El secretario general de la Unión Sindical de Usuarios del Júcar -USUJ-, Juan Valero de Palma, advirtió ayer de que el Júcar no tiene caudal suficiente para trasvasar agua a Murcia y solucionar los problemas de los regantes del Altiplano Murciano -Yecla y Jumilla- tal como prevé el Ministerio de Medio Ambiente una vez esté operativo el trasvase Júcar-Vinalopó. Valero de Palma afirmó, tras conocer las intenciones de regantes murcianos y Ministerio, que «la iniciativa no tiene mucho sentido porque hay que recordar que el trasvase Júcar-Vinalopó es de sobrantes y ahora mismo lo que no sobra en el Júcar el agua» . El sistema Vinalopó-l’Alacantí tiene un déficit hídrico total de 160 hm 3 al año, ateniéndose a la sobreexplotación de los acuíferos y la infradotación de los regadíos.

Para el secretario general de la USUJ, «el agua que sobre en el Júcar debe ir al Vinalopó cuando estén atendidas todas las demandas de la cuenca. En Alicante existe un déficit muy grande y en el Júcar también, por lo que, además de que será difícil que en el Vinalopó pueda resolverse ese déficit, lo normal sería que si sobrase agua se quedara en nuestra cuenca. Por supuesto que si se puede habría que enviar caudales a Murcia pero lo veo muy complicado porque, insisto, el trasvase se debe hacer con el que agua que sobre y el sistema Júcar es deficitario». Por otro lado, la propuesta de la sociedad estatal AcuaJúcar a los agricultores murcianos cayó como una bomba entre los agricultores alicantinos que anunciaron, a través del portavoz de la Federación de Comunidades de Regantes, Ángel Urbina, la convocatoria de una manifestación cuyo lema será «Por la dignidad hídrica de la provincia de Alicante». Para Urbina «esto ha sido la gota que colma el vaso. No nos reciben desde octubre de 2005 y ahora nos enteramos que quieren darle el agua del trasvase del Júcar a Murcia. Un insulto para la provincia de Alicante que una vez más se queda en tierra de nadie, y que quede claro que no tenemos nada contra nuestros compañeros de Murcia que están en su derecho de buscar agua donde puedan», subrayó Urbina.

MADRID.- El presidente de la Federación Nacional de Comunidades de Regantes (FENACORE), Andrés del Campo, calificó hoy los Planes Especiales de Alerta y Eventual Sequía en las distintas Confederaciones Hidrográficas de “incompletos” ya que -si bien incluyen un completo análisis técnico y ambiental- carecen de los informes jurídicos, económicos, políticos y reglas de explotación necesarios para abordar el problema de la sequía desde un punto de vista profundo y multidisciplinar.

Del Campo, que participó en una jornada técnica sobre «Restricciones para el Regadío» organizada por Fenacore en Madrid, apuntó que estos planes de sequía son esenciales para hacer frente a la escasez de lluvias existente en España, pero advirtió que si no se completan con los informes pertinentes, no permitirán avanzar realmente en la gestión del escaso recurso de agua ni resolver los conflictos hídricos existentes entre comunidades a través de un reparto ordenado y equitativo de este recurso.

Una evaluación del coste/beneficio para medir su eficacia
El presidente de los regantes señaló que los planes de sequía y las medidas adoptadas carecen de una evaluación económica que permita conocer en términos de coste/beneficio los efectos de su aplicación en el regadío y los diferentes sectores productivos. Asimismo, propuso que se cuantifiquen las pérdidas que representa el lucro cesante para el sector agroalimentario y la sociedad como consecuencia de las restricciones de caudales.
Por otro lado, Andrés del Campo señaló que los planes no hacen referencia a las medidas compensatorias necesarias para paliar estos perjuicios sobre los regadíos; y recordó que la Ley de Aguas reconoce la posibilidad de conceder indemnizaciones por los perjuicios causados a los usuarios afectados, con el fin de paliar las restricciones de agua para uso agrícola de determinadas cuencas en beneficio del abastecimiento urbano ante una situación de sequía.

Según el presidente de Fenacore, «la legislación de aguas establece una jerarquía entre todos los usos y fija quién deberá cesar ante una situación de escasez. Por ello, estas restricciones de suministro en los regadíos en beneficio del consumo humano nos parecen justas y legales, siempre y cuando se nos garantice el mantenimiento de nuestra actividad y la renta de los agricultores».

Asimismo, recordó que las medidas adoptadas durante la gestión de la sequía no pueden implicar «modificación de concesiones» sino «modificación temporal de las condiciones de utilización del recurso concedido» sin alterar el título concesional, con vigencia máxima durante el plazo de aplicación del Decreto de Sequía que se apruebe.

Cuantificar con exactitud los recursos disponibles
Por otro lado, Andrés Del Campo denunció que los Planes de Sequía parten de una planificación hidrológica no ajustada a la realidad de los recursos disponibles ya que se encuentran «sobrevalorados» al utilizar una serie histórica de datos desde 1940 que no valora adecuadamente la reducción de los últimos 25 años, cuando, en su opinión, la realidad demuestra que existe «un antes y un después» al año 1980.

Según Del Campo, «esta sobrevaloración de los recursos unido a la elevada presión de la demanda por el reconocimiento legal de nuevos usos (turístico, etc.) acentúa la sequía en lugar de aliviarla ya que conduce irremediablemente al agotamiento del sistema, la infradotación en estos usos, la escasez permanente y el conflicto continuado entre los distintos usuarios».

Las CC.AA. deben limitarse a ejercer «plenamente» sus competencias
Con respecto al análisis político de la sequía, el presidente de Fenacore criticó la «excesiva preocupación» de algunas comunidades autónomas por asumir –a través de reformas estatuarias- competencias exclusivamente estatales en materia de planificación hidrológica, en lugar de hacer más efectiva su participación en las confederaciones hidrográficas o ejercer plenamente sus competencias sobre la gestión de las demandas: modernizando las redes de abastecimientos, rehabilitando regadíos y construyendo Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales (EDARs).

Del Campo advirtió que la cesión de competencias a las comunidades autónomas sobre el recurso y su planificación puede conllevar diversos riesgos, como son: el recrudecimiento de los conflictos territoriales, la distribución y reparto del agua con arreglo a intereses localistas (y no generales) y el planteamiento de nuevas demandas que acaben por generar una sequía estructural en nuestro país.

Potenciar otras medidas de gestión de sequías
El presidente de Fenacore apuntó que en situaciones de sequía resulta imprescindible la planificación y el control de la utilización de los recursos. En este sentido, recordó que la solución a la escasez de lluvias endémica que existe en España pasa por la construcción de obras de regulación y trasvases intercuencas, debidamente justificados, así como por la potenciación de otras medidas de gestión de la demanda como son la modernización de regadíos, la cesión de derechos al uso privativo del agua (bancos públicos del agua) la gestión conjunta de aguas superficiales y subterráneas, la recarga de acuíferos o la reutilización de aguas regeneradas urbanas. Muchas de estas medidas se han desarrollado en el Plan de Choque aprobado conjuntamente por el Ministerio de Medio Ambiente y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación con una elevada inversión en modernización de regadíos.
Finalmente, Andrés del Campo elogió el compromiso público asumido recientemente por la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, de cumplir con el principio de recuperación de costes medioambientales y de servicios relacionados con el agua para el horizonte del año 2010 –tal como establece la Directiva Marco de Aguas (DMA)- admitiendo la singularidad de cada cuenca hidrográfica y de cada cultivo, en función de los efectos medioambientales, socioeconómicos, condiciones geográficas y climáticas de los territorios afectados, así como la excepcionalidad para determinados usos.
Entre las autoridades asistentes a la jornada celebrada hoy destacó la presencia del director general de Desarrollo Rural del Ministerio de Agricultura, Francisco Amarillo, así como de los subdirectores generales de Infraestructuras del Ministerio de Medio Ambiente, Joaquín del Campo, y de Planificación Hidrológica, Teodoro Estrela. En el análisis de los Planes de Sequía participaron directamente el presidente del Sindicato Central Trasvase Tajo-Segura, Francisco del Amor; el presidente de la Federación de Comunidades de Regantes del Ebro, César Trillo; el presidente de la Asociación Feragua de Comunidades de Regantes de Andalucía, José Fernández de Heredia y el director Técnico de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Joaquín Andréu.

INFORMACIÓN DE CONTEXTO

FENACORE es una asociación sin ánimo de lucro e independiente políticamente, creada en 1955, que agrupa a las entidades dedicadas a la administración del agua para riego, tanto superficial como subterránea, con el fin de defender sus intereses y derechos de uso del agua. En la actualidad, cuenta con numerosas entidades federadas de todas las provincias españolas, que suponen 700.000 regantes y alrededor de 2 millones de hectáreas, es decir, más del 50% del regadío nacional. FENACORE trabaja estrechamente con los ministerios de Agricultura y Medio Ambiente. Además, es órgano consultivo del Ministerio de Medio Ambiente y vocal nato del Consejo Nacional del Agua. En el marco internacional, FENACORE es miembro fundador de la Comunidad Euromediterránea de Regantes (EIC), que representa a todos los países miembros en Bruselas.

Así se lo ha indicado a AGROCOPE el director general de Desarrollo Rural del Ministerio de Agricultura, Francisco Amarillo, que ha clausurado en Madrid una Jornada Técnica sobre “Restricciones para el regadío: planes de sequía y caudales ecológicos”, organizada por la Federación Nacional de Comunidades de Regantes de España (FENACORE).

Y es que el ahorro de agua es una de las prioridades de la política del Gobierno. De hecho, Amarillo ha subrayado que en la programación de desarrollo rural 2007/2013, una de las medidas de obligado cumplimiento es la eficacia hídrica destinada a ahorrar la mayor cantidad de agua posible en regadíos. “Es una manera nueva de abordar la política de modernización de regadíos”, ha señalado.

El objetivo es, según ha explicado, maximizar la eficacia hídrica en dos aspectos: con el menor agua posible conseguir las mayores producciones y contrarrestar, disminuir, anular y mejorar “muchísimo” los impactos de carácter medioambiental que puedan tener las labores de producción.

“Es una manera nueva de entender la armonía entre las zonas modernizadas y los elementos medioambientales”, ha resaltado Amarrillo, para quien la modernización se tiene que convertir en un elemento de mejora del entorno medioambiental además de abordarse desde la óptica de la diversificación de las fuentes de agua: superficiales, subterráneas, residuales y procedente de la desalación.

A corto plazo, el ministerio todavía tiene que acabar el Plan de Choque de Regadíos en el tiempo previsto, seguir adelante con las obras previstas en el Plan Nacional de Regadíos y abordar las bases para el desarrollo de esta medida de eficacia hídrica, además de, según ha destacado, diferenciar lo que el sector agrario usa de lo que consume.

Por su parte, tras las jornadas los regantes han llegado a la conclusión de que es necesario incorporar a los planes de sequía estudios socioeconómicos sobre los efectos de su aplicación en el regadío y los diferentes sectores productivos. “Hay que saber qué perjuicio tienen sobre los regadíos las restricciones de caudales y las disminuciones de dotaciones de agua y que se prevean las indemnizaciones correspondientes”, ha resumido a AGROCOPE el secretario general de FENACORE, Juan Valero.

Valero ha señalado que, aunque a pesar de la sequía que hemos vivido no ha habido restricciones de abastecimiento de poblaciones, sí han existido para las comunidades de regantes de las cuencas más afectadas como el Júcar o el Segura. “Se debe a que los regantes son los primeros que sufren y habrá que compensarlos cuando se haga en beneficio de otros”, ha dictaminado.

La presión de los regantes de Hellín y las gestiones realizadas por el alcalde Diego García Caro han hecho que los 450 litros de agua por segundo, de los 900 que tiene por concesión, la Mancomunidad de Regantes Juan Martínez Parras, necesitados en estas fechas para riego, lleguen a los canales de riego de la comunidad.

Ayer manifestaba el presidente del sindicato de riegos Antonio Morcillo Andújar que a las siete de la mañana, el guarda de la confederación abría las compuertas del Azul de Liétor para que los 450 litros de agua que la CRM Parras necesitaba se vertieran a los canales de Hellín.

Esa cantidad de agua llegaba a la red de distribución sobre las siete de la tarde por lo que a partir de hoy jueves, los regantes podrán disponer de las tandas que cada uno solicitó para el riego de sus productos agrícolas. Morcillo Andújar añadía que por el momento se ha conseguido esta cantidad pero que este año los 900 litros de concesión que se tiene no se van a poder utilizar, pidiendo compresión no solo a los regantes sino también a los ciudadanos para restringir en lo posible el agua haciendo un adecuado consumo.

Presión municipal

El alcalde dijo sobre el tema que «desde las 10 de la mañana del martes una vez que Antonio Morcillo me daba la noticia de que no podían disponer del caudal necesario para los riegos de los cultivo del municipio, me posicioné al lado de los agricultores haciendo las gestiones con el Secretario de Estado y con otros cargos que tiene reponsabilidad para que repusieran con la mayor inmediatez posible el derecho que con carácter perpetuo tiene la Comunidad de Regantes de Hellín».

García Caro dijo que me prometieron que a las siete de la mañana del miércoles se daba la orden. Añadía el primer edil municipal que a pesar de eso «durante todo el martes estuvimos con sufrimiento ya que los objetivos estaban de palabra, pero el compromiso se ha hecho realidad». El alcalde pedía reponsabilidad a los vecinos en el propio hogar «para que se haga un buen uso y no se desperdicie ni una gota de agua ante la problemática que se nos avecina, y que esas gotas de agua puedan ser utilizadas por los regantes. Debemos ser responsables desde el hogar y modernizar los regadíos», señaló.

La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, reiteró hoy que ante los nuevos Estatutos de Autonomía sigue prevaleciendo la Constitución y que ésta establece que en la gestión de los ríos que trascurren por más de una comunidad autónoma «la última palabra la tiene el Gobierno».

Narbona indicó en un desayuno informativo organizado por Fax Press e Intereconomía que «otra cosa son los mecanismos de concertación con las comunidades autónomas» y afirmó que el objetivo es incorporar a las CCAA en los ámbitos de concertación para lo que se creó el pasado Consejo de Ministros la Conferencia Sectorial del Agua. Un foro en el que están representadas la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas, y donde se analizarán y debatirán los proyectos de ley relativos a política del agua, planes hidrológicos de demarcación y Plan Hidrológico Nacional.

«Las comunidades autónomas no asumen nada en sus estatutos que no diga ya la Constitución: que los ríos que nacen, transcurren y mueren en una comunidad son gestionados por ella, pero con criterios de calidad ecológica similares tanto si son internos como intercomunitarios», indicó la ministra.

En cuanto a los precios del agua, la titular de Medio Ambiente comentó que el Ministerio realizará junto con el de Agricultura un estudio cuenca a cuenca y cultivo a cultivo para determinar cómo se aplicará la directiva marco de agua en 2010 y cómo incorporar todos los costes del agua al precio final. La ministra apuntó que los precios que se pagan en las ciudades por agua doméstica «es más aproximado en sus costes que lo que se paga en agricultura».

Por su parte, el profesor de Economía Pedro Arrojo indicó que en la actualidad se pagan 1.000 euros por metro cúbico de agua embotellada, un euro/m3 de agua de grifo, 0,1 euros/m3 en agricultura y 0,4 euros/m3 de agua desalada. Además, el trasvase de Tortosa a Almería supondría un coste igual que bombear el agua a 1.200 metros de profundidad del mar hasta la superficie.

En relación a la desalación, Narbona afirmó que es una de las actuaciones que lleva a cabo el Gobierno pero el programa AGUA «no es cambiar un trasvase por desaladoras, sino por un conjunto de actuaciones, como modernización de regadíos e infraestructuras existentes». Y añadió que «arreglar cañerías y conducciones no es tan espectacular como construir embalses», pero recordó que es importante evitar las fugas y promover la gestión racional del recurso.

Concretamente sobre la desaladora de Torrevieja (Alicante), Narbona indicó que se le va a proporcionar toda la información pedida a la Generalitat Valenciana y que los camiones para la construcción entrarán por la carretera nacional.

Por otra parte, Narbona comentó un estudio que se lleva a cabo en Alicante para desde el aire estudiar los acuíferos de la provincia, y en los primeros resultados se ha podido observar que hay unos 400 hectómetros cúbicos de agua.

Nuestras cuencas siguen aumentando, aunque esta semana lo hacen de manera leve. La reserva hidráulica tiene 1.351 hm3 menos que la media de la última década (34.297 hm3), aunque en la actualidad hay 5.947 hm3 más que el año anterior.

Por cuencas, la del Duero ha aumentado 75 hm3 con relación a la pasada semana, mientras que la Cuenca del Ebro ha disminuido 62 hm3 y se encuentran al 65,7 por ciento de su capacidad.

Entre las de mayor caudal embalsado destacan las cuencas del Norte II (Asturias y Cantabria) que están al 88,8 por ciento. Le siguen las del Norte I (sur de Galicia y norte de León) con un 86,7 por ciento, las del Duero (85,3 por ciento), Galicia Costa (84,8 por ciento), Norte III (País Vasco excepto sus cuencas internas) que alcanza el 81,7 por ciento de su capacidad y las cuencas internas del País Vasco, que se sitúan al 66,7 por ciento.

También se mantienen por encima del 50 por ciento de su capacidad las cuencas del Ebro (66,7 por ciento), las del Guadiana (Castilla-La Mancha y Extremadura) que están al 64,1 por ciento, Tajo (62,5 por ciento) y Cuenca Atlántica Andaluza (53,9 por ciento).

Por otra parte, las zonas más secas del país continúan viviendo una situación preocupante. Así, los embalses del Segura se sitúan en un 15,4 por ciento; los del Júcar al 17,2 por ciento y los de la Cuenca Mediterránea Andaluza al 35,5 por ciento.

La capacidad total de las cuencas españolas es de 54.148 hectómetros cúbicos de reserva, aunque la cantidad de agua embalsada actualmente es de 32.946 hm3. De éstos, 26.664 se encuentran en la vertiente atlántica, mientras que 6.282 pertenecen a la vertiente mediterránea.

El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha autorizó ayer a los servicios jurídicos de la Junta a ejercer las acciones oportunas ante el Tribunal Supremo para impugnar el artículo 2 de la disposición transitoria única y la disposición final primera del real decreto de 2 de febrero de 2007 que fija el ámbito territorial de las demarcaciones hidrográficas.

Según informó la Junta de Comunidades en una nota de prensa, el ejecutivo considera que este real decreto perjudica los intereses de Castilla-La Mancha, ya que implica una mayor representación en los órganos de gestión del agua de las comunidades autónomas que tienen competencia exclusiva sobre las cuencas intracomunitarias incluidas en las demarcaciones del Júcar y del Segura, en perjuicio de Castilla-La Mancha.

Desvincular La Albufera

Además, el Gobierno regional afirma que esa norma vulnera el ordenamiento jurídico en lo que se refiere a la sentencia del Tribunal Supremo sobre el Plan Hidrológico del Júcar (PHJ. En realidad, el Gobierno de Castilla-La Mancha cuestiona tanto la representación como el reparto geográfico de las distintas cuencas, apartado en el que pretende desvincular La Albufera del sistema Júcar para hacerse con el control de este río en cuyos órganos de dirección, de aceptarse la tesis castellano-manchega, apenas tendrían peso los usuarios valencianos.
Por su parte, la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, reiteró ayer que ante los nuevos Estatutos de Autonomía sigue prevaleciendo la Constitución y que ésta establece que en la gestión de los ríos que trascurren por más de una comunidad autónoma «la última palabra la tiene el Gobierno».
Narbona indicó en un desayuno informativo organizado por Fax Press e Intereconomía que «otra cosa son los mecanismos de concertación con las comunidades autónomas» y afirmó que el objetivo es incorporar a las CCAA en los ámbitos de concertación para lo que se creó el pasado Consejo de Ministros la Conferencia Sectorial del Agua. Un foro en el que están representadas la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas, y donde se analizarán y debatirán los proyectos de ley relativos a política del agua, planes hidrológicos de demarcación y Plan Hidrológico Nacional.

La guerra del agua no es una escaramuza breve, no es cuestión de modas pasajeras o de consignas políticas de aluvión: para quienes -como los albaceteños- sabemos de la importancia del aprovechamiento de los recursos hídricos, para quienes llevamos muchos años defendiendo el derecho de esta tierra al progreso a través del agua, este conflicto tiene muchos frentes entre los que no cabe desatender ninguno: y por supuesto, hay que atender también al frente judicial.

Ayer, el Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha lanzó una seria ofensiva en este frente judicial al encargar a los servicios jurídicos de la Junta que impugnen ante el Tribunal Supremo el artículo 2 de la Transitoria Única y de la Disposición Final Primera del Real Decreto 125/2007, de 2 de febrero, por el que se fija el ámbito territorial de las demarcaciones hidrográficas. Dicho así, puede parecer una disquisición leguleya, uno de esos pleitos de difícil comprensión basado en interpretaciones de letra y espíritu sin aplicación en la vida cotidiana. Pero no es así: el Decreto que la Junta va a recurrir en nombre de todos los castellano-manchegos perjudica seriamente los intereses de nuestra región y de nuestra provincia, ya que perdemos capacidad decisoria sobre las cuencas intracomunitarias de las Demarcaciones del Júcar y del Segura, en perjuicio de Castilla-La Mancha. Quiere ello decir que las cuencas internas de la comunidad valenciana (algunas tan tristemente famosas como la del Turia) van a ser adscritas de forma provisional a las confederaciones hidrográficas correspondientes, y en el caso del Júcar la consecuencia es tan injusta como absurda: se le da la vuelta a la conocida sentencia del Tribunal Supremo sobre el Plan Hidrológico del Júcar, que dejó claro que los recursos hídricos de este río no tienen por qué atender las necesidades de lo que, ‘de facto’ (y también ‘de lege’, según el fallo ahora incumplido), son cuencas independientes. Conviene no olvidar además que esa resolución del Supremo es consecuencia de la lucha ciudadana que surgió desde nuestra ciudad a través de la Fundación para el Progreso de Albacete; así, lo que fue un logro de la sociedad civil, que obtuvo justicia a través de los medios del Estado de Derecho, no puede ser burlado mediante el uso y abuso del Boletín Oficial.

La decisión de la Junta es un nuevo paso más dentro de esa concepción global de la guerra del agua a la que nos referíamos al principio: hay que pelear en las calles, en los parlamentos, en los estatutos… y por supuesto también en los tribunales. Porque es tanto lo que nos jugamos, que no podemos descuidar ninguno de los frentes.

La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, ha afirmado que en España se pueden soportar subidas en los precios del agua o la energía, si a la vez los ciudadanos y las administraciones reorientan los hábitos y se tiene en cuenta que se trata de bienes «muy preciosos» que hay que usar «de forma más responsable».

Sobre el precio del agua, la ministra señaló que, de acuerdo con la directiva marco europea, antes de 2010 los precios «tienen que reflejar todos sus costes». La titular de Medio Ambiente destacó que hoy en día lo que se paga en las ciudades por el agua «está próximo a los costes reales, pero en la agricultura no». Serán pues los agricultores, quienes consumen aproximadamente el 70% del agua en España, quienes deban asumir un incremento en los costes de su ‘materia prima’.

«El incremento será gradual. Haremos un estudio cuenca a cuenca, cultivo a cultivo, para ir fijando los costes«, señaló la ministra, que matizó que hay que desterrar la creencia, «que viene de décadas atrás de que los agricultores tienen que tener agua gratis, porque eso no puede ser».

La ministra de Medio Ambiente hizo estas declaraciones en el coloquio ‘Agua, oro líquido’, organizado por Fax Press, en el que también participó Pedro Arrojo, miembro de la Junta de la Fundación Nueva Cultura del Agua y Premio Goldman de Medio Ambiente, quien advirtió de que «la Naturaleza trabaja gratis para la humanidad, pero cuando se quebranta resulta carísimo sustituirla».

Según señaló Pedro Arrojo, actualmente el agua del grifo se paga a entre 1 y 2 euros el metro cúbico, mientras que el agua mineral embotellada cuesta unos 1.000 euros el metro cúbico. El agua que subvenciona el Estado, fundamentalmente a la agricultura, cuesta unos tres céntimos el metro cúbico, mientras que la procedente de acuíferos está en torno a los 20 céntimos y el de las desaladoras unos 40 céntimos. «Llevar agua desde Tortosa hasta Almería a través de trasvases costaría 1,5 euros el metro cúbico, un coste similar al de bombear el agua a 1.200 metros de profundidad del mar hasta la superficie», remarcó.

Sin embargo, Narbona matizó que las desaladoras no son la única opción del Gobierno para luchar contra la escasez de agua. «Tenemos que modernizar los regadíos, los embalses, las canalizaciones… Arreglar cañerías y conducciones no es tan espectacular como construir embalses, aunque es vital evitar las fugas de agua y promover la gestión racional de este recurso», dijo.

Según la ministra, cada Comunidad Autónoma asume la gestión y mantenimiento de los ríos que nacen y mueren en su propio territorio, pero cuando se trata de ríos que cruzan varias comunidades, la responsabilidad sobre su gestión es del Estado. «Es el Gobierno quien tiene la última palabra sobre estos ríos», matizó. Sobre el anunciado proyecto de la Comunidad de Madrid de utilizar agua sobrante de los embalses para reinyectarla en acuíferos destacó que se trata de una decisión «egoísta, porque el agua del Tajo no es de Madrid sólo, la que sobra tiene que seguir su curso por el río para mantener los ecosistemas y llegar a otros puntos». Además, declaró que «no es la Comunidad de Madrid quien tiene competencia sobre esos acuíferos, por lo que la decisión no está en su mano».

Precisamente esos acuíferos son uno de los principales objetivos de la política de agua del Gobierno, que ha llevado a cabo en Castellón un proyecto que ha detectado, con sensores especiales, 400 hectómetros cúbicos en un acuífero que puede ser usado «de forma sensata».

La ministra de Medio Ambiente también insistió en ese mensaje de introducir «racionalidad en el consumo», y lo mismo que sucede con la tarifa de la luz, destacó, «habría que ser capaz de decir a los ciudadanos que las subidas pueden verse más que compensadas a la hora de pagar si uno hace un uso eficiente de ellas».

L a Asociación de Comunidades de Regantes del Altiplano Murciano -cuarenta mil hectáreas repartidas por Jumilla, Yecla y Pinoso, municipio alicantino pero con participación en dicha asociación- ha solicitado a la Confederación Hidrográfica del Segura su constitución como Junta Central de Usuarios, primera medida para reclamar los caudales del trasvase Júcar-Vinalopó. Los regantes murcianos recibieron hace un par de meses una carta de la sociedad estatal Aguas del Júcar -hoy AcuaJúcar- ofreciéndoles participar en el nuevo proyecto con la toma de agua en Cullera y, dada la situación de sequía que atraviesa el Altiplano de Murcia, se muestran dispuestos a aceptar la propuesta a la espera de celebrar una reunión con los rectores de la empresa pública y la Confederación del Júcar para conocer en profundidad el proyecto y la futura gestión del trasvase.

La iniciativa de los regantes murcianos, en una situación de falta de agua idéntica a la de los agricultores del Vinalopó, podría contribuir a aumentar la tensión entre la Junta Central de Usuarios del Júcar-Vinalopó -cuyos miembros son los teóricos socios de Medio Ambiente para financiar la conducción-, que desde hace más de un año considera una traición cualquier movimiento de la Administración sobre el trasvase y con los regantes de la Acequia Real del Júcar, cuenca que cede los caudales. El cambio del proyecto del trasvase y el compromiso del Gobierno de enviar todos los años 80 hm 3 de agua a Alicante hará posible que, si se cumplen las mejores previsiones, a Medio Ambiente le sobren 40 hm 3 todos los años, ya que los regadíos del Vinalopó sólo necesitan otros cuarenta y el abastecimiento urbano no se puede cubrir con el agua de Cullera. La iniciativa de los regantes del Altiplano cuenta con el apoyo de organizaciones agrarias murcianas como la Coag. Pedro Lencina, secretario general de la Coag en Murcia, apuntó ayer que «el asunto está en gestación y hay que sentarse a hablar de precios del agua o, por ejemplo, compensaciones para los usuarios que dejen de extraer agua de los acuíferos. No obstante es una buena oportunidad, porque lo que está claro es que el agua más cara es la que no existe».

Las confederaciones hidrográficas del Júcar y Segura han iniciado ya los trabajos para la gestión conjunta de los denominados acuíferos compartidos por ambas cuencas -entre ellos el Jumilla-Villena-, un paso clave para que los regantes murcianos puedan acceder al agua del Júcar-Vinalopó y rentabilizar así una inversión de 300 millones de euros que, de momento, sólo tiene como usuario declarado del agua a la Confederación Hidrográfica del Júcar, que será la encargada de distribuir los caudales a los regantes que lo soliciten.

AcuaJúcar hizo en su día una oferta en firme a Riegos de Levante -veinte mil agricultores de Elche y la Vega Baja que podrían recibir el agua sin problemas al pertenecer administrativamente al Júcar- pero la comunidad de regantes rechazó la oferta por los precios del caudal y en solidaridad con la Junta Central de Usuarios del Júcar-Vinalopó, expulsada del proyecto. La sociedad estatal ha tenido más suerte con los regantes murcianos que, por otro lado, ya vieron como sus aspiraciones a contar con agua de un trasvase, el del Ebro, quedaron truncadas con la derogación del proyecto. «Un ramal del trasvase venía hasta Jumilla y Yecla pero se suprimió la obra y nos quedamos sin agua. Nuestra situación es muy complicada y necesitamos agua. Si el trasvase Júcar-Vinalopó puede cubrir tanto las necesidades de Alicante como las nuestras vemos positivo poder contar con caudales», señaló Aquiliano Molina, presidente de la Asociación de Comunidades de Regantes del Altiplano Murciano. El agua llegaría desde Villena y necesitaría una estación de bombeo para elevar el caudal 200 metros.

La oferta de AcuaJúcar -ya hubo un primer intento hace unos meses pero al final no se concretó una reunión prevista en Yecla- es firme pero de momento no se puede concretar en un documento oficial, ya que para ello debiera haber un acuerdo previo entre el Júcar y el Segura plasmado en sus respectivos planes de cuenca. Documentos que, según Medio Ambiente, estarán redactados en 2009, año en el que se prevé la llegada de los primeros caudales desde Cullera. Fuentes de AcuaJúcar «ni confirmaron, ni desmintieron la oferta a los regantes murcianos», pero es público que la intención del Ministerio de Medio Ambiente es que el Júcar-Vinalopó pueda beneficiar al máximo número de agricultores.

Territorio remitió la semana pasada al Ministerio la documentación que certifica que el trazado del trasvase no presenta impactos ambientales graves por lo que no hay objeciones empiecen a finales de mes como prevé AcuaJúcar.

Por otro lado, la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, anunció ayer que realizará un estudio conjunto con Agricultura para fijar los precios del agua por cultivos a partir de 2010, de cara a aplicar la directiva europea. Narbona señaló que hoy en día está mas ajustado el precio del agua «doméstica que la de uso agrícola».