El Informe sobre Escenarios Climáticos para España recoge proyecciones regionalizadas de cambio climático para el siglo XXI. Si ya el comportamiento de las temperaturas para el último tercio del siglo XXI (2071-2100) se prevé que sea dramático, con un aumento de entre 5 y 8 grados centígrados en las temperaturas máximas en las regiones interiores de la Península ibérica, las lluvias serán aún más escasas.

Así, según el documento que ayer la ministra Narbona presentó a las comunidades autónomas y a los agentes económicos y sociales representados en el Consejo Nacional del Clima, «la tendencia no es tan consistente como en el caso de la temperatura», pero todos los modelos apuntan a una reducción de las precipitaciones en la mitad sur de la Península de hasta el 40 por ciento. En la mitad norte ese descenso será menor, en torno al 20 por ciento, a excepción en Galicia y Asturias, donde la disminución de las lluvias rondará el 10 por ciento.

Menor nubosidad

También apuntan todos los modelos a un descenso de la nubosidad y de la humedad relativa en superficie para el último tercio del siglo. Esta reducción será especialmente acusada en los meses de verano, aunque se atemperará el resto del año e incluso puede aumentar durante el invierno, sobre todo en el cuadrante noroeste y en el litoral cantábrico.

La sensibilidad de los recursos hídricos a esta situación es muy alta. Para el horizonte 2030, simulaciones con aumentos de temperatura de 1 grado y disminuciones medias de precipitación de un 5 por ciento ocasionarían pérdidas medias de aportaciones hídricas en régimen natural de entre un 5 y 14 por ciento.

Este último dato corresponde a Canarias que, junto a las cuencas del Guadiana, Segura, Júcar, Guadalquivir, Sur y Baleares tendrán los impactos más severos. Para finales de siglo la reducción de recursos hídricos podría superar el 20 por ciento.

Pero algunas de las consecuencias que se desprenden de este calentamiento no se revelarán de manera escalonada, sino que lo harán de forma brusca. Son los llamados fenómenos climáticos extremos: inundaciones, olas de calor, incendios… El cuarto informe del Panel Intergubernamental del Cambio Climático (IPCC) ya advertía de que la probabilidad de que esto se repita va del 90 al 99 por ciento. La forma y la media de estos impactos en las diferentes regiones del planeta queda para el segundo informe, a publicar en abril.

El sur se «africaniza»

Hasta entonces, el último diagnóstico de nuestro país lo dio la Evaluación preliminar de los Impactos del Cambio Climático en España. En este informe ya se proyectaba un aumento de un 20 por ciento en la amplitud y frecuencia de las anomalías térmicas mensuales, si bien no de forma regular en todo el territorio. En general, los archipiélagos se salvan, pero en la Península se incrementará muy significativamente la frecuencia de días con temperaturas máximas extremas sobre todo en primavera y, en menor medida, en otoño.

Podríamos decir que el clima del norte de España se «mediterraniza» y el del sur se «africaniza». A este nuevo clima se le denomina «clima inframediterráneo» y es, por ejemplo, el de Marruecos. Para el periodo 2071-2100 se espera que este clima impere en Extremadura, Andalucía, Baleares y el sureste mediterráneo hasta Almería.

Así las cosas, con unas proyecciones que, a falta de los últimos datos del IPCC, no son muy halagüeñas, ayer arreciaban las críticas contra la Estrategia Española de Cambio Climático y Energía Limpia. La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, la presentó a los representantes de las comunidades autónomas y agentes económicos y sociales como una forma de pasar del catastrofismo de esas predicciones a la acción para evitar que éstas se cumplan.

Quejas de los ecologistas

Sin embargo, «la batería de medidas para luchar contra el cambio climático», tal y como dice la nota del Ministerio de Medio Ambiente, no ha gustado a los grupos ecologistas.

Consideran éstos en primer lugar que las medidas recogidas no son adicionales ni novedosas, por cuanto que la gran mayoría están incluidas en planes ya en marcha, y, en segundo lugar, porque éstas no van asociadas a objetivos cuantificados. Es decir, no se plantean nuevos objetivos de reducción de emisiones contaminantes.

Si estas críticas ya habían sido apuntadas el lunes desde Greenpeace y Ecologistas en Acción, ayer coincidieron en la misma diana las de Adena, que a la ausencia de objetivos concretos añadió la falta de calendario y presupuesto para llevar adelante la estrategia; y Los Verdes, para quienes «la gravedad de la situación climática requeriría objetivos más audaces y medidas más eficaces». Así lo dijo su portavoz confederal, Francisco Garrido, que es diputado adscrito al Grupo Parlamentario Socialista.

Por tanto, el cambio climático parece no entender de colores políticos. Es más, sólo entiende de reducción de emisiones. Sin embargo, algunas de las medidas recogidas en esta estrategia apuntan a un cambio de objetivos. Así, por primera vez se considera «una pieza clave en la lucha contra el cambio climático» la captura y almacenamiento geológico de dióxido de carbono.

Enterrar las emisiones

Esto es, no nos vale con el descenso de nuestra cuenta de emisiones que suponen los «sumideros» de carbono naturales (superficie forestal y cubierta vegetal), sino que el Gobierno se plantea recurrir a esta tecnología para «enterrar» las emisiones. Para Pablo Cotarelo, de Ecologistas en Acción, supone «perpetuar el sistema que nos ha llevado hasta aquí».

MURCIA. La noticia publicada ayerpor ABC sobre la suelta de agua ordenada por la Confederación Hidrográfica del Ebro en el embalse de Yesa para mantener el nivel de seguridad provocó airadas críticas por parte del Ejecutivo murciano. El secretario general de la Presidencia y portavoz adjunto del Gobierno de Valcárcel recordó el «enorme error» que supuso la derogación deltrasvase del Ebro del anterior Plan Hidrológico Nacional, «sin ningún razonamiento técnico ni económico». «Una vez más, la naturaleza demuestra la viabilidad de aquel trasvase cuyas obras estaban en marcha y que, una vez paradas, abrieron el debate de la insolidaridad en España», apostilló.

«El Ebro se desborda mientras Murcia se seca para vergüenza de Saura y Zapatero», resumió de forma gráfica el portavoz adjunto murciano, quien reprocha también las últimas palabras de la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, en su visita a Murcia que calificó esta obra de «faraónica».

Ruiz Vivo asegura que «la obra faraónica de De la Vega» hubiera traído a los murcianos 4,3 hectómetros cúbicos diarios, dato que compara con el último «hilico» de 11 hectómetros cúbicos autorizado por el Gobierno socialista para el regadío murciano a través del Tajo-Segura. «En tres días del Ebro, nuestros agricultores hubieran tenido la misma cantidad que nos han enviado del Tajo en un año», dice Ruiz Vivo, que basa estos datos en los 50 metros cúbicos por segundo que hubiera podido trasladar la tubería del Ebro a las cuencas del Júcar, el Segura y el Sur.

Así, explica, «el trasvase del Ebro era una herramienta de desarrollo para Murcia, un elemento de vertebración de Estado para España y un ejercicio de solidaridad entre las regiones. Habría solucionado los problemas de la España seca y habría liberado de presión social al trasvase del Tajo. La derogación, vuelve a demostrarse, se ha convertido en un permanente foco de conflictos», argumenta.

A la vista de la situación de la «escasa capacidad para almacenar agua en la cuenca aragonesa», el portavoz adjunto del Gobierno regional señala que «si Marcelino Iglesias hubiera hecho las infraestructuras hidráulicas en su Comunidad que ha realizado Valcárcel en Murcia, habría agua para todos, no existirían esos problemas de gestión del agua.

«Más claro, señor Iglesias, agua», dice Ruiz Vivo, quien reprocha al Partido Socialista «la ambigüedad manifiesta que sostiene un discurso que ha fracasado estrepitosamente con la derogación del PHN y el programa AGUA sin agua». En este sentido, también recuerda las obras realizadas por el Ejecutivo de Valcárcel para conseguir que Murcia encabece el volumen de agua reutilizada de España y que tenga los regadíos más modernos, «mientras presidentes socialistas de Aragón y Castilla-La Mancha -afirma en referencia a Barreda- no hacen sus obras y se dedican a poner en cuestión el honor de los murcianos».

Por último, Ruiz Vivo también puso de relieve el informe presentado ayer por el Colegio de Economistas de Murcia, que sitúa la falta de agua como uno de los principales problemas para el crecimiento de la economía regional.

El Ayuntamiento de Talavera de la Reina ha expresado por escrito su “enérgica protesta” ante la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) y el Ministerio de Medio Ambiente por la autorización para vender agua de los regantes de Estremera (Madrid) al Sindicato Central de Regantes del Tajo Segura.

El concejal portavoz del equipo de gobierno talaverano, Tirso Lumbreras, afirmó ayer en la rueda de prensa semanal para informar de los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno Local que el agua es un “bien de dominio público que no es propiedad de nadie para que se pueda vender”.

La protesta por escrito aprobada por el Ayuntamiento talaverano se remitirá al Ministerio y a la CHT pero en ella no se incluye, según subrayó Lumbreras, los derechos que tuvieran los regantes adquiridos mediante una concesión.

La semana pasada, la Plataforma en Defensa del Tajo de Talavera de la Reina -que aglutina a cuarenta colectivos de esta ciudad- también se posicionó en contra de la venta de agua.

Por otra parte, la Junta de Gobierno Local de Talavera de la Reina aprobó el pliego de condiciones para la contratación de un servicio de vigilancia en los Jardines del Prado que deberá prestarse quince horas al día, durante todos los días del año a un precio no superior a 60.000 euros anuales.

También se autorizó al alcalde, José Francisco Rivas, a firmar un convenio con la empresa Iberdrola para la cesión de un inmueble que la compañía eléctrica tiene en la margen izquierda del río Tajo, junto al llamado «Puente Viejo» y que fue una antigua fábrica de electricidad junto a la presilla.

La reforma de la ley de Aguas, cuyo borrador será debatido, previsiblemente, en los próximos meses, incluirá un artículo en el que se garantizará el derecho a un abastecimiento mínimo de 60 litros por habitante y día de agua potable. Una garantía «al margen de su disponibilidad económica» de los usuarios, según anunció ayer Jaime Palop, director general del Agua.

Esa sería «la componente ética en la gestión del agua», comentó Palop tras entrevistarse con los representantes de Ecologistas en Acción, Acsur-Las Segovias e Ingenieros sin Fronteras para tratar del contenido de la futura ley y de la garantía de un acceso mínimo.

Con garantía oficial

Ecologistas en Acción propuso el año pasado que la mencionada ley recogiera esa garantía y ahora ha sugerido, apoyada por las otras dos ONG, que la redacción del artículo establezca que sean las Administraciones Públicas las que procuren el acceso a esa cantidad mínima de agua. Así, el texto que recoge la propuesta de las ONG establece que «todas las personas tendrán derecho a un abastecimiento mínimo de 60 litros/habitante/día de agua potable, al margen de su disponibilidad económica, que las Administraciones Públicas garantizarán en el ámbito de sus respectivas competencias, en las redes de abastecimientos domiciliarios de aguas públicas». De aprobarse en estos términos, España se convertiría en el primer país del mundo en legislar ese derecho.

Los representantes de las ONG opinaron sobre la medida. Santiago Martín Barajas, de Ecologistas en Acción, aseguró que, con el articulado que proponen, «todo ciudadano, toda persona, sea español sea de fuera, esté legal, ilegal o alegal, pueda o no pagarlo, siempre tendrá derecho a tener 60 litros de agua por día», y resaltó que les gustaría que fuera el primer precepto de la nueva ley o uno de los primeros.

Jaume Delclos, de Ingenieros sin Fronteras, destacó la importancia de que esta iniciativa no se quede en el ámbito de España, para que el acceso al agua se contemple «como un derecho básico universal».

Por su parte, el coordinador de Estudios y Comunicación de Acsur-Las Segovias, Miguel Romero, explicó a Ep que la introducción de este artículo debe ser coherente con las actuaciones del Gobierno y las empresas españolas en el exterior.

Además, el director general del Agua aseguró que, a pesar de las lluvias de la semana pasada, persiste una situación «delicada» en algunas cuencas hidrográficas, por lo que no hay que descuidar el ahorro.

La presidenta del PP en Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, emplazó ayer al jefe del Gobierno regional, José María Barreda, a que pida a la vicepresidenta primera del Ejecutivo, María Teresa Fernández de la Vega, que explique su rechazo a poner fecha de caducidad al trasvase Tajo-Segura. Unas declaraciones aparecidas en El País en las que aseguraba que el Gobierno no es partidario de poner fecha de caducidad al trasvase.

El secretario regional de Organización del PSOE, Patrocinio Gómez, dijo ayer, en alusión al rechazo de la vicepresidenta del Gobierno a poner fecha de caducidad al trasvase Tajo-Segura, que «no sería la primera vez que un gobierno socialista de Castilla-La Mancha se enfrentase a un Gobierno de su mismo signo en Madrid, por defender los intereses de esta tierra».

Los embalses volvieron a incrementar sus reservas y lo hicieron de forma notable. La Confederación Hidrográfica del Júcar detectó que durante los últimos siete días han incrementado las reservas en 13,4 hectómetros cúbicos, lo que ha permitido incrementar hasta el 16% el porcentaje de agua embalsada en las cuencas del Júcar, Turia, Palancia o Mijares. Es la mayor subida desde el pasado mes de marzo.

De los embalses dedicados al abastecimiento humano o al regadío, el que más ha incrementado sus reservas en la última semana ha sido el de La Toba, en la cuenca del Júcar, un pequeño pantano que está ahora a más del 60% de su capacidad. También Alarcón y Contreras, los más grandes del Júcar, han incrementado sus reservas alrededor de un hectómetro cúbico, como lo están haciendo en las últimas semanas. Sin embargo, se trata de una cantidad insuficiente debido a la grave situación de sequía que padecen. Pese al incremento de reservas, Alarcón está al 6,3% de su capacidad, mientras que Contreras no llega al 4,5%.

También el embalse de Tous tiene más agua que la pasada semana, aunque se ha ralentizado la entrada de un hectómetro cúbico diario que se registró durante la primera semana del mes de febrero.

En la cuenca del Turia, el pantano de Benagéber incrementó sus reservas en un hectómetro cúbico y se sitúa a un tercio de su capacidad, con 68,5 hectómetros, mientras que en el río Mijares, ya en Castellón, el embalse de Arenós está al 25% después de aumentar 1,3 hectómetros.

En la cuenca del Tajo sin embargo, las reservas de los embalses de la cabecera, Entrepeñas y Buendía, ha descendido en 9 hectómetros y es de 296 hectómetros cúbicos, con lo que se sitúan en el 11,96% de su capacidad total. Desde estos embalses se trasvasa al Segura.

El titular del Juzgado de Instrucción número 7 de Murcia, Manuel Martínez Aroca, ha decidido archivar el caso del supuesto robo de agua en la cuenca del Segura, al no apreciar ninguno de los delitos denunciados por Ecologistas en Acción y otros particulares. El juez admite así la petición del fiscal jefe del TSJ de Murcia, quien no encontró supuestos de prevaricación o de atentado contra el medio ambiente, tal como publicó este diario días

atrás. El juez da por buenas las conclusiones de la Fiscalía, después de una investigación que ha durado cuatro años durante su paso por Madrid y Murcia, y que tenía por objeto averiguar si los anteriores responsables de la Confederación Hidrográfica habían tolerado una supuesta trama negra del agua.

MURCIA. El portavoz del Gobierno de Murcia, Fernando de la Cierva, calificó de «colmo de la desfachatez» las declaraciones realizadas el sábado por la vicepresidenta del Ejecutivo central, María Teresa Fernández de la Vega, sobre la cuestión del agua en la Región, al tiempo que criticó que «eludiera en todo momento pronunciarse sobre el asunto que más preocupa ahora a los murcianos, que no es otro sino la amenaza que supone para la vigencia del Tajo-Segura el Estatuto de Castilla-La Mancha». «De la Vega, con una impostura digna de mejor causa, guardó un «silencio sepulcral» sobre el futuro del trasvase, y lo que es peor, dijo que en Murcia hay agua, lo que demuestra que no sabe a qué región la han traído», apuntó. En este sentido, el portavoz del Ejecitivo presidido por Valcárcel señaló que este tipo de manifestaciones son «un insulto a los murcianos».

Además, De la Cierva lamentó que el secretario general de los socialistas murcianos, Pedro Saura «consintiese, con la sumisión que le caracteriza» que la vicepresidenta primera del Ejecutivo central «no hiciera ningún tipo de alusión al futuro de esta infraestructura».

Atribuyó el «silencio cómplice» de Fernández de la Vega a la existencia de un «pacto oculto» con el presidente castellano-manchego, José María Barreda, y a «la incapacidad y falta de peso político» del PSOE murciano. A este respecto aseguró que «la muestra está en que Saura no ha tenido ningún poder de convicción para que la vicepresidenta diga a los murcianos que el trasvase no va a tener fecha de caducidad».

Cuando se ha cuestionado desde la Comunitat Valenciana por qué otras autonomías, como Aragón y Castilla-La Mancha, se oponen a la cesión de agua y se reservan caudales por encima de sus necesidades, su respuesta ha sido que quieren asegurarse el suministro necesario para el desarrollo de necesidades futuras.

Habitualmente se ha comparado la situación de los aprovechamientos en unas y otras regiones en base a la rentabilidad socioeconómica de las respectivas agriculturas, porque la agricultura de regadío absorbe el 70% del agua consumida. Y en este planteamiento se llega al resultado de que los cultivos hortofrutícolas del litoral mediterráneo, que son los que se empezaron a regar hace siglos, son mucho más rentables, en términos económicos directos y de generación de empleo a su alrededor, que los cultivos de cereales y oleaginosas de las plantaciones extensivas que constituyen, en su mayoría, los nuevos regadíos de las regiones limítrofes.

La pregunta frecuente, por ejemplo, desde el Gobierno aragonés, para refrendar su total oposición al trasvase del Ebro, ha sido: ‘‘¿Por qué no podemos nosotros cultivar también lo que queramos, si tenemos el agua que pasa a pocos kilómetros?’’. En más de una ocasión ha llegado a decir el presidente de Aragón, Marcelino Iglesias, que también podrían plantar tomates. La contestación es fácil: para producir tomates además de terreno y agua, hace falta clima adecuado, y este se encuentra donde está, no se puede improvisar.

Cereales y oleaginosas
En ese argumento ya se veía una intencionalidad evidente de que ‘no quiero cederte a tí lo que tengo yo (el agua) para que no puedas hacer lo que quiero producir aquí’. Así que quedaba claro que las reservas y blindajes de caudales tienen un fuerte valor estratégico, aunque no fuera sólo para producir tomates.

Los cultivos que predominan en los nuevos regadíos aragoneses y manchegos, y en los nuevos proyectos en ciernes (como Los Monegros), son cereales y oleaginosas, que son producciones aparentemente excedentarias en la UE (hasta ahora), muy extensivas y mecanizables (poca generación de empleo) y sometidas a un régimen proteccionista de subvenciones.

Es lo que permite el suelo y el clima, y los resultados de las comparaciones socioeconómicas siempre han sido, evidentemente, muy favorables a los planteamientos de la Comunitat Valenciana y de Murcia, para justificar sus demandas del Ebro, en el caso de Aragón, así como, por lo que respecta a Castilla-La Mancha, la permanencia del Tajo-Segura y la exigencia de que no se quede mayor parte del Júcar de la que le corresponde.

¿Cómo se puede mantener que el agua se emplee en producir alimentos excedentarios, poco rentables y muy subvencionados, cuando, encima, la actual filosofía de la Política Agraria de la UE va por caminos contrarios?

Biocarburantes salvadores
El panorama ha cambiado. Producir ahora grandes cantidades de maíz, cebada, trigo, girasol, remolacha o colza, entre otras cosas, cuenta con el renovado interés de abastecer de materia prima a las nuevas fábricas de biocombustibles y no sólo la alimentación humana.

Los biocarburantes que están en boca de todos para salvarnos del presunto cambio climático son, básicamente, el alcohol etílico (bioetanol) y aceites (biodiésel). El primero se obtiene de vegetales con altos contenidos en azúcares o almidón (cereales, remolacha…) y el segundo de oleaginosas (girasol, colza, palma…)

El problema es que su cultivo, para alcanzar altos rendimientos que sean rentables, necesita mucha agua, incluso puede resultar caro, según algunos expertos, en términos de consumo de agua, porque donde no llueve de forma abundante y regular, se necesita regar mucho para alcanzar productividades competitivas, y este esel caso de España.

En nuestro país hay un centenar de fábricas de biocarburantes, entre las que ya funcionan y las que están en construcción. Por lo que se ve ahora mismo, prefieren traer las materias primas de fuera, porque son más baratas, pese al transporte, y las organizaciones agrarias ya presionan al Gobierno para que imponga un cupo de abastecimiento nacional, al menos del 25%.

Todo ello quiere decir que la fiebre de los biocarburantes se ha convertido en un filón estratégico para territorios que pueden producir materias primas y tienen agua. La cuestión es cómo podrán competir con producciones más baratas de Brasil, Argentina, Indonesia… De momento, la política europea les apoya en esto y ya han aparecido también las primeras disputas entre la agricultura comestible y la energética: el precio de los cereales ha subido un 30% en el último medio año y, con ellos, el de algunos alimentos.

Entre tanto, la Generalitat Valenciana se ha sumado a la tendencia ‘anti CO2’ con su propuesta de obtener alcohol de las naranjas, que también precisan garantías de agua.