El portavoz de la Comisión Pro-Río, José Antonio Muñoz Grau, calificó ayer de «auténtico disparate jurídico» la decisión del fiscal jefe porque, entre otras cosas, «en algunos casos sus argumentaciones son contrarias a los informes del propio Ministerio de Medio Ambiente».

Muñoz Grau, que temía esta decisión desde hace meses, comentó que si se archiva el caso del robo del agua «se carga todas las acusaciones de prevaricación que se han hecho en este país por asuntos urbanísticos por ejemplo, ya que reconoce que existe el robo pero exculpa a los funcionarios, y eso mismo puede decir mañana cualquier alcalde acusado por corrupción, que no tenía medios».

Incrédulo todavía por la resolución del fiscal, Muñoz Grau reiteró que lo que exige Pro-Río es que se devuelvan a la Vega Baja los caudales que se han perdido a consecuencia de estos robos ya que, tal y como aseguran, «la Confederación Hidrográfica del Segura debe declarar de oficio nulas de pleno derecho las inscripciones de agua efectuadas a favor de los grupos privilegiados que se benefician del agua que se roba y clausurar pozos ilegales».

Saura respeta la decisión

El secretario del PSRM- PSOE, Pedro Saura, expresó su máximo respeto a la Justicia. Pidió al PP «que no use dos varas de medir. Cuando el fiscal cita al alcalde de Mazarrón, dicen que hay acoso político; pero cuando señala que no se roba agua, les parece estupendo».

Satisfacción de regantes

El presidente del Sindicato de Regantes, Francisco del Amor, señaló que «esperábamos esta decisión del fiscal. Aquí no hay pozos ni regadíos ilegales como se había denunciado. Con Juan Cánovas se empezó a reconsiderar los expedientes sancionadores. Estamos muy contentos de que se demuestre que no hay responsabilidad de los órganos gestores de la Confederación».

IU critica a PP y PSOE

El coordinador regional de IU, José Antonio Pujante, indicó que la decisión del fiscal «no es para que los dirigentes y responsables del PP y del PSOE tiren cohetes. Se habla expresamente de la deficiente tramitación de los expedientes sancionadores, y que la gestión ha sido nefasta». Según Pujante, Narbona «debe abrir los cajones y las ventanas de la CHS, ya que se trata de un organismo muy opaco».

TOLEDO. El consejero de Presidencia de Murcia, Fernando de la Cierva, anunció ayer en rueda de prensa que los servicios jurídicos de esta comunidad preparan un recurso de inconstitucionalidad contra la reforma del Estatuto de Castilla-La Mancha por vulnerar los artículos 14, 45, 138.2, 139.1 y 149.1.22 de la Constitución española. De la Cierva advirtió que si la citada reforma, en los artículos 95 y el capítulo II sección primera, titulada «La Política del Agua», así como en la disposición transitoria primera, no se rectifican en el trámite parlamentario, el gobierno murciano presentará el citado recurso de inconstitucionalidad.

Según De la Cierva, en el texto del Estatuto se cita la Constitución Española con «eufemismo», porque «se dice claramente que el agua es propiedad de Castilla-La Mancha, lo que es una gran ofensa a la Constitución, porque el agua es de todos los españoles».

Castellano manifestó que desde el PPCV «no vamos a renunciar a defender lo que es un derecho legítimo y justo para el presente y futuro de nuestra Comunitat, como es el derecho al agua y el derecho a la solidaridad interterritorial» en un bien, según remarcó, «tan importante como éste y con el que nos jugamos tanto los valencianos».

Además, desde valencia, el portavoz del PP en las Corts Valencianes, Serafín Castellano, manifestó el mismo lunes en que se aprobó el texto en las Cortes que los populares valencianos estudiarán recurrir la reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha si durante su tramitación parlamentaria no se elimina la caducidad del trasvase Tajo-Segura, establecida para el año 2015.

En Castilla-Las Mancha, sin embargo, el diputado del PSOE en las Cortes de Castilla-La Mancha Antonio Salinas dijo ayer que quienes desde la Comunitat Valenciana y la Región de Murcia se oponen al Estatuto castellanomanchego utilizan «la ley del embudo» ya que olvidan que el valenciano «se arrogaba los excedentes de agua de otras cuencas».

En rueda de prensa en Toledo, el diputado regional socialista comparó así la reforma del Estatuto valenciano con el «derecho preferente al uso del agua» de las cuencas hidrográficas propias y el fin del trasvase Tajo-Segura con un plazo de más de ocho años recogidos en la reforma estatutaria aprobada ayer por el parlamento castellanomanchego.

«Castilla-La Mancha es la única comunidad autónoma que ha plasmado la solidaridad en realidad, la única que ha estado trasvasando agua de forma continuada y la única que tampoco ha protestado por que en la Comunidad Valenciana el Estatuto esté contemplado como está», dijo Salinas, a pesar de que el Gobierno castellanomanchego planteó recurso de constitucionalidad contra aquél. Y auguró que an el trámite parlamentario que se abrirá mañana en el Congreso «cada uno usará sus armas» y opinó que el Estatuto de Castilla-La Mancha «es plenamente constitucional».

Pide lo imposible para conseguir lo que realmente deseas. El texto del nuevo Estatuto de Castilla-La Mancha aprobado con los votos del PSOE y del PP de la vecina Comunidad, proyecta un cúmulo de reivindicaciones estelares, de entrada imposibles, que tienen como objetivo final obtener poderes sustanciales sobre la gestión del agua, merced a una negociación política en el Congreso de los Diputados donde Castilla La Mancha sólo tiene cosas que ganar, a la vista de la situación actual.

LA FECHA DEL 2015

Importa otro objetivo

El Gobierno de José María Barreda tiene más que asumido que el texto será modificado en el Congreso. Y también intuye que la fecha del 2015 -esa precisión lejana a los usos legislativos- será eliminada. Ofrecerá la resistencia justa, ya que lo que realmente le importa a Barreda es que el Estatuto mantenga el nervio principal de su política hidráulica. Esto es, que se reconozca que el Acueducto Tajo-Segura es una hipoteca sobre el desarrollo de Castilla-La Mancha y debe desaparecer tarde o temprano. Las armas para conseguirlo, indirectamente, es que se consagre (otra vez) la preferencia de la cuenca cedente para unos usos en aumento que se beberán todos los excedentes habidos y por haber en Entrepeñas y Buendía. Y en segundo lugar, que se aplique a rajatabla la Directiva de Aguas de al UE, lo cual aumentaría el caudal ecológico del Tajo a su paso por Aranjuez y Toledo. Lógicamente, a costa de mermar los envíos para el regadío murciano.

¿POR QUÉ ESA FECHA?

Los cálculos de Barreda

El año 2015 responde a dos criterios. Por un lado marca la entrada plena en vigor de la Directiva Europea. Por otro lado, es el tiempo que estima el Ejecutivo de Barreda para que puedan estar construidas todas las plantas desalinizadoras que necesita la cuenca del Segura para garantizar los abastecimientos en su integridad.

¿Y PARA BEBER?

Los regadíos, a desalinizar

Barreda no se opondrá a ningún desembalse para los abastecimientos mientras sean necesarios. Ni ahora ni en el futuro. También deberá justificar para qué quiere todos los excedentes del Tajo.

La opción que da Barreda a los regadíos del Segura es que se abastezcan también de agua desalinizada. Si no pueden pagarla, tendrán que ir mermando y desapareciendo. Es la única opción que ofrece, aplicando criterios puramente economicistas.

LA ESPADA DE DAMOCLES

¿Y la próxima legislatura?

Si el Gobierno central y el PSOE mantienen en el Congreso la misma pauta que con Estatutos anteriores, el texto de Castilla-La Mancha se igualará a los de Cataluña, Andalucía y Valencia que le han precedido. Basta que Zapatero y Narbona cumplan con lo que viene prometiendo y haciendo. Los trasvases quedarán bajo la gestión del Gobierno central, así como todas las competencias intercuencas. La fecha de caducidad desaparecería; pero queda la Espada de Damocles de la ley del PHN, que permite reducir los envíos de agua al Segura en la próxima legislatura. Es seguro que se mermarán, ¿pero cuánto?

Lo que sí conseguirá Barreda es mayor voz y voto en los órganos de gestión del Tajo-Segura. Los informes que emita su Gobierno serán preceptivos, pero no vinculantes, como en Cataluña. Por otra parte, tiene asegurado el acueducto a Ciudad Real.

¿POR QUÉ APOYA DE COSPEDAL?

El doble discurso

A la presidenta del PP manchego no le queda más remedio que ir a remolque de Barreda, de lo contrario perdería un chorro de votos. El agua tiene un fuerte cartel electoral. En la sede de Génova lo saben y dejan hacer a De Cospedal, radicalizando a Barreda.

El consejero de Agricultura y Agua, Antonio Cerdá, pidió al presidente Rodríguez Zapatero «que pida perdón a los murcianos por la campañas de insultos y difamación que ha abierto su posición y su silencio, como escenificó en el mitin socialista de Albacete del pasado domingo». Reafirmó su «sospecha» de que hay un «pacto oculto Barreda-Zapatero para cargarse la agricultura más moderna y competitiva de Europa»».

El consejero culpó al Gobierno socialista de crear «una política farisaica del agua», al tiempo que reprochó a la ministra Narbona la «doble vara de medir» que aplica con los trasvases. Recordó los seis trasvases cero para regadíos en el último año hidrológico, y dijo que «los embalses de cabecera almacenan 304 hm3, por lo que se puede atender perfectamente la petición de los regantes».

Mientras que la ministra de Medio Ambiente se mantiene a distancia, el presidente murciano Ramón luis Valcárcel ordenó ayer a los Servicios Jurídicos de la Comunidad que preparen un recurso de inconstitucionalidad contra la reforma del Estatuto de Castilla-La Mancha que pone fecha de caducidad al Trasvase Tajo-Segura en el año 2015. El Ejecutivo regional considera que la iniciativa aprobada el lunes por el PSOE y el PP castellano manchegos vulnera cinco preceptos de la Constitución sobre agua y solidaridad.

El recurso se presentará si el texto no se modifica durante su tramitación en el Congreso de los Diputados. Populares y socialistas murcianos confían en que el Estatuto apadrinado por Barreda y De Cospedal se peine y se cambie en Madrid, como se hizo con el texto de Cataluña. El secretario de los socialistas murcianos, Pedro Saura, ha ido más lejos al señalar que el Grupo Socialista en el Congreso «va a cambiar el texto porque va directamente contra las competencias del Estado». Asimismo, casi todos dan por hecho que este Estatuto no podrá aprobarse antes de las próximas elecciones municipales y autonómicas.

«Un juego de niños»

El consejero de Presidencia, Fernando de la Cierva, señaló ayer en rueda de prensa que el texto aprobado en Toledo tiene «carácter intervencionista; trata al Estado como un subordinado, y ofende a la Constitución». Cree que el Estatuto de Cataluña, que vio modificadas sus pretensiones sobre el agua, «es un juego de niños al lado del que ha aprobado Barreda». El consejero acusó al presidente Rodríguez Zapatero de haber propiciado «una rapiña estatutaria» después de derogar el Trasvase del Ebro. Para el Gobierno de Valcárcel las pretensiones de Castilla-La Mancha «son un disparate sin precedentes en la historia de la Constitución, motivada por la renuncia de Zapatero a ejercer sus competencias en materia de agua». Según De la Cierva, «esta situación quedó escenificada en la Conferencia de Presidentes. «Rodríguez Zapatero dijo: mátense ustedes, que yo no voy a hacer nada para solucionar el problema del agua».

Mermar los regadíos

El Ejecutivo murciano considera que el documento de Castilla-La Mancha vulnera al menos, cinco preceptos constitucionales: los artículos 14, 45, 138.2, 139.1 y 149.1.22. Así lo recordó el consejero de Presidencia en compañía del titular de Agricultura y Agua. De la Cierva señaló que texto «invade los principios de unidad de cuenca y solidaridad entre los territorios; y establece un principio de la propiedad del agua arcaico, propio del siglo XIX».

Subrayó que ningún parlamentario del PP por Murcia votará en el Congreso a favor del Estatuto de Castilla-La Mancha tal y como está redactado. Apuntó incluso que el rechazo puede producirse en la fase de admisión de trámite. Además del «disparate» que supone, a su juicio, ponerle fecha de caducidad al acueducto, considera fuera de lugar «que Barreda pretenda además reestructurar los usos del agua en la cuenca del Segura, ordenándole al Estado que reduzca el agua para Murcia».

¿Y De Cospedal?

Ante la postura de la presidenta del PP de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, de apoyar a Barreda, el consejero subrayó que sus críticas iban dirigidas «contra lo acordado en las Cortes de aquella comunidad, donde incluyo a todos los partidos políticos». Valcárcel se reunió recientemente con De Cospedal y otros dirigentes del PP para llegar a un acuerdo, pero no ha evitado que su compañera de partido apoye a Barreda y la defunción del Trasvase Tajo-Segura.

El Ministerio de Medio Ambiente indicó ayer que no entra a valorar el texto aprobado en Toledo contra el Trasvase Tajo-Segura y sobre las competencias que se arroga esta comunidad en materia hidráulica. Indicó que el Parlamento es soberano y que la decisión que se tome corresponderá a los grupos políticos.

El consejero Fernando de la Cierva analizó las propuestas del Estatuto de Castilla-La Mancha que a su juicio vulneran la Constitución. Detalló que el artículo 98 es «la gran mentira y ofensa a la Constitución, ya que señala que el agua que pasa por Castilla-La Mancha es de su propiedad, cuando se trata de un recurso de todos los españoles declarado de interés público», alegó.

Sobre el artículo 100, indicó que «pretende cambiar el agua destinada a los regadíos de Murcia por el desarrollo urbanístico en Castilla-La Mancha». En cuanto al artículo 102 , explicó que «se arroga competencias sobre recursos de cuencas como las del Ebro, e incluso fuera del territorio español». Además, criticó que el punto número 3 de este precepto establece que la Junta de Castilla-La Mancha debe emitir un informe «previo, preceptivo y determinante sobre cualquier transferencia de agua», lo que calificó de «disparate sin precedentes en la historia de la Constitución Española».

De la Cierva centró asimismo la atención sobre la Disposición Transitoria Primera del Estatuto manchego, «que usurpa la competencia exclusiva del Estado en materia de agua y fija la fecha de eliminación del Trasvase Tajo-Segura para el año 2015. De esta forma el Estado queda subordinado a Castilla-La Mancha en materia de agua, además de establecer que la cuenca del Segura debe reestructurar sus regadíos».

Entre otras cuestiones, destacó que Castilla-La Mancha pide tener voto en los órganos permanentes de gestión y control del Tajo-Segura en función de su extensión, «lo que elimina desde ya, no en el 2015, cualquier posibilidad de trasvase al Segura».

«Más ruido que nueces». Así definía las consecuencias del último temporal de lluvia y nieve el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar Juan José Moragues a medio día de ayer, cuando una parte de las lluvias y nevadas de los últimos días comenzaba a llegar a los embalses.

La media en el conjunto de la Comunitat Valenciana ha sido de 22 litros por metro cuadrado, aunque «muy mal repartidos» al concentrarse en la zona del Serpis y el Sur de Alicante mientras eran mucho más débiles en el resto Juan José Moragues sostiene que mediciones como los 169 litros registrados en Pinet o 135 en el marco del Sellent o la aparente magnitud de la nevada no deben esconder la escasa incidencia de las últimas lluvias y nieves en el proceso de sequía. «En la cabecera de los ríos ha llovido muy poco: entre 3 y 19 litros e incluso si se considera el agua acumulada en forma de nieve que derretirá en los próximos días estamos hablando de entre 10 y 15 litros de nieve que no va a solucionar los problemas de la sequía». No obstante, en la última semana ha habido un aumento de casi 11 hectómetros cúbicos el volumen de la reserva de agua embalsada que probablemente se incremente en los próximos días. Destaca el aumento de 4,15 hectómetros en Tous.
Muy importante también-subrayó Moragues- es la cantidad de agua caída en el entorno de La Albufera -entre sesenta y 90 litros-que ha permitido la inundación casi completa del arrozal y humedecer el terreno de una manera que facilitará la inundación artificial que tiene lugar en primavera coincidiendo con la plantación.
Moragues recordó que hasta hace unos días las altas temperaturas y la extrema sequedad hacían previsible un adelanto en el inicio de la campaña de riegos a mediados de febrero. Ahora, con valores más «normales» existe un plazo de varias semanas en los que es posible todavía recuperar parte del déficit de los grandes embalses.

Mejora el Vinalopó

Las organizaciones agrarias de la provincia de Alicante calificaron hoy de «beneficiosas» las lluvias registradas en los últimos días en dos de las comarcas que más sufren la actual sequía, la Vega Baja del Segura y el Vinalopó.
En declaraciones a EFE, el responsable sindical en las comarcas alicantinas de La Unió-COAG, Juan Pastor, explicó que la lluvia supone «un gran riego» ya que se ha contabilizado una media de 50 litros por metro cuadrado en la Vega Baja, y entre 35 y 45 en el Vinalopó. Dijo que han salido especialmente beneficiados los cítricos, que están en plena campaña, así como las hortalizas y también todos los cultivos de interior, como la almendra, cereza, olivo y uva. El secretario de Asaja en Alicante, Ramón Espinosa, coincidió en que las recientes lluvias han sido «beneficiosas» aunque, por su parte, opinó que no se ha llegado a la cifra de litros adecuada para que suponga el ahorro de un riego.
Argumentó que la borrasca ha dejado alrededor de 30 litros como media en la Vega Baja ya que en unas zonas ha llovido más pero en otros municipios apenas ha habido precipitaciones, y por ello afirmó que la situación del campo en Alicante sigue siendo «crítica y extrema».

El Pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha aprobó ayer por unanimidad la ley que reforma el Estatuto de Autonomía de la Comunidad que incluye la fecha de caducidad del trasvase Tajo-Segura en 2015. El texto será presentado el jueves 1 de febrero en el Congreso de los Diputados, y surge de un acuerdo alcanzado entre el PSOE y el PP manchegos.
El presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, recordó ante el Pleno que se propuso la reforma estatutaria como su principal objetivo al asumir la Presidencia y, subrayó la idoneidad de que fuera realizada por consenso. También resaltó que el nuevo texto establece el derecho preferente de Castilla-La Mancha en el uso del agua, sin que eso suponga blindar el río Tajo, lo que a su vez viene a garantizar el desarrollo socioeconómico.
Del mismo modo, el portavoz del grupo socialista, José Molina, indicó que la “bandera” del Estatuto es el agua, respecto a este tema se propone un uso sostenible, la prioridad para Castilla-La Mancha y la responsabilidad compartida en su gestión.

El Estatuto incluye una disposición transitoria para que desde 2007 se reduzca de forma paulatina el agua que se deriva desde la cabecera del Tajo al Segura hasta la extinción definitiva del trasvase en 2015, cuando los dos millones de personas que beben agua del acueducto puedan usar infraestructuras alternativas, como las desaladoras.
Hasta entonces, exige que el agua que se vaya generando por esas infraestructuras sirvan para sustituir a los aportes del Tajo-Segura. Impone que la Junta emita un informe preceptivo y determinante sobre cualquier propuesta de cesión o transferencia de agua que afecte a la comunidad y reserva al Gobierno manchego el derecho de utilizar esos recursos para atender a sus necesidades. Se exige además que Castilla-La Mancha tenga presencia, voz y voto en los órganos de gestión y decisión del agua y se compromete la ejecución de las obras necesarias para el aprovechamiento de este recurso en la comunidad.

Previamente a la aprobación del nuevo Estatuto, Barreda defendió en declaraciones a la Cadena SER, la necesidad de Castilla La Mancha de preservar sus recursos hídricos, puesto que no tiene salida al mar, y carece de la alternativa de la desalación, cada vez más utilizada en Levante y Murcia”.
Por su parte, la presidenta regional del PP, María Dolores de Cospedal, recalcó que “hoy (por ayer) es un día grande para Castila-La Mancha porque todos estamos representados en este acuerdo”, tanto el PP como el conjunto de la sociedad castellano-manchega. Además, la portavoz del Grupo Popular, Ana Guarinos, indico que el “problema del agua no debe abordarse desde una perspectiva únicamente regional sino con una gestión hidráulica nacional, como la que hubo”.