La entrada en vigor hoy del Real Decreto por el que se regula la composición y funcionamiento de los Comités de Autoridades Competentes de las demarcaciones hidrográficas con cuencas intercomunitarias permitirá a Castilla-La Mancha contar con un representante en estas comisiones.

De este modo, Castilla la Mancha contará con representantes en las demarcaciones hidrográficas del Guadiana, Tajo, Duero, Guadalquivir, Segura, Júcar y Ebro.

La aprobación de este Real Decreto se enmarca dentro de lo recogido en la Ley de Aguas, que disponía la existencia en el caso de las demarcaciones hidrográficas con cuencas intercomunitarias, de un órgano de cooperación denominado Comité de Autoridades Competentes.

La creación del Comité de Autoridades Competentes de la demarcación hidrográfica no afectará a la titularidad de las competencias que en las materias relacionadas con la gestión de las aguas correspondan a las distintas Administraciones Públicas, que continuarán ejerciéndose de acuerdo con lo previsto.

El Comité de Autoridades Competentes de cada demarcación hidrográfica con cuencas intercomunitarias estará constituido por el presidente y un secretario, que serán los del organismo de cuenca, mientras que en el caso de los vocales la distribución variará en función de cada caso.

El funcionamiento de estos Comités de Autoridades Competentes también ha quedado regulado y establece que actuará ordinariamente en pleno, que se reunirá al menos dos veces al año.

El Comité de Autoridades Competentes tendrá como funciones básicas favorecer la cooperación en el ejercicio de las competencias relacionadas con la protección de las aguas que ostenten las distintas Administraciones públicas en el seno de la respectiva demarcación hidrográfica.

En relación a la cooperación directa en el ejercicio de las competencias relacionadas con la protección de las aguas serán cometidos suyos favorecer la cooperación en la elaboración de planes y programas, impulsar la adopción de acuerdos y convenios entre las distintas Administraciones Públicas y supervisar la actualización del Registro de Zonas Protegidas.

En el proceso de planificación hidrológica tendrán como misión facilitar y garantizar la aportación de información requerida por el Consejo del Agua de la demarcación para la elaboración de los planes hidrológicos de la cuenca y facilitar la cooperación para la elaboración del esquema sobre los temas importantes de la planificación hidrológica.

Igualmente, serán cometidos suyos la elaboración de los programas de medidas y su incorporación al Plan Hidrológico de cada una de las demarcaciones hidrográficas.

La entrada en vigor ayer del Real Decreto por el que se regula la composición y funcionamiento de los Comités de Autoridades Competentes de las demarcaciones hidrográficas con cuencas intercomunitarias permitirá a Castilla-La Mancha contar con un representante en estas comisiones. De este modo, Castilla-La Mancha contará con representantes en las demarcaciones hidrográficas del Guadiana, Tajo, Duero, Guadalquivir, Segura, Júcar y Ebro.
La aprobación de este Real Decreto se enmarca dentro de lo recogido en la Ley de Aguas, que disponía la existencia en el caso de las demarcaciones hidrográficas con cuencas intercomunitarias, de un órgano de cooperación denominado Comité de Autoridades Competentes.
La creación del Comité de Autoridades Competentes de la demarcación hidrográfica no afectará a la titularidad de las competencias que en las materias relacionadas con la gestión de las aguas correspondan a las distintas Administraciones Públicas, que continuarán ejerciéndose de acuerdo con lo previsto.
El Comité de Autoridades Competentes de cada demarcación hidrográfica con cuencas intercomunitarias estará constituido por el presidente y un secretario, que serán los del organismo de cuenca, mientras que en el caso de los vocales la distribución variará en función de cada caso.
El Comité de Autoridades Competentes tendrá como funciones básicas favorecer la cooperación en el ejercicio de las competencias relacionadas con la protección de las aguas que ostenten las distintas Administraciones públicas en el seno de la respectiva demarcación hidrográfica. o

VALENCIA. El Consejo de Ministros autorizó ayer un trasvase de 22 hectómetros cúbicos desde la cabecera del Tajo-Segura, once para abastecimiento humano y otros tantos para riego, para la cuenca del Segura en febrero. Así lo anunció la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, quien se refirió a la solidaridad entre las regiones y al equilibrio de sus intereses.

Recordó que desde mayo de 2006 no se había autorizado ningún trasvase para regadío, «dada la delicada situación de los embalses de cabecera del Tajo» y explicó que que la aportación decidida se hará efectiva a finales de febrero y contribuirá a paliar los efectos de la sequía sobre los agricultores de la cuenca del Segura.

Reconoció que estas decisiones, que afectan a dos o más comunidades, «no son fáciles» y agregó que en ellas siempre «primaremos el interés general y lo armonizaremos en equilibrio con los intereses de los territorios».

Día de los Humedales

Por otro lado, Generalitat y Ministerio de Medio Ambiente celebraron ayer, por separado pero ambas instituciones en la Albufera de Valencia, el Día Mundial de los Humedales.

De esta forma, el conseller de Territorio y Vivienda, Esteban González Pos, quien inauguró las obras de regeneración del Ullal de Baldoví, anunció que destinará el 1% de los presupuestos de la Administración autonómica del próximo año a actuaciones para prevenir el cambio climático.

Por su parte, el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Juan José Moragues, destacó el «uso científico, educativo y público» que permitirá la recuperación del hábitat natural de 40 hectáreas del Parque Natural de la Albufera de Valencia, en una zona conocida como el Tancat de la Pipa, en la que se invertirá 6,8 millones de euros.

Además, aseguró que «todo el sistema del Júcar tiene ahora 180 hectómetros cúbicos de agua», lo que supone 75 más que en septiembre, cuando tenía 105. Moragues atribuyó este aumento del agua disponible al «esfuerzo de los usuarios, a los ajustes diarios de los desembalses y a las lluvias de estos últimos días que se están aprovechando».

A falta aún de terminar de procesar los datos totales la Junta Central de Regantes de la Mancha Oriental (JCRMO) ya cuenta con una estimación de las solicitudes presentadas por los agricultores del tramo medio del río Júcar a la Oferta Pública de Adquisición (OPA) de hasta el 60% de los derecho de los regantes a extraer agua del acuífero.

Según indicó el presidente de la JCRMO en las oficinas de esta organización las solicitudes tramitadas alcanzan aproximadamente un 65% del volumen total de agua que se pretendía ahorrar. En este sentido González recordó que con la OPA emitida por la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) se pretendía conseguir un ahorro de hasta 55 hectómetros.

De esta forma sólo las solicitudes presentadas a través de la JCRMO podrían alcanzar unos 35,7 hectómetros cúbicos si todas ellas cumplen finalmente los requisitos y son ratificadas por la Confederación una vez que el próximo día 15 de febrero se abran las ofertas emitidas.

No obstante, el presidente de los regantes albaceteños insistió en que no se trata de datos reales sino sólo de aproximaciones y que en todo caso hay que tener en cuenta aquellas peticiones que hayan llegado directamente a la Confederación.

«Se ha demostrado una vez más la gran responsabilidad de los agricultores» apuntó González valorando positivamente que una amplia mayoría de los regantes a los que iba dirigida esta OPA se hayan adherido a la misma.

Aún así quiso dejar claro que en ningún caso los regantes han hecho «un gran negocio» con esta cesión temporal de derechos con fines medioambientales. «Si hubiese sido un negocio se hubiese sumado el 150% de los agricultores», dijo lanzando a la par un claro mensaje a los regantes y la opinión pública levantina. «Si no se han sumado todos los regantes será porque la agricultura de Albacete es más rentable de lo que se piensa y porque los agricultores albaceteños, en contra de lo que se dice, no sólo vivimos de las subvenciones», afirmó.

Comisión de Sequía

Por otra parte, González explicó que será el próximo día 15 de febrero cuando se reuna la Comisión de Sequía para analizar la situación de la cuenca y establecer las restricciones oportunas. Restricciones que desde la JCRMO ya vaticinan que no será inferior al 45%.

La que sí se ha producido, esta misma semana, es la reunión de la Junta de Gobierno de la JCRMO. En la misma se analizaron, entre otras cuestiones, la cesión de terrenos por parte del Ayuntamiento de Albacete para ubicar la futura sede de la Junta Central. La cesión del solar, en el entorno del centro comercial Albacenter, se producirá previsiblemente este mes de febrero. Asimismo la Junta de Gobierno abordó el proceso de la segunda fase de la sustitución de bombeos que ya se encuentra en el «penúltimo trámite» para cerrar el proyecto básico. González recordó que las previsiones de la Administración eran que a finales de febrero estuviese terminado el proyecto básico y a finales de junio se tuviese licitada la redacción de proyecto y ejecución de obra. Aunque se trata de previsiones que podrían variar así como ha variado el propio proyecto en cuanto a zona y agricultores beneficiados.

MURCIA. El Ministerio de Medio Ambiente le ha mandado un mensaje al Gobierno de Castilla-La Mancha: el trasvase Tajo-Segura sigue vivo y coleando, pese al pacto de José María Barreda y María Dolores de Cospedal para reducir el uso del acueducto hasta su extinción en 2015. Tres días después de que se aprobara en las Cortes de Toledo la reforma del Estatuto, la Comisión de Explotación del Trasvase Tajo-Segura reunida ayer en Madrid dejó en evidencia al PSOE y PP de Castilla-La Mancha, al proponer un riego de socorro de 11 hectómetros para los regadíos de la cuenca del segura. Asimismo, se ha propuesto otra cantidad similar para los abastecimientos de Murcia, sur de Alicante y parte de Almería.

Ahora hay que esperar a que el Consejo de Ministros autorice hoy esa petición, o la retrase, ya que el mes pasado no aprobó el desembalse para los regadíos pese a la propuesta de la misma Comisión de Explotación. En este caso, y pese a que se han regisrtrado lluvias y nevadas en la Región de Murcia, los directores generales del Agua y de Desarrollo Rural, Jaime Palop y Francisco Amarillo, respectivamente, explicaron ayer que el envío para los regadíos será necesario a finales de mes o principios de marzo para el mantenimiento del arbolado. Palop apuntó en este sentido que la cuenca del Segura sigue sufriendo su tercer año de sequía, además de la cabecera del Tajo, del Júcar y del Almanzora (Almería).

La propuesta de los 11 hectómetros es muy inferior a los 60 hectómetros que han solicitado los regantes para los tres próximos meses. Estos no reciben desembalses de la cabecera del Tajo desde junio de 2006.

305 hectómetros en la cabecera

El Gobierno de Castilla-La Mancha, por su parte, volvió ayer a mostrar su rechazo al envío de agua desde la cabecera del Tajo -que acumula 305 hectómetros- para los regadíos del Levante. Así, el consejero de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, José Luis Martínez Guijarro, consideró «paradójico» que se esté hablando de riegos de socorro en materia de abastecimiento de agua en la zona del Levante y Murcia «cuando, hace pocos días, los frutales han estado con varios centímetros de nieve». Por ello, afirmó que «no es el momento de hablar de riegos de socorro cuando la propia naturaleza ha actuado en ese sentido».

Mientras, el consejero de Agricultura de Murcia aseguró que «necesitamos agua para regar, ya», y confió en que hoy no suceda lo mismo que el mes pasado, cuando el Consejo de Ministros no autorizó el desambelse para los cultivos. Explicó que «los regadíos necesitan urgentemente agua para poder sobrevivir, porque ni son de secano, ni tienen subvención». Aludió a los seis trasvases cero para regadío que ha sufrido el campo murciano en el último periodo. Según Cerdá, «cuando se aplica la ley del Tajo-Segura no hay volúmenes para trasvasar; sin embargo si se paga dos o tres veces más cara sí que hay agua», señaló en referencia a Estremera y al Canal de las Aves en la cuenca del Tajo. Demandó en este sentido que «si no hay uso del agua, se revisen las concesiones, algunas ancestrales y caciquiles», y que «el agua que sobre se mande allí donde falta».

De “dramáticas” calificó ayer el director general de Desarrollo Rural del Ministerio de Medio Ambiente, Francisco Amarillo, las condiciones de los agricultores que dependen del agua del trasvase Tajo-Segura para poder regar sus cultivos. Sin embargo, el director general del Agua, Jaime Palop, aseguró que “no hay apremio” en las necesidades de agua en los regadíos del sur de la Comunitat, tras la celebración de la reunión de la Comisión de Explotación del Trasvase Tajo-Segura.

Esta entidad, que depende del Ministerio de Medio Ambiente y donde están representados los usuarios, recomendó ayer al Consejo de Ministros que se reúne hoy que autorice 11 hectómetros cúbicos para abastecimiento humano y la misma cantidad para riego, “para que lleguen a destino 10”.

Palop calificó la situación actual como “simétrica a la del pasado año” ya que los pantanos de Entrepeñas y Buendía, en la cabecera del Tajo, tienen almacenados 305 hectómetros cúbicos, la misma cantidad que en enero de 2006.

A finales de febrero
El director general del Agua aseguró que no hay prisa para trasvasar agua a la agricultura, y a continuación dijo que a finales de febrero o principios de marzo “vamos a necesitar 10 hectómetros cúbicos” para el mantenimiento del arbolado y su capacidad de producir. Es decir, no ve urgencia en el trasvase para riego, pero advierte que dentro de un mes habrá que autorizarlo para salvar el arbolado de los cultivos del sur de la Comunitat.

Será el Consejo de Ministros el que tome la decisión en la reunión que se celebra hoy. Además, tendrá que discutir si aprueba el trasvase de 11 hectómetros cúbicos más para el abastecimiento humano, diez para la Mancomunidad de Canales del Taibilla, que suministra a 32 municipios alicantinos.

Según Palop, a pesar de las precipitaciones y nevadas caídas en la última semana, la sequía persiste, por tercer año consecutivo, en la cabecera del Tajo y en las cuencas del Júcar y del Segura. El director general del Agua señaló además que la decisión de petición del trasvase estuvo presidida por “el principio de la prudencia”.

Los regantes ya no confían en el agua que les debería llegar del trasvase. El vicepresidente del Sindicato Central de Regantes de Trasvase Tajo-Segura, Manuel Serrano Richarte, aseguró ayer que el agua de la conducción “la necesitamos ya”. Justificó esta demanda porque el fruto está en esta época madurando en los árboles y si no se riega no va a tener el tamaño suficiente para su venta. Además, recordó que muchos de los cultivos que dependen del trasvase son invernaderos que no pueden aprovecharse del agua de lluvia.

Serrano lamentó que desde el Ministerio de Medio Ambiente no crean que haya urgencia en el trasvase para riego porque los 31 hectómetros cúbicos que han comprado a la comunidad de regantes de Estremera, en Castilla-La Mancha, no llegarán hasta principios de marzo. “Nos hubiera venido muy bien un poco de agua para regar los campos este mes”, dijo el representante de los regantes.

La compra de agua a otras comunidades de regantes, principalmente del Tajo, se ha convertido en algo habitual. Los agricultores que dependen del suministro hídrico que llega desde la conducción del trasvase Tajo-Segura ya no confían en ella. Hace casi un año que los regantes no reciben ninguna trasferencia de agua desde la cabecera del Tajo y por ello han tenido que recurrir a la adquisición de derechos de agua.

Francisco Amarillo sí reconoció “el esfuerzo enorme para economizar agua” que están llevando a cabo los agricultores valencianos y murcianos que dependen del trasvase. Palop también se refirió a ese esfuerzo realizado para ahorrar agua por parte de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla y al empleo eficaz del agua que se autoriza trasvasar. Sin embargo, aseguró que se va a poner en marcha una campaña de concienciación ciudadana para que los alicantinos ahorren más todavía

El presidente de la Federación Nacional de Comunidades de Regantes (FENACORE), Andrés del Campo, manifestó hoy, ante las reformas estatutarias que dice pretenden «blindar» el agua de los ríos que pasan por sus territorios, que la planificación hidrológica nacional es competencia «única» y «exclusiva» del Estado central.

Del Campo se pronunciaba así en un comunicado sobre las propuesta de reforma del Estatuto de Castilla-La Mancha, que dice reconoce en su texto el derecho del Estado y de la comunidad a velar para que el volumen de agua trasvasable desde el Tajo al Segura se reduzca progresivamente hasta su definitiva extinción en 2015.

El presidente de FENACORE afirmó que es un «error político» que los recientes estatutos de autonomía de las distintas comunidades autónomas entren a regular una competencia exclusiva del Estado, ya que las competencias sobre cuencas intercomunitarias no pertenecen a las regiones, sino al Estado central, tal como reconoce la Ley de Aguas y la Constitución española en sus artículos 149 y 45.2.

En este sentido, Del Campo señaló en que «los ríos que atraviesan varias comunidades autónomas, con independencia del color y signo del partido que las gobierne, deben ser planificados y gestionados por el Estado, con el fin de evitar la instrumentalización del uso del agua, que sólo conduce a hipotecar los ríos existentes y a provocar guerras del agua».

Según Andrés del Campo, «las obras de regulación y los trasvases intercuencas, así como otras medidas relacionadas con la gestión de la demanda, como la modernización de regadíos, la reutilización de aguas depuradas, la explotación de acuíferos o la desalación, son necesarias ahora más que nunca para garantizar el suministro de agua en épocas de sequía».

Según Del Campo, los problemas de sequía «se agudizarán aún más ante la posibilidad de un cambio climático, con lluvias torrenciales y espaciadas en el tiempo que hagan inviable el suministro de agua para los distintos usos, si no se encuentra almacenada».

El presidente de FENACORE afirmó que «la contaminación política del agua ha causado durante estos últimos años desencuentros poco afortunados entre las distintas administraciones públicas y un gran perjuicio para los propios usuarios por el retraso que supone para la planificación hidrológica nacional».

Agregó que «el agua es una cuestión de estado que debe quedar fuera del debate partidario», al tiempo que señaló que «las obras hidráulicas (embalses, trasvases, desaladoras) tienen un periodo de maduración muy largo, superior a una legislatura, y su explotación debe tener una continuidad».

«El agua es un problema que nos afecta a todos y, por ello, no podemos permitirnos que el agua genere discrepancias entre comunidades», según Del Campo, que consideró que «entre todos debemos esforzarnos por conocer los problemas particulares del agua de las regiones y cuencas vecinas, hacerlos nuestros y apoyar las soluciones con solidaridad».

La organización Ecologistas en Acción recordó hoy en un comunicado que «siguen abiertos varios procedimientos sancionadores y penales por robos de agua», en relación al sobreseimiento de las diligencias pedido por el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Murcia.

Según Ecologistas en Acción, el escrito del fiscal «ratifica la situación de irregularidades en las aguas subterráneas, el descontrol y mala gestión de la Confederación», como ha denunciado «reiteradamente» esta organización.

El escrito del fiscal-jefe, enviado al Juzgado de Instrucción número 7 de Murcia, que abrió diligencias contra ex altos cargos de este órgano de cuenca sobre la supuesta trama para la detracción ilegal de agua, pide que se investigue por separado, en los juzgados a los que corresponda, cada caso en particular.

Para Ecologistas en Acción, «no hay motivos para la alegría o el escarnio de personas que ejercieron cargos de responsabilidad y están siendo investigados o han sido acusados por la justicia».

Además, recuerdan que «el fiscal jefe apunta que la adecuada persecución penal de los hechos debe hacerse a través del fraude al uso del agua y la demostración en casos concretos de omisiones y autorizaciones constitutivas de prevaricación».

En ese sentido, señalaron que el escrito «recoge 1.686 expedientes sancionadores por irregularidades en las aguas subterráneas que habían sido archivados en la CHS».

«Lejos de negar la realidad de una tramitación nefasta o anormal, el fiscal ratifica la existencia de estos numerosos usos irregulares así como la falta de diligencia de la Confederación en la aplicación de las correspondientes sanciones, aunque dicha falta de diligencia alcance responsabilidades administrativas y no penales», añadió Ecologistas en Acción.

La organización ecologista informó también de que la Fiscalía «determina el envío a los juzgados de instrucción de las diferentes irregularidades contenidas en el sumario inicial», y aseguró que seguirá las investigaciones judiciales «muy de cerca» para «impulsar su esclarecimiento».

Al respecto, se refirieron a procedimientos como un eventual «uso ilegal de agua en los Llanos de Salafranca (junto a Carrascoy); el de agua de pozo para agricultura en el campo de golf de La Peraleja (Sucina), la relativa a la comunidad de regantes Ascoy-Benís y Carrasquilla, y otra a propietarios de la finca El Chopillo».

Por otro lado, la organización exigirá la celebración del juicio oral por la contaminación «consentida» al río Segura a su paso por Murcia.

Desde Ecologistas en Acción «consideramos que el descontrol en las aguas subterráneas constituye uno de los principales obstáculos para un uso sostenible del agua en esta cuenca», añade el comunicado, en el que piden auditar y reforzar el control de todos los usos del agua, en especial de la subterránea y de la procedente del trasvase Tajo-Segura.

La organización también reclama dar prioridad a las políticas de control en la demanda, con la eliminación de los regadíos ilegales y otros usos irregulares del agua, pide un freno a las urbanizaciones y campos de golf, al tiempo que propone una reforma institucional de la CHS, con control democrático de las decisiones.

La Comisión de Explotación del Acueducto Tajo-Segura se reunirá hoy en las dependencias del Ministerio de Medio Ambiente y bajo la presidencia del director general del Agua, Jaime Palop, para estudiar la idoneidad de enviar un riego de socorro a Murcia, Alicante y Almería. De aprobarse, se trataría del primer trasvase para regar desde que en mayo del año pasado el Consejo de Ministros derivara 20 hectómetros cúbicos que se consumieron en mayo. Ante dicha posibilidad, Juan José Alcalá, alcalde de Sacedón, principal localidad de la cabecera del Tajo, aseguró que dicho trasvase pondría en peligro no sólo el abastecimiento de la comarca ribereña sino a todo el Levante

El presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, confirmó hoy que espera que en las Cortes Generales, y en relación al establecimiento de la fecha de caducidad del trasvase Tajo-Segura que recoge el Estatuto de Autonomía regional, «sean respetuosos con una propuesta que se hace por unanimidad, no es un capricho mío», sino la voluntad de la ciudadanía, y así se ha decidido y aprobado en el Parlamento regional, con el acuerdo de PP y PSOE.

En una entrevista en el programa ‘Espejo Público’ de Antena3 que recoge Europa Press, Barreda dijo que el agua de los ríos es de todos los españoles, pero «también de los castellano-manchegos», y explicó que el Tajo «ya tiene hipotecas y está blindado» y «a favor de otro río, el Segura».

Insistió en que no hace «demagogia barata» porque el problema es que el agua «no sobra» y en un año de sequía como éste y sobre todo como el anterior, se pone manifiesto la vulnerabilidad del sistema. «No nos sobra el agua», no la podemos dejar correr porque la necesitamos para beber», que «también somos españoles».

En este sentido, lo que se planteó en su momento con el trasvase Tajo-Segura, dijo el presidente regional, era sacar el agua de una cuenca y llevarlo a otra deficitaria para el desarrollo sostenible del Levante español, que no se puede basar ‘sine die’ en esta situación.

Más, continuó, si se tiene en cuenta que en Castilla-La Mancha «tenemos prioridad» por ser la cuenca cedente. Ahora, continuó, «nosotros necesitamos ese agua porque estamos creciendo y pronto seremos dos millones de castellano-manchegos» y por tanto, la escasez de agua no puede ser factor limitante «de nuestro crecimiento y desarrollo».

Por eso, en Levante hay que hacer un esfuerzo importante para adecuar sus planteamientos de crecimiento y desarrollo, que no se puede basar en un recurso «que no disponen y del que no tienen prioridad», y «no es cuestión de precio ni de nada».

El trasvase, recordó, se concibe en un momento con posibilidades «diferentes a las de ahora», y por eso, «no es de recibo que se saque el agua de un lugar, La Mancha, que significa ‘la seca’, para llevarlo a otro lugar».

En 2015 habrá alternativas

Por eso, y acerca del establecimiento de la fecha de caducidad en 2015 del trasvase Tajo-Segura, que recoge el Estatuto de Autonomía que el lunes aprobaron las Cortes de Castilla-La Mancha y cuyo texto se registrará mañana en el Congreso de los Diputados, Barreda confirmó que para entonces «ya estarán previstas las alternativas» para Levante, como las desaladoras, ya que en Murcia y Valencia tienen una posibilidad, como es el mar, que no existe en la región.

El agua de los ríos es de todos los españoles, insistió el presidente regional, pero también «de todos los ríos», porque la falacia de ríos intra e intercomunitarios, manifestó, «no me vale» porque el ciclo del agua es único.

Barreda dijo al respecto y en relación al concepto de caudal mínimo de un río, que pretende que el agua del Tajo baje en cantidad y calidad suficiente para que haya vida en el río, porque ahora «no ocurre». Recordó que «de pequeños» se enseñaba en la escuela que el río Tajo acaba en el Atlántico, no en el Mediterráneo, y ahora, el Tajo a su paso por la localidad madrileña de Aranjuez debería al menos llevar seis metros cúbicos por segundo «y no los lleva».

Además, condenó el presidente castellano-manchego el río Tajo a su paso por Toledo presenta un caudal «escaso y de mala calidad, frente al canal artificial que deriva el agua del Tajo al Segura, que lleva 20 metros cúbicos por segundo, algo que calificó de «aberrante».

Se trata, a su juicio, de «injusticias» que «no soporto», ya que cuando se concibe ese proyecto «no se piensa en nosotros» sino que «se pasa» y se da la «insoportable» paradoja de que la derivación de agua pase por encima de algunos pueblos de la provincia de Cuenca «sin dejar una sola gota de agua» e incluso haya que abastecerlo con cisternas.

Así, insistió el presidente regional en que no acepta que la escasez de agua «sea para nosotros un factor limitante del desarrollo» de Castilla-La Mancha. Por ello, incidió en que «no se pueden blindar los ríos, pero tampoco desviar» con los planteamientos actuales de desarrollo sostenible que existen y las directivas marco de agua.

En Castilla-La Mancha, dijo por último, se está haciendo una gran reconversión, con el Plan Especial del Alto Guadiana, que supondrá dejar de regar cientos de hectáreas, algo que se hace «con mucho esfuerzo y a costa de los agricultores» y esto «se puede y se debe hacer en Murcia».

La Junta de Gobierno de la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) aprobó el Régimen de explotación para el año 2007 del Acuífero de la Mancha Occidental, que incluye 260 hectómetros cúbicos para toda la zona. El perímetro al que afecta este régimen de explotación incluye un perímetro definido por la poligonal de los vértices conformados por las poblaciones de Alcázar de San Juan, Las Pedroñeras, San Clemente, Entronque carretera Villarrobledo-Munera con ramal a Sotuélamos, Membrilla, Valdepeñas,Cruce carretera Daimiel-Valdepeñas y Manzanares-Moral, Bolaños de Calatrava, Carrión de Calatrava, Malagón, Villarrubia de los Ojos y Puerto Lápice.

En la reunión, realizada en la sede de la CHG en Badajoz, se dispone de diversas medidas para este Régimen de extracciones y entre las que destaca que para regadío se podrá realizar una extracción máxima de 200 hectómetros cúbicos. Este uso agrícola fue distribuido en 56 hectómetros cúbicos para el riego de viñedo, lo que supone una dotación de 800 metros cúbicos por hétarea plantada .

Asimismo, la Confederación establece un máximo de 30 hectómetros cúbicos para el abastecimiento de población.

El resto, hasta los 260 hectómetros cúbicos disponibles en la zona, se destinan «a la recuperación de los niveles piezométricos, así como para atender las demandas para uso domésticos, industriales y ganaderos», informó el Ministerio de Medio Ambiente a través de una nota de prensa.

Características.

Por otra parte, la CHG advierte que, con carácter de excepcionalidad para el Régimen de Explotación del año 2007, se podrán concentrar en uno o varios aprovechamientos de un mismo término municipal, los recursos que como consecuencia de la aplicación de este Régimen correspondan al titular de los derechos al uso del agua. Esta concentración serviría para permitir una explotación racional de los recursos hídricos y con el fin de alcanzar una agricultura sostenible que permita una adecuada rotación en los cultivos. Este documento delimita las condiciones en que podrán llevarse a cabo las acumulaciones.

Para el cálculo de los volúmenes de agua utilizados se estará en lo dispuesto en el Plan de Ordenación de las Extracciones. Cuando la valoración se realice mediante contadores o procedimientos análogos, solamente tendrá validez si la lectura inicial se ha efectuado con anterioridad al inicio de la campaña de riego y está debidamente certificada por la Comunidad de Regantes o comprobada por el Servicio de Vigilancia de la Confederación. En lo que respecta a las labores de limpieza de los pozos se aplicará también lo recogido en el Plan.

Este Régimen de Explotación, tendrá validez para el año 2007, pudiendo prorrogarse anualmente, por acuerdo de la Junta de Gobierno, hasta la entrada en vigor del Plan Especial del Alto Guadiana. No obstante, podrá ser modificado si la evolución del acuífero experimentase modificaciones, o fuesen necesarios la protección y aseguramiento de los abastecimientos urbanos.