La presidenta del PP de Castilla la Mancha, María Dolores de Cospedal, señaló hoy que no tiene «una bola de cristal» para saber si las Cortes Generales darán su visto bueno al apartado del nuevo Estatuto de Autonomía de su Comunidad que establece el fin del trasvase Tajo-Segura en el año 2015.

Así se expresó la candidata popular al Gobierno castellano manchego, al ser entrevistada en la Feria Internacional de Turismo (FITUR) sobre la parte que fija la caducidad de este trasvase en la reforma estatutaria, registrada en el Congreso de los Diputados el pasado jueves.

Recordó que «la mayoría en el Congreso no la tiene el PP, sino el PSOE con los partidos nacionalistas de toda España», por lo que, a su juicio, el respeto a este apartado «no está tanto en nuestras manos -en relación al Partido Popular- como en las manos del PSOE».

De Cospedal también comentó que asistirá esta tarde a la manifestación convocada en Madrid por el Foro de Ermua en contra de la negociación con ETA.

Dijo que acudirá a esta concentración «para defender la libertad, la paz en el País Vasco y para defender que a los terroristas hay que derrotarlos y lo que tienen que hacer es pudrirse en la cárcel».

El vicepresidente primero de Castilla la Mancha, Fernando Lamata, calificó ayer de «irresponsable e imprudente» la decisión del Consejo de Ministros de autorizar un nuevo trasvase desde la cabecera del Tajo al Segura. Una decisión que, a su juicio, no se ajusta a la ley por lo que anunció que «estamos dispuestos a recurrirla».

El responsable socialista no dudó en criticar la decisión del Consejo de Ministros que autoriza el trasvase de 22 hectómetros cúbicos desde el Tajo al Segura -11 hectómetros cúbicos serán para riego-. Afirmó que «no nos parece prudente porque la situación de los pantanos sigue siendo crítica». El socialista señaló que «tenemos que guardar el agua para garantizar el abastecimiento a las poblaciones», también a aquellas del litoral que «vienen recibiendo el agua desde Castilla-La Mancha», concluyó.
El vicepresidente primero del ejecutivo manchego señaló que ante la situación de los pantanos, «no se justifica un trasvase para riego de socorro y menos cuando la semana nevó y llovió en Murcia».

Un peligro para las Tablas de Daimiel

Además, Lamata recordó que la normativa establece que tras el abastecimiento humano, la prioridad es el mantenimiento del medio ambiente «y ahí están las Tablas de Daimiel, que son Patrimonio de la Humanidad, totalmente secas y si se pierden será irreversible». Por este motivo, Fernando Lamata insistió en que el gobierno autonómico planteará «con firmeza» la defensa de los intereses de su autonomía y, además de recurrir este trasvase, que tildó de «injusto e ilegal», advirtió que seguirá defendiendo la caducidad del trasvase Tajo-Segura en 2015 como se establece en el Estatuto de Autonomía, informó la Junta.

5 de febrero de 2007.  No es una sorpresa. Aunque las direcciones nacionales del PP y del PSOE mantienen una actitud ambigua ante el nuevo Estatuto de Castilla-La Mancha, todo apunta a que enmendarán la disposición que pone límite al trasvase.

El PP de la calle Génova ha sido el primero en aclarar su postura, aunque no lo haya sido de forma oficial. Según cuenta Francisco Quevedo en El Confidencial.com, este partido enmendará durante su tramitación en el Congreso de los Diputados el Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha con el objetivo de eliminar del texto la limitación temporal al trasvase del Tajo incluida en el mismo.

Fuentes de la calle Génova señalaron a dicho diario que no hay ninguna duda en la Dirección del PP sobre donde reside la titularidad en la política de aguas, es decir, en el Estado.

Una posición que, inicialmente, choca con la mantenida por este partido en la propia Comunidad Autónoma, ya que el texto de la reforma llegó al registro de la Cámara Baja con el apoyo del PP y del PSOE. El texto establece el año 2015 como la fecha límite para los trasvases, a partir de la cual éstos se acabarían. La Dirección nacional del PP considera, sin embargo, que esa es una decisión que debe tomar el Gobierno de la Nación, y no puede incluirse en un Estatuto de Autonomía.

Pura estrategia

La explicación que se da en Madrid a la posición del PP en Castilla-La Mancha tiene más que ver con una cuestión de estrategia política que con una de principios. Según estas fuentes, la intención del presidente de la Comunidad, el socialista José María Barreda, era poner en evidencia al PP incluyendo la citada limitación en el texto para que la oposición a su Gobierno se viera en la obligación de rechazarla. Ese hubiera sido un mal comienzo para la candidata popular, María Dolores de Cospedal, nueva en la lid electoral.

Sin embargo, el PP decidió dar su voto afirmativo, consciente de que luego el PP de Madrid enmendaría el texto, y trasladando la patata caliente del problema del agua al propio Barreda, que ahora tendrá que lidiar con el Gobierno central, también de su partido, para evitar que el PSOE haga lo mismo. Y es que la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, ya se ha manifestado en contra de la reforma en lo que al trasvase del Tajo se refiere.

MURCIA. «Yo no estoy de acuerdo con lo que están haciendo con vosotros». Esta frase se le atribuye al dirigente socialista Antonio León en el libro publicado por el expresidente de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), Juan Cánovas, sobre su viaje por los infiernos del agua. Cánovas ha sido el cabeza de turco del supuesto latrocinio del agua a manos llenas impulsado por una trama organizada; en una investigación fiscal de cuatro años que ha terminado pidiendo la hora al juez para que archive un caso en el que no se ha encontrado atisbo de prevaricación ni delito contra el medio ambiente. No obstante, lo que perseguían sus denunciantes y otras voluntades se ha conseguido con creces. Y vale adelantar que ha tenido una parte positiva.

A Antonio León, ex delegado de la Mancomunidad del Taibilla y ex consejero socialista de Agricultura, quizás le pareciera excesiva aquella persecución contra administradores y profesionales de la Confederación -ahora exonerados por la Fiscalía- en una orgía mediática y política enfervorizada todavía más con la llegada al poder del PSOE. Cuando el problema era otro: los abastecimientos a la población pendían de un hilo y estaban cerca del colapso.

En los años 2003 y 2004 se asistió a un acoso y derribo sin precedentes contra la gestión del agua en Murcia. En los episodios de aquellos meses se fraguó la imagen de los murcianos ladrones de agua que todavía nos acompaña en nuestros días. No hay foro, viaje de placer o de negocios donde un murciano salga absolutamente indemne de cualquier esquinada alusión a nuestra atávica relación con el agua y nuestra voracidad hídrica. Fue además una ofensiva subterránea frente a la política hidráulica del Gobierno del PP y en especial contra el trasvase del Ebro, con un mensaje inapelable: ¿Para qué quieren otro trasvase en Murcia si existe una mafia que despilfarra y roba caudales con el consentimiento de la Confederación?

Para conseguir el objetivo -una opción anti trasvasista totalmente legítima- se puso a la Región murciana, a justos y pecadores, a los pies de los caballos.

El topo de la Confederación

«Una gestión nefasta»

Como aquella inquisición necesitaba nombres y caras para desfilar delante del despacho del fiscal de Madrid, ahí estaban los dirigentes de turno de la Confederación: el propio Cánovas, el comisario de Aguas José Alemán y el letrado López Casares. A ellos se refería León si se da acogida a la conversación que reproduce Juan Cánovas. Otros ámbitos del PSOE, aliados con el lobby de intereses que se conjuraban en el despacho del fiscal madrileño Emilio Valerio, callaban o echaban leña al fuego. La ministra Cristina Narbona fue quizás más allá de la prudencia de su cargo, al darle altavoz al polémico fiscal Valerio y poco menos que arrojar a los leones a la cúpula de la CHS.

Más llamativo fue el silencio que llegaba de ciertas alturas del Partido Popular, en Murcia y en Madrid, que dejaron a Juan Cánovas tirado y más solo que la una.

Las cosas no pueden ir rodadas en una cuenca, la del Segura, que consume diez veces más agua de la que es capaz de generar con recursos superficiales. De ahí su déficit estructural, que ha ido engordando con un brutal incremento poblacional; una actividad económica imparable; un auge de la construcción y la industria turística; y una actividad agrícola insaciable que se bebe el 80 por ciento de los caudales.

Cuando éramos felices e indocumentados, que diría García Márquez, había otras preocupaciones y prioridades en la política de la Confederación Hidrográfica dictada por el Ministerio de turno, de tal forma que el celo sancionador no estaba a la altura de lo deseable por falta de medios y motivación. «Una gestión nefasta», ha subrayado el fiscal jefe Manuel López Bernal, al destacar los expedientes sancionadores por robos de agua que caducaban, muchos de ellos de notorios reincidentes. Nadie puede poner eso en duda. La Inspección General de Servicios del Ministerio de Medio Ambiente también lo destacó en su informe de 2004, poniendo especial acento en conductas políticas y administrativas anteriores al año 2002, cuando empezaron a tomarse medias por parte de Cánovas. La Inspección sacaba los colores a la Confederación Hidrográfica sobre los expedientes caducados, que tampoco eran la mayoría, pero sí llamativos; a la vez que indicaba, como lo hizo la investigación inicial de la Fiscalía madrileña, que más de la mitad procedían de la anterior administración socialista.

El accidente de Ontiveros

Sospechas para la novela negra

Con los testimonios recabados, pocos dudan además de que la anterior responsable jurídica de la Confederación, María Vicenta Oliveros, apoyada por otros, quiso destapar esta situación en el verano de 2002 para que se atajara. Según la Comisión pro Río de Orihuela, Oliveros fue animada a denunciar los hechos por el propio fiscal jefe de Murcia. Ésta sufrió un fatal accidente de tráfico cerca de Madrid, junto con su compañero y un hijo de éste, en las fechas en las que presumiblemente pensaba reunirse con el fiscal Emilio Valerio. Ese accidente -que fue investigado por la Guardia Civil- dio rienda suelta a sospechas, no probadas, que rayan todo lo imaginable y que dan para una novela negra.

La investigación se puso en marcha en Madrid porque el punto de mira inicial estaba en los despachos del Ministerio que supuestamente no habían actuado con rigor ante abultados expedientes sancionadores por robo de agua. La propia Fiscalía madrileña concluyó en el año 2004 que los altos cargos del Ministerio estaban al margen de cualquier trama organizada, y que debía limitarse la investigación a Murcia.

El «circo» de Valerio

Una investigación «sui géneris»

No obstante, el circo que se montó alrededor de las diligencias de Emilio Valerio, y su peculiar forma de llevar el caso (la firma de la denunciante supuestamente falsificada; documentos perdidos; filtración de diligencias, que le valieron quejas de sus superiores; y la ausencia de denuncia formal contra los «imputados»…), representaron de facto una condena social a nivel nacional contra los gestores de la Confederación y por extensión contra los usos del agua en Murcia. Sin necesidad de juicio. La misma mecánica obró sobre la finca El Chopillo de Moratalla, supuesto origen de muchos males; pese a que repetidamente los tribunales, y el fiscal jefe López Bernal, no han encontrado ninguna irrregularidad.

Los réditos de la investigación de la Fiscalía -que tuvo una segunda parte más discreta en Murcia- les han servido durante estos años a la Comisión Pro Río de Orihuela, a las organizacions ecologistas, a dirigentes de Aragón y de Cataluña; así como al PSOE y PP de Castilla-La Mancha, para denostar en mayor o menor grado la administración del agua en Murcia.

Convenía además investigar al Segura, y no al resto de cuencas, por todo lo que estaba en juego con el Plan Hidrológico Nacional. «Una gestión nefasta», desde luego; aunque elevar las extracciones ilegales de agua, que hay que perseguir, a la categoría de latrocinio universal va un trecho.

En este sentido, el escrito de archivo delfiscal jefe de Murcia ha querido nadar entre dos aguas: no aprecia delitos de prevaricación y contra el medio ambiente en los altos cargos de la Confederación Hidrográfica, que era de lo que se trataba; pero deja una salida airosa para que los denunciantes no se queden con el trasero al aire. Eso no ha impedido que Pro Río solicite su dimisión, como ha hecho con fiscales anteriores del Tribunal Superior de Justicia de Murcia. Después del millar de expedientes examinados por la Fiscalía, López Bernal llega a la misma conclusión que la Inspección General de Servicios, al poner en evidencia una mala gestión a la hora de perseguir los robos de agua y por ende los regadíos ilegales.

Ahora serán los juzgados naturales quienes investiguen en sus territorios los casos que aún siguen pendientes y que pueden constituir un delito contra el medio ambiente al superar el daño causado los 400 euros. Una práctica ya habitual, y muy saludable, en los usos de la Confederación y de la Fiscalía del TSJ.

Un puesto peligroso

Maletines y agresiones

La Confederación Hidrográfica del Segura está en la lista de los organismos más difíciles y complejos de toda la Administración española. Y también peligrosos. Como quiera que el agua es oro en Murcia, es cierto que por el despacho de algún presidente del organismo de cuenca, en la plaza Fontes, ha aparecido gente con un maletín de dinero a cambio de hacer la vista gorda. Otros se han presentado allí para agredir directamente al presidente; y otros más han movido teléfonos en instancias superiores para que les quitaran la sanción. Así se las gastan unos cuantos; cuyos excesos y delitos tiene que pagar el resto.

Para sacar una lectura positiva: ahora la gestión es mejor; todas las infracciones se persiguen, incluso en los tribunales ordinarios; y más de uno se lo pensará antes de mercadear con el agua. Es el efecto provechoso de la investigación de Fiscalía; aunque eso, lamentablemente, haya sido a costa de machacar a ciertas personas y de ensuciar la imagen de Murcia.

Los cuatro años de investigación de la Fiscalía sobre los robos en la Confederación Hidrográfica del Segura acaban sin culpables, pero dejan el estigma de los murcianos avariciosos de agua

El precio del agua va a subir y mucho, aunque por distintas vías según la región donde se resida. En la actualidad sólo hay una comunidad autónoma (Cataluña) que grava con un canon el consumo excesivo de agua, mientras que hay otras dos (País Vasco y Andalucía) que lo empezarán a cobrar a partir del 1 de enero de 2008.

No obstante, otras han empezado a diseñar instrumentos recaudatorios que cumplan con los dos principios que marca la Directiva Marco del Agua, que deberá estar transpuesta antes de 2010. La norma exige la unificación de los precios del agua en todos los países miembros (en España es tres veces inferior al de Francia, Gran Bretaña o Finlandia) y la repercusión exclusiva en el ciudadano y no en la administración de todos los costes derivados de extraer, depurar, trasladar y reciclar el agua.

Así, La Rioja ha empezado a aplicar un canon voluntario de saneamiento del agua para empresas, que se aplica desde el pasado 1 de enero. Este tributo se cobrará a los promotores públicos o privados que ejecuten obras industriales y decidan conectar sus vertidos a las redes de saneamiento públicas. Por su parte, Andalucía ha establecido en el borrador de la ley autonómica de aguas, que entrará en vigor el 1 de enero de 2008, una penalización para gravar el consumo excesivo de agua en campos de golf con 0,12 euros por metro cúbico no potable y 0,024 por metro cúbico de agua reutilizada.

La última en diseñar nuevos instrumentos ha sido Galicia, que prevé desarrollar a lo largo de este año un nuevo tributo, que estará vinculado, según el gobierno regional, a los propietarios de los terrenos localizados en los embalses. Lo que se recaude se destinará a reparar los daños medioambientales que se puedan producir en embalses o presas.

El resto de las comunidades, excepto Castilla y León, Extremadura, Canarias y Baleares, financian parte de sus obras a través de cánones de saneamiento, cuyo importe varía mucho en función de las regiones donde se aplica.

Por otro lado, la recuperación de costes a través de subidas directas del precio del agua ya se está haciendo en las regiones con fuertes déficit hídricos. Es el caso de la Mancomunidad de los Canales del Taiblilla, que abastece a 78 municipios de las provincias de Murcia, Alicante y Almería, donde el precio de la factura se ha elevado un 18% en 2007 para recuperar el dinero que supone incorporar el agua desalada a la red de abastecimiento.

A pesar de estas subidas, España está muy retrasada en la recuperación de costes, ya que solo hay tres comunidades (Cataluña, País Vasco y Andalucía) que aplican o tienen previsto aplicar recargos sobre los altos consumos.

Desde 2005, la Generalitat de Cataluña ha establecido un tercer tramo en la tasa que cobra desde 2000 por consumo excesivo. Si el consumo supera los 200 litros por habitante y día, cada metro cúbico de más se gravará con 1,72 euros. Por su parte, el País Vasco ha incluido un canon en su ley del agua, aprobada en junio de 2006, aunque no se empezará a aplicar hasta el 1 de enero de 2008. El impuesto establece un recargo de 0,6 euros por cada metro cúbico de consumo que supere los 130 litros por habitante y día.

La tasa en Andalucía, aún en fase de estudio, quedaría fijada en tres tramos. La penalización más alta será de 0,22 euros metro cúbico cuando el consumo pase de 150 litros por habitante y día, mientras que bajaría a 0,20 euros cuando oscile entre 100 y 150 por habitante y día. La Junta espera recaudar 100 millones de euros al año.

El caso singular de Aragón

Aragón es la autonomía que cobra el canon de saneamiento más caro entre todas las que aplican esta tasa para financiar la depuración de sus aguas residuales, con un fijo de 3,66 euros al mes para usos domésticos y un variable de 0,44 euros por metro cúbico de agua. Desde la consejería de Medio Ambiente reconocen que triplica a la de otras comunidades, pero que está justificado por la extensión, la dispersión del territorio y la baja densidad de población.

Según sus cálculos, en algunos municipios aragoneses son precisas 171 grandes obras para sanear las aguas residuales en un núcleo de población de 200.000 personas, cuando en otras comunidades basta una sola infraestructura para hacer lo mismo. No obstante, el mayor importe de este tributo se ve compensado por el precio del agua, uno de los más baratos en la comparativa regional (0,82 euros), catorce céntimos por debajo de la media.

Estas peculiaridades son las que han obligado al gobierno de Aragón a establecer una moratoria de cinco años para la aplicación del canon de saneamiento en el ayuntamiento de Zaragoza. De esta manera, los ciudadanos de la ciudad no sufrirán mayor presión fiscal por la actualización del canon de saneamiento hasta el 2013, como compensación por los pagos ya realizados y la asunción de todos los costes de las depuradoras de la ciudad.

Desde la llegada del Partido Socialista al Gobierno, han sido numerosos los cambios normativos acontecidos en materia de agua. Según el Ministerio de Medio Ambiente, en los dos años de la actual legislatura se han aprobado ocho Reales Decretos en relación a la gestión hídrica, lo que, en opinión del Ejecutivo, ha transformado notablemente el escenario político en torno a este sector.

El Ministerio de Medio Ambiente no se conforma con eso y actualmente, el Consejo Nacional del Agua tiene sobre la mesa un conjunto de propuestas de modificación de la Ley de Aguas que será el próximo paso a dar respecto al desarrollo normativo de la política hidráulica.

Las propuestas que ya han contado con el informe favorable de dicho Consejo son relativas a la gestión de las aguas subterráneas; la delimitación del dominio público hidráulico y la seguridad de las presas; así como los proyectos de decretos correspondientes a la nueva planificación hidrológica; a la delimitación de las demarcaciones hidrográficas y a la reutilización de las aguas residuales.

Además, están pendientes de estudio las propuestas que completan la prevista reforma de la Ley de Aguas, relativas a la creación de los bancos públicos de agua; el régimen económico financiero y la participación de las comunidades autónomas en la gestión del agua en las cuencas intercomunitarias.

Primeros pasos

Para contextualizar mejor la situación actual que se vive en torno al agua, es importante recordar el desarrollo normativo acontecido en esta materia desde el cambio de Gobierno que tuvo su inicio con la derogación del trasvase del Ebro.

Así, la primera norma aprobada en esta legislatura fue el Real Decreto-Ley 2/2004, de 18 de junio, por el que se modificaba la ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional, derogando la transferencia de agua desde el Ebro a las cuencas hidrográficas internas de Cataluña, del Júcar, Segura y del Sur, y donde se incorporaron dos nuevos anexos con el contenido detallado de la alternativa al trasvase. Dicho Decreto-Ley se tramitó posteriormente como ley, siendo objeto de un amplio debate parlamentario, y su contenido quedó incorporado en la Ley 11/2005, de 22 de junio.

En ésta, se incluían algunos principios básicos de la nueva política del agua en la que se basa el Programa AGUA: prioridad a la gestión eficiente del agua; actuaciones para garantizar más recursos, de mayor calidad y en el menor plazo posible; ahorro y modernización de abastecimientos de regadíos; potenciación de la reutilización de las aguas depuradas; desalinización en municipios del litoral; mayor control de los consumos y los vertidos; etcétera.

Sequía

Luego, el Gobierno tuvo que hacer frente a una de las sequías más severas registradas en España, durante el año hidrológico 2004-2005.

Las principales medidas normativas en este ámbito fueron las siguientes: Real Decreto Ley 10/2005, de 20 de junio, por el que se adoptaron medidas urgentes para paliar los daños producidos en el sector agrario por la sequía y otras adversidades climáticas; el Real Decreto 1265/2005, de 21 de octubre, por el que se adoptaron medidas administrativas excepcionales para la gestión de los recursos hidráulicos; el Real Decreto-Ley 15/2005, de 16 de diciembre, de medidas urgentes para la regulación de las transacciones de derechos de aprovechamiento de agua entre cuencas diferentes; el Real Decreto 287/2006, de 10 de marzo, sobre modernización de regadíos; y el Real Decreto-Ley 9/2006, de 15 de septiembre, por el que se adoptan medidas urgentes para paliar los daños producidos en las poblaciones y explotaciones agrarias de regadío en determinadas cuencas
hidrográficas.

Por último, llegó el turno de la transferencia de las competencias sobre cuencas internas a las comunidades autónomas. Para ello, el Gobierno aprobó dos Reales Decretos, el 2130/2004, de 29 de octubre y el 1560/2005, de 23 de diciembre.

Los agricultores alicantinos tendrán que apañárselas un mes más con el agua que les caiga del cielo o con las famélicas reservas de sus balsas. Los regantes del trasvase Tajo-Segura cerraron el pasado mes de diciembre un acuerdo con la Comunidad de Riego de Estremera, en el Alto Tajo, para comprarles 31 hectómetros cúbicos de agua que pagarán a 0,21 euros por metro cúbico.

El acuerdo ya está firmado, pues los términos son similares al convenio que rubricaron el año pasado y que supuso el primer intercambio de agua entre cuencas hidrográficas, una compra-venta de caudales que constituye el embrión de los bancos de agua que el Ministerio de Medio Ambiente quiere potenciar.

Sin embargo, la llegada de esos caudales, prevista para estas fechas, tendrá que esperar al menos hasta marzo. “Pensábamos que al tratarse de la renovación de un convenio no serían necesarios esos trámites, pero hasta que no tenga el visto bueno de la Confederación del Tajo no podremos recibir el agua”, confirmó ayer el vicepresidente de los regantes del trasvase, Manuel Richarte.

“Necesitamos el agua ya”
La transferencia no peligra y sólo falta concretar la fecha en la que se desembalsarán los 31 hectómetros cúbicos. Tampoco peligran los 11 hectómetros que el Gobierno se comprometió a trasvasar desde el Tajo hasta los regadíos del Segura a lo largo del primer trimestre del año, aunque tampoco está claro cuándo lo va a autorizar.

Los regantes no confían demasiado en ese recurso, si bien, Serrano insistió ayer en que “necesitamos el agua ya, porque el fruto está en esta época madurando en los árboles y si no se riega no va a tener el tamaño suficiente para su venta” y recordó que muchos de los cultivos que dependen del trasvase son invernaderos que recogen el agua de lluvia.

La Comisión de Explotación del trasvase Tajo-Segura recomendó ayer al Consejo de Ministros –que se reúne hoy– que autorice un trasvase de 22 hectómetros cúbicos este mes, once para abastecimiento humano y otros tantos para riego desde los embalses de la cabecera del Tajo a la cuenca del Segura.

Así lo anunció el director general del Agua, Jaime Palop, quien insistió en que, a pesar de las precipitaciones y nevadas caídas en la última semana, la sequía persiste, por tercer año consecutivo, en la cabecera del Tajo y en las cuencas del Júcar, Segura y Almanzora.

El director de Desarrollo Rural, Francisco Amarillo, reconoció que gracias a las últimas lluvias “en estos momentos no hay apremio” en las necesidades de agua en la agricultura, aunque a finales de febrero o principios de marzo “vamos a necesitar diez hectómetros cúbicos” para el mantenimiento del arbolado y su capacidad de producir.

El Consejo de Ministros autorizó ayer un trasvase de 22 hectómetros cúbicos desde la cabecera del Tajo al Segura, 11 para abastecimiento humano y otros tantos para riego. El envío de agua se realizará a finales de febrero.

La vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, recordó que desde el 19 de mayo de 2006 no se había autorizado ningún trasvase para regadío, “dada la delicada situación de los embalses de cabecera del Tajo”.

Para justificar la decisión del Consejo de Ministros, la vicepresidenta se refirió a la solidaridad entre las regiones y al equilibrio de sus intereses, un argumento similar que utilizan tanto desde el Ejecutivo autonómico de Murcia como desde la Generalitat Valenciana para reclamar el trasvase del Ebro.

Reconoció que estas decisiones “no son fáciles” y agregó que en ellas siempre “primaremos el interés general y lo armonizaremos en equilibrio con los intereses de los territorios”.

El consejero de Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro, por su parte, anunció que los servicios jurídicos de la Junta estudiarán el proceso a seguir de cara a presentar un posible recurso contencioso-administrativo.

El consejero recordó que no sería la primera vez que se gana y se da la razón a Castilla-La Mancha , aunque lo que suele pasar, indicó, es que se da la razón a la región cuando han pasado años. Guijarro cree antes de llevar agua a Murcia o Valencia, debería ir a Las Tablas de Daimiel.

Según la referencia del Gobierno, la humedad actual del suelo permite disponer de un margen temporal para enviar el agua con destinos agrícolas, que sería necesario que estuviera en destino entre finales de este mes y principios de marzo.

Con la decisión tomada, se garantiza el abastecimiento a la población de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla (2,5 millones de personas de 79 municipios de Murcia, Alicante y Albacete) y a numerosos municipios almerienses.

La referencia del Consejo afirma que, a pesar de las últimas lluvias, los embalses de la cabecera del Tajo se sitúan cerca de los 306 hectómetros cúbicos, cifra superior a los 240 establecidos como límite en el Plan Hidrológico Nacional, por debajo de la cual está prohibido trasvasar.

MURCIA. El presidente de la Región de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, dio la bienvenida a lo que denominó como un «hilico de agua», al envío de 11 hectómetros cúbicos para riego autorizados el viernes por el Consejo de Ministros, «después de nueve meses y seis trasvases cero». Valcárcel atribuyó a la «presión» ejercida por los regantes la decisión adoptada el viernes, así como «al trabajo y a los informes elaborados por el Sindicato Central del Acueducto Tajo-Segura».

Para el jefe del Ejecutivo murciano, todo ello permitió que, «por fin, hayan podido convencer a la ministra de Agricultura, Elena Espinosa, de la importancia de la agricultura murciana», informa Ep.

Ni un día más

El desembalse autorizado el viernes es el primero que se produce desde mayo de 2006, y la cantidad autorizada es inferior a la solicitada por los regantes para febrero (60 hectómetros cúbicos).

En este sentido, Valcárcel aseguró que «la agricultura murciana necesita agua urgentemente, y no puede esperar ni un día más, porque cada día que pasa se secan los árboles, se pierden cosechas y se sobreexplotan, aún más, los acuíferos subterráneos». Una situación que calificó de «dañina para el medio ambiente».

El jefe del Ejecutivo murciano pidió «soluciones concretas ante la escasez de recursos y aportaciones de agua», porque explicó que «la cuenca del Segura sufre un déficit hídrico estructural que sólo se soluciona con aportaciones externas».

A su vez, Valcárcel recordó las palabras del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en el último debate sobre el Estado de la Nación, de mayo de 2006, en las que aseguró que «en siete meses acabaría con los problemas de la sequía para siempre», y se preguntó si «la solución era el hilico aprobado el viernes y retrasado un mes por motivos puramente políticos».

El presidente murciano recordó «los años dorados» del trasvase Tajo-Segura, en referencia a la década 1995-2005, cuando recibía una media de 350 hectómetros cúbicos, frente a los 20 hectómetros que se recibieron en todo el año pasado, «a un precio mucho más caro». Valcárcel pidió al Gobierno de Zapatero «mayor contundencia a la hora de defender el trasvase».

El Gobierno de Rodríguez Zapatero dio luz verde al primer desembalse para riego procedente de la cabecera del Tajo desde mayo, dentro de una sequía que sigue marcando récords: en los 28 años de funcionamiento del acueducto la cuenca del Segura nunca había recibido tan poca agua a estas alturas del ejercicio hidrológico.

Como estaba previsto, el Gobierno central también ha autorizado 11 hm3 para los abastecimientos de febrero de 2,5 millones de habitantes de Murcia, Alicante y Albacete; así como de varios municipios de Almería oriental.

El presidente del Sindicato de Regantes del Tajo-Segura, Francisco del Amor, quiere que el agua autorizada se envíe lo antes posible al Segura, en lugar de esperar a final de mes, como proponen los ministerios de Agricultura y Medio Ambiente. La cantidad de 11 hm3 (9,54 en destino) es muy inferior a lo solicitada para febrero, que sumaba 24 en origen. Del Amor explicó ayer a esta Redacción que las 80 comunidades de regantes sólo podrán disponer de 80 a 90 m3 por hectárea, cuando la media mensual supera los 400 m3.

‘La decisión que ha tomado el Gobierno demuestra que el Trasvase sigue vivo, que es lo que venimos manteniendo. Con esto intentaremos solucionar algo, pero estamos en la UCI, alargando la agonía que padecemos’, declaró Del Amor.

Confía en que la próxima reunión de la Comisión, dentro de un mes, la situación de los embalses de la cabecera sea distinta y se puede derivar más agua, ya que el Sindicato Central mantiene su petición de 60 hm3 para tres meses de riego. ‘Esperamos que se rompa la famosa barrera que deja la decisión en manos del Consejo de Ministros -que decide cuando hay menos de 460 hm3 almacenados, según la época del año. De esta forma dejaremos de depender de decisiones políticas y funcionará la regla técnica de explotación como marca la ley’.

Los regantes del Trasvase afrontan el tercer año de sequía, y sienten que se ven obligados a sobreexplotar los pozos para compensar en parte el agua que no reciben del Tajo. De esta forma, están extrayendo entre 800.000 y 900.000 m3 cada semana con los sondeos abiertos en la cuenca del Segura: casi 30 hm3 por mes.

El Sindicato tiene pendiente además la compra de 31 hectómetros a los agricultores de Estremeras (Madrid), que ceden sus concesiones del Tajo para este año.

De la Vega: ‘No es fácil’

La vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, aludió ayer a la solidaridad entre las regiones y al equilibrio de sus intereses para justificar el envío autorizado por el Consejo de Ministros.

Recordó que desde mayo no se había aprobado ningún desembalse para regadíos debido a la ‘delicada’ situación de los embalses de cabecera. Añadió que el agua se enviará a finales del mes, que será cuando más falta haga para mantener el arbolado, ya que en la actualidad la humedad del suelo debido a las recientes lluvias permiten un margen de tiempo.

Reconoció que estas decisiones, que afectan a dos o más comunidades, ‘no son fáciles’, y agregó siempre ‘primaremos el interés general y lo armonizaremos en equilibrio con los intereses de los territorios’. Agregó que el Gobierno mantiene su esfuerzo inversor y de gestión para evitar cortes de suministro de agua a las ciudades de la Comunidad Valenciana y Murcia, ‘que sufren el tercer año de sequía’.

Los regantes recibieron el pasado año hidrológico 38 hm3 en dos riegos de socorro autorizados en diciembre y mayo. La situación ahora en la cabecera del Tajo es similar, ya que las reservas alcanzan los 306 hectómetros, 66 por encima de la barrera que impide desembalsar agua. Conforme avanza la sequía se pulverizan los registros, ya que no se conoce una situación similar en la zona de cabecera desde el año 1912.