La Ministra de Medio Ambiente Cristina Narbona se declaró ayer partidaria de incorporar todos los costes al precio del agua, aunque habrá excepciones en agricultura, según declaró en la presentación del informe «Precios y costes de los servicios de agua en España».

En el caso de los regadíos el pago medio por los servicios del agua es de 263 euros por hectárea y año, lo que supone una media de un 15 por ciento de los márgenes netos de los regantes y un 18 por ciento de los costes medios ponderados de los diferente cultivos.
Cristina Narbona, señaló que de acuerdo a la directiva europea los precios del agua deberán ir incorporando el principio de recuperación de costes en 2010, incluyendo los costes de depuración y tratamiento, por ejemplo. «Hay que implantar la racionalidad económica, sostenibilidad ambiental y participación pública de acuerdo a la directiva europea», dijo.
No obstante, la ministra adelantó que habrá excepciones en la agricultura, donde se realizará un estudio por tipos de cultivo para determinar lo que deben pagar. «Se determinará la capacidad de cada cultivo sin precio subvencionados», añadió.

El Ministerio de Medio Ambiente, Castilla-La Mancha, Murcia y la Comunitat Valenciana se acusaron ayer mutuamente de romper el consenso en torno a la política del agua y de generar un clima de “insolidaridad e ingobernabilidad”.

El director general del Ministerio, Jaime Palop; el consejero de Agricultura y Agua de Murcia, Antonio Cerdá; la responsable de Obras Públicas de Castilla-La Mancha, María Encina Álvarez, y su homólogo valenciano, José Ramón García Antón, protagonizaron en el Club Siglo XXI de Madrid un agrio debate acerca de las políticas hidrológicas estatal y comunitarias.

Así, los consejeros valenciano y murciano, ambos del PP, acusaron al Gobierno y a las comunidades socialistas, de practicar una gestión hidrológica “insolidaria”. García Antón incidió en que el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero ha permitido que sean las comunidades las que “digan qué se puede hacer y qué no” respecto a la gestión hidrológica. “Se ha creado una dinámica de apropiación del agua, lo cual genera insolidaridad.El agua está llegando a cotas de ingobernabilidad”, afirmó.

El consejero de Agua, Antonio Cerdá, por su lado, advirtió que su región “no consentirá” la caducidad del trasvase Tajo-Segura fijado en el Estatuto castellano-manchego. Cerdá Cerdá situó el origen de la crispación que sobre el agua originan los agentes políticos en la derogación del trasvase del Ebro por el Gobiern

El Ministerio de Medio Ambiente no tiene ninguna duda: la desalinizadora de Torrevieja es legal y cumple todas las normativas medioambientales. Así lo destacó ayer el director general de Aguas de las Cuencas Mediterráneas (Acuamed), Adrián Baltanás, quien encabezó una amplia representación del Ministerio de Medio Ambiente en el acto de colocación de la primera piedra de la planta de este tipo más grande de Europa. También asistieron el presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura, José Salvador Fuentes Zorita, acompañado por el delegado del Gobierno de la Región de Murcia, Ángel González, y la subdelegada del Gobierno en la provincia de Alicante, Etelvina Andreu, entre otras autoridades provinciales, regionales y locales del PSPV y de EU.

La representación del PP se limitó a la asistencia del director general de Regadíos de la Región de Murcia, Julio Bernal. No acudió ningún cargo de la Generalitat Valenciana ni del equipo de gobierno popular del Ayuntamiento de Torrevieja.

Antes de la colocación de la primera piedra, en la que se enterró una urna con los periódicos del día, monedas de curso legal y el acta del evento, en la que firmaron Adrián Baltanás, Fuentes Zorita y los representantes del Gobierno en Murcia y Alicante, tanto el director general de Acuamed, como el presidente del CHS, el presidente del Sindicato de Regantes del Trasvase Tajo-Segura, Francisco del Amor, y la subdelegada del Gobierno en Alicante, se dirigieron a los presentes para hablar de la futura desalinizadora. Obviaron cualquier enfrentamiento político con el Consell valenciano o con las autoridades locales del municipio de Torrevieja, donde se ubica.

Todos coincidieron en la importancia de una obra destinada a «garantizar el agua para siempre» en una zona con un problema endémico de escasez hídrica.

Durante los discursos, se pudo oír en repetidas ocasiones que con la desalinizadora «se acaba el problema del agua para siempre». Algo que permitirá «dejar de mirar al cielo y mirar sólo al futuro». Un futuro que tendrá «garantizado», con la nueva desalinizadora, «el progreso de los dos puntales de la economía de la zona, el turismo y la agricultura».

Para riego

Con la nueva desalinizadora, según hicieron constar también las autoridades presentes en el evento, los agricultores no tendrán que renunciar al agua para riego, como cuando la sequía hacía que todo el agua disponible se dedicase al abastecimiento. Algo que, recordó Fuentes Zorita, ha sucedido recientemente, durante la sequía que aún afecta a la región. «Mano tendida a los responsables autonómicos» fue otro de los conceptos que se repitieron durante el acto de colocación de la primera piedra de la desalinizadora, porque todos coincidieron en la necesidad de «olvidar las confrontaciones» para solucionar uno de los más graves problemas que vienen sufriendo tanto la Región de Murcia como la provincia de Alicante, las áreas a las que abastecerá de agua la la nueva planta.

Aun manteniendo el tono conciliador, y exento de una voluntad de confrontación con las autoridades autonómicas valencianas, que, desde la Conselleria de Territorio, han amenazado con paralizar la obra, el presidente de Acuamed, Adrián Baltanás, aseguró que la desalinizadora cuenta con la preceptiva declaración de impacto ambiental, al señalar: «Tenemos la tranquilidad de que se ha cumplido con toda la tramitación ambiental de acuerdo con la ley, como no podía ser menos».

Aseguró que la citada declaración de impacto ambiental, realizada por la Dirección General de Prevención de la Contaminación y Cambio Climático, «dice que no hay ningún impacto significativo que pueda causar esta infraestructura sobre ningún ecosistema».

En cualquier caso, el director de Acuamed afirmó: «Estamos a disposición de la Generalitat desde la máxima colaboración institucional, para, si falta algún tipo de documento o alguna información, facilitárselo».

Como parece que las dudas parten de la Generalitat, porque, según señaló el conseller de Territorio, Esteban González Pons, no se había hecho declaración de impacto ambiental tras la ampliación del proyecto, Baltanás aseguró que el primer informe ya contemplaba, a la hora de estudiar el impacto, la posibilidad de una ampliación, por lo que se incluyó en ese estudio.

Baltanás indicó que «en la información aparecida en los medios de comunicación se decía que se nos había solicitado alguna documentación, pero ayer no había llegado esa solicitud a Acuamed». El director general de la sociedad de Aguas de las Cuencas del Mediterráneo descartó que las tensiones puedan llevar el asunto a la Fiscalía por parte del Consell, y reiteró su voluntad de brindar todas las informaciones que soliciten. Además, atribuyó a la época preelectoral las declaraciones que se han hecho en la localidad sobre la desalinizadora, al asegurar que «el Ayuntamiento cuenta con toda la información desde el primer momento, y dispone del proyecto desde hace meses».

La desalinizadora, definida como «la más grande de Europa», producirá 80 hectómetros cúbicos anuales, que se obtendrán con una producción diaria de 240.000 metros cúbicos. Con ellos se abastecerá a los usuarios del Sindicato Central de Regantes del Tajo-Segura con 40 hectómetros anuales, y los otros 40 se destinaran al Taibilla para abastecer a 450.000 personas.

El presidente del Sindicato Central de Regantes, Francisco del Amor, afirmó que en la cabecera del Tajo «había agua suficiente para haber aprobado un envío» para regar los cultivos en los próximos tres meses y criticó que el argumento de la Comisión para no aprobar un envío al regadío haya sido asegurar agua suficiente de cara al verano para el abastecimiento humano. Además, señaló que el Gobierno «debería indemnizar» económicamente a los agricultores y regantes del Segura por el daño que la falta de agua supone para los cultivos y el arbolado, y confió en que al menos se apruebe la exención de la tarifa del trasvase.

Agricultores

Por su parte, la organización agraria Asaja-Murcia calificó de «intolerable» que la Comisión Central de Explotación no haya aprobado en Madrid un desembalse para riego que, según su secretario general, Alfonso Gálvez, «no era un capricho sino una verdadera necesidad». Gálvez dijo además que «Nos parece increíble que no se haya tenido en cuenta la petición de los regantes, porque parece como si el Gobierno central quisiera secarnos para acabar con nuestra agricultura y, desde luego, eso no lo podemos consentir», afirmó.

Proexport

Desde el colectivo de exportadores, el presidente de Proexport, Miguel Durán, aseguró que la decisión de la Comisión no le «sorprendía para nada porque nos someten al mismo castigo una y otra vez». Durán indicó que no «había excusa» para denegar ese desembalse y dijo que, con esta decisión, «va a ser muy difícil mantener el arbolado de la Región», por lo que espera que «se ponga cordura a todo este asunto». Además, el presidente de Proexport volvió a demostrar su absoluto apoyo a Del Amor «para que adopte las decisiones más positivas desde el Comité de Crisis».

El Gobierno de Castilla-La Mancha está estudiando plantear un recurso a la compra de 31 hectómetros cúbicos de agua para riego por los regantes de Murcia a los de Estremera (Madrid), además, la semana que viene tendrá preparado el que presentará contra el último trasvase para riego del Tajo-Segura.

A preguntas de los periodistas en su comparecencia para explicar los acuerdos del Consejo de Gobierno, el vicepresidente segundo de la Junta, Emiliano García-Page, explicó que la próxima semana estará ultimado el recurso del Gobierno regional al trasvase de la cuenca del Tajo a la del Segura de once hectómetros cúbicos para regadío aprobado por el Consejo de Ministros el pasado día 2 de febrero.

Además, añadió que van a estudiar recurrir la operación de compraventa de agua entre los regantes de Estremera y los de Murcia porque la consideran «filosóficamente equivocada», ya que «más allá de que se busquen parches para solventar situaciones de relativa necesidad, no nos parece razonable establecer un mercado del agua como se está planteando».

García-Page dijo que esta política pone de manifiesto «contradicciones y conflictos de intereses en algunos casos bastante despreciables».

«Consideramos que tenemos muchas posibilidades de plantear el recurso y de ganarlo», dijo el vicepresidente segundo, quien se mostró convencido de que «prevalecerá una nueva política de racionalidad en el uso del agua, y el régimen de compraventa de derechos sobre un agua que es de todos resulta chocante».

García-Page aseguró que aunque se pueda entender el apremio de la Administración del Estado para intentar «parchear de mala manera» una situación de este tipo, no se han cumplimentado los procedimientos que establece el decreto ley que pone en marcha el banco público de agua.

En cuanto a la recomendación de la Comisión de Explotación del Trasvase Tajo-Segura de derivar 38 hectómetros cúbicos para abastecimiento, el vicepresidente segundo reiteró que la Junta no ha negado nunca el agua para beber, sólo para regadíos.

No obstante, señaló que hasta hace poco tiempo era muy fácil hacer trasvases para regadío, mientras que en la actualidad, «con mucha frecuencia», se atiende la petición de Castilla-La Mancha de que no se hagan trasvases para regadío.

Respecto a la intención de Valencia de paralizar las obras de construcción de una desaladora en Torrevieja, Emiliano García-Page señaló que es una contradicción que digan que necesitan agua y luego pongan pegas a una obra que les garantiza el agua de por vida.

A su entender, lo que quieren es el agua «tirada de precio, y que además la paguemos todos los españoles».

El Gobierno de Castilla-La Mancha, presidido por el socialista José María Barreda, está estudiando plantear un recurso a la compra de 31 hectómetros cúbicos para riego por los regantes de Murcia a los de Estremera (Madrid). Además, la semana próxima tendrá preparado el que presentará contra el último trasvase para riego del Tajo-Segura.

El vicepresidente segundo de la Junta, Emiliano García-Page, explicó que la próxima semana estará ultimado el recurso del Gobierno regional al trasvase de la cuenca del Tajo a la del Segura de 11 hectómetros cúbicos para regadío aprobado por el Consejo de Ministros el pasado día 2 de febrero.

Además, añadió que van a estudiar recurrir la operación de compraventa de agua entre los regantes de Estremera y los de Murcia porque la consideran «filosóficamente equivocada», ya que «más allá de que se busquen parches para solventar situaciones de relativa necesidad, no nos parece razonable establecer un mercado del agua como se está planteando».

García-Page dijo que esta política pone de manifiesto «contradicciones y conflictos de intereses en algunos casos bastante despreciables». «Consideramos que tenemos muchas posibilidades de plantear el recurso y de ganarlo», dijo el vicepresidente segundo, quien se mostró convencido de que «prevalecerá una nueva política de racionalidad en el uso del agua, y el régimen de compraventa de derechos sobre un agua que es de todos resulta chocante».

La Comisión de Explotación del trasvase Tajo-Segura recomendará al Consejo de Ministros un desembalse desde la cabecera del Tajo de 38 hectómetros cúbicos para abastecimiento humano para los próximos tres meses. En rueda de prensa tras la reunión de la Comisión, el director general del Agua, Jaime Palop, explicó que de esa cantidad 35,5 será para la Mancomunidad de los canales del Taibilla y 2,5 para el levante almeriense y descartó envío para riegos por la situación preocupante de la cabecera del Tajo.

Las reacciones no se hicieron esperar. El vicepresidente primero del Gobierno de Castilla-La Mancha, Fernando Lamata, señaló que, en este momento, no está justificado un trasvase para regadío, y aseveró que aprobarlo sería «un verdadero disparate», tras la petición de los regantes murcianos.

Mientras, la presidenta del PP de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, mostró su deseo de que su Comunidad se «enriquezca» con el agua al igual que el resto de regiones de España. Por su parte, el secretario general de Asaja de Castilla-La Mancha, José María Fresneda, calificó de «tropelía», «barbaridad» y «sinrazón» la derivación de un nuevo trasvase de la cabecera del Tajo a Levante, ya que «todo lo que llegue allí» es para garantizar el desarrollo de Levante.

Una vez más, el Ministerio de Medio Ambiente no consiguió ayer contentar a ninguna de las partes afectadas por el trasvase Tajo-Segura. Su recomendación al Consejo de Ministros para que se envíen 38 hectómetros cúbicos para abastecimiento desde los embalses de Entrepeñas y Buendía no satisface a Murcia y Comunidad Valenciana, pese a que los agricultores levantinos sí podrán disponer de otros 31 hectómetros cúbicos. Pero, además, la Junta de Castilla-La Mancha considera un «disparate» sacar ahora agua del Tajo para riego.

El director general del Agua, Jaime Palop, explicó que de los 38 hectómetros cúbicos que saldrán desde la cabecera del Tajo, un total de 35,5 irán a la Mancomunidad de los Canales de Taibilla y 2,5 para abastecimiento al levante almeriense en la cuenca del Almanzora. Además, se realizarán obras de mantenimiento en la infraestructura del trasvase para evitar pérdidas de agua en los desembalses.

Por su parte, la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, afirmó que la gestión de los desembalses del acueducto Tajo-Segura debe ser «prudente», ya que en estos meses hasta mayo es época de lluvias pero hay que contar con el descenso en la época estival. «Ha habido una leve recuperación de los embalses de la cabecera del Tajo, que almacenan 340 hectómetros cúbicos», comentó la ministra, mientras que el mínimo para poder realizar trasvases es de 240.

Por su parte, el director general del Agua señaló que de seguir la tendencia del año pasado y con 340 hectómetros cúbicos almacenados en Entrepeñas y Buendía, a finales de septiembre de este año sólo habría 250 hectómetros cúbicos, es decir, sólo 10 para trasvasar en octubre para abastecimiento.

Sobre la petición de los 40 hectómetros para riego de los regantes, Palop indicó que las predicciones que hay para Entrepeñas y Buendía son «justas para atender al abastecimiento a poblaciones y hay que ser cautos en las recomendaciones de desembalse para otros usos».

En cuanto a un trasvase para las Tablas de Daimiel, también lo descartó, porque es «físicamente inviable», ya que se perderían entre un 80 o un 90 por ciento en el transporte y «pone en riesgo el abastecimiento humano» por la situación de la cabecera del Tajo.

Órdenes de la ministra

Sin embargo, los que sí se dedicarán a regadío serán los 31 hectómetros cúbicos que en las próximas semanas se transferirán a Murcia desde la comunidad de regantes de Estremera, entre Madrid y la provincia de Toledo. Ayer, Narbona le prometió al secretario del PSOE murciano, Pedro Saura, que «va a dar órdenes a los servicios del Ministerio» para que se desembalse esa cantidad de agua «como consecuencia del decreto-ley que pone en marcha el banco público del agua».

Todas estas explicaciones fueron recibidas con hostilidad tanto por el Gobierno socialista de Castilla-La Mancha como por los ejecutivos populares valenciano y murciano. Así, Fernando Lamata, «número dos» de Barreda, señaló que, en este momento, no está justificado un trasvase para regadío, y aseveró que aprobarlo sería «un verdadero disparate»,

Pero aún más airadas fueron las declaraciones desde Levante. El consejero de Agricultura de Murcia, Antonio Cerdá, criticó que la Comisión de Explotación del Tajo-Segura no apruebe un envío desde Entrepeñas y Buendía para el regadío, pero que, en cambio, sí pueda mandarse agua «más cara» del canal de Estremera.

El consejero murciano acusó al PSOE de llevar a cabo una «maniobra partidista» de cara a las elecciones con la decisión de realizar obras de reparación en el acueducto Tajo-Segura que paralicen los envíos varias semanas «para contentar» a los socialistas de Castilla-La Mancha «por un pacto oculto» entre Barreda y Zapatero.

Para Cerdá, hay excedentes cifrados en cien hectómetros cúbicos de agua en los embalses de cabecera del Tajo, pero no se ha aprobado ningún desembase para regadío, a pesar de que ha mejorado la situación de Entrepeñas y Buendía.

En cambio, en la cuenca del Segura, según el director general del Agua de Murcia, Miguel Angel Ródenas, miembro de la Comisión de Explotación del Acueducto, «sólo quedan 28 hectómetros cúbicos de agua y los pozos están sobreexplotados».

«Golpe bajo» a los regantes

También la secretaria general del PP de la Comunidad Valenciana, Adela Pedrosa, acusó al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, «de darle otro golpe bajo a los agricultores valencianos al volver a negarles el agua del trasvase Tajo-Segura».

Según Pedrosa, «el Gobierno da un paso más en su intención de que desaparezca la agricultura valenciana» porque, según explicó, si el campo alicantino no recibe «ni una sola gota del Tajo y la que llega del Júcar es inviable económicamente, les quedan muy pocas opciones para seguir manteniendo sus trabajos».

Para la secretaria popular, «el PP es el único que está trabajando en lo que le corresponde, es decir, en la modernización de regadíos, la reutilización de los recursos hídricos y la depuración de aguas residuales». Además, señaló que la Generalitat valenciana «ha cumplido con su promesa de defender los intereses del campo valenciano en todos los ámbitos» a pesar de que «el Gobierno socialista esté atacando» los intereses de la Comunidad «continuamente».

Adela Pedrosa recordó que la «ausencia» de una política hídrica por parte del Gobierno central «está quedando al descubierto» ya que «no va a haber agua del Ebro, ni del Tajo, ni del Júcar para los agricultores».

La Comisión de Explotación del Trasvase Tajo-Segura recomendará al Consejo de Ministros un desembalse desde la cabecera del Tajo de 38 hectómetros cúbicos destinados al abastecimiento humano para los próximos tres meses. De esos 38 hectómetros, según explicó el director general del Agua, Jaime Palop, 35,5 se destinarán a la Mancomunidad de los canales del Taibilla y 2,5 para el levante almeriense.

Asimismo, Palop descartó el envío de recursos al Segura para el riego desde los embalses de Entrepeñas y Buendía por la «situación preocupante» de la cabecera del Tajo que, a día de hoy, acumula 340 hectómetros cúbicos, cien por encima del límite (240) que impide desembalsar agua. En este sentido, el brazo derecho de Cristina Narbona en materia de agua dijo que, pese a esos cien hectómetros por encima del límite, «hay que contemplar el año hidrológico completo hasta septiembre, por lo que hay que ser prudentes». La Comunidad de Regantes había solicitado un trasvase de 40 hectómetros cúbicos para riego para afrontar el inicio de la primavera. Palop señaló que la prioridad es garantizar el abastecimiento humano y consideró que éste está asegurado y respecto a la petición de los regantes aseguró que la capacidad de los embalses es «justa para atender al abastecimiento a poblaciones y hay que ser cautos en las recomendaciones de desembalse para otros usos».

En cuanto al envío recomendado, Jaime Palop agregó que desde la Comisión de Explotación aconsejan que el desembalse se haga inmediatamente tras la autorización del Consejo de Ministros y de una sola vez, ya que se van a iniciar una serie de obras de mantenimiento, conservación y reparación, que se prolongarán unos tres meses, para evitar las fugas y pérdidas de agua en la red. Palop recordó que el año pasado a finales de septiembre había 250 hectómetros cúbicos en la cabecera del Tajo, por lo que quedaban diez para trasvasar en el mes de octubre.

Situación de las cuencas

Además, hizo un repaso de las cuencas afectadas y destacó que en la del Guadiana, aunque la situación ha mejorado respecto al año pasado, en la zona solo hay 18 hectáreas de superficie inundada. En la del Júcar, las aportaciones han sido de 157 hectómetros cúbicos, cuando la media es de 299, y el Turia, «el gran pulmón de la ciudad de Valencia -según Palop- está en situación similar a la del Júcar». El Almanzora, continuó, contiene 2,2 hectómetros cúbicos, por lo que «estamos en un embalse muerto» y la población que se abastece de él «depende completamente del trasvase», en tanto que el Segura persiste en el tercer año de «la sequía más dura desde 1912». También hizo mención al Taibilla. Dijo que «está un 4% por debajo de sus aportaciones medias y destacó «el ahorro importante» realizado en el consumo. El director general apreció que esa sequía no afecta sólo a las cuencas mencionadas, por lo que el agua para riego será restringida en numerosas zonas.

La presidenta del PP de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, mostró hoy su deseo de que su Comunidad se «enriquezca» con el agua al igual que el resto de regiones de España. De esta forma, Cospedal argumentó el apoyo de su partido a la reforma estatutaria impulsada por el Gobierno socialista de José María Barreda que reclama la derogación del trasvase Tajo-Segura.

En declaraciones a TVE recogidas por Europa Press, la también candidata del PP a la presidencia de Castilla-La Mancha afirmó, respecto al Estatuto de Autonomía, que su partido «siempre pensó que había asuntos más importantes» que resolver en la Comunidad. Sin embargo, justificó la firma de un acuerdo inicial con el PSOE por la inclusión de las competencias en agua.

«El Estatuto conlleva un tema muy importante para Castilla-La Mancha, el agua, esa ligazón del agua al Estatuto ha hecho que hubiéramos firmado el principio de acuerdo. Aunque nos hubiera gustado separarlo porque hay temas que resolver más urgentes en Castilla que el Estatuto, pero el agua es muy importante», manifestó.

Además consideró una cuestión de «responsabilidad política» el participar en la elaboración de una normativa que, después de la Constitución, será la «norma básica» para los ciudadanos castellano-manchegos. «Creo que hemos hecho un ejercicio de responsabilidad y estoy muy satisfecha de él, por cierto», agregó.

«Falta una política de agua nacional»

En este punto, recalcó que su Autonomía «ha sido desde hace muchísimos años una región muy solidaria en materia de agua» –en referencia a los diversos trasvases Tajo-Segura– y achacó la «carestía» actual a la «paralización» del Plan Hidrológico Nacional (PHN) impulsado por el Gobierno de José María Aznar, del que se ha derogado el artículo sobre trasvases y sustituido por el programa AGUA.

Así, tras quejarse de la «situación insostenible» que sufre su comunidad debido a la sequía, la falta de obras públicas y de una política hidráulica nacional, señaló: «En el PP de Castilla-La Mancha queremos que todas las regiones de España se enriquezcan con el agua, pero nosotros también».

En esta línea, y en referencia a los enfrentamientos entre comunidades por el agua, opinó que el «motivo originario» es la ausencia de un plan nacional del agua. «Teníamos un PHN, en mi comunidad el Gobierno socialista lo apoyó con vehemencia, pero se ha derogado y no se ha sustituido por una política nacional que dé respuesta a las necesidades de agua que tiene toda la nación», se quejó.