«La realidad no es cómo la pinta el alcalde ni Ramón Sotos, porque los principales problemas no han sido solucionados a lo largo del 2006». Este era el resumen que realizó ayer el concejal del PP, Juan Marcos Molina, para el área de sostenibilidad, medio ambiente y promoción económica del Ayuntamiento de Albacete, concejalía que, a su juicio, sólo ha ejecutado como proyecto interesante la remodelación del Canal de María Cristina y gracias a una iniciativa del Ministerio de Medio Ambiente en 2003, «cuando gobernaba el PP del señor Aznar».

Molina ofreció ayer algo más que un decálogo de asignaturas pendientes del equipo de Gobierno de Pérez Castell en materia medioambiental.

Quizá lo más significativo es que el edil popular criticó al alcalde socialista por reabrir los pozos del Hondo de la Morena para mezclar el agua subterránea con el agua superficial del río Júcar, ya que con ello «se ha mermado en gran medida la calidad del agua que llega a los grifos de todos los ciudadanos» y, además, «supone un recorte de los derechos de abastecimiento sobre el agua del Júcar».

Según información recabada por Juan Marcos Molina, todavía hoy se sigue extrayendo un 10% de los pozos respecto de la previsión inicial debido, agregó, «a la mala calidad de las aguas subterránea; sin duda alguna, el agua del grifo de las casas de todos los albaceteños sabe mucho peor que antes y eso es indiscutible».

En materia de contaminación acústica, el PP volvió a reclamar la elaboración de un mapa del ruido y la aprobación urgente de una ordenanza municipal del ruido, que hila directamente con la problemática del botellón que «vulnera el derecho al descanso de los vecinos, provoca un importante impacto medioambiental por el lamentable estado en que quedan esas zonas y espacios públicos y genera un foco de atracción y enorme riesgo para los menores de edad».

Para el pequeño comercio

El edil popular también se refirió a la atención que presta el Ayuntamiento el pequeño comercio de la capital e insistió en la necesidad de atender la reivindicación del sector de construir un párking subterráneo en el Altozano: «El alcalde ha desestimado esta petición y ha preferido rehabilitar los refugios antiaéreos de la Guerra Civil, dando la espalda al futuro de nuestros pequeños comerciantes y recreándose en un pasado que no interesa a casi nadie», opinó Molina, que consideró como «una temeridad de consecuencias irreparables» la peatonalización del centro que propone el PSOE.

En materia de medio ambiente, el concejal del PP lamentó que no esté en la agenda política del alcalde la realización de un estudio sobre la viabilidad de soterrar todos los contenedores urbanos.

En parques y jardines, mencionó el retraso de la remodelación de la Plaza Mayor, la ausencia de las obras necesarias para mejorar el drenaje del Parque de Abelardo Sánchez y la escasa iluminación del Parque Lineal, entre la gasolinera del Paseo de la Cuba hasta el Puente de Madera. a pesar de ser una insistente reivindicación de los vecinos.

Finalmente, Juan Marcos Molina denunció la desviación presupuestaria del 77,7% en la construcción del Palacio de Congresos, que se inaugurará «con tres años de retraso», la «falta de transparencia» en el proceso de adjudicación de parcelas en la ampliación de Campollano y el incremento en un 157% del presupuesto para remodelar la Plaza del Altozano.

El consejero de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, José Luis Martínez Guijarro, señaló ayer que la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha será «prudente» antes de solicitar un trasvase para el Parque Nacional de Las Tablas de Daimiel, dada la sequía que sufre la cabecera del Tajo.

Guijarro indicó que la situación actual de los pantanos de la cabecera del Tajo llevan a mantener una postura prudente.

El objetivo general de este convenio, dentro de la política de inversiones que viene aplicando la Generalitat en la materia y en los últimos años, es ahorrar agua y mejorar las condiciones de cultivo y de comodidad para los propios agricultores.

El acuerdo de ayer entre la Administración autonómica y los regantes fue firmado por los consellers de Infraestructuras y Transporte, José Ramón García Antón, y de Agricultura, Juan Cotino, y 55 responsables de comunidades de regantes de ambas provincias (con Alicante ya se firmó un convenio similar el año pasado). El acto estuvo presidido por el president de la Generalitat, Francisco Camps.

La firma se enmarca en el compromiso marcado por el Consell para esta legislatura, consistente en modernizar 90.000 hectáreas de cultivos, que de esta manera dispondrán de riego localizado, lo que supondrá que el 85% de la superficie de regadío colectivo quedará ya modernizada.

Actualmente hay 200.000 hectáreas modernizadas (el 73% de la superficie de regadío colectivo) en la Comunitat Valenciana, donde la Conselleria de Agricultura tiene en marcha el Plan Millorar, que actúa en la modernización de regadíos en más de 400 municipios.

Ahorrar agua a toda costa
Según destacó Camps, el objetivo del Gobierno valenciano es ahorrar hasta un 20% de agua y abaratar el 28% del coste de la que se utiliza en los regadíos . En los últimos cinco años, con las inversiones de la Administración y los regantes, se ha producido un ahorro de agua del 14,2%.

En la actualidad, el ahorro de agua es de 130 hectómetros cúbicos al año y se pretende alcanzar los 215, mientras que el agua reutilizada es de 175 hectómetros en toda la Comunitat (120 en el caso de Castellón y Valencia) y Camps dijo que su compromiso es llegar a 350.

Las inversiones en reutilización de agua hacen que la valenciana sea la comunidad que más agua reutiliza “de toda España”, manifestó Camps, quien añadió que se va a reutilizar “tanta agua como la que reclamamos del Ebro y que se va al mar” y que las inversiones que se están haciendo en depuración y en los sistemas de regadíos así lo permitirán en los próximos años.

“Los valencianos, cuando pedimos agua, pedimos algo justo, y con nuestro trabajo la hacemos cada vez más justa, y más injusta la decisión de no trasvasar agua a la Comunitat Valenciana”, afirmó Camps.

En el mismo sentido se pronunció el presidente de los regantes del canal Júcar-Turia, Benjamín Aparicio Cervera, que es también alcalde de Losa del Obispo y que habló como portavoz de los regantes.

“Los regantes de la Comunitat exigimos el trasvase del Ebro, el del Júcar-Vinalopó y el del Tajo-Segura y cuantos trasvases hagan falta para que el agua llegue donde sea necesaria”, resaltó Aparicio.

CULTURA DEL AGUA

El presidente de la Comunidad General de Regantes del Camp del Túria, Benjamín Aparicio, que habló en representación de los usuarios, señaló que los regantes valencianos «no tienen que aprender nada de la nueva cultura del agua», porque «han crecido con la escasez» y «saben apreciar el valor de cada gota» de este recurso. Por ello, defendió que «tienen derecho a exigir» el agua que «sobra» en otras comunidades porque «han hecho los deberes» y reclamó «cuantos trasvases hagan falta para que el agua llegue donde sea necesaria».

Aparició señaló también que la Generalitat valenciana «ha invertido más que ninguna otra Administración» en esta matera, y expresó su agradecimiento por los «esfuerzos» realizados en favor de los regantes de la Comunitat por el presidente de la Generalitat, al que dedicó un poema.

Ya no se acuerda nadie cuando Aznar dijo: «¿Hay una España húmeda y una España seca!» y a última hora se acuerda del Tajo-Segura y el Trasvase del Ebro y el Plan Hidrológico Nacional, si se hubiera acordado al principio de su legislatura en ocho o doce años se habría trasvasado agua del Ebro; pero los votos son los votos y no interesaba incomodarse con los aragoneses y catalanes.

No hagamos demagogia con el ¿Agua para Todos!. Ya escribí en su día en la prensa que el agua no entiende de límite ni fronteras políticas, por ser un bien natural de derecho público y no privado, estando privatizado el Ebro por la Comunidad de Aragón y de Cataluña. Sea el partido y gobierno de turno, el Segura estará más seco cada día a no ser que saquemos a la Virgen de la Fuensanta en procesión y San Pedro nos envíe agua.

Recuerdo que una vez vino Santiago Carrillo y vino un diluvión, exclamó: «¿Os traigo agua!», un poco más y nos ahogamos.

En las últimas elecciones, Felipe González en el Auditorio frente al Centro Comercial Continente apoyó el proyecto de canalizar y trasvasar las principales cuencas de España, Duero, Guadalquivir, Tajo y Ebro, los excedentes de los recursos acuíferos a los deficitarios. España somos todos y no unos cuantos Reinos de Taifas.

Juan Romero Díaz

La presidenta del PP de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, dijo ayer que está abierta a escuchar las sugerencias de los agricultores para atajar los problemas de la falta de agua y de la posición de desventaja de Castilla-La Mancha respecto a otras comunidades, derivada de la derogación del Plan Hidrológico Nacional (PHN).

En declaraciones a los periodistas antes de reunirse en el Ayuntamiento de Campo de Criptana (Ciudad Real) con miembros de la comunidad de regantes de la comarca, De Cospedal señaló que en este tipo de encuentros acude «a escuchar» para después someter sus demandas a un análisis junto a otros dirigentes del PP regional.

De Cospedal opinó que a la escasez de agua actual se aúna el problema de la derogación por parte del Gobierno socialista del PHN y consideró que es difícil y complicado atajar el asunto. Asimismo, expuso que la «posición de desventaja» en la que ha quedado Castilla-La Mancha respecto a otras comunidades autónomas significa que la Región seguirá viendo pasar el agua hacia otras regiones.

Por otra parte, , la candidata popular anunció en declaraciones al programa Herrera en la Onda, distribuidas por Onda Cero en una nota,que lo primero que hará cuando gane las elecciones autonómicas es realizar las obras hidráulicas que necesita la comunidad para poder aprovechar el agua que tiene, «que es escasa». Además, aseguró que va «a procurar no tener ningún conflicto a cuenta del agua con ninguna comunidad autónoma».

Sector agrícola

De Cospedal, que también se reunió ayer con representantes del Consejo Rector de la Unión de Cooperativas Agrarias de Castilla-La Mancha (Ucaman) y con la Comunidad de Regantes del Acuífero 23 en Alcázar de San Juan, aseguró que el principal objetivo de su partido en materia agrícola y ganadera es aumentar la renta de los agricultores de Castilla-La Mancha, y aludió a la iniciativa que tiene previsto presentar el PP en las Cortes regionales para exigir al Gobierno que excluya el vino de la ley del alcohol.

El portavoz del PP en las Cortes de Aragón, Antonio Suárez, aplaudió ayer el acuerdo alcanzado entre las direcciones nacionales de PP y PSOE para incluir la reserva estratégica de 6.550 hectómetros cúbicos en la reforma del Estatuto de Autonomía, mientras Javier Allué (PAR) pidió negociar, Chesús Bernal (CHA) rechazó este acuerdo y Adolfo Barrena (IU) arremetió contra cualquier concierto entre los dos grandes partidos.

Respecto a la reserva estratégica, Suárez señaló que «desde el Gobierno de la nación han planteado muchos problemas a esta cláusula adicional, donde se establecen los 6.550 hectómetros cúbicos», aunque «a día de hoy parece que el PSOE reconoce la cifra, ese reconocimiento está desde hace unos días». De confirmarse la inclusión de esta reserva en el estatuto, el río Ebro quedaría «blindado» para cualquier otro trasvase.

En la reunión mantenida ayer por el Director General de Desarrollo Rural y la Federación Nacional de Comunidades de Regantes de España.

Este programa, sobre el que se lleva trabajando desde hace más de un año, cubre en la actualidad más de 400.000 hectáreas de regadío.

Permitirá elaborar una base de datos de regadío agrícola que servirá de base y orientación para la elaboración de estudios y la toma de decisiones en materia de aprovechamientos hídricos.

24. Enero ´07 – El Director General de Desarrollo Rural del MAPA, Francisco Amarillo, analizó ayer, en una reunión mantenida con la Federación Nacional de Comunidades de regantes de España (FENACORE), las actuaciones llevadas a cabo para la implantación del programa CORENET, destinado a recoger información sobre la modernización de regadíos, y el intercambio de información entre las Comunidades de Regantes. El sistema, sobre el que se lleva trabajando más de un año, permitirá informatizar toda la red de riego que se va modernizando, mediante un equipamiento básico por parte de las Comunidades de Regantes, y el establecimiento de un centro de intercambio que, por parte del MAPA se situaría en el Centro Nacional de Tecnología del Regadío (CENTER), para el intercambio de información entre los regantes y la Administración. En la actualidad CORENET cubre ya más de 400.000 hectáreas de regadío, contando con la participación de 70 Comunidades de Regantes, estando previsto llegar hasta el millón de hectáreas. El programa, para cuya financiación el MAPA ha aportado 200.000 euros, además de modernizar la gestión de las Comunidades de Regantes, posibilitando la canalización de servicios externos e información de interés para la gestión del riego, servirá para la creación de una base de datos «Centro de datos CORENET», que será de gran utilidad para la elaboración de estudios y la adopción de decisiones relacionadas con el uso eficiente de los recursos hídricos.

Hace unos días el conseller González Pons declaraba ante los medios de comunicación que tiene la «sospecha» y la «sensación» políticas de que el Gobierno español pretende desalar masivamente agua en la Comunidad Valenciana para exportarla posteriormente a otras comunidades vecinas, entre las cuales citó a Castilla-La Mancha, Aragón y Cataluña, pero no a Murcia.

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La defensa surrealista de las ideas del Consell en materia de agua no es nueva. Empezó con el trasvase del Ebro, que ha devenido en el pensamiento único del presidente Camps, sosteniendo que el agua del Ebro sería baratísima porque bajaría sola de Tortosa a Valencia. No había más que ver el mapa para comprenderlo. Siguió con el trasvase Júcar-Vinalopó, asegurando que el agua transportada 80 kilómetros desde Cullera hasta Villena por el trazado «socialista» saldrá carísima, mientras que el agua transportada 300 kilómetros desde Tortosa también hasta Villena pero por el trazado «popular» del trasvase del Ebro habría sido baratísima. Luego vino la amenaza de la desertización, pronosticando que sin el agua del Ebro los bosques valencianos se secarían y la Comunidad quedaría desertizada. ¿Acaso Camps pretendía construir en secreto una inmensa red de tuberías capaz de distribuir el agua del Ebro de pino en pino, subiendo y bajando por las montañas valencianas?

Sin embargo, cuando parecía que ya se había alcanzado el techo absoluto del disparate hidráulico, el conseller González Pons ha roto todas las marcas en su nueva cruzada ecológica contra las desaladoras. No hace mucho tiempo, en su etapa de gobierno en Madrid, el PP fue por derecho propio «el gran desalador». No sólo se construyeron o tramitaron entonces grandes desaladoras marinas en Palma, San Antonio de Ibiza, Formentera, Blanes, Xàbia, Alicante, San Pedro del Pinatar, Carboneras, Almería, Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria y Tenerife, todas ellas con financiación pública, sino que en época del ministro Matas se llegó a enviar telegramas a los ayuntamientos de Baleares diciéndoles: «Pidan ahora su desaladora, que hay fondos disponibles». Alcudia, Ciudadela, Santa Eulalia y Andratx la pidieron, y todos ellos tienen sus desaladoras en construcción.

Sin embargo, ahora todo ha cambiado. Para que no decaiga la guerra del agua, las desaladoras han pasado a ser un invento del demonio y deben ser públicamente deleznadas y vilipendiadas. La tarea le ha tocado a González Pons, y la tiene que combinar con el encargo de Camps de verdear la imagen gris-hormigón del PP hasta las elecciones de mayo. La conjunción de ambos encargos ha convertido la campaña contra las desaladoras en una auténtica charlotada ambiental sin precedentes en España ni en el mundo.

Para empezar, González Pons ha acusado a las desaladoras de ser nada menos que «las nucleares del mar», una acusación ciertamente terrorífica, aunque un tanto sorprendente viniendo de un partido que es el más cerradamente pronuclear de España, y uno de los más destacados de Europa en la materia. A continuación ha pintado un sombrío panorama de apagones y escasez de energía en la Comunidad ocasionado por el consumo eléctrico de las desaladoras, que chuparán hasta el último kilovatio disponible. Habrá que volver a las lámparas de aceite y a las barras de hielo para mantener las desaladoras…

Pero los desastres de las desaladoras no se acaban ahí. El conseller las ha acusado también de destruir implacablemente la Poseidonia oceanica, que fenecerá por completo cuando las desaladoras salinicen el Mediterráneo hasta convertirlo en un Mar Muerto, aniquilando de paso nuestra industria turística, y por supuesto la pesca. La Poseidonia es el gran descubrimiento ecológico del PP. «¿Poseiqué?», preguntaban los eurodiputados populares hace tres o cuatro años, cuando los ecologistas aludían a esta valiosa planta marina en los debates europeos sobre el Plan Hidrológico Nacional. Ahora el conseller dice que esta planta es «el segundo pulmón» de la Comunidad Valenciana (el primero son los pinos que también se morirán si no se riegan con agua del Ebro). Pobre País, si la mitad de su respiración dependiera del oxígeno liberado por los escasos 500 km2 de praderas de Poseidonia que aún subsisten a duras penas en el litoral amenazadas, no por las desaladoras, que tienen resuelto hace años ese problema, sino por la pesca de arrastre, los puertos deportivos y los vertidos urbanos mal depurados o sin depurar, temas todos ellos desgobernados por el Consell.

Pero ahora, por fin, con la confesión de las «sensaciones políticas» del conseller, comenzamos a entender las razones de toda esta destrucción. El Gobierno pretende convertir a la Comunidad Valenciana en una gran fábrica de agua desalada, pero no para dársela a los valencianos, sino para exportarla a Castilla-La Mancha, Aragón y, sobre todo, a Cataluña. Así, los catalanes y otros enemigos de Valencia tendrán agua a chorro libre después de habernos dejado a los valencianos sin el mar Mediterráneo, sin turismo, sin pesca, sin agua, sin electricidad y hasta sin oxígeno para respirar. ¿Cabe imaginar mayor infamia contra la Comunidad Valenciana? Y todo por haber votado al PP.

Hasta aquí todo muy divertido. Pero el problema es que hoy en día, con la televisión y con Internet, las astracanadas políticas se ven desde todas partes. En los medios políticos españoles la obsesión enfermiza de Camps con el trasvase del Ebro ya despierta sonrisas de conmiseración, y en Bruselas están hartos de soportar el circo acuático y urbanístico valenciano. Bastan unos pocos años para conseguir el descrédito institucional de una clase política, y el PP valenciano lo ha conseguido con creces. Cuando esto cambie va a costar mucho tiempo y muchos esfuerzos recomponer la imagen del Consell como una institución seria, sin políticos sandía ni melón, con la que se pueda discutir y en la que se pueda confiar.

Antonio Estevan es consultor ambiental y miembro de la Fundación Nueva Cultura del Agua.

E l portavoz del Sindicato Central de Regantes del Trasvase Tajo-Segura, Ángel Urbina, denunció ayer que los agricultores tendrán que pagar 6 millones de euros por la compra de 30 hm 3 de agua de riego del Tajo a una comunidad de Aranjuez (Madrid) que deriva el caudal del complejo de embalses de Entrepeñas y Buendía. Pantanos donde, paradójicamente, arranca el trasvase y de los que el Ministerio de Medio Ambiente no envía ni una gota de agua para riego en Alicante y Murcia desde hace 18 meses al estimar que no hay caudal suficiente y que su utilización para riego impediría garantizar el suministro para consumo urbano. Entrepeñas y Buendía almacenan actualmente unos 300 hm 3 , sesenta por encima de la reserva estratégica que fija el Plan Hidrológico Nacional por debajo de la cual no se puede enviar agua del Tajo a Alicante.

Urbina criticó ayer «ese doble lenguaje del Gobierno que nos niega el agua del trasvase del Tajo pero nos pide que la compremos a regantes que la sacan de esas reservas y encima nos la cobran, con todo su derecho, al doble que la tarifa del Ministerio. El portavoz de los regantes explicó que el agua del Tajo cuesta 0,10 euros el metro cúbico y la que han comprado a la comunidad de Estremera costará 0,22 euros el metro cúbico «y eso que el Ministerio ha tenido el gesto de no cobrarnos las tarifas por utilizar la infraestructura del trasvase».

Según Urbina, en la comisión de explotación en la que se aconsejó el último trasvase para consumo urbano, el Ministerio de Medio Ambiente planteó a los agricultores que compraran agua en Aranjuez «como una medida provisional hasta que nos enviarán 11 hm 3 para regar. Ha pasado ya casi un mes y siguen diciéndonos que no hay caudales para el campo pero si son posibles cuando los pagamos al doble de su valor», sentenció Urbina, que acusó al Gobierno de «sacrificar la agricultura mediterránea, porque nos lleva a tener que pagar más por el agua con la excusa de que no puede enviarnos los caudales de Entrepeñas y Buendía para garantizar el consumo urbano».

El portavoz de los regantes alicantinos subrayó, por otra parte, que «no hay trasvase del Ebro para la España seca y de este río se producen todos los años ocho trasvases a la España húmeda y el ejemplo más claro lo tenemos en los 240 hm 3 que salen todos los años de cabecera para el embalses del Zadorra desde donde bebe el Gran Bilbao. Qué cuentos nos está contando la ministra Narbona a los agricultores de Alicante».

El Sindicato del Acueducto Tajo-Segura – veinte mil agricultores en la provincia de Alicante – lleva sin recibir agua para regar desde hace 18 meses, lo que ha provocado que muchos hayan abandonado ya explotaciones o buscado tierras en otras zonas de España e incluso Europa donde el caudal está garantizado. «Lo que tiene que tener claro el Ministerio de Medio Ambiente es que en España la agricultura competitiva está en el Mediterráneo y se necesita agua de calidad porque también contribuimos al PIB. El agua desalinizada del mar puede estar muy bien para la costa y para las urbanizaciones pero los agricultores necesitamos caudal barato y bueno», aseveró Urbina.