MURCIA. El portavoz del Gobierno de Murcia, Fernando de la Cierva, calificó de «colmo de la desfachatez» las declaraciones realizadas el sábado por la vicepresidenta del Ejecutivo central, María Teresa Fernández de la Vega, sobre la cuestión del agua en la Región, al tiempo que criticó que «eludiera en todo momento pronunciarse sobre el asunto que más preocupa ahora a los murcianos, que no es otro sino la amenaza que supone para la vigencia del Tajo-Segura el Estatuto de Castilla-La Mancha». «De la Vega, con una impostura digna de mejor causa, guardó un «silencio sepulcral» sobre el futuro del trasvase, y lo que es peor, dijo que en Murcia hay agua, lo que demuestra que no sabe a qué región la han traído», apuntó. En este sentido, el portavoz del Ejecitivo presidido por Valcárcel señaló que este tipo de manifestaciones son «un insulto a los murcianos».

Además, De la Cierva lamentó que el secretario general de los socialistas murcianos, Pedro Saura «consintiese, con la sumisión que le caracteriza» que la vicepresidenta primera del Ejecutivo central «no hiciera ningún tipo de alusión al futuro de esta infraestructura».

Atribuyó el «silencio cómplice» de Fernández de la Vega a la existencia de un «pacto oculto» con el presidente castellano-manchego, José María Barreda, y a «la incapacidad y falta de peso político» del PSOE murciano. A este respecto aseguró que «la muestra está en que Saura no ha tenido ningún poder de convicción para que la vicepresidenta diga a los murcianos que el trasvase no va a tener fecha de caducidad».

Cuando se ha cuestionado desde la Comunitat Valenciana por qué otras autonomías, como Aragón y Castilla-La Mancha, se oponen a la cesión de agua y se reservan caudales por encima de sus necesidades, su respuesta ha sido que quieren asegurarse el suministro necesario para el desarrollo de necesidades futuras.

Habitualmente se ha comparado la situación de los aprovechamientos en unas y otras regiones en base a la rentabilidad socioeconómica de las respectivas agriculturas, porque la agricultura de regadío absorbe el 70% del agua consumida. Y en este planteamiento se llega al resultado de que los cultivos hortofrutícolas del litoral mediterráneo, que son los que se empezaron a regar hace siglos, son mucho más rentables, en términos económicos directos y de generación de empleo a su alrededor, que los cultivos de cereales y oleaginosas de las plantaciones extensivas que constituyen, en su mayoría, los nuevos regadíos de las regiones limítrofes.

La pregunta frecuente, por ejemplo, desde el Gobierno aragonés, para refrendar su total oposición al trasvase del Ebro, ha sido: ‘‘¿Por qué no podemos nosotros cultivar también lo que queramos, si tenemos el agua que pasa a pocos kilómetros?’’. En más de una ocasión ha llegado a decir el presidente de Aragón, Marcelino Iglesias, que también podrían plantar tomates. La contestación es fácil: para producir tomates además de terreno y agua, hace falta clima adecuado, y este se encuentra donde está, no se puede improvisar.

Cereales y oleaginosas
En ese argumento ya se veía una intencionalidad evidente de que ‘no quiero cederte a tí lo que tengo yo (el agua) para que no puedas hacer lo que quiero producir aquí’. Así que quedaba claro que las reservas y blindajes de caudales tienen un fuerte valor estratégico, aunque no fuera sólo para producir tomates.

Los cultivos que predominan en los nuevos regadíos aragoneses y manchegos, y en los nuevos proyectos en ciernes (como Los Monegros), son cereales y oleaginosas, que son producciones aparentemente excedentarias en la UE (hasta ahora), muy extensivas y mecanizables (poca generación de empleo) y sometidas a un régimen proteccionista de subvenciones.

Es lo que permite el suelo y el clima, y los resultados de las comparaciones socioeconómicas siempre han sido, evidentemente, muy favorables a los planteamientos de la Comunitat Valenciana y de Murcia, para justificar sus demandas del Ebro, en el caso de Aragón, así como, por lo que respecta a Castilla-La Mancha, la permanencia del Tajo-Segura y la exigencia de que no se quede mayor parte del Júcar de la que le corresponde.

¿Cómo se puede mantener que el agua se emplee en producir alimentos excedentarios, poco rentables y muy subvencionados, cuando, encima, la actual filosofía de la Política Agraria de la UE va por caminos contrarios?

Biocarburantes salvadores
El panorama ha cambiado. Producir ahora grandes cantidades de maíz, cebada, trigo, girasol, remolacha o colza, entre otras cosas, cuenta con el renovado interés de abastecer de materia prima a las nuevas fábricas de biocombustibles y no sólo la alimentación humana.

Los biocarburantes que están en boca de todos para salvarnos del presunto cambio climático son, básicamente, el alcohol etílico (bioetanol) y aceites (biodiésel). El primero se obtiene de vegetales con altos contenidos en azúcares o almidón (cereales, remolacha…) y el segundo de oleaginosas (girasol, colza, palma…)

El problema es que su cultivo, para alcanzar altos rendimientos que sean rentables, necesita mucha agua, incluso puede resultar caro, según algunos expertos, en términos de consumo de agua, porque donde no llueve de forma abundante y regular, se necesita regar mucho para alcanzar productividades competitivas, y este esel caso de España.

En nuestro país hay un centenar de fábricas de biocarburantes, entre las que ya funcionan y las que están en construcción. Por lo que se ve ahora mismo, prefieren traer las materias primas de fuera, porque son más baratas, pese al transporte, y las organizaciones agrarias ya presionan al Gobierno para que imponga un cupo de abastecimiento nacional, al menos del 25%.

Todo ello quiere decir que la fiebre de los biocarburantes se ha convertido en un filón estratégico para territorios que pueden producir materias primas y tienen agua. La cuestión es cómo podrán competir con producciones más baratas de Brasil, Argentina, Indonesia… De momento, la política europea les apoya en esto y ya han aparecido también las primeras disputas entre la agricultura comestible y la energética: el precio de los cereales ha subido un 30% en el último medio año y, con ellos, el de algunos alimentos.

Entre tanto, la Generalitat Valenciana se ha sumado a la tendencia ‘anti CO2’ con su propuesta de obtener alcohol de las naranjas, que también precisan garantías de agua.

El Ministerio de Medio Ambiente ha elegido 20 presas -la mayoría en la cuenca del Guadalquivir y del Ebro- para ubicar aerogeneradores que produzcan la energía necesaria para contrarrestar el consumo de las plantas desaladoras del Programa AGUA en el arco mediterráneo.

El secretario general para el Territorio y la Biodiversidad del Ministerio de Medio Ambiente, Antonio Serrano, indicó que los generadores eólicos instalados en estas presas aportarían el 20% de la energía utilizada en las 23 plantas desaladoras del Programa AGUA.

En declaraciones a la prensa con ocasión de la firma de un convenio con el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, Serrano explicó que otro 75% de la energía necesaria provendrá de minicentrales hidroeléctricas a pie de presa y el restante 5% de centrales termosolares y de biomasa, que probablemente se instalen en Castilla-La Mancha.

Una de las centrales eléctricas ya autorizada «y de las más esperanzadoras» se ubicará a pie de presa del Pantano de Alarcón, donde circula el agua del trasvase Tajo-Segura y que «es una central con un salto muy pequeño, pero con un caudal por año muy elevado».

Esta decisión, por tanto, repercutiría indirectamente en Albacete, ya que Alarcón es una de las piezas clave para la gestión del sistema Júcar, del que dependen buena parte de nuestros regadíos y de nuestro abastecimiento humano.

La producción total de energía eólica en presas preexistentes con un horizonte de 2010 será de 25 Gwh/año y tendrá un presupuesto de 45 millones de euros.

Esta iniciativa se enmarca dentro de nueve líneas de actuación previstas por el Ministerio de Medio Ambiente dentro del Plan de Choque para las Actuaciones del Programa Agua (Actuaciones para la Gestión y Utilización del Agua) en materia de energías renovables y eficiencia energética para la desalación 2006-2010.

Este proyecto incluye el incremento del potencial hidroeléctrico disponible, aprovechamientos eólicos de nueva generación en presas con centrales hidroeléctricas, plantas de generación termosolar combinada con biomasa, utilización de paneles solares para consumos y servicios auxiliares y la mejora de la eficiencia energética de los aprovechamientos hídricos.

También está previsto aplicar energías renovables y mejorar la eficiencia de los regadíos, así como fomentar el I+D+i en la mejora de la eficiencia energética de plantas desaladoras y de ósmosis inversa. En total, Medio Ambiente prevé gastar 1.493,2 millones de euros en estas nueve líneas de actuación con el objetivo de generar 2.867 Gwh/año.

U n Consell socialista es el único capaz de garantizar el agua para la Comunitat. Este es el mensaje que quiso trasladar ayer el candidato del PSPV Joan Ignasi Pla durante la presentación de su programa medioambiental y agrícola. «El PP sólo apuesta por un trasvase que no existe, mientras que en aquellas iniciativas que tiene competencias no ha hecho nada» , señaló.

En esta línea, criticó el escaso avance en la modernización del regadío en los años de gobierno del PP y el hecho de que, en la actualidad, sólo se reutilicen 150, de los 700 hectómetros cúbicos de agua reciclada. Pla defendió el uso de desalinizadoras en el litoral y el nuevo trazado del trasvase del Júcar, al tiempo que rechazó fijar plazo de caducidad en los aportes Tajo-Segura. A su juicio, «la única caducidad que hay que poner es a la sobreexplotación de los acuíferos en Castilla-La Mancha consecuencia de los acuerdos entre Zaplana, Bono y Tocino». Pla también aseguró que un gobierno socialista es el único que puede garantizar un posible minitrasvase del Ebro hasta Castelló, en caso necesario, ya que para ello sería necesario «diálogo y consenso», algo que en su opinión no podían garantizar desde el PP.
Y consenso es también otro elemento clave para Pla en materia agrícola, para lo que anunció la convocatoria de una mesa de concertación. Al mismo tiempo, se comprometió a adoptar medidas para garantizar una pensión mínima de 500 euros para el régimen especial agrario. El líder socialista abogó, igualmente, por impulsar actuaciones concretas contra el cambio climático, como la creación de un Consejo Asesor Valenciano y un comisionado especial.
Estas propuestas fueron criticadas por el vicesecretario general del PP, Ricardo Costa. Especialmente duro se mostró con las iniciativas hídricas. En este sentido tildó de «cinismo que Pla, a cuatro meses de las elecciones, proponga un minitrasvase a Castellón sabiendo que si el trasvase del Ebro puede llegar a esta provincia, puede llegar a la Comunitat».

En materia de agua, destacó que «por encima de todo, queremos recuperar la capacidad del Júcar como río vivo» , y añadió que «no sólo defendemos el nuevo trazado del trasvase Júcar-Vinalopó, sino también la necesaria implicación de la comunidad autónoma dentro de un plan global de políticas hídricas para intentar cambiar el acuerdo entre el ex presidente de la Generalitat, Eduardo Zaplana, el de Castilla la Mancha, José Bono, y la ex ministra de Medio Ambiente, Isabel Tocino, que permite una extracción de aguas del río Júcar en Castilla la Mancha y que castiga a nuestro río» .

Jose María Barreda (Ciudad Real, 1953), asumió la presidencia de Castilla-La Mancha en abril de 2004 tras la marcha al Ministerio de Defensa de José Bono. En esta entrevista, Barreda repasa la gestación del reformado Estatuto de Castilla-La Mancha, de la fecha de caducidad del Trasvase y de otros asuntos de interés regional y provincial. Y pone por delante los intereses de su región frente a los criterios o directrices que en materias como el agua marca el PSOE a nivel nacional.

-¿Esperaba que la reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha alcanzara este nivel de consenso, incluso, en lo referente a la fecha de caducidad del Trasvase?

-Siempre lo desee y busqué. El tema es suficientemente complicado como para necesitar todos los apoyos. Y desde luego la fuerza política de un Estatuto que se propone reformar por unanimidad desde las Cortes de Castilla-La Mancha es infinitamente superior a que esa reforma se hubiera hecho sólo con el apoyo de un grupo parlamentario, aunque ese grupo parlamentario tuviera mayoría cualificada.

-Aunque durante el estudio y redacción del nuevo Estatuto se llegó a dar otra fecha, incluso antes del 2010, finalmente el documento fija el 2015 como fecha de caducidad del Trasvase. Esa fecha responde a que para ese momento se prevé que estén solventados los problemas del agua de Levante o porque entra en vigor la Directiva Marco de Agua de Europa…

-No queríamos poner una fecha que resultara excesivamente precipitada, ya que no se trata de que Castilla-La Mancha, de repente, haya dejado de ser solidaria, que queramos cerrar el grifo de la noche a la mañana. Por eso, ese espacio temporal nos parecía lo suficientemente razonable como para dar tiempo a que entren en funcionamiento las alternativas que permitan asegurar el abastecimiento a Murcia y al sur de Alicante. Nosotros ahora necesitamos el agua, y tenemos un derecho preferente al ser la cuenca cedente. Pero hasta ahora resultaba como las Leyes de Indias, que se acataban pero no se cumplían, ya que no teníamos la infraestructura que nos permitiera utilizar a nosotros también el agua y el Acueducto Tajo-Segura. Muy pronto, dos millones de castellano-manchegos estaremos bebiendo en especial aguas superficiales del Tajo.

-¿Le está resultando muy complicado mantener sus argumentos sobre la caducidad del Trasvase dentro de su partido?

-Sin duda alguna, puesto que en el tema del agua hay planteamientos más que ideológicos, territoriales, y se producen agrupamientos mucho más que por afinidades políticas por el lugar de procedencia. En Castilla-La Mancha PP y PSOE están de acuerdo, y coinciden con el Gobierno de la Región en la defensa del agua. Y vemos al mismo tiempo, como, en Murcia, los socialistas y el PP están también de acuerdo frente a nuestras pretensiones. Eso, lógicamente, tiene una traslación a nivel nacional, pero a mí no me preocupa. Yo, como presidente de Castilla-La Mancha, lo tengo muy claro, no me debo a ningún partido político.

-Uno de los argumentos que más utiliza el presidente murciano es que en Castilla-La Mancha no se han hecho los deberes en cuanto a infraestructuras hídricas o transformación de regadíos, a pesar de que los regantes de que los murcianos pagan a Castilla-La Mancha por el agua que recibe del Tajo. ¿Qué tiene que decir?

-Mire. Hemos gastado cinco veces más en obra hidráulica de los ingresos que produce el Trasvase. Ya dije en una ocasión que solamente un necio confunde el valor con el precio. Si es un problema de dinero, que se queden con su dinero. Nosotros nos quedamos con el agua. O sea, que no lo plantee en esos términos porque creo que se equivoca.

-La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, en cuanto tiene ocasión dice que no contempla una fecha de caducidad para el trasvase. ¿Y por qué sí eliminó el trasvase del Ebro, incluido en un PHN que apoyaba Castilla-La Mancha?

-Ya, pero además, en el PHN que sustituye al anterior, hay una disposición adicional aprobada, y por lo tanto en vigor, y que se incluyó a propuesta de Castilla-La Mancha, que anuncia la caducidad del Trasvase Tajo-Segura, tal y como nosotros lo planteamos. Ahí se dice, y se reconoce, tenía un interés personal en que apareciera en el PHN, que la cuenca cedente tiene prioridad sobre la cuenca receptora, y en la medida que empiecen a funcionar las alternativas del Plan AGUA en Murcia y Alicante, se dejara de trasvasar agua a aquel territorio.

-Esta semana, en el Foro del diario ABC, el presidente de Murcia abogó por nacionalizar el agua para acabar con las discrepancias entre las autonomías. Es más, expresó su deseo de que las Cortes Generales eliminen aquellas reformas estatutarias que reservan a la Comunidad Autónoma la gestión del agua. ¿Qué le parece?

-El problema de fondo es el modelo posible de desarrollo en todas las partes de España. Y el desarrollo sostenible de las regiones. Y en este caso, el desarrollo sostenible de Murcia. Cuanto antes se planteen en Murcia que el desarrollo sostenible de su región no puede basarse sine die, indefinidamente, en un recurso que es escaso, que está lejos de Murcia y sobre el cual nosotros tenemos prioridad, mejor. Yo no digo que el agua de las cuencas que transcurren por Castilla-La Mancha sea de los castellano-manchegos. El agua de todos los ríos de España, sean cuencas intercomunitarias o intracomunitarias, es de todos los españoles, pero también de los castellano-manchegos.

El Gobierno central afirma, en la respuesta a una pregunta parlamentaria formulada en el Congreso por Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), que los recursos que se podrán trasvasar del Júcar al sistema de explotación Vinalopó-Alacantí utilizando la conducción que tiene encomendada Aguas del Júcar «serán recursos superficiales excedentarios» de este río, tal como determina su Plan Hidrológico de Cuenca.

El Ejecutivo recuerda que el Plan Hidrológico del Júcar en vigor, aprobado por real decreto en 1998, establece que «podrán aprovecharse los recursos sobrantes» de este río para «paliar la sobreexplotación de acuíferos y déficit de abastecimientos del área Vinalopó-Alacantí y Marina Baixa». También sostiene que la declaración de impacto ambiental sobre el estudio informativo del proyecto de conexión del curso bajo del río Júcar con el tramo V de la conducción Júcar-Vinalopó determina que «la transferencia de caudales debe supeditarse al mantenimiento del caudal ecológico del Júcar en primer lugar y, después, a excedentes de la cuenca cedente» .
Por otra parte, el pleno de las Corts Valencianes debatirá la próxima semana en Burriana el dictamen de la comisión especial de estudio de la sequía que, aprobada sólo por el PP, critica al Gobierno central por su política hídrica.

La intención del Gobierno de Valencia de interponer, tras obtener el respaldo unánime de la Cámara valenciana, un recurso ante el Tribunal Constitucional contra el Estatuto de Castilla-La Mancha por fijar la fecha de caducidad del Tajo-Segura no ha movido ni un ápice las posturas de los dos partidos con representación parlamentaria en la Comunidad Autónoma. Es más, PP y PSOEaprovecharon ayer el pleno celebrado en las Cortes regionales para minimizar la importancia de este acuerdo ante los medios de comunicación.

Así, el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, José Molina, dijo sentirse sorprendido por la «prisa» que se ha dado el Ejecutivo valenciano para anunciar un recurso contra una ley que aún no ha sido aprobada, y atribuyó dicha iniciativa a «una rabieta» que «no carece de seriedad».

Molina señaló que desde el Gobierno de Valencia se «ha hablado sin conocer el texto castellano-manchego» pues «se están refiriendo a cosas que no recoge nuestro Estatuto», que, defendió, es «plenamente constitucional».

Apuntó que lo que plantea el texto aprobado de forma unánime por las Cortes de Castilla-La Mancha no es un debate de constitucionalidad, sino un debate político que tiene que ver con la historia del España, de CLM y del agua.

Así, se preguntó «cuánto tiempo más vamos a tener que aguantar que determinadas comunidades autónomas mantengan una situación de privilegio en cuanto al uso del agua», en contra de lo que establece el PHN, que rige el carácter preferente de CLM en el uso del agua del Tajo.

«Valencia y Murcia quieren evitar perder los privilegios», dijo Molina, quien consideró una barbaridad que se quiera hacer creer que la existencia de un trasvase es constitucional y «si no lo hay es inconstitucional».

Insistió en que el único problema que existe es de «naturaleza política» y está auspiciado por los dirigentes del PPen determinados territorios que quieren mantener unos privilegios «a los que el Gobierno de CLM y el Parlamento regional quiere poner fin definitivamente».

ratificar el apoyo. Por su parte, el secretario regional del Partido Popular en Castilla-La Mancha, Vicente Tirado, ratificó el apoyo de su partido a lo pactado por la Cámara regional en el Estatuto de Autonomía.

En declaraciones a los medios, Tirado señaló que Castilla-La Mancha es la región de España «más solidaria» con el agua aún necesitando el recurso hídrico para «nuestro desarrollo».

Por eso, dijo, «lo plasmamos» en un Estatuto, al que el presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, «se ha encargado de dar una patada antes de que el texto empiece a caminar», señaló Tirado, refiriéndose a la intención del jefe del Ejecutivo regional de aumentar el número mínimo de diputados por Guadalajara que recoge el Estatuto para adecuarlo a su población.

Por último, insistió en que el Partido Popular de Castilla-La Mancha se ratifica en lo pactado en la nueva Carta Magna regional.

El PP no consentirá cambiar las reglas de juego democrático

l.t. / S.r. / toledo

El secretario regional del PP, Vicente Tirado, afirmó ayer en las Cortes de Castilla-La Mancha, que lo que el PSOE intenta no es una reforma de la Ley Electoral sino «dar de forma manifiesta» un golpe de estado democrático y convertir a la Comunidad Autónoma en una «república bananera», algo por lo que «ya se nos conoce» fuera de nuestras fronteras, aseveró.

Tirado acusó al presidente de CLM, José María Barreda, de haber «dado una patada» al Estatuto regional, aprobado por unanimidad en las Cortes, y de ser un «tramposo» por querer cambiar el texto en el último minuto.

«Barreda miente cuando habla, cuando escribe y cuando firma», dijo Tirado, quien llamó al presidente regional «cobarde e incoherente» por no defender lo que votó en el Parlamento autonómico.

Apuntó que «en las reglas de la democracia no se concibe» que se quiera cambiar una ley electoral a un mes de publicarse el decreto de convocatoria de elecciones» y aseguró que el PP «no lo va a consentir».

Por su parte, desde el PSOE, el portavoz del Grupo Parlamentario, José Molina, afirmó que la subida de un escaño a la provincia de Guadalajara no se hace con «perspectivas electorales porque estamos seguros de que vamos a ganar en todas las provincias», sino para «evitar una barbaridad democrática».

En este sentido, volvió a exigir a los ‘populares’ que manifiesten claramente si están a favor de acabar con la «injusticia» que supone que Guadalajara, con más población que Cuenca, elija un diputado menos que ésta, recordando que para hacerlo «lo único que se necesita es voluntad política».

Insistió en que «todavía estamos a tiempo» porque el cambio se tramita en «una semana» y se mostró partidario de subir los escaños que sean necesarios a cada una de las provincias, pero no ahora, sino al inicio de la legislatura porque ese es «un debate profundo que requiere más tiempo» y lo «urgente ahora» es evitar una «desigualdad» entre provincias.

La Federación Nacional de Comunidades de Regantes (Fenacore) prevé que en los próximos cuatro años más de medio millón de regantes gestionarán su actividad por Internet a través del proyecto Corenet, una red de servicios y recogida de datos que permite mejorar la gestión del agua para regadío.

El Gobierno valenciano anunció ayer que recurrirá ante el Tribunal Constitucional el Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, que fija el año 2015 como el fin del trasvase Tajo-Segura, si finalmente el Congreso y el Senado aprueban esa reforma estatutaria.

Así lo anunció, en el pleno de las Cortes Valencianas el conseller de Infraestructuras y Transportes, José Ramón García Antón, a una pregunta del grupo popular sobre si el ejecutivo valenciano piensa recurrir la citada normativa autonómica, aprobada por las Cortes castellanomanchegas con los votos del PSOE y el PP.

Por su parte, el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, calificó de «humo» la política hídrica del Gobierno central, anunció que continuará reclamando la recuperación del proyecto del trasvase del Ebro frente a las «promesas incumplidas» del programa AGUA, y reclamó que las Cortes Valencianas se muestren unidas para reclamar el agua que necesita su comunidad.

Unanimidad

Camps valoró el acuerdo unánime logrado en el pleno de las Cortes Valencianas para rechazar el acuerdo estatutario de Castilla-La Mancha que fija la caducidad para el trasvase del Tajo-Segura, pero lamentó que esa unanimidad no se hubiera alcanzado en relación con el Plan Hidrológico Nacional y el derogado trasvase del Ebro al sureste peninsular.

También se refirió en sus críticas al cambio de trazado de la toma del trasvase Júcar-Vinalopó, que «busca un retardo que genera inquietud y desconfianza» en esta autonomía, y a la posibilidad de que Castilla-La Mancha se reserve el uso «exclusivo» del tramo del Júcar que discurre por esa autonomía.

Antes esta intención el portavoz del grupo parlamentario socialista de Castilla-La Mancha, José Molina, afirmó que parece un anuncio «en plan rabieta» y que «no tiene visos de seriedad».

Molina insistió en este punto en que en la Región «estamos plenamente convencidos» de que el Estatuto es «plenamente constitucional», y que en Castilla-La Mancha no se ha planteado un debate constitucional sino político pues pretende terminar con «los privilegios» que determinadas comunidades autónomas quieren mantener sobre el agua que transcurre por Castilla-La Mancha.

Unidad

Tanto el PP y el PSOE de Castilla-La Mancha se ratificaron en el acuerdo alcanzado para pedir la caducidad del trasvase Tajo-Segura en el nuevo Estatuto de Autonomía de la Comunidad, cuya constitucionalidad defendieron ante el recurso anunciado por el Gobierno valenciano.

El secretario regional del PP castellanomanchego, Vicente Tirado, recalcó que su partido se ratifica en lo acordado en el texto desde la convicción de que Castilla-La Mancha es la comunidad autónoma más solidaria de España, pero debe utilizar el agua que necesita para su desarrollo.

Por otra parte, el presidente del Gobierno de Aragón, Marcelino Iglesias, manifestó que los estatutos de autonomía de las diferentes comunidades españolas «no son clones» pero en el caso del aragonés la propuesta de reforma pactada entre los diferentes grupos políticos resulta ser «excelente». Iglesias además aseguró que no es momento de comparar el Estatuto aragonés con el de Castilla-La Mancha.