de declaraciones, la reserva de agua de los embalses de la cabecera del Tajo, Entrepeñas y Buendía, aumentó en dieciocho hectómetros cúbicos la última semana y alcanzó el 14,30% de su capacidad total, al situarse en 354 hectómetros cúbicos.

Las reservas de agua almacenadas en los embalses de la Confederación Hidrográfica del Júcar aumentaron en 10,42 hectómetros en la última semana y se sitúan en torno al 17,18%.

El embalse que más se ha beneficiado en la última semana ha sido el de Alarcón, que ha recibido 5,02 hectómetros cúbicos. A destacar también los los incrementos en el embalse de Tous-La Ribera, con un aumento de 4,43 hm 3 .
En el lado negativo hay que subrayar que el embalse de Contreras sigue sin recuperar el volumen de entradas que debería considerarse « normal» para esta época del año y que los pantanos del Turia, Benagéber y Loriguilla, han empezado a perder reservas.
Mientras tanto, los embalses de la cabecera del Tajo aumentaba a 18 hectómetros cúbicos y se situaban en 354 hm 3 , un 14,30% de su capacidad total.

Meses cálidos

Ayer, el Instituto Nacional de Meteorología constaba en un informe de ámbito nacional que febrero ha sido un mes «muy cálido» y seco, especialmente en Alicante -donde se superado los récord de temperatura media (1971-2007) y todo el sureste español.