HUESCA.- La Federación Nacional de Comunidades de Regantes (Fenacore) manifiesta en un comunicado, “ante la decisión de algunas Comunidades Autónomas de ‘hipotecar’ a través de reformas estatutarias el agua de los ríos que pasan por sus territorios”, que “la planificación hidrológica nacional es competencia única y exclusiva del Estado central en las cuencas que discurren por varias regiones”. Una competencia que, según explica Fenacore, se reconoce en la Ley de Aguas y la Constitución española en sus artículos 149 y 45.2.

La organización insiste en que los ríos que atraviesan varias Comunidades Autónomas “deben ser planificados y gestionados por el Estado, con el fin de evitar la instrumentalización del uso del agua que sólo conduce a ‘hipotecar’ los ríos existentes y a provocar ‘guerras’ del agua”.

La Federación añade que la “contaminación política del agua ha causado durante estos últimos años desencuentros poco afortunados entre las distintas administraciones públicas y un gran perjuicio para los propios usuarios por el retraso que supone para la planificación hidrológica nacional”.

El presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, aseguró ayer que no hay “ningún razonamiento intelectual que justifique la derogación del trasvase del Ebro previsto desde la desembocadura y, sin embargo, un trasvase que se hace desde la cabecera, como es el caso del Tajo, me parece una incongruencia enorme”.

De este modo, Barreda puso ayer en entredicho una decisión adoptada por José Luis Rodríguez Zapatero, presidente del Gobierno y secretario general de su partido, el PSOE, y ejecutada por la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, el 18 de junio de 2004: la derogación del trasvase de 1.050 hectómetros cúbicos anuales de aguas del Ebro para la Comunitat Valenciana, Murcia, Almería y el área metropolitana de Barcelona, cuya construcción ya había iniciado el anterior Ejecutivo central.

Barreda, además, estudia “muy seriamente” sumarse a la “situación planteada” por el presidente de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, que recurrirá ante el Tribunal Constitucional el estatuto de Andalucía, por las competencias que se atribuye sobre el Guadalquivir.

Según Barreda, que hizo estas declaraciones en la emisora Onda Cero, las comunidades autónomas que tienen competencias exclusivas en agricultura, medio ambiente, urbanismo y vivienda y ordenación del territorio, deben de formar parte de los órganos de gestión y planificación del agua.

Contra el Tajo-Segura
Así, indicó que Castilla-La Mancha forma parte “de la España seca y por ello tenemos un problema estructural de falta de agua” y que en los años de sequía el trasvase Tajo-Segura se pone todavía más en evidencia.

El presidente de Castilla-La Mancha explicó que su Gobierno está estudiando “muy seriamente” sumarse a Extremadura en el recurso contra el estatuto andaluz, dado que un 7,13% de la cuenca del Guadalquivir se enmarca dentro de sus límites territoriales. En este sentido, Barreda indicó que la región “necesita también las aguas superficiales del Tajo, porque pronto vamos a ser dos millones de castellano-manchegos. Cuando se dice agua para todos, yo estoy de acuerdo, pero inmediatamente añado: también para Castilla-La Mancha”.

La decisión de Rodríguez Ibarra y el anuncio de Barreda de seguir los pasos del presidente autonómico de Extremadura ante el estatuto de su compañero de partido, Manuel Chaves, tienen, a juicio del conseller de Infraestructuras de la Generalitat Valenciana, José Ramón García Antón una causa común: la política hídrica de Rodríguez Zapatero.

‘‘Ibarra va a recurrir al Constitucional el estatuto de Andalucía, Castilla-La Mancha parece que también. Cada autonomía va a recurrir, a defender sus intereses específicos y eso se debe a que se está practicando una política de autarquía con el agua’’, señaló el titular de Infraestructuras.

Para García Antón, el culpable de esta política de autarquía ‘‘es el Gobierno. No se puede dejar el agua en manos de cada comunidad autónoma. El agua es un recurso escaso y una cuestión de Estado. Recuerdo cuando en 1993 el PSOE defendía que era el único partido político de España que podía elaborar un Plan Hidrológico Nacional solidario y no lo hizo. Ha pasado mucho tiempo desde entonces y este es el resultado’’.

El melón de la insolidaridad
El conseller García Antón abogó por una política de agua ‘‘nacional, de solidaridad, de gestión y de distribución’’.

El titular de Infraestructuras indicó que la derogación del trasvase del Ebro a las cuencas mediterráneas ‘‘abre el melón de la insolidaridad entre comunidades autónomas’’. Eso implica, a juicio del conseller, que se convierta en ‘‘imposible’’ cualquier política de cesión de recursos hídricos de una cuenca excedentaria a otra que no lo sea.

‘‘Con la derogación de la transferencia del Ebro se cargaron la vertebración, la política hídrica global. Se inicia en el Ebro, que fue la espoleta, y después se pone en cuestión el trasvase Tajo-Segura. Recordemos que la ministra Cristina Narbona ha dicho en más de una ocasión, aunque después rectificara, que la conducción Tajo-Segura tenía los días contados’’, afirmó García Antón.

Para el conseller de Infraestructuras y responsable de la política de aguas que desarrolla la Generalitat, el argumento del presidente de Castilla-La Mancha para exigir la extinción del trasvase Tajo-Segura es la anulación del trasvase del Ebro, ‘‘el ejemplo que Zapatero y Narbona han dado sobre la política de la insolidaridad’’.

El conseller, que acepta las políticas de desalinización de agua como un complemento a los trasvases entre cuencas, se mostró absolutamente disconforme con que esa sea la única solución del Gobierno central frente a la sequía, como propone el director general de Agua, Jaime Palop.

‘‘La desalinización masiva no soluciona el problema. Es inviable para los agricultores y condena a muerte la agricultura mediterránea. Al final tendremos que trasvasar agua del mar a Castilla-La Mancha’’, dijo.

‘‘Cualquier reivindicación de Castilla-La Mancha es como una orden para el Ministerio de Medio Ambiente’’. Esta frase de tintes lapidarios salió ayer de los labios del conseller de Infraestructuras, José Ramón García Antón, para referirse a la futura composición de la demarcación hidrográfica del Júcar, porque tal y como la ha diseñado la ministra Cristina Narbona, Castilla-La Mancha ganará protagonismo y poder de decisión sobre la cuenca del Júcar en detrimento de la Comunitat Valenciana.

No obstante, la representación que tenga la Comunitat en el consejo del agua de la futura demarcación del Júcar todavía va a ser mayoritaria. No obstante, la población de toda Castilla-La Mancha no llega a los dos millones de habitantes y la valenciana asciende a 4,5 millones.

García Antón reconoció que la representación valenciana será del orden ‘‘de dos tercios, entre un 60 o un 65% de representantes de la Comunitat y un 30 o 35% corresponderá a los castellano manchegos’’.

Actualmente la proporción es del 80% de valencianos y 20% de manchegos.

Esta representación es clave de cara a las decisiones que se adopten en la revisión del plan de cuenca del Júcar, que se iniciará en 2008 y, en teoría, debe de estar finalizada en 2009.

Esta revisión del plan de cuenca sólo se ejercerá en aquellos ríos de la actual Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) que discurran por más de una comunidad autónoma, y el plan se abordará en el conjunto de estos ríos, no por separado, según declaró ayer el presidente de este organismo estatal, Juan José Moragues.

Cuencas intracomunitarias
Respecto a los otros ríos, los que nacen y mueren dentro del territorio valenciano, tendrá que asumir su gestión la Generalitat. ‘‘Evidentemente, no podemos planificar sobre estos ríos’’, indicó Moragues.

‘‘Hemos solicitado a la Generalitat hasta 20 veces por carta que se hagan cargo de sus cuencas pero no hemos tenido respuesta. También hay que entender que estos son malos momentos. Pasada la época electoral será cuestión de pocos meses’’, puntualizó el responsable de la CHJ.

‘‘No tenemos inconveniente en asumir nuestras competencias, pero antes, el Ministerio y nosotros tenemos que sentarnos y definir las cuencas y el litoral. El Ministerio tiene nuestras propuestas’’, contestó García Antón.

‘‘Es verdad que hay una sentencia del Supremo (dictada en 2005) que obliga a separar las cuencas intercomunitarias de las intracomunitarias. Pero el Ministerio de Medio Ambiente ha tenido tiempo de sobra para solventar los problemas legales con un decreto y no tener que separar la gestión de las cuencas’’, según afecten a una sola autonomía o a más de una. Cierto es que los ríos y barrancos que gestionará la Generalitat aportan poca agua.

Para preparar esos trabajos la CHJ ha juntado a 37 personas, con representación paritaria entre miembros de Castilla-La Mancha y la Comunitat. Su objetivo es preparar un plan de recuperación del río Júcar. Los documentos que preparen sobre calidad de las aguas, aumento de caudales, restauración de ecosistemas, protección frente a riadas y revalorización sociocultural, serán la base para debatir sobre el nuevo plan del Júcar.

La Confederación del Júcar ha impulsado la puesta en marcha de un plan de recuperación integral del río, con el objetivo de desarrollar actuaciones que permitan obtener una mejora de sus caudales y de la calidad de sus aguas, de acuerdo con la Directiva Marco del Agua..Para su desarrollo se creará una mesa de participación

Los concejales presentes en la sesión plenaria conocieron, puesto que se dio cuenta en la parte última del Pleno, de la sentencia de la sala de lo contencioso-administrativo que anulaba la forma en la que se aprobaron dos acuerdos. Uno para dar luz verde al protocolo de funcionamiento de la sociedad mixta Aguas de Albacete, y otro para asumir el Ayuntamiento el pago del IVA al Ministerio de Defensa por la venta de los terrenos de las antiguas Cocheras de Aviación para construir 98 viviendas de protección oficial.

Lo que la sentencia venía a decir era que el equipo de gobierno había vulnerado los derechos fundamentales de dos concejales -Juan Carlos López Garrido y José Miguel González Moraga- porque, en lugar de entregarles para su estudio estos expedientes del Pleno con 48 horas de antelación, se los había entregado con 24 horas.

Además de dar cuenta, la mayoría socialista -con la oposición del PP y el voto a favor de IU en el tema del agua y en contra en el de las Cocheras- aprobó convalidar todo lo que se ha ido haciendo hasta ahora porque, según el concejal de Economía y Hacienda, Antonio Martínez, «es lo que los servicios jurídicos municipales nos han aconsejado que hay que hacer».

Una postura que no gustó nada al PP, por lo que su concejal Juan Carlos López Garrido anunció que «vamos a votar en contra y vamos a recurrir a los tribunales esta decisión», añadiendo que «seguramente el señor alcalde tendrá la ocasión de ser agraciado con una nueva sentencia en contra».

VALENCIA. El catedrático de Ciencias Ambientales y profesor de la Universidad de Princeton, Ignacio Rodríguez-Iturbe, confirmó ayer que está «a favor del trasvase del Ebro ya que esta conducción es completamente viable desde el punto de vista económico, hidrológico y ecológico».

El profesor Rodríguez-Iturbe, que fue galardonado en 2002 con el «Stockholm Water Prize», considerado como «el Premio Nobel del Agua», asistió ayer a la sesión ordinaria del Tribunal de las Aguas de Valencia, donde recibió el «Blusón de labrador» que le acredita como miembro honorífico de esta institución acompañado por el director de la Fundación Agua y Progreso, José Alberto Comos Guillem. El profesor agradeció el reconocimiento del Tribunal, por «lo que simboliza esta institución, que es un motivo de orgullo para los valencianos y para toda España».

El prestigioso catedrático, que participa en el «Congreso Internacional sobre Instrumentos de Planificación Hidrológica. La importancia estratégica del Trasvase del Ebro para la Comunidad Valenciana», manifestó que no está en contra de la desalación «como medida puntual», pero no como alternativa a los trasvases. Desde el punto de vista económico, «las desaladoras tienen un coste energético mayor que los trasvases y una vida útil menor, y el impacto ecológico de la desalación es muy superior». Además, concluyó que el Plan Hidrológico del trasvase del Ebro ya tuvo en cuenta el cambio climático.

VALENCIA. El concejal del Ciclo Integral del Agua del Ayuntamiento de Valencia, Ramón Isidro Sanchis, aseguró ayer en un comunicado que es «una vergüenza» que el director general del Agua del Ministerio de Medio Ambiente, Jaime Palop, diga que «los valencianos no tenemos que preocuparnos porque tenemos en el mar toda el agua del mundo, que el problema lo tiene Aragón porque la única fuente de agua proviene en su caso de los ríos, los pozos, los acuíferos y en definitiva del agua de lluvia… es de auténtica desvergüenza».

Además, criticó que Palop tenga que ir a Zaragoza -donde realizó las declaraciones-para transmitirno un mensaje de tranquilidad como consecuencia de la sequía y «que no venga a Valencia y nos lo cuente en vivo y en directo». Además, calificó como «muy lamentable» que el Ministerio de Narbona lance estos mensajes, «en vez de explicarnos por qué nuestra ciudad está sufriendo restricciones en cuanto a cantidad, calidad y precio del agua, cuando ella aseguró, nada más derogar el Trasvase, que tendríamos más cantidad de agua, de más calidad y a menor precio, pero es que son incapaces de ofrecer una sola alternativa o propuesta realista».

La fiebre participativa se extiende a la Confederación Hidrográfica del Júcar. Ayer, el presidente del organismo de cuenca, Juan José Moragues, convocaba a expertos, usuarios, administraciones y ciudadanía en general en una «Mesa de la Participación» cuyo objetivo es diseñar un «Plan Integral para la Recuperación Medioambiental» del Río Júcar.

Esta Mesa se estructurará en cinco comisiones de trabajo, explicó el presidente de la CHJ, Juan José Moragues, en rueda de prensa. Moragues también precisó que los objetivos de este plan son «mejora del caudal mínimo, mejora de la calidad del agua, restauración de ecosistemas, revalorización socio-cultural de los paisajes del agua y protección frente a inundaciones».

Moragues también indicó que en esta Mesa de trabajo «estarán representados tanto la Administración General del Estado (AGE), como los usuarios, regantes, agentes sociales, asociaciones, sindicatos y administraciones locales y autonómicas manteniendo siempre absoluta paridad entre las dos comunidades autonómicas implicadas».

También mostró su «firme compromiso» a llevar ante el Ministerio de Medio Ambiente «las propuestas y recomendaciones que se planteen para mejorar la situación del Júcar a lo largo del proceso de este Plan para la revisión y futuro ‘Plan Hidrológico de la Cuenca del Júcar’, que debe estar en sintonía con la Directiva Marco de Aguas», indicó.

Por su parte, fuentes de la Junta Central de Regantes de la Mancha Oriental indicaban ayer que , dado lo novedoso de la idea, era difícil aventurar su resultado «pero al menos va a servir para algo, y es que nos vamos a tener que ver todos las caras y hablar con los datos y cifras en la mano, en vez de tener que hacerlo sólo a golpe de titular en los medios de comunicación».

Desde la JCRMO, se considera que un foro de esta clase podría servir para poner sobre la mesa todos los problemas ambientales y ecológicos del Júcar y no sólo los que les interesan «a los históricos» como por ejemplo «hablar de problemas que están olvidados por completo, como los afluentes del propio Río Júcar, que parece que no existen, o el origen de los problemas de la contaminación de la Albufera, o la relación entre los caudales que recibe la Albufera y las zonas de regadío que la rodean, porque de un tiempo a esta parte, parece que el Júcar Medio es el culpable de todos los males de la cuenca y, por supuesto, habrá ver qué es y que no es Júcar, como no».

22 de febrero de 2007.  El conseller de Infraestructuras y Transporte, José Ramón García Antón, afirmó hoy que la derogación del trasvase del Ebro «ha sido la espoleta de la insolidaridad hídrica en España», según informaron fuentes de la Generalitat en un comunicado.

García Antón destacó, ante «las presiones del Gobierno de Castilla-La Mancha para poner fin al trasvase Tajo-Segura», que «es una pena la forma de gobernar del actual Gobierno central porque ha abierto la insolidaridad entre todas las comunidades autónomas, y ha propiciado que cada una de ellas sólo se preocupe de sus intereses y no tenga en cuenta los problemas de los demás». Además, consideró que esta situación «ha provocado que ahora se cuestione también el trasvase Tajo-Segura».

En este sentido, el titular de Infraestructuras apuntó que «la prueba más evidente de la vergonzosa política hídrica del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, es que, en tan sólo cuatro días de crecida del río Ebro, se han vertido al mar los 350 hectómetros cúbicos que necesita la Comunitat», lo que, en su opinión, «demuestra que en tan sólo cuatro días tendríamos la solución a nuestro déficit».

Por el contrario, añadió que el gobierno socialista «pretende que la desalación se convierta en una solución global», algo que, a su juicio, «es inviable para los agricultores y condena a muerte a la agricultura mediterránea».

Asimismo, manifestó que «la situación actual de creciente insolidaridad es responsabilidad del gobierno de Zapatero», ya que «estamos asistiendo a un espectáculo en el que por ejemplo ahora el presidente de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, del propio partido socialista, ha anunciado que van a recurrir el estatuto de Andalucía», apostilló.

De esta manera, subrayó que «unas comunidades autónomas estamos recurriendo los estatutos de otras comunidades por un tema como el agua, debido a que el gobierno actual quiere abocarnos a cada región a una situación de autarquía».

En cambio, destacó que el Consell entiende que el Gobierno central, «que es el gobierno de la nación, no puede dejar en manos de cada gobierno autonómico la gestión de unos recursos tan escasos y necesarios, sino que lo que debe hacer es practicar una política nacional, de solidaridad, de gestión, y de distribución».

Por todo ello, el conseller pidió al Ejecutivo central que «vuelva al Plan Hidrológico Nacional (PHN), que era uno de los proyectos más importantes que solidaridad entre todos los españoles», ya que, según recordó, el partido socialista «abanderó un plan similar en los años 90 y en cambio ahora, defiende lo contrario y se ha convertido en el partido de la insolidaridad y la autarquía», añadió.

Sobre el trasvase Tajo-Segura, el presidente autonómico señaló en una entrevista en Onda Cero que «Castilla-La Mancha forma parte de la España seca. Tenemos un problema estructural de falta de agua. En los años de sequía este trasvase se pone todavía más en evidencia».

Por ello, Barreda argumentó que los manchegos «necesitamos también las aguas superficiales del Tajo, porque pronto vamos a ser dos millones de castellano-manchegos. Cuando se dice agua para todos, yo estoy de acuerdo, pero inmediatamente añado: también para Castilla-La Mancha. Nosotros necesitamos el agua. Tenemos un déficit estructural de agua».

El jefe regional manifestó que «no hay ningún razonamiento intelectual que justifique la derogación del trasvase del Ebro previsto desde la desembocadura y, sin embargo, un trasvase que se hace desde la cabecera, como es el caso del Tajo, me parece una incongruencia enorme».

Finalmente, el presidente castellano-manchego se refirió a la reclamación de Rodríguez Ibarra ante el Tribunal Constitucional sobre el Guadalquivir en los siguientes términos: «Tiene sentido y nosotros estamos estudiando también muy seriamente la situación planteada. La cuenca del Guadalquivir tiene un 7, 13 por 100 en Castilla-La Mancha y, por lo tanto, nos afecta. Mi planteamiento es el siguiente: las comunidades autónomas que tenemos competencias exclusivas en agricultura, en medioambiente, urbanismo y vivienda y ordenación del territorio, debemos de formar parte de los órganos de gestión y planificación del agua».