La Consejería de Obras Públicas ha puesto en marcha una campaña a través de la cual se están distribuyendo en las poblaciones más pobladas de la región unos sencillos economizadores de agua para fomentar el ahorro de este elemento. A través de esta campaña, el Gobierno de Castilla-La Mancha pretende fomentar el ahorro de agua y lograr un uso racional y eficiente de este recurso.

En total se repartirán más de 300.000 economizadores de agua para los hogares, que van a contribuir a ahorrar anualmente 4.000 litros por persona de este imprescindible recurso. Esta acción pretende demostrar que las pequeñas acciones y la responsabilidad de cada ciudadano pueden contribuir a realizar un consumo responsable y eficiente de agua.

El uso racional del agua es en estos momentos uno de los principales retos en la gestión hidráulica ya que se trata del factor natural de mayor relevancia de cara a posibilitar un desarrollo sostenido y sostenible. Con esta iniciativa, y a través de la implicación de administraciones y ciudadanos, podemos contribuir a seguir demostrando la importancia que los castellano-manchegos damos a este recurso.

En este sentido, el Gobierno de Castilla-La Mancha está realizando un gran esfuerzo inversor, en colaboración con todas las administraciones, para dotar a nuestra comunidad autónoma de las infraestructuras necesarias para garantizar un suministro de agua en cantidad y calidad, pero también renovando las redes de abastecimiento municipales para evitar las fugas y pérdidas de agua.

Además, y en esta línea por un desarrollo sostenido y sostenible, se están ejecutando infraestructuras en materia de depuración que van a permitir que el 98 por ciento de la población de Castilla-La Mancha en el horizonte de 2008 cuente con un sistema de depuración adecuado a sus necesidades.

Los embalses de la Confederación Hidrográfica del Júcar han vuelto a experimentar esta semana una ligera subida en sus reservas, 17 hectómetros cúbicos, lo que deja los pantanos en 551 hectómetros, el 16,5% de su capacidad total.

Por primera vez, el pantano de Alarcón, el más grande de la cuenca del Júcar, se ha beneficiado de las últimas precipitaciones registradas en la cabecera del río. Sin embargo, todavía está a menos del 7% de su capacidad. También ha experimentado una subida destacable el pantano de Tous, con 3,6 hectómetros cúbicos. El embalse de Contreras, por su parte, ha incrementado el agua embalsada en 1,4 hectómetros.

Esta semana en cambio los embalses del Turia no han registrado cambios importantes, un hectómetro cúbico en total.

La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, afirmó ayer que la competencia de la estructura y la gestión de un trasvase entre cuencas “es del Gobierno de la Nación, y lo seguirá siendo porque así está claramente establecido en nuestra Constitución”. Narbona respondió así a la propuesta del Estatuto de Castilla-La Mancha que recoge la finalización del trasvase Tajo-Segura en 2015, y que se debatirá en el Congreso de los Diputados.

Narbona señaló que una cosa “son los proyectos de estatutos que hacen las comunidades autónomas y otra lo que sale del Parlamento de la Nación” y recordó que ya ha habido ejemplos de cómo “el Parlamento de la Nación ajusta esas propuestas al orden constitucional y al reparto de competencias”.

La titular de Medio Ambiente consideró “legítima” la reivindicación de Castilla-La Mancha en su estatuto, pero advirtió que en otros proyectos de estatutos ya ha habido “centenares” de modificaciones en el Congreso de los Diputados, y “España no se ha roto con el Estatuto de Cataluña”.

Por otra parte, la ministra de Medio Ambiente indicó que el precio del agua debe “ayudar a avanzar en su uso eficiente”.

Así, la modificación legislativa contemplará “una modificación del régimen económico y financiero”, pero no cuantificará el incremento en el recibo del agua. La ministra aseguró que se tendrá que analizar “cuenca a cuenca y cultivo a cultivo en el caso de la agricultura”, y el efecto de este cambio legislativo será “distinto en función de los distintos usuarios del agua y en particular de la agricultura, y distinto en las ciudades, ya que el recibo de agua en unas ciudades no tiene nada que ver con el recibo de otra ciudad”. En Valencia, así como en otras ciudades como Madrid o Barcelona, los precios del agua “están bastante cerca de cubrir los costes totales de abastecimiento y saneamiento”, según Narbona, por lo que el debate se centrará en “cómo se distribuyen los costes entre los distintos usuarios del agua dentro de una ciudad de acuerdo con la eficiencia en el consumo del agua”. Narbona puntualizó que son los Ayuntamientos los que se ocupan “de la correcta distribución del agua para su uso en la ciudad y del saneamiento”.

LA «ÚLTIMA OPCIÓN» DEL TRASVASE.

   Otra de las propuestas incluidas en el documento es la relativa al agua. El PSOE plantea los trasvases entre cuencas «sólo como última opción», si «resultan viables en términos económicos, ambientales y sociales y si su gestión garantiza el desarrollo adecuado de la cuenca cedente, que tiene carácter preferente en el uso de sus aguas».

   El agua precisamente fue motivo de enfrentamiento, en el último Comité Federal del PSOE, entre los ‘barones’ de las Comunidades Autónomas afectadas por este problema, especialmente, entre los dirigentes de Castilla-La Mancha y de la Comunidad Valenciana. Entre otros motivos, la intención de los manchegos, de acuerdo con el PP, de que su Estatuto de Autonomía ponga fecha de caducidad al trasvase del Tajo al Segura.

   Los socialistas explican en el documento que el Gobierno central tiene que garantizar el «interés general» a través de la legislación básica, a través de las confederaciones hidrológicas y de la «concertación» con las Comunidades. «Asimismo –añaden–, todas las administraciones tienen que garantizar el cumplimiento de la Directiva Marco del Agua en el ejercicio de sus competencias».

   Entre las propuestas que en esta materia se incluyen en el documento, se encuentra la creación de una Conferencia Sectorial del Agua como el foro donde se produzca esa concertación entre Gobierno central y CCAA; también, la participación autonómica en las confederaciones y que los gobiernos regionales asuman algunas «funciones ejecutivas» en la gestión de las cuencas de sus territorios, «de acuerdo con la legislación básica y la planificación hidrológica para cada demarcación».

La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, afirmó ayer en La Unión que el trasvase Tajo-Segura «no tiene fecha de caducidad en la Región». Narbona insistió en el que el Gobierno de la nación no cambiará su política de recursos hídricos. «El Gobierno es el que tiene la última palabra y está claro que el trasvase está funcionando, así que no habrá variaciones», señaló. «Esto es así ahora y seguirá siendo así en el futuro, el trasvase funciona de acuerdo con las reglas de explotación que se acordaron en la anterior legislatura», añadió la ministra.
Narbona presidió ayer en el local social de Portmán la entrega de premios del concurso de ideas para la regeneración de la bahía, que ha ganado el proyecto ‘In situ’, presentado por la empresa Grupo Medi_tech. Asistieron al acto el consejero de Obras Públicas y Transportes, Joaquín Bascuñana, y el alcalde de La Unión, Manuel Sanes.
La ministra destacó el consenso entre las Administraciones local, regional y nacional para llevar a cabo este proyecto, que se empezó a gestar hace casi tres años, «a pesar de que había distintas exigencias en lo social, en lo ambiental y en lo económico», afirmó. Los primeros trabajos ya se han puesto en marcha. «Se ha comenzado el análisis geotécnico de los suelos y en los próximos meses se harán las batimetrías en el fondo marino», dijo Narbona.
Por su parte, Joaquín Bascuñana recordó los objetivos del Gobierno regional. «La responsabilidad y el compromiso en cuanto a llevar a cabo la dársena deportiva entra dentro de nuestras competencias», señaló.
El alcalde de La Unión, Manuel Sanes, afirmó que «hoy es un gran día para nuestro municipio». Al acto de entrega de premios asistió más de un centenar de vecinos de Portmán.
La ministra de Medio Ambiente visitó posteriormente Cabo Tiñoso, donde su departamento ha adquirido terrenos por valor de 8,5 millones de euros. Narbona concluyó su visita con un recorrido por Isla Plana, donde el ministerio quiere adquirir zonas para uso público.

POR FERNANDO ROJO

Afirma Barreda que le da «igual lo que diga la señora vicepresidenta del Gobierno» respecto al trasvase Tajo-Segura. Pues a mí no. Mientras sea el Ejecutivo central el que tenga la competencia exclusiva en el reparto del agua, no da igual lo que diga «la señora vicepresidenta». Y aún menos lo que haga. No da igual que De la Vega se haya cargado el trasvase del Ebro. No da igual que tenga paralizadas todas las obras del Pacto de Aragón, ni muchas de las desalinizadoras de Levante, al tiempo que deja depositar en el Mediterráneo cientos de hectómetros cúbicos de agua dulce que luego habrá que desalar. No da igual que esté a favor de mantener los trasvases en la cabecera, desde embalses que están al 10 por ciento de su capacidad, mientras se niega a estudiar otras alternativas y muchas presas están soltando líquido a tutiplén porque han llegado al colmo de su aforo.

Lo que sí da igual es lo que diga el presidente de Castilla-La Mancha. Porque, por mucho que se empeñe, la Constitución le niega cualquier posibilidad de vetar los envíos a la cuenca del Segura. Tanto él como su «partenaire» en la reforma del Estatuto, María Dolores de Cospedal, saben que eso de escribir en un «papelito» (De la Vega dixit) que el trasvase tiene que caducar en 2015 es una especie de brindis al sol, un gesto para la galería electoral, que no tendrá efectos jurídicos, pues si no lo remedia el Congreso, lo hará en último termino el Tribunal Constitucional.

Otra cosa es que hasta esa fecha haya que llegar a un pacto a tres bandas entre el Estado, Castilla-La Mancha y las comunidades levantinas, que vaya poniendo gradualmente fin a este dislate de desvestir el santo alcarreño para vestir el murciano. Otra cosa es que para entonces llegue la Unión Europea y diga que ya no es sostenible lo que hace muchos años que se hace insostenible. Otra cosa es que haya que echarle imaginación, y buscar alternativas en el Ebro, en el Tajo medio o en el Ródano. Pero lo que no puede ser, y además es imposible, es que Barreda se siente en el botijo y diga que no lo comparte con nadie. Lo puede hacer, pero da igual que lo haga, porque el botijo no es suyo. Y él lo sabe.

La plataforma Xúquer Viu mostró ayer su preocupación por la pretensión de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha de demostrar la supuesta desvinculación entre el Júcar y la Albufera para poder aumentar su representación en los órganos de decisión de la futura Demarcación Hidrográfica del Júcar. Como publicó ayer este diario, el incremento de la representación del gobierno castellanomanchego le permitiría aumentar las aportaciones de agua a su territorio en perjuicio de los regantes de la Comunitat Valenciana. El portavoz de la plataforma, Francisco Sanz, consideró ayer que la pretensión del Ejecutivo autonómico presidido por el socialista José María Barreda «es una aberración desde todos los puntos de vista» , pues «la lógica, la cordura y la realidad científica y natural apuntan que es inaceptable separar el Júcar de la Albufera» ya que «está demostrado que un 80% del agua del lago proviene del río» . Xúquer Viu se plantea incluso convocar manifestaciones para impedir que triunfen las tesis de la Junta. «No dudaremos en movilizar a la sociedad valenciana en defensa de la Albufera» , anunció.

«La pretensión de Castilla-La Mancha no va a salir adelante porque la sociedad valenciana no lo permitirá y porque va en contra de la nueva cultura del agua» , aseguró Sanz. El portavoz de la plataforma explicó, además, que «los problemas del Júcar no están causados por la Albufera, sino por las extracciones de agua en la Mancha oriental» . Asimismo, Sanz recordó que «por segundo año consecutivo, la Mancha oriental va a recibir más hectómetros cúbicos que los regadíos valencianos» , por lo que consideró que «en vez de poner el ojo en la Albufera, habría que ponerlo en la comunidad vecina» .

Manifestaciones de usuarios

El concejal de la Albufera del Ayuntamiento de Valencia, Vicente Aleixandre, se manifestó en términos similares. El edil aseguró que desvincular el río del lago «supondría la muerte de la Albufera». «Las aportaciones del Júcar no pueden dejar de venir porque supondría la muerte del lago» , explicó Aleixandre, quien adelantó que «si los usuarios tienen que salir a la calle, saldrán; ya se ha comentado en una reunión de regantes».

El director del Laboratorio del Clima de la Universitat Jaume I (UJI) de Castelló, José Quereda, afirmó que según los informes científicos de que se dispone, la región mediterránea sería «la más vulnerable de Europa» al cambio climático. Quereda señaló que esta vulnerabilidad se basa en que junto al aumento térmico de 4 a 5 grados, se produciría «una reducción de recursos hídricos» debido, entre otras cuestiones, a «un desplazamiento hacia el norte de la zona neurálgica de formación de borrascas entre el fluido atmosférico polar y el tropical».

No obstante, también destacó que los análisis pluviométricos regionales indican que «nada parece fuera de la variabilidad natural y de la alternancia de ciclos secos y ciclos húmedos», un comportamiento que, a su juicio, «no permite rechazar la hipótesis de la estabilidad climática en el Mediterráneo español dentro de su evolución natural». José Quereda afirmó que el escenario climático regional «no parece mostrar ese notable calentamiento previsto en los modelos», aunque indicó que la evolución de la temperatura media anual en las regiones valenciana y murciana pone de manifiesto «una significativa tendencia de calentamiento climático».
En el supuesto de un cambio climático antropogénico «nos situaríamos -dijo- ante el mayor problema medioambiental previsto para los próximos 50 o 100 años», y con un aumento térmico de 0,5 grados, las escorrentías podrían disminuir entre un 10 y un 15% en las cuencas del Júcar y del Segura.
Por todo ello, el responsable del Laboratorio del Clima consideró «preciso y urgente hacer la guerra de trincheras» antes de que llegue «el holocausto nuclear por calentamiento del planeta», y abogó por analizar los datos disponibles «para obtener conclusiones válidas».

El presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Juan José Moragues, indicó esta semana que con el objetivo de «mantener las reservas» del pasado año hidrológico 2005/06, el suministro superficial destinado a regadíos será un 40% menor que el existente el año anterior, mientras que se mantendrá el 100 por ciento del suministro superficial para abastecimiento, es decir, que «está garantizado» este tipo de aportación para el consumo humano.

Moragues, que informó en rueda de prensa sobre los asuntos tratados en la Comisión Permanente de Sequía, destacó que con estas «fuertes restricciones» llevadas a cabo desde octubre –primer mes del presente año hidrológico– para «ajustar los suministros», se le han «ganado a la sequía» 20 hectómetros cúbicos (hm3). Además, destacó que estas medidas suponen la «garantía» de que, en caso de darse «el peor escenario» en el que la aportación fuera la misma que la registrada en 2006 porque «lloviera igual de poco», los suministros se mantendrían «exactamente igual», en 106 hm3.

Al respecto, el presidente de la CHJ remarcó que aunque sigan «habiendo restricciones fuertes, quizá superiores incluso a las del año pasado en el agua superficial para los regantes», éstas se intentarán «compensar» con «aguas subterráneas y aguas de reutilización, siempre que no haya problemas medioambientales», matizó.

Asimismo, manifestó que este año «está siendo tan seco como el año pasado», y consideró «lamentable» que hasta ahora suponga el «segundo más seco en los más de 60 años que se lleva estudiando el río», por detrás tan sólo del ejercicio anterior.

En este sentido, apuntó que las aportaciones acumuladas del Júcar en 2006/2007, de 109,67 hm3, «se mueven entre el primer y el segundo año de sequía», más cerca del segundo, el más seco –con 106,49 hm3–, por lo que los embalses de Alarcón, Contreras y Tous almacenan «sólo 3 hm3 más», lamentó. Así, estimó que el volumen embalsado del sistema del Júcar experimenta «una recuperación muy lenta» y presenta una «evolución ascendente pero no suficiente».

Moragues señaló que se mantiene el estado de emergencia en el río Júcar, mientras que el Turia y el Serpis se encuentran en alerta. En situación de prealerta, que requiere un incremento de las medidas de control, están los sistemas Cenia-Maestrazgo, Mijares-Plana de Castellón, Palancia-Los Valles, Marina Alta y Vinalopó-Alacantí, y finalmente, la Marina Baja está en situación de normalidad.

OPAD A los REGANTES manchegos. Por otro lado, resaltó que con el citado objetivo de garantizar el suministro, por primera vez se lanzó una oferta pública de adquisición de derechos (OPAD) a los regantes de Castilla-la Mancha para incrementar la inicial reducción de extracciones de 11,3 hm3 –un 20 por ciento–, que no veían «suficiente».

La OPAD, centrada en 28.000 hectáreas del entorno del río en el que tienen «algún efecto» las extracciones, requería otra renuncia voluntaria de 11,3 hm3 y ofrecía un volumen máximo del 60 por ciento con una reserva del 18 por ciento. Finalmente, según los resultados provisionales, el volumen total de solicitudes ascendió a 55,9 hm3, a los que se suman las dos reducciones de 11,3 hm3 mencionadas, y un volumen ofertado de 26,8 hm3, mientras que el volumen reservado fue de 6,5 hm3.

Fruto de esta operación, se redujeron las extracciones en 38,1 hm3 y se cifró el objetivo final de extracciones entre 260 y 270 hm3, además de lograr una «reducción de hasta un 40 por ciento» de las extracciones en los acuíferos de Castilla-la Mancha que conllevará un cambio de tipos de cultivo, de los actuales de verano a otros de primavera, lo que «es mejor para el caudal del río», incidió Moragues.

PRECIPITACIONES Y ACUÍFEROS. Respecto a las precipitaciones registradas en diciembre y enero, comentó que su incidencia fue relevante en la zona de la costa, en la que cayeron de 200 a 250 mm en diciembre y 100 mm en enero, pero tuvo escasa importancia a nivel general, dado que en la cabecera las lluvias fueron inferiores a 30 mm en diciembre y de 5 mm en enero, mes en el que el interior registró 20mm.

Así, la evolución de las precipitaciones respecto a la media histórica muestra síntomas de recuperación en la costa, incluido el Serpis, con una «ligera» subida respecto a la media, y un empeoramiento en las cabeceras del Turia, Mijares y Júcar, en las zonas de Cuenca, Teruel y Albacete. Por su parte, las comarcas de la Marina Alta y Baja se encuentran en buena situación.

En cuanto a los acuíferos, señaló que se produjo una «recuperación generalizada», especialmente en el Caroch Norte –zona más delicada por su valor ambiental, apostilló–, y que éstos mantienen «caudales razonables» con niveles «similares o más elevados» que el año anterior, y destacó que en la Albufera los niveles son normales con «clara recuperación» tras las lluvias, pero añadió que aún se encuentra en un «estado delicado que hay que mimar».

La Consejería de Economía resolvió el pasado 9 de febrero denegar la solicitud de Acuajúcar. La sociedad estatal pedía conocer los detalles del aval de un millón de euros que el Consell concedió mediante decreto el pasado 22 de diciembre a la Junta Central de Usuarios del Vinalopó, l’Alacantí y Consorcio de la Marina Baja, contrarios al actual trazado del trasvase. El aval se concedió precisamente para cubrir los gastos derivados de la obra.

Acuajúcar alegó -mediante un informe elaborado por la Abogacía del Estado- «su interés legítimo y directo» sobre el asunto al tratarse de un aval público y considerarse además acreedora de la Junta.

El contencioso arranca del convenio suscrito en 2001 entre los regantes y el Gobierno, entonces gobernado por el PP. La junta se comprometió entonces a sufragar el 33% del coste del trasvase Júcar-Vinalopó -el resto de la obra la financian el Gobierno central y la Unión Europea-. Con la llegada del PSOE al Gobierno central, los responsables de la sociedad estatal corroboraron que pese a lo avanzado de la obra, la junta sólo había desembolsado unos 19.000 euros. Los impagos de los usuarios le habían generado además a la mercantil estatal un coste financiero adicional de 927.000 euros. De hecho, Acuajúcar acabó rompiendo el convenio de 2001.

La resolución de Economía -que se acompaña de un informe de la Abogacía General de la Generalitat- considera, pese a todo, que la sociedad estatal no tiene derecho al expediente porque incluye documentos de carácter nominativo o privado. Tampoco cree la Generalitat que tenga interés legítimo y directo. «Su petición se sostiene», dice la resolución, «únicamente en el dato de que el trasvase es una de las actuaciones encomendadas a Aguas del Júcar, así como en el hecho de que la Junta Central de Usuarios adeuda supuestamente una cantidad económica a dicha mercantil». El informe insinúa incluso a Acuajúcar que ejerza la acción popular si le preoucupa la legalidad de esta actuación. Respecto a la solicitud de Acuajúcar de conocer la identidad de las autoridades y funcionarios responsables de la tramitación del aval, la Generalitat le remite al Reglamento orgánico y funcional de la Consejería de Economía y a la «guía de personas y servicios de la Generalitat».

José María Marugán, consejero delegado de Acuajúcar, lamentó ayer la respuesta del Consell, pues «contradice el informe elaborado por la Abogacía del Estado, en el que se destaca que la sociedad estatal tiene derecho a solicitar esta documentación a fin de consultarla».

«¿Por qué se niega el señor Camps a facilitarnos el acceso a ese expediente? ¿Dónde irá a parar en realidad ese millón de euros? ¿Qué intentan ocultar? Si todo es legal… ¿a qué tienen miedo», plantea el consejero. Según Marugán, «el oscurantismo y la falta de transparencia de la Generalitat respeto al aval, nos hace tener fundadas sospechas sobre una presunta financiación irregular de la campaña del PP en la denominada guerra del agua, como sucede igualmente con la Fundación Agua y Progreso».

El consejero delegado anunció que la sociedad estatal llegará al fondo y exigirá a la Generalitat que asuma su responsabilidad.