La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, opinó ayer que aunque el nuevo Estatuto de Autonomía andaluz «garantiza los derechos» de Castilla-La Mancha, Extremadura y Murcia respecto al río Guadalquivir, la reforma de la Ley estatal de Aguas «contribuirá a que haya más serenidad» en este asunto. Narbona explicó a preguntas de los periodistas que la transferencia a la Junta de Andalucía de las competencias sobre el Guadalquivir sólo afecta a las aguas que discurren por esta comunidad autónoma.

El uso de una tecnología rusa de uso militar y adaptada después a la exploración petrolífera ha permitido al Ministerio de Medio Ambiente aproximarse al conocimiento de uno de los secretos mejor guardados por la naturaleza en la Comunitat Valenciana: la localización de bolsas de agua subterránea existentes en el norte de Castelló, entre Benicàssim y el límite con Cataluña.
Y es que, pese a que Castelló no tiene problemas de agua para uso de boca sí tiene recursos muy limitados que han impedido la expansión del regadío y condicionan el desarrollo industrial, urbanístico y turístico. Paradójicamente, existe el convencimiento, incluso la certeza, de que hay agua suficiente bajo la superficie y hasta el ciudadano de a pie asiste, estupefacto, al brote incesante de agua dulce junto a las playas de Alcossebre o en el interior de la dársena del puerto sin que pueda aprovecharse.
Un recurso de difícil acceso
En el norte de Castelló es conocida la existencia de once importantes masas de agua cuya caracterización y funcionamiento hidrogeológico presenta «una gran complejidad, debido, fundamentalmente, a sus complicadas estructuras profundas y a sus relaciones entre masas de agua y entre éstas y el mar», aseguran fuentes del ministerio.
Existe también un cierto consenso científico sobre la existencia de unos «importantes recursos renovables» -aquellos que pueden ser utilizados sin que los acuíferos se resientan-de hasta 800 hectómetros cúbicos anuales de los que apenas se dispone de información.
Si se suman las salidas naturales en fuentes y manantiales, los bombeos, las transferencias a otras masas de agua y las numerosas descargas al mar el volumen conocido asciende a 370 Hm3. Quedan pues, en el plano teórico, 430 Hm3 de recursos disponibles, mucho más de los modestos 100 Hm3 que pedía esta zona al cancelado trasvase del Ebro o los 350 Hm3 que se iban a derivar a la Comunitat Valenciana desde el río catalán. Romper con estas incertidumbres, relacionadas con el almacenamiento, funcionamiento hidrogeológico y explotación de las aguas subterráneas, se convirtió, cancelado el trasvase del Ebro, en un objetivo prioritario del ministerio. Pudo aprobarse entonces una campaña masiva de sondeos: cara, de fuerte impacto ambiental y de resultados inciertos, o acudir a nuevas tecnologías que en unión de otras más tradicionales debían permitir adquirir suficientes conocimientos para explotar los recursos existentes.
Por la magnitud de la tarea y por sus dificultades, el Estudio sobre disponibilidad de agua subterránea en el norte de Castelló requería literalmente «ver» no solo «qué hay» sino también «qué ocurre» bajo la superficie terrestre y la del mar, una tarea aparentemente imposible, aunque no para los expertos rusos y un grupo de ingenieros españoles que han formado un joint venture en la empresa Tihgsa para la explotación comercial de Termografía Remota Térmica.
El ojo que todo lo ve
La Termografía Remota Térmica (TRT) utiliza las imágenes de los sensores infrarrojos situados en los satélites para realizar, tras un análisis adecuado de los datos, un verdadero «sondeo geofísico virtual de la tierra».
La tecnología, aplicable también desde helicópteros o aviones para trabajos de mayor detalle, permite detectar mediante el uso de visores infrarrojos las variaciones de temperatura desde satélites situados a 705 kilómetros de la tierra de los que se obtienen, una vez procesados, datos de lo que ocurre hasta 4.700 metros de profundidad.
La pequeña diferencia de temperatura apreciable en materiales y todo tipo de fluidos -hasta 0,001 grados Kelvin de precisión- se convierte, una vez procesada, en valiosa información que «ve» movimientos de tierras antes de que se perciban, desplazamientos de estructuras, cuevas, defectos constructivos, agua o fluidos cuyo comportamiento podría asemejarse al petróleo.
En el caso concreto de Castelló, el trabajo desarrollado por Tihgsa ha permitido, según fuentes de Acuamed, la empresa estatal responsable de aportar nuevos recursos hídricos a la Comunitat Valenciana, identificar y establecer el perímetro de las zonas donde se está produciendo la temida intrusión salina; localizar áreas submarinas donde descargan grandes volúmenes de agua dulce y por dónde discurren el flujo que las alimenta -estudios de detalle dirán si es posible atajarlos y aprovecharlos- y localizar todas las masa de agua, sus posibilidades de explotación y el volumen de recursos disponible y el lugar en el que la perforación de la superficie terrestre tiene más posibilidades de éxito. El análisis de los datos aportados por el satélite ha identificado hasta seis zonas en las que existen recursos hidrotermales que pueden tener algún tipo de aprovechamiento energético o de ocio.

El papel de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), organismo estatal que gestiona los recursos de la cuenca del mismo nombre -que abarca la mayoría de la Comunidad-, en la imagen que se ha trasladado a la Unión Europea (UE) del urbanismo valenciano ha sido determinante. En la mayoría de ocasiones, las respectivas oposiciones vecinales se aferran a los citados informes para condenar los planes parciales o Programas de Actuación Integrada (PAI). Lo cierto es que, en líneas generales, cualquier proyecto que contemple un número elevado de viviendas se topa con su correspondiente informe negativo de la CHJ, que concluye que «no se puede garantizar el suministro» de agua a los nuevos inmuebles. En realidad, esta respuesta no implica que no existan o se puedan encontrar los citados recursos, sino que, a la luz de la documentación aportada, el organismo de cuenca es incapaz de determinar si podrá abastecer a los inquilinos de las respectivas urbanizaciones. Mientras para la Delegación del Gobierno en la Comunidad, dirigida por el socialista Antoni Bernabé, considera determinantes estos dictámenes, el Consell y los respectivos ayuntamientos -incluso algunos socialistas, como el de Elda- interpretan que se trata de una apreciación técnica, y que no es en ningún caso vinculante. Sea como fuere, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad ya ha paralizado algunos PAI, como el de Parcent, basándose especialmente en los informes hídricos. La «doctrina Parcent» considera un éxito cada uno de éstos «veredictos».

El Consejo de Ministros, en su reunión del viernes, ha autorizado la suscripción de un convenio de colaboración entre la Confederación Hidrográfica del Júcar y la Sociedad Estatal Aguas del Júcar S.A. para la financiación y explotación de las obras de la nueva conducción Júcar-Vinalopó, que permitirán la transferencia de recursos hídricos desde el sistema de explotación del Júcar al sistema de explotación del Vinalopó-Alacantí. Asimismo, es objeto del convenio la recuperación de costes, el cobro de cánones y las tarifas de amortización.

La inversión total prevista asciende a 303.380.000 de euros, y está previsto y confirmado, mediante decisión de la Comisión de la UE, que la actuación cuente con una financiación europea comunitaria de 120 millones de euros.

El resto del coste de la inversión será financiada por Aguas del Júcar S.A. del siguiente modo: un 80% con cargo a fondos propios y el 20% restante con cargo a créditos bancarios obtenidos por dicha Sociedad Estatal. La financiación aportada será recuperada por la Sociedad Estatal mediante las tarifas de amortización abonadas por la Confederación Hidrográfica del Júcar. Por su parte, la Confederación del Júcar podrá hacer aportaciones financieras durante la ejecución de las obras.

Las obras consisten en una toma de agua en el bajo Júcar y la conducción, con los correspondientes bombeos y turbinados, hasta la cabecera del sistema del Vinalopó en un volumen de hasta 80 hm³ al año, cantidad prevista en el Plan de Cuenca del Júcar.

La actuación está contemplada en el catálogo de infraestructuras básicas del Plan Hidrológico de la cuenca del Júcar, incluido en el Real Decreto 1664/1998 de 31 de julio, y fue declarada de interés general en el Real Decreto Ley 9/1998 de 28 de agosto, por el que se aprueban y declaran de interés general determinadas obras hidráulicas, entre ellas la transferencia de recursos hídricos del Júcar al área Vinalopó.

La Administración General del Estado es propietaria de las infraestructuras objeto del convenio y será Aguas del Júcar S.A. quien realizará la explotación de las obras directa o indirectamente.

Se constituirá una Comisión de Seguimiento de este convenio, cuya vigencia es de 50 años a partir del inicio de la explotación.

Esta actuación responde a los principios del Programa A.G.U.A. (Actuaciones para la Gestión y la Utilización del Agua) del Ministerio de Medio Ambiente, que incluye proyectos de mejora de gestión y del suministro de agua acordes con las necesidades existentes y futuras ligadas al desarrollo de los territorios de forma sostenible en términos económicos, sociales y ambientales.

¿Para qué la fecha del 2015? A Castilla-La Mancha no le hace ninguna falta poner en marcha el reloj para conseguir la «definitiva extinción» del Acueducto Tajo-Segura, como pretende la reforma de su Estatuto de Autonomía que ya ha entrado en el Congreso de los diputados. Si se analiza el texto pactado entre el PSOE y el PP de la vecina región -capítulos 98 a 105, junto a la disposición transitoria- se comprobará que el año 2015 es un señuelo, un llamativo dato periodístico, incluso prescindible, que distrae de otras intenciones de mayor calado, por lo demás políticamente legítimas.

Lo realmente preocupante para la Región de Murcia y la provincia de Alicante es que se trata de un asalto competencial en toda regla contra la política estatal de aguas, que tiene como objetivo -más allá de una simple fecha- aniquilar por otros medios más sutiles los envíos de agua a Murcia y dejar en manos del Gobierno castellano-manchego el uso en provecho propio de este acueducto, presto a cumplir los 30 años.

Cómo matar el trasvase

Que el Congreso de los diputados mantenga o no la fecha en cuestión no es demasiado trascendental, puesto que el verdadero peligro está en el pretendido control de Castilla-La Mancha de las aguas del Tajo a través de la fijación de un caudal ecológico mínimo que dejaría sin excedentes trasvasables a Entrepeñas y Buendía, amen de sus informes preceptivos y determinantes sobre cualquier trasvase; de la prohibición de cualquier transferencia de agua que perjudique los

intereses de Castilla-La Mancha dentro de las cuencas hidrográficas que afectan a su territorio, entre la que se incluye la del Segura; de su participación en el nuevo Plan de Cuenca que debe estar terminado en el 2009, y que será confeccionado con los patrones diseñados por José María Barreda y María Dolores de Cospedal.

También quiere decidir la comunidad vecina el establecimiento de los caudales futuros para sus necesidades; la disposición efectiva de las reservas almacenadas en sus pantanos; y controlar los futuros bancos de agua, que deberán ser autorizados por el Gobierno de Toledo, entre otras competencias.Con todo esto, ríanse de la fecha del 2015. Sólo con que Castilla-La Mancha consiga la mitad de todas estas prerrogativas, de las que apenas se habla, el trasvase estará liquidado.

¿La rendición del Estado?

En el Gobierno de la Nación anida el convencimiento de que «algo hay que darle a Castilla-La Mancha», ya que se guía por la máxima de hacer compatible el interés territorial con el general. Por un lado, la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, y la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, subrayan que no hay prevista ninguna fecha de caducidad del Tajo-Segura. Aunque no apartan la Espada de Damocles que pende sobre el Tajo-Segura para la próxima legislatura, según viene recogido en la ley del Plan Hidrológico.

Por otro lado, el secretario de Organización del PSOE, José Blanco, se inclina hacia algunos postulados de Castilla-La Mancha, después de que recientemente declarara que los ciudadanos de muchos territorios de esta comunidad «están viendo pasar el agua» sin poder abastecerse de ella. ¿A qué le suena eso? Más claramente, el director general del Agua, Jaime Palop, mostró en Zaragoza una comprensión hacia las exigencias autonomistas que rozan la rendición del Estado. Cabe interpretar además de sus palabras la suerte de Murcia por tener el mar al lado para desalinizar «un recurso infinito». Los antecedentes de los estatutos de Cataluña y Andalucía, y en menor medida de Aragón -que está en trámite en el Congreso- permiten vislumbrar hasta dónde puede llegar el Estado en la cesión de sus competencias sobre agua. En el caso de Castilla-La Mancha, son tantas las líneas abiertas contra el Tajo-Segura en el texto estatutario que es imposible predecir su alcance real.

Artículos «letales»

En las competencias sobre la Política del Agua, el nuevo Estatuto indica que corresponde a los poderes públicos de esta comunidad «velar para evitar cualquier transferencia de agua de las cuencas hidrográficas» que perjudique los intereses de Castilla-La Mancha.

Aquí no se alude directamente al Tajo-Segura, pero está implícito por cuanto la cuenca del Segura ocupa buena parte de Albacete. Asimismo, estipula que la Junta de Comunidades participará con el resto de poderes públicos en la planificación de los recursos, que deben garantizar agua para todos los proyectos que garanticen su crecimiento, sobre la base de que la cuenca cedente tiene «derecho al uso preferente». Algo que nadie discute, aunque se redacta de tal forma que no establece los mecanismos que deben justificar unas nuevas demandas que se antojan infinitas. Al establecer sus nuevas competencias sobre las cuencas intercomunitarias -aquí incluye a los ríos Tajo, Júcar, Guadiana, Segura, Guadalquivir, Ebro y Duero- la Junta también pretende intervenir en el proceso de planificación hidrológica de las demarcaciones hidrográficas. De esta forma, participará «en las decisiones de asignación o reserva de los recursos hídricos disponibles a las demandas planteadas». Supone esto que reclama algo más que voz y voto en la redacción del nuevo Plan de Cuenca del Tajo.

Informes «determinantes»

En cuanto a los trasvases, cesiones de derecho y futuros bancos de agua, el Estatuto señala literalmente que «la Junta de Comunidades emitirá un informe previo, preceptivo y determinante -no dice vinculante, a la vista de los intentos de otros estatutos- ante cualquier trasvase, cesión, transferencia, transacción o cualquier otro modo de intercambio de aguas tanto públicas como privadas -ojo- dentro de una misma cuenca hidrográfica o entre cuencas hidrográficas de la Comunidad autónoma que se plantee y que afecte a los cauces, recursos o infraestructuras que discurran total o parcialmente dentro de su territorio». Traducido: Del Tajo al Segura. Se trata de una redacción hábil, puesto que no habla de trasvases entre comunidades autónomas, sino entre cuencas hidrográficas, como

marca la ley. Pero la gran extensión de Castilla-La Mancha hace que su territorio se vea afectado nada menos que por siete demarcaciones hidrográficas. Llevado a su extremo, podría incluso decidir (o codecidir) sobre hipotéticos trasvases del Ebro y del Duero.

La puntilla

Queda además una extensa disposición transitoria dedicada exclusivamente a la extinción a plazos del trasvase Tajo-Segura, que debe iniciarse inexorablemente en cuanto se apruebe el nuevo Estatuto, hasta su liquidación en 2015. Antes de eso, el nuevo Plan de Cuenca del Tajo deberá «fijar la dotación suficiente para las necesidades y derechos reconocidos a favor de Castilla-La Mancha» en el año 2009. Igualmente, se deberá aumentar el caudal ecológico del Tajo a su paso por Aranjuez y Toledo, lo que supone reducir drásticamente los excedentes trasvasables hacia Murcia, Alicante y Almería.

Los regantes del Tajo-Segura no piensan quedarse de brazos cruzados. Encargarán un estudio para comprobar losefectos de un incremento del caudal ecológico en Aranjuez, ahora de 6 metros cúbicos por segundo como mínimo. De modo que la fecha es lo de menos, ya que cuando llegue 2015 las transferencias del Tajo al Segura casi habrán desaparecido. O sólo habrá trasvases de socorro para la población.

El ex presidente de Castilla-La Mancha José Bono dijo ayer que los ríos “no son propiedad de ninguna comunidad autónoma, ni de grupos de regantes, ni de los usuarios”, pues, según agregó, “la ordenación de este recurso escaso que genera riqueza corresponde al Estado”.

Bono, quien participó en un acto político del PSPV-PSOE en Elche, respondió así a preguntas de los periodistas sobre la política hídrica incluida en las propuestas de reforma de los estatutos de Andalucía y Castilla-La Mancha.

Según Bono, “el agua no es de nadie en particular porque es de todos en general” y quien tiene más derecho al agua, agregó, “es quien más la necesita”. “Hay que hacer planteamientos solidarios y no electorales”, subrayó.

El también ex ministro de Defensa expresó su opinión “favorable” al programa AGUA del Ministerio de Medio Ambiente, el cual, según afirmó, “ha permitido que en un año de sequía haya habido menos necesidad de restricciones” que en años anteriores”. Según Bono, este programa va hacia delante y “cada vez hay menos argumentos” en su contra.

Mientras el ex ministro hacía estas declaraciones en Elche, en Valencia concluía el congreso internacional sobre La importancia estratégica del trasvase del Ebro para la Comunitat Valenciana. A la clausura de la jornada asistió el conseller de Agricultura, Juan Cotino, quien lamentó que el Ebro haya lanzado al mar “dos trasvases de agua que nosotros necesitamos”.

“Cuando hay gente que se ampara en viejos argumentos para rechazar el trasvase diciendo que el río se quedaría sin agua o que afectaría al Delta del Ebro. Eso, como se suele decir, supone marear los argumentos”, explicó Cotino.

En opinión del responsable autonómico, “lo que ocurre es que el partido Socialista no tiene una solución para el agua, y la única solución para el agua está incluida en el Plan Hidrológico Nacional”.

Coincidió con Bono en que el agua no puede ser propiedad de nadie, “el agua es de todos. Como es de todos, le corresponde al Estado español, que esperamos que nos defienda a todos, traer agua desde donde sobra hacia donde hace falta”, indicó.

Sobre las declaraciones del presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, en las que señala que no tenía sentido suprimir el trasvase del Ebro, el conseller ha explicado que ahora mismo “estamos en una incoherencia total”, que en el caso de Zapatero se ha visto también en el caso del vino o en sus opiniones ante la situación del sector citrícola de nuestra Comunitat.

La diputada del PSPV en las Corts Josefa Andrés afirmó ayer que las declaraciones del conseller Cotino “carecen de todo fundamento”, y añadió que el Consell ha “despilfarrado” más de dos millones de euros en la Fundación Agua y Progreso.

Para Josefa Andrés “es inadmisible que la Fundación Agua, o lo que es lo mismo, el PP se apropiara en 2004 de 600.000 euros para su propio beneficio, dinero que, como todos sabemos, procede directamente de las arcas públicas de la Generalitat”.

La Comisión de Explotación del Acueducto Tajo-Segura estudiará el próximo martes una petición de un envió de 40 hectómetros cúbicos de agua que han solicitado los regantes del acueducto.

El consejero de agricultura murciano, Antonio Cerdá, recalcó el apoyo del Ejecutivo murciano a la petición del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (SCRATS), y advirtió que la cabecera del Tajo (embalses de Entrepeñas y Buendía, Guadalajara) se encuentran «con reservas suficientes para satisfacer esta petición», agregó.

Añadió que los cultivos, «conforme nos vamos acercando a la primavera, irán demandando más agua, debido al aumento de las temperaturas».

«Si no autorizan el desembalse al final acabará afectando no solo a los cultivos hortícolas, sino también al arbolado, lo que supondrá la desaparición de miles de puestos de trabajo», afirmó.

Recordó que en la anterior junta de explotación del trasvase se concedieron 11 hectómetros, que, según dijo, «se dieron por misericordia».

Por último, criticó que el Gobierno central no ofrezca una solución a medio y largo plazo ante la falta de agua en la cuenca del Segura, y para resolver el problema que tiene la agricultura de la zona con la escasez de recursos hídricos.

A principios de esta semana, la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, acudía a los desayunos de Europa Press para hablar del agua. Y, actualidad manda, las crónicas de su intervención se abrían con el Trasvase Tajo-Segura y la carrera de los estatutos.

Pero Narbona también habló del precio del agua. Sobre este asunto, la ministra indicó que éste debe «ayudar a avanzar en su uso eficiente», y así lo recogerá la reforma de la Ley de Aguas. Así, la modificación legislativa contemplará «una modificación del régimen económico y financiero», pero no cuantificará el incremento en el recibo del agua.

La ministra aseguró que se tendrá que analizar «cuenca a cuenca y cultivo a cultivo en el caso de la agricultura», y el efecto de este cambio legislativo será «distinto en función de los distintos usuarios del agua y en particular de la agricultura, y distinto en las ciudades, ya que el recibo de agua en unas ciudades no tiene nada que ver con el recibo de otra ciudad».

La responsable de Medio Ambiente recordó que según la directiva europea «los precios del agua deben reflejar la totalidad de sus costes», y que se pueden plantear excepciones como en el caso de España y el ámbito agrario.

En las grandes ciudades españolas como Madrid, Barcelona o Valencia, los precios del agua «están bastante cerca de cubrir los costes totales de abastecimiento y saneamiento», según Narbona, por lo que el debate se centrará en «cómo se distribuyen los costes entre los distintos usuarios del agua dentro de una ciudad de acuerdo con la mayor o menor eficiencia en el consumo del agua».

Narbona puntualizó que son los ayuntamientos los que «se ocupan de la correcta distribución del agua para su uso en la ciudad y del saneamiento», y son quienes «deciden cómo trasladar a los ciudadanos el coste del saneamiento y del abastecimiento, y tienen un importante papel en la fijación de los precios».

Valencia consume un caudal de agua potable de 4,2 metros cúbicos por segundo procedente de los ríos Júcar y Turia, lo que supone un 56% de lo que realmente podría llegar a solicitar.

El concejal del Ciclo Integral del Agua, Ramón Isidro Sanchis, amplió las declaraciones de la alcaldesa apuntando que la ciudad y su área metropolitana tienen derecho a una cantidad de hasta 7,5 metros cúbicos, por lo que rechazó que el proyecto del Parque Central derive en un problema de abastecimiento.

El agua potable que se consume en la ciudad procede de ambos ríos. En la planta de Picassent se depuran 1,8 metros cúbicos, mientras que en la presa de Manises la cantidad es de 2,4.

La ciudad dispone de una concesión administrativa sobre parte del agua del Júcar por un plazo de 99 años (el acuerdo se plasmó en papel en 1974) y sobre parte del caudal del Turia, en este caso, sin fecha de caducidad y que se renueva automáticamente cada 99 años (ya se ha consumido el primer ciclo y apenas se han llegado a los cinco primeros años del segundo).

El concejal quiso destacar que mediante campañas de concienciación ciudadana se ha conseguido reducir el consumo. Igualmente, mediante la red de baja presión, se consigue aprovechar el agua procedente de ríos subterráneos (nivel freático), que pese a no ser apta para el consumo humano, permite que todos los trabajos de baldeo de calles, regado de plantas y jardines o actuaciones de los bomberos se puedan nutrir de los recursos procedentes de los 36 pozos que sacan agua del subsuelo de la ciudad.

“Para la expansión de muchos pueblos no se ha solicitado el informe sobre si existen recursos o no”, se quejó Sanchis, quien contraatacó con un nuevo dato: el 82% del agua que corre por la red se aprovecha. “Somos la ciudad que menos agua pierde por las fugas”, señaló. Según el concejal, la optimización de los recursos hídricos se consigue gracias a la revisión periódica de la red mediante aparatos de última tecnología que detectan las pérdidas de agua por pequeñas que sean. Los colectores transitables son revisados de forma manual.

El Ayuntamiento ha lamentado en las últimas semanas la falta de control sobre los vertidos en el Turia, lo que ha provocado 12 paradas en el proceso de depuración, debido a la necesidad de tratar ese caudal con mayor intensidad para conseguir que sea apto para el consumo humano.

“Realmente, a quien están perjudicando con toda esta polémica es a los vecinos del entorno del Parque Central al retrasarse el proyecto”, concluyó el concejal.

El consejero de la Presidencia de la Junta de Andalucía, Gaspar Zarrías, anunció ayer, respecto a que Extremadura y Castilla-La Mancha puedan recurrir el nuevo Estatuto de Andalucía ante el Tribunal Constitucional (TC), que el Gobierno andaluz «hará lo que esté en sus manos para convencer a Ibarra y a Barreda de que no hay nada por lo que preocuparse» en el nuevo texto.

En este sentido, Zarrías argumentó, dirigiéndose al presidente de la Junta de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, que «Extremadura no va a perder nada de lo que tiene, ni un milímetro cúbico de agua (al asumir Andalucía competencias sobre la cuenca del Guadalquivir), porque no es ese, ni mucho menos, el objetivo de Andalucía».

Respecto a Castilla-La Mancha, Zarrías señaló que lo que ha planteado el presidente de dicha comunidad autónoma, José María Barreda, está en su derecho a hacerlo», aunque el consejero andaluz dijo estar seguro de que cuando Barreda estudie el nuevo Estatuto andaluz «verá que no hay ningún tipo de problema, y que el cinco por ciento de la cuenca del Guadalquivir que está en el territorio de Castilla-La Mancha, aguas arriba, no va a sufrir ningún deterioro, ya que la planificación general de la cuenca corresponderá al Gobierno de la Nación, y la administración y la gestión de las aguas que discurren por Andalucía serán de la Junta de Andalucía». IU de Andalucía realizó una defensa del recién aprobado Estatuto de Andalucía, tras el que prometió velar por el autogobierno del que dota a la región, para que este no se vea afectado por el «desconcierto interno sobre política territorial que sufre el PSOE» que, a su juicio, demuestran los recursos que Extremadura y Castilla-La Mancha meditan presentar ante el TC.

Por su parte, el ex presidente de Castilla-La Mancha José Bono dijo ayer que los ríos «no son propiedad de ninguna comunidad autónoma, ni de grupos de regantes, ni de los usuarios», pues, según agregó, «la ordenación de este recurso escaso que genera riqueza corresponde al Estado».