Hace meses que los datos son incontestables. Las reservas de los embalses agonizan y el abastecimiento humano pende de un hilo. Pero desde el Gobierno se limitaban a asegurar que se estaba trabajando para poder garantizar el suministro. Sin embargo, ya no han podido ocultar por más tiempo la evidencia: las restricciones llegarán, seguramente, el próximo verano.

El director general del Agua, Jaime Palop, uno de los altos cargos del Ministerio de Medio Ambiente, avanzó ayer: “Es seguro que no podremos atender todas las necesidades” de agua en ciertas poblaciones este año, “aun lloviendo muchísimo”.

La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, reiteró la pasada semana que este tercer año de sequía, que está afectando de manera especial a las cuencas del Júcar y del Segura, supone la sequía más grave de la historia de España desde que se tienen registros.

Sin embargo, la confirmación a lo que parecía ser ya una situación irreversible, la falta suficiente de agua para abastecer a la población en un tercer año de sequía, ha llegado después del otoño.

Esta es la estación en la que tradicionalmente se registra un mayor volumen de precipitaciones, pero a pesar de que ha habido meses, como noviembre, donde las lluvias en la Comunitat Valenciana han sido más abundantes de lo normal, apenas ha modificado la situación y las reservas de los embalses siguen estando bajo mínimos.

El propio Palop recordó que el nuevo año hidrológico, que arrancó el pasado 1 de octubre, se inició “bastante bien” en cuanto a lluvias, pero a finales de noviembre desaparecieron las precipitaciones, “lo que se trata de un fenómeno que parece repetirse por tercer año consecutivo”, añadió.

Estado de los embalses
En una entrevista concedida a Efe, Jaime Palop repasa el estado en que se encuentran todas las cuencas españolas. Como ya se confirma semana tras semana, cuando se dan a conocer los estados de los embalses peninsulares, los situados en las cuencas del Júcar y del Segura no llegan ni siquiera a tener reservas del 15% de su capacidad.

Y son estos pantanos los que suministran a prácticamente todo el territorio de la Comunitat Valenciana, además de a otras autonomías como Castilla-La Mancha o Murcia. Además, Palop destacó problemas en zonas del País Vasco, en la cuenca norte, en toda la margen izquierda de la cuenca del Ebro y en la cabecera del Tajo.

No obstante, el director general del Agua confió en que próximamente llueve lo suficiente al menos como para paliar “en parte” el problema de la sequía.

Y si ya se ha anunciado que el abastecimiento no está garantizado en muchas zonas de España, entre ellas la Comunitat, menos probabilidades tienen de poder regar sus cultivos los agricultores. Todo indica, según Palop, que “no se podrán atender todas las necesidades de regadío salvo de darse un vuelco en la situación actual”, que diera paso a unas lluvias “absolutamente anormales”.

Palop no pudo evitar referirse de forma especial a la situación en la cabecera del Tajo, que calificó de “preocupante”. Son los embalses de Entrepeñas y Buendía los que abastecen a la cuenca del Segura y 32 municipios alicantinos a través del trasvase Tajo-Segura.

Recordó además que los embalses del Júcar están al 15% mientras que los del Segura apenas llegan al 10% y en esta última, continuó, aun habiendo llovido más de la media, este año es el más seco de la seria histórica en cuanto a aportaciones a los embalses.

Pero las cifras globales de la cuenca del Júcar no refleja la agónica situación de las reservas. Los embalses de abastecimiento, aquellos que suministran de agua a las poblaciones, están muchísimo peor. Alarcón y Contreras, los grandes pantanos de la cuenca, están a menos del 5%. El porcentaje de reservas de la cuenca del Júcar se incrementa debido a que los embalses de uso hidroeléctrico están casi al máximo de su capacidad.

Comportamiento “ejemplar”
Palop destacó que el Gobierno sigue trabajando “de forma muy intensa” para afrontar los efectos que pudieran derivarse de esta posible nueva sequía. El director general del Agua aprovechó para valorar el comportamiento “ejemplar” de la sociedad española en casos de falta de agua, puesto que “no es la primera sequía que padece el país”.

De esta forma, parece que el Gobierno comienzan a preparar a los ciudadanos de las primeras consecuencias graves de la sequía: las restricciones. Palop calificó de “colaboradora y participativa” a la población española, que hace suyo el problema y “esa es una de las principales claves para superar las situaciones de sequía en este país, donde no sobra el agua”.

Lo hizo ayer en el marco del V Foro Permanente de la Tribuna del Agua de Expo Zaragoza 2008, que bajo el título «Agua y Agricultura; claves para un futuro sostenible», reunió ayer a autoridades y expertos de toda España.

Maestu hizo referencia al «Plan Nacional de Regadíos (PNR)-Horizonte 2008» y a las 300.000 hectáreas que se prevén modernizar y expuso que «no está claro» que haya agua para atender la demanda, aunque indicó que «es un tema del Ministerio de Agricultura» y de las comunidades autónomas.

En este sentido, según la coordinadora de Análisis Económico de la Directiva Marco del Agua (DMA), «la cuestión está en que si se hacen esas 300.000 hectáreas hay que ver de dónde se va a sacar el agua de manera que tenga el impacto ambiental menor posible», ya que desde el Ministerio de Medio Ambiente «tenemos que cumplir con la Directiva Marco del Agua, que tiene el principio del no deterioro».

«Nosotros no podemos deteriorar nuestro medio hídrico», añadió Maestu, que apuntó también que se verá en el Plan de Cuenca «que tiene que estar hecho en 2009».

Según Maestu, desde el punto de vista del Ministerio de Medio
Ambiente, «estamos planteando los tipos de políticas que hay que hacer, que están un poco relacionadas con las medidas agroambientales de la Política Agrícola Común (PAC), con el tema del Plan de Choque de Regadíos y con el impulso de la agricultura ecológica». «Algo que queremos seguir haciendo, pero sin utilizar más agua, porque realmente no hay más», aseveró.

Por su parte, el catedrático de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros
Agrónomos de Albacete de la Universidad de Castilla La Mancha, Alfonso Calera Belmonte, indicó que el problema del agua y la agricultura es su gestión y recordó que la tecnología ha producido «un cambio sustancial» en la agricultura, algo de lo que la mayoría de los ponentes estuvieron de acuerdo.

Desde el Ministerio de Agricultura, el director general de Desarrollo Rural, Francisco Amarillo, comentó la escasez del agua y el problema de mezclar la competencia con la globalidad, en lo que se refiere a las empresas agrarias.

En este sentido, el debate cobró especial importancia teniendo en cuenta que España es el país comunitario más árido y, sin embargo, para 2015 se prevé un aumento de la demanda de agua que supondrá el consumo de 9.230 hectómetros cúbicos más que el año 2001.

Ante un futuro desesperanzador, debido en gran parte a las consecuencias negativas del cambio climatológico, se impone la necesidad de agudizar el ingenio y de apostar por proyectos para solucionar la falta de agua en España.

Un problema de primera magnitud que sufren en sus propias carnes los agricultores castellanomanchegos, al igual que los del resto de comunidades de la denominada España seca, y que podría verse agravado este mismo año con cortes de agua en los hogares de gran parte de la geografía del país, según auguró el investigador catalán Antonio Ibáñez.

El último de los proyectos en los que trabaja este ingeniero industrial afincado en Castilla-La Mancha, que ha ejercido también su labor en su carrera profesional en la Nasa, es la creación de lo que ha denominado un sistema de autopistas submarinas para derivar agua desde el delta del río Ródano hasta la localidad murciana de Águilas.

Desde allí el agua sería bombeada a través de un entramado de tuberías hasta la Comunidad Valenciana, Almería y Castilla-La Mancha. La iniciativa, gestada en los laboratorios Alba Montecristo, será presentada en las próximas semanas al presidente de la Comunidad Murciana, Ramón Luis Valcárcel, y a su consejero de Agricultura, Antonio Cerdá. Posteriormente hará llegar el proyecto también al Ejecutivo castellanomanchego y al resto de comunidades implicadas.

La mitad del coste

El sistema en cuestión, según explicó Antonio Ibáñez a este diario, podría estar finalizado en un año y el coste del mismo se reduciría un 50% respecto al presupuestado en su día para el derogado Plan Hidrológico Nacional. Asimismo el investigador defiende que este proyecto no acarrearía problemas medioambientales ni políticos.

Para derivar el agua Ibáñez de Alba apuesta por la realización de unas vías de comunicación que discurrirían por el fondo marino a cotas de profundidad que no afectasen al tráfico marítimo. El sistema, muy similar a un teleférico, se completaría con una serie de pilares fijados al fondo del mar con unos morteros como los que se usan para fijar las plataformas petrolíferas. Desde estos puntos se uniría un conjunto de cables que constituiría un tendido submarino de postes y poleas para el recorrido de los cables realizando trayectos desde el Ródano hasta Murcia (con una distancia de unos 650 kilómetros).

Por este tendido discurrirían una serie de transportadores de agua realizados en acero o con materias plásticas resistentes a la oxidación, es decir vagones con una capacidad de entre uno y diez hectómetros. Las bodegas de estos transportadores se llenarían en el delta del río gracias a unas mangueras de gran diámetro, para evitar la aproximación de estos vagones a la costa. Las mangueras estarían provistas por sistemas de filtración de impurezas y de depuración de las aguas tanto para consumo humano como para regadío.

Ibáñez indicó que se trata de un sistema más sencillo de lo que parece a priori y que además permitiría llenar los pantanos de la cabecera del Tajo y del resto de la España seca hasta el 100% de su capacidad. También recordó que en la actualidad el Ródano vierte al mar entre 7.000 y 8.000 metros cúbicos por segundo.

Nota de Castilla-La Mancha
La consejera de Agricultura, Mercedes Gómez, destacó esta semana el incremento en un 200% del presupuesto del Gobierno de Castilla-La Mancha destinado a las Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas (OPFH) y pidió la colaboración de las organizaciones agrarias y de UCAMAN “para convencer a nuestros agricultores de la necesidad de esta estructuras”.

En este sentido, la consejera, que explicó  en Albacete la postura del Gobierno de Castilla-La Mancha de cara a la reforma de la OCM de Frutas y Hortalizas, se refirió al reducido número de OPFH de la región, donde sólo hay 15, de las que 9 pertenecen a la provincia de Albacete.

Presupuesto “insuficiente”

Mercedes Gómez aseguró que “es insuficiente” el techo presupuestario del 4,1% que va a mantener la Comisión Europea para los fondos de programas operativos de los productores de frutas y hortalizas en la reforma de esta OCM, destacando que la petición, tanto del Gobierno de España como del Gobierno de Castilla-La Mancha es incrementar al 6% este porcentaje de financiación destinado a actuaciones de promoción, formación, seguros de cosecha o comercialización del sector.

Actualmente, las 15 OPFH de Castilla-La Mancha reciben de la Comisión Europea dos millones de euros de los cuatro millones de euros destinados al desarrollo de sus programas operativos.

Además, según manifestó la consejera, con la nueva OCM se quiere establecer una reserva del 20% de ese fondo a medidas medioambientales, lo que, a su juicio, “es excesivo, teniendo en cuenta que los agricultores ya realizan este tipo de medidas en sus explotaciones porque son muy respetuosos con el medio ambiente”.

Por otro lado, Mercedes Gómez, que valoró positivamente la intención de la Comisión Europea de flexibilizar la normativa en materia de comercialización de los productos del sector de frutas y hortalizas, trasladó la preocupación del Gobierno regional ante “el desinterés total” de la comisión por exigir a productores, fundamentalmente de China, que exportan productos como el ajo, la cebolla o el champiñón, cumplir la misma normativa que se establece para los productores europeos.

Por último, la consejera se refirió a la propuesta de integrar al sector de frutas y hortalizas en el sistema de Pago Único, a través del “pago desacoplado”, mostrando el rechazo, tanto del Gobierno regional como del sector, de la propuesta de la Comisión Europea de suprimir la prohibición de cultivar frutas y hortalizas en superficies que ya cobran estas ayudas por otros sectores.

Visitas a empresas del sector

En este contexto, Mercedes Gómez visitó algunas empresas y cooperativas del sector de frutas y hortalizas de la provincia de Albacete.

En primer lugar, la consejera recorrió las instalaciones de la empresa “Hortícola Albacete, S.A”, ubicada en el polígono industrial Campollano de Albacete, dedicada al envasado de productos frescos, conservas y congelados, con una facturación de 12 millones de euros y 244 trabajadores, el 80% de los cuales son mujeres.

Esta empresa es pionera, en España y Europa, al utilizar, gracias a un acuerdo comercial con una empresa sueca, un formato único en la conservación de verduras: el tetrapack, para lo que ha realizado una inversión de más de 8,5 millones de euros, contando con la colaboración de la Consejería de Agricultura, a través del programa FOCAL.

Posteriormente, Mercedes Gómez se desplazó a la pedanía albaceteña de El Salobral, donde procedió al acto de inauguración de la cooperativa “CORYMAR”, dedicada, aparte de la producción de cereales, a la comercialización de cebolla y, en breve, se sumará a las 15 Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas que hay en Castilla-La Mancha.

Esta sociedad cooperativa, que nació de la unión de dos cooperativas, cuenta con 223 socios y cinco trabajadores fijos.

La consejera aprovechó esta visita para destacar que Albacete es la principal productora de cebolla de España, mostrando su interés por esta cooperativa y su deseo “de dejar de comercializar nuestra cebolla a granel para comercializarla con nuestra propia marca y con nuestra propia Indicación Geográfica Protegida porque así nos garantizaremos que el valor añadido de estas producciones se lo lleven nuestros agricultores”.

Por la tarde, Mercedes Gómez visitó, en el municipio albaceteño de Bonete, las instalaciones de la empresa “Bonechamp”, dedicada a la producción de setas y champiñón, que cuenta con 16 trabajadores.

La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, aseguró hoy que el «rigor» y la «prudencia» con que el Gobierno ha administrado los embalses de la cabecera del Tajo han permitido garantizar el agua de abastecimiento «desde el principio de esta sequía» en las cuencas del Tajo, Júcar y Segura.

Narbona, quien visitó las obras de construcción de la presa de Ibiur en Baliarrain (Guipúzcoa), admitió, en declaraciones a los periodistas, que la denegación de aportaciones de agua para regadío desde la cabecera del Tajo «ha causado en muchos momentos tensiones» con la Comunidad Valenciana.

«Pero es verdad que, si no nos hubiéramos negado a esos desembalses, seguramente hace bastante tiempo que no se podría trasvasar ya absolutamente nada desde la cabecera del Tajo para abastecimiento», insistió.

Argumentó que en el último año se han aprobado muy pocas aportaciones de agua para regadío y que, como alternativa, el Gobierno ha «regulado la posibilidad de cesión de derechos de agua desde regantes de la cuenca del Tajo a la del Segura», lo cual «ha permitido, al menos, la supervivencia de los cultivos leñosos del Segura, que es un objetivo prioritario».

La ministra, quien señaló que su departamento debe equilibrar las reivindicaciones de las comunidades autónomas con la defensa del interés general, envió un mensaje de «tranquilidad» al gobierno castellano manchego «porque es verdad que lo que se destina a regadío» se emplea en «explotaciones agrarias de alto valor añadido» que habrían recibido mucha más agua de los embalses de la cabecera del Tajo en los dos últimos años si las condiciones hidrográficas hubieran sido mejores.

La sección segunda de la sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia ha rechazado la demanda presentada por Ecologistas en Acción y la Sociedad Española de Agricultura Ecológica para que anulara y dejara sin efecto una resolución de la Conselleria de Cultura que rechazaba iniciar la declaración de la huerta de Valencia como Bien de Interés Cultural (BIC) con la categoría de parque cultural. Si el TSJ hubiera aceptado los argumentos de los demandantes Cultura debería haber iniciado el expediente de declaración de BIC y se deberían haber acordado «la suspensión de licencias e instrumentos de ordenación». Se habrían visto afectadas «las parcelas o campos regados por las ocho acequias del Turia en los que extiende su jurisdicción el Tribunal de las Aguas de Valencia y las comunidades de regantes que administran el agua de las acequias de Tormos, Mestalla, Rascanya, Favara, Quart, Benàger, Faitanar, Rovella y Mislata».

El TSJ considera considera en la sentencia que todo este ámbito no merece protección porque «el ámbito territorial al que se pretende extender [la figura de parque cultural] es excesivo», en línea con los mismos argumentos que planteaba la Conselleria de Cultura. El tribunal añade que «aunque originariamente su elemento configurador fuera la huerta, en la actualidad se ha transformado en centros urbanos con importante implantación poblacional que no permite su declaración como parque cultural». Ésta última es, además, una figura legal que tiene una «limitación espacial que, en modo alguno, cabe considerar extensible a un ámbito territorial tan amplio como el pretendido» por los demandantes.
El TSJ concluye así que la huerta no puede ser parque cultural «por las posibles dificultades que, sin duda, comportaría su protección y conservación efectiva». Y por la transformación que ha sufrido. «La realidad urbana de los municipios afectados con el correspondiente asentamiento poblaciones y la transformación del suelo agrícola con destino a otros usos ponen de manifiesto la imposibilidad real de acogerse a la categoría» de parque cultural. Curiosamente, esta misma sección utilizó similares argumentos para desestimar un recurso contra la Zona de Actividades Logísticas (ZAL) en La Punta, ya que consideró que no destruiría un paisaje valioso ya que la huerta ya estaba degradada.
Por último, el TSJ evita dejar algún cabo suelto y concluye que no debe iniciarse el expediente de BIC ya que «como es sabido su iniciación comporta la inmediata adopción de unas medidas limitativas del uso del suelo que no estarían justificadas en este caso por la imposibilidad del objeto final del expediente».
La sentencia es firme y no cabe recurso ya que se resuelve en aplicación del derecho autonómico cuyo máximo interprete es el TSJ. Como no existe un órgano superior al TSJ no se permite alegar. En el caso de que la legislación aplicable fuera estatal si cabría un recurso ante el Tribunal Supremo.
Por último, la Generalitat pretendía que no se admitiera a trámite el recurso «porque aún cabía recurso de alzada» ante la secretaria autonómica. Sin embargo, el TSJ recuerda a Cultura que fue la misma conselleria quien indicó a Ecologistas en Acción que acudieran directamente al contencioso-administrativo. «Una indicación errónea por lo que carece de fundamento la inadmisión del recurso».

El nuevo Estatuto de Castilla-La Mancha, que se pretende llevar de forma consensuada el próximo 1 de febrero a las Cortes Generales, va a reactivar de forma activa e intensa el debate nacional del agua cuando se ponga en marcha en el Congreso de los Diputados su correspondiente trámite parlamentario. Al menos en eso sí ha sido eficaz la reforma pactada entre el presidente de la Junta, José María Barreda, y la presidenta y candidata del PP, María Dolores de Cospedal.

El fin del trasvase Tajo-Segura que recoge el nuevo texto castellano-manchego, según pactaron en su día Barreda y Cospedal, es un asunto ciertamente controvertido que ha provocado fuertes divisiones en dos direcciones políticas: división territorial, con las comunidades del Levante abiertamente en contra de poner fin al trasvase, y división interna tanto en el PSOE como en el PP en función de sus intereses territoriales.

Es previsible que el Estatuto de Castilla-La Mancha abra, por tanto, fisuras en el Congreso en los grupos parlamentarios socialista y popular, aunque de momento nadie quiera reconocerlo.

Murcia y Valencia

Este miércoles, el diputado toledano Alejandro Ballestero, coordinador parlamentario del PP de Castilla-La Mancha, se ha mostrado convencido en rueda de prensa de que los diputados populares de Murcia y Valencia apoyarán el nuevo Estatuto castellano-manchego, con todo lo que eso conlleva, es decir, incluido el fin del trasvase, al que desde estas comunidades levantinas se vienen oponiendo hasta ahora con total rotundidad.

Ballestero aseguró ser «optimista» y dijo estar «convencido» de que los diputados del PP murcianos y valencianos, que lideran respectivamente los presidentes de estas comunidades, Ramón Luis Valcárcel y Francisco Camps, van a dar en el Parlamento su voto favorable al Estatuto de Castilla-La Mancha. Evidentemente, tal como están las cosas en este momento, sería casi un milagro.

División en el PSOE

El diputado toledano del PP dijo que su partido apoyará el nuevo Estatuto, pero no confía nada en que el PSOE haga lo mismo, a la vista de las diferencias internas que hay también en este partido. Según Ballestero, habrá que ver en qué términos se expresan los socialistas, «porque es una pena, pero el PP no tiene mayoría en el Congreso». En este sentido, el diputado popular acusó a Barreda y al PSOE de votar «una cosa y la contraria».

Alejandro Ballestero dijo, por otro lado, que la presidenta y candidata del PP de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, «defenderá de forma audaz y eficaz los intereses dela región», frente a un Barreda «que se pliega a las directrices de su partido». Para el parlamentario del PP, en el origen de esta controvertida situación en torno al agua está la política del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, cuya unión inicial con Esquerra Republicana de Catalunya acabó con el trasvase del Ebro y perjudicó fuertemente a Castilla-La Mancha. 

La Federación Nacional de Comunidades de Regantes (Fenacore) considera que la política en materia de aguas que han desarrollado los ministerios de Agricultura y Medio Ambiente durante el año 2006 ha supuesto un claro avance en la modernización de los regadíos ya existentes, «pero no en la puesta en marcha de infraestructuras hidráulicas que garanticen el acopio y suministro de agua en épocas de sequía».

El presidente de Fenacore, Andrés del Campo, estima que el Plan de Choque contra la sequía, aprobado con carácter de urgencia el pasado marzo, permitió «agilizar la ejecución de diversas obras de modernización y consolidación de regadíos durante el año pasado».

Sin embargo, el presidente de los regantes españoles lamenta que apenas se haya avanzado en la construcción de obras de regulación y de trasvases intercuencas, así como en la potenciación de otras medidas de gestión de la demanda, como son la recarga de acuíferos o la reutilización de aguas depuradas.

Por otro lado, la federación de regantes cree que durante el 2006 se produjo un giro hacia la planificación hidroilógica, «protagonizada por las comunidades autónomas y motivada por intereses políticos que, de continuar así, impedirá corregir los desequilibrios existentes entre las distintas cuencas hidrográficas de toda España». Dentro de tal política destaca la doctrina de trasvase cero propugnada por el Ministerio de Medio Ambiente para los agricultores que dependen del Acueducto Tajo-Segura.

Interferencias autonómicasEn este sentido, la federación considera un «desacierto político» que los estatutos de autonomía de Cataluña, Aragón y Andalucía hayan entrado a regular los ríos, cuando se trata de una competencia exclusiva del Estado, «ya que los ríos que atraviesan varias regiones deben ser planificados y gestionados por las confederaciones hidrográficas, con la participación de los usuarios y las comunidades autónomas a fin de evitar que se produzcan guerras del agua y enfrentamientos territoriales».

Por otro lado, Andrés del Campo juzga que la denominada fiscalidad verde también debería plantearse la alternativa de compensar económicamente a quienes contribuyen con su actividad al mantenimiento del medio ambiente. Así, defendió los efectos positivos que ejerce el regadío sobre el entorno, como son la aportación de oxígeno a la atmósfera por la función de fotosíntesis y su papel de auténtico sumidero de dióxido de carbono.

Fenacore lamenta igualmente la «pérdida de representación» que durante este año han sufrido los regantes «a favor de sindicatos, ecologistas y otras organizaciones» en los órganos de gobierno de las confederaciones hidrográficas, así como en otros órganos consultivos de la Administración central, como son el Consejo Asesor de Medio Ambiente, del que ha sido excluida la propia federación. Ante esta situación, Andrés del Campo reclama un aumento de la representatividad de los regantes dentro del número total de usuarios de las cuencas hidrográficas, «en justa proporcionalidad a los respectivos intereses».

Finalmente, el presidente de Fenacore indica durante el último año se generó un amplio debate sobre las ventajas y desventajas de la desalación. En este ámbito, Del Campo considera que la desalación debe ser considerada como una medida complementaria de otra fuente principal (superficial o subterránea), ya que su coste elevado, según los regantes, haría inviable la actividad, principalmente, en las zonas regables alejadas de la planta desaladora o del interior de la Península, donde las producciones son menos rentables.

La candidata del PP a la Junta, María Dolores de Cospedal, manifestó ayer que está de acuerdo con el vicepresidente segundo del Gobierno regional, Emiliano García-Page, respecto a la necesidad de «evitar la demagogia y tener una política clara sobre el agua en materia nacional».

A preguntas de los medios antes de reunirse con representantes de la Cámara de Comercio de Toledo, De Cospedal apuntó, sin embargo, que es al Gobierno central «al que le corresponde buscar ese consenso» para garantizar el derecho al agua «que tenemos todos los españoles» y establecer las medidas para que «en aquellas regiones donde no tienen agua la tengan y en las que tenemos agua, la podamos disfrutar y enriquecernos de ella».

En cuanto a las declaraciones realizadas la pasada semana por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, sobre el riego «a manta» en la región, Cospedal apuntó que cualquier consideración que se pueda hacer en contra de Castilla-La Mancha siempre va a tener la réplica del PP regional y de su presidenta», pero «si lo que se pretende es que entre en discusiones para el disfrute del PSOE, no lo voy a hacer», indicó.

Sobre la posible falta de acuerdo en materia de agua con los «populares» murcianos y valencianos, la presidenta del PP de la región recordó que Mariano Rajoy «ha dicho que en materia del Estatuto de Castilla-La Mancha la voz y la decisión la tiene el PP regional y nos ha dado libertad de opinar lo que sea mejor para los ciudadanos».

Cospedal realizó estas declaraciones antes de reunirse con los representantes de la Cámara de Comercio de Toledo para compartir con «los empresarios, comerciantes e industriales de Toledo y la provincia mis propuestas e inquietudes y escuchar las aspiraciones y deseos que puedan hacerme».

Los expertos participantes en el quinto Foro Permanente de la Tribuna del Agua de la Expo 2008 apostaron por intensificar el uso de las tecnologías en la agricultura ante la crisis en la gestión de los recursos hídricos que existe actualmente a nivel mundial.

La sesión del pasado martes, dedicada al «Agua y la agricultura», fue moderado por la periodista Inmaculada Mardones y contó con el director general de Desarrollo Rural del Ministerio de Agricultura, Francisco Amarillo, la coordinadora de Análisis Económico del Ministerio de Medio Ambiente, Josefina Maestu, el presidente de la Confederación del Segura, José Salvador Fuentes Zorita, y el profesor de la Universidad de Castilla-La Mancha, Alfonso Calera.

Calera, quien acudió en representación de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos de Albacete, de la que s catedrático, se refirió a la «revolución silenciosa» que ha supuesto la explotación de aguas subterráneas hecha por cientos de miles de agricultores españoles y al problema que conlleva de gestión incontrolada.

La participación de todos los agentes implicados y la transparencia son, en su opinión, los dos ejes fundamentales para mejorar la gestión del agua en la agricultura, además del conocimiento de los usos y necesidades de cada territorio.

Calera también apostó por el empleo de los sistemas de observación de la tierra desde satélites para conocer las necesidades hídricas de los cultivos, un método que han puesto en práctica, dijo, los regantes de la Mancha oriental

Por su parte, Josefina Maestu afirmó que en la agricultura española existe dos realidades, una que utiliza el 9 por ciento del agua y genera el 76 por ciento de valor añadido y otra que con el 58 por ciento produce sólo el 5 por ciento.

Maestu y el presidente de la CHS afirmaron, además, que el actual Plan Nacional de Regadíos es «inviable» ya que no hay agua superficial y subterránea para atender la demanda de este programa, unos 9.000 hectómetros cúbicos de agua más.