ZARAGOZA. La representante del Ministerio de Medio Ambiente para el Secretariado de la Década del Agua de la ONU (2005-2015), Helena Caballero, participará hoy por primera vez en un acto público en la capital aragonesa, a pesar de haber sido designada para el puesto el pasado mes de abril.

Como viene informando ABC, Caballero no ha dado muestras de su actividad en relación con este Secretariado, que tendrá su sede en Zaragoza, desde que fue designada para el puesto por la ministra Cristina Narbona. Hasta hoy, no se le ha visto intervenir en actos públicos, a pesar de que hace unos meses se celebró en Zaragoza la presentación de la versión en castellano del segundo Informe de Naciones Unidas sobre los recursos hídricos, y tampoco ha dado muestras de la labor desarrollada. De hecho, las distintas instituciones relacionadas en esta iniciativa -Ayuntamiento, Gobierno de Aragón o Confederación Hidrográfica del Ebro- apenas han sabido de ella en este tiempo.

La ubicación en la ciudad del Secretariado de la Década del Agua fue recibida con alborozo en su día por suponer un espaldarazo para el proyecto de la Expo 2008, que lleva por lema «Agua y desarrollo sostenible». Helena Caballero accedió a la representación en esta oficina de la ONU después de una polémica gestión al frente de la Confederación Hidrográfica del Duero, donde tuvo sonados encontronazos con las organizaciones agrarias, la Junta de Castilla y León, los trabajadores del propio organismo de cuenca e, incluso, miembros del PSOE.

Helena Caballero intervendrá hoy, en el marco de la llamada Tribuna del Agua, en el VI Foro Permanente «Agua y Sostenibilidad», que debatirá acerca de la «funcionalidad de las cuencas hidrográficas. Elementos para su recuperación y gestión sostenible». Caballero aparece en el programa como jefa de Área de la Subdirección General de Relaciones Internacionales del Ministerio de Medio Ambiente.

Rambla indicó que «desde la Conselleria de Hacienda se les va a dar cumplida información de los detalles en relación al mismo, teniendo en cuenta que parece ser que no tiene esta persona o entidad que reclamaba información, la legitimación adecuada para tener dicha información». Por tanto, según manifestó, se trata de una cuestión «estrictamente jurídica».

Por su parte, la Conselleria de Economía defendió que la concesión del aval a los Usuarios del Vinalopó se hizo con «la más estricta legalidad» y que quienes tienen derecho a exigir información sobre ello «son las personas físicas o jurídicas que han ejercido la acción requerida o tienen un interés legítimo en el tema».

Según la Conselleria, la Junta de Usuarios del Vinalopó, formada por 120 comunidades de regantes, 35 ayuntamientos y la Sociedad de Aguas Municipalizadas de Alicante SA, se constituyó como entidad de derecho público sin ánimo de lucro «y por tanto puede ser beneficiaria de un aval de la Generalitat», de acuerdo con la Ley de Presupuestos de la Generalitat de 2006.

Además, la Conselleria expone que la principal función de esa entidad es gestionar el caudal a trasvasar dentro del proyecto «Trasvase Júcar-Vinalopó», cuya financiación inicialmente era sufragada, aproximadamente en tercios, por fondos Feder, AcuaJúcar (sociedad estatal promotora del proyecto, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente) y la Junta de Usuarios.

La Junta de Usuarios, para cumplir su compromiso de financiación, que ascendía a 75.126.513 euros (el 32,61% del coste total del trasvase), suscribió un préstamo sindicado con diversas entidades financieras por ese importe, así como dos pólizas de crédito.

«Mentiras y demagogia»

Por otro lado, el conseller de Infraestructuras, José Ramón García Antón, acusó a la sociedad estatal AcuaJúcar de contar «mentiras», hacer «demagogia» y «chantajear todos los días» a los regantes en relación con el proyecto. García Antón dijo que la actuación de l AcuaJúcar es «vergonzosa y vergonzante» y apuntó que esta sociedad «parece que se ha dedicado en los últimos años a deshacer toda la política hídrica que había en la Comunidad.

La Consejería de Obras Públicas ha puesto en marcha una campaña a través de la cual se están distribuyendo en las poblaciones más pobladas de la región unos sencillos economizadores de agua para fomentar el ahorro de este elemento. A través de esta campaña, el Gobierno de Castilla-La Mancha pretende fomentar el ahorro de agua y lograr un uso racional y eficiente de este recurso.

En total se repartirán más de 300.000 economizadores de agua para los hogares, que van a contribuir a ahorrar anualmente 4.000 litros por persona de este imprescindible recurso. Esta acción pretende demostrar que las pequeñas acciones y la responsabilidad de cada ciudadano pueden contribuir a realizar un consumo responsable y eficiente de agua.

El uso racional del agua es en estos momentos uno de los principales retos en la gestión hidráulica ya que se trata del factor natural de mayor relevancia de cara a posibilitar un desarrollo sostenido y sostenible. Con esta iniciativa, y a través de la implicación de administraciones y ciudadanos, podemos contribuir a seguir demostrando la importancia que los castellano-manchegos damos a este recurso.

En este sentido, el Gobierno de Castilla-La Mancha está realizando un gran esfuerzo inversor, en colaboración con todas las administraciones, para dotar a nuestra comunidad autónoma de las infraestructuras necesarias para garantizar un suministro de agua en cantidad y calidad, pero también renovando las redes de abastecimiento municipales para evitar las fugas y pérdidas de agua.

Además, y en esta línea por un desarrollo sostenido y sostenible, se están ejecutando infraestructuras en materia de depuración que van a permitir que el 98 por ciento de la población de Castilla-La Mancha en el horizonte de 2008 cuente con un sistema de depuración adecuado a sus necesidades.

Los embalses de la Confederación Hidrográfica del Júcar han vuelto a experimentar esta semana una ligera subida en sus reservas, 17 hectómetros cúbicos, lo que deja los pantanos en 551 hectómetros, el 16,5% de su capacidad total.

Por primera vez, el pantano de Alarcón, el más grande de la cuenca del Júcar, se ha beneficiado de las últimas precipitaciones registradas en la cabecera del río. Sin embargo, todavía está a menos del 7% de su capacidad. También ha experimentado una subida destacable el pantano de Tous, con 3,6 hectómetros cúbicos. El embalse de Contreras, por su parte, ha incrementado el agua embalsada en 1,4 hectómetros.

Esta semana en cambio los embalses del Turia no han registrado cambios importantes, un hectómetro cúbico en total.

La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, afirmó ayer que la competencia de la estructura y la gestión de un trasvase entre cuencas “es del Gobierno de la Nación, y lo seguirá siendo porque así está claramente establecido en nuestra Constitución”. Narbona respondió así a la propuesta del Estatuto de Castilla-La Mancha que recoge la finalización del trasvase Tajo-Segura en 2015, y que se debatirá en el Congreso de los Diputados.

Narbona señaló que una cosa “son los proyectos de estatutos que hacen las comunidades autónomas y otra lo que sale del Parlamento de la Nación” y recordó que ya ha habido ejemplos de cómo “el Parlamento de la Nación ajusta esas propuestas al orden constitucional y al reparto de competencias”.

La titular de Medio Ambiente consideró “legítima” la reivindicación de Castilla-La Mancha en su estatuto, pero advirtió que en otros proyectos de estatutos ya ha habido “centenares” de modificaciones en el Congreso de los Diputados, y “España no se ha roto con el Estatuto de Cataluña”.

Por otra parte, la ministra de Medio Ambiente indicó que el precio del agua debe “ayudar a avanzar en su uso eficiente”.

Así, la modificación legislativa contemplará “una modificación del régimen económico y financiero”, pero no cuantificará el incremento en el recibo del agua. La ministra aseguró que se tendrá que analizar “cuenca a cuenca y cultivo a cultivo en el caso de la agricultura”, y el efecto de este cambio legislativo será “distinto en función de los distintos usuarios del agua y en particular de la agricultura, y distinto en las ciudades, ya que el recibo de agua en unas ciudades no tiene nada que ver con el recibo de otra ciudad”. En Valencia, así como en otras ciudades como Madrid o Barcelona, los precios del agua “están bastante cerca de cubrir los costes totales de abastecimiento y saneamiento”, según Narbona, por lo que el debate se centrará en “cómo se distribuyen los costes entre los distintos usuarios del agua dentro de una ciudad de acuerdo con la eficiencia en el consumo del agua”. Narbona puntualizó que son los Ayuntamientos los que se ocupan “de la correcta distribución del agua para su uso en la ciudad y del saneamiento”.

LA «ÚLTIMA OPCIÓN» DEL TRASVASE.

   Otra de las propuestas incluidas en el documento es la relativa al agua. El PSOE plantea los trasvases entre cuencas «sólo como última opción», si «resultan viables en términos económicos, ambientales y sociales y si su gestión garantiza el desarrollo adecuado de la cuenca cedente, que tiene carácter preferente en el uso de sus aguas».

   El agua precisamente fue motivo de enfrentamiento, en el último Comité Federal del PSOE, entre los ‘barones’ de las Comunidades Autónomas afectadas por este problema, especialmente, entre los dirigentes de Castilla-La Mancha y de la Comunidad Valenciana. Entre otros motivos, la intención de los manchegos, de acuerdo con el PP, de que su Estatuto de Autonomía ponga fecha de caducidad al trasvase del Tajo al Segura.

   Los socialistas explican en el documento que el Gobierno central tiene que garantizar el «interés general» a través de la legislación básica, a través de las confederaciones hidrológicas y de la «concertación» con las Comunidades. «Asimismo –añaden–, todas las administraciones tienen que garantizar el cumplimiento de la Directiva Marco del Agua en el ejercicio de sus competencias».

   Entre las propuestas que en esta materia se incluyen en el documento, se encuentra la creación de una Conferencia Sectorial del Agua como el foro donde se produzca esa concertación entre Gobierno central y CCAA; también, la participación autonómica en las confederaciones y que los gobiernos regionales asuman algunas «funciones ejecutivas» en la gestión de las cuencas de sus territorios, «de acuerdo con la legislación básica y la planificación hidrológica para cada demarcación».

La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, afirmó ayer en La Unión que el trasvase Tajo-Segura «no tiene fecha de caducidad en la Región». Narbona insistió en el que el Gobierno de la nación no cambiará su política de recursos hídricos. «El Gobierno es el que tiene la última palabra y está claro que el trasvase está funcionando, así que no habrá variaciones», señaló. «Esto es así ahora y seguirá siendo así en el futuro, el trasvase funciona de acuerdo con las reglas de explotación que se acordaron en la anterior legislatura», añadió la ministra.
Narbona presidió ayer en el local social de Portmán la entrega de premios del concurso de ideas para la regeneración de la bahía, que ha ganado el proyecto ‘In situ’, presentado por la empresa Grupo Medi_tech. Asistieron al acto el consejero de Obras Públicas y Transportes, Joaquín Bascuñana, y el alcalde de La Unión, Manuel Sanes.
La ministra destacó el consenso entre las Administraciones local, regional y nacional para llevar a cabo este proyecto, que se empezó a gestar hace casi tres años, «a pesar de que había distintas exigencias en lo social, en lo ambiental y en lo económico», afirmó. Los primeros trabajos ya se han puesto en marcha. «Se ha comenzado el análisis geotécnico de los suelos y en los próximos meses se harán las batimetrías en el fondo marino», dijo Narbona.
Por su parte, Joaquín Bascuñana recordó los objetivos del Gobierno regional. «La responsabilidad y el compromiso en cuanto a llevar a cabo la dársena deportiva entra dentro de nuestras competencias», señaló.
El alcalde de La Unión, Manuel Sanes, afirmó que «hoy es un gran día para nuestro municipio». Al acto de entrega de premios asistió más de un centenar de vecinos de Portmán.
La ministra de Medio Ambiente visitó posteriormente Cabo Tiñoso, donde su departamento ha adquirido terrenos por valor de 8,5 millones de euros. Narbona concluyó su visita con un recorrido por Isla Plana, donde el ministerio quiere adquirir zonas para uso público.

POR FERNANDO ROJO

Afirma Barreda que le da «igual lo que diga la señora vicepresidenta del Gobierno» respecto al trasvase Tajo-Segura. Pues a mí no. Mientras sea el Ejecutivo central el que tenga la competencia exclusiva en el reparto del agua, no da igual lo que diga «la señora vicepresidenta». Y aún menos lo que haga. No da igual que De la Vega se haya cargado el trasvase del Ebro. No da igual que tenga paralizadas todas las obras del Pacto de Aragón, ni muchas de las desalinizadoras de Levante, al tiempo que deja depositar en el Mediterráneo cientos de hectómetros cúbicos de agua dulce que luego habrá que desalar. No da igual que esté a favor de mantener los trasvases en la cabecera, desde embalses que están al 10 por ciento de su capacidad, mientras se niega a estudiar otras alternativas y muchas presas están soltando líquido a tutiplén porque han llegado al colmo de su aforo.

Lo que sí da igual es lo que diga el presidente de Castilla-La Mancha. Porque, por mucho que se empeñe, la Constitución le niega cualquier posibilidad de vetar los envíos a la cuenca del Segura. Tanto él como su «partenaire» en la reforma del Estatuto, María Dolores de Cospedal, saben que eso de escribir en un «papelito» (De la Vega dixit) que el trasvase tiene que caducar en 2015 es una especie de brindis al sol, un gesto para la galería electoral, que no tendrá efectos jurídicos, pues si no lo remedia el Congreso, lo hará en último termino el Tribunal Constitucional.

Otra cosa es que hasta esa fecha haya que llegar a un pacto a tres bandas entre el Estado, Castilla-La Mancha y las comunidades levantinas, que vaya poniendo gradualmente fin a este dislate de desvestir el santo alcarreño para vestir el murciano. Otra cosa es que para entonces llegue la Unión Europea y diga que ya no es sostenible lo que hace muchos años que se hace insostenible. Otra cosa es que haya que echarle imaginación, y buscar alternativas en el Ebro, en el Tajo medio o en el Ródano. Pero lo que no puede ser, y además es imposible, es que Barreda se siente en el botijo y diga que no lo comparte con nadie. Lo puede hacer, pero da igual que lo haga, porque el botijo no es suyo. Y él lo sabe.

La plataforma Xúquer Viu mostró ayer su preocupación por la pretensión de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha de demostrar la supuesta desvinculación entre el Júcar y la Albufera para poder aumentar su representación en los órganos de decisión de la futura Demarcación Hidrográfica del Júcar. Como publicó ayer este diario, el incremento de la representación del gobierno castellanomanchego le permitiría aumentar las aportaciones de agua a su territorio en perjuicio de los regantes de la Comunitat Valenciana. El portavoz de la plataforma, Francisco Sanz, consideró ayer que la pretensión del Ejecutivo autonómico presidido por el socialista José María Barreda «es una aberración desde todos los puntos de vista» , pues «la lógica, la cordura y la realidad científica y natural apuntan que es inaceptable separar el Júcar de la Albufera» ya que «está demostrado que un 80% del agua del lago proviene del río» . Xúquer Viu se plantea incluso convocar manifestaciones para impedir que triunfen las tesis de la Junta. «No dudaremos en movilizar a la sociedad valenciana en defensa de la Albufera» , anunció.

«La pretensión de Castilla-La Mancha no va a salir adelante porque la sociedad valenciana no lo permitirá y porque va en contra de la nueva cultura del agua» , aseguró Sanz. El portavoz de la plataforma explicó, además, que «los problemas del Júcar no están causados por la Albufera, sino por las extracciones de agua en la Mancha oriental» . Asimismo, Sanz recordó que «por segundo año consecutivo, la Mancha oriental va a recibir más hectómetros cúbicos que los regadíos valencianos» , por lo que consideró que «en vez de poner el ojo en la Albufera, habría que ponerlo en la comunidad vecina» .

Manifestaciones de usuarios

El concejal de la Albufera del Ayuntamiento de Valencia, Vicente Aleixandre, se manifestó en términos similares. El edil aseguró que desvincular el río del lago «supondría la muerte de la Albufera». «Las aportaciones del Júcar no pueden dejar de venir porque supondría la muerte del lago» , explicó Aleixandre, quien adelantó que «si los usuarios tienen que salir a la calle, saldrán; ya se ha comentado en una reunión de regantes».

El director del Laboratorio del Clima de la Universitat Jaume I (UJI) de Castelló, José Quereda, afirmó que según los informes científicos de que se dispone, la región mediterránea sería «la más vulnerable de Europa» al cambio climático. Quereda señaló que esta vulnerabilidad se basa en que junto al aumento térmico de 4 a 5 grados, se produciría «una reducción de recursos hídricos» debido, entre otras cuestiones, a «un desplazamiento hacia el norte de la zona neurálgica de formación de borrascas entre el fluido atmosférico polar y el tropical».

No obstante, también destacó que los análisis pluviométricos regionales indican que «nada parece fuera de la variabilidad natural y de la alternancia de ciclos secos y ciclos húmedos», un comportamiento que, a su juicio, «no permite rechazar la hipótesis de la estabilidad climática en el Mediterráneo español dentro de su evolución natural». José Quereda afirmó que el escenario climático regional «no parece mostrar ese notable calentamiento previsto en los modelos», aunque indicó que la evolución de la temperatura media anual en las regiones valenciana y murciana pone de manifiesto «una significativa tendencia de calentamiento climático».
En el supuesto de un cambio climático antropogénico «nos situaríamos -dijo- ante el mayor problema medioambiental previsto para los próximos 50 o 100 años», y con un aumento térmico de 0,5 grados, las escorrentías podrían disminuir entre un 10 y un 15% en las cuencas del Júcar y del Segura.
Por todo ello, el responsable del Laboratorio del Clima consideró «preciso y urgente hacer la guerra de trincheras» antes de que llegue «el holocausto nuclear por calentamiento del planeta», y abogó por analizar los datos disponibles «para obtener conclusiones válidas».