El presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Juan José Moragues, indicó hoy que con el objetivo de «mantener las reservas» del pasado año hidrológico 2005/06, el suministro superficial destinado a regadíos será un 40 por ciento menor que el existente el año anterior, mientras que se mantendrá el 100 por ciento del suministro superficial para abastecimiento, es decir, que «está garantizado» este tipo de aportación para el consumo humano.

Moragues, que informó en rueda de prensa sobre los asuntos tratados en la Comisión Permanente de Sequía, destacó que con estas «fuertes restricciones» llevadas a cabo desde octubre -primer mes del presente año hidrológico- para «ajustar los suministros», se le han «ganado a la sequía» 20 hectómetros cúbicos (hm3). Además, destacó que estas medidas suponen la «garantía» de que, en caso de darse «el peor escenario» en el que la aportación fuera la misma que la registrada en 2006 porque «lloviera igual de poco», los suministros se mantendrían «exactamente igual», en 106 hm3.

Al respecto, el presidente de la CHJ remarcó que aunque sigan «habiendo restricciones fuertes, quizá superiores incluso a las del año pasado en el agua superficial para los regantes», éstas se intentarán «compensar» con «aguas subterráneas y aguas de reutilización, siempre que no haya problemas medioambientales», matizó.

Asimismo, manifestó que este año «está siendo tan seco como el año pasado», y consideró «lamentable» que hasta ahora suponga el «segundo más seco en los más de 60 años que se lleva estudiando el río», por detrás tan sólo del ejercicio anterior.

En este sentido, apuntó que las aportaciones acumuladas del Júcar en 2006/2007, de 109,67 hm3, «se mueven entre el primer y el segundo año de sequía», más cerca del segundo, el más seco -con 106,49 hm3-, por lo que los embalses de Alarcón, Contreras y Tous almacenan «sólo 3 hm3 más», lamentó. Así, estimó que el volumen embalsado del sistema del Júcar experimenta «una recuperación muy lenta» y presenta una «evolución ascendente pero no suficiente».

Moragues señaló que se mantiene el estado de emergencia en el río Júcar, mientras que el Turia y el Serpis se encuentran en alerta. En situación de prealerta, que requiere un incremento de las medidas de control, están los sistemas Cenia-Maestrazgo, Mijares-Plana de Castellón , Palancia-Los Valles, Marina Alta y Vinalopó-Alacantí, y finalmente, la Marina Baja presenta una situación de normalidad.

OPAD a regantes de C-LM

Por otro lado, resaltó que con el citado objetivo de garantizar el suministro, por primera vez se lanzó una oferta pública de adquisición de derechos (OPAD) a los regantes de Castilla-la Mancha para incrementar la inicial reducción de extracciones de 11,3 hm3 -un 20 por ciento-, que no veían «suficiente».

La OPAD, centrada en 28.000 hectáreas del entorno del río en el que tienen «algún efecto» las extracciones, requería otra renuncia voluntaria de 11,3 hm3 y ofrecía un volumen máximo del 60 por ciento con una reserva del 18 por ciento. Finalmente, según los resultados provisionales, el volumen total de solicitudes ascendió a 55,9 hm3, a los que se suman las dos reducciones de 11,3 hm3 mencionadas, y un volumen ofertado de 26,8 hm3, mientras que el volumen reservado fue de 6,5 hm3.

Fruto de esta operación, se redujeron las extracciones en 38,1 hm3 y se cifró el objetivo final de extracciones entre 260 y 270 hm3, además de lograr una «reducción de hasta un 40 por ciento» de las extracciones en los acuíferos de Castilla-la Mancha que conllevará un cambio de tipos de cultivo, de los actuales de verano a otros de primavera, lo que «es mejor para el caudal del río», incidió Moragues.

Precipitaciones y acuíferos

Respecto a las precipitaciones registradas en diciembre y enero, comentó que su incidencia fue relevante en la zona de la costa, en la que cayeron de 200 a 250 mm en diciembre y 100 mm en enero, pero tuvo escasa importancia a nivel general, dado que en la cabecera las lluvias fueron inferiores a 30 mm en diciembre y de 5 mm en enero, mes en el que el interior registró 20mm.

Así, la evolución de las precipitaciones respecto a la media histórica muestra síntomas de recuperación en la costa, incluido el Serpis, con una «ligera» subida respecto a la media, y un empeoramiento en las cabeceras del Turia, Mijares y Júcar, en las zonas de Cuenca, Teruel y Albacete. Por su parte, las comarcas de la Marina Alta y Baja se encuentran en buena situación.

En cuanto a los acuíferos, señaló que se produjo una «recuperación generalizada», especialmente en el Caroch Norte -zona más delicada por su valor ambiental, apostilló-, y que éstos mantienen «caudales razonables» con niveles «similares o más elevados» que el año anterior, y destacó que en la Albufera los niveles son normales con «clara recuperación» tras las lluvias, pero añadió que aún se encuentra en un «estado delicado que hay que mimar».

El presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Juan José Moragues comunicó ayer a los miembros de la Comisión Permanente de la Sequía una reducción suplementaria del 20% respecto al pasado año en los volúmenes disponibles para el regadio con aguas subterráneas en Castilla-la Mancha y anunció que propondrá en marzo una reducción del 40% en las entregas de aguas superficiales a los usuarios valencianos del Júcar que será «corregida» mediante un incremento de la extracción de aguas subterráneas, cuya recuperación tras las últimas lluvias ha sido espectacular.

Moragues adelantó que no habrá restricciones para el consumo humano y que la planificación prevista permitirá, «aún cuando se cumpla el peor escenario posible» terminar el año con 106 Hm3 que garantizan el uso de boca para el verano del 2008.
Pese a que Juan José Moragues dijo que en la rueda de prensa previa que en la Comisión de la Sequía no se votaba -«se reparte el agua que hay, y no hay más», aseguró- , una hora más tarde, los miembros de la comisión forzaban una votación para dejar clara su postura.
El resultado fue un voto en contra de las restricciones-el de Castilla-La Mancha- cuatro abstenciones del Ministerio de Agricultura , Iberdrola, la Acequia Real del Júcaro y el Ayuntamiento de Valencia- y siete votos a favor, incluido el de la Generalitat.
El presidente de la CHJ aseguró que los recortes en el acuífero manchego tienen una justificación «medioambiental»- se trata de evitar que el Júcar se seque- y obedecen también a un dramático descenso de las aportaciones del citado río.
Si el año pasado (2005-2006) fue el que menos agua llevó el Júcar desde que se tienen datos fiables, éste año (2006-2007) es el segundo peor mientras que el 2004-2005 fue el tercero.
Sin embargo, además de las razones de necesidad que aconsejan reducir las entregas de agua, la Confederación Hidrográfica del Júcar estaba de algún modo obligada a redistribuir el peso de los recortes incrementando las restricciones en Castilla-la Mancha.
Así, frente a una concesión reconocida legalmente en el Plan Hidrológico del Júcar (PHJ)de 725 hm3 de aguas superficiales para los regantes tradicionales, la CHJ entregó el pasado año 316 y obligó a sacar 26 hm3 de pozos. Este año anuncia un recorte del 40% sobre los 316 que compensará, dice, incrementando las extracciones subterráneas.
En Albacete, con una concesión en el PHJ de 320 hm3 se extrajeron entre 450 y 500 en 2004,415 en 2005 y 358 el pasado año. Ahora, la CHJ indemniza a los regantes manchegos por apretarse el cinturón, espera que no se saquen del acuífero más de 282 hm3 y les anunció ayer que deben poner en marcha un recorte del 20% hasta alcanzar unas extracciones de entre 260 y 270 Hm3.

La portavoz del PP en las Cortes de Castilla-La Mancha, Ana Guarinos, acusó ayer al PSOE de plantearse la retirada del Estatuto en la tramitación en el Congreso, ya que el lunes en junta de portavoces presentó una propuesta de resolución de la Presidencia parlamentaria que establece la retirada por mayoría simple. En rueda de prensa en sede parlamentaria, Guarinos recordó que el artículo 170.8 del texto aprobado por las Cortes regionales y registrado en el Congreso de los Diputados -aún no en vigor- plantea una mayoría de dos tercios para los casos de retirada y, por tanto, interpretó que el PSOE anticipa la posibilidad de una retirada sin consenso.

Guarinos afirmó que el PP está en contra de esta propuesta, aseguró que este partido defenderá el texto aprobado por unanimidad en las Cortes regionales durante su tramitación en las Cortes Generales y ligó la proposición del grupo socialista a la afirmación de la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, acerca de que el Gobierno no es partidario de establecer una fecha de caducidad para el trasvase Tajo-Segura.

Al respecto, el secretario primero de la Mesa de las Cortes de Castilla-La Mancha, Jesús Fernández Vaquero, aseguró que la resolución de Presidencia sobre la retirada del Estatuto durante su tramitación en las Cortes Generales es un «acto procedimental» para equiparar la Cámara a los parlamentos de comunidades históricas.

En rueda de prensa en las Cortes, Fernández Vaquero acusó de «deslealtad institucional» a la portavoz del PP, Ana Guarinos, por haber hecho una interpretación partidista de un requisito aprobado por otros parlamentos, incluidos aquellos de comunidades donde gobierna el PP, como Castilla y León, cuya resolución ha sido tomada como muestra.

Hoy jueves

Según indicó el diputado socialista, la resolución será aprobada por el presidente de las Cortes, Fernando López Carrasco, hoy jueves, tras la aprobación por la Mesa y la junta de portavoces que se reunirán después del pleno, ya que fue él quien presentó la propuesta de resolución a estos órganos.

Fernández Vaquero explicó que en 1993 las Mesas del Senado y del Congreso aprobaron resoluciones que habilitaban a los parlamentos de comunidades creadas por la vía del artículo 143 de la Constitución a obtener una facultad en principio limitada a las «históricas» del artículo 151, consistente en retirar una reforma estatutaria durante la tramitación en las Cortes Generales. En función de esta facultad varios parlamentos han aprobado resoluciones en este sentido, según explicó Fernández Vaquero, entre ellos, las Cortes de Castilla y León, que en diciembre aprobaron el texto estatutario y «veinte días más tarde» aprobaron una resolución de la Presidencia sobre la retirada. «Hemos hecho exactamente lo mismo» que en Castilla y León, aseguró el secretario del a Mesa de las Cortes de Castilla-La Mancha.

Asimismo, explicó que la diputada del PP María Jesús Bonilla recibió el lunes copias de la resolución del presidente del parlamento de Castilla y León, José Manuel Fernández Santiago.

TOELDO. El vicepresidente segundo del Ejecutivo de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, sostuvo ayer que las recientes declaraciones de María Teresa Fernández De la Vega sobre el rechazo del Ejecutivo de Rodríguez Zapatero a poner fecha de caducidad al trasvase Tajo-Segura «se enmarcan en el contexto vigente» en el que existe una legislación sobre política hidráulica «muy clara» y que no «buscaban anticipar un nuevo escenario». Por ello, García-Page considera que las manifestaciones de la vicepresidenta del Gobierno central son «modificables» en la medida que el Congreso de los Diputados cambie la situación. En este sentido, el vicepresidente regional aseguró que el Ejecutivo presidido por José María Barreda tiene claro el objetivo de «acabar con el trasvase», objetivo que -en su opinión- «comparte la unanimidad social de la región».

Por lo tanto, insistió, la posición del Gobierno de Barreda sobre esta cuestión «es invariable, firme y optimista».

Situación absurda

Si las «diferencias» entre los Gobierno de Zapatero y Barreda sobre la caducidad del trasvase del Tajo – en el año 2015- parecen evidentes, en el Partido Popular las aguas también bajan «revueltas». Ayer, el portavoz de los populares en el Congreso, Eduardo Zaplana, aseguró en Cartagena que «existe un acuerdo entre la Región de Murcia, la Comunidad Valenciana y el PP de Castilla-La Mancha», respecto al trasvase Tajo-Segura, y que «otra cosa es la concreción de esa visión del asunto en un texto en un momento determinado», en referencia al Estatuto castellano-manchego, que -recordó- «aún debe pasar por el Congreso». Aunque el Partido Popular de Castilla-La Mancha votó a favor de la caducidad del trasvase en las Cortes regionales, Zaplana se mostró como «un clarísimo defensor del Tajo-Segura, que funciona muy bien desde hace mucho tiempo y también de todos trasvases que deberían haberse ejecutado ya».

En su opinión, España vive «una situación absurda» en cuanto a la disposición de recursos hídricos» y «se ha generado un clima de insolidaridad respecto al sentir que se había extendido de que los recursos deban ser para todos».

En cuanto a la presidenta del Partido Popular de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, aseguró que está «volcada en una política nacional de solidaridad entre todos».

EFE

García-Page insistió ayer en poner fin al envío de agua a Levante

El portavoz del Grupo Popular en el Congreso de los Diputados, Eduardo Zaplana, aseguró ayer en Cartagena que «existe un acuerdo entre la Región de Murcia, la Comunidad Valenciana y el PP de Castilla-La Mancha» sobre trasvase Tajo-Segura, aunque no aclaró en qué consiste exactamente dicho acuerdo.

En todo caso, si el acuerdo fuera cierto sería para mantener el trasvase a lo largo del tiempo ya que ni Valencia ni Murcia están dispuestas a renunciar a ello. Tampoco Cospedal parece que tenga ninguna intención de dar marcha atrás en su respaldo a un estatuto de autonomía que prevé el final del trasvase en el horizonte de 2015, por lo que cabe inferir que lo más probable es que el acuerdo a que se refiere Zaplana no exista, por lo que habría dejado en evidencia a Cospedal de forma gratuita.

Zaplana, explicó que una cosa es el acuerdo entre el PP de las tres comunidades y otra «la concreción de esa visión del asunto en un texto en un momento determinado», en referencia al Estatuto castellano-manchego que, además, recordó que «aun debe pasar por el Congreso de los Diputados», dando a entender que esa parte del estatuto no será aprobada puesto que él mismo se mostró como «un clarísimo defensor del trasvase Tajo-Segura, que funciona muy bien desde hace mucho tiempo y también de todos los trasvases que deberían haberse ejecutado ya».

Sobre María Dolores de Cospedal aseguró Zaplana que está «volcada en una política internacional de solidaridad entre todos».

E l Ministerio de Medio Ambiente ha decidido establecer un canon económico para todos los usuarios -agricultores, empresas y ayuntamientos- que tienen derechos de extracción de agua de los acuíferos de las comarcas del Vinalopó y cuyos caudales serán sustituídos, en parte, por el agua que llegue del trasvase Júcar-Vinalopó a partir de 2009. El Ministerio plantea, según la documentación enviada a la Comisión Europea para conseguir su financiación, que los futuros receptores del caudal de Cullera paguen, independientemente de que saquen o no agua de los pozos, una tarifa de 0,016 euros/m 3 de concesión en base a un global de 175 hm 3 .

La decisión supondrá unos costes de alrededor de 3 millones de euros anuales que se emplearán para sufragar las obras de la conducción pero penalizará, según las impresiones de la Junta Central de Usuarios del Trasvase, sobre todo a los agricultores «ya que serán los grandes damnificados porque mientras los abastecimientos no tienen problemas de pago porque lo repercuten en el recibo del agua potable de los ciudadanos, los agricultores son los que tienen que pagar de su bolsillo un dinero que no tienen». El cálculo del Gobierno se ha hecho en base a unos derechos de 175 hm 3 , aunque actualmente los agricultores tienen derecho a extraer 224 hm 3 , pero sólo utilizan 150 hm 3 debido a la mala calidad del agua que en algunos casos se extrae a 600 metros de profundidad. El presidente de la Junta Central de Usuarios, Andrés Martínez, señaló ayer, por su parte, que «sea cual sea la solución que plantee el Ministerio, la única vía es sentarnos a negociar y encontrar un consenso como sucedió con el proyecto de Cortes de Pallás. A día de hoy nadie se quiere sentar con nosotros a hablar pese a que se lo hemos pedido en los últimos meses por activa y por pasiva».

El nuevo sistema de financiación previsto por Medio Ambiente plantea tres tipos de tarifas para financiar el trasvase Júcar-Vinalopó -los usuarios pagarán las obras vía tarifa del consumo de agua-. Una que grabará los derechos de extracción en torno a 0,016 euros el metro cúbico; la tarifa sobre el consumo de agua del trasvase desde el Azud de la Marquesa que dependerá del caudal que llegue todos los años y que oscila, según la previsión, entre los 0,35 euros/m 3 para un trasvase de 10 hm 3 al año y los 0,13 euros para un caudal trasvasado de 80 hm 3 y, por último, la tarifa sobre las extracciones de los acuíferos. Su precio varía en función del consumo, desde los 0,025 euros/m 3 para un caudal de 100 hm 3 hasta los 0,084 euros si se sacaran 30 hm 3 . Un escenario, este último, prácticamente imposible porque según los datos que maneja la Junta Central de Usuarios, sólo un 17% del caudal que se extrae actualmente de los acuíferos del Alto y Medio Vinalopó – unos 15 hm 3 – se utiliza para el abastecimiento de los municipios de la costa y es por tanto sustituible por agua de las desaladoras. El resto – 45 hm 3 – deberá seguir extrayéndose de los acuíferos sobrexplotados.

Tubería a Aspe Por otro lado, el conseller de Infraestructuras, José Ramón García Antón, presentó ayer a los regantes de Aspe, acompañados por su alcalde, Roberto Iglesias, y Hondón de las Nieves, el proyecto para trasvasar 4 hm 3 de caudal depurado de la planta de Rincón de León que se utilizarán para riego. El coste alcanza los 5,9 millones de euros y la obra está a expensas de obtener los terrenos. La tubería tendrá una longitud de 18 kilómetros desde el depósito de la Gabacha, en Monforte, hasta el depósito del Collao.

MURCIA. El consejero de Agricultura y Agua, Antonio Cerdá, advirtió ayer de que «el desembalse realizado en un solo día por la Confederación Hidrográfica del Ebro en el embalse de Yesa equivale al agua que produce la desaladora de San Pedro del Pinatar al cabo de todo un año». Con este desembalse «se demuestra una vez más que la Región de Murcia tiene razón cuando plantea que el trasvase del Ebro era completamente factible», aseguró a través de un comunicado el consejero del Ejecutivo murciano.

A juicio de Cerdá, esta situación pone además de manifiesto que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero «tomó una decisión desacertada» cuando derogó la construcción de esta infraestructura, un trasvase -aseguró- «necesario para la Región de Murcia, dada la sequía extrema que nuestra agricultura está soportando».

Igualmente, apuntó que la suelta de agua en los embalses del río Ebro «no son hechos aislados», sino que «se producen de manera regular, periódica y planificada, para mantener los niveles de seguridad».

El consejero de Agricultura explicó que «el agua que se ha soltado en Yesa irá a parar al embalse de Mequinenza y, a su vez, dado que éste último embalse cuenta con una capacidad de unos 1.500 hectómetros y que en estos momentos almacena 1.260 hectómetros, se tendrá que practicar otro nuevo desembalse que irá a parar al mar».

Cerdá añadió que, «de haberse construido el trasvase del Ebro, los agricultores de la Región estarían en disposición de recibir 4,3 hectómetros cúbicos diarios de este río». «Lo único que Murcia demanda es tener acceso al agua que se tira al mar, es decir, los volúmenes excendentarios de otras cuencas que nadie utiliza. Sin embargo, a causa del mal criterio del Gobierno, asistimos a la triste realidad que supone el saber que un río vierte al mar un agua que se pierde y que con total seguridad aportaría la solución a la escasez de agua de nuestra Región», concluyó el consejero del Gobierno regional.

TOLEDO. El portavoz socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha, José Molina, advirtió ayer a la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, de que «no va a tener más remedio» que empezar «a cambiar el chip» y asumir que el trasvase Tajo-Segura tiene que llegar a su final.

Molina, en rueda de prensa, se pronunció así al ser preguntado por las declaraciones de la vicepresidenta primera en las que aseguró que el Gobierno «no es partidario» de poner fecha de caducidad al trasvase Tajo-Segura, cuyo final piden socialistas y populares castellano-manchegos para 2015. «El trasvase más tarde o más temprano va a dejar de existir», recalcó el diputado socialista, quien expuso que, «cuanto antes sea consciente de ello el Gobierno de España, mejor», porque ahora hay tiempo suficiente para corregir «problemas que ocasionalmente pudiera ocasionar en alguna comunidad autónoma» dejar de contar con el agua del Tajo.

El Informe sobre Escenarios Climáticos para España recoge proyecciones regionalizadas de cambio climático para el siglo XXI. Si ya el comportamiento de las temperaturas para el último tercio del siglo XXI (2071-2100) se prevé que sea dramático, con un aumento de entre 5 y 8 grados centígrados en las temperaturas máximas en las regiones interiores de la Península ibérica, las lluvias serán aún más escasas.

Así, según el documento que ayer la ministra Narbona presentó a las comunidades autónomas y a los agentes económicos y sociales representados en el Consejo Nacional del Clima, «la tendencia no es tan consistente como en el caso de la temperatura», pero todos los modelos apuntan a una reducción de las precipitaciones en la mitad sur de la Península de hasta el 40 por ciento. En la mitad norte ese descenso será menor, en torno al 20 por ciento, a excepción en Galicia y Asturias, donde la disminución de las lluvias rondará el 10 por ciento.

Menor nubosidad

También apuntan todos los modelos a un descenso de la nubosidad y de la humedad relativa en superficie para el último tercio del siglo. Esta reducción será especialmente acusada en los meses de verano, aunque se atemperará el resto del año e incluso puede aumentar durante el invierno, sobre todo en el cuadrante noroeste y en el litoral cantábrico.

La sensibilidad de los recursos hídricos a esta situación es muy alta. Para el horizonte 2030, simulaciones con aumentos de temperatura de 1 grado y disminuciones medias de precipitación de un 5 por ciento ocasionarían pérdidas medias de aportaciones hídricas en régimen natural de entre un 5 y 14 por ciento.

Este último dato corresponde a Canarias que, junto a las cuencas del Guadiana, Segura, Júcar, Guadalquivir, Sur y Baleares tendrán los impactos más severos. Para finales de siglo la reducción de recursos hídricos podría superar el 20 por ciento.

Pero algunas de las consecuencias que se desprenden de este calentamiento no se revelarán de manera escalonada, sino que lo harán de forma brusca. Son los llamados fenómenos climáticos extremos: inundaciones, olas de calor, incendios… El cuarto informe del Panel Intergubernamental del Cambio Climático (IPCC) ya advertía de que la probabilidad de que esto se repita va del 90 al 99 por ciento. La forma y la media de estos impactos en las diferentes regiones del planeta queda para el segundo informe, a publicar en abril.

El sur se «africaniza»

Hasta entonces, el último diagnóstico de nuestro país lo dio la Evaluación preliminar de los Impactos del Cambio Climático en España. En este informe ya se proyectaba un aumento de un 20 por ciento en la amplitud y frecuencia de las anomalías térmicas mensuales, si bien no de forma regular en todo el territorio. En general, los archipiélagos se salvan, pero en la Península se incrementará muy significativamente la frecuencia de días con temperaturas máximas extremas sobre todo en primavera y, en menor medida, en otoño.

Podríamos decir que el clima del norte de España se «mediterraniza» y el del sur se «africaniza». A este nuevo clima se le denomina «clima inframediterráneo» y es, por ejemplo, el de Marruecos. Para el periodo 2071-2100 se espera que este clima impere en Extremadura, Andalucía, Baleares y el sureste mediterráneo hasta Almería.

Así las cosas, con unas proyecciones que, a falta de los últimos datos del IPCC, no son muy halagüeñas, ayer arreciaban las críticas contra la Estrategia Española de Cambio Climático y Energía Limpia. La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, la presentó a los representantes de las comunidades autónomas y agentes económicos y sociales como una forma de pasar del catastrofismo de esas predicciones a la acción para evitar que éstas se cumplan.

Quejas de los ecologistas

Sin embargo, «la batería de medidas para luchar contra el cambio climático», tal y como dice la nota del Ministerio de Medio Ambiente, no ha gustado a los grupos ecologistas.

Consideran éstos en primer lugar que las medidas recogidas no son adicionales ni novedosas, por cuanto que la gran mayoría están incluidas en planes ya en marcha, y, en segundo lugar, porque éstas no van asociadas a objetivos cuantificados. Es decir, no se plantean nuevos objetivos de reducción de emisiones contaminantes.

Si estas críticas ya habían sido apuntadas el lunes desde Greenpeace y Ecologistas en Acción, ayer coincidieron en la misma diana las de Adena, que a la ausencia de objetivos concretos añadió la falta de calendario y presupuesto para llevar adelante la estrategia; y Los Verdes, para quienes «la gravedad de la situación climática requeriría objetivos más audaces y medidas más eficaces». Así lo dijo su portavoz confederal, Francisco Garrido, que es diputado adscrito al Grupo Parlamentario Socialista.

Por tanto, el cambio climático parece no entender de colores políticos. Es más, sólo entiende de reducción de emisiones. Sin embargo, algunas de las medidas recogidas en esta estrategia apuntan a un cambio de objetivos. Así, por primera vez se considera «una pieza clave en la lucha contra el cambio climático» la captura y almacenamiento geológico de dióxido de carbono.

Enterrar las emisiones

Esto es, no nos vale con el descenso de nuestra cuenta de emisiones que suponen los «sumideros» de carbono naturales (superficie forestal y cubierta vegetal), sino que el Gobierno se plantea recurrir a esta tecnología para «enterrar» las emisiones. Para Pablo Cotarelo, de Ecologistas en Acción, supone «perpetuar el sistema que nos ha llevado hasta aquí».