La batalla por el agua entre Castilla–La Mancha, la Comunitat Valenciana y Murcia no ha hecho más que empezar. El nuevo Estatuto manchego, pactado por el PSOE y el PP, se prepara para iniciar su tramitación en el Congreso de los Diputados, donde populares y socialistas valencianos esperan que se modifique en lo que respecta a la fecha de caducidad del trasvase Tajo-Segura. Si no es así, el PP valenciano y el Gobierno murciano ya han advertido de que podrían presentar un recurso de inconstitucionalidad contra el texto.

Pero los responsables de la reforma ya han advertido de que, por mucha apelación al Tribunal Constitucional, no van a modificar su nuevo Estatuto. De hecho, defienden su plena constitucionalidad y justifican la decisión sobre el fin del canal Tajo-Segura en que eso es lo que quieren los ciudadanos de Castilla–La Mancha.

Además, como afirmó ayer el presidente de la Comunidad, esperan que las Cortes Generales (Congreso y Senado) respeten el texto que salió el lunes del Parlamento castellano-manchego. El socialista José María Barreda aseguró que la extinción del trasvase en 2015 no es un “capricho”, sino la voluntad de la ciudadanía aprobada por unanimidad de PP y PSOE.

Barreda señaló que el Tajo tiene “hipotecas” a favor del Segura, pero insistió en que, en un año de sequía como éste, se pone de manifiesto que el agua no sobra. En este sentido, reafirmó que Castilla–La Mancha tiene prioridad en el disfrute de los recursos del Tajo porque es la cuenca cedente.

El presidente castellano-manchego justificó la fecha de 2015 en que, de aquí a entonces, las Comunidades del “Levante” ya habrán previsto sus alternativas, como las desaladoras, y les instó a hacer un “esfuerzo” para estar preparadas en esa fecha.

Competencia del Estado
El PP, que en la Comunitat y en Murcia ha sido el más beligerante contra la extinción del Tajo-Segura, se ha alineado en cambio con el Gobierno socialista de Castilla–La Mancha. La portavoz del PP castellano-machego, Carmen Riolobos, advirtió ayer a sus compañeros murcianos de que, pese a que están “en su derecho” de presentar recursos, los suyos van a defender “hasta el final” el cierre del trasvase porque es lo que quieren los ciudadanos.

Del mismo modo la presidenta del partido en la Comunidad, María Dolores de Cospedal, aseguró que su principal interés es el de defender los intereses de los ciudadanos castellano-manchegos y que, por eso, mantendrá su apoyo al final del trasvase Tajo-Segura en 2015.

Pero los castellano-manchegos encontraron ayer un nuevo frente contra la reforma de su Estatuto, el de los regantes. El presidente de la Federación Nacional de Regantes, Andrés del Campo, recordó que la planificación hidrológica es competencia “única y exclusiva” del Estado. Del Campo consideró un “error político” que los Estatutos pretendan regular esta competencia, que es estatal según la Ley de Aguas y la Constitución española.

El consejero delegado de acuaJúcar-hasta hace unas semanas Aguas del Júcar- se personó ayer en la Conselleria de Economía para personarse en el expediente que autoriza la concesión de un aval de un millón de euros por parte de la Generalitat Valenciana a la Junta Central de Usuarios del Vinalopó, l’Alacantí y Consorcio de Aguas de la Marina Baja.

El aval fue autorizado en un pleno del Consell con el objetivo de «financiar» los gastos de esta institución derivados del trasvasa Júcar-Vinalopó. Sin embargo, Marugán afirmó ayer con este aval la Generalitat Valenciana «financia la ýguerra del aguaý». En este sentido recordó que entre los años 2002 y 2005 la única aportación económica de la Junta Central a las obras del trasvase Júcar-Vinalopó fue 18.782 euros y se pregunta «cómo es posible entonces que la Generalitat Valenciana le conceda un aval por valor de 950.000 euros para atender los gastos derivados del trasvase». Según Marugán, la Generalitat está obligada en este caso a actuar «con rigor y transparencia» y añadió que «no sería comprensible que la administración autonómica valenciana se negara a facilitar, informes, documentos y estudios realizados en torno a la veracidad y realidad de los gastos que justifican la concesión del aval».

Un grupo muy reducido de profesores universitarios de la Universidad de Albacete se encuentra detrás de las dos sentencias judiciales más perjudiciales contra los intereses estratégicos valencianos que se recuerdan en los últimos años: la de 20 de octubre de 2004 del Tribunal Supremo por la que se anulan varios artículos del Plan Hidrológico del Júcar-incluido el que posibilita el trasvase Júcar-Vinalopó- y la de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional que declara no conforme a derecho la tramitación de impacto ambiental del tramo del AVE entre Motilla y Valencia.

Aparentemente, la Fundación para el Progreso de Albacete que logró anular el PHJ y la Iniciativa Cívica por Albacete que pide la paralización del ave Motilla-Valencia no son la misma organización, aunque mantienen muchos elementos comunes que apuntan en dirección contraria: ambas carecen de una sede física, han mantenido siempre buenas relaciones con el poder político en Castilla-La Mancha y comparten el mismo asesor legal y los mismos portavoces.

Desde el «Decreto Romero»

En ambos casos, el artífice de los recursos legales que cuestionan dos infraestructuras básicas para el desarrollo de la Comunitat Valenciana es el profesor titular de Derecho Administrativo de la Universidad de Albacete Francisco Delgado Piqueras, experto en legislación de aguas y de medio ambiente que figuró entre el selecto grupo de investigadores a los que el ministro de Medio Ambiente, Jaume Matas, pidió opinión sobre el Plan Hidrológico Nacional. La Fundación para el Progreso de Albacete, a la que Delgado Piqueras asesora legalmente, nació en en el lejano 1988 cuando se inició el conflicto por el agua del Júcar suscitado por el conocido Decreto Romero, que proyectaba convertir en regadío con aguas superficiales del Júcar casi 100.000 hectáreas en la Manchuela.
El proyecto no prospero, pero en la Mancha siguieron haciendo pozos hasta alcanzar las 100.000 hectáreas con la complicidad de todas las administraciones. Incluso el ex presidente castellano-manchego José Bono llegó a celebrar el Día del Agua participando en actos convocados por la Fundación en los que «colaboraba» económicamentela Junta de Comunidades
Posteriormente, la Fundación fue especialmente activa durante la negociación del PHJ, cuyo texto final fue pactado por el propio Bono, Eduardo Zaplana y los responsables de Medio Ambiente Isabel Tocino y Jaume Matas.
Después de apoyarse en la Fundación, Bono consiguió un acuerdo político muy ventajoso para Castilla-la Mancha, que este año ya ha consumido más recursos del Júcar que sus usuarios tradicionales valencianos, pero no impidió que la Fundación presentara el recurso que ha derivado en sentencia firme contra el PHJ.

Mismo portavoz, misma estrategia

El último portavoz conocido de la Fundación, que explicó a Levante-EMV las consecuencias de la sentencia, fue otro profesor, catedrático de la Escuela Técnica Universitaria de Ingenieros Agrónomos y experto en teledetección aplicada los regadíos de la Universidad de Albacete: Alfonso Calera Belmonte, que hace unos días reaparecía en Alcázar de San Juan, pero esta vez como portavoz-miembro de Iniciativa Cívica por Albacete y no para hablar del agua, sino del AVE.
Sin embargo, la portavoz oficial de este colectivo es Nuria Garrido, profesora universitaria experta también en derecho ambiental y adscrita al mismo departamento que Francisco Delgado, con el que está casada
Iniciativa y Fundación alegaron inicialmente contra el trazado del AVE pidiendo siempre la opción más al sur, al igual que el Gobierno de José Bono. Sin embargo, una vez que el ex presidente castellano-manchego alcanzó un pacto con Gallardón, Zaplana y Valcárcel, con el beneplácito de Álvarez Cascos, en el que arrancó que el AVE pasara por Cuenca y se hiciera un ramal a Toledo, Bono se retiró formalmente de la pelea mientras la Iniciativa, con los mismos protagonistas que en el caso del Júcar, seguía adelante con el resultado conocido.

Si en el anuario de 2005 ya había que referirse de forma obligada a la sequía, en 2006 la situación se ha agravado, debido a la falta de precipitaciones que aliviaran la escasez del año anterior. Desde el mes de abril, las escasas reservas de los embalses comenzaron a caer en picado, principalmente los situados en la cuenca del Júcar, Alarcón, Contreras y Tous y llegaron al mes de septiembre en una situación agónica.

Los agricultores de la Comunitat Valenciana han sido durante 2006 los grandes perdedores por la falta de precipitaciones y la escasez de reservas en los embalses. Los regadíos tradicionales de la provincia de Valencia tuvieron que sufrir restricciones de hasta el 60% en el uso del agua. En la provincia de Alicante, la situación de sequía ha impedido que muchos agricultores hayan regado sus campos en los últimos dos años y que arrancar árboles ya sea una actividad habitual.

Y como muestra de la interminable sequía, un ejemplo. El pantano de Contreras, uno de los que abastece a Sagunto, Valencia y su área metropolitana, acabó el verano a menos del 3% de su capacidad, una escasez que no se padecía desde la gran sequía de 1995, en la que los embalses acabaron el año con los peores registros de su historia.

Y no sólo se han visto afectados los agricultores. Las restricciones en el uso del agua del Júcar obligaron al Ministerio de Medio Ambiente, a través de la Confederación Hidrográfica del Júcar, a echar mano de las reservas del Turia y de los pozos subterráneos para abastecer a Valencia. Los datos del Instituto Nacional de Estadística revelan que la Comunitat es la autonomía que mayor porcentaje de agua subterránea tiene que utilizar para poder abastecer a la población. La primera consecuencia ya la han notado los ciudadanos: la mala calidad del agua.

El coste de potabilización del agua es mayor y, según datos del Instituto Nacional de Estadística, la factura que tienen que pagar los valencianos es cada vez más abultada. En 2004, cada metro cúbico costó 1,20 euros, 37 céntimos más que el año anterior.

La escasez se nota más todavía más en los bolsillos de los alicantinos. El Ministerio de Medio Ambiente aprobó en diciembre un aumento del 18,2% en la tarifa del agua para el suministro de 32 municipios alicantinos.

Mientras, los parques naturales sufren estrés hídrico. Es un fenómeno que hace aumentar la erosión y debilita la vegetación haciéndola muy vulnerable a las plagas. La Sierra Calderona, la Sierra de Espadán y el Parc Natural de la Font Roja ya padecen esta situación.

Los humedales sufren todavía más la falta de agua. Es el caso de la Albufera, el Marjal Pego-Oliva o el Hondo Salinas de Torrevieja. Según Territorio, serían necesarios 300 hectómetros cúbicos de agua para aliviar la situación. En la Albufera, está en riesgo el futuro del cultivo de arroz y la presencia de algunas especies, como el samaruc, endémico de la Comunitat Valenciana y ya en peligro de extinción.

El balance hídrico de 2006 presentado hace unos días por el Instituto Nacional de Meteorología habla de un año seco y extremadamente cálido. La precipitación media ha sido un 12% inferior a lo que se considera normal. Los mayores déficits, superiores al 25% se encuentran en las zonas ribereñas del Júcar, el Alto Vinalopó y el Bajo Segura en Alicante y Els Ports de Castellón.

El futuro no se presenta demasiado prometedor. Según los meteorólogos, el cambio climático ya está teniendo sus primeros efectos, con temperaturas más altas de lo que suele ser habitual y, principalmente, escasez de lluvias que convierten a 2007 en “el tercer año de la sequía más grave de la historia”, en palabras de la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona.

31 de enero de 2007.  En Murcia están muy dolidos y preocupados con los últimos acontecimientos en torno al agua, en especial por la aprobación de la reforma del Estatuto de Castilla-La Mancha, que fija la fecha de cierre del trasvase Tajo-Segura.

Pero no es eso sólo. La reciente decisión del Fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Murcia de archivar la querella por supuesta prevaricación contra la anterior cúpula de la Confederación Hidrográfica del Segura por supuesto robo de agua, ha hecho que el Gobierno murciano salga en tromba contra los que les acusaron de dar un uso delictivo al agua.

En ese sentido, el consejero de Presidencia y portavoz del Gobierno murciano, Fernando de la Cierva, lamentó ayer las acusaciones que se vertían contra Murcia relativas «al mal uso que hacíamos del agua y que este recurso se dedicaba para el ladrillo» y valoró, de forma positiva, la decisión del fiscal jefe del TSJ de Murcia, que viene a certificar que «no se roba el agua», junto con la que emitió el Ministerio competente en su día de que «se hacía un buen uso de este recurso».

Y es llegado a este punto cuando aprovechó para atacar al presidente de Castilla-La Mancha y chivarse de él públicamente al indicar De la Cierva que no sabe «si el presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, podría decir lo mismo», ya que, en su opinión, «probablemente, sobre determinados pozos no podría decir lo mismo».

El portavoz de la Comisión Pro-Río, José Antonio Muñoz Grau, calificó ayer de «auténtico disparate jurídico» la decisión del fiscal jefe porque, entre otras cosas, «en algunos casos sus argumentaciones son contrarias a los informes del propio Ministerio de Medio Ambiente».

Muñoz Grau, que temía esta decisión desde hace meses, comentó que si se archiva el caso del robo del agua «se carga todas las acusaciones de prevaricación que se han hecho en este país por asuntos urbanísticos por ejemplo, ya que reconoce que existe el robo pero exculpa a los funcionarios, y eso mismo puede decir mañana cualquier alcalde acusado por corrupción, que no tenía medios».

Incrédulo todavía por la resolución del fiscal, Muñoz Grau reiteró que lo que exige Pro-Río es que se devuelvan a la Vega Baja los caudales que se han perdido a consecuencia de estos robos ya que, tal y como aseguran, «la Confederación Hidrográfica del Segura debe declarar de oficio nulas de pleno derecho las inscripciones de agua efectuadas a favor de los grupos privilegiados que se benefician del agua que se roba y clausurar pozos ilegales».

Saura respeta la decisión

El secretario del PSRM- PSOE, Pedro Saura, expresó su máximo respeto a la Justicia. Pidió al PP «que no use dos varas de medir. Cuando el fiscal cita al alcalde de Mazarrón, dicen que hay acoso político; pero cuando señala que no se roba agua, les parece estupendo».

Satisfacción de regantes

El presidente del Sindicato de Regantes, Francisco del Amor, señaló que «esperábamos esta decisión del fiscal. Aquí no hay pozos ni regadíos ilegales como se había denunciado. Con Juan Cánovas se empezó a reconsiderar los expedientes sancionadores. Estamos muy contentos de que se demuestre que no hay responsabilidad de los órganos gestores de la Confederación».

IU critica a PP y PSOE

El coordinador regional de IU, José Antonio Pujante, indicó que la decisión del fiscal «no es para que los dirigentes y responsables del PP y del PSOE tiren cohetes. Se habla expresamente de la deficiente tramitación de los expedientes sancionadores, y que la gestión ha sido nefasta». Según Pujante, Narbona «debe abrir los cajones y las ventanas de la CHS, ya que se trata de un organismo muy opaco».

TOLEDO. El consejero de Presidencia de Murcia, Fernando de la Cierva, anunció ayer en rueda de prensa que los servicios jurídicos de esta comunidad preparan un recurso de inconstitucionalidad contra la reforma del Estatuto de Castilla-La Mancha por vulnerar los artículos 14, 45, 138.2, 139.1 y 149.1.22 de la Constitución española. De la Cierva advirtió que si la citada reforma, en los artículos 95 y el capítulo II sección primera, titulada «La Política del Agua», así como en la disposición transitoria primera, no se rectifican en el trámite parlamentario, el gobierno murciano presentará el citado recurso de inconstitucionalidad.

Según De la Cierva, en el texto del Estatuto se cita la Constitución Española con «eufemismo», porque «se dice claramente que el agua es propiedad de Castilla-La Mancha, lo que es una gran ofensa a la Constitución, porque el agua es de todos los españoles».

Castellano manifestó que desde el PPCV «no vamos a renunciar a defender lo que es un derecho legítimo y justo para el presente y futuro de nuestra Comunitat, como es el derecho al agua y el derecho a la solidaridad interterritorial» en un bien, según remarcó, «tan importante como éste y con el que nos jugamos tanto los valencianos».

Además, desde valencia, el portavoz del PP en las Corts Valencianes, Serafín Castellano, manifestó el mismo lunes en que se aprobó el texto en las Cortes que los populares valencianos estudiarán recurrir la reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha si durante su tramitación parlamentaria no se elimina la caducidad del trasvase Tajo-Segura, establecida para el año 2015.

En Castilla-Las Mancha, sin embargo, el diputado del PSOE en las Cortes de Castilla-La Mancha Antonio Salinas dijo ayer que quienes desde la Comunitat Valenciana y la Región de Murcia se oponen al Estatuto castellanomanchego utilizan «la ley del embudo» ya que olvidan que el valenciano «se arrogaba los excedentes de agua de otras cuencas».

En rueda de prensa en Toledo, el diputado regional socialista comparó así la reforma del Estatuto valenciano con el «derecho preferente al uso del agua» de las cuencas hidrográficas propias y el fin del trasvase Tajo-Segura con un plazo de más de ocho años recogidos en la reforma estatutaria aprobada ayer por el parlamento castellanomanchego.

«Castilla-La Mancha es la única comunidad autónoma que ha plasmado la solidaridad en realidad, la única que ha estado trasvasando agua de forma continuada y la única que tampoco ha protestado por que en la Comunidad Valenciana el Estatuto esté contemplado como está», dijo Salinas, a pesar de que el Gobierno castellanomanchego planteó recurso de constitucionalidad contra aquél. Y auguró que an el trámite parlamentario que se abrirá mañana en el Congreso «cada uno usará sus armas» y opinó que el Estatuto de Castilla-La Mancha «es plenamente constitucional».

Pide lo imposible para conseguir lo que realmente deseas. El texto del nuevo Estatuto de Castilla-La Mancha aprobado con los votos del PSOE y del PP de la vecina Comunidad, proyecta un cúmulo de reivindicaciones estelares, de entrada imposibles, que tienen como objetivo final obtener poderes sustanciales sobre la gestión del agua, merced a una negociación política en el Congreso de los Diputados donde Castilla La Mancha sólo tiene cosas que ganar, a la vista de la situación actual.

LA FECHA DEL 2015

Importa otro objetivo

El Gobierno de José María Barreda tiene más que asumido que el texto será modificado en el Congreso. Y también intuye que la fecha del 2015 -esa precisión lejana a los usos legislativos- será eliminada. Ofrecerá la resistencia justa, ya que lo que realmente le importa a Barreda es que el Estatuto mantenga el nervio principal de su política hidráulica. Esto es, que se reconozca que el Acueducto Tajo-Segura es una hipoteca sobre el desarrollo de Castilla-La Mancha y debe desaparecer tarde o temprano. Las armas para conseguirlo, indirectamente, es que se consagre (otra vez) la preferencia de la cuenca cedente para unos usos en aumento que se beberán todos los excedentes habidos y por haber en Entrepeñas y Buendía. Y en segundo lugar, que se aplique a rajatabla la Directiva de Aguas de al UE, lo cual aumentaría el caudal ecológico del Tajo a su paso por Aranjuez y Toledo. Lógicamente, a costa de mermar los envíos para el regadío murciano.

¿POR QUÉ ESA FECHA?

Los cálculos de Barreda

El año 2015 responde a dos criterios. Por un lado marca la entrada plena en vigor de la Directiva Europea. Por otro lado, es el tiempo que estima el Ejecutivo de Barreda para que puedan estar construidas todas las plantas desalinizadoras que necesita la cuenca del Segura para garantizar los abastecimientos en su integridad.

¿Y PARA BEBER?

Los regadíos, a desalinizar

Barreda no se opondrá a ningún desembalse para los abastecimientos mientras sean necesarios. Ni ahora ni en el futuro. También deberá justificar para qué quiere todos los excedentes del Tajo.

La opción que da Barreda a los regadíos del Segura es que se abastezcan también de agua desalinizada. Si no pueden pagarla, tendrán que ir mermando y desapareciendo. Es la única opción que ofrece, aplicando criterios puramente economicistas.

LA ESPADA DE DAMOCLES

¿Y la próxima legislatura?

Si el Gobierno central y el PSOE mantienen en el Congreso la misma pauta que con Estatutos anteriores, el texto de Castilla-La Mancha se igualará a los de Cataluña, Andalucía y Valencia que le han precedido. Basta que Zapatero y Narbona cumplan con lo que viene prometiendo y haciendo. Los trasvases quedarán bajo la gestión del Gobierno central, así como todas las competencias intercuencas. La fecha de caducidad desaparecería; pero queda la Espada de Damocles de la ley del PHN, que permite reducir los envíos de agua al Segura en la próxima legislatura. Es seguro que se mermarán, ¿pero cuánto?

Lo que sí conseguirá Barreda es mayor voz y voto en los órganos de gestión del Tajo-Segura. Los informes que emita su Gobierno serán preceptivos, pero no vinculantes, como en Cataluña. Por otra parte, tiene asegurado el acueducto a Ciudad Real.

¿POR QUÉ APOYA DE COSPEDAL?

El doble discurso

A la presidenta del PP manchego no le queda más remedio que ir a remolque de Barreda, de lo contrario perdería un chorro de votos. El agua tiene un fuerte cartel electoral. En la sede de Génova lo saben y dejan hacer a De Cospedal, radicalizando a Barreda.