El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, garantizó que todas las Comunidades Autónomas tendrán agua suficiente para sus necesidades presentes y futuras y rechazó que se use este recurso para desarrollar una «política de crispación». Así lo señaló ayer en la clausura de la XII Asamblea General de la Coordinadora de Organizaciones Agrarias y Ganaderas (COAG), celebrada en Lorca (Murcia) en la que, minutos antes, el presidente murciano, Ramón Luis Valcárcel, le reclamó que impida que el trasvase Tajo-Segura tenga fecha de caducidad.

Rodríguez Zapatero tuvo la oportunidad de visitar previamente la desalinizadora de San Pedro del Pinatar que, cuando esté a pleno funcionamiento, aportará 24 hectómetros cúbicos de agua destinados a la Mancomunidad de Canales del Taibilla que abastece a municipios de Murcia y Albacete. También participó, ya en Lorca, en la decimosegunda Asamblea Nacional de COAG, en la que fue reelegido Miguel López como secretario general de la organización agraria.

Allí, Rodríguez Zapatero respondió a la petición del presidente de la comunidad, Ramón Luis Valcárcel, de que no se acepte en las Cortes el artículo del Estatuto de Castilla-La Mancha que aboga por la caducidad del trasvase Tajo-Segura para el 2015.

«Nuestra política en materia de agua está guiada», dijo el presidente del Gobierno «por conseguir el interés general, por una planificación hidrológica nacional y en la que el Estado tenga la responsabilidad principal, siempre respetando la Constitución, y el principio de solidaridad».

Más recursos hídricos

Estas palabras también se las repitió a los representantes del Sindicato Central de Regantes a los que garantizó que «el trasvase Tajo-Segura» no se va a tocar. Además, afirmó que el Levante español tendrá más recursos hídricos a través de la desalinización «con menos coste y que no depende de nada, ni de si llueve ni de la sequía o de si no hay recursos en otras autonomías, creo firmemente en esto». Durante su intervención en la Asamblea de COAG también anunció que «por primera vez vamos a poner en marcha la Ley de Desarrollo Sostenible del Medio Rural para equipararla con el medio urbano apostando por erradicar las desigualdades».

«Todos debemos coincidir en el camino del entendimiento, del diálogo, del acuerdo entre territorios y entre gobiernos, que es el camino más eficaz y más seguro para algo que podemos hacer y que vamos a hacer, que es la garantía del agua suficiente para todos los territorios de España en función de sus necesidades presentes y futuras», añadió el presidentes.

Aseguró Rodríguez Zapatero que tan legítimas son las aspiraciones de los agricultores y ciudadanos de una región como de otra y, por ello, se mostró convencido de que es posible una política del agua que respete los principios de suficiencia y solidaridad y que aleje «combates estériles. Crispación, ni con el agua», dijo .

Previamente, el presidente de Murcia lamentó que «algunos quieran apropiarse del agua por encima de la Constitución»» y dijo que «no se puede tolerar que se le quiera poner cartel de caducidad» al trasvase Tajo-Segura, en referencia a la previsión del futuro Estatuto castellano-manchego de que el trasvase finalice en 2015.

El presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), José Salvador Fuentes Zorita, se reunió ayer con el delegado de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en Albacete, Manuel González, y con el delegado de Agricultura, Manuel Miranda, a quienes informó de la próxima creación del Comité de Autoridades Competentes de la Demarcación Hidrográfica del Segura, un órgano de cooperación entre las Administraciones General del Estado y Autonómica, en el que habrá paridad de miembros entre ambas partes.

En el caso del Segura, el Comité de Autoridades Competentes estará formado, en representación de la Administración General del Estado, por cuatro vocales (incluyendo el presidente de la CHS), al tiempo que habrá un vocal por cada una de las 4 comunidades autónomas con territorio dentro de la Cuenca del Segura (Andalucía, Castilla-La Mancha, Región de Murcia y Comunidad Valenciana).

Por otra parte, José Salvador Fuentes Zorita invitó a la Junta de Castilla-La Mancha a que designe un representante permanente en la elaboración del Plan de Cuenca de la Demarcación Hidrográfica del Segura, cuyo borrador deberá presentarse en 2008 y que entrará en vigor un año más tarde (2009).

Otro de los asuntos abordado en la reunión de ayer fue analizar la puesta en marcha del programa de inversión de fondos europeos para la recuperación ambiental en la Sierra de Albacete, para lo cual, la Confederación Hidrográfica del Segura dispone de una asignación inicial de 8 millones de euros para invertir, dentro del Programa FEDER 2007-2013, quedando planteada la oportunidad de establecer un convenio a tal fin con la Junta de Comunidades.

Asimismo, ambas administraciones abordaron la conveniencia de continuar la labor, tantos años paralizada, de reconocimiento de derechos de comunidades de regantes en la provincia de Albacete, así como impulsar los trámites necesarios para la modernización de regadíos de estas comunidades.

Durante los últimos días hemos visto cómo el señor Camps, nervioso an­te la más que probable pérdida de las próximas elecciones de mayo, se escuda en formalismos para no hacer pública la documentación administrativa por la que con dinero de todos los ciudadanos y ciudadanas de la Comunitat Valenciana está financiando la guerra del agua.

El objetivo del Partido Popu­lar se concreta en impedir a to­da costa que las actuaciones del programa Agua sean una realidad, torpedeando al máximo su ejecución. Su estrategia de que cuanto peor le vaya a la Comunitat Valenciana en materia de agua, mejor le podrá ir electoralmente al PP, se ha concretado recientemente en dos accio­nes: la impugnación judicial del Júcar-Vinalopó y la denuncia ante Bruselas de la desaladora de Torrevieja, además de la orden de paralización de las obras.

Poco le importa al señor Camps que ambas actuaciones hayan sido evaluadas por la Unión Europea y cuenten con decisión firme de cofinanciación por un importe superior a los 200 millones de euros. Si se pierden los dineros europeos, para el PP, mejor. Poco le impor­ta al señor Camps que estas dos actuaciones por sí solas consigan un aporte de recursos hídri­cos igual a la mitad de lo que allá por el 2017 iba a traer el Ebro. Que se pierden 160 hm3/año de nuevos aportes de agua para la provincia de Alicante, pues mejor para el PP.

El cinismo del PP llega a extremos insospechados cuando se jactan de no ejecutar sus propios compromisos escritos y firmados. «Que se entere todo el mundo que no pensamos hacer las obras del postrasvase Júcar-Vi­nalopó», se quedaba tan pancho un conseller del ramo pontificando su ineficiencia. Pero es que el conseller de al lado tampoco se quedaba rezagado: «No pensamos hacer la moderni­zación de los regadíos tradicio­nales porque los propios agricul­tores no quieren», reconociendo implícitamente su incompetencia para poner en valor de mercado nuestros productos.

A estas alturas de la fiesta del endeudamiento astronómico al que el PP ha llevado las arcas de la Generalitat Valenciana, comprendemos que no tienen más remedio que hacer de la necesidad virtud. Como hemos llevado a la quiebra financie­ra a la Generalitat Valenciana, no hacemos las obras que teníamos comprometidas, ¿pa­sa algo? Pues sí que pasa. Cuatro años más, perdidos con el PP para modernizar nuestras infraestructuras hidráulicas, con grave perjuicio para los intereses del conjunto de todos los ciudadanos y ciudadanas de nuestra Comunitat.

Para lo que interesa, sin embargo, sí que hay todo el dinero público que sea menester. Des­de el año 2004, la Fundación Agua y Progreso ha recibido más de 5 millones de euros de todos los valencianos, exclusivamente para hacer agitación y propaganda contra el programa Agua. Además de pagar 4.000 euros por charla a esos ponentes tan científicos que niegan el cambio climático, esta fundación se dedica a subvencionar a todas aquellas entidades que le están haciendo el trabajo sucio al Partido Popular. Ésta es la manera que tienen de escapar al control públi­co de los legítimos representan­tes de los ciudadanos. Me monto una fundación pública de la Generalitat, a la que no es de aplicación ni la Ley de Proce­dimiento Administrativo ni la Ley de Contratos de las Adminis­traciones Públicas, y a través de ella le encargo toda la faena gruesa de comprar volun­tades, sin transparencia, sin publicidad y sin concurrencia com­petitiva alguna. Igual me da la campaña de los vasos de agua que las paellas con vino pa­ra todos.

El PP no va a salirse de rositas de este turbio asunto. Las ciudadanas y ciudadanos de nuestra Comunitat tienen dere­cho a saber dónde van cada uno de los euros que sus representantes públicos administran. Pa­rapetarse detrás del formalis­mo para esconder la dilapidación en propaganda de los recursos de todos tiene dos fechas de caducidad. La primera la pondrán los jueces cuando obliguen al señor Camps a considerar legitimidad e interés a quienes ellos se la niegan. Y la segunda fecha de caducidad se la pondrán el próximo 27 de ma­yo las ciudadanas y ciudadanos de nuestra Comunitat, cuando, también por higiene democrática, envíen al banquillo de la oposición la manipulación que representan.

*Consejero delegado de Acua­júcar. (José Mª Marugan)

La Ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, desmontó ayer las críticas del conseller de Territorio y Vivienda al emplazamiento de la desaladora de Torrevieja al recordar que el Consell de la Generalitat Valenciana ha autorizado en el mismo emplazamiento la ampliación de la depuradora de Torrevieja y una subestación eléctrica de Iberdrola.
La ministra, que asistió ayer a la presentación de una guía para la realización de estudios de viabilidad en proyectos de aguas depuradas, criticó también que la Generalitat «no siga los cauces institucionales» y dijo que su ministerio no ha recibido ni la orden de paralización de las obras ni la comunicación de apertura de expediente sancionador que el conseller de Territorio y Vivienda, Esteban González Pons, ha anunciado coincidiendo con el inicio de las obras.
González Pons pidió ayer a la ministra de Medio Ambiente, que «empiece a aplicar el modelo de urbanismo sostenible del que tanto alardea» paralizando la desaladora de Torrevieja, «un ejemplo de agresión medioambiental y de atentado contra un Parque Natural»,
Por su parte, la ministra recordó que la ubicación de la desaladora «es la misma que tiene ya la ampliación de una depuradora aprobada por la Generalitat y una subestación eléctrica de Iberdrola que ya tiene autorización, por lo que nos encontramos con obras que, como mínimo, tienen la misma importancia que la que se critica y para las que no ha habido objeciones».
Cristina Narbona dijo que su ministerio está en disposición de entregar la documentación que reclama la Generalitat. «El problema es que se acude primero a los medios de comunicación y no a través de los cauces normales de comunicación por los que todavía hasta ahora no hemos recibido esa carta que anuncia la Generalitat».
Sin cortes de agua
La ministra destacó que gracias a las desaladoras y a las inversiones realizadas por el Ejecutivo «Alicante y Murcia no han sufrido ningún corte en el suministro de agua» pese a que el Júcar, el Segura y el Tajo alto sufren por tercer año consecutivo un déficit «histórico» de precipitaciones. «En la última sequía que sufrió España, de la que ahora se cumplen 14 años un total de 12 millones de españoles padecieron cortes de agua».
En esta linea reivindicó el papel del Gobierno y dijo que el 2006 terminó con una inversión que fue «cuatro veces más elevada que la inversión en materia de política de agua en 2003», destacó.
Por su parte, Francesc Hernández, autor de la guía sobre aguas residuales dijo que el incremento de la depuración y la desalación son instrumentos capaces de paliar el déficit hídrico en la Comunitat Valenciana.
La ministra subrayó el potencial de reutilización de aguas residuales que todavía tiene la Comunitat y dijo que el uso de nuevas tecnologías va a permitir el aprovechamiento de acuíferos en Castelló que «triplican la demanda que se pedía al trasvase», confirmando la información adelantada por Levante-EMV sobre el uso de satélites y de tecnología de origen ruso en el conocimiento de las aguas subterráneas castellonenses.

El vicepresidente segundo del Gobierno de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha anunciado este miércoles que el Ejecutivo regional ultimará la próxima semana el recurso al último trasvase para regadío aprobado en el Consejo de Ministros del pasado 2 de febrero, en el que se autorizaron once hectómetros cúbicos.

García-Page hizo referencia a la Comisión de Explotación del trasvase Tajo-Segura, que, como ha informado EL DIGITAL, este mismo martes recomendó 38 hectómetros cúbicos para abastecimiento humano en los próximos tres meses. Según el vicepresidente, esta decisión «es doble, pues no propone un trasvase para regadíos y sí uno trimestral para consumo humano, y la opinión del Ejecutivo regional sobre el consumo de población difiere netamente del uso agrario».

En este sentido, manifestó que «mantenemos un planteamiento de prudencia pero distinguiendo con claridad el abastecimiento humano, lo que nos da una fuerza y consistencia extraordinaria para negarnos en la derivación para regadío».

El portavoz regional recordó que «no hace tanto tiempo, era muy fácil hacer trasvases para regadíos, era lo habitual. Ésta sigue siendo la demanda del Levante español y, sin embargo, se han reducido de una manera drástica los trasvases del regadío y, con mucha frecuencia, se atiende a la posición de Castilla-La Mancha para que los trasvases de este tipo no se planteen al Consejo de Ministros».

Recurso contra la venta de agua de Estremera

Por otro lado, García-Page anunció que el Gobierno de Castilla-La Mancha está estudiando plantear un recurso a la compra de 31 hectómetros cúbicos de agua para riego por parte de los regantes de Murcia a los de Estremera (Madrid).

A su juicio, «más allá de que se busquen parches para solucionar situaciones de relativa necesidad, no nos parece razonable establecer un mercado del agua como se está planteando. Esta política -prosiguió- pone de manifiesto contradicciones y conflictos de intereses que son, en algunos casos, bastante despreciables. Consideramos que tenemos muchas posibilidades de plantear el recurso y de ganarlo».

Asimismo, explicó que «podemos entender el apremio de la Administración del Estado para intentar parchear de mala manera una situación de este tipo, pero no compartimos esa filosofía y creemos que no se han cumplimentado los procedimientos que el propio decreto que establece esa posibilidad definía en el pasado», apuntó.

Desaladoras: alternativa o complemento

Respecto a la intención de la Comunidad Valenciana de paralizar las obras de construcción de la mayor desaladora de España en Torrevieja (Alicante), que aliviará el trasvase Tajo-Segura, García-Page manifestó que es una «contradicción lacerante» que en el Levante español digan que necesitan agua y luego pongan pegas a una obra que les garantiza el agua de por vida.

«Ya hemos dicho muchas veces que lo realmente quieren no es agua. Lo que quieren es el agua tirada de precio, y que además la paguemos todos los españoles», indicó el vicepresidente segundo, quien denunció que esta situación «pone al descubierto la hipocresía de muchos discursos del Levante español».

En su opinión, «o necesitan agua o no, pero si la necesitan lo que no pueden hacer es dificultar la generación de infraestructuras que la van a garantizar de por vida». De esta manera, indicó, el agua del mar será «complementaria en el Levante de los recursos superficiales con los que ya cuentan, pero el trasvase no puede ser permanentemente un elemento complementario. Debe tener fecha de caducidad».

Posible recurso también al Estatuto andaluz

Preguntado por los medios sobre las declaraciones del presidente andaluz, Manuel Chaves, quien ayer dijo que está «abierto» a reunirse con los presidentes de Extremadura y de Castilla-La Mancha para ofrecerles la información necesaria sobre el Estatuto de su comunidad, García-Page aseguró que «nosotros estamos dispuestos a escuchar todos los argumentos», pero al final, el que prevalecerá en la decisión de recurrir o no el texto andaluz «será sólo uno: la defensa de nuestros intereses regionales».

Así, el portavoz regional manifestó que «no queremos entrar en conflictos de vecindad con otras comunidades autónomas», pero si los informes jurídicos concluyen que el Estatuto andaluz afecta o perjudica los intereses de Castilla-La Mancha «huelga decir cuál va a ser nuestra decisión, porque lo más importante es que todo el mundo sabe cuál será», apostilló.

La consejera de Obras Públicas, María Encina Álvarez, defendió ayer en Madrid, durante el coloquio “La problemática del agua en España” organizado por el Club Siglo XXI, la necesidad de que “en la nueva política hidráulica nacional se contemple la cogestión en la planificación por parte de las comunidades autónomas”.

María Encina Álvarez ha debatido sobre la situación hidráulica de nuestro país con el director general del Agua del Ministerio de Medio Ambiente, Jaime Palop, el consejero de Agricultura y Agua de Murcia, Antonio Cerdá, y el consejero de Infraestructuras y Transportes de la Comunidad Valenciana, José Ramón García Antón.

A este respecto, la consejera ha basado su intervención entre aspectos fundamentales para la realidad hidráulica de Castilla-La Mancha: la escasez de este recurso, las crecientes necesidades de nuestra región y la caducidad del trasvase Tajo-Segura. Asuntos de los que es responsable el Gobierno de España pero los que se debe buscar una mayor participación de las comunidades autónomas, tal y como ha puntualizado Álvarez.

La titular de Obras Públicas ha incidido en que los recursos hidráulicos disponibles van a ser cada vez menores por el descenso de los niveles pluviométricos pero también por las restricciones medioambientales que fija la normativa europea. En este sentido, Álvarez ha manifestado que “todos debemos ser conscientes de esta escasez, o al menos Castilla-La Mancha lo es, y por ellos debemos abogar por un uso eficiente del recurso”.

Por otro lado, María Encina Álvarez ha resaltado el incremento de las necesidades hídricas de Castilla-La Mancha debido a su crecimiento demográfico, económico o industrial, y que por lo tanto “no podemos prescindir de los recursos que se generan en nuestro territorio, ya que queremos que este crecimiento sea sostenido y sostenible en el tiempo”. En esta línea, el director general del Agua, Jaime Palop, ha incidido en que comunidades del interior de la península, como Castilla-La Mancha, Madrid o Aragón, no tienen mayor disponibilidad de recursos para su desarrollo que aportes de las lluvias, por lo que hay que pensar en alternativas en aquellas regiones que disponen de otras posibilidades como la desalación.

Finalmente, la consejera ha sido tajante al afirmar que “Castilla-La Mancha no puede soportar por más tiempo la existencia del trasvase Tajo-Segura”. Álvarez ha destacado la solidaridad ejercida por nuestra región y ha aseverado que ha quedado demostrado que los trasvases son un sistema en crisis e ineficaz para resolver los problemas hídricos en los territorios y garantizar un crecimiento sostenible. Hay que destacar, según ha afirmado Jaime Palop, que “cuando se tenga que elaborar el nuevo Plan Hidrológico del Tajo, habrá que plantearse determinadas cuestiones” a este respecto.

María Encina Álvarez ha remarcado que “la desastrosa experiencia para Castilla-La Mancha del trasvase Tajo-Segura es el mejor ejemplo para que cualquier territorio se resista a soportar un trasvase”, ya que junto al agua derivada “se transfieren la riqueza y las oportunidades de desarrollo”.

El consejero de Agricultura y Agua, Antonio Cerdá, afirmó ayer que la derogación del trasvase del Ebro del Plan Hidrológico Nacional creó  “desconfianza y desconcierto” y que “fue el germen que motivó el enfrentamiento territorial y la insolidaridad que vivimos hoy”.

El consejero murciano hizo estas declaraciones en el transcurso de su intervención en el Club Siglo XXI, donde participó en un debate coloquio sobre agua junto a María Encina, consejera de Obras Públicas de Castilla-La Mancha, José Ramón García Antón, consejero de Infraestructuras y Transportes de la Comunidad Valenciana y Jaime Palop, director general del Agua del Ministerio de Medio Ambiente.

El responsable del Agua de la Región apeló a la Constitución y al modelo creado en todo el siglo XX con el Plan Hidrológico Nacional para recuperar “el consenso y la participación” ,y criticó “la falta de política del agua y de parches que plantea el Gobierno socialista en su política actual ”.

“La derogación del trasvase del Ebro fue el mayor atentando político que han sufrido las regiones del Mediterráneo y sus legítimas expectativas de desarrollo sin ningún razonamiento técnico, económico y ambiental. Tras la derogación de este trasvase y el cuestionamiento de otras iniciativas como el Tajo-Segura, no parece percibirse un modelo conceptual coherente que restituya la unidad de acción desarrollada en los últimos veinte años conforme a la ley de 1985”, dijo el consejero murciano.

Los blindajes y las caducidades

“Estamos sufriendo una verdadera anarquía del agua cargada de propaganda mediática sin intención real de solucionar de manera definitiva un problema que estrangula la agricultura de  nuestras comunidades”, dijo en su primer discurso ante los asistentes a este acto.

Cerdá dibujó una Región de Murcia que “depura más que nadie”, que “tiene los regadíos más modernizados de España”, y también, que “paga el agua más cara”, pero añadió, “tenemos un déficit estructural que resolver”.

Para el consejero de Agricultura “el Programa Agua, -alternativo al trasvase del Ebro-, se ha planteado de forma improvisada, sin estudio previo alguno, y con previsiones irreales, reveladoras de una profunda ignorancia de la realidad hídrica de las regiones afectadas.”

Además, afirmó que “el concepto de banco de agua fue introducido en la reforma de la Ley de 1999, y que entonces fue políticamente rechazada por la actual ministra de Medio Ambiente”, y se preguntó públicamente, “¿No hay agua para trasvases (trasvases cero) y sí para los bancos?”

Para el consejero murciano, “no se puede forzar a las Comunidades Autónomas a ir en la dirección de la separación territorial. Asistimos a un desafío político igual que el que está sufriendo el modelo territorial de España”, dijo.

“Blindar los ríos quiebra el concepto de Nación. Un río de carácter nacional e internacional como es el Tajo no es un recurso ajeno a ninguna región de España, y los ríos españoles son bienes de Estado. Los blindajes y las caducidades, sean del Ebro, del Tajo o incluso de los Trasvases, son situaciones ridículas  y contrarias al concepto de nación”, concluyó.