El consejero delegado de Acua Júcar, empresa pública dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, ha interpuesto un recurso de alzada contra la resolución de la Conselleria de Economía que denegó a esa sociedad estatal el acceso al expediente de un millón de euros concedido por la Generalitat a la Junta de Usuarios del Vinalopó.

Ese dinero estaba destinado a afrontar el pago de las obras del trasvase Júcar-Vinalopó que debían afrontar los usuarios alicantinos.

El recurso solicita que sea revocada la decisión de la Conselleria de impedir el acceso al expediente, y que se reconozca el “legítimo derecho” de Acua Júcar para acceder a esa documentación, indicó José María Marugán, consejero delegado de la entidad.

La sociedad estatal argumenta su petición en el principio de “transparencia administrativa”, y en los “reiterados incumplimientos” de pago a Acua Júcar por parte de la Junta de Usuarios.

Marugán dijo que están “dispuestos a llegar hasta el final de este turbio asunto”, y por ello han presentado el recurso. “Si nos lo continúa negando iremos a los tribunales”, afirmó.

TOLEDO. El Comité Federal del PSOE aprobó, en su reunión de ayer, el Programa Marco y el Manifiesto Autonómico que inspirarán los programas electorales locales y autonómicos, con los que las candidaturas socialistas concurrirán a los comicios del próximo 27 de mayo.

Precisamente, uno de los puntos de dicho Manifiesto Autonómico recoge la reivindicación de Castilla-La Mancha de que las comunidades autónomas participen en los órganos de gestión del agua. Dicho modelo autonómico incluye políticas hidráulicas en las que la planificación y gestión del agua se haga de acuerdo al marco competencial establecido en la Constitución y en los estatutos de autonomía; se prevé que las comunidades autónomas participen en las cuencas hidrográficas intercomunitarias, así como la creación de una Conferencia Sectorial del Agua.

En este contexto, el secretario de Organización de los socialistas de Castilla-La Mancha, Patrocinio Gómez, aplaudió la inclusión de esta medida en el Manifiesto Autonómico y recordó que se trata de una iniciativa que en su día hizo el presidente de Castilla-La Mancha, «y que está cargada de sentido común y de racionalidad».

Las propuestas del Programa Marco apuestan por: higiene democrática y lucha contra la corrupción; seguridad, convivencia y civismo; una fiscalidad más cómoda y unos presupuestos con participación ciudadana; una regulación de tráfico para conseguir un tráfico más tranquilo.

Los próximos retos del modelo autonómico pasan por culminar las reformas estatutarias de todas las comunidades autónomas; favorecer instrumentos multilaterales y bilaterales de cooperación; mejorar la financiación autonómica y crear espacios fiscales propios que garanticen la corresponsabilidad fiscal. Además, se ratificaron las listas a las elecciones autonómicas y municipales.

El Consejo de Ministros, en su reunión del viernes,aprobó un acuerdo por el que autoriza al Ministerio de Medio Ambiente a constituir la Conferencia Sectorial del Agua, para que sea este foro, en el que están representadas la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas, donde se analicen y debatan los proyectos de ley relativos a política del agua, planes hidrológicos de demarcación y Plan Hidrológico Nacional.

En la última Conferencia de Presidentes de las Comunidades Autónomas, celebrada el pasado mes de enero, se analizó y apoyó la constitución de dos nuevas Conferencias Sectoriales que potenciarán el ejercicio de las respectivas competencias por parte del Estado y las Comunidades Autónomas, en concreto en relación con las materias de inmigración y de agua.

Respecto al agua, hasta ahora los asuntos relacionados con este ámbito se han tratado en la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente. Dada la envergadura y la problemática específica que conlleva, el relieve que ha adquirido en las reformas estatutarias y el hecho de que en muchas Comunidades Autónomas las competencias relacionadas con el agua no recaen en la Consejería de Medio Ambiente, sino en otros departamentos (Agricultura, Obras Públicas u otros) se ha considerado necesaria la creación de una Conferencia Sectorial del Agua, como cauce de concertación institucional específico en esta materia,

El principio de cooperación es esencial e inherente a la estructura del Estado autonómico, tal y como ha señalado la jurisprudencia del Tribunal Constitucional de forma reiterada, que también ha declarado que este principio debe articularse a través de técnicas de colaboración. Sobre la base de estas consideraciones, las técnicas de cooperación multilateral más destacable son las Conferencias Sectoriales, configuradas como órganos de cooperación que permiten la articulación del ejercicio de las competencias atribuidas al Estado y a las Comunidades Autónomas.

El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, dijo ayer “creer firmemente” en la desalinización como solución para paliar la falta de agua en la región de Murcia y la Comunitat Valenciana, ya que permite “autonomía” en los momentos de escasez.

“Es un agua segura, con cada vez menos coste y que no depende de nadie”, afirmó el presidente del Gobierno, que al mismo tiempo apostó por el diálogo entre territorios para solucionar los problemas hídricos.

Sin embargo, Rodríguez Zapatero matizó sus elogios a la desalinización como fórmula ideal de acceder a recursos hídricos al añadir que hay que seguir buscando fórmulas para abaratar los costes del proceso.

Zapatero hizo estas declaraciones tras recorrer ayer las instalaciones de la desalinizadora de San Pedro del Pinatar, en Murcia, capaz de producir 48 hectómetros cúbicos de agua dulce al año. Esta planta, que comenzó a funcionar en octubre, abastecerá a 34 municipios del sur de la Comunitat, integrados en la Mancomunidad de Canales del Taibilla.

En su visita a la desalinizadora, que son dos fases que ahora trabajan al unísono, el jefe del Ejecutivo estuvo acompañado por el presidente de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, y la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona.

El jefe del Ejecutivo defendió sus decisiones en materia hídrica y consideró que lo último que debe hacerse ante el problema del agua es desarrollar una “política de crispación” y de confrontación política y territorial. “Todos debemos coincidir en el camino del entendimiento, del diálogo, del acuerdo entre territorios y entre gobiernos”. Añadió que es el camino “más eficaz y más seguro para algo que podemos hacer y que vamos a hacer, que es la garantía del agua suficiente para todos los territorios de España en función de sus necesidades presentes y futuras”, añadió.

La planificación hidrológica nacional que desarrolla su gabinete, dijo el presidente del Gobierno, es que el Estado “tenga la responsabilidad principal, con pleno respeto a la Constitución, teniendo siempre en cuenta el principio de solidaridad y fomentando el entendimiento entre autonomías”.

Aseguró que tan legítimas son las aspiraciones de los agricultores y ciudadanos de una región como de otra y, por ello, se mostró convencido de que es posible una política del agua que respete los principios de suficiencia y solidaridad y que aleje “combates estériles. Crispación –aseveró– ni con el agua”.

Cuando el presidente realizaba la visita a la Planta II, hubo un ligero incidente, que no pasó de las palabras, entre dos grupos que se habían congregado a la entrada.

Uno de ellos, formado por una treintena de personas, simpatizantes del PSOE, trataba de impedir que una docena de personas desplegara una pancarta con el lema Agua para todos, que al final lograron abrir.

La construcción de la planta de San Pedro del Pinatar II se ha realizado en tiempo récord, ya que fue declarada obra de emergencia por el Ministerio en febrero de 2005. En este sentido, fuentes de Medio Ambiente aseguraron que la rápida actuación es una demostración de que la anticipación es “la mejor arma ante el fenómeno cada vez más recurrente de la sequía”.

La planta ha supuesto una inversión de 89 millones de euros y forma parte de las desalinizadoras previstas por el Gobierno dentro del Programa Agua del Ministerio de Medio Ambiente. La nueva instalación capta el agua de mar mediante un túnel de 1,7 kilómetros de longitud, conducción que también sirve para verter la salmuera al mar.

El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, garantizó que todas las Comunidades Autónomas tendrán agua suficiente para sus necesidades presentes y futuras y rechazó que se use este recurso para desarrollar una «política de crispación». Así lo señaló ayer en la clausura de la XII Asamblea General de la Coordinadora de Organizaciones Agrarias y Ganaderas (COAG), celebrada en Lorca (Murcia) en la que, minutos antes, el presidente murciano, Ramón Luis Valcárcel, le reclamó que impida que el trasvase Tajo-Segura tenga fecha de caducidad.

Rodríguez Zapatero tuvo la oportunidad de visitar previamente la desalinizadora de San Pedro del Pinatar que, cuando esté a pleno funcionamiento, aportará 24 hectómetros cúbicos de agua destinados a la Mancomunidad de Canales del Taibilla que abastece a municipios de Murcia y Albacete. También participó, ya en Lorca, en la decimosegunda Asamblea Nacional de COAG, en la que fue reelegido Miguel López como secretario general de la organización agraria.

Allí, Rodríguez Zapatero respondió a la petición del presidente de la comunidad, Ramón Luis Valcárcel, de que no se acepte en las Cortes el artículo del Estatuto de Castilla-La Mancha que aboga por la caducidad del trasvase Tajo-Segura para el 2015.

«Nuestra política en materia de agua está guiada», dijo el presidente del Gobierno «por conseguir el interés general, por una planificación hidrológica nacional y en la que el Estado tenga la responsabilidad principal, siempre respetando la Constitución, y el principio de solidaridad».

Más recursos hídricos

Estas palabras también se las repitió a los representantes del Sindicato Central de Regantes a los que garantizó que «el trasvase Tajo-Segura» no se va a tocar. Además, afirmó que el Levante español tendrá más recursos hídricos a través de la desalinización «con menos coste y que no depende de nada, ni de si llueve ni de la sequía o de si no hay recursos en otras autonomías, creo firmemente en esto». Durante su intervención en la Asamblea de COAG también anunció que «por primera vez vamos a poner en marcha la Ley de Desarrollo Sostenible del Medio Rural para equipararla con el medio urbano apostando por erradicar las desigualdades».

«Todos debemos coincidir en el camino del entendimiento, del diálogo, del acuerdo entre territorios y entre gobiernos, que es el camino más eficaz y más seguro para algo que podemos hacer y que vamos a hacer, que es la garantía del agua suficiente para todos los territorios de España en función de sus necesidades presentes y futuras», añadió el presidentes.

Aseguró Rodríguez Zapatero que tan legítimas son las aspiraciones de los agricultores y ciudadanos de una región como de otra y, por ello, se mostró convencido de que es posible una política del agua que respete los principios de suficiencia y solidaridad y que aleje «combates estériles. Crispación, ni con el agua», dijo .

Previamente, el presidente de Murcia lamentó que «algunos quieran apropiarse del agua por encima de la Constitución»» y dijo que «no se puede tolerar que se le quiera poner cartel de caducidad» al trasvase Tajo-Segura, en referencia a la previsión del futuro Estatuto castellano-manchego de que el trasvase finalice en 2015.

El presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), José Salvador Fuentes Zorita, se reunió ayer con el delegado de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en Albacete, Manuel González, y con el delegado de Agricultura, Manuel Miranda, a quienes informó de la próxima creación del Comité de Autoridades Competentes de la Demarcación Hidrográfica del Segura, un órgano de cooperación entre las Administraciones General del Estado y Autonómica, en el que habrá paridad de miembros entre ambas partes.

En el caso del Segura, el Comité de Autoridades Competentes estará formado, en representación de la Administración General del Estado, por cuatro vocales (incluyendo el presidente de la CHS), al tiempo que habrá un vocal por cada una de las 4 comunidades autónomas con territorio dentro de la Cuenca del Segura (Andalucía, Castilla-La Mancha, Región de Murcia y Comunidad Valenciana).

Por otra parte, José Salvador Fuentes Zorita invitó a la Junta de Castilla-La Mancha a que designe un representante permanente en la elaboración del Plan de Cuenca de la Demarcación Hidrográfica del Segura, cuyo borrador deberá presentarse en 2008 y que entrará en vigor un año más tarde (2009).

Otro de los asuntos abordado en la reunión de ayer fue analizar la puesta en marcha del programa de inversión de fondos europeos para la recuperación ambiental en la Sierra de Albacete, para lo cual, la Confederación Hidrográfica del Segura dispone de una asignación inicial de 8 millones de euros para invertir, dentro del Programa FEDER 2007-2013, quedando planteada la oportunidad de establecer un convenio a tal fin con la Junta de Comunidades.

Asimismo, ambas administraciones abordaron la conveniencia de continuar la labor, tantos años paralizada, de reconocimiento de derechos de comunidades de regantes en la provincia de Albacete, así como impulsar los trámites necesarios para la modernización de regadíos de estas comunidades.

Durante los últimos días hemos visto cómo el señor Camps, nervioso an­te la más que probable pérdida de las próximas elecciones de mayo, se escuda en formalismos para no hacer pública la documentación administrativa por la que con dinero de todos los ciudadanos y ciudadanas de la Comunitat Valenciana está financiando la guerra del agua.

El objetivo del Partido Popu­lar se concreta en impedir a to­da costa que las actuaciones del programa Agua sean una realidad, torpedeando al máximo su ejecución. Su estrategia de que cuanto peor le vaya a la Comunitat Valenciana en materia de agua, mejor le podrá ir electoralmente al PP, se ha concretado recientemente en dos accio­nes: la impugnación judicial del Júcar-Vinalopó y la denuncia ante Bruselas de la desaladora de Torrevieja, además de la orden de paralización de las obras.

Poco le importa al señor Camps que ambas actuaciones hayan sido evaluadas por la Unión Europea y cuenten con decisión firme de cofinanciación por un importe superior a los 200 millones de euros. Si se pierden los dineros europeos, para el PP, mejor. Poco le impor­ta al señor Camps que estas dos actuaciones por sí solas consigan un aporte de recursos hídri­cos igual a la mitad de lo que allá por el 2017 iba a traer el Ebro. Que se pierden 160 hm3/año de nuevos aportes de agua para la provincia de Alicante, pues mejor para el PP.

El cinismo del PP llega a extremos insospechados cuando se jactan de no ejecutar sus propios compromisos escritos y firmados. «Que se entere todo el mundo que no pensamos hacer las obras del postrasvase Júcar-Vi­nalopó», se quedaba tan pancho un conseller del ramo pontificando su ineficiencia. Pero es que el conseller de al lado tampoco se quedaba rezagado: «No pensamos hacer la moderni­zación de los regadíos tradicio­nales porque los propios agricul­tores no quieren», reconociendo implícitamente su incompetencia para poner en valor de mercado nuestros productos.

A estas alturas de la fiesta del endeudamiento astronómico al que el PP ha llevado las arcas de la Generalitat Valenciana, comprendemos que no tienen más remedio que hacer de la necesidad virtud. Como hemos llevado a la quiebra financie­ra a la Generalitat Valenciana, no hacemos las obras que teníamos comprometidas, ¿pa­sa algo? Pues sí que pasa. Cuatro años más, perdidos con el PP para modernizar nuestras infraestructuras hidráulicas, con grave perjuicio para los intereses del conjunto de todos los ciudadanos y ciudadanas de nuestra Comunitat.

Para lo que interesa, sin embargo, sí que hay todo el dinero público que sea menester. Des­de el año 2004, la Fundación Agua y Progreso ha recibido más de 5 millones de euros de todos los valencianos, exclusivamente para hacer agitación y propaganda contra el programa Agua. Además de pagar 4.000 euros por charla a esos ponentes tan científicos que niegan el cambio climático, esta fundación se dedica a subvencionar a todas aquellas entidades que le están haciendo el trabajo sucio al Partido Popular. Ésta es la manera que tienen de escapar al control públi­co de los legítimos representan­tes de los ciudadanos. Me monto una fundación pública de la Generalitat, a la que no es de aplicación ni la Ley de Proce­dimiento Administrativo ni la Ley de Contratos de las Adminis­traciones Públicas, y a través de ella le encargo toda la faena gruesa de comprar volun­tades, sin transparencia, sin publicidad y sin concurrencia com­petitiva alguna. Igual me da la campaña de los vasos de agua que las paellas con vino pa­ra todos.

El PP no va a salirse de rositas de este turbio asunto. Las ciudadanas y ciudadanos de nuestra Comunitat tienen dere­cho a saber dónde van cada uno de los euros que sus representantes públicos administran. Pa­rapetarse detrás del formalis­mo para esconder la dilapidación en propaganda de los recursos de todos tiene dos fechas de caducidad. La primera la pondrán los jueces cuando obliguen al señor Camps a considerar legitimidad e interés a quienes ellos se la niegan. Y la segunda fecha de caducidad se la pondrán el próximo 27 de ma­yo las ciudadanas y ciudadanos de nuestra Comunitat, cuando, también por higiene democrática, envíen al banquillo de la oposición la manipulación que representan.

*Consejero delegado de Acua­júcar. (José Mª Marugan)

La Ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, desmontó ayer las críticas del conseller de Territorio y Vivienda al emplazamiento de la desaladora de Torrevieja al recordar que el Consell de la Generalitat Valenciana ha autorizado en el mismo emplazamiento la ampliación de la depuradora de Torrevieja y una subestación eléctrica de Iberdrola.
La ministra, que asistió ayer a la presentación de una guía para la realización de estudios de viabilidad en proyectos de aguas depuradas, criticó también que la Generalitat «no siga los cauces institucionales» y dijo que su ministerio no ha recibido ni la orden de paralización de las obras ni la comunicación de apertura de expediente sancionador que el conseller de Territorio y Vivienda, Esteban González Pons, ha anunciado coincidiendo con el inicio de las obras.
González Pons pidió ayer a la ministra de Medio Ambiente, que «empiece a aplicar el modelo de urbanismo sostenible del que tanto alardea» paralizando la desaladora de Torrevieja, «un ejemplo de agresión medioambiental y de atentado contra un Parque Natural»,
Por su parte, la ministra recordó que la ubicación de la desaladora «es la misma que tiene ya la ampliación de una depuradora aprobada por la Generalitat y una subestación eléctrica de Iberdrola que ya tiene autorización, por lo que nos encontramos con obras que, como mínimo, tienen la misma importancia que la que se critica y para las que no ha habido objeciones».
Cristina Narbona dijo que su ministerio está en disposición de entregar la documentación que reclama la Generalitat. «El problema es que se acude primero a los medios de comunicación y no a través de los cauces normales de comunicación por los que todavía hasta ahora no hemos recibido esa carta que anuncia la Generalitat».
Sin cortes de agua
La ministra destacó que gracias a las desaladoras y a las inversiones realizadas por el Ejecutivo «Alicante y Murcia no han sufrido ningún corte en el suministro de agua» pese a que el Júcar, el Segura y el Tajo alto sufren por tercer año consecutivo un déficit «histórico» de precipitaciones. «En la última sequía que sufrió España, de la que ahora se cumplen 14 años un total de 12 millones de españoles padecieron cortes de agua».
En esta linea reivindicó el papel del Gobierno y dijo que el 2006 terminó con una inversión que fue «cuatro veces más elevada que la inversión en materia de política de agua en 2003», destacó.
Por su parte, Francesc Hernández, autor de la guía sobre aguas residuales dijo que el incremento de la depuración y la desalación son instrumentos capaces de paliar el déficit hídrico en la Comunitat Valenciana.
La ministra subrayó el potencial de reutilización de aguas residuales que todavía tiene la Comunitat y dijo que el uso de nuevas tecnologías va a permitir el aprovechamiento de acuíferos en Castelló que «triplican la demanda que se pedía al trasvase», confirmando la información adelantada por Levante-EMV sobre el uso de satélites y de tecnología de origen ruso en el conocimiento de las aguas subterráneas castellonenses.