La Comunidad de Regantes de Balazote-La Herrera celebrará junta general el día 25 de marzo, en el Auditorio del Ayuntamiento de Balazote. Entre los asuntos a tratar incluye la aprobación de la gestión y cuentas del 2006, fijación de cuotas, y el proyecto de modernización y consolida- ción de los regadíos de la comunidad de Regantes , adaptación al nuevo sistema de riegos y secregación de la comunidad Prados Carrasca.

El presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura, José Salvador Fuentes Zorita, dijo ayer, al término del Consejo del Agua, que el Ministerio de Medio Ambiente aprobará en 15 días el Plan Especial de Sequía destinado a evitar o minimizar los efectos de la falta de agua en esa cuenca.

Fuentes Zorita subrayó la importancia de este plan, que consideró imprescindible para el Segura, que actualmente se encuentra «en situación de emergencia». Explicó que la cuenca del Segura «se caracteriza por la escasez de recursos, lo que se ha venido acentuando en los últimos 25 años debido a que las aportaciones naturales a los embalses son bastante inferiores y no entran recursos suficientes» en los pantanos.

Según dijo, con este plan se trata de definir mecanismos para la previsión y detección de situaciones de sequía, así como de fijar umbrales de fases de gravedad progresiva de las sequías, y de definir medidas para conseguir, por ejemplo, minimizar los efectos negativos en el abastecimiento urbano de la falta de agua. La del Segura ha sido la primera cuenca hidrográfica que ha llevado a cabo este trámite.

El coordinador de parlamentario nacionales del PSOE de Castilla-La Mancha, Alejandro Alonso, ha criticado hoy duramente las manifestaciones de la presidenta regional del PP, María Dolores de Cospedal, en las que señalaba que «como responsable político tengo que buscar una solución, que no es solo decir que se tiene que terminar el trasvase, también me comprometo a invertir mucho dinero en que los murcianos y los valencianos puedan disfrutar del agua, también me he comprometido a eso…».

Alonso se ha preguntado si esta es la política hidráulica que defiende la candidata del PP: «invertir el dinero de los castellano-manchegos para que los valencianos y los murcianos puedan disponer de más agua. Porque eso es lo que ha dicho esta señora».

Para el responsable socialista, resultan muy preocupantes y graves este tipo de manifestaciones porque no es la primera vez que la candidata del PP muestra «dudas» en torno a los intereses hidráulicos de Castilla-La Mancha. Alonso recordó que en el poco tiempo que lleva en la región ha manifestado diferentes posiciones contradictorias sobre la fecha de caducidad del trasvase «dijo que no, luego que sí, luego que ni a favor ni en contra y luego parece ser que sí».

Con Zaplana a cuestas

También recordó Alonso las recientes declaraciones del portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados, Eduardo Zaplana, quien «habló abiertamente de una pacto entre el PP de Castilla-La Mancha, Murcia y Valencia para mantener el trasvase Tajo-Segura».

Con todos estos precedentes y las últimas declaraciones de la candidata del PP, Alonso indicó que «nos surgen muchas dudas sobre las verdaderas intenciones de De Cospedal. No sabemos si va a defender los intereses de los castellano-manchegos o ha venido a defender los intereses de quienes la nombraron».

Por último, el responsable socialista exigió a De Cospedal y a los dirigentes del PP regional que, «de una vez por todas mantengan una posición mucho más clara y más firme en lo que se refiere a la defensa de los intereses hidráulicos de nuestra región».

La Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) aprobó ayer en Valencia la propuesta realizada por la Junta Central de Regantes de la Mancha Oriental (JCRMO) de ampliación de la oferta pública de adquisición (OPA) de hasta el 60% de los derechos a extraer aguas subterráneas.

Esta oferta, que culminó a finales del pasado mes de enero y que estaba dirigida a los regantes del tramo medio del río, se ampliará con las mismas condiciones tras la reunión de la Junta de Gobierno de la Confederación celebrada ayer en Valencia.

Según explicó a este diario el presidente de la JCRMO, Agustín González, los regantes interesados en adherirse a esta nueva oferta de cesión temporal de derechos podrán hacerlo en un plazo de siete días desde el momento en el que se publique esta nueva convocatoria en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM).

La propuesta de ampliación surgió tras los resultados obtenidos en la primera convocatoria cuando se esperaba que la adhesión de regantes fuese mucho mayor de lo que finalmente resultó.

González indicó en este sentido que la nueva oferta pública de adquisición completará la anterior con la que se pretendían ahorrar entre 55 y 60 hectómetros. Así, con la ampliación el reto es conseguir dejar de extraer los 17 hectómetros que habían quedado sin cubrir en la oferta inicial.

El presidente de los regantes albaceteños recordó que en esta segunda fase tendrán prioridad aquellos regantes que ya se adhirieron a la convocatoria anterior.

En la Junta de Gobierno de la Confederación también se analizaron las alegaciones que los distintos colectivos implicados han presentado al Plan Especial de Sequía. En este sentido los denominados regantes tradicionales, del Levante, volvieron a dejar claro su convencimiento en cuanto a su prioridad en el uso del agua y en cuanto a los volúmenes asignados incluso en épocas de sequía.

El 64% de los regadíos españoles han mejorado desde 2004 su eficiencia al incorporar tecnologías más avanzadas y respetuosas con el medio ambiente, según recogen los datos de la Encuesta de Superficies y Rendimientos de Cultivos (Esyrce) publicada por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (Mapa).

Algunas de estas mejoras se han producido gracias a sistemas más eficaces en el ahorro de recursos hídricos que distribuyen el agua por goteo o microaspersión, frente el riego por gravedad, caracterizado por el reparto del agua en la superficie de la parcela mediante surcos, o directamente desde las acequias o canales.

Según el estudio, del total de superficie de regadío en España, que asciende a 3,3 millones de hectáreas, el riego localizado se utilizó en el 41,6% de la superficie, es decir, en 1,3 millones de hectáreas frente al riego por gravedad que ocupó el 35% con 1,1 millones de hectáreas.

Asimismo, estos dos sistemas representan el 76% de los regadíos, situándose en posiciones inferiores el riego por aspersión, utilizado en el 22,5% de la superficie.

Análisis

El análisis de los regadíos españoles establece relaciones con los principales sistemas de riego utilizados en la agricultura, tanto sectorialmente como territorialmente, estudiando la distribución de dichos sistemas en las comunidades autónomas. En relación con el territorio, las principales regiones con superficie de riego fueron Andalucía con 927.957 hectáreas, el 28% del total estatal, Castilla-La Mancha, con 426.674 hectáreas (13,9%), Castilla y León, con 414.659 hectáreas (12,5%) y Aragón, con 378.869 hectáreas (7,6%).

Sobre los sistemas, se constata el uso de riego localizado principalmente en Andalucía, con un 44,5%, mientras que el sistema por aspersión se encuentra más concentrado entre Castilla León, Castilla La Mancha y Andalucía, representando todas ellas más del 70%. El riego automotriz se concentra en las comunidades autónomas de Castilla y León y Castilla-La Mancha, distribuyéndose la superficie regada por gravedad entre Aragón y Andalucía.

Por sectores, destacó el predominio del riego localizado en el olivar y viñedo, por encima del 85%, seguido por los frutales y los cítricos con más del 60%. Por otro lado, la mitad de la superficie de hortalizas, incluidas las de invernadero, se regó con estos sistemas más modernos, realizándose el resto por gravedad y aspersión.

El sistema de riego también se utilizó para la mitad de la superficie dedicada a tubérculos y cultivos industriales, como la remolacha, el girasol o el algodón. Sólo los cereales y las plantas forrajeras fueron cultivos en los que el riego por gravedad ocupó 60% de su superficie.

La gestión sostenible de los recursos hídricos es el tema de las jornadas internacionales WEX The water and enviromental exchange (El agua y el cambio medioambiental) que reúnen en Sevilla a 130 expertos. Representantes gubernamentales, empresas privadas e instituciones internacionales, como la Unesco, debatirán sobre cómo abastecer a la población con un recursos tan limitado y sin sobreexplotarlo. En las jornadas, que se celebrarán hasta el viernes, participaron ayer Richard Meganck, director del Instituto para la Educación del uso del Agua, y Juan Corominas, director de la Agencia Andaluza del Agua, entre otros.

Arabia Saudí, un país de 24 millones de habitantes que con sus 30 plantas desalinizadoras es el primero en el mundo en convertir el agua del mar en potable, presentará su experiencia de creación de infraestructura a través de la cooperación público-privada.

«La gestión del agua ha estado siempre totalmente en manos del Gobierno, pero hace cuatro años hemos puesto en marcha soluciones en colaboración con empresas privadas», comentó ayer el profesor de Ingeniería Civil e Hidrología Abdulaziz S. Al-Turbak.

«El 50% del agua potable que se consume actualmente en nuestro país procede de plantas desalinizadoras, pero a un elevado coste; aún teniendo en cuenta que en Arabia Saudí el petróleo es muy barato. El alto precio del agua desalada hace que en la agricultura se emplee, en un 90%, agua procedente del subsuelo, un recurso limitado que pone en peligro la existencia de los acuíferos subterráneos», explicó ayer en Sevilla Al-Turbak.

El futuro, según el representante saudí, es la instalación de plantas que producen electricidad y desalinizan agua, una solución mucho más costosa para lo que han buscado la colaboración de empresas privadas. «Hemos construido también 230 pantanos en todo el país que recogen un billón de metros cúbicos de agua», añade Al-Turbak, quien ha mostrado mucho interés por la tecnología desarrollada en España que permite desalar agua a un coste tan bajo que puede usarse para la agricultura.

El presidente de la Federación Nacional de Comunidades de Regantes (FENACORE), Andrés del Campo, defendió ayer los travases como una más entre otras medidas para hacer frente a la sequía mediante la planificación y el control de los recursos.

En declaraciones previas a la jornada técnica «Restricciones para el Regadíos: Planes de Sequía y Caudales Ecológicos», organizada por FENACORE en Madrid, el presidente nacional de los regantes afirmó que la solución a la escasez de lluvias en España pasa por la construcción de obras de regulación y trasvases entre cuencas debidamente justificados.

Del Campo -cuya comunidad de base son los regantes del Pantano del Gadalmellato, en Córdoba (cuenca del Guadalquivir)-, también abogó por medidas de gestión de la demanda como modernización de regadíos, bancos públicos del agua, recarga de acuíferos o la reutilización del aguas residuales.

La jornada contó con la asistencia del aragonés César Trillo, presidente de Riegos del Alto Aragón y de la Federación de Regantes del Ebro, quien restó importancia a los postulados trasvasistas del presidente nacional, postulados que no escuchó ayer durante su intervención en la jornada aunque sí ha oído en otras ocasiones. «La Federación Nacional se ha pronunciado varias veces sobre este tema -explicó Trillo en conversacion telefónica-. No todo el mundo tiene que estar de acuerdo, aunque sí hay una mayoría que defiende los trasvases… pero se puede convivir con eso». El representante del Ebro recalcó que «lo que hay entre los regantes es un sentimiento unánime de que hay que incrementar las obras de regulación», si bien reconoció que «también una parte importante del regadío nacional piensa que la solución pasa por los trasvases».

En la junta directiva de la Federación Nacional hay otro representante del Guadalquivir y dos más del Júcar y de la huerta de Murcia (cuenca del Segura). El anterior Plan Hidrológico Nacional (PHN) -que efectivamente defendió en su día Andrés del Campo-, pretendía llevar agua del Ebro al Júcar, el Segura y también a Almería, cuyos invernaderos forman un mar de plástico visible desde el espacio, y que tiene mucho más cerca el Guadalquivir, navegable en su último tramo.

Más allá de los trasvases, Trillo subrayó que «lo prioritario es que la cuenca (del Ebro) tenga garantía de agua, eso para empezar, y hoy por hoy no la tenemos». En la jornada, expuso un estudio sobre la repercusión de la sequía de 2005 y 2006 en Riegos del Alto Aragón, sistema en el que se estima que los regantes perdieron 60 millones de euros en estos años y las empresas ligadas al sector otros 30.

Pero lo malo a su juicio no es la sequía por falta de lluvias, sino la que provoca la falta de infraestructuras, como ocurre este año, en el que -explica- se han desperdiciado grandes recursos por falta de embalses, entre otras cosas por el retraso de proyectos como Biscarrués. Al igual que el presidente nacional de los regantes, Trillo insistió en que los planes de sequía son «insuficientes», por más que en su caso haya felicitado a los responsables de la Confederación del Ebro por la gestión realizada.

Además, recordó que diversos técnicos sostienen que el cambio climático obligará a incrementar la regulación en un 20 o un 25%, como planteó ayer el profesor de la Universidad de Lérida Antonio Palau incluso para mantener los caudales ecológicos.

El Gobierno de Castilla-La Mancha está ultimando otros dos recursos que afectan a sendos acuerdos tomados el pasado mes de febrero por el Consejo de Ministros referentes a las cuencas del Tajo y del Segura.

Además del recurso anunciado el pasado martes al real decreto de febrero de este año que fija el ámbito territorial de las demarcaciones hidrográficas, los servicios jurídicos de la Junta están ultimando otros dos acuerdos del Ejecutivo Central tomados también en febrero.

El primero de ellos se refiere al acuerdo adoptado por el Consejo de Ministros el pasado 2 de febrero, por el que se autorizó el trasvase de once hectómetros cúbicos para regadío a la cuenca del Segura.

El otro de los acuerdos que se va a impugnar se refiere a la autorización del Gobierno a la compra de 31 hectómetros cúbicos por parte de los regantes murcianos a los agricultores de Estremera (Madrid), en la cuenca del Tajo.

El portavoz del Gobierno Regional y vicepresidente segundo de la Junta, Emiliano García-Page, explicó que los motivos que han llevado al Ejecutivo regional a impugnar este tipo de decisiones es que «contravienen el ordenamiento jurídico y los intereses de la comunidad autónoma», dijo.

En este sentido, la Junta considera que el ámbito territorial de las demarcaciones hidrográficas se ha fijado de manera «inadecuada», sobreestimando el peso del Júcar y del Segura en lo que se refiere a las cuencas intracomunitarias en el Levante, modificando la proporcionalidad en sus órganos de gestión en perjuicio de Castilla-La Mancha.

García-Page indicó que al Gobierno Regional «no le va a temblar el pulso» en la defensa de los intereses de la región y si los planteamientos e iniciativas políticas no son suficientes, se acudirá a la vía judicial, señaló.

Preguntado por la postura del Gobierno Central, que insiste, tal y como le comunicó el presidente Rodríguez Zapatero, al presidente de los regantes murcianos, en que mantendrá el trasvase Tajo-Segura, el portavoz de la Junta dijo que «es normal que tenga que haber una cierta contemporización y que el debate no se anticipe» a la discusión del Estatuto de Castilla-La Mancha en el Congreso de los Diputados.

«Lo tenemos muy clarito y no vamos a bajar la guardia. No permitiremos que el trasvase solucione el futuro del Levante», agregó el portavoz de la Junta, quien insistió en que por primera vez se están dando alternativas a la cuenca del Segura con la construcción de las desalinizadoras.

En este sentido, indicó que resulta «paradójico» que las comunidades autónomas de Valencia y Murcia que van a beneficiarse de un agua desalada, competitiva y cuyas obras, además, está acometiendo la Administración del Estado, «estén poniendo pegas a la construcción de estas plantas porque prefieran seguir utilizando un agua más barata y más cómoda».

Por otra parte, García-Page dijo ayer que el Ejecutivo Autonómico está «abierto a consensuar» con el PP el proyecto de Ley Audiovisual de Castilla-La Mancha y en especial aquellos aspectos que a la oposición le parezcan «más controvertidos». A preguntas de los periodistas, García-Page respondió a las críticas el PP que tachó este proyecto de «auténtica ley mordaza» y anunció una enmienda a la totalidad. El portavoz de la Junta «invitó» al PP a mantener una disposición abierta para llegar a un consenso en una normativa que Castilla-La Mancha «necesita» y negó que tenga una «intención de controlar absolutamente nada».

No le ha sorprendido en absoluto, le parece lógico, pero quiere más, pide más, cree que se puede y se debe hacer más. Esa fue la valoración que hacía ayer el catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Castilla-La Mancha, Francisco Delgado Piqueras, acerca de la decisición de la junta de recurrir la disposición transitoria del Real Decreto por el que se fija el ámbito de las demarcaciones hidrográficas.

«Obviamente, lo que se ha hecho es anunciar un recurso, aún hay que redactarlo y presentarlo, pero no me sorprende que la Junta dé ese paso: al fin y al cabo, lo que pone esa transitoria es que, transitoriamente, se suspende la vigencia de la Constitución en el ámbito de la cuenca del Júcar. Pero no perdamos de vista el factor tiempo; un recurso ante el Supremo son cuatro o cinco años y, en ese plazo, y por la política de siempre, la de los hechos consumados, pueden pasar muchas cosas», advirtió Delgado.

Como se recordará, el profesor Delgado, en calidad de representante legal de la Fundación para el Progreso de Albacete, fue el ‘responsable’ de la demanda que condujo a la sentencia del Supremo de octubre de 2004, por la que se anularon varios artículos clave del Plan Hidrológico de la Cuenca del Júcary se estableció la segregación de las cuencas internas de la Comunidad Valenciana del ámbito de la Confederación Hidrográfica del Júcar. Esta segregación se recogió en el Real Decreto 125/2007, sobre Demarcaciones Hidrográficas, pero con lo que el profesor Delgado definió en su día como una «transitoria perpetua».

«La disposición transitoria que contiene este Real Decreto dice que, mientras la Generalitat Valenciana no asuma las cuencas internas, la Confederación las mantiene -subrayó el profesor Delgado-, y eso es decir que, en el ámbito de la Confederación del Júcar, se suspende la aplicación de la Constitución, que dice claramente que las cuencas internas no son competencia del gobierno central, sino de las autonomías, como ya ocurre en Canarias, Baleares, Cataluña, Andalucía o Galicia».

Pero, además, como no se establece un plazo que ponga fin a la transitoriedad, sino que ésta se mantendrá hasta que Valencia quiera, «encima estamos poniendo en manos de Valencia la potestad de decir si cumplen o no con la Constitución y, además, cuándo lo hacen». Y ese cuándo, precisamente, es lo importante, porque es justo ahora cuando se están produciendo o gestando numerosos cambios legislativos que afectarán a la gestión del Júcar, como la nueva Ley de Aguas o la cercana revisión del Plan de Cuenca.

«Por eso, la demanda debe ir acompañada de la acción política, y el papel que puede jugar la Junta de Comunidades en este terreno es tan importante -indicó- porque no podemos quedarnos de brazos cruzados cinco años hasta que el Supremo nos vuelva a dar la razón, porque en esos cinco años nos puedendejar el Plan Hidrológico de Cuenca al revés y entonces, ¿que nos quedaría? ¿Volver a los tribunales para que cinco años más tarde nos den la razón?», se preguntó.

En este sentido, el profesor Delgado remarcó que, mientras no haya una sentencia por medio, las mayorías en el seno de la Confederación del Júcar se mantendrán tal y como están y serán, precisamente, esas mayorías (donde la Comunidad Valenciana y, sobre todo, la provincia de Valencia, parte y reparte) las que se encargarán de diseñar, redactar, tramitar, aprobar y redactar un nuevo Plan Hidrológico de Cuenca a su conveniencia.

Pero el profesor fue más allá, al indicar que la Junta tiene legitimidad para recurrir este Real Decreto como parte afectada, «pero no es la única, también lo puede recurrir una asociación agraria, un grupo de regantes, todos y cada uno de los municipios y diputaciones provinciales que se consideran afectados, pues también son usuarios; e incluso usuarios individuales y no sólo regantes, todo usuario del Júcar que entienda que esto le perjudica».