MADRID. El presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, explicó ayer que la III Conferencia de Presidentes concluyó con un «acuerdo muy mínimo» sobre agua porque él se opuso «frontal y radicalmente» a la exigencia de los presidentes del PP de que «se hablara en términos de santificar y eternizar el trasvase Tajo-Segura».

En rueda de prensa en el Senado tras una reunión a puerta cerrada que finalizó en torno a las 21.00 horas, Barreda señaló que el único acuerdo en la materia fue la creación de una Conferencia Sectorial específica, y achacó la falta de más avances a que los presidentes del PP rechazaran la cogestión autonómica del agua.

Barreda valoró, sobre todo, la creación de un consejo formado por cuatro presidentes -del que él formará parte junto a los de Andalucía, Manuel Chaves; La Rioja, Pedro Sanz; y Madrid, Esperanza Aguirre- que se encargará de elaborar el programa de funcionamiento interno de la venidera Conferencia de Presidentes, que se centrará en el cambio climático.

El presidente castellano-manchego reconoció haber ejercido una «negativa frontal» que impidió el consenso debido a la «condición «sine qua non»» impuesta por los presidentes del PP sobre la referencia al trasvase Tajo-Segura, ya que existía una «profunda y cualitativa discrepancia».

Negativa de Murcia y Valencia

En sentido inverso, Barreda también manifestó que para el consenso a la propuesta del Gobierno de aumentar la coparticipación autonómica en la gestión del agua tan sólo faltó que se aunaran dos comunidades autónomas (Murcia y Valencia), estando la «inmensa mayoría» de las otras a favor.

Así, dijo que le parecía «muy duro» que un presidente autonómico pueda negar algo tan acorde con el Estado de las autonomías y señaló que quienes se oponían no han dado «ningún razonamiento convincente» contra la corresponsabilidad en la gestión del agua.

«No hemos retrocedido ni un sólo milímetro» en la «reivindicación histórica de Castilla-La Mancha», enfatizó Barreda para exponer que la falta de un importante acuerdo en la Conferencia en materia de agua no le ha «extrañado» porque conocía la postura de Valencia y Murcia.

Reiteró la «imprescindible» necesidad de que Castilla-La Mancha adquiera competencias sobre recursos hídricos que completen las que tiene en urbanismo, medio ambiente, vivienda, agricultura u ordenación del territorio, para ejercer éstas «coherentemente», y auguró que la cogestión será una realidad «más pronto que tarde».

Preguntado acerca de su supuesta negativa a que en las conferencias sectoriales de agua se aborde el tema de los trasvases, Barreda señaló que él no se opondrá y que le ha parecido entender que el presidente murciano, Ramón Luis Valcárcel, quería esto y que para él «tanto mejor».

Barreda explicó de forma somera los acuerdos en materia de inmigración, como la creación de otra Sectorial en esta materia, o el documento sobre investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) aprobado.

El documento sobre I+D+i para Castilla-La Mancha «es muy importante, no es baladí», dijo Barreda antes de explicar que el montante que corresponda a la región lo destinará al centro de investigación en hidrógeno de Puertollano y en los centros de energía solar fotovoltaica de concentración.

Más peso en los órganos de gestión de agua. Castilla-La Mancha ha abierto el debate sobre la participación de las comunidades autónomas en la política hidráulica, una cuestión que en Albacete vienen reclamando también entidades como la Junta Central de Regantes de la Mancha Oriental (JCRMO). La provincia está representada, hoy por hoy, en las cuatro confederaciones hidrográficas que gobiernan las cuencas de los ríos Júcar, Segura, Guadiana y Guadalquivir, aunque en proporción desigual y no siempre con capacidad de decisión.

De los 42.989 kilómetros cuadrados que comprende la cuenca del Júcar, 15.737, el 36,61% del total, se sitúan en Castilla-La Mancha, en las provincias de Albacete y Cuenca. La mayor parte del territorio, el 49,59%, pertenece a la Comunidad Valenciana, mientras que Aragón concentra el 13,15% y Cataluña el 0,65%.

Sin embargo, sólo tres de los 37 miembros que componen la junta de gobierno de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) pertenecen a Castilla-La Mancha y tienen voz y voto: el director general del Agua de la Consejería de Obras Públicas, José Fernando Ortega; el director general de Mejora de Explotaciones Agrarias de la Consejería de Agricultura, Juan Manuel Suárez, y el director general de Planificación y Gestión Ambiental de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Mariano Martínez.

En este órgano, entre cuyas funciones figura la de aprobar los planes de actuación de la Confederación y la propuesta de presupuesto, están presentes como invitados la JCRMO y el Ayuntamiento de Albacete, aunque al contrario que los representantes de los ayuntamientos de Valencia y Benidorm, o de las comunidades de regantes valencianas -que sí son miembros activos de la junta de gobierno-, no tienen voto.

«No tenemos nada más que voz», indicaba el presidente de la JCRMO, Agustín González, recordando que la ciudad «más grande» de la cuenca del Júcar, Albacete, «tampoco tiene representación». Y eso a pesar de que el 70% del río Júcar, más allá de la extensión de la cuenca, discurre por Castilla-La Mancha, según explicaba el representante de los regantes albaceteños. «Ya es hora de que esta situación se modifique, de manera que en la gestión de la cuenca se refleje la realidad social y económica actual del territorio», añadió.

La CHJ, cuya sede central está en Valencia, está presidida por Juan José Moragues, que encabeza la junta de gobierno, siendo el vicepresidente primero de este último órgano el conseller de Agricultura, Pesca y Alimentación de la Comunidad Valenciana, Juan Cotino, y el vicepresidente segundo el máximo representante de la Acequia Real del Júcar, también con sede en la capital del Turia.

La provincia de Albacete también está representada, a través de las Consejerías de Obras Públicas, Agricultura y Medio Ambiente y Desarrollo Rural en las juntas de gobierno de las confederaciones hidrográficas del Segura, el Guadiana y el Guadalquivir.

Segura

En la del Segura, la comunidad autónoma castellano-manchega concentra el 25% de la fracción de la cuenca, ocupando el segundo lugar tras la Región de Murcia, que ostenta el 59%. En total son dos los vocales con los que cuenta la Región: el director general de Mejora de Explotaciones Agrarias de la Consejería de Agricultura y el director general del Agua de la Consejería de Obras Públicas, representantes que ascienden a cuatro en el caso del consejo del agua de la Confederación: el citado director general de Planificación y Gestión Ambiental de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural; el delegado provincial de Obras Públicas en Albacete, José Eduardo Martínez Valero; el jefe de Servicio de Obras Hidráulicas de la Delegación de Obras Públicas de Albacete, Miguel Gómez y el jefe de Servicio de Mejora de Explotaciones Agrarias de la Delegación Provincial de Agricultura, Ángel Larrauri.

Todos ellos, según confirmaron fuentes de la Confederación Hidrográfica del Segura, tienen voz y voto, al igual que los miembros castellano-manchegos de la junta de gobierno de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, de cuya cuenca forman parte 172 municipios de la Región, 176 de Extremadura y 78 de Andalucía. En este órgano la comunidad autónoma cuenta con tres vocales de las Consejerías de Agricultura, Obras Públicas y Medio Ambiente y Desarrollo Rural, así como el concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Ciudad Real y los representantes de la Comunidad de Regantes de Alcázar de San Juan y de Tomelloso.

miembros más en el consejo de agua.

TOLEDO. El Gobierno de Castilla-La Mancha, presidido por José María Barreda, reprochó ayer a la vecina Comunidad de Madrid que no vigile la calidad del agua que llega al Tajo porque, si este río «está como está es porque una parte importante se va a otro sitio y también porque lo que nos llega como agua depurada es más que discutible, por lo que deberían mandar el mejor agua al Tajo».

De esta forma el vicepresidente segundo y portavoz de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, respondía a las declaraciones realizadas ayer por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, que criticó a Castilla-La Mancha por «regar a manta».

La presidenta de la Comunidad de Madrid aseguró que la Región de Murcia «tiene una economía pujante y unos regadíos absolutamente productivos, todos ellos con sistemas de goteo que consumen una cantidad pequeñísima, comparado con los riegos a manta que está habiendo ahora por inundación en grandes partes de Castilla-La Mancha».

«La palabra «manta» es polisémica -dijo el portavoz de la Junta de Castilla-La Mancha- y hay muchas declaraciones ´manta´ y también mucha gente «manta»», por lo que recomendó a Esperanza Aguirre que se preocupe de enviar agua limpia al Tajo.

Poner en aprieto

Así, el portavoz del Gobierno regional instó a la presidenta madrileña a «informarse» porque la región es la Comunidad que tiene «el mayor grado de optimización en sus regadíos», con el 92 por ciento.

Además, García-Page aprovechó para arremeter contra la candidata del Partido Popular a la Junta, María Dolores de Cospedal, ya que afirmó que estas palabras de Aguirre ponen «en un aprieto considerable» a la que fue consejera de Transportes del Ejecutivo madrileño y actual presidenta del Partido Popular en la Comunidad autónoma, aunque aclaró que esta última firmó un acuerdo que dice «lo contrario» que señala Aguirre.

Ecologistas en Acción considera que la reclamación de competencias de agua que vienen realizando algunas comunidades autónomas y que se debatirá mañana en la Conferencia de Presidentes tiene como finalidad evitar cualquier cortapisa a grandes desarrollos urbanísticos, aunque superen las disponibilidades hídricas renovables existentes en sus territorios.

En un comunicado, esta organización indicó que en los últimos meses algunos gobiernos autonómicos y numerosos ayuntamientos están autorizando la construcción de nuevas grandes urbanizaciones que no cuentan con la garantía de abastecimiento de agua potable para esas nuevas viviendas y que cuentan con informes negativos de las confederaciones hidrográficas.

Ecologistas en Acción mostró su preocupación por que algunas comunidades autónomas, como Castilla-La Mancha, Castilla y León, Andalucía, Aragón y Madrid, reclamen competencias de agua que superan con creces lo establecido en el Estatuto de Cataluña y en la ley de aguas del Gobierno vasco.

A juicio de Ecologistas en Acción, estas reclamaciones de competencias van en contra del concepto de gestión de unidad de cuenca establecido en la Ley de Aguas y en la Directiva Marco de Agua.

Según el artículo 25.4 de la Ley de Aguas, los nuevos desarrollos urbanísticos que se pretendan llevar a cabo deberán contar con un informe de las confederaciones hidrográficas o del órgano administrativo responsable de la gestión del agua, en el caso de que la competencia esté transferida, sobre la disponibilidad o no de agua potable para abastecer a esos nuevos desarrollos urbanísticos.

Ecologistas en Acción señala que, dado el espectacular desarrollo urbanístico que se está promoviendo en España, especialmente en el entorno de las grandes ciudades y en el litoral mediterráneo, y la escasa disponibilidad de agua existente en determinadas regiones, las confederaciones hidrográficas y otros órganos de gestión del agua están emitiendo informes negativos sobre la disponibilidad de agua potable para esos nuevos desarrollos urbanísticos.

Así, en los últimos meses las confederaciones hidrográficas han informado negativamente a varias decenas de miles de nuevas viviendas, especialmente situadas en la costa mediterránea.

Sin embargo, tanto las comunidades autónomas como los ayuntamientos han alegado que dichos informes no son vinculantes y están aprobando nuevos desarrollos urbanísticos que posiblemente no van a disponer de abastecimiento de agua potable, al menos de manera continuada, indicó la organización ecologista.

Ecologistas en Acción considera que dichos informes son vinculantes, pues se realizan en base a lo establecido en los planes hidrológicos de cuencas, que sí lo son.

Advierte que la venta de viviendas que no dispongan de un elemento tan básico como es el abastecimiento de agua potable, podría ser constitutivo de delito, al poder considerarse una estafa, y anuncia que está estudiando emprender acciones legales contra aquellos responsables de ayuntamientos y comunidades autónomas que pretendan aprobar la construcción de nuevas viviendas que no tengan asegurado el abastecimiento de agua potable.

También ha solicitado al Ministerio de Medio Ambiente que haga público el contenido de dichos informes en su página web para que los posibles compradores de esas viviendas sean conscientes de esa situación y puedan emprender las acciones legales correspondientes cuando les falte el suministro de agua potable.

DAIMIEL. El pleno del Ayuntamiento ciudadrealeño de Daimiel aprobó anoche una moción que insta al Ministerio de Medio Ambiente a paralizar todo tipo de trasvase a Levante y solicita al Gobierno un «trasvase de socorro» de la cabecera del Tajo al Parque Nacional de Las Tablas para evitar su desaparición.

Dicha pretensión de que prime este entorno natural sobre las necesidades en Murcia, Alicante y Almería, fue apoyada por el Gobierno de Castilla-La Mancha, cuyo consejero de Medio Ambiente, José Luis Martínez Guijarro, advirtió de que, en caso de que se pueda realizar un trasvase de agua a Las Tablas, éste debe hacerse en invierno y que, si la cabecera del Tajo se recupera, «deberá primar el abastecimiento al Parque Nacional antes que el regadío a la Región de Murcia» porque así lo establece la directiva de la Unión Europea.

Por su parte, en la moción consensuada por los dos grupos municipales de Daimiel, PSOE y PP, se especifica que el agua trasvasada nunca debe ser inferior a los 20 hectómetros cúbicos y se pide la celebración de un pleno monográfico sobre este asunto en un plazo no inferior a los 20 días, si fuera denegada la petición, para adoptar las «medidas oportunas». Los munícipes daimieleños insistieron en que en su último informe la Confederación Hidrográfica del Guadiana señaló que Las Tablas tienen «escasez de agua» que «favorece la expansión de vegetación invasora» y que «los restos vegetales obstruyen los canales naturales del agua y, más tarde, el fuego puede dar lugar a su desaparición». El concejal del PP Leopoldo Sierra y el del PSOE Julián Sánchez-Valdepeñas coincidieron en que la situación de Las Tablas es «dramática» y en que necesitan «agua y no que los políticos discutamos».

El Segura ya es el tercer río de la península, junto con el Ebro y el Júcar, que ha sido invadido por la plaga del mejillón cebra, la cual que se está propagando a velocidad de vértigo por las cuencas españolas. El presidente de la Confederación Hidrográfica del segura, José salvador Fuentes Zorita, confirmó ayer a La Verdad que en las muestras de agua recogidas el pasado mes de diciembre se han encontrado una preocupante proporción de larvas de estos bibalvos, que están catalogados como una de la especies invasoras más dañinas para los ecosistemas fluviales.

Las larvas se han encontrado diseminadas por toda la cuenca, ya que han aparecido en la cabecera, donde llegan los caudales derivados del Tajo; en Murcia y en la Vega Baja alicantina. Han invadido los canales del Acueducto Tajo-Segura.

La vertiginosa velocidad con la que se reproducen y los millones de individuos que componen cada colonia provoca numerosos daños en las canalizaciones de agua; obstruyendo tuberías, equipos e impulsiones. Asimismo, atacan a las especies locales, a las cuales se adhieren dificultando sus movimientos; a la vez que causan malos olores y acentúan la corrosión de los metales.

La preocupación es máxima en la Confederación Hidrográfica del Segura, explicó Fuentes Zorita, ya que las larvas se han encontrado en los canales del Acueducto Tajo-Segura, que cuenta con un complejo sistema de maquinaria para la regulación e impulsión del agua. Una vez que estas larvas se conviertan en mejillones adultos, podrían causar serios perjuicios en el funcionamiento.

Las muestras fueron tomadas a finales de diciembre por un equipo técnico desplazado desde Zaragoza, donde ya existe experiencia debido a que esta plaga irrumpió en España a través de la cuenca del Ebro. Los expertos tomaron muestras de agua en once puntos, principalmente en las canalizaciones, azudes y embalses. Inicialmente, y por medio de una inspección visual, no encontraron ejemplares adultos. Ahora se inicia una fase de evaluación y averiguación para determinar su procedencia

El presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, se la juega hoy con el agua como eje central de su intervención en la tercera edición de la Conferencia de Presidentes Autonómicos, que se celebra hoy en Madrid. No lo tendrá fácil porque la mayoría de presidentes autonómicos que se han pronunciado lo han hecho en contra del acuerdo alcanzado en Castilla-La Mancha para fijar en su Estatuto de Autonomía una fecha de caducidad al trasvase Tajo-Segura establecida para el año 2015.

Barreda defenderá hoy en la III Conferencia del Presidentes Autonómicos la gestión del agua, que tiene que ser del Estado, «pero del Estado de las Autonomías», y por tanto, «con la corresponsabilidad y coparticipación de las comunidades autónomas», consideró.

En declaraciones a los medios, el presidente del Gobierno regional, José María Barreda, aseguró ayer en este sentido que el hecho de que el presidente de la nación, José Luis Rodríguez Zapatero hable de solidaridad entre las diversas cuencas hidrográficas, «no significa que se vaya a bendecir ningún trasvase, ni futuro, ni de los actuales», porque además, «yo mismo hablo de solidaridad».

Por eso, Barreda dijo no dar «crédito, hasta que no vea los documentos que se manejen» al planteamiento de solidaridad entre las diversas cuencas, que podría plantear el Gobierno central en dicha reunión.

Aseveró asimismo que sus planteamientos no pasan por blindar ningún río, ni ser gestor de ninguna cuenca, pero defendió que la gestión del agua ha de ser del Estado de las Autonomías, y por tanto de las regiones, que como integrantes de ese modelo han de ser determinantes en el funcionamiento de los órganos hídricos.

Expuso el tema del agua

Recordó Barreda que él fue el primero que puso el tema del agua encima de la mesa en la I Conferencia de Presidentes, alegando que no «tiene sentido» que en un Estado en el que las Autonomías tienen competencias en materia de agricultura, urbanismo y medio ambiente, no tengan atribuciones en el agua.

«Por eso planteé la necesidad de adecuar la normativa de los órganos de las cuencas», explicó, tesis, que según Barreda, ha prosperado tanto entre la opinión pública como en las esferas regionales y políticas, «porque si el tema del agua, al igual que el del trasvase Tajo-Segura está en la agenda es porque nosotros lo hemos puesto con seguridad y rigor».

El titular del Gobierno regional, que aseguró no ser un «fundamentalista» del agua, sentenció que ésa será la postura que defienda «con firmeza» en la Conferencia del Presidentes de hoy, donde expondrá las cuestiones que con unanimidad las Cortes regionales han acordado en el borrador del Estatuto de Autonomía, «en el caso de que se planteen cuestiones adversas». El día previo a la Conferencia de Presidentes también dejó cruces de acusaciones con varias comunidades autónomas implicadas. Así, el presidente de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, pidió a Zapatero que se manifieste hoy claramente que «las cuencas hidrográficas son competencia del Estado, porque el agua es de todos los españoles». Ibarra afirmó que «nadie tiene la culpa de que el régimen franquista hiciera el trasvase Tajo-Segura, pero en base a eso se montó una economía, por lo que hay que respetarlo y nadie está legitimado para romperlo».

Polémica con Madrid

Por su parte, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, afirmó que no le parecía mal, pero advirtió de que en España «hay agua suficiente para todos, lo que ocurre es que tenemos que terminar de una vez con los usos del agua improductivos, antieconómicos y antiecológicos». La presidenta madrileña dijo que en España se consume al año un total de 25.000 hectómetros cúbicos de agua «y el 85% es para uso agrícola, muchas veces en regadíos improductivos, que requieren de fertilizantes y subvenciones», y acusó a Castilla-La Mancha de regar a manta y por inundación, frente a los regadíos «absolutamente productivos de Murcia».

Estas declaraciones tuvieron su respuesta en Castilla-La Mancha. Así, el vicepresidente segundo de la Junta, Emiliano García-Page, reprochó a la Comunidad de Madrid que «no vigile la calidad del agua que llega a Toledo desde el Tajo, porque este río está como está porque una parte importante se va a se va a otro sitio, y también porque lo que nos llega como agua depurada es más que discutible». Page recordó a Esperanza Aguirre que Castilla-La Mancha es la comunidad donde mayor optimización se hace del agua «puesto que el 92% de la que se destina para riego se hace bajo las premisas y el concepto de ahorro». También el presidente valenciano, Francisco Camps, defenderá los trasvases entre cuencas «porque son imprescindibles para el futuro de la Comunidad Valenciana y para el conjunto de la España mediterránea». Por ello pedirá a Zapatero «que abandone su política de oposición total a los trasvases».

Organizaciones ecologistas

Las organizaciones ecologistas también se pronunciaron sobre el debate en torno al agua que se abordará hoy. Así, Ecologistas en Acción considera que la reclamación de competencias en agua tiene como finalidad «evitar cualquier cortapisa a grandes desarrollos urbanísticos, aunque superen sus necesidades hídricas». También Adena criticó el «planteamiento desarrollista» de la política de agua de muchas comunidades.

La necesidad de alcanzar un consenso en torno a una política hidrológica en España es uno de los propósitos que planteará hoy el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, a los presidentes autonómicos durante las sesiones de la III Conferencia de Presidentes que tendrá lugar en el Senado. Un objetivo que, a priori, está sujeto a no pocas dificultades dada la politización que rodea al debate sobre el agua.

El agua, junto a la inmigración y las inversiones en I+D+i (investigación, desarrollo e innovación), forma parte del orden del día. Los presidentes autonómicos del PP han criticado, de entrada, su marginación en la elaboración del temario así como la ausencia de trabajos previos para un debate «serio».
La posición del presidente de la Generalitat, Francisco Camps, sobre el agua será uno de los escollos con los que se va a encontrar Zapatero. Camps acude a la cita con una reivindicación histórica: la ejecución del derogado trasvase del Ebro como único recurso que garantiza los aportes hídricos a la Comunitat.
Conscientes de esa actitud, el ministerio de Administraciones Públicas ha elaborado un informe, al que ha tenido acceso este periódico, para que el presidente del Ejecutivo rebata las tesis de Camps, que estará apoyado por el presidente Valcárcel, de Murcia.
El informe incluye una serie de datos (ver cuadro) sobre las inversiones realizas por el Gobierno en políticas del agua en la Comunitat en varias etapas que incluyen desde última legislatura del Gobierno del PP (2000-2003) hasta los años de gestión del Gobierno socialista. «Se trata de contrastar con cifras reales la voluntad inversora en este ámbito de un Ejecutivo y otro. El resultado no ofrece dudas», aseguró ayer un alto cargo.
La primera conclusión del informe señala que la inversión anual en la comunidad en políticas de agua se ha multiplicado por diez al pasar de los 60,40 millones de euros por año en el periodo 2000-2003, hasta los 661,44 millones contemplados en los presupuestos del Estado 2007. En términos relativos, las cantidades invertidas en la Comunitat pasaron del 4,84% (entre 2000 y 2003) hasta el 19,51% del total de inversión regionalizable en toda España, lo que supone cuatro veces más. El citado informe emplea otros parámetros: La inversión por habitante pasó de 14.000 euros (2000-2003) a 141.000 euros, es decir también multiplicada por diez. Una diferencia similar se produce si se calcula sobre el PIB de la comunidad o si se toma como medida el kilómetro cuadrado. En el informe se resalta la necesidad de alcanzar un consenso en materia de agua «en base a la sostenibilidad medioambiental», principio al que deben ajustarse las competencias que en esta materia tienen las comunidades. Una referencia a un control sobre el creciente desarrollo urbanístico.

El programa de Actuaciones para la Gestión y Uso del Agua (AGUA) avanza «a velocidad de crucero» y todas las obras previstas en el mismo han sido ya respaldadas por la Unión Europea y contarán con financiación comunitaria.

Así lo aseguró la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, quien compareció hoy ante los medios de comunicación para hacer balance de las iniciativas que ha puesto en marcha su departamento y explicar los objetivos que centrarán el último tramo de la legislatura.

La ministra recordó que el programa AGUA se basa en el ahorro y la modernización de regadíos, en potenciar la reutilización de aguas depuradas y en la desalinización en el litoral mediterráneo, y destacó en este sentido que desde el inicio de la legislatura la cantidad de agua desalinizada se ha duplicado y al final de la legislatura se habrá triplicado esa cantidad.

Narbona aseguró que al ritmo con que se estaban ejecutando las inversiones previstas en el Plan Hidrológico durante la pasada legislatura, las obras incluidas en éste (incluido el trasvase del Ebro) no se habrían acabado antes del año 2020.

Incidió además en que el trasvase del Ebro no contaba con el visto bueno de la Unión Europea, y contrastó aquella situación con la actual, ya que según la ministra las instituciones comunitarias no han rechazado «ni una sola» de las actuaciones previstas en el programa AGUA como alternativa a aquel trasvase.

La titular de Medio Ambiente recordó que el Gobierno anterior pidió a la UE «y nunca obtuvo» 1.200 millones de euros, y aseguró que esa cantidad se está ya utilizando en muchas de las infraestructuras incluidas en el programa AGUA (unos 511 en Cataluña a través de Fondos de Cohesión y el resto en el litoral mediterráneo a través de Fondos FEDER).

Narbona explicó que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, concretará propuestas en materia de política del agua en la Conferencia de Presidentes, y negó que exista un consenso previo entre las comunidades socialistas al respecto.

La ministra compareció acompañada por los dos secretarios generales de su Departamento, Arturo Aizpiri (para la Prevención de la Contaminación y del Cambio Climático) y Antonio Serrano (para la Biodiversidad y el Territorio, quienes avanzaron las prioridades de los próximos meses.

Aizpiri se refirió a los proyectos de ley de Calidad del Aire y Protección de la Atmósfera, que sustituirá un texto de 1972, a la nueva Ley de Envases y Residuos de Envases, al decreto-ley de Evaluación Ambiental y al Plan Nacional Integrado de Residuos que prepara el Gobierno para el periodo 2007-2015.

Respecto a la lucha contra el cambio climático, aseguró que el principal instrumento para combatirlo será la Estrategia de Cambio Climático y Energías Limpias, y explicó que ésta servirá para identificar medidas adicionales a las que ya se han adoptado y para consolidar el cambio de tendencia que registraron el pasado año las emisiones de gases de efecto invernadero, que se redujeron por primera vez.

Antonio Serrano destacó, entre las iniciativas legislativas, el proyecto de ley de la Red de Parques Nacionales y el de declaración de Monfragüe como Parque Nacional, y confió además en que avancen las negociaciones para culminar la transferencia a las comunidades de estos espacios.

El presidente del Gobierno regional, José María Barreda, aseguró ayer que el hecho de que el presidente de la nación, José Luis Rodríguez Zapatero, hable de solidaridad entre las diversas cuencas hidrográficas, “no significa que se vaya a bendecir ningún trasvase, ni futuro, ni de los actuales”, porque además, “yo mismo hablo de solidaridad”, añadió.

Barreda dijo no dar “crédito, hasta que no vea los documentos que se manejen” al planteamiento de solidaridad entre las diversas cuencas, que podría plantear el Gobierno central en la Conferencia de Presidente. El titular del Ejecutivo castellano-manchego aseveró que sus planteamientos no pasan por blindar ningún río, ni ser gestor de ninguna cuenca, pero defendió que la gestión del agua ha de ser del Estado de las Autonomías, y por tanto de las regiones, que como integrantes de ese modelo han de ser determinantes en el funcionamiento de los órganos hídricos.

En Aragón, representantes de los cinco partidos políticos con representación en el Parlamento, PP, PSOE, CHA, PAR e IU, se entrevistaron con el presidente del Gobierno autónomo, Marcelino Iglesias , y rechazaron, de nuevo, cualquier posibilidad de realización de un nuevo trasvase del río Ebro al Levante

Por contra, el jefe del Ejecutivo murciano, Ramón Luis Valcárcel , dijo ayer que la Conferencia de Presidentes “carece de contenido político y sirve para tratar de vender imagen”. Valcárcel manifestó su confianza en que la reunión “sea algo más que una simple foto o un gesto para la galería”, aunque opinó que “muchos nos tememos que se quedará en una mera excusa para la pose, la escenificación y la sonrisa”.

La posición de los presidentes regionales del PP terminará de quedar perfilada en el almuerzo que mantendrán hoy, a las 14.00, con el presidente nacional del partido, Mariano Rajoy, y al que asistirá el presidente Camps.

1.200 millones
Por otro lado, la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, aseguró ayer que Cataluña, la Comunitat, Murcia y Andalucía recibirán 1.200 millones desde la Unión Europea bajo el nombre de Proyecto AGUA, programa llamado a sustituir las expectativas dejadas por el trasvase del Ebro y cuyos fondos “ya están concedidos”.

De esos 1.200 millones de euros, 511 se destinarán a financiar, gracias a los Fondos de Cohesión, proyectos en Cataluña. Los fondos FEDER, por su parte, correrán con los gastos que se elevarán hasta los 689 millones en las otras tres comunidades mediterráneas.