El nuevo Estatuto de Castilla-La Mancha, que se pretende llevar de forma consensuada el próximo 1 de febrero a las Cortes Generales, va a reactivar de forma activa e intensa el debate nacional del agua cuando se ponga en marcha en el Congreso de los Diputados su correspondiente trámite parlamentario. Al menos en eso sí ha sido eficaz la reforma pactada entre el presidente de la Junta, José María Barreda, y la presidenta y candidata del PP, María Dolores de Cospedal.

El fin del trasvase Tajo-Segura que recoge el nuevo texto castellano-manchego, según pactaron en su día Barreda y Cospedal, es un asunto ciertamente controvertido que ha provocado fuertes divisiones en dos direcciones políticas: división territorial, con las comunidades del Levante abiertamente en contra de poner fin al trasvase, y división interna tanto en el PSOE como en el PP en función de sus intereses territoriales.

Es previsible que el Estatuto de Castilla-La Mancha abra, por tanto, fisuras en el Congreso en los grupos parlamentarios socialista y popular, aunque de momento nadie quiera reconocerlo.

Murcia y Valencia

Este miércoles, el diputado toledano Alejandro Ballestero, coordinador parlamentario del PP de Castilla-La Mancha, se ha mostrado convencido en rueda de prensa de que los diputados populares de Murcia y Valencia apoyarán el nuevo Estatuto castellano-manchego, con todo lo que eso conlleva, es decir, incluido el fin del trasvase, al que desde estas comunidades levantinas se vienen oponiendo hasta ahora con total rotundidad.

Ballestero aseguró ser «optimista» y dijo estar «convencido» de que los diputados del PP murcianos y valencianos, que lideran respectivamente los presidentes de estas comunidades, Ramón Luis Valcárcel y Francisco Camps, van a dar en el Parlamento su voto favorable al Estatuto de Castilla-La Mancha. Evidentemente, tal como están las cosas en este momento, sería casi un milagro.

División en el PSOE

El diputado toledano del PP dijo que su partido apoyará el nuevo Estatuto, pero no confía nada en que el PSOE haga lo mismo, a la vista de las diferencias internas que hay también en este partido. Según Ballestero, habrá que ver en qué términos se expresan los socialistas, «porque es una pena, pero el PP no tiene mayoría en el Congreso». En este sentido, el diputado popular acusó a Barreda y al PSOE de votar «una cosa y la contraria».

Alejandro Ballestero dijo, por otro lado, que la presidenta y candidata del PP de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, «defenderá de forma audaz y eficaz los intereses dela región», frente a un Barreda «que se pliega a las directrices de su partido». Para el parlamentario del PP, en el origen de esta controvertida situación en torno al agua está la política del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, cuya unión inicial con Esquerra Republicana de Catalunya acabó con el trasvase del Ebro y perjudicó fuertemente a Castilla-La Mancha. 

La Federación Nacional de Comunidades de Regantes (Fenacore) considera que la política en materia de aguas que han desarrollado los ministerios de Agricultura y Medio Ambiente durante el año 2006 ha supuesto un claro avance en la modernización de los regadíos ya existentes, «pero no en la puesta en marcha de infraestructuras hidráulicas que garanticen el acopio y suministro de agua en épocas de sequía».

El presidente de Fenacore, Andrés del Campo, estima que el Plan de Choque contra la sequía, aprobado con carácter de urgencia el pasado marzo, permitió «agilizar la ejecución de diversas obras de modernización y consolidación de regadíos durante el año pasado».

Sin embargo, el presidente de los regantes españoles lamenta que apenas se haya avanzado en la construcción de obras de regulación y de trasvases intercuencas, así como en la potenciación de otras medidas de gestión de la demanda, como son la recarga de acuíferos o la reutilización de aguas depuradas.

Por otro lado, la federación de regantes cree que durante el 2006 se produjo un giro hacia la planificación hidroilógica, «protagonizada por las comunidades autónomas y motivada por intereses políticos que, de continuar así, impedirá corregir los desequilibrios existentes entre las distintas cuencas hidrográficas de toda España». Dentro de tal política destaca la doctrina de trasvase cero propugnada por el Ministerio de Medio Ambiente para los agricultores que dependen del Acueducto Tajo-Segura.

Interferencias autonómicasEn este sentido, la federación considera un «desacierto político» que los estatutos de autonomía de Cataluña, Aragón y Andalucía hayan entrado a regular los ríos, cuando se trata de una competencia exclusiva del Estado, «ya que los ríos que atraviesan varias regiones deben ser planificados y gestionados por las confederaciones hidrográficas, con la participación de los usuarios y las comunidades autónomas a fin de evitar que se produzcan guerras del agua y enfrentamientos territoriales».

Por otro lado, Andrés del Campo juzga que la denominada fiscalidad verde también debería plantearse la alternativa de compensar económicamente a quienes contribuyen con su actividad al mantenimiento del medio ambiente. Así, defendió los efectos positivos que ejerce el regadío sobre el entorno, como son la aportación de oxígeno a la atmósfera por la función de fotosíntesis y su papel de auténtico sumidero de dióxido de carbono.

Fenacore lamenta igualmente la «pérdida de representación» que durante este año han sufrido los regantes «a favor de sindicatos, ecologistas y otras organizaciones» en los órganos de gobierno de las confederaciones hidrográficas, así como en otros órganos consultivos de la Administración central, como son el Consejo Asesor de Medio Ambiente, del que ha sido excluida la propia federación. Ante esta situación, Andrés del Campo reclama un aumento de la representatividad de los regantes dentro del número total de usuarios de las cuencas hidrográficas, «en justa proporcionalidad a los respectivos intereses».

Finalmente, el presidente de Fenacore indica durante el último año se generó un amplio debate sobre las ventajas y desventajas de la desalación. En este ámbito, Del Campo considera que la desalación debe ser considerada como una medida complementaria de otra fuente principal (superficial o subterránea), ya que su coste elevado, según los regantes, haría inviable la actividad, principalmente, en las zonas regables alejadas de la planta desaladora o del interior de la Península, donde las producciones son menos rentables.

La candidata del PP a la Junta, María Dolores de Cospedal, manifestó ayer que está de acuerdo con el vicepresidente segundo del Gobierno regional, Emiliano García-Page, respecto a la necesidad de «evitar la demagogia y tener una política clara sobre el agua en materia nacional».

A preguntas de los medios antes de reunirse con representantes de la Cámara de Comercio de Toledo, De Cospedal apuntó, sin embargo, que es al Gobierno central «al que le corresponde buscar ese consenso» para garantizar el derecho al agua «que tenemos todos los españoles» y establecer las medidas para que «en aquellas regiones donde no tienen agua la tengan y en las que tenemos agua, la podamos disfrutar y enriquecernos de ella».

En cuanto a las declaraciones realizadas la pasada semana por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, sobre el riego «a manta» en la región, Cospedal apuntó que cualquier consideración que se pueda hacer en contra de Castilla-La Mancha siempre va a tener la réplica del PP regional y de su presidenta», pero «si lo que se pretende es que entre en discusiones para el disfrute del PSOE, no lo voy a hacer», indicó.

Sobre la posible falta de acuerdo en materia de agua con los «populares» murcianos y valencianos, la presidenta del PP de la región recordó que Mariano Rajoy «ha dicho que en materia del Estatuto de Castilla-La Mancha la voz y la decisión la tiene el PP regional y nos ha dado libertad de opinar lo que sea mejor para los ciudadanos».

Cospedal realizó estas declaraciones antes de reunirse con los representantes de la Cámara de Comercio de Toledo para compartir con «los empresarios, comerciantes e industriales de Toledo y la provincia mis propuestas e inquietudes y escuchar las aspiraciones y deseos que puedan hacerme».

Los expertos participantes en el quinto Foro Permanente de la Tribuna del Agua de la Expo 2008 apostaron por intensificar el uso de las tecnologías en la agricultura ante la crisis en la gestión de los recursos hídricos que existe actualmente a nivel mundial.

La sesión del pasado martes, dedicada al «Agua y la agricultura», fue moderado por la periodista Inmaculada Mardones y contó con el director general de Desarrollo Rural del Ministerio de Agricultura, Francisco Amarillo, la coordinadora de Análisis Económico del Ministerio de Medio Ambiente, Josefina Maestu, el presidente de la Confederación del Segura, José Salvador Fuentes Zorita, y el profesor de la Universidad de Castilla-La Mancha, Alfonso Calera.

Calera, quien acudió en representación de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos de Albacete, de la que s catedrático, se refirió a la «revolución silenciosa» que ha supuesto la explotación de aguas subterráneas hecha por cientos de miles de agricultores españoles y al problema que conlleva de gestión incontrolada.

La participación de todos los agentes implicados y la transparencia son, en su opinión, los dos ejes fundamentales para mejorar la gestión del agua en la agricultura, además del conocimiento de los usos y necesidades de cada territorio.

Calera también apostó por el empleo de los sistemas de observación de la tierra desde satélites para conocer las necesidades hídricas de los cultivos, un método que han puesto en práctica, dijo, los regantes de la Mancha oriental

Por su parte, Josefina Maestu afirmó que en la agricultura española existe dos realidades, una que utiliza el 9 por ciento del agua y genera el 76 por ciento de valor añadido y otra que con el 58 por ciento produce sólo el 5 por ciento.

Maestu y el presidente de la CHS afirmaron, además, que el actual Plan Nacional de Regadíos es «inviable» ya que no hay agua superficial y subterránea para atender la demanda de este programa, unos 9.000 hectómetros cúbicos de agua más.

Más regadíos en La Mancha
Emiliano García-Page realizó, por otro lado, una encendida defensa de los regadíos y señaló que Castilla-La Mancha es una región en “permanente” demanda de regadíos y, añadió, “nos gustaría que se hubieran facilitado su instalación desde el Estado durante los distintos gobiernos”. Para el vicepresidente del Gobierno manchego, la política regadíos es determinante para una agricultura moderna y apostó por “introducir mejores técnicas para que no pueda hipotecar otros desarrollos”.

Para García-Page en España “existe agua para beber y dar salida al desarrollo económico”, por lo que apostó por la necesidad de establecer un nuevo Plan de Regadíos.

En cualquier caso, el vicepresidente se olvidó de mencionar el informe del Ministerio de Medio Ambiente que en enero de 2005 calificaba estos regadíos de “extensivos, altamente consumidores de agua, especializados en cultivos excedentarios, fuertemente subvencionados, escasamente rentables y sometidos, con frecuencia, a las incertidumbres derivadas de la Política Agraria Común”.

El mismo informe destaca que la superficie regada en Albacete se ha incrementado un 50% en los últimos diez años, mientras que en la Comunitat Valenciana ha disminuido 22%.

El vicepresidente segundo del Ejecutivo de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page acusó ayer a los agricultores levantinos de llevar meses pidiendo un riego de socorro para salvar los limoneros y los naranjos de Murcia y Alicante y que sin embargo haya hoy «millones de kilos sin recoger que se van a podrir».

Pese a estas duras acusaciones, García-Page abogó por una «nueva» política de agua que sea «consensuada» en el conjunto de España y «destierre» enfrentamientos entre comunidades autónomas ya que «el trasvase solo puede significar en el futuro más follón, menos futuro y menos solución».

El portavoz del Ejecutivo autonómico recordó que se van a poner en marcha nuevas políticas en materia de agua y recomendó «evitar el ruido de partido y anteponer los intereses generales a los que tienen que ver con vinculaciones de tipo electoral». Afirmó que desde Castilla-La Mancha no se quiere contribuir a «ningún» tipo de ruido artificial, sino que sobre un problema tan de fondo como el agua se hable a fondo «para evitar malas interpretaciones y demagogia».

Optimismo del PP

También ayer, el coordinador regional del Grupo de Diputados del PP en el Congreso, Alejandro Ballestero, se mostró «optimista» y «convencido» de que sus compañeros de formación valencianos y murcianos, votarán a favor del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha en el Congreso de los Diputados, cuando llegue el momento. El diputado popular reiteró que el PP apoyará en la Cámara Baja el nuevo texto autonómico, pero habrá que esperar a ver en qué términos lo hace el PSOE, «porque es una pena, pero no es el PP no tiene mayoría en el Congreso» para sacarlo adelante.

El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, José Molina, acerca de las declaraciones de la pasada semana de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, sobre el riego «a manta» en Castilla-La Mancha, confirmó que esto demuestra que «no sabe como se llama» puesto que la denominación es de «riego a manto». Explicó el diputado regional al respecto que esta fórmula solo se utiliza en el 10 por ciento de los casos de la superficie de regadío en Castilla-La Mancha, frente al 70 por ciento de Madrid.

En este sentido, recordó que, históricamente, la región «ha tenido negados los derechos a regar» y dijo que lo que se pretende no es «blindar el río», sino «liberarlo» porque los que tenían los derechos eran los agricultores de Murcia y Levante.

Por su parte, la Unió de Llauradors criticó las «abusivas extracciones» de agua del Júcar en Castilla la Mancha para los cereales de regadío

La presidenta del PP de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, trasladó ayer su apoyo «incondicional» a los responsables de la Plataforma en Defensa del río Tajo en su aspiración a que se establezca un caudal mínimo de cantidad y calidad a su paso por Talavera de la Reina.

Cospedal, en declaraciones a los medios, manifestó que Talavera de la Reina necesita de manera «urgente e inexcusable» que se fije ese caudal mínimo, exigido por una directiva de la UE, que además sería fundamental para garantizar el agua para toda la comunidad autónoma.

Añadió en este sentido que el Gobierno regional tiene la «obligación inexcusable» de defender que haya agua en Talavera y en el resto de la comunidad y lamentó que, de momento, no haya presentado ninguna alegación al plan especial de sequía que prepara el Ministerio de Medio Ambiente y en el que no aparece el citado caudal mínimo.

Asimismo, la jefa de la oposición afirmó que el PP y la Plataforma coinciden en la necesidad de invertir en obras hidráulicas, en obras para la modernización de los regadíos, para la reutilización del agua, y para mejorar el saneamiento y el abastecimiento en toda la comunidad.

Por su parte, el coordinador de la Plataforma, Miguel Ángel Sánchez, trasladó a Cospedal su preocupación por la gestión que se hace del agua en la comunidad y por la «debilidad» con la que el Gobierno regional defiende los intereses de la comunidad.

Advirtió de que el plan especial de sequía es «un panfleto» que busca perpetuar el trasvase Tajo-Segura y emplazó a cada administración afectada a que cumpla con su deber porque ahora «se gestiona el futuro del agua en España para los próximos 20 ó 25 años y tenemos la impresión de que nos quedamos fuera».

Sánchez dijo que el Tajo debería llevar en Talavera 30 ó 35 metros cúbicos por segundo, con lo que quedaría garantizado el caudal del cauce medio y el abastecimiento para las poblaciones.

El PP de Castilla-La Mancha instó ayer al presidente regional, José María Barreda, a fijarse en su antecesor en el cargo, José Bono, para ganar más peso en España. Y es que, a juicio del secretario regional de los ‘populares’, Vicente Tirado, si Bono hubiera ido a la III Conferencia de Presidentes «habría conseguido algo más» en materia hidráulica de lo que logró Barreda, que como «no tiene peso político», se «vino sin nada». Además, Tirado criticó al presidente de CLM por no tener la valentía de Bono para afirmar como él que la única hoja de ruta con los terroristas es la cárcel, y le pidió que se desvincule de las «estrategias de Zapatero» y se sume al ’Pacto Por las Libertades y Contra el Terrorismo’.

En rueda de prensa, el secretario regional del PP eludió pronunciarse sobre la postura de los presidentes de Murcia y Valencia en la III Conferencia de Presidentes, donde defendieron el Trasvase Tajo-Segura y evitaron que las Comunidades Autónomas adquirieran un mayor peso en los órganos de gestión del agua. No obstante, Tirado argumentó que a «ellos les toca defender sus intereses» y al PP de CLM los de CLM, algo, recordó, que su líder regional, María Dolores de Cospedal, ha hecho de forma «clara y rotunda». En este sentido, afirmó que lo pactado en el Estatuto de Autonomía, donde se incluye la caducidad del Tajo-Segura en el 2015, «jamás se va a romper» y que si alguien se tiene que aclarar en este asunto es el PSOE, pues mientras el consejero de Vivienda, Alejandro Gil, estaba en CLM pidiendo un trasvase para Las Tablas de Daimiel, la diputada por Ciudad Real, Clementina Díez de Baldeón, estaba en el Congreso de los Diputados votando en contra de las derivaciones intracomunitarias.

eta. En cuanto a la política antiterrorista, Tirado exigió a Barreda que rompa «el cordón umbilical que le une a Zapatero» y que tanto «perjudica a CLM» y se posicione a favor del pacto antiterrorista. El secretario regional del PP dijo no entender por qué Barreda tiene tanto miedo a oponerse al doble lenguaje y a la ambigüedad en que se han instalado los socialistas y defendió acabar con ETA a través de la ley y el Estado de derecho.

Por último, Tirado avanzó que el PPde CLM se sumará a la manifestación convocada por el Foro de Ermua el próximo 3 de febrero.

La sección tercera de la sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad ha rechazado la petición de la Junta de Usuarios del Vinalopó de suspender cautelarmente las obras del nuevo trazado del trasvase desde el Júcar.

En un auto hecho público ayer, el TSJ considera que las obras, «de interés general», se verían sometidas a «pérdidas de tiempo importantes» de acordar su suspensión en tanto se resuelve el contencioso interpuesto por los usuarios contra el acuerdo de la sociedad estatal Aguas del Júcar, por el que se adjudicaba la ejecución de los nuevos tramos.

El Tribunal advierte también del «importante calado ambiental» de la infraestructura, y del riesgo de «pérdida de la financiación europea», ya que la suspensión «paralizaría políticas ambientales».

La Junta de Usuarios interpuso el contencioso el pasado verano, al entender que el acuerdo de Aguas del Júcar por el que se adjudicaban los contratos de proyecto y ejecución de obra en los cinco tramos del trasvase Júcar-Vinalopó que modifican el trazado inicial violaban la directiva marco del Agua de la Unión Europea (UE), al no garantizar el abastecimiento. El contencioso sigue su curso, por lo que está pendiente de la sentencia que pueda dictarse en su día.

«Varapalo»

El consejero delegado de Aguas del Júcar, José María Marugán, se mostró ayer «muy satisfecho» con la decisión del TSJ, ya que se trata de «la segunda ocasión en que la Justicia da un varapalo a la Junta Central» -en la primera, en marzo de 2006, un juez de lo Mercantil falló a favor del propio Marugán, después de que los usuarios denunciasen que no era competente para paralizar el trasvase original-.

El entusiasmo del consejero de la sociedad estatal fue más allá, y llegó a solicitar a Martínez que dimita como presidente de la Junta de Usuarios. En opinión de Marugán, la decisión del TSJ «inhabilita totalmente a Andrés Martínez como interlocutor con la Administración», por lo que «debería presentar su dimisión».

Para el consejero, que no ceja en su empeño de identificar a Martínez con el PP -pese a su expresa desvinculación de la «batalla política»-, éste se muestra «más interesado en defender los intereses de los populares que los de los agricultores».

El presidente de la Junta de Usuarios, por su parte, replicó que «los únicos que me pueden hacer dimitir son aquellos que me apoyan», es decir, los miembros de la Junta. Respecto a las apreciaciones de Marugán, Martínez consideró que se trata de «valoraciones políticas», por lo que evitó referirse a ellas.

En cualquier caso, lamentó la ausencia de respuesta por parte de Aguas del Júcar a su oferta de diálogo para consensuar la explotación del trasvase, que ayer mismo reiteró por tercera vez en dos meses a través de un nuevo comunicado, y que ya ha sido transmitida a la sociedad y a Medio Ambiente.

El presidente de la Junta Central de Usuarios del Vinalopó, Andrés Martínez, dijo hoy que, si bien el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat ha acordado denegar su petición de paralizar cautelarmente las obras del nuevo trazado del trasvase Júcar-Vinalopó, «el recurso continúa bajo procedimiento».