«Al más mínimo milímetro cuadrado de espacio para recurrir, recurriremos». Así de tajante se mostró ayer el vicepresidente segundo del Gobierno regional, Emiliano García-Page, quien reiteró que la Junta de Comunidades tiene «la voluntad política» de recurrir el último trasvase aprobado por el Consejo de Ministros, que autorizó la derivación de 22 hectómetros cúbicos de agua del Tajo al Segura.

En este sentido, indicó que «en el mismo momento en el que nuestros servicios jurídicos determinen una causa de recurso la vamos a aprovechar». Así, apuntó que el estudio de la causa «está avanzado» y confió en que esté listo «en las próximas semanas».

«Nosotros asumimos plenamente la defensa de la comunidad autónoma», ya sea desde la normativa actual, a través de recursos a los trasvases, como, y fundamentalmente, a través de la acción política para conseguir la clausura del Tajo-Segura. «Son planos distintos y requieren debates distintos», recalcó.

«No nos planteamos una batalla trasvase a trasvase, que también, nos planteamos fundamentalmente acabar con la raíz del problema, que no es otra que el trasvase en sí mismo, como infraestructura y filosofía».

Por otro lado, García-Page también criticó duramente la autorización de un nuevo «intercambio» de derechos de agua entre los regantes de Estremera, enMadrid, y los de Murcia. Una compraventa que calificó de «mercadeo» y que se sitúa «en el límite» de la especulación con el agua.

En este punto, confió en que el decreto que regula este tipo de intercambios «deje de tener validez en el mismo momento en el que se cambie el sistema de explotación del trasvase» y la política hidráulica en general.

Y es que, «si bastantes problemas tenemos ya entre los pueblos y las comunidades autónomas por un bien público como es el agua, no quiero imaginar como sería si dejáramos esto en manos del mercado y el negocio privado», señaló.

pueblos ribereños. Asimismo, destacó la aprobación por parte del Consejo de Gobierno de un convenio con el Ministerio de Medio Ambiente para el desarrollo sostenible de los municipios de Entrepeñas y Buendía, cuya rúbrica supondrá una inversión de más de 175 millones de euros hasta el año 2013.

«Es un convenio justo, que supera con mucho cualquier previsión del sistema de compensaciones del trasvase Tajo-Segura. Es un dinero añadido, un presupuesto extraordinario», recalcó García-Page.

En definitiva, aseguró que «va a suponer un revulsivo extraordinario para la zona», ya que generará «un impulso que tiene que ver con las infraestructuras hidráulicas, con la red de carreteras y con las infraestructuras de tipo social».

Page señala que el debate sobre los diputados en Guadalajara «tiene un fondo legal»

El vicepresidente segundo de la Junta, Emiliano García-Page, indicó ayer que el caso de Guadalajara es «no es extrapolable» y, por ello, el debate planteado sobre la reforma de la Ley Electoral se plantea únicamente sobre esta provincia. En su opinión, «no estamos estrictamente ante un problema de forma, sino de fondo legal». No obstante, señaló que «en su momento se podría abrir un debate sobre el conjunto de la Ley Electoral, no estamos cerrados a ello».

Así, explicó que el debate abierto tiene una base jurídica clara, que no es otra que la de una provincia que tiene más habitantes que otra y, en cambio, tiene menos diputados.

En este punto, afirmó que «nuestra voluntad es alcanzar un acuerdo con el PP».

Problema legal. «No entendería que la oposición se negará a conversar sobre este tema», ya que «es muy importante que el PP de Castilla-La Mancha entre en el fondo del asunto, en el problema que, desde la perspectiva estrictamente legal, se puede plantear», advirtió.

Por todo ello, aseguró que «queremos dialogar con el PP y lo razonable es que el PP no mire hacia otro lado».

Sin embargo, recordó que este debate «no puede ser eterno», ya que «estamos al final de la legislatura».

Calidad agroalimentaria. Por otro lado, el también portavoz del Ejecutivo regional valoró ayer la aprobación del proyecto de Ley de Calidad Agroalimentaria de CLM por parte del Consejo de Gobierno.

En este sentido, confío en que esta nueva normativa «encuentre el apoyo unánime de las Cortes autonómicas», puesto que «nos queda mucho camino por recorrer» en este sentido.

Según explicó García-Page, esta ley trata de fomentar y garantizar la calidad diferenciada de nuestros productos agroalimentarios, adaptándolos a las demandas de los consumidores.

En este misma línea se sitúa también el decreto de autorización de entidades de control de productos agroalimentarios, aprobado el pasado martes por el Consejo de Gobierno.

«El Estatuto de Autonomía de CLMrefleja nuestro orgullo de ser españoles»

«El Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha refleja nuestro orgullo de ser españoles». Con estas palabras, el vicepresidente segundo del Gobierno regional, Emiliano García-Page, salió ayer al paso de la declaraciones vertidas por el PP gallego, que tildaba al Estatuto regional de «españolista».

En este sentido, aseguró que este calificativo es «estupendo», ya que «somos españoles». Y es que, aunque a veces se usa el término «españolista» en tono peyorativo, «hay mucha gente en todos los partidos que dice tonterías y absurdeces».

En definitiva, señaló que «nuestro Estatuto se reafirma en la nación española», porque «sabemos que nos irá bien cuanto mejor le vaya al conjunto del país».

Estatuto catalán. Preguntado por la entrada en el Tribunal Constitucional del Estatuto de Cataluña, apuntó que «no voy a entrar a valorar el Estatut», pero «se ha metido en una serie de jardines que nada tienen que ver con las disposiciones del Estatuto de Castilla-La Mancha».

Por último, el también portavoz del Ejecutivo autonómico consideró que le produce «algo de sopor» ver cómo se tilda a los magistrados, que tienen una función constitucional independiente, en función de cuestiones políticas. A su juicio, éste es «un mal camino para la democracia en España» y consideró imprudente que las instituciones se adelanten a lo que puede ser un fallo o sentencia.

Las concesiones audiovisuales saldrán a la luz en los próximos meses

c.s.r. / Toledo

El vicepresidente segundo de la Junta de Comunidades, EmilianoGarcía-Page, avanzó ayer que «en los próximos meses» saldrá a la luz el proyecto de concesión de nuevas frecuencias audiovisuales.

García-Page señaló que la puesta en marcha de estas nuevas licencias está ligada al proyecto de Ley de Medios Audiovisuales de Castilla-La Mancha, aprobado el pasado martes por el Consejo de Gobierno.

Una normativa que, apuntó, tiene el objetivo de crear un marco jurídico estable y seguro para el ejercicio del derecho a la información con las máximas garantías.

El sur de la Comunitat, donde la sequía es más acuciante, fue el escenario escogido por los tres grupos parlamentarios para consensuar una propuesta en favor de la llegada de agua de otras cuencas. El pleno de Les Corts que se celebró ayer en Elche, y al que el presidente Francisco Camps no asistió e Ignasi Pla sólo a intervalos, mostró su rechazo a la pretensión de las Cortes de Castilla-La Mancha de poner fecha de caducidad al trasvase Tajo-Segura. El Parlamento manchego quiere fijar en su futuro Estatuto que la compuerta para que llegue agua del Tajo al sur de la Comunitat se cierre en 2015.

El socialista José Antonio Godoy defendió la propuesta de su grupo, que es el que había presentado la proposición no de ley. El PP había anunciado en una de las últimas juntas de portavoces que daría su apoyo al punto del PSPV. Tras comenzar el debate en el auditorio del rectorado de la Universitat Miguel Hernández de Elche, el consenso comenzó a perder el equilibrio. Un último esfuerzo permitió a todos los grupos transaccionar una enmienda en defensa del trasvase Tajo-Segura.

Votar en contra de la propuesta hubiera sido muy complicado de explicar después. Además, los tres grupos partían de la misma premisa: una comunidad autónoma no puede interferir en una competencia que es exclusiva del Estado. El trasvase Tajo-Segura lo gestiona el Gobierno, como así dice la Constitución. El nuevo Estatuto manchego incorpora varios artículos en los que se autotransfiere la gestión de la cuenca del Tajo.

El PP cede
Tanto PP como l’Entesa presentaron dos enmiendas a la iniciativa socialista. Los populares fueron los que más cedieron. El portavoz Rafael Maluenda subió a la tribuna con un argumento de ataque directo al Gobierno central que los socialistas rechazaron. La enmienda del PP pedía a Les Corts que realizaran un llamamiento al Gobierno “para que renuncie a la política de oposición a los trasvases”. El PSPV no quiso ni escuchar la propuesta.

A pesar de que los populares no colaron su texto, Maluenda subió a la tribuna a defender el trasvase del Ebro y el del Júcar-Vinalopó desde Cortes de Pallás. Objetivo cumplido. El portavoz adjunto del PP, tras dar su apoyo a la proposición socialista, reiteró que le “sabía a poco” el contenido de la iniciativa, “pero más vale poco que nada”. De paso, apeló a que en situaciones similares los grupos de la oposición también apuesten por el consenso.

El que sí rascó en la negociación de la enmienda fue l’Entesa. El diputado Joan Antoni Oltra mostró sus cartas desde el principio: el urbanismo. En el segundo punto de la transaccional, Les Corts manifiestan su voluntad de que toda la política urbanística futura “se base en criterios de sostenibilidad ambiental y económica”. Un concepto muy amplio para el PP.

El socialista Godoy subió a la tribuna con el objetivo de pactar. Es el discurso del agua que ahora maneja el PSPV. Ya lo dijo Pla tras sus vacaciones navideñas. “Estoy dispuesto a estudiar esta propuesta”; “hay que apostar por el acuerdo y el pacto” y “es una proposición no de ley suscribible”, fueron algunas de las frases pronunciadas por Godoy allanando el camino para lograr el consenso. Godoy volvió a insistir en los minitrasvases del Ebro a Castellón.

Por otro lado, el vicepresidente segundo y portavoz de la Junta de Castillla-La Mancha , Emiliano García-Page, reconoció ayer que la decisión de recurrir el último trasvase del Tajo al Segura, que aprobó el viernes el Consejo de Ministros, “tiene bases” y en este sentido, el Gobierno regional lo llevará a cabo “en el mismo momento” en que los servicios jurídicos definan “las causas que son posibles” porque además, ya está avanzado.

El Tribunal Superior de Justicia ha requerido a la empresa estatal Aguas del Júcar a que entregue el expediente administrativo de adjudicación de los contratos de obra del nuevo trazado del trasvase Júcar-Vinalopó.

La petición está provocada por el recurso interpuesto por la Generalitat Valenciana contra los acuerdos del consejo de administración de Aguas del Júcar en los que se adjudicaron los cinco nuevos tramos del trasvase.
El consejero delegado de Aguas del Júcar, José María Marugán, lamentó ayer al interposición de este recurso que se suma al anunciado por los usuarios del Vinalopó, cuya petición de suspensión cautelar de las obras fue desestimado recientemente.
Marugán manifestó que el recurso de la Generalitat «supone una utilización partidista de dinero público en la que queda evidente que el único objetivo de Camps es mantener viva la artificial guerra del agua solo porque el PP entiende que le interesa hacerlo en su estrategia electoral» .
En esta línea, José María Marugán manifestó que el recurso «intenta paralizar» el trasvase «anteponiendo los intereses de su partido a los de la ciudadanía de Alicante».
«Visto el criterio de la sala en la desestimación del auto de la suspensión cautelar presentado previamente por Andrés Martínez -presidente de la Junta Central de Usuarios del Vinalopó-, es una demanda que no prosperará».
«La sala -recordó Marugán- ya reconoció que el interés público está del lado de hacer la obra cuanto antes y la Generalitat lo sabe, pero prefiere enredar en el ámbito judicial y si puede parar la obra».

El presidente murciano, Ramón Luis Valcárcel, abogó hoy por centralizar la política del agua en el Ejecutivo e impedir que las Comunidades Autónomas puedan tener capacidad de decisión en este ámbito.

Valcárcel explicó que la centralización de la política hidráulica es un principio recogido en la Constitución, de modo que, añadió, sólo hay que acatar la Carta Magna para evitar que las comunidades autónomas puedan ofrecer gestiones propias del agua.

El presidente murciano hizo estas consideraciones durante la conferencia que impartió en Madrid con motivo de su participación en el Foro del diario «Abc».

Preguntado por esa posibilidad, la de la centralización por el Gobierno, el presidente murciano recordó que las Comunidades Autónomas tienen voz en las Confederaciones Hidrográficas, pero no voto, y por tanto, no pueden determinar si se lleva a cabo un trasvase de un río a otro.

A su juicio, adoptar una medida así «no corresponde a las Autonomías».

Asimismo, Valcárcel expresó su deseo de que las Cortes Generales «tumben»literalmente aquellas reformas estatutarias que reservan a la Comunidad Autónoma la gestión del agua.

El Gobierno murciano, de hecho, ha anunciado que presentará un recurso en este sentido contra la propuesta de nuevo Estatuto de Castilla la Mancha ya aprobado en el Parlamento autonómico.

Valcárcel, respecto al supuesto de que el Gobierno nacionalice el agua, opinó que no es un extremo «nuevo», aunque matizó que sería muy distinto que intente «fiscalizar cualquier posibilidad del uso del agua», ya que entonces habrá dificultades desde la empresa privada y desde las propias Comunidades Autónomas.

La diferente forma con la que las Comunidades abordan la política hidráulica en sus reformas estatutarias no ha suscitado desavenencias en el seno del PP, que para Valcárcel es un partido «unido y sólido».

Por esta razón, eludió «perder el tiempo» sobre hipotéticas disensiones entre los populares de Aragón, Murcia o Castilla la Mancha .

Lo que importa en este aspecto, afirmó Valcárcel, es «anteponer el interés de España por encima de los intereses autonómicos».

El presidente de la Región de Murcia también se refirió a las inversiones del Estado en la Comunidad Autónoma durante la presente legislatura.

En este sentido, y en contraposición con la época del Gobierno de José María Aznar, manifestó que actualmente no hay «inversiones razonables» en Murcia.

Precisó que el proyecto de construir un aeropuerto en la región, que en la anterior legislatura estaba encaminado, se guardó en un «cajón» al producirse el cambio político en el Gobierno central, si bien puntualizó que ahora, gracias al «coraje» del Ejecutivo murciano, se ha convertido en «realidad inminente».

A Valcárcel le preguntaron, además, por la investigación de la Fiscalía sobre presuntas extracciones ilegales de aguas subterráneas.

En respuesta, dijo que dicha investigación obedece a «criterios políticos» por cuanto, añadió, «se esta instrumentalizando a la Fiscalía en beneficio del PSOE».

Y sobre una posible declaración de Cartagena como una provincia más de la Región de Murcia, Valcárcel aseguró que «no hay un sentimiento generalizado» en pos de este supuesto.

El secretario general de Asaja de Castilla-La Mancha, José María Fresneda, afirmó ayer que la organización agraria «no se cree absolutamente nada» de los dos trasvases aprobados el pasado viernes por el Consejo de Ministros, porque su destino «es terminar de llenar las balsas» en Murcia.

Fresneda dijo, en referencia a los dos trasvases para regadío y para consumo humano de la cabecera del Tajo al Segura aprobados el pasado viernes, que «ni nos creemos lo de los 11 hectómetros cúbicos para beber, ni nos creemos lo de los 11 hectómetros cúbicos para regar, ni nos creemos absolutamente nada de todo eso».

Aseguró que entiende que los representantes del Gobierno de Castilla-La Mancha digan, «porque es lo políticamente correcto», que agua para beber no se puede negar, pero «Asaja si lo niega, porque no es para eso, es para terminar de llenar las balsas que no se terminado de llenar bien con las aguas que han caído».

Según Fresneda, «para lo que usan el agua es para seguir desarrollando una sociedad rica, cada vez más rica, a costa del agua, no solamente sobre la base de la agricultura y sobre la base de beber».

Infraestructuras de ocio

En este sentido, se preguntó que hubiera ocurrido «si además de hacer esas grandes infraestructuras de ocio que están haciendo allí se hubieran dedicado a hacer infraestructuras para recoger el agua para cuando llueve», porque entiende que «con el agua que ha caído allí no hacía falta hacer un trasvase para riego».

A Fresneda le gustaría «que alguien tuviera el valor de no hablar de esto en campaña electoral y después, al día siguiente de celebrarse las elecciones, se sentara en Belmontejo», (un municipio conquense por el que pasa el acueducto), «y empezara a contar el agua que pasa».

Si lo hicieran «verán como al cabo del año el agua que pasa es mucho más de la que se anuncia en el Ministerio de Medio Ambiente, es así no hay más historia», afirmó Fresneda.

Añadió que «lo que queremos es que se hagan las infraestructuras previstas en el Plan Hidrológico Nacional», porque «ni 2015, ni 2020, ni 2010, que se hagan cuanto antes, porque cuanto antes se hagan esas obras de infraestructuras antes vamos a poder utilizar el agua del trasvase y si sobra ya llegará a donde tenga que ir, porque nunca vamos a dejar de ser solidarios». A su juicio, «está fenomenal lo del Estatuto y está fenomenal lo de 2015», pero reiteró que «nuestra posición es ésta y no nos va a mover nadie de ella nunca».

Por otra parte, la consejera de Obras Públicas, Encina Alvarez, reiteró ayer que los servicios jurídicos de Castilla-La Mancha estudian la presentación de un recurso contra el último trasvase aprobado por el Consejo de Ministros y acusó a los agricultores murcianos de ejercer presiones «irresponsables».

Según la consejera, Castilla-La Mancha es solidaria, «lo hemos demostrado durante 25 años y lo seguiremos demostrando, no hemos negado a nadie el agua para beber» y apostilló que «quien está poniendo en riesgo esa solidaridad son los agricultores con unas presiones absolutamente irresponsables».

La Comunitat ha encadenado en los últimos 15 días dos temporales de muy diferente intensidad que han dejado importantes registros de precipitaciones. Pese a que ha llovido más en el litoral que en el interior, donde están situados los embalses, sus reservas sí han experimentado un incremento, el más importante desde el pasado mes de marzo.

El pantano de Tous, dedicado al abastecimiento de la población de Sagunto, Valencia y su área metropolitana, ha sido el que ha sumado más reservas hídricas en los últimos siete días, 6,44 hectómetros cúbicos. En total, los embalses competencia de la Confederación Hidrográfica del Júcar han incrementado sus reservas en 11,4 hectómetros cúbicos, cantidad que no entraba en los pantanos desde principios de marzo.

Sin embargo, a pesar de que parece que alivian la situación crítica de extrema sequía que sufren las cuencas del Turia y del Júcar, la realidad es que sus reservas todavía se encuentran al 15,6 por ciento de su capacidad.

Los grandes embalses que abastecen a Valencia, Alarcón y Contreras, apenas han incrementado el almacenamiento, ya que sigen en porcentajes extremadamente bajos. Alarcón, que ha sumado 1,35 hectómetros cúbicos en la última semana, está al 6,15 por ciento de su capacidad. Mientras, Contreras, que tiene 0,9 hectómetros más que hace siete días, está al 4,3 por ciento.

Exceptuando el embalse de Tous, que sí ha experimentado una entrada de caudal importante, en el resto de los pantanos la situación está casi igual. En Benagéber hay 0,85 hectómetros cúbicos más, mientras que en Arenós, en la cuenca del Mijares, se almacenan 1,3 hectómetros más que la semana anterior.

Los embalses del Turia siguen a un tercio de su capacidad, mientras en los pantanos de abastecimiento del Júcar ¿Alarcón, Contreras y Tous¿ las reservas suman 186 hectómetros cúbicos, 78 hectómetros más que a principios de octubre, en el final del año hidrológico 2005-2006. Sin embargo, las últimas lluvias no han sido copiosas en la provincia de Cuenca, donde están situados los embalses de Alarcón y Contreras, fuente de abastecimiento hídrico de la provincia de Valencia.

El Real Decreto de Demarcaciones Hidrográficas aprobado el pasado viernes en el Consejo de Ministros obliga a la Generalitat a asumir las competencias sobre los ríos que nacen y desembocan en el mar dentro de la Comunidad Autónoma aunque al hacerlo se arriesgue a perder peso en los órganos de decisión en materia de agua en beneficio de Castilla-La Mancha, con quien ahora mismo mantiene intereses contrapuestos.

Junto al citado decreto, el consejo de Ministros aprobó otro por el que crea y determinan las funciones de los «comités de autoridades competentes», un órgano consultor para la formación y revisión del Plan Hidrológico del Júcar en el que todas las comunidades autónomas afectadas- Aragón, Castilla-la Mancha, Cataluña, la Comunitat Valenciana y Murcia estarán representadas por igual y no en función de su territorio o población como ocurre hasta ahora en otros órganos de la Administración hidráulica.
La administración central se reserva el derecho a igualar con sus representantes los que aporten la comunidades y ha excluido de este organismo a las federaciones de regantes, pese a que habían pedido expresamente formar parte de los comités como entidades colaboradoras de derecho público y gestoras de casi el 80% del agua que se consume en España.
La nueva demarcación del Júcar, destinada a sustituir a la actual Confederación Hidrográfica del Júcar y consecuencia directa de la nueva directiva de aguas, comprende desde la margen izquierda de la gola del Segura hasta la cuenca del Cenia. Quedan excluidas las «cuencas intracomunitarias» que pasaran a formar parte de las competencias autonómicas.
Mientras se produce el traspaso «efectivo» de las cuencas intracomunitarias a la Comunitat, la futura demarcación hidrográfica del Júcar mantiene provisionalmente todos estos ríos -Serpis, Girona, Palancia, etc- dentro de la competencia estatal, lo que paradójicamente puede beneficiar a los intereses valencianos, que aportan más población y territorio-que se traduce en votos- los órganos de dirección de la actual Confederación Hidrográfica y que perderán esta situación preeminente en beneficio de Castilla-La Mancha cuando se culmine el traspaso
Desde la Generalitat se pedía ayer tiempo para estudiar el contenido de la nueva normativa antes de dar a conocer una posición oficial al respecto.

Los embalses de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) se encuentran al 15,56% de su capacidad y almacenan 11,37 hectómetros cúbicos de agua más que la semana anterior, ya que en total albergan 520,61 hectómetros cúbicos de los 3.346,6 de que disponen. Por sistemas, los embalses del Júcar se encuentran al 12,70% de su capacidad; los del Turia tienen un 28,19% de agua embalsada; en Alicante, el sistema de La Marina Baixa/Serpis dispone del 42,41% de agua, mientras que en Castellón, el sistema Palancia/Mijares/Sénia se encuentra al 25,89% de su capacidad. En el sistema de La Marina Baixa, el embalse de Amadorio tiene un 37,64% de agua almacenada, mientras que el de Guadalest está al 62,28%. En el Serpis, el pantano de Beniarrés tiene el 35,65% de su capacidad cubierta.

En el sistema Júcar-Turia, La Toba está en el 42,14%; el de Alarcón, en el 6,15 %, y el de Contreras, en el 4,28%. En el complejo de Cortes, El Molinar está en un 74,53%, Cortes II en un 91,64%, La Muela en un 69,42%, y El Naranjero al 63,57%. En el Bajo Júcar, el de Tous-La Ribera se encuentra al 21,35%; Escalona, al 4,09%; y Bellús, al 8,82%. En el sistema del Magro, el pantano de Forata está al 9,59%. En el Turia, el embalse de El Arquillo de San Blas está al 39,29%; Benagéber, al 30,52%; Loriguilla, al 17,64%, y Buseo, al 31,52%. En el sistema del Palancia, el de Regajo se encuentra al 31,42% de su capacidad. En el sistema de Mijares, el de L’Alcora tiene almacenado un 69,95%; Arenós, un 24,34%; María Cristina, un 10,63%, y Sichar, el 24,13%. En el Sénia, el de Ulldecona está al 47,13% de su capacidad, mientras que en otros sistemas, el embalse de Almansa está al 11,50% y el de Onda al 38,90%.

Por otro lado, la Comisión de Estudio de la Sequía de Las Cortes Valencianas aprobó ayer, con los votos del PP, el dictamen de la ponencia, que coincide con las conclusiones de los populares, y que los grupos de la oposición, PSPV y EU-Entesa, rechazaron por considerar «obsoleta». Esta decisión, que se elevará al pleno para su ratificación, supone el rechazo de las propuestas presentadas por el PSPV y EU, en las que apostaban por una gestión racional de los recursos hídricos, y que ambos grupos mantendrán como voto particular.

   El artículo 16 bis 5 del Texto Refundido de la Ley de Aguas aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, encomienda al Gobierno de la Nación la fijación mediante real decreto, oídas las comunidades autónomas, del ámbito territorial de las demarcaciones hidrográficas añadiendo, además, que éste será coincidente con el de su plan hidrológico. El precepto indicado lleva a cabo la necesaria habilitación para completar, en el ámbito de las competencias de la Administración General del Estado, la regulación jurídica correspondiente a la incorporación al derecho de aguas español del concepto de demarcación hidrográfica creado por la Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas.

   A los efectos de dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 16 bis 5 mencionado y, consiguientemente, de fijar las demarcaciones hidrográficas cuyo ámbito territorial afecte a más de una comunidad autónoma, se han tenido en cuenta principios distintos. En primer lugar, y obviamente, se ha procurado el estricto cumplimiento del concepto de demarcaciones hidrográficas tal y como resulta de su incorporación al derecho español y teniendo en cuenta a efectos interpretativos el contenido del artículo 3 de la Directiva 2000/60/CE. En el caso específico de España, ese concepto no puede operar sobre el presupuesto de un hipotético vacío previo, sino, al contrario, sobre una estructura de cuencas hidrográficas más que consolidada y ajustada en líneas generales a la estructura organizativa y de división competencial entre el Estado y las comunidades autónomas. Por eso se ha optado por mantener, en la medida de lo posible, la actual estructura de cuencas hidrográficas mediante la correspondiente adición de las aguas de transición y las costeras según resulta también del contenido del artículo 16 bis del Texto Refundido de la Ley de Aguas. Los límites entre las aguas costeras de demarcaciones vecinas se han establecido mediante líneas definidas por el punto terrestre por el que pasan y su orientación con respecto al Norte geográfico.
 
   Por otra parte, el real decreto ha optado por considerar incluidas en cada demarcación todas las aguas subterráneas situadas bajo los límites definidos por las divisorias de las cuencas hidrográficas de la correspondiente demarcación. La gestión de esas aguas se realiza en la actualidad mediante las unidades hidrogeológicas, debiendo articularse en su caso, a la largo del proceso de planificación y una vez definidas las masas de agua subterránea que sustituyan a dichas unidades, los mecanismos de coordinación entre los Organismos competentes de cada demarcación que garanticen la consecución de los objetivos ambientales establecidos para dichas masas.
 
   El real decreto se ocupa del caso especial de las cuencas compartidas con Estados vecinos. En el supuesto de las cuencas compartidas con Portugal, al margen de las decisiones que ahora se tomen, en el futuro deberán definirse por los dos Estados unas demarcaciones hidrográficas internacionales no pudiendo España hacer otra cosa ahora que señalar la correspondiente parte española de esas demarcaciones internacionales. En ese plano, este real decreto adopta igualmente decisiones en torno a pequeñas superficies que forman parte de cuencas compartidas entre Francia y España. Dichas superficies no son muy significativas dentro del conjunto de la cuenca compartida en cuanto a extensión, por lo que en estos casos no se estima necesario definir una demarcación internacional, atendiendo a la innecesaria complicación que supondría para la gestión. Por último, tomando también como punto interpretativo el artículo 3 de la Directiva 2000/60/CE, se prevé la resolución del supuesto particular relativo a Andorra, Ceuta y Melilla.
 
   La disposición transitoria única tiene la finalidad de aclarar que la inclusión de determinadas cuencas hidrográficas en el ámbito de alguna demarcación hidrográfica reviste carácter provisional en aquellos casos en que se trate de cuencas comprendidas en su totalidad en una comunidad autónoma determinada y que hasta la fecha no hayan sido objeto de traspaso. Dicha provisionalidad finalizará cuando las comunidades autónomas afectadas asuman de manera efectiva las competencias sobre dichas cuencas. En ese momento deberán revisarse las demarcaciones hidrográficas correspondientes. La revisión de la Demarcación Hidrográfica del Júcar deberá respetar, en todo caso, lo resuelto por la Sentencia del Tribunal Supremo de 20 de octubre de 2004.
 
   El resto de supuestos a los que se refiere este real decreto pueden ser entendidos perfectamente, sin necesidad de explicación adicional alguna, en función de la aplicación del criterio general ya indicado de respeto a la situación tanto hidrográfica como de división competencial preexistente.
 
   Finalmente, en el procedimiento de elaboración de esta norma se ha consultado, entre otros, a las comunidades autónomas y al Consejo Nacional del Agua.
 
   En su virtud, a propuesta de la Ministra de Medio Ambiente, con la aprobación previa del Ministro de Administraciones Públicas, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 2 de febrero de 2007,
 
D I S P O N G O :
 
Artículo 1. Disposiciones generales.
 
1. Se entiende por demarcación hidrográfica la zona terrestre y marina compuesta por una o varias cuencas hidrográficas vecinas y las aguas de transición, subterráneas y costeras asociadas a dichas cuencas, de acuerdo con el artículo 16 bis.1 del Texto Refundido de la Ley de Aguas aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio.
 
2. En cada demarcación hidrográfica se consideran incluidas todas las aguas subterráneas situadas bajo los límites definidos por las divisorias de las cuencas hidrográficas de la correspondiente demarcación.
 
3. En el caso de los acuíferos compartidos entre varias demarcaciones hidrográficas se atribuye a cada una de ellas la parte de acuífero correspondiente a su respectivo ámbito territorial, debiendo garantizarse una gestión coordinada entre las demarcaciones afectadas. A estos efectos se entiende que son acuíferos compartidos los definidos como tales en el Plan Hidrológico Nacional.
 
4. En aquellas zonas donde no se hayan acordado con los Estados vecinos los límites del mar territorial, las aguas costeras y de transición se delimitarán mediante la aplicación del principio de equidistancia, en los términos previstos en el artículo 4 de la Ley 10/1977, de 4 de enero, sobre el Mar territorial.
 
Artículo 2. Delimitación del ámbito territorial de las demarcaciones hidrográficas con cuencas intercomunitarias situadas en territorio español.
 
Las demarcaciones hidrográficas con cuencas intercomunitarias situadas en territorio español son las siguientes:
 
1. Demarcación Hidrográfica del Guadalquivir. Comprende el territorio de la cuenca hidrográfica del río Guadalquivir, así como las cuencas hidrográficas que vierten al Océano Atlántico desde el límite entre los términos municipales de Palos de la Frontera y Lucena del Puerto (Torre del Loro) hasta la desembocadura del Guadalquivir, junto con sus aguas de transición. Las aguas costeras tienen como límite oeste la línea con orientación 213.º que pasa por la Torre del Loro y como límite este la línea con orientación 244.º que pasa por la Punta Camarón, en el municipio de Chipiona.
 
2. Demarcación Hidrográfica del Segura. Comprende el territorio de las cuencas hidrográficas que vierten al mar Mediterráneo entre la desembocadura del río Almanzora y la margen izquierda de la Gola del Segura en su desembocadura, incluidas sus aguas de transición; además la subcuenca hidrográfica de la Rambla de Canales y las cuencas endorreicas de Yecla y Corralrrubio. Las aguas costeras tienen como límite sur la línea con orientación 122.º que pasa por el Puntazo de los Ratones, al norte de la desembocadura del río Almanzora, y como límite norte la línea con orientación 100.º que pasa por el límite costero entre los términos municipales de Elche y Guardamar del Segura.
 
3. Demarcación Hidrográfica del Júcar. Comprende el territorio de las cuencas hidrográficas que vierten al mar Mediterráneo entre la margen izquierda de la Gola del Segura en su desembocadura y la desembocadura del río Cenia, incluida su cuenca, junto con sus aguas de transición. Quedan excluidas las cuencas intracomunitarias de la Comunidad Valenciana, así como las aguas de transición a ellas asociadas. Las aguas costeras tienen como límite sur la línea con orientación 100.º que pasa por el límite costero entre los términos municipales de Elche y Guardamar del Segura y como límite norte la línea con orientación 122,5.º que pasa por el extremo meridional de la playa de Alcanar. Quedan excluidas las aguas costeras asociadas a la fachada litoral de las cuencas intracomunitarias de la Comunidad Valenciana.
 
Artículo 3. Delimitación de la parte española de las Demarcaciones Hidrográficas correspondientes a las cuencas hidrográficas compartidas con otros países.
 
Las parte españolas de las Demarcaciones Hidrográficas correspondientes a las cuencas hidrográficas compartidas con otros países son las siguientes:
 
1. Parte española de la Demarcación Hidrográfica del Miño-Limia. Comprende el territorio español de las cuencas hidrográficas de los ríos Miño y Limia, así como la parte española de sus aguas de transición. Las aguas costeras tienen como límite norte la línea con orientación 270.º que pasa por la Punta Bazar, al norte de la desembocadura del Miño, y como límite sur el límite entre el mar territorial de Portugal y España.
 
2. Parte española de la Demarcación Hidrográfica del Norte. Comprende el territorio de las cuencas hidrográficas de los ríos que vierten al mar Cantábrico desde la desembocadura del río Eo, incluida la de este río, hasta la frontera con Francia, junto con sus aguas de transición, excluido el territorio de las subcuencas vertientes a la margen izquierda de la ría del Eo y excluido el territorio y las aguas de transición asociadas de las cuencas internas del País Vasco. Incluye, además, el territorio español de las cuencas de los ríos Nive y Nivelle. Las aguas costeras tienen como límite oeste la línea con orientación 0.º que pasa por la Punta de Peñas Blancas, al oeste de la ría del Eo, y como límite este la línea con orientación 2.º que pasa por Punta del Covarón, en el límite entre las Comunidades Autónomas de Cantabria y País Vasco.
 
3. Parte española de la Demarcación Hidrográfica del Duero. Comprende el territorio español de la cuenca hidrográfica del río Duero.
 
4. Parte española de la Demarcación Hidrográfica del Tajo. Comprende el territorio español de la cuenca hidrográfica del río Tajo.
 
5. Parte española de la Demarcación Hidrográfica del Guadiana. Comprende el territorio español de la cuenca hidrográfica del río Guadiana, así como la parte española de sus aguas de transición. Las aguas costeras tienen como límite oeste el límite entre el mar territorial de Portugal y España, y como límite este la línea con orientación 177.º que pasa por el límite costero entre los términos municipales de Isla Cristina y Lepe.
 
6. Parte española de la Demarcación Hidrográfica del Ebro. Comprende el territorio español de la cuenca hidrográfica del río Ebro y sus aguas de transición, de la cuenca hidrográfica del río Garona y de las demás cuencas hidrográficas que vierten al océano Atlántico a través de la frontera con Francia, excepto las de los ríos Nive y Nivelle; además la cuenca endorreica de la Laguna de Gallocanta. Las aguas costeras tienen como límite sur la línea con orientación 122,5.º que pasa por el extremo meridional de la playa de Alcanar y como límite norte la línea con orientación 90.º que pasa por el Cabo de Roig.
 
7. Demarcación Hidrográfica de Ceuta. Comprende el territorio de Ceuta, así como sus aguas de transición y costeras.
 
8. Demarcación Hidrográfica de Melilla. Comprende el territorio de Melilla, así como sus aguas de transición y costeras.
 
Disposición adicional primera. Cooperación con Portugal.
 
La cooperación entre España y Portugal en las Demarcaciones Hidrográficas del Miño-Limia, Duero, Tajo y Guadiana, utilizará las estructuras existentes derivadas del Convenio sobre cooperación para la protección y aprovechamiento sostenible de las aguas de las cuencas hidrográficas hispano-portuguesas, hecho en Albufeira el 30 de noviembre de 1998. En las demarcaciones internacionales del Miño-Limia y del Guadiana la cooperación respecto a las aguas costeras y de transición se articulará de acuerdo con lo que se convenga entre las dos Partes.
 
Disposición adicional segunda. Cooperación con Francia.
 
La cooperación entre España y Francia respecto a los ríos, aguas costeras y de transición compartidas de las Demarcaciones Hidrográficas del Norte, del Ebro, así como de las cuencas internas del País Vasco, se articulará mediante acuerdos entre ambos países para alcanzar los objetivos ambientales en dichas masas de agua.
 
Disposición adicional tercera. Cooperación con Andorra.
 
Se establecerá la adecuada cooperación con Andorra a fin de lograr los objetivos medioambientales definidos en la Demarcación Hidrográfica del Ebro.
 
Disposición adicional cuarta. Cooperación con Marruecos.
 
Se establecerá la adecuada cooperación con Marruecos a fin de lograr los objetivos medioambientales definidos en las Demarcaciones Hidrográficas de Ceuta y de Melilla. Asimismo, se cooperará con Marruecos a fin de lograr una utilización óptima y equitativa de los cursos de agua internacionales, así como su protección adecuada.
 
Disposición transitoria única. Adscripción provisional de las cuencas no traspasadas.
 
1. La delimitación del ámbito territorial de las demarcaciones hidrográficas que comprenden cuencas hidrográficas intracomunitarias cuyo traspaso de funciones y servicios no se haya efectuado se revisará inmediatamente después de que dicho traspaso tenga lugar.
 
2. Hasta tanto se produzca la revisión a que se refiere el apartado anterior, toda cuenca hidrográfica intracomunitaria no traspasada quedará provisionalmente adscrita a la demarcación hidrográfica cuyo territorio esté incluido en el ámbito territorial de la Confederación Hidrográfica a la que la cuenca de que se trate pertenezca en la actualidad.
 
3. La revisión del ámbito territorial de las demarcaciones hidrográficas a que se refiere el apartado 1 irá acompañada de una revisión del ámbito territorial de las Confederaciones Hidrográficas actualmente definido en el artículo 1 del Real Decreto 650/1987, de 8 de mayo, por el que se definen los ámbitos territoriales de los organismos de cuenca y de los planes hidrológicos.
 
Disposición final primera. Modificación del Real Decreto 650/1987, de 8 de mayo, por el que se definen los ámbitos territoriales de los organismos de cuenca y de los planes hidrológicos.
 
El artículo 2 del Real Decreto 650/1987, de 8 de mayo, por el que se definen los ámbitos territoriales de los organismos de cuenca y de los planes hidrológicos, queda redactado de la siguiente manera:
 
«Artículo 2. Ámbitos territoriales de los planes hidrológicos.
 
Los ámbitos territoriales de los planes hidrológicos coincidirán con los ámbitos territoriales de las demarcaciones que se fijan en el Real Decreto 125/2007, de 2 de febrero, por el que se fija el ámbito territorial de las demarcaciones hidrográficas.»
 
Disposición final segunda. Desarrollo normativo.
 
El Ministro de Medio Ambiente dictará las normas que resulten precisas para el desarrollo y aplicación de lo previsto en este real decreto, sin perjuicio de las competencias que en materia de cooperación internacional con otros Estados corresponden al Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación.
 
Disposición final tercera. Entrada en vigor.
 
El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
 
Dado en Madrid, el 2 de febrero de 2007.
 
JUAN CARLOS R.
 
La Ministra de Medio Ambiente,
 
CRISTINA NARBONA RUIZ