El TSJ resolvió suspender un plan urbanístico en el pueblo valenciano de Ador por no acreditar el suministro de agua, un proyecto en junio aprobado por la Consejería de Territorio de la Generalitat y recurrido por la Confederación Hidrográfica del Júcar, según informa El País.

La decisión de este tribunal afecta a más de una docena de planes urbanísticos similares al de Ador, entre éstosse encuentran el polémico Manhattan de Cullera (con 35 rascacielos en la desembocadura del Jucar) y el plan de Porxinos en Riba-Roja (está prevista la construcción de 2.700 viviendas junto a la ciudad deportiva del Valencia CF) que supuso la imputación del alcalde y dos concejales del PP por supuestos delitos urbanísticos.

El tribunal dictamina que «las Administraciones tienen el deber de exigir, y las entidades colaboradoras o empresas deben emitir informe razonado sobre la existencia de agua, tipo, calidad, disponibilidad presente o futura, necesidad o no de tratamiento y obras de infraestructura necesarias», todo ello conforme a la legislación estatal y autonómica. «La sala no va a dar por válidos informes que no se ajusten a los parámetros que se acaban de citar, ni al organismo de cuenca ni a las entidades colaboradoras o empresas».

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana ha establecido que no es posible aprobar ninguna urbanización sin que se haya acreditado que tiene el agua garantizada. Así lo señala un auto de la sala de lo contencioso del TSJ que resuelve suspender un plan urbanístico en el pueblo valenciano de Ador, aprobado por la Consejería de Territorio de la Generalitat y recurrido por la Confederación Hidrográfica del Júcar. La decisión judicial afecta a otros grandes planes urbanísticos recurridos, como el Manhattan de Cullera o un proyecto del Valencia CF.

En un auto comunicado a las partes ayer, el TSJ acuerda suspender el proyecto urbanístico de Pinaret en el pueblo valenciano de Ador, tal y como solicitaba la Confederación Hidrográfica del Júcar por no estar acreditado el suministro de agua. La decisión judicial deja en suspenso el acuerdo de la Consejería de Territorio del Gobierno valenciano que permitió el pasado mes de junio la aprobación de este proyecto urbanístico.

La doctrina del tribunal afecta a más de una docena de planes urbanísticos aprobados por la Generalitat valenciana y que han sido recurridos por la Confederación Hidrográfica del Júcar y la Delegación del Gobierno con idénticos argumentos. Entre estos planes recurridos por el Estado están el polémico Manhattan de Cullera -que prevé la construcción de 35 rascacielos en la desembocadura del Júcar- y el plan de Porxinos en Riba-roja -en el que se prevén 2.700 viviendas junto a la ciudad deportiva del Valencia CF y que ha supuesto la imputación del alcalde y dos concejales del PP por supuestos delitos urbanísticos-.

«La sala entiende como principio que la empresa que propone un instrumento de planeamiento debe acreditar prima facie que cuenta con recursos hídricos para dicho plan [urbanístico]», señala el auto, que advierte que sin esa acreditación necesaria «podemos encontrarnos en un futuro que se haga una urbanización y no cuente con agua».

El deber de exigir

El tribunal dictamina que «las Administraciones tienen el deber de exigir, y las entidades colaboradoras o empresas deben emitir informe razonado sobre la existencia de agua, tipo, calidad, disponibilidad presente o futura, necesidad o no de tratamiento y obras de infraestructura necesarias», todo ello conforme a la legislación estatal y autonómica.

La determinación del TSJ queda patente al afirmar: «La sala no va a dar por válidos informes que no se ajusten a los parámetros que se acaban de citar, ni al organismo de cuenca ni a las entidades colaboradoras o empresas».

Respecto al caso concreto planteado en el pueblo valenciano de Ador, gobernado por el PP, el TSJ da la razón a la Confederación Hidrográfica del Júcar, que emitió un informe negativo por considerar que los datos relativos al suministro de agua aportados por la empresa promotora no permitían emitir un dictamen.

El TSJ afirma que el informe de la empresa que avala la urbanización en Ador «omite todos los datos esenciales», entre ellos la titularidad del pozo con el que se pretende dar servicio a la urbanización y la calidad de las aguas destinadas a consumo humano. Situación que no impidió que la Consejería de Territorio diese luz verde al proyecto.

El consejero de Territorio, el popular Esteban González Pons, rebuscó en el texto del auto para encajar de la mejor manera posible la sentencia contraria del TSJ, que deja en suspenso una decisión de su departamento.

González Pons manifestó que la decisión judicial avala la posición del Gobierno valenciano, que entiende que los informes de las confederaciones hidrográficas de cuenca sobre la existencia de recursos hídricos no son vinculantes para la consejería. El auto del TSJ indica que los informes de las cuencas no son vinculantes, aunque sí son preceptivos.

El consejero acusó a la Delegación del Gobierno en la Comunidad Valenciana de utilizar las confederaciones hidrográficas «con fines políticos» para castigar a los ayuntamientos gobernados por el PP. El subdelegado del Gobierno en Valencia, Luis Felipe Martínez, manifestó su «extrañeza» por la interpretación hecha por el consejero.

La liberalización del mercado eléctrico en el ámbito de la Unión Europea ha dejado sin valor todos los cálculos sobre el coste de desalación de agua que había efectuado el Ministerio de Medio Ambiente.

El Ministerio de Industria ha rechazado la petición del Ministerio de Medio Ambiente, realizada a través de la empresa estatal Acuamed, para que se aplique a las desalinizadoras que se van a construir en la costa mediterránea, siete de ellas en la Comunitat Valenciana, la “tarifa interrumpible del mercado regulado” durante cinco años.

Fuentes del Ministerio de Industria explicaron a LAS PROVINCIAS que el departamento que dirige Joan Clos no ha podido autorizar esta petición, ya que va a desaparecer en los próximos meses por orden de la Unión Europea (UE) ante la liberalización del mercado eléctrico “y no podemos autorizar su uso para cinco años, como ha solicitado Acuamed”.

Nuevas tarifas
La tarifa a la que pretendía acogerse el Ministerio de Medio Ambiente para pagar la energía eléctrica que consumieran las desalinizadoras le hubiese permitido ahorrar un 30% en el precio del agua.

Pero los planes del Ministerio de Industria son que esta tarifa desaparezca en el plazo de unos meses. Para ello se encuentran en trámite parlamentario dos proposiciones de ley para trasponer a la legislación española las directivas comunitarias.

Una vez aprobadas dejará de existir la “tarifa interrumpible del mercado regulado” (por mercado regulado se entiende aquel en el que el Estado fija el precio del agua).

Se trata de un tipo de contrato con la empresa suministradora que suelen utilizar empresas que consumen gran cantidad de energía (como las cementeras o las siderúrgicas). Gracias a ella éstas llegan a ahorrarse un 30%, pero a cambio la operadora puede cortarles el suministro en el momento en el que se detecta que no hay suficiente energía en la red.

Desde el departamento de Joan Clos han aconsejado a Acuamed que se espere a la entrada en vigor de las nuevas tarifas. En ellas existirá una interrumpible en el mercado abierto a la que podrán acogerse.

Este tipo será similar al actual con la diferencia de que los precios de base no estarán regulados por el Estado, aunque sí el canon que podrán ahorrarse las empresas. Por ello aunque el Gobierno mantenga que el descuento por aplicar el criterio de interrumpibilidad sea del 30%, el precio de la energía dependerá del que la empresa que gestione la desalinizadora negocie con la operadora. Y todo apunta a que puede ser superior al que impone el Gobierno.

Hasta el momento los cálculos del departamento que dirige Cristina Narbona para calcular el precio de la producción de agua desalada parecían estar basados en poder acogerse a esta tarifa que ahora va a desaparecer, por lo que van a ser los consumidores los que tendrán que soportar el nuevo precio, ya bastante elevado.

El agua para riego producido por las desalinizadoras estaba previsto que se vendiera a 0,60 céntimos de euro, un precio totalmente inasequible para los agricultores. Ante ello, la ministra Narbona anunció que se subvencionaría el precio hasta los 0,40. Pero las nuevas tarifas modifican los cálculos de Medio Ambiente.

Si Medio Ambiente contaba con la tarifa eléctrica reducida para subvencionar el consumo, va a tener que cambiar de planes y buscar nuevas fórmulas para hacer asequible su precio a los consumidores.

Este periódico pidió ayer al Ministerio de Medio Ambiente su opinión sobre la situación, pero fuentes de este departamento resaltaron que no tenían nada que decir.

Se calcula que la desalinizadora de Torrevieja a pleno rendimiento va a consumir 600 megavatios al año, el 60% de la producción total de la central de Cofrentes.

Próximas sorpresas
El conseller de Territorio y Vivienda, Esteban González Pons, reiteró ayer su oposición a la construcción de desalinizadoras y avanzó que pronto “se sabrán nuevas cosas de nuevas plantas que impresionarán tanto o más que la de Torrevieja” y destacó que “las desalinizadoras que proyecta el Gobierno da la sensación de que son casi peores para el entorno que la de Torrevieja”. Recordó que “es la más grande del mundo destinada sólo a uso agrícola y la más grande del Mediterráneo”, y a su juicio, “a nadie le gustaría tener en la Comunitat la central nuclear más grande de Europa”, aclaró.

González Pons aseguró que está intentando ponerse en contacto con diferentes grupos ecologistas “para conocer cuál es su opinión respecto a la desalación masiva que el Ministerio de Medio Ambiente tiene previsto llevar a cabo en la Comunitat Valenciana”, concluyó.

La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, afirmó ayer en Logroño que la seguía, que cumple ahora su tercer año, «es la más grave que ha afectado nunca a España, y más particularmente en las cuencas del Júcar, del Segura, en la cabecera del Tajo y en el Ebro»

Recordó que en este tercer año de sequía «no ha faltado agua en ninguna ciudad», por lo que se trata de «ayudar a las comunidades autónomas, con obras en algunos casos de emergencia, para garantizar el abastecimiento». Aseguró que la prioridad «absoluta» del Ministerio es el abastecimiento. Además indicó que si son necesarias obras de emergencia, desde el inicio de la sequía, «se ha aprobado inversiones por emergencia de 620 millones de euros», que se concentran sobre todo en Murcia y Valencia. De todos modos aconsejó hacer un uso «racional del agua».

Consejo sectorial

Cristina Narbona adelantó que en el primer trimestre de este año puede estar constituida la nueva conferencia sectorial del agua. La ministra indicó que espera que esa nueva conferencia sectorial sea «el ámbito de cooperación, de concertación y de corresponsabilidad en materia de política de agua que hasta ahora no ha existido de manera formal».

TALAVERA. La Plataforma en Defensa del Tajo considera que el plan especial ante situaciones de alerta y sequía que ha elaborado la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) está realizado «exclusivamente» para mantener el trasvase Tajo-Segura.

Los portavoces de la Plataforma, Miguel Angel Sánchez y Miguel Méndez, presentaron ayer en rueda de prensa las alegaciones que han realizado al citado plan y exigieron que la Junta y el Ayuntamiento talaverano «pongan todo su esfuerzo» en paralizar este proyecto.

El plan especial ante situaciones de alerta y sequía del Tajo es un documento de 2.400 páginas, cuyo período de presentación de alegaciones concluyó ayer mismo, y que establece las medidas que se adoptarán en la cuenca en períodos de sequía y que, según la Plataforma, pretende «consagrar» el trasvase, informa Efe.

Miguel Angel Sánchez recalcó que rechazan este documento y piden a la Confederación que lo retire porque, entre otros motivos, este organismo no utiliza cifras reales del agua que fluye por el río y tampoco ha hecho estudios para establecer un caudal ecológico como en otras cuencas. «El Plan se ha hecho para seguir con el trasvase Tajo-Segura y mirando al río Segura, no al río Tajo», sostuvo el portavoz.

Opinó que los técnicos del Ministerio de Medio Ambiente y de la CHT «están cometiendo un delito grave porque no están vigilando los intereses del río Tajo y de los 10 millones de personas que beben agua de su cuenca sino que hacen un plan para garantizar el mantenimiento de por vida del trasvase», y calificó a la Confederación del Tajo como la «Confederación del Segura II».

Explicó que «la táctica de la Confederación es ahorrar todo el agua posible en la cuenca para tener más agua en la cabecera y poder trasvasar al Segura» y reiteró que desde 1979 la cuenca del Tajo se ha gestionado «mirando los intereses de Murcia» y que esta situación continúa en el plan sobre situaciones de alerta y sequía.

Recordó que la ciudad de Talavera, que es la mayor de España a orillas del Tajo, queda fuera de este plan especial y al no establecerse un caudal mínimo podría darse la situación de que Murcia tuviera agua para riego pero no los regantes de Talavera de la Reina.

Respecto a la Junta, Sánchez recordó que el presidente regional, José María Barreda, se mostró dispuesto a defender un caudal ecológico para el Tajo en Talavera en la reunión que mantuvo con responsables de la Plataforma hace unas semanas. No obstante, dijo que «nos preocupa la tibieza» del Gobierno regional en esta cuestión y recordó que el plan es «una bofetada» a la Junta en cuanto que establece lo contrario de lo que prevé el Ejecutivo autónomo respecto al trasvase.

La imagen típica, clásica, del campo albaceteño es la de la ‘tríada mediterránea’, esto es, cereal, vid y olivo. Pero, en los últimos veinte años, la provincia de Albacete se ha convertido en una pequeña potencia en el sector de las frutas y hortalizas.

De esta forma, nuestra provincia será de una de las zonas de España que se verán afectadas por la inminente reforma de la Organización Común de Mercado (OCM) del sector. Reforma que será objeto de una primera propuesta por parte de la Comisión Europea la semana que viene.

Precisamente, la consejera de Agricultura, Mercedes Gómez, daba ayer una rueda de prensa para dar a conocer la postura del gobierno regional sobre esta OCM, cuyas discusiones comenzarán en abril, para aprobarse en junio y entrar en vigor el 1 d enero de 208.

«Aunque no sabemos todavía el contenido de la propuesta, la Comisión, como es habitual, ha dejado caer algunas de sus premisas básicas», señaló la consejera. Estas premisas tienen que ver, entre otros aspectos, con el dinero, las medidas agroambientales o el desacoplamiento de las ayudas.

En estos momentos, hay 15 Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas en Castilla-la Mancha. De ellas, nueve están en Albacete y de las nueve que están en Albacete, seis tienen ámbito nacional. Además, cabe recordar que nuestra provincia lidera la producción nacional de cebolla.

Centrándonos en la propuesta de nueva OCM, y hablando de lo importante -el dinero-, la idea de la Comisión es que todo siga igual, esto es, que las ayudas sigan siendo el 4’1% del valor de la producción comercializada. Un porcentaje que, a juicio de Gómez, se queda corto.

«Una organización de productores debe contar con su plan operativo», explicó, «y este plan no sola abarca los aspectos productivos, también los de promoción, comercialización, formación, los seguros agrarios… Está claro que un 4’1% para hacer todo esto es muy poco, a nuestro juicio, debería ser un 6%».

En lo tocante al reparto de estos fondos, la propuesta de la CE pretende que al menos el veinte por ciento de las ayudas se destinen a actividades agroambientales, esto es, a la protección del medio ambiente. Algo que, a juicio de la consejera, es excesivo.

«En primer lugar, las prácticas de nuestros productores ya son bastante respetuosas con el medio ambiente», afirmó, «pero es que, además, echamos de menos medidas en otros terrenos más importantes para nuestros productores como, por ejemplo, que a los países que exportan sus ajos, cebollas o champiñones a la UE no se les exija lo mismo que a los agricultores europeos en materia sanitaria, de calidad o de protección al medio ambiente».

Por último, hay unasunto relacionado con el desacoplamiento de ayudas y producción que preocupa especialmente a la consejera «y es que la Comisión Europea debería incluir en su propuesta la prohibición de cultivar frutas y hortalizas en tierras que ya cobran ayudas desacopladas por otra clase de producción» ya que a su juicio existe el riesgo de provocar «un exceso de producción» que perjudicaría a todo el sector hortofrutícola español.

Los embalses de la Confederación Hidrográfica del Júcar almacenaban ayer 492,09 hectómetros cúbicos que suponen un 14,70% de la capacidad disponible tras una semana en la que solo han ganado 5,35 hectómetros, la peor ganancia de la última década consecuencia de la sequía climatológica que sufre prácticamente toda la mitad este del país tras un inicio del invierno prometedor que se ha quedado en nada.
En este contexto de ríos exhaustos y pantanos sin agua, los pronósticos meteorológicos coinciden: al menos durante toda esta semana y quizás en la primera parte de la próxima no son previsibles cambios que inviertan la situación actual; más bien al contrario, un anticiclón con circulación de vientos procedentes del sur mantendrán las temperaturas máxima inusualmente altas.
Embalses a la baja
Los pantanos han ganado en una semana 5,25 hm3 aunque no es, dicen los expertos, una buena noticia. El año pasado, ya en periodo de sequía, los caudales base de los ríos aportaron 18 hm3 y solo en 2004 y 2003 las cantidades almacenadas en la segunda semana de enero se acercaron a los registros de estos días, con ganancias muy reducidas de 5,43 y 6 hectómetros cúbicos en 2005 y 2004 respectivamente.
Sin embargo, estas entradas a los pantanos contrastan con las cifras de los primeros años de la última década. Así, en 2003 y 2001 las aportaciones a los embalses estuvieron en tono a 42 y 34 hectómetros cúbicos mientas que solo en 1997 y 1998, con 60 y 74,5 hectómetros cúbicos respectivamente se midieron entradas significativas capaces de recuperar el nivel de agua embalsada.
Por otra parte no se espera un cambio a corto plazo en las condiciones meteorológicas responsables de la sequía.
El Instituto Nacional de Meteorología anunciaba ayer que esta semana continuarán las temperaturas cálidas y los cielos despejados sin precipitaciones fundamentalmente por la presencia de un anticiclón que afecta a buena parte de Europa que trae vientos del sureste, «flojos» pero con una masa de aire africana subtropical.
Por ello, en los próximos 7-8 días no se espera «nada de particular» respecto a un cambio de tiempo.
Así, la entrada de aire cálido es lo que ha provocado una subida de temperaturas a casi 20 grados en el Mediterráneo durante este fin de semana y máximas «muy altas» en muchos sitios, con una helada en el interior «muy baja», de valores de dos grados bajo cero, según explicó a Europa Press el portavoz del INM, Ángel Rivera, anunciando, únicamente, algún cambio a principios de la semana que viene sin delimitar todavía si será hacia frío o lluvia.
Básicamente, el pronostico a nivel nacional del INM coincidía ayer con el avance regional del Centro de Estudios Ambientales del Mediterráneo, que no presenta «cambios significativos» a la vista durante la mayor parte de la semana, manteniéndose la situación anticiclónica. «Durante la segunda mitad de esta semana volverán a predominar los cielos despejados, tendiendo de nuevo a temperaturas muy agradables-pronostica el CEAM-, «aunque podrían iniciarse ya cambios significativos muy a finales de semana, o inicios de la siguiente, que comenzarían con un descenso térmico significativo», concluye, aunque advirtiendo que es «muy pronto» para ver la evolución posterior.

El viceportavoz del Grupo Parlamentario Socialista, José Manuel Caballero, instó ayer a la presidenta regional del PP, María Dolores de Cospedal, a opinar sobre la defensa de los trasvases realizada por los presidentes de Valencia y Murcia, Francisco Camps y Ramón Luis Valcárcel, respectivamente en la III Conferencia de Presidentes, en vez de “esconderse en el silencio”. En rueda de prensa, Caballero vio necesario que la también candidata del PP a la Junta diga si le parece bien que Camps y Valcárcel sostuvieran, además, que esa es la postura que defiende el Partido Popular y agregó que los ciudadanos de la Región deben saber si De Cospedal respalda esa posición.

El Ministerio de Medio Ambiente ha remitido una nota en la que matiza que el canal Segarra-Garrigues «no responde a ningún trasvase del río Ebro», ya que el proyecto de regadío en la provincia de Lérida es «un territorio que forma parte plenamente de la cuenca del Ebro, concretamente de un afluente, el Segre». En este sentido, hay que aclarar que, técnicamente, un «trasvase» es cuando se desplaza agua de una cuenca hidrográfica a otra, siendo una «transferencia» cuando el líquido elemento se moviliza pero dentro de una misma cuenca hidrográfica. No obstante, el ciudadano de a pie tiende a utilizar los dos términos como sinónimos.

El departamento de Narbona, que insiste en que el proyecto «regará hasta 70.000 hectáreas» dentro de la propia subcuenca del Segre, por lo que concluye que «los retornos del regadío también volverán, por gravedad, al río Segre, de donde salen los caudales». Esta situación da pie a la aseveración de que «ni una sola gota del río Ebro se utiliza fuera de su cuenca».

La consejera de Agricultura, Mercedes Gómez, aseguró ayer en Albacete que “el 92 por ciento de la superficie de regadíos de Castilla-La Mancha utiliza sistemas orientados al uso racional del agua”, a través de riego por aspersión o por goteo, destacando que la región es pionera en esta materia “aunque algunos no lo quieran ver”.

En este sentido, Mercedes Gómez, que mantuvo una reunión con la Junta Central de Regantes de La Mancha Oriental, destacó el esfuerzo del Gobierno regional y de los agricultores castellano-manchegos en esta materia, señalando que en los últimos diez años se ha realizado una inversión de más de 351 millones de euros, asumida al 50% entre la Administración regional y los propios agricultores.

Así, la consejera afirmó que “Castilla-La Mancha es mucho más eficiente en el uso racional del agua que otras Comunidades Autónomas”, asegurando que la superficie de regadíos que utilizan estos sistemas es del 77 por ciento en Murcia o del 48 por ciento en la Comunidad Valenciana.

De esta forma, la consejera explicó que en Valencia y Murcia se utilizan 20.000 metros cúbicos por hectárea para regadíos, mientras que en Castilla-La Mancha esta cantidad es desde 1.000 metros cúbicos en riegos de apoyo hasta 5.000 metros cúbicos en el caso de frutas y hortalizas.

“Esto supone que Castilla-La Mancha es capaz de ahorrar 70 hectómetros cúbicos de agua al año, es decir lo que consumirían 700.000 personas, es decir dos de cada tres castellano-manchegos”, manifestó Mercedes Gómez.

Además, la consejera recordó que más de 120.000 hectáreas están conectadas al Sistema Integral de Asesoramiento a los Regantes, que se desarrolla en colaboración con la Universidad de Castilla La Mancha, que permite informar a los regantes, día a día, sobre las necesidades de agua de sus cultivos, dependiendo de la humedad del suelo, de la planta o del aire, para que puedan utilizar el mínimo de agua posible.

Mercedes Gómez destacó que en la provincia de Albacete hay 70.000 hectáreas modernizadas, de las 138.000 hectáreas de superficie de regadío, señalando que, además, hay en marcha obras muy importantes como el riego de apoyo al viñedo de Fuenteálamo, “que va a ser una de las obras más importantes de la provincia”.