El director general del Agua del Ministerio de Medio Ambiente (MIMA), Jaime Palop , resaltó ayer que la Comunitat Valenciana y Murcia siempre tendrán el mar, “una fuente de recursos infinita”, frente al interior del país, cuyo desarrollo dependerá únicamente del agua de los ríos y acuíferos.

En una rueda de prensa en Zaragoza con motivo de la celebración de la Mesa de Información del Plan Nacional de Restauración de Ríos y su aplicación en la Cuenca del Ebro, Palop agregó que, precisamente, las tensiones territoriales que se están produciendo por falta de agua son uno de los ejemplos que muestran la necesidad de dar un giro a la política de gestión de este recurso.

Recordó que todos los presidentes autonómicos plantean unos estatutos en los que se pone de manifiesto “una gran preocupación por el agua presente y futura”, e insistió en que a su juicio actúan “de buena fe”, con coherencia y con honestidad, porque “han de mantener el desarrollo” en su región.

“Defienden sus intereses” y esto es “algo legítimo en democracia”; es decir, “que cada uno levante la mano y diga lo que necesita”, agregó.

El hecho de “tener el agua justa” es algo en lo que coinciden Aragón, la Comunitat Valenciana, Murcia, Cataluña, Castilla-La Mancha, Andalucía y Castilla y León. No obstante, hizo hincapié en que no todas las comunidades se encuentran en la misma situación, porque en las regiones de Levante (en referencia a la Comunitat y Murcia) tienen el mar , “una fuente de recursos infinita”, y también “una tecnología al alcance de su mano” para producir la desalinización” y poner el agua “a disposición de usos económicos y del abastecimiento a poblaciones”.

“Tienen el mar al lado y una tecnología que abarata cada vez más el procedimiento”, insistió. Resaltó que en el interior, por contra, el agua sólo proviene de los ríos y de los acuíferos; en definitiva de la lluvia y del agua superficial

El vicepresidente segundo del Ejecutivo regional, Emiliano García-Page, señaló que «aunque a día de hoy el Gobierno reconoce que la situación es de legalidad del trasvase» Tajo-Segura, en Castilla-La Mancha «hemos llegado ya muy lejos».
A preguntas de los medios, sobre las manifestaciones de miembros del Ejecutivo central respecto a la caducidad del trasvase, García-Page indicó que, no obstante la situación actual, el Estatuto de Autonomía castellano-manchego «va a conseguir cambiar la situación».
En rueda de prensa, para dar cuenta de los acuerdos del Consejo de Gobierno, el también portavoz del Gobierno regional recordó que éste siempre ha sido un «reto difícil y peliagudo» que genera contradicción de intereses, pero insistió en la posición firme de la Comunidad Autónoma.
Según comentó, si el Gobierno central hubiera dicho que se había acabado el trasvase «ni nos hubiéramos planteado generar el debate».
Por otra parte, preguntado por la manifestación convocada este fin de semana por la Asociación de Víctimas del Terrorismo, en relación a la pena impuesta al etarra Ignacio De Juana Chaos, consideró la necesidad de respetar las decisiones de los tribunales.
En otro orden de cosas, García-Page anunció ayer que el futuro hospital de Toledo está «a punto de despegar» ya que, en los próximos días, se firmarán los contratos para el inicio de las obras y el replanteo del proyecto.
García-Page se pronunció así, en rueda de prensa, en la que remarcó las diversas operaciones de crédito aprobadas por el Consejo de Gobierno para la financiación del nuevo Hospital General de Toledo.
Recordó que este complejo sanitario será referencia nacional e internacional y destacó que su superficie construida será cinco veces mayor que la que ocupa el actual Hospital Virgen de la Salud, pasando de 50.000 metros cuadrados a más de 364.000.
En cuanto a su infraestructura, si el hospital actual dispone de 290 habitaciones dobles, el nuevo tendrá 774 habitaciones individuales triplicándose el número de quirófanos y doblándose el número de consultas, de 118 a más de 200.
Por otra parte, preguntado por la suspensión del servicio ferroviario entre Madrid y Toledo debido a la caída de una viga en la vía, García-Page señaló que un inconveniente así puede surgir en una carretera, el AVE o el tren convencional, aunque precisó que «lo mejor sería tener no uno sino varias líneas de alta velocidad

Si la Albufera no dependiese del Júcar, en sus aguas aún se criarían sepias y mejillones. A lo largo de los siglos, la Albufera se endulzó con aguas fluviales: del Turia, de los barrancos y, sobre todo, del Júcar. El Gobierno manchego de Barreda prefiere ignorar este sencillo hecho histórico porque le conviene: si logra imponer el criterio técnico de que la Albufera no es parte de la cuenca del Júcar, él puede quedarse, aguas arriba, con los recursos destinados al mantenimiento del lago.

La verdad es que los castellano-manchegos parecen tener más aptitud para la acción comunitaria concertada que nosotros. Pepe Bono fue capaz de pararle una autovía a otro Pepe, el ministro Borrell. Ahora Barreda detiene el AVE mediterráneo y el PP y el PSOE manchegos -como el PP y el PSOE aragoneses- votan juntos por la caducidad del trasvase Tajo-Segura, en un caso, o contra cualquier forma de trasvase del Ebro, en el otro. Por suerte, los estatutos pueden decir lo que les venga en gana: gracias a todos los santos, las aguas de los grandes ríos son competencia exclusiva del Estado y a Europa le gusta la Albufera, que sólo puede sobrevivir con aguas del Júcar.

Así pues, no hace falta que abandonemos la política de los trasvases: ella nos abandonó antes a nosotros y, por un quiebro irónico en el curso de la historia, ahora resulta que el primer y mejor garante de nuestros intereses puede ser Zapatero, incluso Cataluña, quién me lo iba a decir: por lo menos Jordi Pujol no se cerraba en banda a ciertos trasvases como sí han hecho Castilla y Aragón. El día que Castilla votó, en bloque, contra el acueducto Tajo-Segura, a nuestro president se le quedó, dicho sea con todos los respetos, cara de doncella a la que acaban de arrebatarle la flor en un descuido. Con los ríos se hace política desde que los jerifaltes de antaño iban prometiendo acequias y huertas y a los rústicos se les ponía cara de Tío Gilito. A ver si nos lamentamos menos y actuamos más.

Juan Carlos Rodríguez Ibarra realizó el anuncio durante la presentación en Sevilla de un libro de cocina. Dijo que lo interpondrá cuando el nuevo estatuto andaluz se publique en el Boletín Oficial del Estado.

El presidente de Extremadura señaló que presentará el recurso “sin duda” porque el articulo 51 del nuevo texto estatutario “se apodera en exclusiva del río Guadalquivir”, que “es una falsa competencia exclusiva porque está redactado para que parezca una verdadera competencia, pero es falsa”.

El citado artículo 51 establece que la Comunidad Autónoma de Andalucía ‘‘ostenta competencias exclusivas sobre las aguas de la Cuenca del Guadalquivir que transcurren por su territorio y no afectan a otra comunidad autónoma, sin perjuicio de la planificación general del ciclo hidrológico, de las normas básicas sobre protección del medio ambiente, de las obras públicas hidráulicas de interés general y de lo previsto en el artículo 149.1.22 de la Constitución”.

El presidente extremeño recordó que la Constitución recoge “taxativamente” que los ríos que discurren por varias comunidades autónomas “son competencia exclusiva del Estado”, y no dice “que si un río transcurre el 92 por ciento por un sitio y el 8 por ciento restante por otro su gestión sea competencia del primero”.

De este modo, Rodríguez Ibarra se acoge a la senda marcada por la Generalitat Valenciana, que ya ha recurrido ante el Tribunal Constitucional, y su demanda ha sido admitida a trámite, el nuevo estatuto de Cataluña. El motivo del recurso del Consell es el mismo que en el caso de extremeños y andaluces: El Ejecutivo autonómico catalán blindaba el Ebro a los trasvases, a pesar de que ese es un río que atraviesa varias autonomías y a su cuenca pertenece incluso la comarca castellonense de Els Ports.

La Generalitat también está dispuesta a recurrir otros dos futuros estatutos: el de Aragón y el de Castilla-La Mancha. El primero, también por blindar el Ebro a los trasvases. El segundo por querer acabar con la transferencia Tajo-Segura.

La decisión de Rodríguez Ibarra evidencia, según declaró ayer el portavoz del PP en las Cortes, Serafín Castellano, “las contradicciones de la política hídrica del PSOE”. En esta línea, agregó que queda patente ‘‘el caos y los desequilibrios que la desastrosa política hídrica de Zapatero están provocando”.

El derogado trasvase del Ebro
Castellano argumentó que el actual Ejecutivo central “abrió la veda irresponsablemente con la derogación del trasvase del Ebro y ha provocado un efecto dominó que está comportando los desequilibrios, la insolidiaridad y que los propios socialistas impugnen ahora las cosas por la política de improvisación e incertidumbre que practica Rodríguez Zapatero’’.

‘‘Los socialistas están demostrando que su política hídrica es un auténtico fracaso que fractura la solidaridad interterritorial y los recursos naturales, ya que los ríos no son de una Comunidad o de otra, sino que son una competencia estatal que nadie puede arrogarse porque sí, como quieren hacer con el Ebro”, declaró Castellano.

Así, Serafín Castellano indicó que “los socialistas, por un lado en unas regiones, se dedican a blindar los ríos y negar el agua a las comunidades vecinas, como ocurre en Aragón, donde también pretenden recoger en su estatuto ese blindaje para el Ebro, y en otras se oponen a estas medidas”. Resaltó además que “eso es lo que ocurre cuando la política que promueve el gobierno central obvia los principios de solidaridad entre comunidades y cuando lo que se fomenta es el enfrentamiento y la crispación”.

Castellano señaló que a los populares “ya nos gustaría que los socialistas valencianos tomaran ejemplo y se opusieran al blindaje del Ebro que pretenden sus compañeros de partido en Aragón e hicieran cumplir el derecho al agua que recoge nuestro estatuto reclamando el trasvase del Ebro que Zapatero nos derogó”.

El colectivo Xúquer Viu ha hecho llegar al Ministerio de Medio Ambiente su malestar por lo que califica de « insuficientes » recortes al regadío en La Mancha Oriental, que la Confederación Hidrográfica del Júcar ha situado en el 20%.

Los ecologistas valoran que se haya producido un aumento de las reducciones respecto al año pasado aunque recuerdan que se han autorizado extracciones de entre 260 y 270 hectómetros cúbicos que suponen «el doble de lo que desde el punto de vista de Xúquer Viu habrían de realizarse para mantener el equilibrio en el propio acuífero y en el río». En este sentido apuntan que la extracción máxima sostenible del acuífero debe determinarse de acuerdo a los criterios de la Directiva Marco del Agua y no puede limitarse a situaciones de sequía.
Además, añaden que las restricciones aprobadas y las previsiones respecto a las que se dictarán para el regadío de la Ribera del Júcar consolidan un trato más favorable al regadío manchego. «Si se consideran las medidas aprobadas en los dos últimos años, se observa que las restricciones sobre las extracciones en la Mancha Oriental son del 35% mientras que las anunciadas sobre el regadío de la Ribera estarían entre un 70 y un 75%, de manera que por segundo año consecutivo los regadíos de La Mancha consumirán más agua que los regadíos tradicionales valencianos» , recuerdan.
Además, creen que el Gobierno debería haber optado directamente por la expropiación, justificada en la situación de sequía, sin tener que indemnizar a los regantes de la Mancha por dejar de utilizar las aguas subterráneas. En ese sentido recuerdan que las restricciones establecidas para el riego con aguas superficiales no han generado indemnizaciones ni en tierras manchegas ni en Valencia.

La reserva de agua en los embalses peninsulares ha subido en la última semana en 1.424 hectómetros cúbicos y se sitúa ya en el 59,6% de su capacidad total. Esta cifra representa un incremento de 10,9 puntos respecto al mismo periodo del año pasado, medio punto menos que hace cinco y 4,3 menos que hace 10 años.

Según los últimos datos del ministerio de Medio Ambiente, los pantanos contienen en la actualidad 32.295 hectómetros, con variaciones que van desde el Segura (15,5% del agua que puede contener) a Norte II (Asturias y Cantabria), donde están al 90,8%.

En los últimos siete días los embalses, cuya capacidad total ascienden a 54.148 hectómetros, han subido un 2,6%.

A pesar de que las precipitaciones han sido abundantes en toda la península, no en todos ha aumentado la reserva y hay diferencias tan notables como la de la Cuenca del Duero, que ha subido 368 hectómetros, y la de las cuencas internas de Cataluña, que han bajado 6 hectómetros.

El secretario de Medio Ambiente, Agua y Agricultura del PSPV-PSOE, Francesc Signes, aseguró ayer que los diputados valencianos del PSOE “se opondrán a cualquier intento de ponerle fecha de caducidad al Tajo-Segura” votando en contra del Estatuto castellano-manchego en el Congreso.

Signes se pronunció de esta forma tan contundente el día después de que la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, volviera a rechazar que el nuevo Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha pusiera caducidad al trasvase y sugiriera que el texto será modificado durante su tramitación en el Congreso de los Diputados.

El portavoz del PSPV aseguró ayer que estas palabras de la responsable de Medio Ambiente “vuelven a poner en evidencia el discurso victimista de Camps”.

Para el dirigente socialista, la postura del Gobierno refleja que la discriminación de la Comunitat Valenciana “sólo existe en la mente de Camps, que la utiliza para ocultar sus errores y debilidades”.

De hecho, el portavoz socialista aseguró que Camps no ha sido capaz de enfrentarse a sus compañeros de partido en Castilla-La mancha para defender los intereses de la Comunitat. “Si fuiera por Camps, el Tajo-Segura ya tendría fecha de caducidad”, proclamó.

Signes consideró que ya han sido “muchas las cesiones del PP valenciano ante las pretensiones de Castilla-La Mancha” y recordó que ya lo hicieron con el AVE, con el Júcar y ahora con el Tajo-Segura.

Por todo ello, reclamó a Camps que “inste a Les Corts a realizar una declaración institucional rechazando cualquier fecha de caducidad para el Tajo-Segura”.

En el pleno de Les Corts celebrado en Elche, la Cámara ya aprobó por unanimidad una declaración de rechazo a que Castilla-La Mancha ponga fin al Tajo-Segura. Y el Consell ya ha anunciado que presentará un recurso contra el texto si incluye ala caducidad del trasvase.

Silencio
En la réplica, el secretario ejecutivo de Política Autonómica y Local del PPCV, César Augusto Asencio, lamentó que el PSPV “asuma el papel de único defensor del Tajo-Segura” cuando “ha estado tres años ignorándolo mientras el Gobierno valenciano y el PP han reivindicado hasta la última gota que corresponde a los alicantinos”.

Según Asencio, Signes “ha dado una nueva muestra de cinismo” ya que “nadie en el PSPV abrió la boca cuando la ministra Narbona aumentó el precio del agua de la Mancomunitat del Taibilla y programó una reducción en los de aportes del Tajo al Segura”.

“Sólo ahora que la ministra se ha pronunciado, se hacen eco de sus palabras” lo que demuestra que, “hasta que Madrid no respira, el PSPV no se moja”. Destacó que “si alguien ha defendido no sólo el trasvase Tajo-Segura sino el del Júcar-Vinalopó, el del Ebro y, en definitiva, la llegada de agua a la Comunitat, ha sido el PP y ha sido Francisco Camps”.

MURCIA. Más expedientes sancionadores que en años anteriores. El celo y control de la Confederación Hidrográfica del Segura contra las extracciones no permitidas de agua, los riegos ilegales y los vertidos clandestinos se tradujo el año pasado en un incremento del número de expedientes abiertos hasta sumar los 567. De esta cantidad, la gran mayoría se consideran infracciones leves; mientras que once fueron graves y se remitieron a la ministra de Medio Ambiente para que decida la sanción correspondiente. Sólo uno se consideró muy grave y se ha remitido al Consejo de Ministros.

El escenario ya se conoce: la cuenca del Segura atraviesa el tercer año de fuerte sequía, sin apenas recursos propios y con riegos de socorro desde la cabecera del Tajo a cuentagotas. El resto de los caudales necesarios para la agricultura se capta a través de pozos.

Según informó ayer el organismo de cuenca, en los tres últimos años no ha caucado ningún expediente sancionador. Asimismo, a día de hoy ya están resueltas o en tramitación todas las sanciones levantadas en el ejercicio anterior, según informó ayer el presidente de la Confederación, José Salvador Fuentes Zorita, quien precisó que el objetivo es «evitar cualquier posible caducidad en la actividad sancionadora y, por consiguiente, el riesgo de impunidad».

La Confederación abrió el año pasado 99 expedientes por construcción y explotación de pozos; 56 por riego ilegal; 93 por vertido a cauces; 15 por depósitos de escombros o inertes; 177 por obras y ocupación de cauces; y 127 por otros motivos, tales como el incumplimiento de una resolución, desobediencia a requerimientos, incumplimiento de condiciones, extracción de áridos, derivación de aguas, modificación de características, depósitos ilegales, y modificación de la «fase atmosférica».

Más de 400 expedientes

De acuerdo con la cuantía de las sanciones, el organismo de cuenca ha incoado 408 expedientes leves y 147 menos graves (en ambas categorías son resueltos por la propia CHS); once graves (que se remiten a la ministra de Medio Ambiente); y uno muy grave (que debe ser resuelto por el Consejo de Ministros). De los doce expedientes graves o muy graves, cuatro han sido abiertos por explotación de pozos; otros cuatro por riegos ilegales; y el resto por derivar más agua de la pemitida. Asimismo, 34 expedientes han sido remitidos a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, por si los hechos denunciados fuesen constitutivos de delito, de acuerdo con lo establecido en el Código Penal.

Los infractores han tenido que abonar a la Confederación 560.119 euros en concepto de daños al dominio público hidráulico. Esta cantidad se reinvierte íntegramente para la recuperación medioambiental de la cuenca del Segura.

La Confederación aprecia que, «con las medidas ejemplarizantes» se ha detectado una disminución de las irregularidades graves, «a pesar de la delicada situación que atraviesa la cuenca en su tercer año consecutivo de grave sequía hidrológica». Esta apreciación, no obstante, no concuerda con los datos de los dos años anteriores, en los que hubo menos sanciones graves y muy graves.

Fuentes Zorita ha mostrado su «reconocimiento a los colectivos y organismos que han colaborado a la hora de denunciar cualquier tipo de actividad irregular».

ZARAGOZA. La representante del Ministerio de Medio Ambiente para el Secretariado de la Década del Agua de la ONU (2005-2015), Helena Caballero, participará hoy por primera vez en un acto público en la capital aragonesa, a pesar de haber sido designada para el puesto el pasado mes de abril.

Como viene informando ABC, Caballero no ha dado muestras de su actividad en relación con este Secretariado, que tendrá su sede en Zaragoza, desde que fue designada para el puesto por la ministra Cristina Narbona. Hasta hoy, no se le ha visto intervenir en actos públicos, a pesar de que hace unos meses se celebró en Zaragoza la presentación de la versión en castellano del segundo Informe de Naciones Unidas sobre los recursos hídricos, y tampoco ha dado muestras de la labor desarrollada. De hecho, las distintas instituciones relacionadas en esta iniciativa -Ayuntamiento, Gobierno de Aragón o Confederación Hidrográfica del Ebro- apenas han sabido de ella en este tiempo.

La ubicación en la ciudad del Secretariado de la Década del Agua fue recibida con alborozo en su día por suponer un espaldarazo para el proyecto de la Expo 2008, que lleva por lema «Agua y desarrollo sostenible». Helena Caballero accedió a la representación en esta oficina de la ONU después de una polémica gestión al frente de la Confederación Hidrográfica del Duero, donde tuvo sonados encontronazos con las organizaciones agrarias, la Junta de Castilla y León, los trabajadores del propio organismo de cuenca e, incluso, miembros del PSOE.

Helena Caballero intervendrá hoy, en el marco de la llamada Tribuna del Agua, en el VI Foro Permanente «Agua y Sostenibilidad», que debatirá acerca de la «funcionalidad de las cuencas hidrográficas. Elementos para su recuperación y gestión sostenible». Caballero aparece en el programa como jefa de Área de la Subdirección General de Relaciones Internacionales del Ministerio de Medio Ambiente.

Rambla indicó que «desde la Conselleria de Hacienda se les va a dar cumplida información de los detalles en relación al mismo, teniendo en cuenta que parece ser que no tiene esta persona o entidad que reclamaba información, la legitimación adecuada para tener dicha información». Por tanto, según manifestó, se trata de una cuestión «estrictamente jurídica».

Por su parte, la Conselleria de Economía defendió que la concesión del aval a los Usuarios del Vinalopó se hizo con «la más estricta legalidad» y que quienes tienen derecho a exigir información sobre ello «son las personas físicas o jurídicas que han ejercido la acción requerida o tienen un interés legítimo en el tema».

Según la Conselleria, la Junta de Usuarios del Vinalopó, formada por 120 comunidades de regantes, 35 ayuntamientos y la Sociedad de Aguas Municipalizadas de Alicante SA, se constituyó como entidad de derecho público sin ánimo de lucro «y por tanto puede ser beneficiaria de un aval de la Generalitat», de acuerdo con la Ley de Presupuestos de la Generalitat de 2006.

Además, la Conselleria expone que la principal función de esa entidad es gestionar el caudal a trasvasar dentro del proyecto «Trasvase Júcar-Vinalopó», cuya financiación inicialmente era sufragada, aproximadamente en tercios, por fondos Feder, AcuaJúcar (sociedad estatal promotora del proyecto, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente) y la Junta de Usuarios.

La Junta de Usuarios, para cumplir su compromiso de financiación, que ascendía a 75.126.513 euros (el 32,61% del coste total del trasvase), suscribió un préstamo sindicado con diversas entidades financieras por ese importe, así como dos pólizas de crédito.

«Mentiras y demagogia»

Por otro lado, el conseller de Infraestructuras, José Ramón García Antón, acusó a la sociedad estatal AcuaJúcar de contar «mentiras», hacer «demagogia» y «chantajear todos los días» a los regantes en relación con el proyecto. García Antón dijo que la actuación de l AcuaJúcar es «vergonzosa y vergonzante» y apuntó que esta sociedad «parece que se ha dedicado en los últimos años a deshacer toda la política hídrica que había en la Comunidad.