En la reunión mantenida ayer por el Director General de Desarrollo Rural y la Federación Nacional de Comunidades de Regantes de España.

Este programa, sobre el que se lleva trabajando desde hace más de un año, cubre en la actualidad más de 400.000 hectáreas de regadío.

Permitirá elaborar una base de datos de regadío agrícola que servirá de base y orientación para la elaboración de estudios y la toma de decisiones en materia de aprovechamientos hídricos.

24. Enero ´07 – El Director General de Desarrollo Rural del MAPA, Francisco Amarillo, analizó ayer, en una reunión mantenida con la Federación Nacional de Comunidades de regantes de España (FENACORE), las actuaciones llevadas a cabo para la implantación del programa CORENET, destinado a recoger información sobre la modernización de regadíos, y el intercambio de información entre las Comunidades de Regantes. El sistema, sobre el que se lleva trabajando más de un año, permitirá informatizar toda la red de riego que se va modernizando, mediante un equipamiento básico por parte de las Comunidades de Regantes, y el establecimiento de un centro de intercambio que, por parte del MAPA se situaría en el Centro Nacional de Tecnología del Regadío (CENTER), para el intercambio de información entre los regantes y la Administración. En la actualidad CORENET cubre ya más de 400.000 hectáreas de regadío, contando con la participación de 70 Comunidades de Regantes, estando previsto llegar hasta el millón de hectáreas. El programa, para cuya financiación el MAPA ha aportado 200.000 euros, además de modernizar la gestión de las Comunidades de Regantes, posibilitando la canalización de servicios externos e información de interés para la gestión del riego, servirá para la creación de una base de datos «Centro de datos CORENET», que será de gran utilidad para la elaboración de estudios y la adopción de decisiones relacionadas con el uso eficiente de los recursos hídricos.

Hace unos días el conseller González Pons declaraba ante los medios de comunicación que tiene la «sospecha» y la «sensación» políticas de que el Gobierno español pretende desalar masivamente agua en la Comunidad Valenciana para exportarla posteriormente a otras comunidades vecinas, entre las cuales citó a Castilla-La Mancha, Aragón y Cataluña, pero no a Murcia.

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La defensa surrealista de las ideas del Consell en materia de agua no es nueva. Empezó con el trasvase del Ebro, que ha devenido en el pensamiento único del presidente Camps, sosteniendo que el agua del Ebro sería baratísima porque bajaría sola de Tortosa a Valencia. No había más que ver el mapa para comprenderlo. Siguió con el trasvase Júcar-Vinalopó, asegurando que el agua transportada 80 kilómetros desde Cullera hasta Villena por el trazado «socialista» saldrá carísima, mientras que el agua transportada 300 kilómetros desde Tortosa también hasta Villena pero por el trazado «popular» del trasvase del Ebro habría sido baratísima. Luego vino la amenaza de la desertización, pronosticando que sin el agua del Ebro los bosques valencianos se secarían y la Comunidad quedaría desertizada. ¿Acaso Camps pretendía construir en secreto una inmensa red de tuberías capaz de distribuir el agua del Ebro de pino en pino, subiendo y bajando por las montañas valencianas?

Sin embargo, cuando parecía que ya se había alcanzado el techo absoluto del disparate hidráulico, el conseller González Pons ha roto todas las marcas en su nueva cruzada ecológica contra las desaladoras. No hace mucho tiempo, en su etapa de gobierno en Madrid, el PP fue por derecho propio «el gran desalador». No sólo se construyeron o tramitaron entonces grandes desaladoras marinas en Palma, San Antonio de Ibiza, Formentera, Blanes, Xàbia, Alicante, San Pedro del Pinatar, Carboneras, Almería, Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria y Tenerife, todas ellas con financiación pública, sino que en época del ministro Matas se llegó a enviar telegramas a los ayuntamientos de Baleares diciéndoles: «Pidan ahora su desaladora, que hay fondos disponibles». Alcudia, Ciudadela, Santa Eulalia y Andratx la pidieron, y todos ellos tienen sus desaladoras en construcción.

Sin embargo, ahora todo ha cambiado. Para que no decaiga la guerra del agua, las desaladoras han pasado a ser un invento del demonio y deben ser públicamente deleznadas y vilipendiadas. La tarea le ha tocado a González Pons, y la tiene que combinar con el encargo de Camps de verdear la imagen gris-hormigón del PP hasta las elecciones de mayo. La conjunción de ambos encargos ha convertido la campaña contra las desaladoras en una auténtica charlotada ambiental sin precedentes en España ni en el mundo.

Para empezar, González Pons ha acusado a las desaladoras de ser nada menos que «las nucleares del mar», una acusación ciertamente terrorífica, aunque un tanto sorprendente viniendo de un partido que es el más cerradamente pronuclear de España, y uno de los más destacados de Europa en la materia. A continuación ha pintado un sombrío panorama de apagones y escasez de energía en la Comunidad ocasionado por el consumo eléctrico de las desaladoras, que chuparán hasta el último kilovatio disponible. Habrá que volver a las lámparas de aceite y a las barras de hielo para mantener las desaladoras…

Pero los desastres de las desaladoras no se acaban ahí. El conseller las ha acusado también de destruir implacablemente la Poseidonia oceanica, que fenecerá por completo cuando las desaladoras salinicen el Mediterráneo hasta convertirlo en un Mar Muerto, aniquilando de paso nuestra industria turística, y por supuesto la pesca. La Poseidonia es el gran descubrimiento ecológico del PP. «¿Poseiqué?», preguntaban los eurodiputados populares hace tres o cuatro años, cuando los ecologistas aludían a esta valiosa planta marina en los debates europeos sobre el Plan Hidrológico Nacional. Ahora el conseller dice que esta planta es «el segundo pulmón» de la Comunidad Valenciana (el primero son los pinos que también se morirán si no se riegan con agua del Ebro). Pobre País, si la mitad de su respiración dependiera del oxígeno liberado por los escasos 500 km2 de praderas de Poseidonia que aún subsisten a duras penas en el litoral amenazadas, no por las desaladoras, que tienen resuelto hace años ese problema, sino por la pesca de arrastre, los puertos deportivos y los vertidos urbanos mal depurados o sin depurar, temas todos ellos desgobernados por el Consell.

Pero ahora, por fin, con la confesión de las «sensaciones políticas» del conseller, comenzamos a entender las razones de toda esta destrucción. El Gobierno pretende convertir a la Comunidad Valenciana en una gran fábrica de agua desalada, pero no para dársela a los valencianos, sino para exportarla a Castilla-La Mancha, Aragón y, sobre todo, a Cataluña. Así, los catalanes y otros enemigos de Valencia tendrán agua a chorro libre después de habernos dejado a los valencianos sin el mar Mediterráneo, sin turismo, sin pesca, sin agua, sin electricidad y hasta sin oxígeno para respirar. ¿Cabe imaginar mayor infamia contra la Comunidad Valenciana? Y todo por haber votado al PP.

Hasta aquí todo muy divertido. Pero el problema es que hoy en día, con la televisión y con Internet, las astracanadas políticas se ven desde todas partes. En los medios políticos españoles la obsesión enfermiza de Camps con el trasvase del Ebro ya despierta sonrisas de conmiseración, y en Bruselas están hartos de soportar el circo acuático y urbanístico valenciano. Bastan unos pocos años para conseguir el descrédito institucional de una clase política, y el PP valenciano lo ha conseguido con creces. Cuando esto cambie va a costar mucho tiempo y muchos esfuerzos recomponer la imagen del Consell como una institución seria, sin políticos sandía ni melón, con la que se pueda discutir y en la que se pueda confiar.

Antonio Estevan es consultor ambiental y miembro de la Fundación Nueva Cultura del Agua.

E l portavoz del Sindicato Central de Regantes del Trasvase Tajo-Segura, Ángel Urbina, denunció ayer que los agricultores tendrán que pagar 6 millones de euros por la compra de 30 hm 3 de agua de riego del Tajo a una comunidad de Aranjuez (Madrid) que deriva el caudal del complejo de embalses de Entrepeñas y Buendía. Pantanos donde, paradójicamente, arranca el trasvase y de los que el Ministerio de Medio Ambiente no envía ni una gota de agua para riego en Alicante y Murcia desde hace 18 meses al estimar que no hay caudal suficiente y que su utilización para riego impediría garantizar el suministro para consumo urbano. Entrepeñas y Buendía almacenan actualmente unos 300 hm 3 , sesenta por encima de la reserva estratégica que fija el Plan Hidrológico Nacional por debajo de la cual no se puede enviar agua del Tajo a Alicante.

Urbina criticó ayer «ese doble lenguaje del Gobierno que nos niega el agua del trasvase del Tajo pero nos pide que la compremos a regantes que la sacan de esas reservas y encima nos la cobran, con todo su derecho, al doble que la tarifa del Ministerio. El portavoz de los regantes explicó que el agua del Tajo cuesta 0,10 euros el metro cúbico y la que han comprado a la comunidad de Estremera costará 0,22 euros el metro cúbico «y eso que el Ministerio ha tenido el gesto de no cobrarnos las tarifas por utilizar la infraestructura del trasvase».

Según Urbina, en la comisión de explotación en la que se aconsejó el último trasvase para consumo urbano, el Ministerio de Medio Ambiente planteó a los agricultores que compraran agua en Aranjuez «como una medida provisional hasta que nos enviarán 11 hm 3 para regar. Ha pasado ya casi un mes y siguen diciéndonos que no hay caudales para el campo pero si son posibles cuando los pagamos al doble de su valor», sentenció Urbina, que acusó al Gobierno de «sacrificar la agricultura mediterránea, porque nos lleva a tener que pagar más por el agua con la excusa de que no puede enviarnos los caudales de Entrepeñas y Buendía para garantizar el consumo urbano».

El portavoz de los regantes alicantinos subrayó, por otra parte, que «no hay trasvase del Ebro para la España seca y de este río se producen todos los años ocho trasvases a la España húmeda y el ejemplo más claro lo tenemos en los 240 hm 3 que salen todos los años de cabecera para el embalses del Zadorra desde donde bebe el Gran Bilbao. Qué cuentos nos está contando la ministra Narbona a los agricultores de Alicante».

El Sindicato del Acueducto Tajo-Segura – veinte mil agricultores en la provincia de Alicante – lleva sin recibir agua para regar desde hace 18 meses, lo que ha provocado que muchos hayan abandonado ya explotaciones o buscado tierras en otras zonas de España e incluso Europa donde el caudal está garantizado. «Lo que tiene que tener claro el Ministerio de Medio Ambiente es que en España la agricultura competitiva está en el Mediterráneo y se necesita agua de calidad porque también contribuimos al PIB. El agua desalinizada del mar puede estar muy bien para la costa y para las urbanizaciones pero los agricultores necesitamos caudal barato y bueno», aseveró Urbina.

El campo fue el gran protagonista de la visita de María Dolores de Cospedal a la provincia de Albacete, y especialmente dos asuntos de relevancia: el sector del vino y la eterna cuestión del agua, aunque con resultados dispares.

En lo tocante al vino, y tanto durante su visita a la localidad de Casas Ibáñez como en su estencia en la capital, la candidata a la presidencia de la Juntahizo una encendida defensa del sector, amenazado por leyes que lo equiparan con los alcocholes fuertes.

En lo que corresponde al agua, éste fue uno de los temas fuertes de su reunión con la directiva provincial de ASAJA, aunque sus propuestas fueron acogidas con cierto escepticismo por parte de los dirigentes agrarios, quienes se quejaron de la falta de propuestas claras en este asunto tanto por parte del PP como del PSOE.

Sobre el vino, y según informa nuestro compañero Manuel Picó, desde Casas Ibáñez, De Cospedal afirmó que el sector atraviesa un momento difícil y afirmó que el gobierno socialista está promoviendo una ley para que el vino sea considerado una bebida alcohólica, al tiempo que aseguró que tanto el PP regional como ella personalmente apuestan por defender el vino de Castilla-La Mancha. En este sentido se refirió a que el PP presentará un proyecto en las Cortes regionales para que el vino salga de esa propuesta de Ley.

Del mismo modo, la candidata popular a la presidencia del gobierno regional dijo que hay que promocionar el vino, pero el importe del Fondo de promoción vitivinícola que hoy pagan las cooperativas de Castilla-La Mancha debe ser abonado por la Junta.

Estos argumentos fueron reiterados por De Cospedal durante su comparencencia ante los medios instantes antes de visitar las instalaciones de ASPRONAen Albacete y durante su encuentro con los miembros de la directiva de ASAJA. Pero, con éstos últimos, también habló de otro de los eternos asuntos del campo en esta parte de la Península: el agua.

HACE FALTA UN PLAN DEL JÚCAR. Respecto a este asunto, y al término de la reunión, la candidata popular explicó que entre otros temas, «hemos hablado de la necesidad de un plan hidrológico para el Júcar, de qué va a pasar con el Trasvase Tajo-Segura cuando desaparezca, de que tiene que haber obras hidráulicas, de que las obras hidráulicas tienen que estas planificadas con plazos, con dineros, y tenemos que saber cómo van».

Sobre este asunto y otros relacionados con el campo, señaló que su intención es que todas las propuestas que haga su partido en materia agraria serán realizadas conjuntamente con las gentes del campo, que son las que conocen mejor las necesidades de un sector básico, aquejado de una crisis estructural que se agrava, indicó, con la sequía y la falta de una adecuada planificación hidrológica.

«Estoy esperando con verdadera ansiedad que el gobierno de la nación y el gobierno de la región presenten un plan para el Júcar, porque necesitamos antes que nada un plan hidrológico del Júcar, el gran problema que tenemos en esta zona, sobre todo en Albacete, es que no tenemos un plan hidrológico del Júcar, y tenemos que saber también en toda esta zona qué va a pasar, la solución no puede ser siempre que los regantes de Albacete se estén autolimitando».

Por otra parte, además de pedir un esfuerzo a las regiones vecinas, De Cospedal exigió a la Junta que se ponga a trabajar y haga la parte de esfuerzo que le corresponde, esto es, haciendo las obras hidráulicas que tanto necesita la región «porque no podemos estar siempre quejándonos sin hacer nada»

Por su parte, el presidente provincial de ASAJA, José Pérez Cuenca, explicó que además de agua y vino se habló de otros asuntos, como la aplicación de las medidas agroambientales de la PAC. «Ella nos ha hecho algunas propuestas, dicen que tiene proyectos y los presentarán, cuando los presenten y los veamos, los valoraremos».

Sin embargo, y dentro del campítulo del agua, Pérez Cuenca lanzó un dardo contra tirios y troyanos: «Creemos que se está hablando del agua de una forma desaforada sin tener mucha idea, y sin un proyecto de qué queremos, sea con el trasvase o con el Júcar y el Segura, ahora mismo no veo un proyecto político, ni por unos ni por otros; para el futuro de esta región en lo tocante al agua, necesitamos un proyecto claro y definido, a medio y largo plazo, y con el dinero sobre la mesa».

El presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Juan José Moragues, admitió ayer una situación «complicada» en la cuenca del Júcar en la que «se trabaja» para evitar restricciones al consumo humano que están descartadas, según confirmó ayer el director general del Agua Jaime Palop y la propia Ministra de Medio Ambiente Cristina Narbona.
Moragues confía en que pese a que se trata de un año «muy difícil» y «tremendamente seco», las reservas de los embalses de la cuenca del Júcar mejoren.
Juan José Moragues admitió que el río Júcar está aportando muy poca agua aunque cree que se recuperará «lentamente».
El director general del Agua, Jaime Palop, aseguró que no se van a poder atender todas las demandas de agua, pero que las restricciones se limitaran al regadío.
El conseller de Infraestructuras y Transporte, José Ramón García Antón, calificó de «irresponsable» la política del Gobierno Central, al «anunciar restricciones de agua cuando la situación de la cabecera del Tajo y del Segura, pese a la sequíMoragues hizo estas declaraciones a los periodistas en Villena (Alicante), donde visitó las obras de la balsa de San Diego, que conforma el tramo VII de la conducción Júcar-Vinalopó.

Detalló que la reserva de agua en los embalses de la demarcación hidrográfica del Júcar está al quince por ciento de su capacidad, aunque precisó que el río Júcar, que es una parte de esa demarcación, se halla al cinco por ciento de su capacidad de embalse.

Según Moragues, esta situación ‘seguro que mejorará’, aunque ‘lentamente’ porque el río está aportando muy poca agua y éste es un ‘año tremendamente seco’.

‘Entendemos que, aunque es un año difícil, muy difícil, la situación irá mejorando’ en lo que queda de invierno y la próxima primavera, señaló el presidente de la CHJ.

‘Estamos reduciendo mucho el consumo agrícola en el Júcar y vamos a reducir también el consumo en Castilla-La Mancha’, añadió.

Por otra parte, remarcó que, a pesar de que la situación hídrica es ‘complicada’, se trabaja para garantizar que este año no haya restricciones en el abastecimiento público, lo que supondrá ‘un esfuerzo duro’, y recordó que España afronta su tercer año de sequía, que ‘es el mayor de la historia’.

‘Llevamos tres años resolviendo la situación sin restricciones en el abastecimiento público -dijo- y este año se trabaja’, igualmente, para garantizar el suministro.
a, es mejor que el pasado año».

Aunque el tema más importante y el que más tiempo se dilató en su debate fue el de la modernización de los sistemas de regadíos, aspecto del que ya ofrecimos ayer una amplia información, en las casi cuatro horas que duró la asamblea celebrada el domingo por la Comunidad de Regantes «Martínez Parras» se trataron otros asuntos de interés para los componentes de este colectivo.

Así, tras la lectura de la memoria correspondiente al año anterior se procedía al examen y aprobación de las cuentas correspondientes a 2006 y se presentaba el presupuesto para el año actual, sobre el cual se ofrecieron dos opciones, aprobándose finalmente la de menor cuantía, cuyo importe total es de 279.000 euros, con la línea habitual de financiación para el mismo. Igualmente se acordaba la continuidad en la ordenación de riegos actualmente en vigencia.

Otro apartado de singular importancia fue fijar el precio de la hora de agua, que se aprobaba en 43 euros, incluidos en esta cantidad la cifra de tres euros que se acordaba para el mantenimiento de los canales. En lo que respecta al agua asignada de más, por renuncias, su precio será del triple de la normal, mientras que la utilizada fuera de la tanda se ha fijado en 1,20 euros. Como dato añadido se recordaba la obligatoriedad de pagar los recibos dentro del plazo habilitado para ello y los que se abonen fuera del mismo llevarán el correspondiente recargo.

SANCIONES. Los reunidos también se pronunciaron al respecto de las sanciones a aplicar por hurto de agua. En relación a dicho apartado, cuando el origen del mismo sea debido a una equivocación en el turno de riegos, sin que se entienda otra intencionalidad, el caso será resuelto por el Jurado de Riegos, mientras que se si observa premeditación, quienes así obren se verán incursos en la aplicación de una sanción, que hasta el momento ha estado fijada en doscientos euros, pero que a partir de ahora se elevará a seiscientos, según la propuesta presentada por el aludido Jurado de Riegos, que era aprobada por los asistentes. Finalmente se procedía a elevar los precios por el arrendamiento de los bienes propiedad de la Comunidad de Regantes, que en su momento le fueron cedidos por la Delegación de Agricultura, consistentes en tierras de labor y varias edificaciones.

modernización de riegos. La necesidad planteada por la Consejería de Agricultura, en el sentido de que los regantes asumiesen el compromiso de la modernización de los regadíos, que actualmente emplean el sistema tradicional de tandas, para que pueda llevarse a cabo la construcción de embalses que posibiliten el suministro durante los meses de verano, planteaba un gran número de dudas entre los miembros de la Comunidad «Martínez Parras» y , aunque al final se adoptaba dicho criterio, con la condición de que inicialmente se proceda a la construcción de embalses para almacenamiento, muchas de estas cuestiones fueron expuestas a los representantes de la Junta de Comunidades que asistieron a la asamblea general.

Aparte de la necesidad inexcusable de que se lleven a cabo las construcciones necesarias para tener agua disponible, los agricultores plantearon las duda en cuanto a si la Confederación Hidrográfica del Segura, como organismo de cuenca, garantizará este proyecto, resaltando la preocupación por la forma en que se presentará este año, si la sequía continúa.

Al hilo de lo anterior se aducía también el elevado gasto que conllevan actualmente los cultivos y el escaso beneficio económico que se obtiene, a lo que se suma el hecho de que se han realizado inversiones muy elevadas, que incluso en algunos casos se están todavía pagando, en balsas de almacenamiento dentro de las parcelas y ahora estas serán inútiles, con lo que algunos planteaban su anulación para poder, como mínimo, recuperar el terreno y destinarlo a uso agrícola. Igualmente se ponía en evidencia el importante desembolso que ocasionará la necesidad de adaptar los nuevos sistemas de riegos dentro de las parcelas, que será independiente, pero complementario, al que se deba asumir para llevar el agua hasta la entrada de las mismas, cuyo montante económico ya se ha evaluado, de acuerdo al proyecto que en tal sentido realizó en marzo del año 2.000 la UCLM. Cabe indicar también que por parte de la Junta se ha cedido a la Comunidad «Martínez Parras» uno de los sondeos existentes en El Boquerón, pero con el mismo puede no ser bastante para las necesidades de agua, si continúa la actual situación.

MURCIA. El Ministerio de Medio Ambiente ha descartado el envío de agua de la cabecera del Tajo al parque nacional de Las Tablas de Daimiel, que atraviesa una situación dramática. La negativa se produce días después de que el PSOE de Ciudad Real lanzara una petición para evitar la desaparición de este enclave natural.

El director general del Agua, Jaime Palop, explicó ayer que casi toda el agua que se pudiera transportar se perdería por el camino, ya que el tramo natural de 80 kilómetros del río Cigüela está tan seco que todo los caudales quedarían absorbidos por el terreno.

Sin embargo, Palop explicó que los abastecimientos para la población, para la industria y la construcción, así como para el turismo, están garantizados este año en la cuenca del Segura. La excepción sigue siendo los regadíos, que se tendrán que apretar más el cinturón a la vista de las bajas aportaciones de agua en los pantanos de la cabecera del Tajo y en la propia cuenca del Segura.

El responsable ministerial incidió ayer en que la situación actual es la misma que la del año pasado debido a la escasez de lluvias en Murcia, la Comunidad Valenciana y parte de Castilla-La Mancha. Las cuencas del Segura, Júcar, parte del Tajo, zonas de la margen derecha del Ebro, áreas del Guadalquivir y la cuenca del Almanzora (Almería) están afrontando el tercer año de un ciclo de sequía que se se considera el más grave de los últimos tres decenios.

Sólo si lloviera de forma abundante se podría empezar a paliar una situación que, a día de hoy, mantiene importantes prohibiciones para los regadíos. Según las estimaciones del Ministerio de Medio Ambiente, los regantes que dependen de Trasvase Tajo-Segura sólo podrán recibir 40 hectómetros cúbicos en el presente año hidrológico, que finaliza en octubre. De esta cantidad, 30 corresponden a la compra de derechos a los agricultores de Estremera.

El contrato ya ha sido formalizado y está pendiente del visto bueno del Ministerio. Así pues, el Consejo de Ministros sólo tiene por ahora margen para autorizar un pequeño riego de socorro para mantener el arbolado.

La Confederación Hidrográfica del Júcar tiene almacenados en sus embalses apenas 500 hectómetros cúbicos, 225 hectómetros menos que el pasado año. Es decir, un tercio menos. En invierno de 2006, los pantanos situados en el río Turia tenían reservas incluso por encima del 60%, como era el caso de Benagéber, el mayor embalse de la cuenca. Este año apenas acumula un tercio de su capacidad.

Los motivos de este descenso en las reservas del Turia es que la Confederación Hidrográfica del Júcar ha tenido que recurrir al agua almacenada en estos embalses para abastecer a la población de Sagunto, Valencia y su área metropolitana.

En el caso de los embalses del Júcar, ya el pasado año comenzaba a entreverse su agónica situación, agravada este año ante la ausencia de precipitaciones importantes en la cabecera de los ríos Júcar y Cabriel.

El pantano de Alarcón estaba al 10% de su capacidad, con 119 hectómetros cúbicos. Este año está a poco más del 5% con 65. Parecida situación vive el embalse de Contreras, que almacenaba 54 hectómetros, de los que le quedan 34.

La situación de la cuenca del Segura es muy similar a la del pasado año. Las reservas están tan bajas, al 10% de su capacidad, que prácticamente no han podido disminuir más de lo que ya estaban. Sin embargo, en algunas zonas de la cuenca se han registrado precipitaciones en otoño que han ayudado a que las reservas hayan aumentado, aunque de forma poco significativa para aliviar la sequía.

El abastecimiento está garantizado, al menos de momento. Este es el mensaje que repitieron ayer desde la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, hasta el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Juan José Moragues. Narbona fue la primera en desdecir a su segundo, el director general del Agua, Jaime Palop, que dijo que habría restricciones en unas declaraciones recogidas por la Agencia EFE el pasado domingo. Exactamente dijo que salvo que se registraran unas precipitaciones absolutamente excepcionales, “no se podrán cubrir las necesidades básicas de abastecimiento de ciertas poblaciones”. Sin embargo, Palop rectificó ayer asegurando que una agencia “había malinterpretado” sus declaraciones recogidas por varios medios de comunicación.

Las palabras del director general del Agua generaron alarma entre la población valenciana. Por ello, Narbona salió en seguida al paso de las declaraciones de Palop y dijo: “En absoluto el Ministerio prevé problemas en el abastecimiento, porque es la prioridad, y la incidencia de la sequía ha sido y se mantiene con más dureza en la actividad agraria, en los regadíos”.

Narbona, tras una reunión que mantuvo con el titular polaco de Medio Ambiente, introdujo, sin embargo un pequeño matiz, ya que aseguró que se puede seguir manteniendo el abastecimiento “en estos momentos”. Un matización parecida fue la que realizó el director general del Agua en declaraciones a LAS PROVINCIAS. Según el alto cargo del Ministerio, el abastecimiento en las cuencas del Júcar y del Segura está “prácticamente garantizado”.

También el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Juan José Moragues, aseguró durante su visita a la balsa de San Diego (tramo VII de la conducción Júcar-Vinalopó) en Villena que desde el Ministerio se trabaja para garantizar que este año no haya restricciones en el abastecimiento público, lo que supondrá “un esfuerzo duro”.

Lo que sí parece seguro, y así lo dejaron claro los tres, es que los grandes perjudicados por la escasez de agua en los pantanos serán los agricultores de la Comunitat y de Castilla-La Mancha. Si el pasado año las restricciones llegaron a ser hasta del 60% en los cultivos tradicionales del Júcar, este año, según anunció Palop, “van a ser mayores. Los usos prioritarios son el abastecimiento humano y el medioambiental, a costa de la agricultura”. El director general del Agua garantizó sin embargo los riegos de socorro.

Desde el Ministerio de Medio Ambiente se trabaja con la hipótesis de que desde ahora y hasta que llegue la época estival, la más seca del año y donde además se consume un mayor volumen hídrico por el riego y el turismo, llueva lo suficiente para aliviar la actual sequía. Esta situación “seguro que mejorará”, aunque “lentamente”, dijo Moragues.

También se mostró optimista Palop, que aseguró que el final de la sequía podría llegar en cualquier momento. “En 1996, los embalses se recargaron en poco más de un mes”.

Entre las soluciones, Narbona invitó a “aprovechar al máximo las posiblidades normativas del intercambio de derechos de agua”, los llamados bancos de agua, que están a punto de ser reEl conseller de Infraestructuras, José Ramón García Antón, calificó ayer de “irresponsable” la política del Gobierno central al anunciar restricciones de agua cuando la situación de la cabecera del Tajo y del Segura, pese a la sequía, es mejor que el pasado año.

García Antón criticó “la falta de una política única por parte del Gobierno, que viene a demostrar que no tiene un objetivo claro en materia hídrica”. Se refirió así a las discrepancias entre las declaraciones del director general del Agua el pasado domingo y las que vertió ayer la ministra de Medio Ambiente, en las que garantizaba el suministro hídrico. Sus palabras “contribuyen a demostrar la inconsistencia de un partido que en cada sitio es capaz de defender una cosa distinta”.gulados por una ley.